SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 9 de octubre de 2025 ( *1 )
«Procedimiento prejudicial — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Ámbito de aplicación — Artículo 25 — Acuerdo atributivo de competencia — Partes de un contrato establecidas en un mismo tercer Estado — Atribución de la competencia de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro para conocer de los litigios derivados de dicho contrato — Elemento de extranjería — Consecuencias de la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea»
En el asunto C‑540/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Handelsgericht Wien (Tribunal de lo Mercantil de Viena, Austria), mediante resolución de 1 de agosto de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de agosto de 2024, en el procedimiento entre
Cabris Investments Ltd
y
Revetas Capital Advisors LLP,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. F. Biltgen (Ponente), Presidente de Sala, el Sr. T. von Danwitz, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Primera, y la Sra. I. Ziemele y los Sres. A. Kumin y S. Gervasoni, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
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en nombre de Revetas Capital Advisors LLP, por la Sra. B. Knötzl y el Sr. B. Ortner, Rechtsanwälte; |
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en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. S. Noë y la Sra. J. Vondung, en calidad de agentes; |
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
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1 |
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 50 TUE, apartado 3, de los artículos 25 y 68 a 70 del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas I bis»), y de los artículos 17, 18, 55, 56 y 66 del Convenio, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la Competencia Judicial y a la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por los sucesivos convenios relativos a la adhesión de los nuevos Estados miembros a dicho Convenio (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»). |
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2 |
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Cabris Investments Ltd y Revetas Capital Advisors LLP, sociedades de Derecho inglés, en relación con una demanda de reclamación de cantidad en cumplimiento de una obligación contractual presentada por la primera sociedad contra la segunda ante un órgano jurisdiccional austriaco. |
Marco jurídico
Tratado UE
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3 |
El artículo 50 TUE, apartado 3, establece lo siguiente: «Los Tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación a que se refiere el apartado 2, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.» |
Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica
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4 |
El artículo 126 del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO 2020, L 29, p. 7; en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada»), adoptado el 17 de octubre de 2019 y que entró en vigor el 1 de febrero de 2020, aprobado en nombre de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA) mediante la Decisión (UE) 2020/135 del Consejo, de 30 de enero de 2020 (DO 2020, L 29, p. 1), enuncia: «Se establece un período transitorio o de ejecución, que comenzará en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y finalizará el 31 de diciembre de 2020.» |
Convenio de Bruselas
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5 |
El artículo 17 del Convenio de Bruselas dispone lo siguiente: «Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviere su domicilio en un Estado contratante, hubieren acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado contratante fueren competentes para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiere surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán los únicos competentes. […]» |
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6 |
El artículo 18 de dicho Convenio tiene el siguiente tenor: «Con independencia de los casos en los que su competencia resultare de otras disposiciones del presente Convenio, será competente el tribunal de un Estado contratante ante el que compareciere el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tuviere por objeto impugnar la competencia o si existiere otra jurisdicción exclusivamente competente en virtud del artículo 16.» |
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7 |
El artículo 55 de este Convenio establece: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 54, y en el artículo 56, el presente Convenio sustituirá, entre los Estados que son partes del mismo, a los convenios celebrados entre dos o más de estos Estados, a saber: […]
[…]». |
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8 |
El artículo 56 del mismo Convenio dispone: «El Tratado y los Convenios mencionados en el artículo 55 continuarán surtiendo sus efectos en las materias a las que no se aplicare el presente Convenio. Dicho Tratado y dichos Convenios continuarán surtiendo sus efectos en lo relativo a las resoluciones dictadas y los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados antes de la entrada en vigor del presente Convenio.» |
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9 |
El artículo 66 del Convenio de Bruselas está redactado en los siguientes términos: «El presente Convenio tendrá una duración ilimitada.» |
Reglamento Bruselas I
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10 |
El Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas I»), entró en vigor el 1 de marzo de 2002 y sustituyó, entre los Estados miembros, al Convenio de Bruselas. A su vez, fue derogado y sustituido, con efectos a partir del 10 de enero de 2015, por el Reglamento Bruselas I bis. |
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11 |
El artículo 23, apartado 1, del Reglamento Bruselas I era del siguiente tenor: «Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviere su domicilio en un Estado miembro, hubieren acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado miembro fueren competentes para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiere surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán competentes. […]» |
Reglamento Bruselas I bis
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12 |
Los considerandos 3, 13, 14, 15, 19 y 21 del Reglamento Bruselas I bis enuncian:
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13 |
El artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento está redactado en los siguientes términos: «Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.» |
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14 |
El artículo 6, apartado 1, del citado Reglamento preceptúa: «Si el demandado no está domiciliado en un Estado miembro, la competencia judicial se regirá, en cada Estado miembro, por la legislación de ese Estado miembro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1, el artículo 21, apartado 2, y los artículos 24 y 25.» |
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15 |
El artículo 25, apartado 1, del mismo Reglamento, incluido en el capítulo II, sección 7, titulada «Prórroga de la competencia», establece: «Si las partes, con independencia de su domicilio, han acordado que un órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro sean competentes para conocer de cualquier litigio que haya surgido o que pueda surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal órgano jurisdiccional o tales órganos jurisdiccionales serán competentes, a menos que el acuerdo sea nulo de pleno derecho en cuanto a su validez material según el Derecho de dicho Estado miembro. Esta competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes. […]» |
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16 |
A tenor del artículo 31, apartado 2, del Reglamento Bruselas I bis: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26, si se presenta una demanda ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que tenga competencia exclusiva en virtud de un acuerdo contemplado en el artículo 25, cualquier órgano jurisdiccional de otro Estado miembro suspenderá el procedimiento hasta que el órgano jurisdiccional ante el que se presentó la demanda en virtud del acuerdo de que se trate se declare incompetente con arreglo al acuerdo.» |
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17 |
El capítulo VII de este Reglamento, titulado «Relación con otros instrumentos», comprende, en particular, los artículos 68 a 70. El artículo 68 de ese Reglamento tiene el siguiente tenor: «1. El presente Reglamento sustituirá, entre los Estados miembros, a las disposiciones del [Convenio de Bruselas], salvo en lo que respecta a los territorios de los Estados miembros comprendidos en el ámbito de aplicación territorial de dicho Convenio y que están excluidos del presente Reglamento en virtud del artículo 355 [TFUE]. 2. En la medida en que el presente Reglamento sustituye para los Estados miembros a las disposiciones del [Convenio de Bruselas], se entenderá que toda remisión a dicho Convenio se refiere al presente Reglamento.» |
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18 |
El artículo 69 del mencionado Reglamento dispone: «Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 70 y 71, el presente Reglamento sustituirá, para los Estados miembros, a los Convenios que regulan las mismas materias a las que se aplica el presente Reglamento. En particular, son sustituidos por el presente Reglamento los Convenios incluidos en la lista elaborada por la Comisión [Europea] en virtud del artículo 76, apartado 1, letra c), y el artículo 76, apartado 2.» |
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19 |
El artículo 70, apartado 1, del mismo Reglamento está redactado en los siguientes términos: «Los Convenios mencionados en el artículo 69 continuarán surtiendo sus efectos en las materias a las que no se aplica el presente Reglamento.» |
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20 |
En virtud del artículo 76, apartado 2, del Reglamento Bruselas I bis, la Comisión elaborará una lista de los convenios contemplados en el artículo 69 de dicho Reglamento a partir de la información comunicada por los Estados miembros con arreglo a su artículo 76, apartado 1, letra c). De conformidad con el artículo 76, apartado 4, de ese Reglamento, la Comisión publicará las listas y cualquier modificación posterior de estas en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
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21 |
A partir de las notificaciones previstas en el artículo 76 del mismo Reglamento, la Comisión elaboró y publicó tres listas (DO 2015, C 4, p. 2), la tercera de las cuales (en lo sucesivo, «lista 3») tiene el siguiente tenor: «Convenios a los que se hace referencia en el artículo 69:
[…]
[…]
[…]
[…]». |
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
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22 |
El 6 de mayo de 2020, Cabris Investments y Revetas Capital Advisors, sociedades establecidas en el Reino Unido, celebraron un contrato de asesoramiento, al que se adjuntó una carta de acompañamiento, en los que figuraba una cláusula atributiva de competencia (en lo sucesivo, «cláusula atributiva de competencia controvertida»), redactada en los siguientes términos: «El presente contrato y la relación entre las partes se regirán e interpretarán de conformidad con la legislación austriaca. El Handelsgericht Wien [(Tribunal de lo Mercantil de Viena, Austria)] tendrá competencia exclusiva para conocer de cualquier controversia derivada o relacionada con el presente contrato o con su ejecución o validez.» |
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23 |
El 30 de junio de 2023, Cabris Investments presentó ante el Handelsgericht Wien (Tribunal de lo Mercantil de Viena), que es el órgano jurisdiccional remitente, una demanda en la que solicitaba que se condenara a Revetas Capital Advisors a abonarle la cantidad de 360000 euros, más los intereses de demora, en cumplimiento de una obligación contractual de pago derivada de dicho contrato y relacionada con el ejercicio de una función de director financiero. |
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24 |
De la resolución de remisión se desprende que, a excepción de la cláusula atributiva de competencia controvertida, no existe un vínculo aparente entre las partes del litigio principal y la República de Austria. |
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25 |
Revetas Capital Advisors impugnó la competencia internacional del órgano jurisdiccional remitente alegando que, dado que el Reglamento Bruselas I bis ya no es aplicable a las relaciones jurídicas en las que sea parte el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desde el final del período transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada, fijado en el 31 de diciembre de 2020 (en lo sucesivo, «período transitorio»), el artículo 25 de dicho Reglamento, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia en su sentencia de 8 de febrero de 2024, Inkreal (C‑566/22, EU:C:2024:123), resulta inaplicable a los hechos del litigio principal. Considera que, de ese modo, la cláusula atributiva de competencia controvertida es inoperante, por lo que el órgano jurisdiccional remitente carece de competencia internacional para conocer del litigio que se le ha planteado. |
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26 |
En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas en cuanto a si el artículo 25 del Reglamento Bruselas I bis y los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 8 de febrero de 2024, Inkreal (C‑566/22, EU:C:2024:123), siguen siendo aplicables en el caso de un acuerdo atributivo de competencia celebrado durante el período transitorio entre dos partes que tienen su sede en el Reino Unido y que designan a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro para conocer de su litigio, cuando el asunto se ha planteado a dicho órgano jurisdiccional tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y el final del período transitorio y la relación contractual subyacente al litigio no presenta ningún vínculo con ese Estado miembro. El órgano jurisdiccional remitente se inclina por deducir de los considerandos 13 y 14 del citado Reglamento, del artículo 50 TUE, apartado 3, y de la sentencia antes citada que se requiere tal vínculo. |
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27 |
En el supuesto de que el Tribunal de Justicia llegue a la conclusión de que el artículo 25 del Reglamento Bruselas I bis no se aplica en una situación de ese tipo, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en segundo lugar, sobre la aplicabilidad del Convenio de Bruselas y, en particular, de sus artículos 17 y 18, o, en su defecto, del Convenio anglo-austriaco. Según dicho órgano jurisdiccional, la respuesta a esta cuestión depende de si los artículos 68 y 69 del Reglamento Bruselas I bis derogaron definitivamente esos dos Convenios. El citado órgano jurisdiccional considera que los principios de Derecho internacional público que regulan la extinción de los Tratados y el hecho de que estos diferentes instrumentos jurídicos regulen materias similares abogan por la interpretación según la cual queda excluida la aplicabilidad de los referidos convenios en lo que respecta a las relaciones jurídicas que implican al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. |
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28 |
En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el artículo 50 TUE, apartado 3, y el artículo 82, apartado 1, letra b), inciso i), de la parte 4 de los Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 [Reglamentos de 2019 sobre Jurisdicción Civil y Resoluciones Judiciales (Modificación) (Retirada de la Unión)], de 4 de marzo de 2019 (Statutory Instruments 2019, n.o 479), excluyen, con carácter general, la aplicabilidad del Convenio de Bruselas. |
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29 |
En estas circunstancias, el Handelsgericht Wien (Tribunal Mercantil de Viena) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
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Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
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30 |
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 25, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en el ámbito de aplicación de esta disposición una situación en la que dos partes de un contrato domiciliadas en el Reino Unido pactan, mediante un acuerdo atributivo de competencia celebrado durante el período transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada, la competencia de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro para conocer de los litigios surgidos de ese contrato, cuando, una vez finalizado ese período, se ha planteado un litigio entre esas partes ante dicho órgano jurisdiccional. |
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31 |
Con carácter preliminar, es preciso recordar que dado que una cláusula atributiva de competencia es, por su naturaleza, una opción de competencia que no produce efectos jurídicos hasta que se inicie un proceso judicial y que solo produce consecuencias a partir de la fecha en que se ejercita la acción judicial, tal cláusula debe apreciarse en la fecha en la que se interpone un recurso judicial (véanse, en ese sentido, las sentencias de 13 de noviembre de 1979, Sanicentral, 25/79, EU:C:1979:255, apartado 6, y de 24 de noviembre de 2022, Tilman, C‑358/21, EU:C:2022:923, apartado 30). |
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32 |
Por consiguiente, para responder a la cuestión prejudicial planteada, es preciso determinar si un litigio entre dos partes de un contrato que tienen su domicilio en un mismo tercer Estado, como el Reino Unido desde el 1 de febrero de 2020, y han designado para conocer de él a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I bis y de su artículo 25, apartado 1. |
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33 |
Según reiterada jurisprudencia, la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión requiere tener en cuenta no solo su tenor, sino también el contexto en el que se inscribe, así como los objetivos y la finalidad que persigue el acto del que forma parte (véanse las sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado 12, y de 8 de febrero de 2024, Inkreal, C‑566/22, EU:C:2024:123, apartado 15 y jurisprudencia citada]. |
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34 |
En primer lugar, por lo que respecta al tenor, de conformidad con la primera frase del artículo 25, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, si las partes, con independencia de su domicilio, han acordado que un órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro sean competentes para conocer de cualquier litigio que haya surgido o que pueda surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal órgano jurisdiccional o tales órganos jurisdiccionales serán competentes, a menos que el acuerdo sea nulo de pleno Derecho en cuanto a su validez material según el Derecho de dicho Estado miembro. |
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35 |
Así pues, del propio tenor de esta disposición se desprende que la regla que establece se aplica sin consideración del domicilio de las partes. Más concretamente, la aplicación de esta norma no está supeditada a ningún requisito relativo a la localización del domicilio de las partes, o de una de ellas, en el territorio de un Estado miembro. |
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36 |
En segundo lugar, por lo que respecta al contexto en el que se inscribe el artículo 25, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, es preciso subrayar, en primer término, que esa disposición se distingue de la que la precedió, a saber, el artículo 23, apartado 1, del Reglamento Bruselas I, que, por su parte, exigía para la aplicación de la regla de competencia basada en un acuerdo atributivo de competencia que al menos una de las partes de dicho acuerdo tuviera su domicilio en el territorio de un Estado miembro. |
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37 |
En segundo término, procede recordar que el régimen de competencia establecido por el Reglamento Bruselas I bis es interno de la Unión, que persigue objetivos propios como el buen funcionamiento del mercado interior y el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia, como se desprende del considerando 3 de dicho Reglamento (véase, en ese sentido, la sentencia de 25 de febrero de 2025, BSH Hausgeräte,C‑339/22, EU:C:2025:108, apartado 55). El considerando 13 de dicho Reglamento enuncia, además, que «debe existir una conexión entre los procedimientos a los que se aplique el presente Reglamento y el territorio de los Estados miembros» y que, «por consiguiente, las normas comunes sobre competencia judicial deben aplicarse, en principio, cuando el demandado esté domiciliado en un Estado miembro». No obstante, el considerando 14 de ese mismo Reglamento prevé que, para «respetar la autonomía de las partes, determinadas normas sobre competencia judicial contempladas en el presente Reglamento deben aplicarse con independencia del domicilio del demandado». |
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38 |
A tal efecto, a diferencia de la regla consagrada en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, interpretada a la luz de su considerando 13, según la cual la competencia se determina por el principio general del foro del demandado cuando está domiciliado en un Estado miembro, el artículo 6, apartado 1, de dicho Reglamento, interpretado a la luz de su considerando 14, establece que si el demandado no está domiciliado en un Estado miembro, la competencia judicial se regirá, en cada Estado miembro, por la ley de ese Estado miembro, sin perjuicio, no obstante, de la aplicación de determinadas disposiciones de dicho Reglamento, entre las que figura su artículo 25. |
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39 |
Por consiguiente, de la lectura conjunta de los artículos 6, apartado 1, y 25, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis se desprende que una situación en la que el demandado no está domiciliado en el territorio de un Estado miembro, pero en la que las partes contractuales han acordado que un órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro sean competentes para conocer de sus litigios contractuales, se rige por la regla de competencia que se deriva de un acuerdo atributivo de competencia, enunciada en ese artículo 25, apartado 1, y no por las reglas de competencia de la ley de cada Estado miembro contempladas en el mencionado artículo 6, apartado 1. De este modo, confirma la interpretación literal que se desprende del apartado 35 de la presente sentencia, según la cual dicho artículo 25, apartado 1, es aplicable incluso cuando todas las partes del litigio estén domiciliadas en un tercer Estado. |
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40 |
En tercer término, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para estar comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I bis, se requiere que la situación de que se trate presente un elemento de extranjería. Este elemento de extranjería puede resultar tanto de la localización del domicilio del demandado en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado miembro del órgano jurisdiccional que conoce del asunto como de otros factores relacionados, en particular, con el fondo del litigio, pudiendo estos últimos estar situados incluso en un Estado tercero. En efecto, una situación de ese tipo puede plantear cuestiones relativas a la determinación de la competencia de los órganos jurisdiccionales en el orden internacional [véanse, en ese sentido, las sentencias de 1 de marzo de 2005, Owusu,C‑281/02, EU:C:2005:120, apartado 26; de 8 de septiembre de 2022, IRnova,C‑399/21, EU:C:2022:648, apartado 28; de 29 de julio de 2024, FTI Touristik (Elemento de extranjería), C‑774/22, EU:C:2024:646, apartados 26, 28 y 29, y de 25 de febrero de 2025, BSH Hausgeräte,C‑339/22, EU:C:2025:108, apartados 59 y 60]. |
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41 |
Además, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de precisar que una situación en la que las partes de un contrato establecidas en un mismo Estado miembro pactan la competencia de los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro para conocer de los litigios surgidos de ese contrato, aun cuando dicho contrato no incluya ningún otro vínculo con ese otro Estado miembro, presenta un elemento de extranjería. En efecto, en tal situación, la existencia de un acuerdo atributivo de competencia en favor de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro distinto de aquel en el que están establecidas las partes contratantes demuestra, por sí sola, el carácter internacional de la situación de que se trata (véase, en ese sentido, la sentencia de 8 de febrero de 2024, Inkreal, C‑566/22, EU:C:2024:123, apartados 25 y 39). |
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42 |
Procede considerar, por analogía con la solución adoptada por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia mencionada en los apartados 40 y 41 de la presente sentencia, que la existencia de un acuerdo atributivo de competencia en favor de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro, mientras que las partes contratantes tienen su domicilio en un Estado tercero, suscita una cuestión relativa a la determinación de la competencia de los órganos jurisdiccionales en el orden internacional y que tal situación presenta, por tanto, el elemento de extranjería exigido en el sentido de esa jurisprudencia. |
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43 |
En tercer lugar, tal interpretación se ve corroborada por los objetivos perseguidos por el artículo 25 del Reglamento Bruselas I bis, a saber, respetar la autonomía de las partes y reforzar la eficacia de los acuerdos exclusivos de elección de foro, expuestos en los considerandos 15, 19 y 22 de dicho Reglamento (véase, en ese sentido, la sentencia de 8 de febrero de 2024, Inkreal,C‑566/22, EU:C:2024:123, apartado 26). |
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44 |
Es igualmente compatible con la finalidad del Reglamento Bruselas I bis, que tiene por objetivo unificar las normas sobre conflictos de jurisdicción en materia civil y mercantil a través de reglas de competencia judicial que presenten un alto grado de previsibilidad y que, de este modo, persigue un objetivo de seguridad jurídica. En efecto, la posibilidad de que las partes de un contrato establecidas en un mismo tercer Estado acuerden la competencia de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro contribuye a garantizar que el demandante conozca el órgano jurisdiccional ante el que puede ejercitar una acción y que el demandado prevea ante qué órgano jurisdiccional puede ser demandado. En este contexto, el objetivo de seguridad jurídica exige que el juez nacional ante el que se ejercite la acción pueda pronunciarse con facilidad sobre su propia competencia, sin verse obligado a realizar un examen sobre el fondo del asunto [véase, por analogía, la sentencia de 29 de julio de 2024, FTI Touristik (Elemento de extranjería), C‑774/22, EU:C:2024:646, apartado 33 y jurisprudencia citada]. |
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45 |
La aplicación de las normas armonizadas del artículo 25 del Reglamento Bruselas I bis contribuye, además, a evitar, en el territorio de los Estados miembros, conflictos de competencia perjudiciales para la seguridad jurídica que podrían producirse si la situación de que se trata estuviera regulada por las normas nacionales de Derecho internacional privado de los Estados miembros. Por otra parte, la aplicación de estas normas armonizadas reduce la posibilidad de procedimientos paralelos y evita que se dicten en Estados miembros diferentes resoluciones contradictorias, como exige el objetivo de un funcionamiento armonioso de la justicia, contemplado en el considerando 21 de ese Reglamento (véase, en ese sentido, la sentencia de 8 de febrero de 2024, Inkreal, C‑566/22, EU:C:2024:123, apartado 30). |
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46 |
En consecuencia, un litigio como el principal, entre dos partes contratantes domiciliadas en un tercer Estado que han designado un órgano jurisdiccional de un Estado miembro para conocer de sus controversias contractuales, está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I bis y de su artículo 25, apartado 1. |
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47 |
El hecho de que el acuerdo atributivo de competencia, mediante el cual las partes de un contrato, domiciliadas en el territorio del Reino Unido, designaron a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, en este caso el órgano jurisdiccional remitente, para conocer de sus controversias se haya celebrado durante el período transitorio y de que dicho órgano jurisdiccional conozca de un litigio una vez finalizado este no puede modificar la respuesta que ha de darse a la presente cuestión prejudicial. |
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48 |
En efecto, no solo el Acuerdo de Retirada no regula una situación de ese tipo, sino que de lo expuesto en los apartados 31 a 46 de la presente sentencia se desprende que, a pesar de la localización del domicilio de las partes en un litigio en un Estado tercero, como el Reino Unido desde el 1 de febrero de 2020, el litigio principal está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I bis y de su artículo 25, apartado 1. |
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49 |
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 25, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en el ámbito de aplicación de esta disposición una situación en la que dos partes de un contrato domiciliadas en el Reino Unido pactan, mediante un acuerdo atributivo de competencia celebrado durante el período transitorio, la competencia de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro para conocer de los litigios surgidos de ese contrato, aun cuando se haya planteado un litigio entre esas partes ante dicho órgano jurisdiccional una vez finalizado ese período. |
Cuestiones prejudiciales segunda a quinta
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50 |
Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial en el sentido de que una situación como la controvertida en el litigio principal está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I bis y de su artículo 25, apartado 1, ya no resulta necesario responder a las cuestiones prejudiciales segunda a quinta. |
Costas
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51 |
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. |
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En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: |
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El artículo 25, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, |
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debe interpretarse en el sentido de que |
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está comprendida en el ámbito de aplicación de esta disposición una situación en la que dos partes de un contrato domiciliadas en el Reino Unido pactan, mediante un acuerdo atributivo de competencia celebrado durante el período transitorio previsto por el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, la competencia de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro para conocer de los litigios surgidos de ese contrato, aun cuando se haya planteado un litigio entre esas partes ante dicho órgano jurisdiccional una vez finalizado ese período. |
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Firmas |
( *1 ) Lengua de procedimiento: alemán.