<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2001ESA.0500354101.case.xml"><NO.CASE>C-144/99</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61999C0144</NO.CELEX><NO.SEQ>0011.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>3543</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>3557</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>15</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONES DEL SR. TIZZANO — ASUNTO C-144/99</LEFT><RIGHT>COMISIÓN / PAÍSES BAJOS</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusiones del Abogado General</HT></P><P><HT TYPE="UC">Sr. Antonio Tizzano</HT></P><P>presentadas el <DATE ISO="20010123">23 de enero de 2001</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Lengua original: italiano.</P></NOTE></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>I.</NO.P><TXT>Introducción</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>En el presente litigio, iniciado por la Comisión Europea con arreglo al artículo 169 del Tratado CE (actualmente artículo 226 CE), se solicita al Tribunal de Justicia que verifique si la obligación impuesta al Reino de los Países Bajos de adaptar su ordenamiento jurídico interno a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de <DATE ISO="19930405">5 de abril de 1993</DATE>, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="095" DATE.PUB="1993" PAGE.FIRST="29">DO L 95, p. 29</REF.DOC.OJ>; en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>Directiva<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), puede ser satisfecha por la preexistencia en dicho ordenamiento jurídico de disposiciones del Código Civil, supuestamente conformes a la Directiva. En particular, se solicita al Tribunal que dilucide si determinadas disposiciones de dicho Código en materia de obligaciones y contratos en general alcanzan, especialmente a la luz de la jurisprudencia nacional pertinente, el resultado perseguido por el artículo 4, apartado 2, y por el artículo 5 de la Directiva.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>II.</NO.P><TXT>Marco jurídico</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A.</NO.P><TXT>Normativa comunitaria</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Como es sabido, la Directiva de que se trata tiene por objeto aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre las denominadas cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores (artículo 1, apartado 1), con el objetivo principal de proteger a los consumidores en caso de que se incluyan tales cláusulas en los contratos celebrados con un <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>profesional<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>, es decir con <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>toda persona física o jurídica que, en las transacciones reguladas por la [...] Directiva, actúe dentro del marco de su actividad profesional, ya sea pública o privada<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/> [artículo 2, letra c)]. En particular, después de definir el concepto de <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>cláusulas abusivas<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/> (artículo 3), la Directiva establece que tales cláusulas no vincularán a los consumidores (artículo 6).</TXT></NP><?PAGE NO="I-3544"?><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>A los efectos pertinentes en el presente asunto, procede mencionar específicamente el artículo 4, apartado 2, y el artículo 5 de la Directiva. El primero de esos artículos facilita indicaciones apropiadas para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual y, en su apartado 2, dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>El artículo 5 de la Directiva establece en cambio:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>En los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán estar redactadas siempre de forma clara y comprensible. En caso de duda sobre el sentido de una cláusula, prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor. Esta norma de interpretación no será aplicable en el marco de los procedimientos que establece el apartado 2 del artículo 7 de la presente Directiva.<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P><P>En efecto, el mencionado artículo 7, apartado 2, obliga a los Estados miembros a introducir en su ordenamiento jurídico las disposiciones que permitan a las personas y organizaciones de consumidores acudir según el Derecho nacional a los órganos judiciales o administrativos competentes con el fin de que éstos determinen si ciertas cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización general, tienen carácter abusivo y apliquen los medios adecuados y eficaces para que cese la aplicación de dichas cláusulas.</P></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>En virtud del artículo 10, apartado 1, de la Directiva, los Estados miembros adoptarán, a más tardar el <DATE ISO="19941231">31 de diciembre de 1994</DATE>, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva. En el apartado 2 de dicho artículo se impone además a los Estados miembros que <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>[c]uando [...] adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B.</NO.P><TXT>Disposiciones nacionales</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>El libro III del Código Civil neerlandés se refiere a los aspectos generales del denominado Derecho patrimonial, mientras que el libro VI tiene por objeto el régimen de las obligaciones y los contratos en general, y los libros VII y VIII, el de los contratos en particular.</TXT></NP><?PAGE NO="I-3545"?><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Aunque el Gobierno de los Países Bajos ha invocado en el litigio varias disposiciones del Código Civil, posteriormente las partes se han centrado sólo sobre los preceptos que cito a continuación (advirtiendo, por otra parte, que utilizo una traducción no oficial):</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>Artículo 35, incluido en el libro III (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>artículo 3:35<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>):</P><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>El vicio de una declaración de voluntad no puede oponerse a una persona que haya interpretado la declaración o el comportamiento de la otra parte de conformidad con el significado que esa persona podía atribuir razonablemente a dicha declaración o comportamiento, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, como una declaración con un significado específico destinada a dicha persona.<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></ITEM><ITEM><P>Artículo 228, incluido en el libro VI (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>artículo 6:228<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>):</P><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>El contrato celebrado bajo la influencia de un error y que no se habría celebrado si hubiera existido una comprensión correcta de las circunstancias es anulable:</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>si el error es atribuible a una información facilitada por la otra parte, a menos que ésta pudiera presumir que el contrato se habría concluido incluso a falta de dicha información;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>si la otra parte, teniendo en cuenta lo que conocía o estaba obligada a conocer sobre el error, hubiera debido informar de ello a la parte que incurrió en el error;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>si, en el momento de la celebración del contrato, la otra parte se basó en la misma convicción errónea que la parte que incurrió en el error, excepto en el caso de que la otra parte, aun cuando hubiera existido una comprensión correcta de las circunstancias, no hubiera estado obligada a comprender que la parte que incurrió en el error no habría celebrado el contrato.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>La anulación no puede basarse en un error relativo exclusivamente a una circunstancia futura o en un error del que debe considerarse responsable a la parte que incurrió en él, teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, el punto de vista generalmente compartido o las circunstancias del caso.<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/></TXT></NP></QUOT.S></P></ITEM><?PAGE NO="I-3546"?><ITEM><P>Artículo 231, título III (<QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>De las condiciones generales<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>) del libro VI (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>artículo 6:231<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>):</P><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>En el presente título:</P><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>por <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="201C"/>condiciones generales<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="201D"/> se entenderá una o varias cláusulas escritas predispuestas para ser incluidas en determinado número de contratos, con excepción de las cláusulas que tienen por objeto las prestaciones esenciales;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>por <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="201C"/>usuario<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="201D"/> se entenderá la persona que utiliza las condiciones generales en un contrato;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>por <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="201C"/>la otra parte<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="201D"/> se entenderá la persona que ha aceptado, por escrito o de otro modo, la aplicación de las condiciones generales.<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/></TXT></NP></ITEM></LIST></P></QUOT.S></P></ITEM><ITEM><P>Artículo 233, incluido en el libro VI (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>artículo 6:233<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/>):</P><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>Una cláusula que forma parte de las condiciones generales es anulable:</P><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>si es excesivamente gravosa para la otra parte, teniendo en cuenta la naturaleza y el contenido del contrato, el modo en que se han establecido las condiciones, los intereses de las partes recíprocamente evidentes y otras circunstancias del caso;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>si el usuario no ha ofrecido a la otra parte una posibilidad razonable de tener conocimiento de las condiciones generales.<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/></TXT></NP></ITEM></LIST></P></QUOT.S></P></ITEM><ITEM><P>Artículo 248, título IV (<QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>De los efectos de los contratos<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/>) del libro VI (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>artículo 6:248<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/>):</P><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>El contrato no produce solamente los efectos jurídicos pactados entre las partes, sino también los que, según la naturaleza<?PAGE NO="I-3547"?> del contrato, se derivan de la ley, de los usos o de las exigencias de la razón y de la equidad.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>La normativa a la que está sujeta la relación en virtud del contrato no se aplicará en la medida en que, en las circunstancias del caso, ello fuera inaceptable sobre la base de criterios de razonabilidad y equidad.<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/></TXT></NP></QUOT.S></P></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>III.</NO.P><TXT>Alegaciones de las partes</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>Mediante el recurso interpuesto, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que declare el incumplimiento de los Países Bajos, porque estima que la adaptación del Derecho interno de ese Estado a la Directiva es insuficiente en cuanto a la forma y los medios utilizados, e incompleta en cuanto al resultado.</TXT></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>En particular, la Comisión sostiene que una adaptación <QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/>implícita<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/>, por así decir, del Derecho interno a una Directiva, es decir, basada únicamente en la existencia previa, en el ordenamiento jurídico del Estado de que se trata, de disposiciones conformes a dicha Directiva, sólo puede admitirse dentro de unos límites muy estrictos. Máxime cuando, como sucede en el presente caso, el objetivo de la Directiva consiste en establecer una protección para los consumidores, concediéndoles derechos concretos. En estos casos, en efecto, la adaptación debe realizarse de forma clara e inequívoca, de modo que los consumidores puedan tener pleno conocimiento de los derechos concedidos por la Directiva. En cualquier caso, con independencia de esas consideraciones generales, la Comisión rechaza que las disposiciones del Código Civil garanticen, en concreto, el resultado perseguido por el artículo 4, apartado 2, y el artículo 5 de la Directiva.</TXT></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>El Gobierno de los Países Bajos sostiene la tesis opuesta y solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso puesto que, en su opinión, la materia objeto de la Directiva ya está totalmente regulada por las disposiciones del Código Civil vigentes con anterioridad.</TXT></NP><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>En este sentido, el Gobierno neerlandés recuerda en primer lugar que el artículo 189, párrafo tercero, del Tratado CE (actualmente artículo 249 CE, párrafo tercero) deja libertad a los Estados miembros para la elección de la forma y de los medios necesarios para la adaptación del Derecho interno a una Directiva, así como que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha admitido que, debido a esa libertad, no es indispensable una adaptación expresa si el ordenamiento jurídico nacional ya satisface los objetivos perseguidos por la Directiva. Así sucede precisamente en el caso de autos, bien en virtud de las disposiciones del Código Civil citadas, sobre las cuales dicho Gobierno realiza un examen pormenorizado y analítico, o bien en virtud de las normas jurídicas no escritas reconocidas por el ordenamiento, como por ejemplo el principio de la <HT TYPE="ITALIC">interpretatio<?PAGE NO="I-3548"?> contra proferentem,</HT> que equivale plenamente a lo dispuesto en el artículo 5, segunda frase, de la Directiva.</TXT></NP><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>A este respecto, presenta especial pertinencia, en las alegaciones del Gobierno neerlandés, la referencia a la aplicación jurisprudencial de las disposiciones de que se trata, que representa una confirmación adicional y definitiva de la tesis de la conformidad plena de ese ordenamiento jurídico con la Directiva. En particular, el Gobierno demandado cita una sentencia de <DATE ISO="19970919">19 de septiembre de 1997</DATE> (NJ 1998, n° 6), en la que el Hoge Raad (Tribunal Supremo del Reino de los Países Bajos) declaró que las <QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/>disposiciones neerlandesas sobre las condiciones generales [del Código Civil de 1992] que, según ha estimado el legislador, ya adaptan el Derecho interno a la Directiva, deben interpretarse de modo que otorguen al consumidor, como mínimo, la misma protección que la Directiva<QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>De todos modos, aun sosteniendo la tesis antes expuesta, el Reino de los Países Bajos señala que el <DATE ISO="19991028">28 de octubre de 1999</DATE> (por tanto, con posterioridad al transcurso del plazo fijado por la Comisión en el dictamen motivado), el Parlamento adoptó una ley destinada a <QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/>aclarar<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/> las disposiciones del Código Civil sobre las condiciones generales de la contratación. Además, subrayó que dicha ley no modifica de ningún modo el Derecho preexistente aplicable a las cláusulas abusivas incluidas en las condiciones generales de los contratos, sino que se limita más bien a <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="00AB"/>precisarlo<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/>, codificando los principios jurídicos ya vigentes en el ordenamiento nacional.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>IV.</NO.P><TXT>Análisis jurídico</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A.</NO.P><TXT>Consideraciones generales</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>Como es sabido, según el artículo 189, párrafo tercero, del Tratado CE, la Directiva <QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="00AB"/>obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>Como también es sabido, el Tribunal de Justicia ya ha tenido muchas ocasiones de precisar el sentido y alcance de tales disposiciones. A los efectos pertinentes en el presente asunto, me limito a recordar la consolidada jurisprudencia según la cual <QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="00AB"/>[ajunque es cierto que [el artículo 189, párrafo tercero, del Tratado CE] deja en libertad a los Estados miembros para elegir los procedimientos y los medios destinados a garantizar la aplicación de la Directiva, ello no obsta a que los Estados miembros destinatarios de aquélla estén obligados a adoptar, en su ordenamiento jurídico nacional, todas las medidas necesarias para garantizar la plena eficacia de la Directiva, conforme al objetivo por ella perseguido<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase, por todas, la sentencia de <DATE ISO="19840410">10 de abril de 1984</DATE>, Von Colson y Kamann (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="14/83" YEAR="1984" PAGE.ECR="1891">14/83, Rec. p. 1891</REF.DOC.ECR>), apartado 15.</P></NOTE> El Tribunal de Justicia ha declarado que, para ello, los Estados miembros deben establecer un marco legal preciso que adapte el ordenamiento nacional a las<?PAGE NO="I-3549"?> disposiciones de la Directiva.<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse, por ejemplo, las sentencias de <DATE ISO="19900315">15 de marzo de 1990</DATE>, Comisión/Países Bajos (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-339/87" YEAR="1990" PAGE.ECR="I-851">C-339/87, Rec. p. I-851</REF.DOC.ECR>), apartado 25; de <DATE ISO="19910530">30 de mayo de 1991</DATE>, Comisión/Alemania (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-59/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-2607">C-59/89, Rec. p. I-2607</REF.DOC.ECR>), apartado 28, y de <DATE ISO="19990422">22 de abril de 1999</DATE>, Comisión/Reino Unido (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-340/96" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-2023">C-340/96, Rec. p. I-2023</REF.DOC.ECR>), apartado 27.</P></NOTE> Y ello en términos tales que no existan dudas o ambigüedades no sólo en cuanto a los contenidos de la normativa nacional pertinente y su conformidad con la Directiva, sino también en cuanto al valor formal de esa normativa y su idoneidad para constituir una base jurídica adecuada para la regulación del sector. Así pues, no es suficiente, por ejemplo, para adaptar correctamente el Derecho interno a la Directiva, una simple práctica o circular administrativa, dado que no ofrecen garantías de estabilidad, obligatoriedad y publicidad, a diferencia de las fuentes normativas auténticas.<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse, entre otras muchas, las sentencias de <DATE ISO="19861202">2 de diciembre de 1986</DATE>, Comisión/Bélgica (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="239/85" YEAR="1986" PAGE.ECR="3645">239/85, Rec. p. 3645</REF.DOC.ECR>), apartado 7; de <DATE ISO="19911017">17 de octubre de 1991</DATE>, Comisión/Alemania (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-58/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-4983">C-58/89, Rec. p. I-4983</REF.DOC.ECR>), apartado 13; de <DATE ISO="19911210">10 de diciembre de 1991</DATE>, Comisión/Grecia (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-306/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-5863">C-306/89, Rec. p. I-5863</REF.DOC.ECR>), apartado 19, y de <DATE ISO="19970320">20 de marzo de 1997</DATE>, Comisión/Alemania (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-96/95" YEAR="1997" PAGE.ECR="I-1653">C-96/95, Rec. p. I-1653</REF.DOC.ECR>), apartado 38.</P></NOTE> Precisamente porque el Estado miembro de que se trate está obligado a <QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="00AB"/>garantizar plenamente, y de modo preciso, la aplicación de las disposiciones de cualquier Directiva<QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="00BB"/>, su infracción existe hasta que éste <QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/>no se haya atenido totalmente a la Directiva<QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/>, aun cuando <QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="00AB"/>la legislación [nacional] ya garantice, en gran parte, la realización de los objetivos de la Directiva<QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencias de <DATE ISO="19800318">18 de marzo de 1980</DATE>, Comisión/Italia (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="91/79" YEAR="1980" PAGE.ECR="1099">91/79, Rec. p. 1099</REF.DOC.ECR>), apartado 6, y Comisión/Italia (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="92/79" YEAR="1980" PAGE.ECR="1115">92/79, Rec. p. 1115</REF.DOC.ECR>), apartado 6.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>Es cierto que, como recuerda el Gobierno neerlandés, el Tribunal de Justicia reconoce que a los efectos indicados no es siempre indispensable un acto formal adecuado de adaptación del Derecho interno y aún menos un acto de carácter legislativo. Especialmente cuando la normativa pertinente existente en el ordenamiento jurídico del Estado ya es <QUOT.START ID="QS0032" REF.END="QE0032" CODE="00AB"/>suficientemente clara y precisa<QUOT.END ID="QE0032" REF.START="QS0032" CODE="00BB"/>, de modo que <QUOT.START ID="QS0033" REF.END="QE0033" CODE="00AB"/>los beneficiarios estén en condiciones de conocer todos sus derechos y ejercitarlos, en su caso, ante los órganos jurisdiccionales nacionales<QUOT.END ID="QE0033" REF.START="QS0033" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse, entre otras muchas, las sentencias de <DATE ISO="19850523">23 de mayo de 1985</DATE>, Comisión/Alemania (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="29/84" YEAR="1985" PAGE.ECR="1661">29/84, Rec. p. 1661</REF.DOC.ECR>), apartado 23; de <DATE ISO="19910530">30 de mayo de 1991</DATE>, Comisión/Alemania (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-59/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-2607">C-59/89, Rec. p. I-2607</REF.DOC.ECR>), apartado 18, y de <DATE ISO="19950323">23 de marzo de 1995</DATE>, Comisión/Grecia (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-365/93" YEAR="1995" PAGE.ECR="I-499">C-365/93, Rec. p. I-499</REF.DOC.ECR>), apartado 9.</P></NOTE> Sin embargo, debe recordarse que en estos casos se trata siempre de una excepción a los principios antes expuestos, justificada por motivos de economía legislativa. Por tanto, como sucede siempre con tales excepciones, se exige para su aplicación un criterio interpretativo muy estricto, lo que significa, en el caso de autos, que para excluir el posible incumplimiento del Estado miembro de que se trata no puede bastar una compatibilidad genérica del ordenamiento nacional con la Directiva, sino que es necesaria una situación de conformidad clara y precisa entre el ordenamiento nacional y la Directiva.</TXT></NP><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>En efecto, como se desprende de la jurisprudencia antes citada, debe considerarse que en la situación examinada prevalece la exigencia de una aplicación integral y uniforme de la Directiva en los Estados miembros, así como la exigencia consiguiente de garantizar la protección plena de los derechos concedidos por dicha Directiva. Desde este último punto de vista, en particular, debe tenerse en cuenta ante todo la preocupación que el Tribunal de Justicia ha manifestado en multitud de ocasiones, a<?PAGE NO="I-3550"?> saber, que la conformidad del marco normativo nacional preexistente no deje margen de duda en cuanto al alcance de las situaciones jurídicas que la Directiva genera para los particulares. Según el Tribunal de Justicia, en conclusión, <QUOT.START ID="QS0034" REF.END="QE0034" CODE="00AB"/>para cumplir con la exigencia de seguridad jurídica, es especialmente importante que los particulares disfruten de una situación jurídica clara y precisa que les permita conocer la plenitud de sus derechos y ejercitarlos, en su caso, ante los órganos jurisdiccionales nacionales<QUOT.END ID="QE0034" REF.START="QS0034" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase, por ejemplo, la sentencia de <DATE ISO="19960919">19 de septiembre de 1996</DATE>, Comisión/Grecia (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-236/95" YEAR="1986" PAGE.ECR="I-4459">C-236/95, Rec. p. I-4459</REF.DOC.ECR>), apartado 13, en la que se citan otras sentencias.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>Por tanto, la posibilidad de prescindir de medidas adecuadas de adaptación del Derecho interno debe verificarse en términos aún más rigurosos cuando se trata de Directivas que persiguen atribuir derechos a los particulares, en especial si se trata de Directivas que se proponen establecer un marco de protección más intensa para los consumidores, que conforman una categoría amplia e indefinida, frente a los contratantes más <QUOT.START ID="QS0035" REF.END="QE0035" CODE="00AB"/>poderosos<QUOT.END ID="QE0035" REF.START="QS0035" CODE="00BB"/>. Como señala el Tribunal de Justicia, ello <QUOT.START ID="QS0036" REF.END="QE0036" CODE="00AB"/>es particularmente importante cuando, como en el presente caso, la Directiva tiene por objeto la atribución de derechos a los nacionales de los demás Estados miembros, puesto que dichos nacionales no están normalmente al corriente [de lo previsto en el ordenamiento jurídico de Estados distintos del suyo]<QUOT.END ID="QE0036" REF.START="QS0036" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse, por todas, las sentencias de <DATE ISO="19850523">23 de mayo de 1985</DATE>, Comisión/Alemania, citada en la nota 6 supra, apartado 23, y Comisión/Grecia, citada en la nota 6 supra, apartado 9.</P></NOTE> Precisamente, éste es el caso de la Directiva aquí examinada, que persigue, entre otras cosas, <QUOT.START ID="QS0037" REF.END="QE0037" CODE="00AB"/>proteger al ciudadano en su papel de consumidor al adquirir bienes y servicios mediante contratos que se rigen por leyes de Estados miembros distintos del suyo<QUOT.END ID="QE0037" REF.START="QS0037" CODE="00BB"/> (sexto considerando).</TXT></NP><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>Aclarado ese punto en términos generales, debo señalar que no estoy totalmente convencido de que, en el caso de autos, la situación del ordenamiento jurídico neerlandés respete plenamente las exigencias que antes he señalado. Es decir, no estoy convencido de que la normativa neerlandesa vigente con anterioridad en la materia objeto de la Directiva sea plenamente conforme con esta última o, en todo caso, que presente una claridad, evidencia y certeza <QUOT.START ID="QS0038" REF.END="QE0038" CODE="00AB"/>suficientes<QUOT.END ID="QE0038" REF.START="QS0038" CODE="00BB"/>, como dice el Tribunal de Justicia, para que sus beneficiarios <QUOT.START ID="QS0039" REF.END="QE0039" CODE="00AB"/>estén en condiciones de conocer todos sus derechos y ejercitarlos, en su caso, ante los órganos jurisdiccionales nacionales<QUOT.END ID="QE0039" REF.START="QS0039" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>Por el contrario, y al margen de lo que se indicará más adelante sobre el fondo de la cuestión, considero que el mismo debate suscitado al respecto entre las partes pone de manifiesto, aunque de modo indirecto, que la interpretación de dicha normativa dista de estar libre de incertidumbres y ambigüedades. Del mismo modo, el hecho mismo de que ese debate se haya articulado en gran medida sobre el significado y sobre la importancia que han de atribuirse a las<?PAGE NO="I-3551"?> sentencias dictadas en la materia por prestigiosos órganos jurisdiccionales neerlandeses confirma igualmente las dudas poco antes expresadas. La aplicación de una Directiva con la importancia y el alcance que presenta la que aquí se examina no puede estar expuesta, en efecto, en un Estado miembro a las dificultades interpretativas señaladas y, ante todo, no puede estar expuesto a dichas dificultades el derecho de los particulares, sean o no neerlandeses, a invocar las situaciones jurídicas conferidas por la Directiva.</TXT></NP><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>Incluso el hecho de que el Gobierno de los Países Bajos haya considerado necesario adoptar una ley destinada a <QUOT.START ID="QS0040" REF.END="QE0040" CODE="00AB"/>aclarar<QUOT.END ID="QE0040" REF.START="QS0040" CODE="00BB"/> y <QUOT.START ID="QS0041" REF.END="QE0041" CODE="00AB"/>precisar<QUOT.END ID="QE0041" REF.START="QS0041" CODE="00BB"/> el marco normativo nacional en materia de cláusulas abusivas en los contratos normalizados demuestra que, con toda probabilidad, también dicho Gobierno, pese a sus distintas declaraciones, ha advertido la necesidad de suprimir las dificultades señaladas por la Comisión. El hecho de que posteriormente esa ley alcance o no el resultado pretendido carece de pertinencia en el presente asunto, por cuanto su adopción tuvo lugar más de un año después del transcurso del plazo fijado por la Comisión en el dictamen motivado y, por consiguiente, no basta en ningún caso para hacer desaparecer el incumplimiento imputado al Reino de los Países Bajos.<NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Es sabido en efecto que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal, el incumplimiento debe apreciarse en función de la situación existente al final del plazo señalado en el dictamen motivado; véanse, entre otras muchas, las sentencias de <DATE ISO="20000323">23 de marzo de 2000</DATE>, Comisión/Francia (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-327/98" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-1851">C-327/98, Rec. p. I-1851</REF.DOC.ECR>), apartado 28; de <DATE ISO="20001207">7 de diciembre de 2000</DATE>, Comisión/Reino Unido (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-69/99" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-10979">C-69/99, Rec. p. I-10971</REF.DOC.ECR>), apartado 22, y de <DATE ISO="20001207">7 de diciembre de 2000</DATE>, Comisión/Francia (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-374/98" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-10794">C-374/98, Rec. p. I-10974</REF.DOC.ECR>), apañado 14.</P></NOTE></TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B.</NO.P><TXT>Conformidad de los principios y de las disposiciones del Código Civil neerlandés con la Directiva comunitaria</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>En todo caso, aparte de estas dudas de carácter general y preliminar, para valorar la fundamentación del recurso de la Comisión es necesario realizar ahora un examen más detenido de las imputaciones que ésta realiza al Gobierno demandado y las alegaciones que éste opone.</TXT></NP><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>Comenzaré refiriéndome a la alegación que se basa en la supuesta existencia en el ordenamiento jurídico neerlandés de un principio general que reformula en dicho ordenamiento el mismo principio de la interpretación más favorable para el consumidor, enunciado en el artículo 5, segunda frase, de la Directiva. En efecto, según el Gobierno neerlandés ese principio constituye una norma de interpretación aplicada normalmente por los órganos jurisdiccionales. Ello resulta cuanto menos dudoso, habida cuenta de la jurisprudencia del Hoge Raad que la Comisión ha citado puntualmente, en la que se ha negado en muchas ocasiones que dicho principio constituya una <QUOT.START ID="QS0042" REF.END="QE0042" CODE="00AB"/>norma jurídica<QUOT.END ID="QE0042" REF.START="QS0042" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Además de la sentencia de <DATE ISO="19960112">12 de enero de 1996</DATE> (NJ 1996, n° 683), citada por la Comisión en sus observaciones, véanse las citas que figuran en <QUOT.START ID="QS0043" REF.END="QE0043" CODE="00AB"/>CLAB Europa<QUOT.END ID="QE0043" REF.START="QS0043" CODE="00BB"/>, European Database on Case Law about Unfair Contractual Terms (Base de datos europea sobre jurisprudencia en materia de cláusulas abusivas), www.europa.eu.int/clab/ (véanse las fichas NL000047, NL000056 y NL000079), así como en Hondius, E.: <QUOT.START ID="QS0044" REF.END="QE0044" CODE="00AB"/>Non implementation of the Directive on Unfair Contract Terms: the Dutch case<QUOT.END ID="QE0044" REF.START="QS0044" CODE="00BB"/>, European Review of Private Law, 1997, pp. 193 y ss., especialmente pp. 194 y 195, así como la nota 4 con referencias, que señala que después de la entrada en vigor de la Directiva, la posición de los jueces neerlandeses no ha cambiado, aun cuando, en vinud de la jurisprudencia del Tribunal, están obligados a interpretar su Derecho interno a la luz del tenor y de los objetivos de la Directiva.</P></NOTE></TXT></NP><?PAGE NO="I-3552"?><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>Siguiendo con la cuestión de los principios de interpretación, el Gobierno demandado alega que no existen divergencias entre la Directiva y el ordenamiento jurídico interno en lo que respecta a las consecuencias previstas para el caso de que un contrato contenga cláusulas ambiguas o incomprensibles.</TXT></NP><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>A este respecto, no obstante, me parecen más fundadas las conclusiones en sentido contrario de la Comisión, que ha subrayado que:</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>mientras que en el artículo 6:233 del Código Civil se prevé la anulación sin más de una cláusula que vulnere el principio de transparencia, la aplicación de un criterio hermenêutico como el de la interpretación más favorable para el consumidor (o también de la denominada <HT TYPE="ITALIC"><QUOT.START ID="QS0045" REF.END="QE0045" CODE="00AB"/>interpretatio contra proferentem<QUOT.END ID="QE0045" REF.START="QS0045" CODE="00BB"/>),</HT> previsto en la Directiva permite mantener la cláusula de que se trate;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>no existe necesariamente coincidencia entre el criterio de la <QUOT.START ID="QS0046" REF.END="QE0046" CODE="00AB"/>razonabilidad<QUOT.END ID="QE0046" REF.START="QS0046" CODE="00BB"/>, que se prevé en los artículos 3:35 y 6:248 de dicho Código a efectos de la interpretación de las eventuales cláusulas oscuras o incomprensibles, y el criterio establecido al respecto por la Directiva que hace prevalecer la interpretación más favorable para el consumidor;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>del mismo modo, la no oponibilidad al consumidor, en virtud del artículo 3:35 del Código Civil, de cláusulas oscuras o incomprensibles o, por mejor decir, de cláusulas contractuales que puedan interpretarse de modo irrazonable o injusto no equivale necesariamente a la oponibilidad de una cláusula interpretada del modo más favorable para el consumidor.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>Pasando ahora al examen de la compatibilidad del ordenamiento neerlandés con las disposiciones del artículo 4, apartado 2, y del artículo 5, tercera frase, debo señalar desde un principio que el Reino de los Países Bajos no ha podido demostrar que en su ordenamiento jurídico existan disposiciones equivalentes a aquéllas. Se ha limitado a afirmar, fundamentalmente, que sería superfluo realizar una adaptación específica del Derecho interno, puesto que los objetivos perseguidos por aquellas disposiciones pueden alcanzarse mediante una interpretación sistemática de la legislación neerlandesa. Sin embargo, no considero que la situación sea exactamente en estos términos y que se consiga realmente una adaptación <HT TYPE="ITALIC">fiel</HT> del Derecho interno a la Directiva a través del método indicado por las autoridades neerlandesas.</TXT></NP><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>En primer lugar, procede recordar que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva prevé expresamente que incluso las cláusulas relativas a la definición del objeto principal del contrato y a la adecuación entre el precio y los servicios o bienes facilitados pueden considerarse abusivas<?PAGE NO="I-3553"?> cuando sean oscuras o ambiguas. Se ofrece así al consumidor la posibilidad de invocar, respecto a tales cláusulas, la protección que le concede el artículo 6, apartado 1, de la Directiva, que consiste en excluir el carácter vinculante de las mismas.</TXT></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>En cambio, no estimo que una seguridad y claridad análoga de normativa y de resultados pueda derivarse de una actividad de interpretación sistemática del Código Civil por parte de los órganos jurisdiccionales. Por el contrario, considero que en la situación actual del régimen del Código Civil permanece intacta la posibilidad del profesional de impedir que el consumidor solicite, en virtud del artículo 6:233 del Código Civil, la anulación de <QUOT.START ID="QS0047" REF.END="QE0047" CODE="00AB"/>las cláusulas que tienen por objeto las prestaciones esenciales<QUOT.END ID="QE0047" REF.START="QS0047" CODE="00BB"/>. Y dado que el artículo 6:231 excluye del grupo de las <QUOT.START ID="QS0048" REF.END="QE0048" CODE="00AB"/>condiciones generales<QUOT.END ID="QE0048" REF.START="QS0048" CODE="00BB"/> (las únicas anulables con arreglo al citado artículo 6:233) las <QUOT.START ID="QS0049" REF.END="QE0049" CODE="00AB"/>cláusulas que tienen por objeto las prestaciones esenciales<QUOT.END ID="QE0049" REF.START="QS0049" CODE="00BB"/>, el profesional puede invocar siempre esa disposición para excluir tales cláusulas de las que están comprendidas en el concepto de <QUOT.START ID="QS0050" REF.END="QE0050" CODE="00AB"/>condiciones generales<QUOT.END ID="QE0050" REF.START="QS0050" CODE="00BB"/> del contrato.</TXT></NP><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>Procede señalar ante todo, a este respecto, que la exclusión de las cláusulas que tienen por objeto prestaciones esenciales de la normativa sobre las condiciones generales constituye una limitación sustancial del ámbito de aplicación de la Directiva. Basta pensar en las repercusiones que se derivan de ello para todos los contratos, como los de seguro, que se prestan especialmente a una ambigüedad de formulación especialmente en cuanto a su objeto esencial, es decir, en este ejemplo, en lo que respecta a la definición del riesgo asegurado.</TXT></NP><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>Otro aspecto problemático se refiere al artículo 5, tercera frase, de la Directiva. Como se recordará, ese precepto impide al profesional invocar, en un procedimiento de los previstos en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva, el principio de la interpretación más favorable para el consumidor si ello le permite oponerse a la orden de cesación de la utilización de una cláusula ambigua, que figura entre las cláusulas contractuales a las que el profesional acude de modo generalizado en las relaciones con los consumidores. Como observa la Comisión, el objetivo de esa disposición consiste en evitar que un principio destinado a proteger a los consumidores pueda perjudicarlos en el caso de tales procedimientos, si el profesional se opusiera a la orden de no seguir utilizando cláusulas generales, redactadas en términos poco claros y que pueden interpretarse como cláusulas abusivas, invocando una interpretación de tales cláusulas más favorable para el consumidor. En cambio, este resultado no se conseguiría si se procediera, como pretende el Gobierno neerlandés, sobre la base de una interpretación sistemática del ordenamiento nacional, puesto que la normativa del Código Civil <HT TYPE="ITALIC">permite en todo caso</HT> al profesional, que haya sido demandado en un procedimiento de este tipo, invocar el principio de que se trata.</TXT></NP><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>Por último, es dudoso asimismo que el ordenamiento neerlandés garantice el respeto<?PAGE NO="I-3554"?> pleno de la obligación de transparencia a la que está sujeto el profesional en la formulación de las cláusulas de los contratos normalizados, según el artículo 5, primera frase, de la Directiva. Para alcanzar un resultado aparentemente similar, el conjunto de las disposiciones invocadas al respecto por el Reino de los Países Bajos se basa principalmente en criterios de razonabilidad y equidad. Pero de tal modo, como observa la Comisión, que el resultado sólo se persigue con carácter indirecto, y no con la eficacia e inmediatez garantizadas por una disposición que tenga en cuenta expresamente el principio enunciado en la Directiva. En especial si se considera, como una vez más señala la Comisión, que la solución elegida por el legislador comunitario persigue particularmente imponer al profesional la obligación de asegurar <HT TYPE="ITALIC">a priori</HT> la claridad y comprensibilidad de las cláusulas, garantizando así que el consumidor pueda obtener, aún antes de la conclusión del contrato, las informaciones necesarias para decidir con pleno conocimiento de causa.<NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Además, de la Directiva se deduce en varias ocasiones que la claridad de las cláusulas contenidas en contratos normalizados debe garantizarse lo antes posible en el ámbito de las relaciones entre el profesional y el consumidor. En el vigésimo considerando, por ejemplo, se dispone que <QUOT.START ID="QS0051" REF.END="QE0051" CODE="00AB"/>el consumidor debe contar con la posibilidad real de tener conocimiento de todas las cláusulas<QUOT.END ID="QE0051" REF.START="QS0051" CODE="00BB"/>, mientras que la letra i) del anexo de la Direcriva establece que una cláusula puede ser declarada abusiva si tiene por objeto <QUOT.START ID="QS0052" REF.END="QE0052" CODE="00AB"/>hacer constar de forma irrefragable la adhesión del consumidor a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato<QUOT.END ID="QE0052" REF.START="QS0052" CODE="00BB"/>.</P></NOTE></TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>C.</NO.P><TXT>Sobre la interpretación de la normativa neerlandesa conforme a la Directiva</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>Dicho esto sobre la divergencia entre las disposiciones pertinentes del Código Civil neerlandés y las de la Directiva, queda aún apreciar si dicha divergencia puede ser superada mediante la sentencia del Hoge Raad de <DATE ISO="19970919">19 de septiembre de 1997</DATE>, antes citada (véase el punto 12 <HT TYPE="ITALIC">supra),</HT> y especialmente mediante el principio de la interpretación de la normativa neerlandesa conforme a las disposiciones de la Directiva, expresamente enunciado en dicha sentencia. Como se ha visto, en efecto, el Gobierno neerlandés sostiene que el resultado perseguido por dicha Directiva se consigue plenamente en virtud de la aportación interpretativa realizada por los órganos jurisdiccionales, y en particular en virtud de la citada sentencia del Hoge Raad.</TXT></NP><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>No obstante, procede recordar a este respecto que la mencionada orientación jurisprudencial no constituye una especialidad del sistema neerlandés, ni opera de modo particular a los presentes efectos. Esa jurisprudencia expresa ciertamente una orientación general y compartida, pero no se refiere al problema que aquí se discute, y por tanto no lo resuelve, relativo a la adecuación de una normativa nacional preexistente para asegurar la adaptación plena y correcta del Derecho interno a una Directiva.</TXT></NP><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>El principio de la interpretación del Derecho nacional conforme al Derecho comunitario es, en efecto, un conocidísimo principio general del Derecho comunitario, que el Tribunal de Justicia ha extendido también a los casos de adaptación extemporánea del Derecho interno a una Directiva. Como el Tribunal ha recordado recientemente, y precisamente en relación con la Directiva controvertida en el presente asunto, <QUOT.START ID="QS0053" REF.END="QE0053" CODE="00AB"/>[a]nte una situación en la<?PAGE NO="I-3555"?> que no se haya adaptado el Derecho nacional a una Directiva [...] con arreglo a una jurisprudencia reiterada [...] al aplicar el Derecho nacional, ya sean disposiciones anteriores o posteriores a la Directiva, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarlo está obligado a hacer todo lo posible, a la luz del tenor literal y de la finalidad de la Directiva, para, al efectuar dicha interpretación, alcanzar el resultado a que se refiere la Directiva y de esa forma atenerse al artículo 189, párrafo tercero, del Tratado CE (actualmente artículo 249 CE, párrafo tercero)<QUOT.END ID="QE0053" REF.START="QS0053" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia de <DATE ISO="20000627">27 de junio de 2000</DATE>, Océano Grupo Editorial (asuntos acumulados <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-240/98+C-244/98" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-4941">C-240/98 y C-244/98, Rec. p. I-4941</REF.DOC.ECR>), apartado 30.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>Pero esa orientación jurisprudencial no resuelve, repito, el problema que aquí se discute. En efecto, opera eficazmente en los casos de demora en la adaptación del Derecho interno a la Directiva o también cuando dicha adaptación se ha realizado de modo incorrecto o incompleto, pero ciertamente no puede constituir una justificación de una adaptación inadecuada o inexistente. Como se ha señalado acertadamente, el mero hecho de que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro declare, de conformidad con los principios establecidos por el Tribunal de Justicia, que interpreta el Derecho nacional a la luz del Derecho comunitario, <QUOT.START ID="QS0054" REF.END="QE0054" CODE="00AB"/>no elimina la obligación impuesta a todas las demás autoridades de este Estado miembro, en particular a las legislativas, de adoptar, en el marco de sus competencias respectivas, todas las medidas que puedan asegurar la incorporación y, por lo tanto, la realización de los objetivos del texto comunitario<QUOT.END ID="QE0054" REF.START="QS0054" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Conclusiones del Abogado General Sr. Da Cruz Vilaça en el asunto en el que recayó la sentencia de <DATE ISO="19870917">17 de septiembre de 1987</DATE>, Comisión/Alemania (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="412/85" YEAR="1987" PAGE.ECR="3503">412/85, Rec. p. 3503</REF.DOC.ECR>), punto 19.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>En efecto, como ha señalado el Abogado General Sr. Léger y como se desprende de la jurisprudencia antes citada, ello <QUOT.START ID="QS0055" REF.END="QE0055" CODE="00AB"/>se opondría a las exigencias fundamentales que subyacen en toda adaptación del Derecho interno, las de seguridad jurídica y publicidad adecuada. Este Tribunal de Justicia ha declarado muchas veces que las disposiciones de una Directiva deben aplicarse <QUOT.START ID="QS0056" REF.END="QE0056" CODE="201C"/>con indiscutible fuerza imperativa [...] con la especificidad, precisión y claridad exigidas [...] para cumplir la exigencia de seguridad jurídica<QUOT.END ID="QE0056" REF.START="QS0056" CODE="201D"/>, y de modo que <QUOT.START ID="QS0057" REF.END="QE0057" CODE="201C"/>[...] si la Directiva tiene como fin crear derechos en favor de los particulares, los beneficiarios estén en condiciones de conocer todos sus derechos y de ejercitarlos, en su caso, ante los órganos jurisdiccionales nacionales<QUOT.END ID="QE0057" REF.START="QS0057" CODE="201D"/> [...] Una jurisprudencia nacional que interprete las disposiciones de Derecho interno en un sentido considerado conforme a las exigencias de una Directiva no puede ser suficiente para conferir a dichas disposiciones la calidad de medidas de adaptación del Derecho interno a esta Directiva.<QUOT.END ID="QE0055" REF.START="QS0055" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Conclusiones del Abogado General Sr. Léger en el asunto en el que recayó la sentencia Comisión/Grecia, citada en la nota 7 supra, puntos 24 y 26, en donde figuran otras citas.</P></NOTE> Y acogiendo esta tesis, como ya he indicado, el Tribunal de Justicia ha aclarado en la misma ocasión que <QUOT.START ID="QS0058" REF.END="QE0058" CODE="00AB"/>como resulta de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para cumplir con la exigencia de seguridad jurídica, es especialmente importante que los particulares disfruten de una situación jurídica clara y precisa que les permita conocer la plenitud<?PAGE NO="I-3556"?> de sus derechos y ejercitarlos, en su caso, ante los órganos jurisdiccionales nacionales<QUOT.END ID="QE0058" REF.START="QS0058" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia Comisión/Grecia, citada en la nota 7 <HT TYPE="ITALIC">supra,</HT> apartado 13, en donde figuran otras citas.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>Dicho esto en términos generales, hay que señalar que en el presente asunto la jurisprudencia del Hoge Raad no parece idónea para alcanzar los resultados que el Gobierno neerlandés pretende asignarle. Como recuerda, en efecto, la Comisión, el principio enunciado por la citada sentencia del Hoge Raad de <DATE ISO="19970919">19 de septiembre de 1997</DATE> no coincide pienamente con los que cabe deducir de otras sentencias de ese mismo órgano jurisdiccional supremo (véase la nota 9). En otras ocasiones, ciertamente, el Hoge Raad ha declarado, respecto a aspectos fundamentales de la Directiva, en particular, en relación con el principio fundamental de la interpretación más favorable al consumidor enunciado en el artículo 5, segunda frase, que en el ordenamiento neerlandés dicho principio no constituye una <QUOT.START ID="QS0059" REF.END="QE0059" CODE="00AB"/>norma jurídica<QUOT.END ID="QE0059" REF.START="QS0059" CODE="00BB"/>, sino más bien un punto de vista de carácter general, que puede tener una cierta pertinencia en la interpretación de un contrato por parte de los órganos jurisdiccionales.</TXT></NP><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>Es cierto que esas sentencias son anteriores a la de 1997 antes citada, pero también lo es que al menos una de ellas es posterior a la entrada en vigor de la Directiva. Ello, en mi opinión, representa una confirmación adicional, junto con todo lo expuesto anteriormente, de la inadecuación de un método de adaptación del Derecho interno a una Directiva que se confía a soluciones que no sólo no son precisas y evidentes, sino también inciertas y no definitivas puesto que están expuestas inevitablemente a las posibles variaciones de la jurisprudencia.</TXT></NP><NP><NO.P>39.</NO.P><TXT>Para concluir, por tanto, considero que tampoco los precedentes jurisprudenciales citados por el Gobierno neerlandés resuelven la comprobada inadecuación de la normativa de ese país para dar cumplimiento de modo claro e inequívoco a la Directiva de que se trata. Por tanto, en mi opinión procede estimar el recurso de la Comisión.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>D.</NO.P><TXT>Costas</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>40.</NO.P><TXT>En virtud de lo dispuesto en el artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la Comisión ha solicitado la condena en costas y teniendo en cuenta todo lo expuesto sobre la decisión del recurso, considero que procede estimar dicha solicitud.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="I-3557"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Conclusión</P></TI></TITLE><P>A la luz de las consideraciones precedentes propongo, por tanto, al Tribunal que:</P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0060" REF.END="QE0060" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>Declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 189, párrafo tercero, del Tratado CE (actualmente artículo 249 CE, párrafo tercero) y de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de <DATE ISO="19930405">5 de abril de 1993</DATE>, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para garantizar una adaptación adecuada del ordenamiento nacional al artículo 4, apartado 2, y al artículo 5 de dicha Directiva.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Condene en costas al Reino de los Países Bajos.<QUOT.END ID="QE0060" REF.START="QS0060" CODE="00BB"/></TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>