European flag

Diario Oficial
de la Unión Europea

ES

Serie C


C/2024/2095

26.3.2024

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Corrupción en la contratación pública y su impacto en el mercado interior»

(Dictamen de iniciativa)

(C/2024/2095)

Ponente:

José Antonio MORENO DÍAZ

Coponente:

Cristian PÎRVULESCU

Decisión de la Asamblea

25.1.2023

Base jurídica

Artículo 52, apartado 2, del Reglamento interno

 

Dictamen de iniciativa

Sección competente

Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobado en sección

20.12.2023

Aprobado en el pleno

17.1.2024

Pleno n.o

584

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

219/0/0

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

Las sucesivas crisis que han azotado el planeta desde 2020 han supuesto una mayor intervención de las autoridades públicas en la economía, tanto a nivel nacional como europeo, lo que ha tenido como consecuencia un incremento de las inversiones públicas destinadas a proteger los bienes comunes europeos (como la salud, la seguridad, el medio ambiente, el clima y la paz). Los recursos financieros europeos y nacionales, que constituyen instrumentos importantes para garantizar la prosperidad y la competitividad de Europa, se derivan de los impuestos que paga el contribuyente europeo. Por consiguiente, al igual que estos recursos, los fondos destinados a la contratación pública no deben utilizarse en pro de intereses privados e ilícitos.

1.2.

La UE ha dado un gran paso adelante al vincular la protección del Estado de Derecho, que también engloba unos esfuerzos eficaces de lucha contra la corrupción, a la exigencia de proteger sus intereses financieros. Este planteamiento debe desarrollarse en mayor medida puesto que las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho afectan no solo a los intereses financieros de la UE, sino también a las políticas fundamentales que rigen el mercado único. Es necesario reforzar el paquete de medidas de lucha contra la corrupción adoptado el 3 de mayo de 2023, que aborda la corrupción en toda su dimensión y no solo en relación con los fondos de la UE.

1.3.

La corrupción es un delito grave y tiene una dimensión transfronteriza, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Con el fin de garantizar un nivel mínimo de coordinación y armonización de las prácticas jurídicas e institucionales de los Estados miembros, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) considera que el Parlamento Europeo y el Consejo deben adoptar la propuesta de Directiva de la Comisión al respecto lo antes posible durante la presente legislatura.

1.4.

A juicio del CESE, la Comisión debe retomar la publicación del Informe Anticorrupción de la UE, que introdujo con su Comunicación de 2011 titulada «Lucha contra la corrupción en la UE», pero que interrumpió tras el primer informe publicado en 2014. Dicho informe posibilitaría poner de relieve e integrar diversas dimensiones de la lucha contra la corrupción a las que el marco actual del Estado de Derecho de la UE dedica muy poca o ninguna atención.

1.5.

Conviene prestar atención a la contratación pública, con toda su complejidad y consecuencias. La UE debe dar prioridad a la evaluación del marco legislativo relativo a la integridad de la contratación pública y su aplicación en la práctica, con el fin de comprobar si es coherente con las necesidades en materia de lucha contra la corrupción. De ese modo, la Comisión podrá decidir si ejerce su derecho de iniciativa legislativa y escoger el procedimiento adecuado para ello.

1.6.

El CESE considera que el marco normativo establecido por las Directivas en la materia sigue siendo válido y adecuado, por lo que no es necesario acometer su revisión. No obstante, sí conviene prestar atención a reorientarlo hacia los nuevos valores que sustentan la estrategia social, económica y medioambiental de la UE.

1.7.

El CESE reconoce la importante responsabilidad que asume la UE en la lucha contra la corrupción en todo el mundo y apoya la propuesta del Parlamento Europeo en la que pide a la Comisión que elabore una estrategia global de la Unión de lucha contra la corrupción, que aborde la corrupción como fenómeno mundial que requiere instituciones anticorrupción, mecanismos de prevención y un marco normativo internacional eficaces, así como la recuperación de activos y el enjuiciamiento penal dentro de la UE.

1.8.

Para los agentes políticos, las prácticas corruptas pueden ser fuentes de beneficios y recursos ilegales con las que hacer campaña y mantener sus sistemas de clientelismo, lo que contribuye a destruir la igualdad de condiciones. Los agentes extranjeros pueden recurrir a la financiación ilegal para prestar apoyo a diversos candidatos y movimientos políticos, concederles ventajas injustas y poner en peligro la integridad y el pluralismo electorales. En este sentido, es necesario ajustar en mayor medida los esfuerzos de lucha contra la corrupción con los esfuerzos por salvaguardar y desarrollar la democracia en la UE, que actualmente se enmarcan en el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia.

1.9.

El CESE considera que la Comisión podría aprobar una Comunicación en la que confirme las Directivas de 2014 sobre contratación pública. La Comisión podría aprovechar esta oportunidad para mejorar una serie de herramientas y procedimientos previstos en dichas Directivas que aún no se han desarrollado, confirmar las seis prioridades estratégicas enumeradas en 2017 y orientarlas hacia la sostenibilidad.

1.10.

El mercado europeo de la contratación pública debería haberse digitalizado hace años, pues la digitalización es una herramienta para el conocimiento, la transparencia, la rapidez y la integridad de todo el ciclo de vida de la contratación pública, por lo que resulta fundamental que la Comisión siga prestando apoyo técnico a las autoridades nacionales a lo largo de todo este complejo proceso.

1.11.

La Comisión podría conceder más importancia a los pactos de integridad, sobre todo después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya confirmado la compatibilidad entre estos y la legislación europea sobre contratación pública.

1.12.

El sistema de inhabilitación interconectado (entre las autoridades europeas, las instituciones nacionales y los bancos privados) podría servir para proteger el mercado interior del uso indebido de los recursos públicos destinados a los procedimientos de contratación pública, con independencia de que dichos recursos sean europeos o nacionales.

1.13.

El CESE anima a la Comisión Europea y a otras instituciones nacionales y de la UE a considerar la representación de los trabajadores, la negociación colectiva y el diálogo social como instrumentos críticos para garantizar la eficacia de la lucha contra la corrupción en todos los niveles.

1.14.

El CESE anima a todas las empresas y asociaciones de empresarios, así como a los interlocutores sociales, a procurar activamente una cultura de la integridad y a respetar las mejores normas disponibles a escala nacional e internacional. A modo de ejemplo, caben destacar la norma UNE-EN 17687:2022 (Contratación pública. Integridad y rendición de cuentas. Requisitos y orientación), la norma ISO 37001 (Sistemas de gestión antisoborno) y las resultantes del desarrollo de las inversiones medioambientales, sociales y de gobernanza.

1.15.

La contratación pública se encuentra descentralizada en todos los Estados miembros, por lo que es necesario crear instrumentos que respalden la integridad del procedimiento de contratación en las esferas regional y local. El Comité de las Regiones puede ofrecer una visión adecuada respecto de la consecución de este objetivo.

1.16.

El CESE espera con interés la institucionalización y el desarrollo de la red de la UE contra la corrupción y está dispuesto a participar en su labor. El CESE anima a la Comisión Europea a destinar fondos a la organización de campañas de concienciación pública sobre la corrupción y a fomentar buenas prácticas en materia de contratación pública socialmente responsable (CPSR).

2.   Antecedentes

2.1.

La Comisión ha llegado recientemente a la misma conclusión: «Cada año, más de 250 000 autoridades públicas gastan alrededor de 2 billones de euros (alrededor del 13,6 % del PIB) en la adquisición de servicios, obras y suministros en la UE» (1).

2.2.

La inyección de una ingente cantidad de recursos financieros en el mercado de la contratación pública atrae la delincuencia (organizada y de otro tipo), además de representar un reto para las administraciones públicas, que se ven en la necesidad de organizar procedimientos urgentes en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. La Comisión ha declarado que «ningún sector o ámbito de actividad está a salvo de los riesgos de corrupción, pero los ámbitos de alto riesgo comunes merecen especial atención, ya que por lo general son los que implican la gestión de fondos públicos importantes» (2). Se calcula que entre 2016 y 2021 el riesgo de corrupción supuso un coste total en la EU-27 de 4 300 millones EUR para los contratos públicos financiados con fondos de la UE (3).

2.3.

El CESE reconoce los importantes avances en materia de lucha contra la corrupción en la UE y en los Estados miembros. La inclusión de los esfuerzos de lucha contra la corrupción en la labor de salvaguardia del Estado de Derecho y la elaboración del Informe anual sobre el Estado de Derecho ponen aquellos esfuerzos en sintonía con otros valores fundamentales de gobernanza democrática, fiable y eficaz [artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE)]. La Comisión afirma que «[L]a lucha contra la corrupción es esencial para mantener el Estado de Derecho y preservar la confianza de los ciudadanos y las empresas en las instituciones públicas. Un enfoque integral de lucha contra la corrupción debe basarse en una combinación de medidas preventivas y punitivas» (4).

2.4.

El TJUE declaró que el artículo 2 del TUE «no constituye una mera enunciación de orientaciones o de intenciones de naturaleza política, sino que contiene valores que […] forman parte de la propia identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común, valores que se concretan en principios que comportan obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados miembros» (5). Por lo tanto, estos valores deben impregnar las políticas comunes y el comportamiento de las autoridades públicas y de los agentes económicos que participan en el mercado interior (6).

2.5.

La UE ha dado un gran paso adelante al vincular la protección del Estado de Derecho, que también engloba unos esfuerzos eficaces de lucha contra la corrupción, a la exigencia de proteger sus intereses financieros. En el supuesto de que se produzcan vulneraciones graves de los principios del Estado de Derecho, la UE puede adoptar medidas contra un Estado miembro, como la suspensión de los pagos y de los compromisos, la suspensión del desembolso de los tramos o el reembolso anticipado de préstamos, la reducción de la financiación prevista en compromisos existentes y la prohibición de contraer nuevos compromisos con los beneficiarios o de suscribir nuevos acuerdos sobre préstamos u otros instrumentos garantizados por el presupuesto de la Unión (7).

2.6.

Además, la Comisión Europea, con ocasión de la adopción del paquete de medidas de lucha contra la corrupción el 3 de mayo de 2023, ha creado la red de la UE contra la corrupción, la cual pretende erigirse en un punto de encuentro en el que todas las partes interesadas de la UE puedan intercambiar buenas prácticas, oportunidades, ideas y planes para seguir avanzando en sus respectivos trabajos. Esta red de carácter inclusivo integra a las organizaciones independientes de la sociedad civil con la firme convicción de que compartir diferentes puntos de vista mejora los resultados y la eficacia de la política de lucha contra la corrupción (8).

3.   Observaciones generales

3.1.

No obstante lo anterior, es necesario ahondar en la aplicación de este enfoque. Las actuales disposiciones de procedimiento del Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho (9) limitan su ámbito de aplicación. En la actualidad, tan solo un Estado miembro está sujeto a las medidas que se establecen en él. El elevado umbral para la activación de este instrumento impide que se erija en un incentivo para que todos los Estados miembros luchen contra la corrupción; además, el instrumento también presenta otras limitaciones. Las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho afectan no solo a los intereses financieros de la UE, sino también a las políticas fundamentales que rigen el mercado único, por lo que suponen una limitación más del ámbito de aplicación del Reglamento citado.

3.2.

Respecto de la lucha contra la corrupción en la UE, la corrupción es un delito grave, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 83, apartado 1, del TFUE. Muchos aspectos de la prevención y la represión escapan a una categorización única en relación con las competencias de la Unión, la base del Tratado, los sectores políticos y los instrumentos. El CESE hace hincapié en la necesidad de redoblar los esfuerzos por integrar las distintas dimensiones de la lucha contra la corrupción con el fin de aumentar su eficacia en todos los niveles de gobernanza en el conjunto de la UE. Existen varias maneras de abordar esta cuestión.

3.3.

En primer lugar, el CESE considera que el marco normativo de la UE está fragmentado y que las normas de lucha contra la corrupción (como las relativas a la delincuencia organizada y al blanqueo de los productos del delito) se encuentran dispersas en diversos actos que no guardan relación entre sí, lo que también afecta al ámbito de la contratación pública (véase el punto 3.6) (10). Por otra parte, la Comisión está intentando remediar esta situación mediante su iniciativa de regulación de 3 de mayo de 2023 (11). El CESE considera que el Parlamento Europeo y el Consejo deben adoptar la propuesta de Directiva de la Comisión lo antes posible durante la presente legislatura, ya que en ella se establecen una definición y un marco comunes de lucha contra la corrupción a escala de la UE y de los Estados miembros. Se trata del paso más importante para garantizar un nivel mínimo de coordinación y armonización de las prácticas jurídicas e institucionales de los Estados miembros.

3.4.

En segundo lugar, el CESE considera que la UE no debe entender la corrupción como un hecho principal o exclusivamente pertinente cuando se trate de fondos de la UE. Disponer de competencias directas e instrumentos de lucha contra la corrupción relacionada con los fondos de la UE no implica que se trate del único tipo de corrupción existente y que deba abordarse. La corrupción afecta directamente a personas, empresas y comunidades que no reciben directamente financiación de la UE. Los Estados miembros podrían acabar aplicando en la práctica un sistema de dos niveles en el que los proyectos y la financiación de la UE sean, por término medio, menos susceptibles de prácticas e intereses corruptos que los nacionales, en los que la transparencia y el control serían menores. Es necesario reforzar el paquete de medidas de lucha contra la corrupción adoptado el 3 de mayo de 2023, que aborda la corrupción en toda su dimensión y no solo en relación con los fondos de la UE.

3.5.

En tercer lugar, a juicio del CESE, la Comisión debe retomar la publicación del Informe Anticorrupción de la UE, que introdujo con su Comunicación de 2011 titulada «Lucha contra la corrupción en la UE» (12), pero que interrumpió tras el primer informe publicado en 2014 (13). El informe consistía en un análisis exhaustivo de la situación de la normativa, las políticas y los datos relativos a la corrupción y se dividía en veintiocho secciones, una por cada Estado miembro. Dicho informe posibilitaría poner de relieve e integrar diversas dimensiones de la lucha contra la corrupción a las que el marco actual del Estado de Derecho de la UE dedica muy poca o ninguna atención. En aras de la coherencia y la eficacia, debería optimizar diversas facetas de la política y la normativa, incluidas tanto las relativas al Estado de Derecho como las facetas económicas y relativas al mercado interior.

En cuarto lugar, conviene prestar atención a la contratación pública, con toda su complejidad y consecuencias. La UE debe dar prioridad a la verificación de la adecuación del marco legislativo y reglamentario relativo a la integridad de la contratación pública y su aplicación en la práctica, con el fin de comprobar si es coherente con las necesidades en materia de lucha contra la corrupción. De ese modo, la Comisión podrá decidir si ejerce su derecho de iniciativa legislativa y escoger el procedimiento adecuado para ello. Las tres Directivas adoptadas en 2014 (14) configuran el marco normativo de la lucha contra la corrupción en el mercado de la contratación pública.

3.5.1

El concepto de corrupción aceptado por el ordenamiento jurídico de la UE es muy amplio y trasciende el ámbito penal para incluir conductas que socavan la integridad, la transparencia, la responsabilidad ética y la buena gestión de los asuntos públicos. Así se desprende de la práctica establecida de la Comisión (15), confirmada por la Comunicación conjunta sobre la lucha contra la corrupción (16): la corrupción se define como «el abuso del poder recibido para perseguir un beneficio en beneficio propio».

3.5.2

Por último, en relación con esta cuestión, el CESE considera que el marco normativo establecido por las Directivas en la materia sigue siendo válido y adecuado, por lo que no es necesario acometer su revisión. No obstante, es necesario centrarse en reorientar el marco normativo en función de los nuevos valores que sustentan la estrategia social, económica y medioambiental de la UE, destacando los vínculos entre las iniciativas legislativas en curso de la Comisión que aplican objetivos ecológicos, sociales y medioambientales (véase el punto 4.1). Una vez más, el CESE sostiene que es «inevitable pasar del sistema económico en el que el crecimiento era el principal motor a un modelo regido por el desarrollo sostenible» (17). Además, una sostenibilidad de carácter generalizado es también la piedra angular de la estrategia de las tres instituciones legislativas europeas (18).

3.6.

En quinto lugar, el CESE señala el efecto corrosivo de la corrupción en la confianza pública, la legitimidad del gobierno representativo y la democracia. La corrupción no solo afecta al desarrollo económico y a la prestación de servicios públicos, sino que ocupa un lugar central en los sistemas democráticos. En este sentido, es necesario ajustar en mayor medida los esfuerzos de lucha contra la corrupción con los esfuerzos por salvaguardar y desarrollar la democracia en la UE, que actualmente se enmarcan en el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia.

3.7.

Por último, el CESE observa que la UE también asume una importante responsabilidad en la lucha contra la corrupción en todo el mundo, que emana de sus valores fundacionales y sus Tratados, pero también de su interés económico y político en el desarrollo y los asuntos internacionales. No es casualidad que la Comisión Europea haya establecido normas estrictas en materia de adjudicación de los contratos al objeto de garantizar que los contratistas seleccionados posean las cualificaciones adecuadas y que la selección sea imparcial y proporcione la mejor relación calidad-precio, con total transparencia como corresponde al empleo de fondos públicos (PRAG (19)). El CESE apoya la propuesta del Parlamento Europeo en la que pide a la Comisión que elabore una estrategia global de la Unión de lucha contra la corrupción, que aborde la corrupción como fenómeno mundial que requiere instituciones anticorrupción, mecanismos de prevención y un marco normativo internacional eficaces, así como la recuperación de activos y el enjuiciamiento penal dentro de la UE (20).

4.   Observaciones particulares

4.1.

El CESE considera que la Comisión podría aprobar una Comunicación en la que confirme las Directivas de 2014 sobre contratación pública. La Comisión podría aprovechar esta oportunidad para mejorar una serie de herramientas y procedimientos previstos en dichas Directivas que aún no se han desarrollado, confirmar las seis prioridades estratégicas enumeradas en 2017 (21) y orientarlas hacia la sostenibilidad.

4.2.

En opinión del CESE, es necesario reforzar y mejorar tres cuestiones (22):

4.2.1

La Comisión reconoce el vínculo entre la sostenibilidad, la transición digital y la contratación pública. No es casualidad que, en su Comunicación más reciente sobre el futuro de la Unión, declarase que «el éxito de una transformación socioeconómica justa no está garantizado» (23).

4.2.2

El proceso de digitalización del mercado europeo de contratación pública debería estar más avanzado (24). La digitalización es una herramienta para el conocimiento, la transparencia, la rapidez y la integridad de todo el ciclo de vida de la contratación pública, características que confirman su utilidad en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la Comisión ha observado que «la transformación digital de la contratación pública es lenta» (25), por lo que resulta fundamental seguir prestando apoyo técnico a las autoridades nacionales a lo largo de este complejo proceso.

4.2.3

La transparencia es una herramienta fundamental para mejorar la integridad del mercado europeo de la contratación pública.

4.2.4

La Comisión podría conceder más importancia a los pactos de integridad, sobre todo después de que el TJUE haya confirmado la compatibilidad entre estos y la legislación europea sobre contratación pública (26). Sería útil integrar las conclusiones del proyecto piloto en la aplicación de estos pactos (27), lo que acabaría con algunos de los problemas detectados (28), merced a la creación de un entorno constructivo y colaborativo tanto para los operadores económicos que participan en la licitación como para los poderes adjudicadores.

4.2.5

Como señala la OCDE (29), toda vulneración del pacto de integridad podría dar lugar a:

—

la exclusión de un licitador del procedimiento de contratación pública;

—

la resolución del contrato adjudicado si el adjudicatario incurre en responsabilidad;

—

la prohibición de que los licitadores o contratistas que no cumplan la normativa participen en futuros procedimientos de contratación pública.

4.2.6

La UE podría inspirarse en esta práctica y en la del Banco Mundial relativa a los procedimientos de préstamo. Esta institución puede responder a las conductas abusivas de los operadores económicos de cuatro formas:

—

la extinción condicional del préstamo («inhabilitación con levantamiento condicionado»);

—

el establecimiento de un programa de cumplimiento de las normas de integridad que se inicia tras la adopción de la medida de inhabilitación con levantamiento condicionado;

—

la prohibición permanente;

—

la interdicción cruzada, el resultado de una norma aplicada por todos los bancos internacionales.

4.2.7

La UE podría aplicar esta práctica adoptando ciertas medidas de prevención, principalmente una garantía de cumplimiento del principio de proporcionalidad entre la conducta del operador económico y las consecuencias de su exclusión. A tal efecto, es preciso elaborar normas claras, transparentes y accesibles y determinar las circunstancias atenuantes. La Comisión podría publicar una Comunicación en la que se establezcan directrices al respecto.

4.2.8

El sistema de inhabilitación interconectado (entre las autoridades europeas, las instituciones nacionales y los bancos privados) podría servir para proteger el mercado interior del uso indebido de los recursos públicos destinados a los procedimientos de contratación pública, con independencia de que dichos recursos sean europeos o nacionales. En última instancia, dicho sistema iría dirigido a las prácticas de corrupción en materia de contratación pública aun cuando no afectasen a recursos financieros de la UE (véase el punto 2.1).

Bruselas, 17 de enero de 2024.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Oliver RÖPKE


(1)   DO C 98 I de 16.3.2023, p. 1.

(2)  COM(2023) 800 final, pp. 16 y 18.

(3)  Parlamento Europeo: Stepping up the EU's efforts to tackle corruption – Cost of Non-Europe Report, 2023, p. 2.

(4)  COM(2023) 800 final, punto 2.2.

(5)  Sentencias del TJUE en los asuntos C-156/21, apartado 232, y C-157/21, apartado 264.

(6)  Pitruzzella, L’integrazione tramite il valore dello «Stato di diritto» , www.federalismi.it, n.o 27/2022.

(7)   DO L 433 I de 22.12.2020, p. 1.

(8)  Red europea contra la corrupción.

(9)   DO L 433 I de 22.12.2020, p. 1.

(10)  Gaglio et al.: Strengthening the fight against corruption; assessing the EU legislative and policy framework, 2023.

(11)  Véanse la propuesta de Directiva sobre la lucha contra la corrupción [COM(2023) 234 final] y la Comunicación citada en la nota a pie de página n.o 2.

(12)  COM(2011) 308 final, 6 de junio de 2011.

(13)  COM(2014) 38 final, 3 de febrero de 2014.

(14)  Directivas 2014/23/UE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 1), 2014/24/UE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65) y 2014/25/UE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).

(15)  COM(2003) 317, DO C 89 E de 14.4.2004, p. 110.

(16)  JOIN(2023) 12 final.

(17)   DO C 152 de 6.4.2022, p. 7, punto 1.1.

(18)   DO C 491 de 23.12.2022, p. 1.

(19)  Guía Práctica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la Unión Europea.

(20)  Recomendación del Parlamento Europeo, de 17 de febrero de 2022, sobre la corrupción y los derechos humanos.

(21)  COM(2017) 572 final.

(22)  A este respecto, el CESE se remite a sus dictámenes anteriores: DO C 13 de 15.1.2016, p. 63; DO C 318 de 29.10.2011, p. 113; y DO C 191 de 29.6.2012, p. 84.

(23)  COM(2023) 376 final, 6 de julio de 2023, sección I y sección III, puntos 1 y 2.

(24)  Artículos 33 y ss. de la Directiva 2014/24/UE, ya citado.

(25)  COM(2017) 572 final, p. 5.

(26)  Sentencia sobre el asunto C-425/14, de 22 de octubre de 2015.

(27)  Proyecto «Pactos de integridad — Mecanismo de control civil para la protección de los fondos de la Unión, segunda fase»; para conocer los resultados, véase Aceves, R.: Safeguarding EU-Funded Investments with Integrity Pacts: a Decision-Maker’s Guide to Collaborative Public Contracting Monitoring, Transparencia Internacional, 26 de marzo de 2021.

(28)  Como el reconocimiento de la voluntad política efectiva del poder adjudicador de celebrar un pacto de integridad y su capacidad para asumir compromisos.

(29)  OCDE, Catalysing Collective Action to Combat Corruption in Infrastructure [documento en inglés], 9 de diciembre de 2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2095/oj

ISSN 1977-0928 (electronic edition)