Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentadas el 2 de julio de 2026 (1)
Asunto C‑300/25 [Duftošek] (i)
SQ
contra
YR
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší soud (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, República Checa)]
« Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (UE) 2016/1103 — Competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales — Artículo 1, apartados 1, párrafo primero, y 2, letra g) — Artículo 3, apartado 1, letra a) — Concepto de “régimen económico matrimonial” — Cónyuges que han optado por el régimen de separación de bienes — Bien inmueble adquirido en régimen de copropiedad por cuotas únicamente por esos cónyuges, durante su matrimonio — Acción de extinción y liquidación de dicha copropiedad por cuotas ejercitada tras el divorcio »
I. Introducción
1. Dos cónyuges residentes en la República Checa, que estipularon un régimen de separación de bienes en capitulaciones matrimoniales, adquirieron un conjunto de bienes inmuebles situados en Francia en régimen de copropiedad por cuotas. A raíz de su divorcio, uno de ellos ejercitó una acción ante un órgano jurisdiccional checo dirigida a obtener la extinción y liquidación de esta copropiedad por cuotas, sobre la base de normas de Derecho común checo.
2. El Nejvyšší soud (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, República Checa), que es el órgano jurisdiccional remitente, debe pronunciarse sobre la competencia internacional del órgano jurisdiccional que conoce del asunto. Se pregunta sobre la incidencia del vínculo del litigio con el matrimonio para determinar si está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2016/1103, (2) que definió el concepto de «régimen económico matrimonial», o del Reglamento (UE) n.º 1215/2012, (3) debido a que los cónyuges han elegido un régimen económico matrimonial que no organiza sus relaciones patrimoniales y a que la existencia de una copropiedad por cuotas entre ellos no depende del mantenimiento de su vínculo matrimonial.
3. Esta solicitud de interpretación del concepto de «régimen económico matrimonial» se presenta en un contexto inédito, habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia civil y mercantil anterior al Reglamento 2016/1103, aplicable en materia de regímenes económicos matrimoniales, y de las opciones del legislador de la Unión que de él se derivan.
4. Dado que quedan excluidas del ámbito de aplicación de dicho Reglamento las cuestiones relativas a «la naturaleza de los derechos reales sobre un bien», (4) que, en materia de derechos reales inmobiliarios, los órganos jurisdiccionales competentes son exclusivamente los del Estado miembro donde el inmueble se halle sito en virtud del artículo 24, punto 1, del Reglamento Bruselas I bis y que la copropiedad en cuotas en cuestión se rige por tales derechos, la problemática se plantea de inmediato. Está claro que hay dos fuerzas de atracción que se oponen, a saber, la ley del régimen económico matrimonial y la ley del bien inmueble.
5. Se brinda así al Tribunal de Justicia la ocasión de definir con precisión qué aspectos se refieren a las relaciones patrimoniales entre cónyuges en relación con el matrimonio o su disolución en un marco fáctico muy frecuente, por lo que respecta a la adquisición de un bien inmueble en común por parte de cónyuges en régimen de separación de bienes. El ejercicio es complejo en la medida en que esta definición debe coordinarse con la extraída de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de derechos reales inmobiliarios que enmarca el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I bis y del Reglamento (UE) n.º 650/2012. (5) Además, se impone una labor de vigilancia debido a la incidencia de la delimitación del ámbito de aplicación del Reglamento 2016/1103 en otros tipos de copropiedades por cuotas que puedan existir entre los (ex)cónyuges, en función, en su caso, del momento en el que se produce la extinción de la copropiedad por cuotas (durante el matrimonio o tras su disolución) y en los derechos de terceros.
6. Dado que los límites del concepto de «régimen económico matrimonial» deben examinarse desde la perspectiva de su definición que figura en el artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento 2016/1103 y de la exclusión enunciada en su artículo 1, apartado 2, letra g), expondré las razones por las que considero que:
– este concepto abarca las relaciones patrimoniales de los cónyuges organizadas en el marco de una copropiedad por cuotas que no se rige por el régimen económico matrimonial que estos adoptaron mediante capitulaciones matrimoniales, y
– el litigio relativo a la extinción y a la liquidación de un bien inmueble en régimen de copropiedad por cuotas no se refiere a la naturaleza de los derechos reales sobre dicho bien, en el sentido del citado Reglamento.
II. Marco jurídico
A. Derecho de la Unión
1. Reglamento Bruselas I bis
7. El artículo 1 del Reglamento Bruselas I bis, que forma parte de su capítulo I, titulado «Ámbito de aplicación y definiciones», dispone:
«1. El presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. […]
2. Se excluirán del ámbito de aplicación del presente Reglamento:
a) el estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales o los que regulen relaciones con efectos comparables al matrimonio según la ley aplicable;
[…]»
8. Bajo el título «Competencia», el capítulo II de dicho Reglamento contiene varias secciones, entre otras la sección 6, titulada «Competencias exclusivas». El artículo 24, punto 1, párrafo primero, que figura en esa sección tiene el siguiente tenor:
«Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio de las partes, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que se indican a continuación:
1) en materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde el inmueble se halle sito.»
2. Reglamento 2016/1103
9. Los considerandos 15, 18 y 52 del Reglamento 2016/1103 prevén:
«(15) Para garantizar la seguridad jurídica de las parejas casadas en lo que respecta a su patrimonio y ofrecerles cierta previsibilidad, es conveniente reunir en un único instrumento el conjunto de normas aplicables a los regímenes económicos matrimoniales.
[…]
(18) El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe incluir todos los aspectos de Derecho civil de los regímenes económicos matrimoniales, relacionados tanto con la administración cotidiana del patrimonio matrimonial como con la liquidación del régimen, en particular como consecuencia de la separación de la pareja o del fallecimiento de uno de los cónyuges. A efectos del presente Reglamento, el término “régimen económico matrimonial” debe interpretarse de forma autónoma y ha de abarcar no solo las normas imperativas para los cónyuges, sino también las normas opcionales que los cónyuges puedan acordar de conformidad con el Derecho aplicable, así como cualesquiera normas por defecto del Derecho aplicable. Incluye no solo las capitulaciones matrimoniales específica y exclusivamente previstas para el matrimonio por determinados ordenamientos jurídicos nacionales, sino también toda relación patrimonial, entre los cónyuges y en sus relaciones con terceros, que resulte directamente del vínculo matrimonial o de su disolución.
[…]
(52) La ley que se determine aplicable al régimen económico matrimonial debe regirlo desde la clasificación de los bienes de uno o ambos cónyuges en diferentes categorías durante el matrimonio y después de su disolución hasta la liquidación del patrimonio. Debe abarcar los efectos del régimen económico matrimonial sobre la relación jurídica entre los cónyuges y un tercero. No obstante, uno de los cónyuges solo podrá oponer frente a un tercero la ley aplicable al régimen económico matrimonial para regular dichos efectos cuando las relaciones jurídicas entre el cónyuge y el tercero hayan nacido en un momento en que el tercero tenía o debiera haber tenido conocimiento de dicha ley.»
10. El artículo 1 de este Reglamento, titulado «Ámbito de aplicación», establece:
«1. El presente Reglamento se aplicará a los regímenes económicos matrimoniales.
No será aplicable a las cuestiones fiscales, aduaneras y administrativas.
2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento:
[…]
c) las obligaciones de alimentos;
d) la sucesión por causa de muerte de uno de los cónyuges;
[…]
f) el derecho de transmisión o ajuste entre los cónyuges, en caso de divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio, de los derechos de pensión de jubilación o de invalidez devengados durante el matrimonio y que no hayan dado lugar a ingresos en forma de pensión durante este;
g) la naturaleza de los derechos reales sobre un bien, y
h) cualquier inscripción en un registro de derechos sobre bienes muebles o inmuebles, incluidos los requisitos legales para llevarla a cabo, y los efectos de la inscripción o de la omisión de la inscripción de tales derechos en un registro.»
11. Bajo el título «Definiciones», el artículo 3 de dicho Reglamento prevé en su apartado 1:
«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
a) “régimen económico matrimonial”: conjunto de normas relativas a las relaciones patrimoniales entre los cónyuges y con terceros, como resultado del matrimonio o de su disolución;
b) “capitulaciones matrimoniales”: acuerdo en virtud del cual los cónyuges o futuros cónyuges organizan su régimen económico matrimonial;
[…]».
12. El artículo 6 del mismo Reglamento, titulado «Competencia en otros casos», dispone en su letra b):
«Cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente con arreglo a los artículos 4 o 5 o en otros casos distintos de los previstos en estos artículos, serán competentes para resolver sobre el régimen económico matrimonial los órganos jurisdiccionales del Estado miembro:
[…]
b) en cuyo territorio hayan tenido los cónyuges su última residencia habitual, siempre que uno de ellos aún resida allí en el momento de la interposición de la demanda ante el órgano jurisdiccional […]».
13. El artículo 21 del Reglamento 2016/1103, titulado «Unidad de la ley aplicable», establece:
«La ley aplicable al régimen económico matrimonial en virtud de los artículos 22 o 26 se aplicará a todos los bienes incluidos en dicho régimen, con independencia de donde los bienes estén situados.»
14. El artículo 27 del citado Reglamento, titulado «Ámbito de aplicación de la ley aplicable», tiene el siguiente tenor:
«La ley aplicable al régimen económico matrimonial con arreglo al presente Reglamento regulará, entre otras cosas:
a) la clasificación de los bienes de uno o ambos cónyuges en diferentes categorías durante la vigencia y después del matrimonio;
b) la transferencia de bienes de una categoría a otra;
c) la responsabilidad de uno de los cónyuges por las obligaciones y deudas del otro cónyuge;
d) las facultades, derechos y obligaciones de cualquiera de los cónyuges o de ambos con respecto al patrimonio;
e) la disolución del régimen económico matrimonial y el reparto, la distribución o la liquidación del patrimonio;
f) los efectos patrimoniales del régimen económico matrimonial sobre la relación jurídica entre uno de los cónyuges y un tercero, y
g) la validez material de las capitulaciones matrimoniales.»
B. Derecho checo
15. El zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Ley n.º 89/2012, del Código Civil) (en lo sucesivo, «Código Civil»), prevé, en su artículo 708, que cuanto pertenezca a los cónyuges, tenga valor patrimonial y pueda ser objeto de relaciones jurídicas formará parte del patrimonio común de los cónyuges. Según el apartado 2 del citado artículo, dicho patrimonio común podrá estar sujeto a un régimen económico matrimonial legal, a un régimen adoptado en capitulaciones matrimoniales o a un régimen establecido por resolución judicial.
16. En virtud del artículo 709, apartado 1, del Código Civil, en el régimen económico matrimonial legal, formarán parte del patrimonio común aquellos bienes adquiridos por uno de los cónyuges o por ambos conjuntamente durante el matrimonio, con excepción de los bienes excluidos expresamente en dicha disposición.
17. El artículo 716, apartado 1, primera frase, de dicho Código establece que los cónyuges podrán acordar un régimen económico matrimonial distinto del legal.
18. Según el artículo 717, apartado 1, primera frase, del citado Código, entre los regímenes económicos matrimoniales que pueden adoptarse mediante capitulaciones matrimoniales figura la separación de bienes.
19. Con arreglo al artículo 729 del mismo Código, en el régimen de separación de bienes, cada cónyuge podrá disponer libremente de su patrimonio sin necesidad del consentimiento del otro.
20. El artículo 1115, apartado 1, del Código Civil establece que las personas que posean conjuntamente el derecho de propiedad sobre un bien tendrán la condición de copropietarios.
21. El artículo 1140 de dicho Código establece que nadie podrá ser obligado a permanecer en una situación de copropiedad y que cualquiera de los copropietarios podrá, en cualquier momento, solicitar la segregación de su cuota, si el objeto de la copropiedad es divisible, o bien solicitar la extinción de la copropiedad.
22. Según el artículo 1143 de este Código, si los copropietarios no alcanzan un acuerdo sobre la extinción de la copropiedad, será el órgano jurisdiccional quien decida sobre dicha extinción a instancia de cualquiera de los copropietarios. Si el órgano jurisdiccional declara la extinción de la copropiedad, deberá resolver al mismo tiempo sobre el modo de liquidación entre los copropietarios.
III. Hechos del litigio principal y cuestión prejudicial
23. El recurrente, SQ, y la recurrida, YR, contrajeron matrimonio el 1 de mayo de 2015 y decidieron someter sus relaciones patrimoniales al régimen económico matrimonial de separación de bienes estipulado en capitulaciones matrimoniales (6) y a la legislación checa.
24. Durante su matrimonio, adquirieron en copropiedad un inmueble (7) situado en París (Francia), siendo cada uno de ellos propietario de una mitad indivisa, según SQ. (8) Su matrimonio se disolvió en 2020. La última residencia habitual de los cónyuges se encontraba en la República Checa. El litigio entre los excónyuges tiene por objeto la extinción y liquidación del bien inmueble en régimen de copropiedad por cuotas. (9)
25. Mediante auto de 26 de octubre de 2022, el Obvodní soud pro Prahu 5 (Tribunal del Distrito 5 de Praga, República Checa), pronunciándose en primera instancia, declaró que el procedimiento de extinción y liquidación de dicha copropiedad por cuotas está comprendido en una relación de Derecho común y, por consiguiente, en el ámbito de aplicación material del Reglamento Bruselas I bis. Con arreglo al artículo 24, punto 1, del citado Reglamento, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde el inmueble se halle sito, en el presente asunto los órganos jurisdiccionales franceses, son competentes para conocer de tal procedimiento.
26. Esta resolución fue anulada por el Městský soud v Praze (Tribunal Municipal de Praga, República Checa), ante el que el recurrente, SQ, interpuso un recurso de apelación. Consideró que el litigio está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento 2016/1103, dado que el concepto de «régimen económico matrimonial», que es un concepto autónomo del Derecho de la Unión, abarca todas las normas opcionales que los cónyuges puedan acordar de conformidad con el Derecho aplicable. Por consiguiente, el régimen de separación de bienes también constituye un régimen económico matrimonial en el sentido de dicho Reglamento, en la medida en que se refiere a los derechos patrimoniales derivados del matrimonio. A resultas de ello, estimó que los órganos jurisdiccionales checos tienen competencia internacional para conocer de este asunto sobre la base del artículo 6, letra b), del citado Reglamento.
27. La recurrida, YR, interpuso recurso de casación contra esta resolución ante el Nejvyšší soud (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal).
28. Este subraya que el litigio relativo a la extinción y liquidación de la copropiedad por cuotas existente entre los excónyuges sobre el inmueble que les pertenece se rige por el Derecho común previsto por el Derecho privado nacional, (10) sin relación con el matrimonio o el Derecho que regula las relaciones patrimoniales entre cónyuges, y que se admite generalmente que tal procedimiento está comprendido en el ámbito de la materia civil y mercantil en el sentido del artículo 1, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis. En el caso de una copropiedad por cuotas que tenga por objeto un bien inmueble, la competencia jurisdiccional internacional exclusiva corresponde, en su opinión, a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde el inmueble se halle sito, de conformidad con el artículo 24, punto 1, de dicho Reglamento.
29. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la incidencia de la existencia del matrimonio a la hora de resolver el litigio, así como de que la copropiedad por cuotas exista únicamente entre los (ex)cónyuges y que sea consecuencia de la estipulación de un régimen de separación de bienes en capitulaciones matrimoniales.
30. A este respecto, precisa que, según el Derecho checo, una copropiedad por cuotas entre cónyuges que han optado por el régimen de separación de bienes no se distingue de otras formas de copropiedad por cuotas también reguladas por el Derecho común, incluso en lo que se refiere a los motivos que pueden justificar su extinción o a las modalidades de su liquidación y al plazo en el que estas se producen.
31. Señala que el Tribunal de Justicia aún no se ha pronunciado sobre la cuestión de si, en una situación como la que es objeto del litigio principal, se trata de una controversia patrimonial específica entre cónyuges derivada directamente del vínculo matrimonial o de la disolución de este (11) —que, por lo tanto, estaría comprendida en el ámbito de los regímenes económicos matrimoniales en el sentido del Reglamento 2016/1103— o de una controversia patrimonial de Derecho común entre cónyuges que no guarda relación con el matrimonio —que, por lo tanto, estaría comprendida en el ámbito de la materia civil y mercantil en el sentido del Reglamento Bruselas I bis—.
32. En estas circunstancias, el Nejvyšší soud (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Constituye el procedimiento de extinción y liquidación de una copropiedad por cuotas sobre un bien inmueble, que los cónyuges han adquirido en el marco del régimen de separación de bienes estipulado en capitulaciones matrimoniales, un procedimiento relativo a los regímenes económicos matrimoniales en el sentido de los artículos 1 y 3, apartado 1, letra a), del Reglamento [2016/1103]?»
33. SQ, YR, el Gobierno checo y la Comisión Europea presentaron observaciones escritas y participaron en la vista celebrada el 16 de abril de 2026, durante la cual respondieron a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia para su respuesta oral.
IV. Análisis
34. La cuestión prejudicial tiene por objeto determinar la competencia internacional del órgano jurisdiccional checo ante el que se ha presentado, sobre la base del artículo 6 del Reglamento 2016/1103, (12) una solicitud de extinción (13) y liquidación de una copropiedad por cuotas que resulta de la compra de un inmueble situado en Francia por parte de dos cónyuges en régimen de separación de bienes. (14) Esta cuestión se refiere al ámbito de aplicación de dicho Reglamento, (15) lo que lleva a tener que precisar los límites del concepto de «régimen económico matrimonial», tal como se define en el artículo 3, apartado 1, letra a), del referido Reglamento y como puede deducirse de la exclusión que figura en su artículo 1, apartado 2, letra g).
35. Los criterios deberían establecerse teniendo en cuenta los límites impuestos al juez en la fase de verificación de su competencia internacional. En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a los Reglamentos de la Unión en materia civil y mercantil se desprende que el tribunal ante el que se ha presentado la demanda no examina ni su admisibilidad ni su procedencia, sino que se limita a identificar los elementos que, en la situación jurídica concreta y con arreglo al Derecho invocado, justifican su competencia. (16)
36. He de precisar que la exposición de las circunstancias del litigio principal completada en la vista (17) me lleva antes de nada a descartar del análisis el concepto de «capitulaciones matrimoniales», que figura en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento 2016/1103, puesto que los cónyuges no han celebrado ninguna capitulación para regular la copropiedad por cuotas existente entre ellos con el fin de configurar el régimen de separación de bienes que han elegido. (18)
A. Observaciones previas de carácter metodológico a efectos de la interpretación del concepto de «régimen económico matrimonial»
37. Procede señalar, en primer lugar, al igual que varios autores, (19) que el concepto de «régimen económico matrimonial» se utiliza en la mayoría de los demás Reglamentos de la Unión Europea como criterio de excepción o de delimitación, en particular en el artículo 1, apartado 2, letra a), del Reglamento Bruselas I bis, (20) en el artículo 1, apartado 2, letra c), del Reglamento Roma I, (21) en el artículo 1, apartado 2, letra b), del Reglamento Roma II (22) y en el artículo 1, apartado 2, letra d), del Reglamento n.º 650/2012. La disposición más precisa es el artículo 1, apartado 2, letra e), del Reglamento Roma III. (23) Prevé que este último no se aplicará a las consecuencias del matrimonio a efectos patrimoniales. Por consiguiente, es posible remitirse a la jurisprudencia y a los comentarios de estos artículos para definir el concepto de «régimen económico matrimonial».
38. En segundo lugar, en la sentencia de 1 de marzo de 2018, Mahnkopf, (24) el Tribunal de Justicia definió lo que permite distinguir el ámbito de aplicación de dos Reglamentos relativos a materias excluidas del Reglamento Bruselas I bis, a saber, las sucesiones y los regímenes económicos matrimoniales. Por lo tanto, me parece importante subrayar de entrada que la solicitud de interpretación de la que conoce el Tribunal de Justicia se presenta en un contexto diferente. En efecto, el Reglamento Bruselas I bis, que constituye la base de la cooperación en materia civil, (25) es aplicable en todos los Estados miembros. Este no es el caso del Reglamento 2016/1103, que vincula únicamente a 18 Estados miembros en el marco de una cooperación reforzada. (26) Por consiguiente, las normas relativas a la competencia de los órganos jurisdiccionales y al reconocimiento de las resoluciones, que se basan en el principio de confianza mutua, solo se aplican entre los Estados miembros vinculados por dicho Reglamento. Una concepción amplia del ámbito de aplicación de ese Reglamento tendrá como efecto restringir el del Reglamento Bruselas I bis y no reconocer la competencia exclusiva del órgano jurisdiccional del Estado miembro donde el inmueble en cuestión se halle sito. Por lo tanto, los órganos jurisdiccionales de los Estados no vinculados por el Reglamento 2016/1103 deberán aplicar las normas internas para determinar su competencia internacional y reconocer las resoluciones. En mi opinión, estas consecuencias no deberían influir en la interpretación del concepto de «régimen económico matrimonial». (27) He de añadir, a este respecto, que procede tomar en consideración el hecho de que determinadas normas de competencia son aplicables en situaciones que afectan a Estados no vinculados por el Reglamento 2016/1103 (28) o a terceros Estados, (29) y que las disposiciones relativas a los conflictos de leyes también son aplicables en las relaciones con los Estados no vinculados por el referido Reglamento. (30)
39. En tercer lugar, el capítulo I del Reglamento 2016/1103 comprende los artículos 1 a 3, que se dedican a la delimitación de su ámbito de aplicación y a las definiciones, lo que constituye una diferencia importante con respecto al Convenio sobre la ley aplicable a los regímenes matrimoniales. (31)
40. La doctrina presenta el artículo 1 de dicho Reglamento, que delimita, en el apartado 1, párrafo primero, su ámbito de aplicación ratione materiae relativo a los «regímenes económicos matrimoniales», como determinante para su interpretación, puesto que precisa las materias excluidas de manera exhaustiva. (32) Las materias a las que no se hace referencia en ese artículo se consideran incluidas si están comprendidas en el ámbito de aplicación del citado Reglamento. (33)
41. El artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento 2016/1103 define el «régimen económico matrimonial» como el «conjunto de normas relativas a las relaciones patrimoniales entre los cónyuges y con terceros, como resultado del matrimonio o de su disolución». (34)
42. En cuarto lugar, en el considerando 18 de dicho Reglamento se precisa que:
– «el término “régimen económico matrimonial” debe interpretarse de forma autónoma»;
– «ha de abarcar no solo las normas imperativas para los cónyuges, sino también las normas opcionales que los cónyuges puedan acordar de conformidad con el Derecho aplicable, así como cualesquiera normas por defecto del Derecho aplicable», e
– «incluye no solo las capitulaciones matrimoniales específica y exclusivamente previstas para el matrimonio por determinados ordenamientos jurídicos nacionales, sino también toda relación patrimonial, entre los cónyuges y en sus relaciones con terceros, que resulte directamente del vínculo matrimonial o de su disolución».
43. En quinto lugar, el artículo 3, apartado 1, letra a), y el considerando 18 del Reglamento 2016/1103 se inscriben en la línea de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la exclusión de los regímenes económicos matrimoniales del ámbito de aplicación de los instrumentos europeos en materia civil y mercantil. Comprenden, además, las relaciones de los cónyuges con terceros que resultan directamente del vínculo conyugal o de su disolución.
44. Por consiguiente, procede recordar dicha jurisprudencia para determinar de qué manera, en las circunstancias particulares del litigio principal, puede servir para interpretar el artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento 2016/1103 (B), antes de precisar lo que se desprende del marco establecido por el referido Reglamento, tanto en lo que respecta a su ámbito de aplicación (C) como a los límites que impone en materia de derechos reales en función del objeto de la cuestión que debe tratarse y de la determinación de la ley aplicable (D).
B. Jurisprudencia anterior al artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento 2016/1103
45. El órgano jurisdiccional remitente cita acertadamente dos resoluciones del Tribunal de Justicia que definen el concepto de «régimen económico matrimonial» en el marco de la exclusión del ámbito de aplicación del Convenio de Bruselas, en su artículo 1, párrafo segundo, punto 1, (35) y del Reglamento Bruselas I bis, en su artículo 1, apartado 2, letra a).
46. En la sentencia de Cavel, el Tribunal de Justicia declaró que «el concepto de “regímenes matrimoniales” no solo comprende los regímenes económicos concebidos específica y exclusivamente por determinadas legislaciones nacionales con vistas al matrimonio, sino también todas las relaciones patrimoniales que resultan directamente del vínculo conyugal o de su disolución; que los litigios sobre los bienes de los cónyuges en un proceso de divorcio [ (36)] pueden, por ello, según los casos, afectar o estar estrechamente vinculados: 1) a cuestiones relativas al estado de las personas; 2) a relaciones jurídicas patrimoniales entre cónyuges que resultan directamente del vínculo conyugal o de su disolución; 3) a relaciones jurídicas patrimoniales existentes entre ellos, pero sin relación con el matrimonio[, y] que, si bien los litigios de la última categoría están comprendidos en el ámbito de aplicación del Convenio [de Bruselas], los relativos a las dos primeras deben excluirse de él». (37)
47. En el auto Iliev, el Tribunal de Justicia consideró, aplicando el segundo de estos criterios, que un litigio entre excónyuges relativo a la liquidación de un bien mueble adquirido durante el matrimonio afecta a las relaciones jurídicas patrimoniales que resultan directamente de la disolución del matrimonio y, por lo tanto, no está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I bis. (38)
48. Por lo que respecta a los asuntos que dieron lugar a estas resoluciones, en el primero de ellos las cuestiones patrimoniales sometidas a los órganos jurisdiccionales remitentes estaban relacionadas con el procedimiento de divorcio. En el segundo, el litigio, nacido después del divorcio, se refería al carácter común o no de un vehículo adquirido y matriculado a nombre de la esposa, que debía determinarse con arreglo a las normas específicas del Código de Familia relativas a los bienes adquiridos en común, a efectos de liquidación. (39)
49. Dado que el criterio basado en las relaciones jurídicas patrimoniales entre cónyuges resultantes del matrimonio o de su disolución figura en el artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento 2016/1103, procede preguntarse sobre la aplicación en el presente asunto, por analogía, de la sentencia de Cavel y del auto Iliev.
50. El órgano jurisdiccional remitente ha destacado fundadamente lo que justifica formular reservas.
51. En efecto, en el presente asunto, la situación es diferente por dos motivos. Por una parte, el litigio se refiere a un inmueble cuyo carácter común no guarda relación directa con el régimen económico matrimonial elegido, dado que los cónyuges optaron por el de separación de bienes, el cual, por definición, no organiza ninguna comunidad de bienes. Por otra parte, el régimen jurídico de dicho inmueble es el de la copropiedad legal por cuotas de Derecho común, aplicable a todas las personas casadas o no. (40)
52. He de añadir que, si bien la relación jurídica patrimonial entre los excónyuges que constituye la copropiedad por cuotas nace durante el matrimonio, parece delicado considerar que resulta directamente del vínculo matrimonial debido a la elección de los cónyuges de separar sus patrimonios desde el principio de su unión. (41) En estas circunstancias, ¿las relaciones jurídicas patrimoniales existentes entre ellos no estarían desvinculadas del matrimonio? Tal constatación debería llevar a referirse al tercer criterio enunciado en la sentencia de Cavel, (42) en aplicación del cual el litigio no quedaría excluido de la materia civil y mercantil.
53. Por consiguiente, se solicita al Tribunal de Justicia que dilucide si el hecho de que esta copropiedad por cuotas exista únicamente entre los cónyuges y de que esté necesariamente vinculada a su elección de un régimen económico matrimonial estipulado en capitulaciones matrimoniales, que excluye toda comunidad de bienes, basta para considerar que esta situación está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento 2016/1103.
54. La respuesta a esta cuestión implica determinar en qué medida el legislador de la Unión se ha inspirado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y ha adoptado una concepción amplia del concepto de «régimen económico matrimonial» al definirlo en dicho Reglamento.
C. El concepto de «régimen económico matrimonial» en el marco del Reglamento 2016/1103
55. Diversas razones derivadas de los métodos de interpretación del Tribunal de Justicia justifican que este concepto se entienda de manera extensiva.
1. Sobre el tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento 2016/1103
56. En primer lugar, la definición del concepto de «régimen económico matrimonial» que figura en dicho artículo debe relacionarse con la sentencia de Cavel, en la que se afirma que comprende «todas las relaciones patrimoniales que resultan directamente del vínculo conyugal o de su disolución». (43)Esta exposición se inspira en la expresión que figura en el informe Schlosser, a saber, «derechos patrimoniales que resulten del vínculo conyugal». (44) En el citado informe se precisa que «los derechos recíprocos de los cónyuges que nacen de los regímenes matrimoniales corresponden, en gran medida, a lo que se designa muy bien con la expresión inglesa “rights in property arising out of a matrimonial relationship” (derechos de propiedad derivados de los vínculos matrimoniales)». (45)
57. A este respecto, se mencionan las dificultades planteadas por el concepto de «régimen económico matrimonial» derivadas de que, en el Reino Unido e Irlanda, no existe una institución jurídica comparable. Las relaciones patrimoniales entre cónyuges se rigen, en principio, por el Derecho común. (46)
58. También se observa que el concepto de «regímenes económicos matrimoniales» no se refiere en todos los «Estados miembros originarios» a las mismas relaciones jurídicas. (47) Así, el Sr. Schlosser destacó la existencia de diversos tipos de sistemas no exclusivos, puesto que esos Estados han podido diseñar instituciones jurídicas específicas para las relaciones entre cónyuges, cuya particularidad principal es constituir un régimen patrimonial global, pero no único, el cual puede ser convencional o legal, y que se complementa, en su caso, con normas sobre las relaciones patrimoniales aplicables a todos los cónyuges, con independencia del régimen matrimonial particular adoptado. (48)
59. Estos elementos extraídos del informe Schlosser sobre la diversidad de los sistemas jurídicos, que siguen siendo de actualidad, (49) me parecen esenciales. Lo que saco en conclusión es que la definición del concepto de «régimen económico matrimonial» comprende las relaciones patrimoniales entre cónyuges reguladas por el Derecho común y no solo por un sistema jurídico global.
60. El Tribunal de Justicia aún no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión, ya que se ha pronunciado sobre circunstancias que estaban comprendidas en las disposiciones particulares que regulan las relaciones patrimoniales entre los cónyuges, a saber, bien medidas cautelares durante un procedimiento de divorcio (sentencia de Cavel), bien una controversia sobre el carácter común del bien adquirido durante el matrimonio (auto Iliev). (50)
61. En segundo lugar, ha de señalarse que, si bien el considerando 18 del Reglamento 2016/1103 se refiere a todas las relaciones patrimoniales entre los cónyuges «que result[en] directamente del vínculo matrimonial o de su disolución», (51) este adverbio no figura en la definición del concepto de «régimen económico matrimonial» recogida en el artículo 3, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento.
62. Al igual que Dirk Looschelders, (52) considero que del tenor de esta disposición, análoga en diferentes versiones lingüísticas, (53) debe deducirse que la mera causalidad del matrimonio o de su disolución es un criterio suficiente. Por lo tanto, cabe afirmar que ya no es necesario examinar el carácter directo del vínculo mencionado en la sentencia Cavel y en el auto Iliev. (54)
63. En estas circunstancias, es preciso asegurarse de que una interpretación amplia del concepto de «régimen económico matrimonial» debido al tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento 2016/1103 esté justificada también a la luz de los objetivos perseguidos por el legislador de la Unión, de la estructura de dicho Reglamento y de su contexto.
2. Sobre los objetivos perseguidos por el Reglamento 2016/1103, su estructura y su contexto
64. En primer lugar, el legislador de la Unión ha expresado claramente la intención de adoptar un instrumento que permita eliminar las dificultades a las que se enfrentan las parejas en la administración o en la liquidación de sus bienes, (55) reuniendo en el Reglamento 2016/1103 el conjunto de normas aplicables a los regímenes económicos matrimoniales constituido por las disposiciones en materia de competencia, ley aplicable y reconocimiento o, en su caso, aceptación, fuerza ejecutiva y ejecución de resoluciones, documentos públicos y transacciones judiciales. (56)
65. El Reglamento 2016/1103 se basa en el principio fundamental de unidad: una sola autoridad es en principio competente para pronunciarse sobre el conjunto de las cuestiones relativas a las relaciones patrimoniales de los cónyuges y aplica una ley única (57) elegida por los cónyuges (58) o determinada según los criterios de vinculación objetivos definidos por dicho Reglamento, (59) oponible frente a terceros en determinadas condiciones. (60) Esta ley se aplica al conjunto de sus bienes, con independencia del lugar donde se hallen, (61) y a sus deudas.
66. El objetivo de simplificar la situación jurídica de los cónyuges se manifiesta muy claramente a través de las consecuencias de este principio de unidad en materia de competencia y de ley aplicable.
67. Así, por lo que respecta a la competencia, en particular cuando el litigio tiene por objeto un bien inmueble, la voluntad de preservar la unidad de aquella (62) y de la ley aplicable a la totalidad del patrimonio (63) ha prevalecido sobre las justificaciones de la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que esté sito el inmueble. Esta competencia se concibió en el Reglamento 2016/1103 como subsidiaria, (64) mientras que, en la sentencia de 17 de diciembre de 2015, Komu y otros, (65)que se refiere a la interpretación del artículo 22, punto 1, párrafo primero, del Reglamento n.º 44/2001, (66) el Tribunal de Justicia declaró que una acción de disolución mediante su venta de una copropiedad indivisa entre varias personas sobre bienes inmuebles situados en España, que había sido ejercitada ante un órgano jurisdiccional finlandés por copropietarios residentes en Finlandia, (67) pertenece a la categoría de los litigios en materia de derechos reales inmobiliarios, correspondiente a la competencia exclusiva de los tribunales del Estado miembro en el que está situado el inmueble, (68) atendiendo principalmente a consideraciones de buena administración de la justicia. (69)
68. Por lo que respecta a la ley aplicable a las relaciones patrimoniales de la pareja, la inmutabilidad (70) de dicha ley refuerza el principio de unidad. Además, por lo que se refiere a los bienes inmuebles, debe destacarse la falta de vinculación especial a la ley de situación del inmueble para regular la protección de la vivienda familiar. (71) Como precisa el considerando 53, segunda frase, del Reglamento 2016/1103, las normas relativas a esta vivienda están comprendidas en el ámbito de aplicación del referido Reglamento. (72) Además, no se permite prever la aplicación de leyes diferentes para determinados bienes o según la naturaleza de estos. (73) Por último, desde una perspectiva más general, procede señalar que ese Reglamento no solo comprende las normas imperativas, sino también las normas facultativas y supletorias. (74)
69. Por consiguiente, parece que el concepto de «régimen económico matrimonial» en el sentido del Reglamento 2016/1103 debería abarcar el conjunto de las consecuencias patrimoniales del matrimonio, en la medida en que no estén comprendidas en un régimen específico, como, en particular, el régimen de las obligaciones alimenticias o el de la compensación de los derechos de pensión (75) o incluso de la sucesión del cónyuge fallecido. (76)
70. En segundo lugar, otros argumentos basados en la estructura del Reglamento 2016/1103 respaldan la interpretación según la cual la definición del concepto autónomo de «régimen económico matrimonial» que figura en el artículo 3, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento es deliberadamente amplia. Pueden deducirse de la articulación entre esta definición y el artículo 27 del referido Reglamento, que regula el ámbito de aplicación de la ley aplicable, (77) tanto durante el matrimonio como tras su disolución.
71. Según Peter Mankowski, (78) el artículo 27 del Reglamento 2016/1103 enumera, en una lista positiva y no exhaustiva, lo que debe estar comprendido en todo caso en el régimen económico matrimonial. Añade que ese artículo 27 constituye una consagración clara de un régimen global y del principio de unidad del régimen. El concepto de «régimen económico matrimonial» en el sentido de dicho Reglamento es, por su propia concepción, extremadamente amplio y muy heterogéneo en sí mismo. (79)
72. Precisamente, el artículo 27, letra d), de dicho Reglamento dispone que «las facultades, derechos y obligaciones de cualquiera de los cónyuges o de ambos con respecto al patrimonio» se encuentran sujetas a la Ley aplicable al régimen económico matrimonial. Sara Godechot-Patris y Patrick Wautelet (80) expresan la opinión de que esta disposición se aplica en caso de adquisición de un bien en régimen de copropiedad por cuotas, especialmente cuando esta se rige por un régimen de separación de bienes estipulado en capitulaciones matrimoniales. No comparto esta reserva debido al enfoque impuesto por el Reglamento 2016/1103. En caso de copropiedad por cuotas, las relaciones patrimoniales entre cónyuges que hayan optado por el régimen de separación de bienes, que no se rigen por disposiciones imperativas de la ley del régimen económico matrimonial, no pueden estar sujetas al Derecho común. Si no se tiene en cuenta el hecho de que esta consecuencia es propia de dicho régimen, el ámbito de aplicación del referido Reglamento es limitado.
73. Además, el artículo 27, letra e), de dicho Reglamento establece que la ley aplicable al régimen económico matrimonial regulará «la disolución del régimen económico matrimonial y el reparto, la distribución o la liquidación del patrimonio».
74. Algunos autores sostienen, sobre esta base, que el Reglamento 2016/1103 se aplica a la liquidación de bienes entre cónyuges, con independencia de que se base en las disposiciones de un régimen económico matrimonial especial o en bases generales de Derecho de obligaciones o de derecho real, siempre que exista un vínculo intrínseco con el matrimonio, (81) y que la organización de las relaciones patrimoniales sea suficiente sin que proceda exigir un régimen especial que implique necesariamente una puesta en común entre los cónyuges. (82)
75. Por consiguiente, en lo tocante a la situación en la que los cónyuges se han casado eligiendo un régimen de separación de bienes y han adquirido exclusivamente bienes en régimen de copropiedad por cuotas, del artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento 2016/1103, interpretado en relación con su artículo 27, cabe deducir que la liquidación de esa copropiedad está comprendida en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento y que debe regirse por la ley designada por él, con independencia de que se produzca o no antes de la disolución del matrimonio.
76. En tercer lugar, el contexto en el que se inscribe el objetivo del legislador de la Unión, que consiste en concretar ampliamente el principio de unidad de las normas que regulan las relaciones patrimoniales de las parejas, (83) aboga también en favor de una concepción amplia del concepto de «régimen económico matrimonial». En efecto, debe tenerse en cuenta en cierta medida que el Reglamento 2016/1103 se inscribe en la prolongación del Reglamento n.º 650/2012. El Tribunal de Justicia ha confirmado que el «principio de unidad de las competencias jurisdiccional y legislativa [sirve de base a] dicho Reglamento» en la mayoría de supuestos (84) y que también subyace a la norma prevista en el artículo 4 del citado Reglamento, en la medida en que ese artículo precisa que esta norma determina la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros para pronunciarse «sobre la totalidad de la sucesión». (85) No obstante, como señalan varios autores, (86) la coherencia entre el Reglamento n.º 650/2012 y el Reglamento 2016/1103 está limitada en la práctica, dado que pueden aplicarse dos leyes distintas a las relaciones patrimoniales de la pareja, por una parte, y a la sucesión, por otra parte, debido a las conexiones diferentes previstas por estos Reglamentos. Además, uno de los objetivos del Reglamento n.º 650/2012, que pretende garantizar que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto aplique la ley del foro, no siempre se alcanza en el marco del Reglamento 2016/1103 debido al principio de inmutabilidad de la ley aplicable. (87)
77. Por último, procede subrayar los resultados concretos del principio de unidad en materia de competencia y de ley aplicable, que corroboran el interés de una interpretación amplia del concepto de «régimen económico matrimonial», en situaciones análogas a las del litigio principal. Así pues, cuando unos cónyuges en régimen de separación de bienes son copropietarios por cuotas de varios inmuebles situados en distintos Estados miembros y el litigio tiene por objeto la extinción y liquidación de cada una de estas copropiedades, el hecho de que el Reglamento 2016/1103 regule la designación del órgano jurisdiccional competente y la ley aplicable es de gran interés. (88) Además, cuando se extingue y liquida una copropiedad por cuotas entre cónyuges en régimen de separación de bienes, también pueden plantearse cuestiones relacionadas con las relaciones familiares y patrimoniales, lo que justifica la concentración de la resolución de los litigios. Puede tratarse de posibles cuentas entre los cónyuges, por ejemplo, si un cónyuge ha financiado el bien en una proporción diferente de su cuota definida en el momento de la adquisición del inmueble en condiciones inherentes a la vida en común o de la atribución de la vivienda familiar. (89)
78. Al término de la interpretación del concepto de «régimen económico matrimonial», tal como se define en el artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento 2016/1103, considero que debe englobar la relación patrimonial entre cónyuges en régimen de bienes creada por una copropiedad por cuotas de Derecho común acordada entre ellos.
79. No obstante, la constatación de que, en el Derecho de la Unión, los bienes inmuebles son objeto de disposiciones especiales (90) obliga a subrayar determinados límites que deben tomarse en consideración en cuanto a la interpretación del concepto de «régimen económico matrimonial».
D. Límites en materia de derechos reales
80. Desde un punto de vista metodológico, (91) debido a las exclusiones establecidas en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento 2016/1103, no basta, en mi opinión, con señalar que una copropiedad por cuotas entre cónyuges en régimen de separación de bienes está comprendida, de manera general, en el concepto de «régimen económico matrimonial», tal como se desprende de dicho Reglamento. Según la cuestión que debe resolver el órgano jurisdiccional que conoce del asunto, es preciso asegurarse de que no existen límites relativos al objeto del litigio y a la ley aplicable.
1. Objeto del litigio y relación con la «naturaleza de los derechos reales»
81. Considero que el hecho de que el litigio tenga por objeto una copropiedad por cuotas entre (ex)cónyuges no implica necesariamente que esté comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento 2016/1103, cualesquiera que sean las solicitudes formuladas. (92) En efecto, debido a las estrechas relaciones que existen entre el derecho de las relaciones patrimoniales entre cónyuges y los derechos reales, (93) y en particular en un litigio de este tipo, procede preguntarse sobre el ámbito de aplicación de la exclusión prevista en el artículo 1, apartado 2, letra g), de dicho Reglamento por lo que se refiere a las cuestiones vinculadas a la «naturaleza de los derechos reales sobre un bien».
82. Antes de nada, cabe señalar que, aunque otros reglamentos tratan los derechos reales como un motivo de exclusividad o de exclusión, (94) no se da ninguna definición de los mismos. (95)
83. A continuación, el Tribunal de Justicia definió las acciones que tienen por objeto «derechos reales inmobiliarios» en el sentido del artículo 24, punto 1, del Reglamento Bruselas I bis. Declaró que la competencia exclusiva de los tribunales del Estado miembro en el que se halle el inmueble no abarca la totalidad de las acciones relativas a derechos reales inmobiliarios, sino únicamente aquellas que, a la vez, están comprendidas en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento y se encuentran entre las que tienen por objeto, por una parte, determinar la extensión, la consistencia, la propiedad, la posesión de un bien inmueble o la existencia de otros derechos reales sobre esos bienes y, por otra parte, garantizar a los titulares de esos derechos la protección de las prerrogativas inherentes a su título. (96) El criterio más importante es el de la oponibilidad a terceros de las prerrogativas conferidas por el Derecho. (97)
84. Por último, en lo tocante a la «naturaleza de los derechos reales», que también está prevista como exclusión en el artículo 1, apartado 2, letra k), del Reglamento n.º 650/2012, el Tribunal de Justicia ha declarado que esta disposición se refiere a la cualificación de los bienes y derechos y a la determinación de las prerrogativas del titular de tales derechos (98) y que están comprendidos en el ámbito de aplicación de esta disposición la existencia y el número de los derechos reales en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros (numerus clausus). (99)
85. Además, la correlación de la exclusión establecida en el artículo 1, apartado 2, letra g), del Reglamento 2016/1103 con el artículo 29 de este, (100) titulado «Adaptación de los derechos reales», confirma que estas disposiciones tienen por objeto garantizar la autonomía de los Estados miembros en materia de derechos reales para que no se imponga el reconocimiento de derechos invocados en virtud de una ley extranjera que sean desconocidos.
86. En consecuencia, interpretada a la luz del considerando 24 del Reglamento 2016/1103, la exclusión prevista en su artículo 1, apartado 2, letra g), no es aplicable cuando, por ejemplo, la cuestión se refiere a si el bien adquirido conjuntamente por dos cónyuges en régimen de separación de bienes constituye una copropiedad por cuotas entre ellos. (101) Este es también el caso de la solicitud, como la que es objeto del litigio principal, que tiene por objeto la extinción y la liquidación de la copropiedad por cuotas, dado que lleva a determinar los derechos de cada uno de los cónyuges según la ley aplicable a sus relaciones patrimoniales. (102) Además, cabe deducir del artículo 29 de dicho Reglamento, que se refiere a los derechos reales que se derivan de la relación patrimonial entre los cónyuges, que la constatación de que esos derechos se rigen por disposiciones distintas de las del régimen económico matrimonial en sentido estricto no tiene relevancia. (103) Por último, el mecanismo de adaptación que establece legitima la búsqueda de la función en el régimen económico matrimonial del derecho real invocado.
87. Por lo tanto, considero que tal análisis de los derechos reales forma parte de la definición del concepto de «régimen económico matrimonial» adoptada por el legislador de la Unión. Así pues, resulta que la exclusión de la «naturaleza de los derechos reales» debe interpretarse de manera restrictiva sobre la base de criterios que no imponen al juez que conoce del asunto un nivel de examen de la demanda que vaya más allá de lo que requiere la verificación ab initio de su competencia.
88. Por otra parte, aunque, en el presente asunto, no son aplicables otros límites relativos a la ley aplicable debido al objeto del litigio, me parece que es preciso subrayarlos, dado que ponen de manifiesto el hecho de que determinadas cuestiones que no se refieren a «la naturaleza de los derechos reales» están comprendidas, no obstante, en el ámbito de la ley real y, por lo tanto, están excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento 2016/1103.
2. Objeto del litigio y ámbito de la ley real
89. Cabe mencionar varios límites. Así, Patrick Wautelet expone que las modalidades de adquisición por uno de los cónyuges de un derecho real sobre un bien se rigen tanto por la ley real como por la ley que regula el modo de adquisición del bien. (104) También opina, al igual que otros autores, que la intervención de la ley real podría estar reservada a los actos por los que se ejecuta concretamente la liquidación de los bienes. (105)
90. También debe formularse una reserva en lo que respecta a la ejecución de dicha liquidación, que implicaría la inscripción en un registro. Las formalidades de registro están excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento 2016/1103, en virtud de su artículo 1, apartado 2, letra h). (106)
91. Al término del examen de los diferentes elementos de apreciación del ámbito de aplicación del Reglamento 2016/1103, considero, en esencia, a efectos de la interpretación del concepto de «régimen económico matrimonial», que:
– el principio de unidad en materia de competencia y de ley aplicable se define y concreta en dicho Reglamento con el fin de simplificar el tratamiento de las relaciones patrimoniales entre (ex)cónyuges, debido a las particularidades inherentes a la vida en común que presentan;
– se excluye la fragmentación de los litigios por razón del lugar de situación de los bienes de la pareja;
– la adquisición de un bien en régimen de copropiedad por cuotas únicamente por los cónyuges casados en régimen de separación de bienes se deriva del vínculo matrimonial y, a fortiori, de dicho régimen;
– el hecho de que sea aplicable el Derecho común de bienes es irrelevante, dado que se trata del único marco legal de que disponen los cónyuges en caso de régimen de separación de bienes y su finalidad es organizar la relación patrimonial derivada del matrimonio o de su disolución, o, dicho de otro modo, regular la copropiedad por cuotas de los cónyuges. En el presente asunto, para resolver el litigio, sirve para el reparto del patrimonio entre los cónyuges;
– la cuestión de la extinción y la liquidación de bienes inmuebles que pertenecen en régimen de copropiedad por cuotas a los cónyuges no está comprendida en la exclusión relativa a la «naturaleza de los derechos reales», que tiene un ámbito de aplicación limitado, y
– el artículo 27, letra e), del Reglamento 2016/1103 establece que la ley aplicable al régimen económico matrimonial regulará «la disolución del régimen económico matrimonial y el reparto, la distribución o la liquidación del patrimonio».
Por consiguiente, estas operaciones deben llevarse a cabo sobre la base del artículo 27 del Reglamento 2016/1103, siendo la ley designada en el presente asunto la ley elegida por los cónyuges para su régimen económico matrimonial de separación de bienes.
92. Por último, mediante este enfoque ampliamente integrador, considero que se cumple el requisito de no complicar, estableciendo múltiples criterios, la verificación por parte del juez de su competencia internacional en la fase de interposición de la demanda.
93. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que responda afirmativamente a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente, con la consecuencia de que el órgano jurisdiccional internacionalmente competente sería, por lo tanto, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto en la República Checa.
V. Conclusión
94. A la luz de todas las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Nejvyšší soud (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, República Checa) del siguiente modo:
«Los artículos 1, apartado 1, párrafo primero, y 3, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales,
deben interpretarse en el sentido de que
el procedimiento de extinción y liquidación de un inmueble adquirido en régimen en copropiedad por cuotas durante el matrimonio por los cónyuges que han adoptado, mediante capitulaciones matrimoniales, un régimen de separación de bienes está comprendido en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento.»
1 Lengua original: francés.
i La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2 Reglamento del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales (DO 2016, L 183, p. 1).
3 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas I bis»).
4 Véase el artículo 1, apartado 2, letra g), del Reglamento 2016/1103.
5 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO 2012, L 201, p. 107; corrección de errores en DO 2012, L 344, p. 3; DO 2013, L 60, p. 140, y DO 2019, L 243, p. 9).
6 El Gobierno checo precisa que este régimen se distingue del régimen económico matrimonial de Derecho común. Sobre el hecho de que este, que establece una comunidad de bienes, se aplica a falta de estipulación de un régimen en capitulaciones matrimoniales, véase el comentario al artículo 708 del Código Civil por Zuklínová, M., «§ 708», en Zuklínová, M., et al., Občanský zákoník, Komentář, Svazek II, Wolters Kluwer, Praga, 2023.
7 En la demanda incorporada al expediente remitido al Tribunal de Justicia se precisa que se trata de un conjunto inmobiliario compuesto por un apartamento, un sótano y una habitación. En la petición de decisión prejudicial se designa con el término «inmueble».
8 La escritura de compraventa presentada como anexo a la demanda de SQ no figura en el expediente nacional remitido al Tribunal de Justicia. En la vista se indicó que, en dicha escritura, se recordaba que los cónyuges optaron por el régimen de separación de bienes. Se hace referencia a las normas de Derecho francés aplicables a la extinción de la copropiedad por cuotas, y como excepción a estas, al artículo 1469, párrafo tercero, del Código Civil francés, que regula el cálculo de las recompensas en caso de extinción de un régimen económico matrimonial de comunidad legal de gananciales.
9 De la demanda incorporada al expediente remitido al Tribunal de Justicia se desprende que la solicitud se inscribe en el marco de la disolución de la unión y se justifica por la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre los excónyuges sobre la extinción y liquidación de la copropiedad por cuotas. El recurrente propone que se le adjudique el bien a cambio del pago de una compensación.
10 El órgano jurisdiccional remitente se refiere al artículo 1140, apartado 1, y al artículo 1143 del Código Civil.
11 Según el órgano jurisdiccional remitente, este criterio se desprende de la sentencia de 27 de marzo de 1979, de Cavel (143/78, en lo sucesivo, «sentencia de Cavel», EU:C:1979:83), y del auto de 14 de junio de 2017, Iliev (C‑67/17, en lo sucesivo, «auto Iliev», EU:C:2017:459, apartado 30). Sin embargo, esta última resolución, aunque se inscribe en el marco de la disolución de una unión de hecho, se refiere a una situación diferente de la del litigio principal.
12 Esta disposición solo regula la competencia internacional. El órgano jurisdiccional especialmente competente es designado a continuación por la normativa nacional del Estado miembro de que se trate. Con arreglo al artículo 15 del Reglamento n.º 2016/1103, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto debe comprobar su competencia.
13 En el Derecho checo, la extinción y liquidación de la copropiedad por cuotas se rigen por los artículos 1140 a 1149 del Código Civil. En el Derecho francés, que es la ley de situación del inmueble, la extinción de una copropiedad por cuotas consiste, como recuerda Stéphane David («La liquidation de l’indivision», La Semaine Juridique — Notariale et Immobilière, n.º 30‑34, LexisNexis, París, 26 de julio de 2019, publicación n.º 1259, pp. 43 a 49), en identificar y valorar, por una parte, el patrimonio indiviso, compuesto por elementos del activo y del pasivo, valorados en la fecha más próxima a la liquidación de conformidad con el artículo 829 del Código Civil francés, y, por otra parte, los distintos movimientos de valores que hayan podido producirse entre la copropiedad por cuotas y uno de los copropietarios (por ejemplo, una deuda en caso de disfrute privativo del bien indiviso o de percepción de rentas de ese bien, o un crédito derivado de la gestión o de la mejora de dicho bien), en forma de cuentas de copropiedad por cuotas. Por otra parte, esta extinción debe distinguirse de la del régimen económico matrimonial, que en teoría no está prevista para los cónyuges en régimen de separación de bienes. Sin embargo, en la práctica, con frecuencia se lleva a cabo una liquidación de cuentas entre los cónyuges. Véase Collard, F., «Synthèse — Séparation de biens», JurisClasseur Notarial Formulaire, LexisNexis, París, última actualización el 25 de marzo de 2025, puntos 18 a 27. Véase también el artículo 730 del Código Civil checo sobre el reparto de los ingresos de la actividad ejercida por los cónyuges bajo el régimen de separación de bienes de forma conjunta o por uno de los cónyuges con la ayuda del otro.
14 En Derecho patrimonial de familia, puede existir una situación de copropiedad por cuotas como resultado de una compra conjunta de bienes por parte de cónyuges que no han elegido un régimen económico matrimonial comunitario. También puede ser legal tras la disolución del vínculo matrimonial por divorcio (copropiedad por cuotas poscomunitaria) o por fallecimiento (copropiedad por cuotas hereditaria).
15 El Reglamento 2016/1103 es aplicable entre una parte de los Estados miembros, entre ellos la República Checa, desde el 29 de enero de 2019. Véanse, sobre las disposiciones transitorias y la fecha de inicio de la aplicación de dicho Reglamento, los artículos 69 y 70 y Joubert, N., «La dernière pierre (provisoire?) à l’édifice du droit international privé européen en matière familiale», Revue critique de droit international privé, n.º 1, Dalloz, París, 2017, pp. 1 a 26, punto 10 sobre la referencia a esta fecha para los procedimientos judiciales y el matrimonio.
16 Véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de junio de 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449), apartado 44 y jurisprudencia citada, y de 13 de febrero de 2025, Athenian Brewery y Heineken (C‑393/23, EU:C:2025:85), apartados 41 a 43 y jurisprudencia citada.
17 Véase la nota 8 de las presentes conclusiones.
18 Sobre el criterio de la organización del régimen económico matrimonial, que caracteriza el concepto de «capitulaciones matrimoniales», basado en el tenor del artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento 2016/1103, que tiene por efecto excluir de su ámbito de aplicación los contratos puntuales celebrados entre los cónyuges, véase Ancel, B., «Article 3», en Corneloup, S., et al., Le droit européen des régimes patrimoniaux des couples: commentaire des règlements 2016/1103 et 2016/1104, Société de législation comparée, París, 2018, pp. 34 a 42, en particular punto 7.ii. Véase también Wautelet, P., «Article 3. — Définitions», en Bonomi, A., Wautelet, P., Le droit européen des relations patrimoniales de couple: Commentaire des Règlements (UE) 2016/1103 et 2016/1104, Bruylant, Namur, 2021, pp. 209 a 346, puntos 147 y ss., en particular, puntos 156, 177 y 180.
19 Véanse, en particular, Erbarth, A., «Die Auswirkungen der EuGüVO auf das Internationale Privatrecht und die Internationale Zuständigkeit der Wirkungen der Ehe im Allgemeinen (§§ 1353 ff. BGB)», Neue Zeitschrift für Familienrecht, C. H. Beck, Múnich, 2018, n.º 6, pp. 249 a 253, en particular p. 252, y Looschelders, D., «Art. 1 EuGüVO Anwendungsbereich», en particular punto 1, titulado «Eheliche Güterstände», de la parte II, titulada «Sachlicher Anwendungsbereich», en Münchener Kommentar zum BGB, vol. 12, C. H. Beck, Múnich, 2024, punto 8.
20 Véase el punto 7 de las presentes conclusiones.
21 Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO 2008, L 177, p. 6).
22 Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) (DO 2007, L 199, p. 40).
23 Reglamento (UE) n.º 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (DO 2010, L 343, p. 10), comúnmente denominado «Roma III».
24 C‑558/16, en lo sucesivo, «sentencia Mahnkopf», EU:C:2018:138.
25 Véase la sentencia de 9 de marzo de 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193), apartados 51 a 53.
26 Véase la Decisión (UE) 2016/954 del Consejo, de 9 de junio de 2016, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones relativas a los regímenes económicos de las parejas internacionales, tanto en materia de regímenes económicos matrimoniales como de efectos patrimoniales de las uniones registradas (DO 2016, L 159, p. 16). Los siguientes Estados miembros no participan en ella: el Reino de Dinamarca, la República de Estonia, Irlanda, la República de Letonia, la República de Lituania, Hungría, la República de Polonia, Rumanía y la República Eslovaca. El número de Estados que participan en una cooperación reforzada también es limitado en el marco del Reglamento Roma III, pero no se corresponde con el relativo al Reglamento 2016/1103.
27 Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2017:965), punto 73.
28 Véanse los artículos 10 y 11 del Reglamento 2016/1103 y el considerando 40.
29 Véase, sobre la aplicación erga omnes de las normas de competencia del Reglamento 2016/1103, Bonomi, A., y Wautelet, P., «Introduction», en Bonomi, A., y Wautelet, P., op. cit., pp. 21 a 106, punto 74 y referencia a la sentencia de 1 de marzo de 2005, Owusu (C‑281/02, EU:C:2005:120).
30 Véase el artículo 20 del Reglamento 2016/1103, que consagra la aplicación universal de estas normas.
31 Hecho en La Haya el 14 de marzo de 1978; en lo sucesivo «Convenio de La Haya de 1978». Este Convenio, ratificado por la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos, entró en vigor el 1 de septiembre de 1992. Véase, sobre este Convenio, Niboyet, M.-L., de Geouffre de la Pradelle, G., y Fulli-Lemaire, S., Droit international privé, 8a ed., LGDJ, París, 2023, sección 4 de la parte «Premiers repères», titulada «Rapports de famille patrimoniaux», pp. 126 a 142, en particular puntos 138 y ss., y, para su comparación con el Reglamento 2016/1103, puntos 141 y ss. Sobre las relaciones de este Reglamento con los convenios internacionales existentes, véase su artículo 62. Por último, sobre los antecedentes legislativos de la definición de «régimen económico matrimonial», véase Wautelet, P., «Article 3. — Définitions», op. cit., puntos 59 y ss.
32 Véase Lagarde, P., Bergquist, U., et al., Commentaire des règlements européens sur les régimes matrimoniaux et les partenariats enregistrés, 2a ed., Dalloz, París, 2018, puntos 1.7 y 1.8 (pp. 32 y 33).
33 Véase Lagarde, P., Bergquist, U., et al., op. cit., punto 1.8 (p. 33). Según Andrea Bonomi, «Article 1. — Champ d’application», en Bonomi, A., y Wautelet, P., op. cit., pp. 107 a 201, en particular punto 10, «ces exclusions ne constituent que des limitations négatives du champ d’application du [règlement 2016/1103], celui-ci étant défini en premier lieu par la notion positive de régimes matrimoniaux […] Dès lors, des questions n’entrant pas dans cette notion se trouvent en dehors du champ d’application [de ce règlement] quand bien même elles ne sont pas mentionnées à l’article 1, paragraphe 2, [dudit règlement]» («estas exclusiones únicamente constituyen limitaciones negativas del ámbito de aplicación del [Reglamento 2016/1103], ya que este se define, en primer lugar, mediante el concepto positivo de regímenes económicos matrimoniales […] Por lo tanto, las cuestiones que no están incluidas en este concepto no están comprendidas en el ámbito de aplicación [de dicho Reglamento] aun cuando no se mencionen en el artículo 1, apartado 2, [del citado Reglamento]») (traducción libre). Véase, a título ilustrativo, Wautelet, P., «Article 3. — Définitions», op. cit., sobre las relaciones entre los cónyuges y las personas jurídicas, puntos 132 a 139.
34 El subrayado es mío. Según Patrick Wautelet, «Article 3. — Définitions», op. cit., punto 80, dicho término «normas», que también figura en el considerando 18 del Reglamento 2016/1103, no refleja una voluntad de adoptar una definición, que se diferenciaría del enfoque habitual en Derecho internacional privado si no fuera funcional [véanse, sobre el referido método, que consiste en «examiner quelle est la fonction et les objectifs poursuivis par une institution ou un mécanisme mis en place par une loi nationale» («examinar cuáles son la función y los objetivos perseguidos por una institución o un mecanismo establecido por una ley nacional») (traducción libre), ibidem, puntos 78 y 79]. Véase, a título comparativo, el artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 650/2012. Desde mi punto de vista, deben extraerse enseñanzas de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al ámbito de aplicación del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968 (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186), en su versión modificada por los sucesivos convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros a dicho Convenio (DO 1998, C 27, p. 1) (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»), y de los Reglamentos que lo sucedieron, en lo que respecta a las cuestiones relativas al régimen económico matrimonial. De ello se desprende que el Tribunal de Justicia ha examinado la naturaleza de las relaciones jurídicas patrimoniales entre las partes del litigio o el objeto de este en relación o no con el matrimonio. Véanse las sentencias de Cavel (apartado 7) y de 31 de marzo de 1982, W. (25/81, EU:C:1982:116), apartados 7 y 8, así como el auto Iliev (apartado 30). El Tribunal de Justicia también se pronunció teniendo en cuenta la finalidad de la decisión o de la norma en cuestión (véanse, respectivamente, las sentencias de 27 de febrero de 1997, van den Boogaard, C‑220/95, EU:C:1997:91, apartado 22, y Mahnkopf, apartado 40). En el presente asunto, procede examinar, en la situación jurídica particular de una copropiedad por cuotas entre cónyuges, si, según la finalidad del derecho invocado, el litigio está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento 2016/1103 o si está excluido de él debido a una de las categorías de derechos enumeradas en el artículo 1 del referido Reglamento.
35 En la medida en que el Reglamento Bruselas I bis ha derogado y sustituido al Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), que, a su vez, sustituyó al Convenio de Bruselas, la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en lo que respecta a las disposiciones de estos últimos instrumentos jurídicos sigue siendo válida para la interpretación del Reglamento Bruselas I bis cuando esas disposiciones puedan calificarse de «equivalentes» a las de este último Reglamento. Véase, en particular, la sentencia de 16 de mayo de 2024, Toplofikatsia Sofia (Concepto de domicilio del demandado) (C‑222/23, EU:C:2024:405), apartado 49 y jurisprudencia citada.
36 En el asunto que dio lugar a esa sentencia, el litigio tenía por objeto la regulación provisional de las relaciones jurídicas patrimoniales entre cónyuges que se imponía en ese procedimiento en curso. Véase la sentencia de Cavel (apartado 7, párrafo primero).
37 Sentencia de Cavel (apartado 7, párrafos segundo a cuarto).
38 Véase el auto Iliev (apartado 30). A este respecto, Dirk Looschelders, «Internationale Zuständigkeit für die Auseinandersetzung von Miteigentum bei ehegüterrechtlichem Bezug», Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts, Gieseking, Bielefeld, 2018, n.º 6, pp. 591 a 594, en particular pp. 593 y 594, precisa que la disolución del matrimonio en Derecho búlgaro, aplicable en el aquel asunto, solo implicaba directamente el nacimiento de una copropiedad y que el litigio relativo a la liquidación de esta no sería más que una consecuencia indirecta del divorcio. De ello deduce que el hecho de que el nacimiento de esa copropiedad entre los excónyuges dependa de aspectos relativos al régimen económico matrimonial no es más que una mera cuestión previa que no se opone a la aplicación del Reglamento Bruselas I bis. No obstante, considera que, desde el punto de vista del Derecho de la Unión, lo único importante es si la liquidación de la copropiedad está motivada por la disolución del matrimonio o si no tiene relación alguna con él y que el hecho de que dicha liquidación esté comprendido en el ámbito del Derecho patrimonial no se opone a una calificación en materia de régimen económico matrimonial. En efecto, esta observación puede deducirse de la constatación de que la respuesta del Tribunal de Justicia a las cuestiones sobre la partición del bien se centra en la liquidación de este (véase el auto Iliev, apartados 19 y 22).
39 Véase el auto Iliev (apartado 15, en relación con los apartados 10 y 11, así como apartado 22).
40 Véase, para reservas formuladas en el mismo sentido, Farnoux, E., «Improbable retour en grâce de la théorie générale des conflits de juridictions: naissance d’une règle de compétence purement internationale s’agissant d’une action en partage d’un bien immobilier situé en France», Revue critique de droit international privé, n.º 1, Dalloz, París, 2021, pp. 106 a 127, en particular pp. 125 y 126.
41 En la vista se sostuvo incluso que el proyecto de adquisición del bien en copropiedad por cuotas nació antes del matrimonio y se realizó poco tiempo después de la elección del régimen económico matrimonial.
42 Véanse la sentencia de Cavel (apartado 7, párrafo tercero) y el punto 46 de las presentes conclusiones.
43 Véase la sentencia de Cavel (apartado 7, párrafo segundo). En el apartado 7, párrafo tercero, de dicha sentencia se alude a los litigios que se refieren o están estrechamente relacionados con «relaciones jurídicas patrimoniales entre cónyuges que resultan directamente del vínculo conyugal o de su disolución» (el subrayado es mío).
44 Véase el Informe Schlosser sobre el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, así como al Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia (DO 1979, C 59, p. 71; texto en español en DO 1990, C 189, p. 184), en lo sucesivo, «Informe Schlosser», apartado 50. Véase, sobre el vínculo con este informe, Farnoux, E., op. cit., p. 125.
45 Informe Schlosser (apartado 50).
46 Véase el informe Schlosser (apartado 43).
47 Ibidem (apartado 43).
48 Ibidem (apartados 45 y 46).
49 Véase Wautelet, P., «Article 3. — Définitions», op. cit., punto 64.
50 Véase el punto 48 de las presentes conclusiones.
51 El subrayado es mío. Cabe recordar que los criterios establecidos en la sentencia Cavel (apartado 7) se enuncian de la siguiente manera: un litigio que se refiera o esté estrechamente relacionado con relaciones jurídicas patrimoniales que resulten directamente del vínculo matrimonial o de la disolución del matrimonio.
52 Véase Looschelders, D., «Art. 1 EuGüVO Anwendungsbereich», op. cit., punto 10. Según dicho autor, el hecho de que este criterio figure únicamente en un considerando aboga por una interpretación según la cual el carácter directo no es un criterio central en la definición del concepto de «régimen económico matrimonial».
53 Véanse las versiones española («como resultado»), alemana («aufgrund»), inglesa («as a result»), italiana («in conseguenza») y polaca («wynikających»), que he podido comprobar.
54 Véase el punto 47 de las presentes conclusiones.
55 Véase el considerando 8 del Reglamento 2016/1103.
56 Véanse los considerandos 15 y 16 del Reglamento 2016/1103.
57 Véanse los artículos 21 y 27 y el considerando 52 del Reglamento 2016/1103.
58 Véase el artículo 22 del Reglamento 2016/1103.
59 Véase el artículo 26 del Reglamento 2016/1103.
60 Véanse el artículo 28 y el considerando 52 del Reglamento 2016/1103.
61 Véase el artículo 21 del Reglamento 2016/1103.
62 Véanse también, en caso de procedimiento pendiente relativo a la sucesión de un cónyuge o al vínculo matrimonial, respectivamente, los considerandos 33 y 34 del Reglamento 2016/1103.
63 Véase Looschelders, D., «Internationale Zuständigkeit für die Auseinandersetzung von Miteigentum bei ehegüterrechtlichem Bezug», op. cit., en particular pp. 591 y 594.
64 Véase el artículo 10 del Reglamento 2016/1103.
65 C‑605/14, en lo sucesivo, «sentencia Komu y otros», EU:C:2015:833.
66 Este artículo dispone que son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio, en materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, los tribunales del Estado miembro donde el inmueble se hallare sito. Esta disposición fue reproducida en el artículo 24, punto 1, párrafo primero, del Reglamento Bruselas I bis. Sobre su interpretación, véase el punto 83 de las presentes conclusiones.
67 Véase la sentencia Komu y otros (apartados 13 a 15).
68 Véase la sentencia Komu y otros(Apartado 28).
69 Véase la sentencia Komu y otros(apartado 30).
70 Véase el artículo 26 del Reglamento 2016/1103, que se refiere a la primera residencia común habitual.
71 Véase, a este respecto, Chikoc Barreda, N., «Entre la lex causae et les lois de police de la lex fori: quelle alternative pour la protection du logement familial dans le règlement “régimes matrimoniaux”?», European Review of Private Law, n.º 3, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2019, pp. 583 a 615, en particular punto 4. Esta autora destaca (punto 5) la diferencia con el Convenio de La Haya de 1978, mientras que, a falta de elección de ley, el artículo 26 del Reglamento 2016/1103 prevé la vinculación a la ley del Estado de la primera residencia común habitual de los cónyuges tras el matrimonio, lo que no deja de plantear inconvenientes en caso de movilidad de las parejas casadas (punto 6).
72 Véase también Erbarth, A., op. cit., p. 252.
73 Véanse el artículo 21 y el considerando 43 del Reglamento 2016/1103. Sobre la diferencia con el Convenio de La Haya de 1978 y sobre la elección idéntica en el Reglamento n.º 650/2012, véase Wautelet, P., «Article 22. — Choix de la loi applicable», en Bonomi, A., y Wautelet, P., op. cit., pp. 577 a 676, puntos 79 y 81.
74 Véase el considerando 18 del Reglamento 2016/1103. Nathalie Joubert, op. cit., punto 16, subraya que la inclusión del régimen primario permite unificar la ley aplicable al conjunto de las relaciones patrimoniales de la pareja, incluso en los casos en que la ley designada ignore los propios conceptos de «régimen económico matrimonial» y de «régimen primario», lo que constituye una diferencia importante con el Convenio de La Haya de 1978. Por otra parte, procede subrayar que tal régimen primario se aplica a todos los cónyuges, cualquiera que sea el régimen económico matrimonial, incluido el de separación de bienes.
75 Estas cuestiones quedan excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento 2016/1103 [véase el artículo 1, apartado 2, letras c) y f), de dicho Reglamento]. Según Johannes Weber, «Die Europäischen Güterrechtsverordnungen: Eine erste Annäherung», Deutsche Notar-Zeitschrift, 2016, n.º 9, pp. 659 a 697, en particular p. 665, «el régimen económico matrimonial adquiere así una función de recuperación como norma general del Derecho internacional de los bienes familiares» (traducción libre).
76 Véanse el artículo 1, apartado 2, letra d), del Reglamento 2016/1103 y la sentencia Mahnkopf (apartado 41). Véase también la nota 85 de las presentes conclusiones.
77 Véanse Bonomi, A., «Article 1. — Champ d’application», op. cit., punto 3; Wautelet, P., «Article 27. — Portée de la loi applicable», en Bonomi, A., y Wautelet, P., op. cit., pp. 845 a 915, punto 6; Lagarde, P., Bergquist, U., et al., op. cit., punto 3.2 (p. 40); Gallant, E., «Union européenne. — Règlements n.º 2016/1103 et 2016/1104 sur les régimes matrimoniaux et les régimes partenariaux», JurisClasseur Procédure civile, LexisNexis, París, 17 de junio de 2021, fascículo 3000-80, punto 43, y Weber, J., op. cit., p. 665. Véanse, en el mismo sentido, las conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2017:965), punto 76, y, sobre el criterio de la liquidación del patrimonio entre los cónyuges, punto 91.
78 Véase Mankowski, P., «Verschiebungen bei der Qualifikation vermögensrechtlicher Beziehungen zwischen den Ehegatten durch die EuGüVO», Neue Zeitschrift für Familienrecht, C. H. Beck, Múnich, 2021, n.º 17, pp. 757 a 764, en particular p. 758.
79 En el mismo sentido, sobre el régimen de copropiedad por cuotas entre cónyuges en régimen de separación de bienes para cuestiones relativas, por ejemplo, a las deudas de la copropiedad por cuotas o a la indemnización de un copropietario, véase Wautelet, P., «Article 27. — Portée de la loi applicable», op. cit., punto 67.
80 Véase Godechot-Patris, S., «Réglementation depuis le 29 janvier 2019», JurisClasseur Notarial Formulaire, LexisNexis, París, 15 de septiembre de 2023, fascículo 320, punto 111, y Wautelet, P., «Article 27. — Portée de la loi applicable», op. cit., punto 74. Por lo que respecta al régimen de Derecho común de una copropiedad por cuotas, expresan sus dudas, refiriéndose a la ley de la situación del bien. Sobre la preconización de un enfoque caso por caso, véase Wautelet, P., «Article 1. — Champ d’application», en Bonomi, A., y Wautelet, P., op. cit., puntos 176 y 177.
81 Véase Hausmann, R., Internationales und Europäisches Familienrecht, 3a ed., C. H. Beck, Múnich, 2024, punto 355. Véase también Godechot-Patris, S., «Compétence juridictionnelle en matière d’action en partage d’un immeuble situé en France», Revue Juridique Personnes et Famille, n.º 5, Lamy, París, 2020. Véase, además, el punto 86 de las presentes conclusiones sobre la relación que puede establecerse con el artículo 29 del Reglamento 2016/1103. Por consiguiente, a falta de vínculo conyugal, la disolución de la copropiedad estaría comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I bis. Véase, por último, el punto 68 de las presentes conclusiones, relativo a la vivienda familiar.
82 Véase Mankowski, P., op. cit., p. 758. Este autor precisa, no obstante, que la existencia de una deuda pecuniaria de un cónyuge frente al otro no basta por sí sola para una calificación matrimonial, si dicha deuda no guarda relación alguna con el régimen económico matrimonial.
83 Para las parejas no casadas, véase el Reglamento (UE) 2016/1104 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas (DO 2016, L 183, p. 30).
84 Sentencia de 7 de abril de 2022, V A y Z A (Competencia subsidiaria en materia de sucesiones mortis causa) (C‑645/20, EU:C:2022:267), apartado 21, en relación con los apartados 37, 38, 44 y 45. El Tribunal de Justicia ha decidido que de este principio se desprende que está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento n.º 650/2012 una norma nacional cuya finalidad principal es determinar el quantum de la parte alícuota de la herencia que debe atribuirse al cónyuge supérstite con respecto a los otros herederos y no el reparto de bienes patrimoniales entre los cónyuges. Véase la sentencia Mahnkopf (apartado 40). De ello deduzco que, en virtud de dicho principio, la liquidación de un bien hereditario en régimen de copropiedad por cuotas entre un cónyuge supérstite y los herederos del cónyuge fallecido también debería regirse por el Reglamento n.º 650/2012. Véanse Lardeux, G., «De certaines hypothèses délicates du droit international privé des immeubles», Journal du droit international (Clunet), LexisNexis, París, n.º 4, 2021, pp. 1259 a 1275, nota 28, y Péroz, H., y Fongaro, É, «Mai 2019-mai 2020: le droit international privé n’est pas près d’être confiné», Droit et Patrimoine, n.º 304, Lamy, París, 2020, en particular parte III, relativa a las «[o]bligaciones y bienes».
85 Véase la sentencia de 26 de marzo de 2026, Isergartler (C‑618/24, EU:C:2026:251), apartado 43 y jurisprudencia citada. El Tribunal de Justicia motivó su resolución refiriéndose al «principio de unidad de la sucesión, consagrado específicamente en el artículo 23, apartado 1, del Reglamento n.º 650/2012, que precisa que la ley aplicable en virtud de ese Reglamento regirá “la totalidad de la sucesión”» (el subrayado es mío). Sobre esta relación entre la ley aplicable y la competencia, véase Peroz, H., y Fongaro, É, op. cit. Hélène Peroz señala que el reparto sucesorio solo se contempla en el artículo 23, apartado 2, letra j), del Reglamento n.º 650/2012, que se refiere al alcance de la ley aplicable y no a las normas de competencia de los tribunales. No obstante, considera que, si el citado Reglamento se aplica a la ley aplicable al reparto sucesorio, es que, a fortiori, las normas de competencia previstas en dicho Reglamento se aplican a esta materia. Sobre la analogía con el artículo 23, apartado 2, letras e) y j), del mismo Reglamento, véase también Looschelders, D., «Internationale Zuständigkeit für die Auseinandersetzung von Miteigentum bei ehegüterrechtlichem Bezug», op. cit., p. 594.
86 Véanse Bonomi, A., y Wautelet, P., «Introduction», op. cit., punto 38, y Bonomi, A., «Article 21. — Unité de la loi applicable», en Bonomi, A., y Wautelet, P., op. cit., punto 5.
87 Véase Bonomi, A., y Wautelet, P., «Introduction», op. cit., puntos 43 y 60.
88 Véase el artículo 21 del Reglamento 2016/1103, que no contiene ninguna restricción en cuanto a la naturaleza y a la localización de los bienes.
89 Me parece que se puede establecer un paralelismo con los criterios de liquidación de una comunidad de bienes con arreglo al Derecho checo. Véase la información facilitada con arreglo al artículo 63 del Reglamento 2016/1103, disponible en: https://e-justice.europa.eu/topics/family-matters-inheritance/property-marriage-civil-partnerships/matrimonial-property-regimes/cz_es.Véase también, sobre la normativa checa relativa a la extinción del régimen de separación de bienes, Zuklínová, M., «§ 729», en Zuklínová, M., et al., op. cit., en particular el apartado III, relativo a los derechos y obligaciones comunes de los cónyuges en el régimen de separación de bienes.Véase, para una síntesis del Derecho francés, en particular sobre la extinción del régimen económico matrimonial de separación de bienes y de los bienes indivisos, Collard, F., op. cit., puntos 18 y ss. Patrick Wautelet señaló que la existencia de una copropiedad por cuotas genera, cuando reúne a los (ex)cónyuges, cuestiones concretas que encuentran respuesta en el Derecho particular de las relaciones patrimoniales de pareja («Article 1. — Champd’application», op. cit., punto 176, y «Article 27. — Portée de la loiapplicable», op. cit., punto 67).
90 Véanse, en particular, el artículo 24, punto 1, del Reglamento Bruselas I bis y el artículo 1, apartado 2, letras g) y h), del Reglamento 2016/1103.
91 Véanse el punto 40 y la nota 34 de las presentes conclusiones.
92 En el mismo sentido, véase Wautelet, P., «Article 1. — Champ d’application», op. cit., punto 130, que sugiere tener en cuenta los diversos vínculos e interacciones entre la ley real, por una parte, y la ley aplicable a las relaciones patrimoniales de pareja, por otra, para medir con precisión el alcance de la exclusión establecida en el artículo 1, apartado 2, letra g), del Reglamento 2016/1103.
93 Véase Wautelet, P., «Article 1. — Champ d’application», op. cit., puntos 129 y 181. En el punto 129, señala que «les questions de propriété et d’appropriation sont centrales et structurent le droit des relations patrimoniales» («las cuestiones de propiedad y apropiación son centrales y estructuran el derecho de las relaciones patrimoniales») (traducción libre) y, en los puntos 173 y 177, que la copropiedad por cuotas es objeto de normas que constituyen una parte importante del estatuto real, lo que, sin embargo, no excluye ipso facto la aplicación del Reglamento 2016/1103.
94 Véanse el artículo 24, punto 1, del Reglamento Bruselas I bis y el artículo 1, apartado 2, letra k), del Reglamento n.º 650/2012.
95 Sobre la dificultad que entraña, en algunos casos, determinar si un derecho pertenece a la categoría de los derechos reales contemplados en el artículo 29 del Reglamento 2016/1103, véanse Wautelet, P., «Article 29. — Adaptation des droits réels», en Bonomi, A., y Wautelet, P., op. cit., pp. 993 a 1023, punto 23.
96 Véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de mayo de 1994, Webb (C‑294/92, EU:C:1994:193), apartado 14, y Komu y otros (apartado 26 y jurisprudencia citada). Véase también la sentencia de 10 de julio de 2019, Reitbauer y otros (C‑722/17, EU:C:2019:577), apartado 45.
97 Véanse el informe Schlosser (apartado 166) y las sentencias de 10 de enero de 1990, Reichert y Kockler (C‑115/88, EU:C:1990:3), apartado 12, y de 10 de julio de 2019, Reitbauer y otros (C‑722/17, EU:C:2019:577), apartado 48.
98 Véase la sentencia de 12 de octubre de 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755), apartado 47. El Tribunal de Justicia dedujo esta definición de la exposición de motivos de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo [COM(2009) 154 final], p. 5. En la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales [COM(2016) 106 final], se precisa, en relación con el artículo 1, que este «Reglamento no afecta a la naturaleza de los derechos reales sobre un bien, a la clasificación de los bienes y derechos ni a la determinación de las prerrogativas del titular de tales derechos», punto 5.1 (p. 7).
99 Véase la sentencia de 12 de octubre de 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755), apartado 48. El Tribunal de Justicia se basa en las explicaciones proporcionadas en el considerando 15 del Reglamento n.º 650/2012, que figuran en los mismos términos en el considerando 24 del Reglamento 2016/1103.
100 Pueden encontrarse disposiciones análogas en el artículo 31 del Reglamento n.º 650/2012, cuyo ámbito de aplicación fue definido por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 12 de octubre de 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755), apartado 63, como limitado al contenido de los derechos reales y a su recepción en el ordenamiento jurídico del Estado miembro en el que se invocan. Este artículo no puede aplicarse cuando el derecho real transmitido por un legado vindicatorio es un derecho de propiedad y el Estado miembro que debe reconocer sus efectos conoce tal derecho (apartados 64 y 65 de dicha sentencia).
101 Véase Wautelet, P., «Article 1. — Champ d’application», op. cit., punto 174 y caso 14.
102 Véase el considerando 52 del Reglamento 2016/1103. Véase también Wautelet, P., «Article 1. — Champ d’application», op. cit., puntos 176 y 177.
103 Véase Wautelet, P., «Article 29. — Adaptation des droits réels», op. cit., punto 26. Véase también, sobre el principio, para las cuestiones relativas al cese de la copropiedad por cuotas entre cónyuges, de una lectura conjunta de los artículos 27 y 29 del Reglamento 2016/1103, pero que quedaría por matizar en caso de que no se distinga entre la ley del régimen económico matrimonial y el régimen de la copropiedad por cuotas de Derecho común, Godechot-Patris, S., «Article 27», en Corneloup, S., et al., op. cit., pp. 267 a 281, en particular punto 39.
104 Véase Wautelet, P., «Article 1. — Champ d’application», op. cit., puntos 131 a 133.
105 Ibidem, punto 179. Véase también Looschelders, D., «Art. 1 EuGüVO Anwendungsbereich», op. cit., 2024, punto 11.
106 Véanse los considerandos 27 y 28 del Reglamento 2016/1103. Además, en materia de ejecución de resoluciones judiciales, solo son competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del lugar de ejecución. Véase el artículo 24, punto 5, del Reglamento Bruselas I bis. En la sentencia de 26 de marzo de 1992, Reichert y Kockler (C‑261/90, EU:C:1992:149), apartados 26 y 27, que se basa en el informe del Sr. P. Jenard sobre el Convenio de Bruselas (DO 1979, C 59, p. 1; texto en español en DO 1990, C 189, p. 122), se exige un estrecho vínculo con el «recurso a la fuerza, al apremio o a la desposesión de bienes muebles e inmuebles para garantizar la efectividad material de las resoluciones, de los actos».