I.

Introducción

1.

El presente asunto versa sobre determinados aspectos de la responsabilidad por operaciones no autorizadas previstos en la Directiva 2007/64/CE.  ( 2 ) Se plantea la cuestión de la interrelación de las disposiciones de dicha Directiva que regulan, más concretamente, la obligación del ordenante de notificar sin demoras indebidas toda operación no autorizada y las consecuencias de no hacerlo cuando la operación no autorizada es consecuencia del uso no autorizado de un instrumento de pago. Tras la sentencia CRCAM,  ( 3 ) el presente asunto brinda al Tribunal de Justicia una nueva oportunidad para examinar el equilibrio que debe alcanzarse entre los intereses del ordenante y los del proveedor de servicios de pago.

II.

Marco jurídico

A.

Derecho de la Unión

2.

El artículo 56 de la Directiva 2007/64, titulado «Obligaciones del usuario de servicios de pago en relación con los instrumentos de pago», disponía en su apartado 1:

3.

Con arreglo al artículo 58 de la Directiva 2007/64, titulado «Notificación de operaciones no autorizadas o de operaciones de pago ejecutadas incorrectamente»:

4.

El artículo 60 de la Directiva 2007/64, titulado «Responsabilidad del proveedor de servicios de pago en caso de operaciones de pago no autorizadas» establecía en su apartado 1:

5.

El artículo 61 de la Directiva 2007/64, titulado «Responsabilidad del ordenante en caso de operaciones de pago no autorizadas», enunciaba:

B.

Derecho nacional

6.

La Directiva 2007/64 fue transpuesta al Derecho nacional mediante la ordonnance n.o 2009‑866 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement (Decreto Legislativo n.o 2009‑866 sobre las condiciones que ha de cumplir la prestación de servicios de pago y por el que se crean las entidades de pago), de 15 de julio de 2009, que estableció, en particular, los artículos L. 133‑17, L. 133‑18, L. 133‑19 y L. 133‑24 del code monétaire et financier (Código Monetario y Financiero), aplicables en el litigio principal.

7.

De conformidad con el artículo L. 133‑17, apartado I, del Código Monetario y Financiero, «cuando tenga conocimiento del extravío, robo, sustracción o utilización no autorizada del instrumento de pago o de los datos vinculados a dicho instrumento, el ordenante lo notificará sin demoras indebidas, a efectos de bloqueo del instrumento, a su proveedor de servicios de pago o a la entidad que este designe.»

8.

A tenor del artículo L. 133‑18 de dicho Código:

9.

Con arreglo al artículo L. 133‑19 del citado Código:

10.

Por último, en virtud del artículo L. 133‑24 del mismo Código:

III.

Procedimiento principal y cuestiones prejudiciales

11.

IL abrió una cuenta de depósito de oro en Veracash SAS. El 24 de marzo de 2017, Veracash envió al domicilio de IL una nueva tarjeta de pago y de retirada de efectivo. IL afirmó que no había solicitado ni recibido dicha tarjeta y que, en el período comprendido entre el 30 de marzo y el 17 de mayo de 2017, se habían efectuado retiradas diarias de su cuenta que él no había autorizado. IL interpuso una demanda contra Veracash ante el tribunal de grande instance d’Évry  ( 4 ) (Tribunal de Primera Instancia de Évry, Francia) mediante la que reclamaba la devolución y el pago de una indemnización por daños y perjuicios.

12.

Dado que sus pretensiones fueron parcialmente desestimadas en primera instancia, IL recurrió ante la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia). El recurso fue desestimado mediante sentencia de 3 de enero de 2022, debido, en particular, a que no podía invocar lo dispuesto en el artículo L. 133‑18 del Código Monetario y Financiero porque no había notificado las operaciones de que se trata «de inmediato»  ( 5 ) y «sin tardanza injustificada» a Veracash. Esta apreciación se basó en el hecho de que IL había enviado un formulario de cargos no reconocidos a Veracash el 23 de mayo de 2017, casi dos meses después de la primera retirada controvertida.

13.

IL interpuso recurso de casación ante la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), órgano jurisdiccional remitente. Invoca dos motivos de casación. Mediante la primera parte del segundo motivo,  ( 6 ) IL reprocha a la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) que, al pronunciarse como lo hizo, no tuvo en cuenta que el ordenante dispone de trece meses desde la fecha de adeudo para notificar la operación y, por consiguiente, infringió el artículo L. 133‑24 del Código Monetario y Financiero, en su versión aplicable al litigio principal.

14.

El órgano jurisdiccional remitente precisa que la solución del litigio depende de si el proveedor de servicios de pago puede negarse a reembolsar el importe de una operación no autorizada cuando el ordenante, pese a haber comunicado tal operación en el plazo de trece meses a partir de la fecha del adeudo, se demoró en hacerlo, aunque esa tardanza no sea deliberada ni se deba a una negligencia grave por su parte.

15.

La posición de las partes en el litigio principal difiere a este respecto. IL, recurrente en el litigio principal, sostiene con carácter principal que el usuario de servicios de pago dispone de un plazo de trece meses a partir de la fecha de adeudo para notificar la operación no autorizada. Veracash, recurrida en el litigio principal, responde que, al imponer al usuario, en el artículo L. 133‑24 del Código Monetario y Financiero, la obligación de notificar sin tardanza injustificada cualquier operación de pago no autorizada, al tiempo que estableció un plazo de trece meses, el legislador quiso fijar un doble plazo y que el plazo de trece meses sea un plazo máximo. En su opinión, la lógica interna de la citada disposición exige que el usuario de servicios de pago, desde el momento en que tiene conocimiento de una irregularidad, reaccione inmediatamente notificando tal irregularidad al proveedor de servicios de pago.

16.

Según el órgano jurisdiccional remitente, una lectura literal del artículo 58 de la Directiva 2007/64 puede llevar a considerar, como sostuvo la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París), que el proveedor de servicios de pago tiene derecho a denegar la devolución del importe de una operación de pago no autorizada por el único motivo de que el usuario del servicio de pago la haya notificado con tardanza, aun cuando tal notificación se haya efectuado dentro del plazo de trece meses.

17.

Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente considera que tal interpretación parece difícil de conciliar con el artículo 61, apartado 2, de la Directiva 2007/64. Precisa que de dicha disposición se desprende que al ordenante solo se le privará de su derecho a devolución si, en particular, incumple, deliberadamente o por negligencia grave, una o varias de las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 56 de dicha Directiva, incluida la obligación de notificar al proveedor de servicios de pago sin tardanza injustificada el extravío, robo o sustracción del instrumento de pago, o la utilización no autorizada de este.

18.

El órgano jurisdiccional remitente señala que, cuando se solicitó al Tribunal de Justicia que interpretara el artículo 58 de la Directiva 2007/64 en su sentencia CRCAM, no tuvo que pronunciarse sobre las consecuencias del incumplimiento por el ordenante de la obligación de notificar sin tardanza injustificada una operación no autorizada al proveedor de servicios de pago.

19.

Si bien es cierto que el órgano jurisdiccional remitente reconoce el interés en incentivar al ordenante para que actúe con diligencia e informe a su proveedor de servicios de pago, estima, a la luz del artículo 61, apartado 2, de la Directiva 2007/64, que el legislador de la Unión no quiso sancionar cualquier retraso, sin importar las circunstancias en que se produce, con la privación total del derecho del ordenante a devolución.

20.

En opinión del órgano jurisdiccional remitente, el ordenante solo debe verse privado del derecho a la devolución de las pérdidas ocasionadas por las operaciones no autorizadas que habrían podido evitarse de haber efectuado una notificación sin tardanza injustificada, si ese retraso en la notificación ha sido deliberado o resulta de una negligencia grave por su parte.

21.

Habida cuenta de lo anterior, la Cour de cassation (Tribunal de Casación) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

22.

Han presentado observaciones escritas Veracash, los Gobiernos checo y francés, y la Comisión Europea.

IV.

Apreciación

A.

Sobre la primera cuestión prejudicial

23.

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 58 de la Directiva 2007/64, en relación con los artículos 56, 60 y 61 de esta, debe interpretarse en el sentido de que el ordenante se ve privado del derecho a la devolución del importe de una operación no autorizada cuando ha tardado en notificar dicha operación al proveedor de servicios de pago, si bien lo ha hecho en los trece meses siguientes a la fecha del adeudo.

24.

Para responder a esta cuestión, realizaré, de entrada, una exposición general de las disposiciones que regulan las obligaciones contractuales de las partes en relación con los instrumentos de pago y las operaciones de pago no autorizadas, así como las normas relativas a la responsabilidad en caso de pérdidas por operaciones no autorizadas.  ( 7 ) A continuación, aportaré algunas precisiones sobre la interrelación de las obligaciones de notificación del ordenante.

1.

Obligaciones contractuales de las partes y responsabilidad en caso de pérdidas derivadas de operaciones no autorizadas

25.

Con carácter general, es posible señalar dos conjuntos de disposiciones pertinentes para el litigio principal. Por un lado, los artículos 56 y 57 de la Directiva 2007/64 establecen las obligaciones contractuales del usuario de servicios de pago  ( 8 ) y del proveedor de servicios de pago  ( 9 ) en relación con los instrumentos de pago. Por el otro, los artículos 58 a 61 de dicha Directiva se refieren a las operaciones de pago no autorizadas y regulan el deber de notificación que incumbe al usuario de servicios de pago, la carga de la prueba y la responsabilidad de cada una de las partes.

26.

El artículo 56 regula las obligaciones contractuales del usuario de servicios de pago en relación con los instrumentos de pago. Así pues, el usuario de servicios de pago está obligado a utilizar el instrumento de pago de conformidad con las condiciones estipuladas, a proteger los elementos de seguridad personalizados del instrumento de pago y a notificar al proveedor de servicios de pago sin demoras indebidas el extravío, robo o sustracción del instrumento de pago, o la utilización no autorizada de este, en cuanto tenga conocimiento de ello.

27.

Por su parte, el proveedor de servicios de pago, de conformidad con el artículo 57, apartado 1, letras a) y b), está obligado, en particular, a cerciorarse de que los elementos de seguridad personalizados del instrumento de pago solo sean accesibles para el usuario de servicios de pago y a abstenerse de enviar instrumentos de pago que no hayan sido solicitados, salvo en caso de que deba sustituirse un instrumento de pago anterior. Además, con arreglo al artículo 57, apartado 1, letra c), el proveedor de servicios de pago debe garantizar que en todo momento estén disponibles medios adecuados que permitan al usuario de servicios de pago efectuar la comunicación indicada en el artículo 56, apartado 1, letra b), en caso de extravío, robo o sustracción del instrumento de pago, o de utilización no autorizada de este. Por último, en virtud del artículo 57, apartado 1, letra d), el proveedor de servicios de pago debe impedir cualquier utilización del instrumento de pago una vez efectuada dicha notificación.

28.

El artículo 58 regula, en particular,  ( 10 ) las operaciones de pago no autorizadas.  ( 11 ) Impone al usuario de servicios de pago la obligación general de notificar como requisito previo para obtener la rectificación del proveedor de servicios de pago.  ( 12 ) El usuario de servicios de pago debe notificar al proveedor de servicios de pago «sin tardanza injustificada […] que ha llegado a su conocimiento cualquier operación de pago no autorizada […] que sea objeto de una reclamación […], a más tardar a los 13 meses de la fecha del adeudo». Únicamente se contempla una excepción a esta obligación para los casos en los que el proveedor de servicios de pago no le haya proporcionado o hecho accesible la información sobre la operación de pago con arreglo a lo dispuesto en el título III de la Directiva 2007/64.

29.

El artículo 59 de la mencionada Directiva incluye en el régimen de responsabilidad por operaciones no autorizadas disposiciones relativas a la carga de la prueba favorables al usuario de servicios de pago. En esencia, la carga de la prueba recae sobre el proveedor de servicios de pago, que debe probar que la operación de pago fue autenticada, registrada con exactitud y contabilizada.  ( 13 )

30.

En la práctica, el régimen de prueba establecido en dicho artículo 59 de la Directiva 2007/64 lleva, desde el momento en que la notificación prevista en el artículo 58 de la citada Directiva se ha efectuado dentro del plazo previsto en él, a someter al proveedor de servicios de pago a una obligación de devolución inmediata, de conformidad con el artículo 60, apartado 1, de dicha Directiva.  ( 14 )

31.

El artículo 61 regula la responsabilidad del ordenante en el supuesto concreto de que las pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas resulten de la utilización de un instrumento de pago extraviado, robado o sustraído. Del apartado 1 de dicho artículo se desprende que la responsabilidad del ordenante en caso de operaciones no autorizadas está limitada hasta un máximo de 150 euros.  ( 15 ) No obstante, la responsabilidad del ordenante es ilimitada cuando haya actuado de forma fraudulenta o haya incumplido, de forma deliberada o por negligencia grave, una o varias de las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 56 (incluida la obligación de notificar el extravío, robo o sustracción del instrumento de pago o la utilización no autorizada de este). Del artículo 61, apartado 4, se deduce que, salvo en caso de actuación fraudulenta, el ordenante no soportará consecuencia económica alguna con posterioridad a la notificación del extravío, el robo o la sustracción del instrumento de pago.

2.

Interrelación de las obligaciones de notificación del ordenante

32.

De la exposición del marco jurídico antes expuesto resulta que el usuario tiene una obligación general de diligencia con respecto al instrumento de pago. Una manifestación específica del deber de diligencia es la obligación de notificación.  ( 16 ) Esta obligación es un elemento esencial del régimen de responsabilidad por operaciones no autorizadas y sirve como referencia para el reparto de responsabilidades entre el ordenante y el proveedor de servicios por lo que respecta a cualquier operación no autorizada.  ( 17 )

33.

Cabe identificar al menos tres situaciones que dan lugar a la obligación de notificación del usuario.

34.

La primera situación se produce cuando el usuario tiene conocimiento del extravío, robo o sustracción del instrumento de pago, o de utilización no autorizada de este. En tal caso, el artículo 56, apartado 1, letra b), de la Directiva 2007/64 exige al usuario de servicios de pago notificarlo al proveedor de servicios de pago sin demoras indebidas. El objetivo de esa notificación, como se desprende del artículo 57, apartado 1, letra d), de esa Directiva, en relación con el considerando 32 de la misma, es permitir al proveedor de servicios de pago bloquear el instrumento de pago e impedir futuras utilizaciones no autorizadas.

35.

La segunda situación es aquella en la que el usuario tenga conocimiento de una operación no autorizada. En tal caso, de conformidad con el artículo 58 de dicha Directiva, el usuario debe notificar sin tardanza injustificada al proveedor de servicios de pago con el fin de obtener la rectificación de la operación no autorizada. El objetivo de la obligación de notificación prevista en dicho artículo es permitir al ordenante reclamar y obtener el reembolso de operaciones no autorizadas.

36.

Mientras que el artículo 56, apartado 1, letra b), tiene una función preventiva, en la medida en que permite bloquear el instrumento de pago y protegerse contra el riesgo de operaciones no autorizadas, el artículo 58 desempeña principalmente una función compensatoria, en la medida en que permite el reembolso de la operación no autorizada.  ( 18 )

37.

La tercera situación se da cuando las dos situaciones anteriores concurren (casi) simultáneamente. Como ha señalado acertadamente la Comisión en sus escritos, y como parece ser el caso en el litigio principal, una operación no autorizada puede ser posterior al extravío, robo, sustracción o utilización no autorizada del instrumento de pago. En tal caso, las obligaciones de notificación dimanantes de los artículos 56, apartado 1, letra b), y 58 deben aplicarse de manera coherente. Para garantizar la coherencia, debe considerarse que las notificaciones a que se refiere el artículo 56, apartado 1, letra b), se subsumen en la notificación (y reclamación) de una operación no autorizada a efectos del artículo 58. En este tipo de situación, la notificación de la operación no autorizada desempeña una función tanto preventiva como compensatoria y sustituye a la notificación prevista en el artículo 56.  ( 19 )

3.

Plazo de notificación previsto en el artículo 58 de la Directiva 2007/64

38.

El artículo 58 de la Directiva 2007/64 exige que el ordenante cumpla con su obligación de notificar al proveedor de servicios de pago en un plazo determinado. Para obtener la rectificación del proveedor, la notificación debe efectuarse «sin tardanza injustificada […] que ha llegado a su conocimiento cualquier operación de pago no autorizada […], a más tardar a los 13 meses de la fecha del adeudo».

39.

La pregunta que plantea la primera cuestión prejudicial es si una notificación tardía priva al usuario de servicios de pago del derecho a obtener la rectificación aun cuando la notificación se efectúe en un plazo de trece meses a partir de la fecha del adeudo. La respuesta a esta cuestión depende de si la obligación de notificación «sin tardanza injustificada» en cuanto se tenga conocimiento de la operación no autorizada es un requisito distinto e independiente que se aplica de forma acumulativa a la obligación de notificación en el plazo de trece meses a partir de la fecha de adeudo.

40.

Según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión no solo debe tenerse en cuenta su tenor literal, sino también el contexto en el que se inscribe y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. La génesis de una disposición del Derecho de la Unión también puede revelar elementos pertinentes para su interpretación.  ( 20 )

41.

Por lo que respecta, en primer lugar, al tenor del artículo 58, procede señalar, de entrada, que los requisitos temporales de la notificación están vinculados a la expresión «a más tardar». Esta expresión parece indicar que el artículo 58 establece dos requisitos distintos, que deben cumplirse para que nazca el derecho de rectificación.

42.

Además, los dos requisitos temporales son diferentes en cuanto a su naturaleza y alcance.

43.

En lo tocante a la notificación «sin tardanza injustificada», debe señalarse que la Directiva 2007/64 no define esta expresión.  ( 21 ) Como ha alegado, en esencia, el Gobierno francés, en función de la versión lingüística, esta expresión puede interpretarse en el sentido de que subraya el carácter inmediato de la notificación  ( 22 ) o el carácter excesivamente largo del retraso.  ( 23 )

44.

A pesar de los diferentes matices en función de la versión lingüística, es preciso señalar que el artículo 58 no se refiere a una acción inmediata. Esto denota un cierto margen de maniobra al apreciar la celeridad de la reacción del ordenante en cada caso concreto. En consecuencia, el ordenante debe actuar lo antes posible, habida cuenta de las circunstancias. En cualquier caso, no puede considerarse que el ordenante se ha retrasado si en realidad desconocía el hecho que dio lugar a la operación no autorizada.  ( 24 )

45.

El considerando 31 de la Directiva 2007/64 confirma esta interpretación al disponer que el usuario del servicio de pago debe informar al proveedor de servicios de pago «lo antes posible» sobre sus posibles reclamaciones en relación con las supuestas operaciones de pago no autorizadas.

46.

A la luz del considerando 31, la expresión «sin tardanza injustificada» debe entenderse en el sentido de que obliga al usuario de servicios de pago a actuar con rapidez, lo cual debe apreciarse, como ha señalado, en esencia, la Comisión, habida cuenta de las circunstancias.

47.

La necesidad de tener en cuenta las circunstancias de cada caso indica, como ha observado, en esencia, el Gobierno checo, que el requisito de notificar «sin tardanza injustificada» es subjetivo. Este carácter subjetivo resulta también de su origen: el conocimiento de la operación no autorizada.

48.

A diferencia de este requisito temporal subjetivo, el requisito de que la notificación se efectúe a más tardar trece meses a partir de la fecha de adeudo tiene carácter objetivo. En efecto, el transcurso de trece meses puede determinarse objetivamente y no depende de las circunstancias del caso. Además, la fecha en la que el plazo de trece meses comienza a contar no depende de que el ordenante tenga conocimiento de la operación no autorizada (que, por lo demás, resulta difícil de determinar),  ( 25 ) sino de la fecha de adeudo.

49.

El Tribunal de Justicia aclaró en la sentencia CRCAM que el plazo de trece meses constituye el «plazo máximo» en el que debe efectuarse la notificación.  ( 26 ) Un usuario que no haya notificado a su proveedor de servicios de pago una operación no autorizada en dicho plazo no podrá exigir la responsabilidad de dicho proveedor, tampoco con arreglo al Derecho común, y, por lo tanto, no podrá obtener el reembolso de dicha operación no autorizada.  ( 27 ) Como alegó Veracash, el plazo de trece meses es un «plazo absoluto» («délai butoir») en el que debe efectuarse la notificación.

50.

De lo anterior se desprende que la obligación de notificar «sin tardanza injustificada» es distinta de la obligación de notificar en el plazo de trece meses. El hecho de que el usuario de servicios de pago no cumpla su obligación de notificar «sin tardanza injustificada» en cuanto tenga conocimiento de la operación no autorizada no puede ser simplemente «compensado» mediante una notificación efectuada en un plazo de trece meses a partir de la fecha del adeudo.

51.

En segundo lugar, la interpretación contextual del artículo 58 de la Directiva 2007/64 confirma la interpretación literal de dicha disposición.

52.

En la sentencia CRCAM, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 58, al que se hace referencia en el artículo 60, apartado 1, de dicha Directiva impone al usuario de servicios de pago una obligación general de notificación.  ( 28 ) Como he expuesto en las presentes conclusiones,  ( 29 ) la notificación es un elemento esencial en el contexto de las normas sobre responsabilidad que rigen las operaciones de pago no autorizadas. Aceptar que el ordenante puede esperar trece meses antes de reclamar una operación de la que ha tenido conocimiento debilita la eficacia de la obligación de notificar «sin tardanza injustificada». En el caso particular de que la operación no autorizada se deba al extravío, robo o sustracción del instrumento de pago, la notificación tardía de dicha operación retrasa la adopción de medidas por parte del proveedor de servicios de pago de conformidad con el artículo 57, apartado 1, letra d) de la Directiva 2007/64. Además, la notificación tardía de operaciones no autorizadas de las que el ordenante ha tenido conocimiento retrasa el inicio la responsabilidad del proveedor de servicios de pago en virtud del artículo 60 de esa Directiva. Por consiguiente, como ha alegado, en esencia, la Comisión, la notificación tardía de operaciones no autorizadas de las que el ordenante ha tenido conocimiento también es contraria a los objetivos perseguidos por los artículos 57, apartado 1, letra d), y 60 de la mencionada Directiva.

53.

En tercer lugar, la interpretación teleológica del artículo 58 de la Directiva 2007/64 corrobora la interpretación literal y contextual de esa disposición. En el caso concreto de que las pérdidas de una operación no autorizada se deriven del extravío, robo o sustracción de un instrumento de pago, la notificación tardía impide al proveedor de servicios de pago adoptar medidas de inmediato y agrava el riesgo de operaciones no autorizadas. Por lo tanto, la tardanza injustificada en la notificación al proveedor de servicios de pago menoscaba la finalidad preventiva de la notificación.  ( 30 )

54.

Asimismo, como ha señalado, en esencia, la Comisión, una interpretación según la cual el ordenante tiene derecho a obtener la rectificación aun cuando no haya efectuado la notificación sin tardanza injustificada socava la seguridad jurídica y el equilibro entre los intereses del proveedor de servicios de pago y del usuario de servicios de pago.

55.

En cuarto lugar, la génesis de la Directiva 2007/64 corrobora la interpretación que se desprende de una lectura literal, contextual y teleológica del artículo 58 de esta Directiva.

56.

De los trabajos preparatorios se desprende que la propuesta inicial de Directiva de la Comisión  ( 31 ) no imponía ningún plazo comparable al que figura en el artículo 58 de la Directiva 2007/64, que se introdujo durante el proceso legislativo.  ( 32 ) Ahora bien, la introducción del plazo uniforme de trece meses no pretendió sustituir la obligación de notificar sin tardanza injustificada. Como señaló el Tribunal de Justicia en su sentencia CRCAM, pronto se vio que la introducción de dicho plazo era indispensable para garantizar la seguridad jurídica del usuario de dichos servicios y de su proveedor.  ( 33 ) La previsión de un plazo máximo de trece meses garantiza que, transcurrido dicho plazo, la operación de pago tendrá carácter definitivo.  ( 34 ) No obstante, el objetivo de garantizar que una operación sea definitiva no afecta a la obligación independiente del usuario de notificar sin tardanza injustificada.

57.

De lo anterior se deduce que el usuario de servicios de pago debe cumplir los dos requisitos establecidos en el artículo 58 de la Directiva 2007/64. Ello sin perjuicio de la aplicación del artículo 61, apartado 2, de dicha Directiva que regula la responsabilidad del ordenante cuando las pérdidas que afronte como consecuencia de operaciones no autorizadas sean fruto, en particular, del incumplimiento, deliberado o por negligencia grave, de su obligación de notificar el extravío, robo o sustracción del instrumento de pago, lo que es objeto de la segunda cuestión prejudicial.

58.

A la vista de las consideraciones que preceden, el artículo 58 de la Directiva 2007/64, en relación con los artículos 56, 60 y 61 de esta, debe interpretarse en el sentido de que el ordenante queda privado, en principio, del derecho a la devolución del importe de una operación no autorizada cuando ha tardado en notificar al proveedor de servicios de pago dicha operación, si bien lo ha hecho en los trece meses siguientes a la fecha del adeudo. Ello sin perjuicio de la aplicación del artículo 61, apartado 2, de dicha Directiva.

B.

Sobre la segunda cuestión prejudicial

59.

Aunque en su segunda cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente no menciona una disposición específica de la Directiva 2007/64, de la resolución de remisión se desprende que solicita una interpretación del artículo 61, apartado 2, de dicha Directiva en relación con el artículo 56, apartado 1, letra b), de la misma. Además, la segunda cuestión prejudicial se plantea para el caso de que se responda en sentido afirmativo a la primera.

60.

Así pues, mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 61, apartado 2, de la Directiva 2007/64, en relación con el artículo 56, apartado 1, letra b), de esta, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de pérdidas por operaciones no autorizadas derivadas del extravío, robo o sustracción del instrumento de pago, o de la utilización no autorizada de este, el ordenante quedará privado del derecho a devolución únicamente si ha incumplido deliberadamente o por negligencia grave su obligación de notificar al proveedor de servicios de pago.

61.

El artículo 61 de la Directiva 2007/64 contiene disposiciones específicas sobre el régimen de responsabilidad en caso de pérdidas por operaciones no autorizadas derivadas de la utilización de instrumentos de pago extraviados, robados o sustraídos.  ( 35 ) Más concretamente, del artículo 61, apartado 2, de dicha Directiva, en relación con el artículo 56, apartado 1, letra b), de esta, resulta que el ordenante es responsable de todas las pérdidas que afronte como consecuencia de operaciones de pago no autorizadas y/o que sean fruto, en particular, del incumplimiento, deliberado o por negligencia grave, de su obligación de notificar al proveedor de servicios de pago el extravío, robo o sustracción del instrumento de pago, o la utilización no autorizada de este.

62.

El artículo 61, apartado 2, no hace referencia expresa a la obligación de notificación prevista en el artículo 58. Sin embargo, como se ha indicado en las presentes conclusiones,  ( 36 ) habida cuenta de la situación y del desarrollo de los acontecimientos, cuando la operación no autorizada se deba al extravío, robo o sustracción de un instrumento de pago, la notificación de dicha operación con arreglo al artículo 56, apartado 1, letra b), se subsume en la notificación del artículo 58. En tales casos, para garantizar una interpretación coherente de los artículos 61, apartado 2, 56, apartado 1, letra b), y 58, la notificación a que se refiere el artículo 58 debe estar sujeta a las condiciones establecidas en el artículo 61, apartado 2.

63.

Así pues, el ordenante queda privado del derecho a devolución si incumple, «deliberadamente o por negligencia grave», su obligación de notificar la operación no autorizada tras el extravío, robo o sustracción del instrumento de pago.

64.

Del considerando 33 de la Directiva 2007/64 se desprende que, para evaluar una posible negligencia, deben tomarse en consideración todas las circunstancias. Según este considerando, las pruebas y el grado de presunta negligencia deben ser evaluados con arreglo a la normativa nacional.

65.

Mientras que el concepto de «negligencia» se refiere a una acción u omisión involuntaria mediante la que la persona responsable infringe su obligación de diligencia, el concepto de «negligencia grave» designa necesariamente una infracción patente de una obligación de diligencia.  ( 37 ) La Directiva 2015/2366, pese a no ser aplicable al litigio principal, confirma esta interpretación del concepto de «negligencia grave». Conforme a su considerando 72, «la negligencia grave tiene que significar algo más que la mera negligencia, lo que entraña una conducta caracterizada por un grado significativo de falta de diligencia».

66.

En cualquier caso, del artículo 59, apartado 2, de la Directiva 2007/64 se colige que la mera utilización del instrumento de pago no basta para demostrar, por sí sola, que el ordenante actuó de manera fraudulenta o incumplió deliberadamente o por negligencia grave una o varias de las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 56 de dicha Directiva.

67.

Por consiguiente, a efectos del artículo 61, apartado 2, de la Directiva 2007/64, un mero incumplimiento del deber de diligencia, o una «mera negligencia» en palabras de la Comisión, no basta para excluir el derecho de devolución del ordenante.  ( 38 ) En consecuencia, como ha señalado acertadamente el órgano jurisdiccional remitente, el artículo 61, apartado 2, no «sanciona» cualquier retraso en la notificación, sin importar las circunstancias o el comportamiento del ordenante. Lo único que conlleva la pérdida del derecho a devolución son los retrasos en la notificación que sean fruto de una actuación deliberada o por negligencia grave del ordenante.

68.

Habida cuenta de lo anterior, el artículo 61, apartado 2, de la Directiva 2007/64, en relación con el artículo 56, apartado 1, letra b), de esta, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de pérdidas por operaciones no autorizadas derivadas del extravío, robo o sustracción del instrumento de pago, o de la utilización no autorizada de este, el ordenante únicamente quedará privado del derecho a devolución si ha incumplido deliberadamente o por negligencia grave su obligación de notificar al proveedor de servicios de pago.

C.

Sobre la tercera cuestión prejudicial

69.

Aunque en su tercera cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente no menciona una disposición específica de la Directiva 2007/64, de la resolución de remisión se desprende que solicita una interpretación del artículo 61, apartado 2, de dicha Directiva y, más concretamente, del alcance de las operaciones no autorizadas cuyo riesgo soporta el ordenante. Además, la tercera cuestión prejudicial se plantea para el caso de que se responda en sentido afirmativo a la primera.

70.

Por lo tanto, mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 61, apartado 2, de la Directiva 2007/64 debe interpretarse en el sentido de que, en caso de pérdidas por operaciones no autorizadas que el ordenante notificó tarde deliberadamente o por negligencia grave, dicho ordenante queda privado del derecho a devolución de todas las operaciones no autorizadas o solo de aquellas que podrían haberse evitado si la notificación no se hubiera efectuado con tardanza.

71.

A este respecto, de conformidad con la jurisprudencia reiterada citada en las presentes conclusiones,  ( 39 ) para interpretar una disposición del Derecho de la Unión no solo debe tenerse en cuenta su tenor literal, sino también el contexto en el que se inscribe y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte.

72.

En primer lugar, en lo que atañe al tenor literal del artículo 61, apartado 2, de la Directiva 2007/64, dicha disposición establece que el ordenante soportará «todas las pérdidas que afronte como consecuencia de operaciones de pago no autorizadas» y/o que sean fruto, en particular, del incumplimiento, deliberado o por negligencia grave, de su obligación de notificación. Por un lado, las expresiones «todas las pérdidas» y «operaciones de pago no autorizadas» parecen indicar que el alcance de las operaciones respecto de las cuales el ordenante incumple sus obligaciones debe interpretarse en sentido amplio. No se distingue entre las operaciones que, de haber sido notificadas a su debido tiempo, habrían podido evitarse y las que no.

73.

Por otro lado, la expresión «pérdidas que afronte» establece una relación de causalidad entre las pérdidas y el comportamiento del ordenante que las «afronta» al incumplir, en particular, su obligación de notificar. La exigencia de esta relación de causalidad podría interpretarse, como ha alegado, en esencia, la Comisión, en el sentido de que solo están cubiertas las pérdidas resultantes de operaciones que podrían haberse evitado de haberse notificado a su debido tiempo.

74.

No obstante, considero que el contexto y la finalidad del artículo 61, apartado 2, de la Directiva 2007/64 indican más bien que el ordenante soporta todas las pérdidas de todas las operaciones no autorizadas que no haya notificado deliberadamente o por negligencia grave.

75.

En segundo lugar, en cuanto al contexto de esta disposición, he de recordar, antes de nada, que la responsabilidad ilimitada del ordenante se basa en una actuación fraudulenta o en el incumplimiento, deliberado o por negligencia grave, de una o varias de las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 56 de la Directiva 2007/64. De dicha disposición se desprende que tal comportamiento debe tener consecuencias para el ordenante, a saber, la pérdida del derecho a la devolución.

76.

A continuación, como ya he señalado,  ( 40 ) la notificación es un elemento esencial del régimen de responsabilidad por operaciones no autorizadas. En particular, cuando la operación reclamada es consecuencia de la utilización no autorizada de un instrumento de pago, la notificación desempeña una función preventiva que permite al proveedor de servicios de pago bloquear el instrumento de pago y reducir el riesgo de operaciones de pago no autorizadas. Las normas relativas a la responsabilidad por tales operaciones no autorizadas se basan en la presunción de que podrían haberse evitado de haberse efectuado una notificación a su debido tiempo. Sería contrario a la lógica del sistema de responsabilidad distinguir, a efectos del derecho a la devolución, entre dos categorías de operaciones, es decir, las que habrían podido evitarse y las que no.

77.

En tercer lugar, la finalidad del artículo 61, apartado 2, de la Directiva 2007/64 y las disposiciones de las que forma parte corrobora esta conclusión. Las normas relativas a la responsabilidad por operaciones no autorizadas derivadas del extravío, robo o sustracción del instrumento de pago tratan de poner en equilibrio los intereses del ordenante y del proveedor de servicios de pago. Sería contrario a la ponderación de intereses de las partes contratantes que el ámbito de aplicación de la responsabilidad se limitara de forma que solo cubriera una parte de las operaciones no autorizadas. También pondría en riesgo el objetivo de incentivar al ordenante para que notifique al proveedor de servicios de pago sin tardanza injustificada.

78.

A la vista de lo anterior, considero que el artículo 61, apartado 2, de la Directiva 2007/64 debe interpretarse en el sentido de que, en caso de pérdidas por operaciones no autorizadas que el ordenante notificó tarde deliberadamente o por negligencia grave, dicho ordenante queda privado del derecho a devolución de todas las operaciones no autorizadas, y no solo de aquellas que podrían haberse evitado si la notificación no se hubiera efectuado con tardanza.

V.

Conclusión

79.

A la luz de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones planteadas por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia):