–

en nombre de G GmbH, por el Sr. W. Gappmayer, Rechtsanwalt;

–

en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino, en calidad de agente, asistido por el Sr. F. Meloncelli, avvocato dello Stato;

–

en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. A. Demeneix y B. Eggers, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 33, 34, 44 y 45 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO 2013, L 269, p. 1; corrección de errores en DO 2017, L 7, p. 23; en lo sucesivo, «código aduanero de la Unión»).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre G GmbH y la Zollamt Österreich (Oficina de Aduanas de Austria; en lo sucesivo, «Oficina de Aduanas») en relación con la clasificación arancelaria de torniquetes desechables mediante una decisión relativa a una información arancelaria vinculante (en lo sucesivo, «IAV»).

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3

Los considerandos 26 y 27 del código aduanero de la Unión disponen:

4

La sección 3 del capítulo 2 del título I del código aduanero de la Unión, titulada «Decisiones relativas a la aplicación de la legislación aduanera», comprende los artículos 22 a 37.

5

El artículo 33 del código aduanero de la Unión, titulado «Decisiones relativas a las [IAV]», establece en su apartado 1:

6

El artículo 34 del código aduanero de la Unión, titulado «Gestión de decisiones relativas a las [IAV]», dispone en sus apartados 1 y 3 a 6 lo siguiente:

7

La sección 6 del capítulo 2 del título I del código aduanero de la Unión, titulada «Recursos», incluye los artículos 43 a 45.

8

El artículo 44 del código aduanero de la Unión, titulado «Derecho de recurso», dispone:

9

El artículo 45 del código aduanero de la Unión, titulado «Suspensión de decisiones», establece:

Derecho austriaco

10

El artículo 279 del Bundesabgabenordnung (Código Federal Tributario) establece:

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

11

El 27 de octubre de 2022, la Oficina de Aduanas emitió, a petición de G, una decisión relativa a una IAV para un producto denominado «torniquete desechable», al que clasificó con el código del arancel integrado de la Unión Europea 4008 2190 00, con un período de validez comprendido entre el 27 de octubre de 2022 y el 26 de octubre de 2025.

12

El 22 de noviembre de 2022, G presentó un recurso administrativo contra la decisión de la Oficina de Aduanas alegando que la clasificación arancelaria efectuada era materialmente incorrecta. La Oficina de Aduanas desestimó dicho recurso.

13

El 5 de mayo de 2023, G interpuso recurso contra la decisión de la Oficina de Aduanas ante el Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal de lo Tributario, Austria). Mediante sentencia de 12 de marzo de 2024, el Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal de lo Tributario) estimó el recurso y modificó dicha decisión clasificando el producto controvertido bajo el código del arancel integrado de la Unión Europea 4014 9000 00, con efectos a partir de la fecha en que la Oficina de Aduanas emitió dicha decisión.

14

La Oficina de Aduanas interpuso recurso de casación contra la resolución del Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal de lo Tributario) ante el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Austria), que es el órgano jurisdiccional remitente, al considerar que, basándose en el artículo 279 del Código Federal Tributario, el Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal de lo Tributario) tenía la intención de modificar retroactivamente la decisión relativa a la IAV mencionada en el anterior apartado 11, lo que, a su entender, no está permitido por el código aduanero de la Unión, en particular, por el artículo 34, apartados 3 y 6, de este.

15

Según el órgano jurisdiccional remitente, de conformidad con el artículo 279, apartado 1, del Código Federal Tributario, el Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal de lo Tributario) está facultado para sustituir la apreciación de la Oficina de Aduanas por la suya propia y, en consecuencia, para modificar la decisión controvertida con efecto retroactivo a la fecha en la que esta fue emitida por la Oficina de Aduanas.

16

No obstante, el órgano jurisdiccional remitente indica que el código aduanero de la Unión prevé expresamente, en su artículo 34, apartado 4, que las anulaciones retroactivas de decisiones relativas a las IAV solo se producen cuando estas se basan en información incorrecta o incompleta facilitada por el solicitante. Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente afirma que, en virtud del artículo 34, apartado 3, de dicho código, las decisiones relativas a las IAV no dejan de ser válidas con efecto retroactivo. Por último, el órgano jurisdiccional remitente señala que el artículo 34, apartado 6, del código aduanero de la Unión dispone que las decisiones relativas a las IAV no pueden modificarse.

17

No obstante, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de si el artículo 34 del código aduanero de la Unión afecta a los recursos interpuestos con arreglo al artículo 44 de ese mismo código.

18

En estas circunstancias, el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

Sobre las cuestiones prejudiciales

19

Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 44, apartado 4, del código aduanero de la Unión debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición nacional en virtud de la cual los efectos de la resolución de una autoridad judicial que conoce de un recurso interpuesto con arreglo al artículo 44, apartado 2, de dicho código contra una decisión relativa a una IAV se retrotraen a la fecha en que las autoridades aduaneras emitieron dicha decisión.

20

De conformidad con el artículo 44, apartado 1, del código aduanero de la Unión, el titular de una decisión relativa a la aplicación de la legislación aduanera adoptada por las autoridades aduaneras tiene derecho a interponer recurso contra dicha decisión.

21

Además, con arreglo al artículo 44, apartado 4, del código aduanero de la Unión, los Estados miembros garantizarán que los procedimientos de recurso aplicados hagan posible la rápida confirmación o corrección de las decisiones tomadas por las autoridades aduaneras.

22

De ello se desprende que las resoluciones dictadas por las autoridades judiciales tienen como consecuencia, bien la confirmación, en caso de que se desestime el recurso, bien la corrección, en caso de que este se estime, de las decisiones relativas a las IAV impugnadas ante dichas autoridades.

23

No obstante, es preciso señalar que el artículo 44, apartado 4, del código aduanero de la Unión no precisa de qué manera ha de llevarse a cabo la corrección de las decisiones relativas a las IAV, puesto que no proporciona una definición del término «corrección» ni remite al Derecho nacional a este respecto.

24

Pues bien, según reiterada jurisprudencia, la determinación del significado y del alcance de los términos no definidos por el Derecho de la Unión y para los que este no se remite al Derecho de los Estados miembros debe realizarse conforme al sentido habitual de estos términos en el lenguaje corriente, teniendo en cuenta el contexto en el que se utilizan y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte [véase la sentencia de 20 de noviembre de 2025, Servoprax (Torniquetes médicos), C‑631/23, EU:C:2025:906, apartado 45 y jurisprudencia citada].

25

A este respecto, en primer lugar, procede señalar que, en el lenguaje corriente, el verbo «corregir» se define como la acción de enmendar o modificar algo para hacerlo exacto o adecuado.

26

Si bien el tenor del artículo 44, apartado 4, del código aduanero de la Unión no permite determinar de manera unívoca si la corrección que prevé produce efectos retroactivos, procede señalar, no obstante, que una corrección rápida de una decisión ilegal relativa a una IAV puede conllevar la modificación retroactiva de dicha decisión. En efecto, de este modo, el titular de la decisión relativa a una IAV incorrecta se beneficiará de una corrección completa destinada, en particular, a que se introduzca la clasificación adecuada, pues se supone que la IAV incorrecta nunca fue válida.

27

Por consiguiente, a falta de mención contraria en el tenor del artículo 44, apartado 4, del código aduanero de la Unión, el concepto de «corrección» puede entenderse en el sentido de que no excluye una corrección retroactiva con la que se dé a la decisión relativa a una IAV el contenido que debería haber tenido desde su adopción.

28

En segundo lugar, por lo que respecta al análisis contextual, procede señalar, en primer término, que ni el artículo 33 del código aduanero de la Unión ni el artículo 34 de ese mismo código son pertinentes para apreciar la compatibilidad con el Derecho de la Unión de una normativa nacional que establece que los efectos de la resolución dictada por una autoridad judicial que conoce de un recurso interpuesto con arreglo al artículo 44, apartado 2, de dicho código contra una decisión relativa a una IAV se retrotraen a la fecha de emisión de dicha decisión por las autoridades aduaneras.

29

En efecto, los artículos 33 y 34 del código aduanero de la Unión, por una parte, y el artículo 44 de dicho código, por otra, figuran en secciones diferentes del código aduanero de la Unión, pues los primeros figuran en la sección 3 del capítulo 2 del título I de dicho código, titulada «Decisiones relativas a la aplicación de la legislación aduanera», y el segundo, en la sección 6 del capítulo 2 del título I de dicho código, titulada «Recursos».

30

Por otra parte, el artículo 33 del código aduanero de la Unión atribuye la competencia para emitir IAV a las administraciones aduaneras de los Estados miembros encargadas de la aplicación de la legislación aduanera. Además, el artículo 34 del código aduanero de la Unión regula la gestión de las IAV y, más concretamente, el cese de la validez, la revocación, la modificación o la anulación de las decisiones relativas a las IAV por parte de las autoridades aduaneras. Pues bien, las autoridades judiciales encargadas de pronunciarse, de conformidad con el artículo 44 del código aduanero de la Unión, sobre los recursos contra las decisiones adoptadas por las autoridades aduaneras deben distinguirse de estas últimas (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de septiembre de 2023, OGL‑Food Trade Lebensmittelvertrieb, C‑770/21, EU:C:2023:690, apartado 69).

31

Así, como señaló el Abogado General en el punto 50 de sus conclusiones, los efectos en el tiempo de las decisiones de las autoridades aduaneras no pueden condicionar ni ejercer influencia alguna en los efectos de las resoluciones de las autoridades judiciales, ya que el legislador de la Unión no ha alineado el tratamiento de las resoluciones de las autoridades judiciales con el de las decisiones de las autoridades aduaneras.

32

Por consiguiente, la cuestión del carácter retroactivo o no de las resoluciones adoptadas a raíz de un recurso interpuesto con arreglo al artículo 44, apartado 2, del código aduanero de la Unión no se rige por los artículos 33 y 34 de ese mismo código.

33

En segundo término, del artículo 45 del código aduanero de la Unión, que figura en la misma sección que el artículo 44 de dicho código, se desprende que las autoridades aduaneras ordenarán la suspensión total o parcial de la ejecución de una decisión relativa a una IAV objeto de recurso cuando tengan razones fundadas para dudar de la conformidad de dicha decisión con la legislación aduanera o cuando pueda temerse un daño irreparable para el interesado.

34

De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el juez que conoce de un litigio regido por el Derecho de la Unión debe estar facultado para conceder medidas provisionales que garanticen la plena eficacia de la resolución judicial que debe recaer acerca de la existencia de los derechos invocados sobre la base del Derecho de la Unión. Así pues, el artículo 45 del código aduanero de la Unión no limita la facultad de que disponen las autoridades judiciales que conocen de un recurso interpuesto con arreglo al artículo 44, apartado 2, de ese mismo código para suspender la ejecución de la decisión impugnada para cumplir su obligación de garantizar la plena eficacia del Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de enero de 2001, Kofisa Italia, C‑1/99, EU:C:2001:10, apartados 48 y 49).

35

Pues bien, como señaló el Abogado General en el punto 66 de sus conclusiones, la concesión de una suspensión de la ejecución lleva aparejada necesariamente la facultad de restablecer retroactivamente la situación jurídica de los operadores económicos con el fin de evitarles perjuicios económicos indebidos cuando una decisión inicial resulte ser errónea.

36

Por consiguiente, el artículo 45 del código aduanero de la Unión no puede limitar la posibilidad de que disponen las autoridades judiciales que conocen de un recurso interpuesto con arreglo al artículo 44, apartado 2, de dicho código contra una decisión relativa a una IAV de reconocer un efecto retroactivo a la resolución adoptada sobre ese recurso para cumplir con la obligación de garantizar la plena eficacia de dicho recurso.

37

En tercer lugar, procede señalar que tal interpretación se ve corroborada asimismo por la finalidad del artículo 44 del código aduanero de la Unión, que tiene por objeto garantizar el derecho de los operadores económicos a interponer recurso contra las decisiones de las autoridades aduaneras.

38

En efecto, según se desprende de los considerandos 26 y 27 del código aduanero de la Unión, corresponde a los Estados miembros establecer un sistema de vías de recurso que permita garantizar el respeto del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, tal como se garantiza en el artículo 47, párrafo primero, de la Carta de los Derechos Fundamentales.

39

Pues bien, un recurso no puede considerarse efectivo si no suprime la situación resultante de una IAV ilegal y no coloca al operador económico titular de la decisión relativa a dicha IAV en la situación que en la que se habría encontrado de no haberse producido la ilegalidad en cuestión.

40

Por otra parte, como señaló el Abogado General en el punto 62 de sus conclusiones, permitir que subsistan los efectos de una decisión relativa a una IAV declarada ilegal podría ser contrario al derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que tales efectos se mantendrían respecto de un operador económico que, sin embargo, ha interpuesto, dentro de los plazos previstos, un recurso contra dicha decisión.

41

Según se desprende de los anteriores apartados 26 y 27, el artículo 44, apartado 4, del código aduanero de la Unión tampoco puede impedir que las autoridades judiciales que conocen de un recurso en virtud del artículo 44, apartado 2, de dicho código ordenen que los efectos de la resolución adoptada sobre un recurso interpuesto contra una decisión relativa a una IAV se retrotraigan a la fecha en que la autoridad aduanera emitió esa IAV, para cumplir con su obligación de garantizar la plena eficacia del Derecho de la Unión.

42

Además, es preciso recordar que la seguridad jurídica es uno de los principios generales reconocidos por el Derecho de la Unión. La firmeza de una decisión administrativa, adquirida al expirar los plazos razonables de recurso o por agotamiento de las vías de recurso, contribuye a dicha seguridad y debido a ello, el Derecho de la Unión no exige, en principio, que un órgano administrativo esté obligado a reconsiderar una decisión administrativa que ha adquirido dicha firmeza (sentencia de 13 de enero de 2004, Kühne & Heitz, C‑453/00, EU:C:2004:17, apartado 24).

43

No obstante, como recordó el Abogado General en los puntos 60 y 61 de sus conclusiones, el principio de seguridad jurídica únicamente exige que los efectos de una decisión relativa a una IAV que es objeto de recurso solo adquieran firmeza una vez se haya desestimado definitivamente o, a falta de recurso, a partir de la expiración de los plazos previstos a tal efecto. Así pues, no puede invocarse el principio de seguridad jurídica para justificar el mantenimiento de los efectos de una decisión relativa a una IAV en el período comprendido entre su entrada en vigor y la estimación del recurso judicial interpuesto contra dicha decisión.

44

Por otra parte, contrariamente a lo alegado por el Gobierno italiano, quien considera que es difícil garantizar el conocimiento efectivo, por parte de todos los demás Estados miembros, de una resolución judicial nacional de anulación o de rectificación dotada de efecto retroactivo, procede señalar que, a tenor del artículo 21, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del código aduanero de la Unión (DO 2015, L 343, p. 558), para el intercambio y almacenamiento de información relativa a solicitudes y decisiones IAV y a cualquier hecho posterior que pueda afectar a la solicitud o decisión inicial, se deberá utilizar un sistema electrónico creado a tales efectos de conformidad con el artículo 16, apartado 1, del código aduanero de la Unión. Por consiguiente, como confirmó la Comisión Europea en la vista, cuando una decisión relativa a una IAV se anula o se modifica a raíz de una resolución de una autoridad judicial, la autoridad aduanera de que se trate introduce la información en dicho sistema informático a través de un código de invalidez asociado a la decisión relativa a la IAV, junto con la fecha correspondiente, y se vuelve, de este modo, visible para todas las autoridades aduaneras.

45

Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales que el artículo 44, apartado 4, del código aduanero de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional en virtud de la cual los efectos de la resolución de una autoridad judicial que conoce de un recurso interpuesto con arreglo al artículo 44, apartado 2, de dicho código contra una decisión relativa a una IAV se retrotraen a la fecha en que las autoridades aduaneras emitieron dicha decisión.

Costas

46

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal General no pueden ser objeto de reembolso.