<TI><P>Sobre la segunda cuestión</P></TI>14. I.En el marco de esta cuestión de validez, el órgano jurisdiccional remitente pone en duda, en primer lugar, la compatibilidad de la disposición de que se trata con el artículo 3 bis [más exactamente, con la letra b) del párrafo segundo del apartado 1] del Reglamento no 857/84. Según el órgano jurisdiccional remitente, este último artículo solamente establece que las cantidades de referencia que sean solicitadas puedan ser producidas en la explotación. Al respecto, permítaseme hacer referencia a mis consideraciones sobre la primera cuestión y observar que, por el contrario, el artículo 3 bis del Reglamento no 1546/88 se limita a precisar un requisito ya contenido en el Reglamento del Consejo para la atribución de una cantidad de referencia específica. Esta objeción del órgano jurisdiccional remitente carece, por tanto, de fundamento.15. II.A continuación, el órgano jurisdiccional remitente suscita la cuestión de la compatibilidad de la disposición de que se trata con determinadas reglas de rango superior, en este caso, con los principios de protección de la confianza legítima y de igualdad de trato.16.Puede distinguirse al respecto entre dos clases de argumentos, unos y otros basados en una comparación. En primer lugar, por medio de una referencia al principio de protección de la confianza legítima, se procede a una comparación con la situación de los titulares de explotación que no tomaron parte en el programa comunitario de no comercialización o de reconversión, previsto por el Reglamento no 1078/77. Posteriormente, el órgano jurisdiccional remitente se basa, y esta vez mediante una referencia a la prohibición de discriminación, en ejemplos en los cuales la situación del demandante se compara con la de otras personas que tomaron parte en dicho programa.17.En lo que respecta a la comparación con la primera categoría de titulares de explotación, es necesario efectivamente proceder a dicha comparación para la aplicación del principio de protección de la confianza legítima. En efecto, respecto a dicho principio, el Tribunal de Justicia declaró en las sentencias Mulder,Apartados 23 y 24.
y Von Deetzen,Apartados 12 y 13.
antes citadas, que:Un productor que haya interrumpido libremente la producción durante cierto tiempo, no puede legítimamente esperar reanudar la producción en las mismas condiciones que las que estaban vigentes con anterioridad, y no estar sujeto a eventuales normas, dictadas entretanto, correspondientes a la política de mercados o de estructuras.
Y el Tribunal de Justicia continúa:
No menos cierto es que cuando dicho productor, como ocurre en el caso presente, fue incitado, mediante un acto de la Comunidad, a suspender la comercialización durante un período limitado, en interés general y a cambio del pago de una prima, puede legítimamente esperar que no estará sujeto, al final de su compromiso, a restricciones que le afecten de forma específica en razón precisamente del hecho de que hizo uso de las posibilidades ofrecidas por la normativa comunitaria.El subrayado es mío.
18.Igualmente, es necesaria una comparación de esta naturaleza para averiguar si la disposición de que se trata viola la prohibición de discriminación contenida en el apartado 3 del artículo 40 del Tratado CEEVéase la reciente sentencia de 10 de enero de 1992, Kühn (C-177/90, Rec. p. I-35), apartado 18.
(violación que, según el órgano jurisdiccional remitente, podría existir respecto a la situación de otros titulares de explotación que hubieran tomado pane en el programa comunitario de no comercialización o de reconversión). Este principio exige que las situaciones comparables no reciban un trato diferente, a no ser que éste se justifique objetivamente.Véase, por ejemplo, la sentencia de 21 de febrero de 1990, Wuidart y otros (asuntos acumulados C-267/88 a C-285/88, Rec. p. I-467), apañado 13.
19.Realizaré, por tanto, a continuación una comparación de la situación del demandante con la de esas dos categorías de titulares de explotación. Al hacerlo, será preciso además distinguir entre los tres períodos de tiempo señalados en la resolución de remisión, a saber, el período anterior a la adopción del Reglamento no 764/89, el período posterior a la adopción de este Reglamento y, finalmente, el período posterior a la terminación del contrato de arrendamiento.20.1) En lo que respecta a las desventajas que los titulares de explotación que se encontraban en la situación del demandante sufrieron por el hecho de que, antes de la adopción del Reglamento no 764/89, no recibieron cantidad de referencia (específica), cantidad que habrían podido utilizar hasta entonces, gestionando personalmente su explotación o arrendándola, el único termino de comparación que se puede contemplar es la situación de los titulares de explotación que no tomaron parte en el programa comunitario mencionado. A este respecto, basta no obstante observar que esas desventajas eventualmente sufridas por el demandante no se derivan del artículo 3 bis del Reglamento no 1546/88, sino del hecho de que no existía un régimen aplicable a la categoría de titulares de explotación a la que pertenece.Acerca de la cuestión de un derecho a indemnización fundado en esta circunstancia, véanse, en especial, los asuntos acumulados C-104/89 y C-37/90, en los cuales el Abogado General Sr. Van Gerven presentó sus conclusiones el 28 de enero de 1992; véase, en concreto, el apartado 33 (sentencia de 19 de mayo de 1992, Rec. pp. I-3061 y ss., especialmente p. I-3094).
Basándose en ello, no pueden plantearse objeciones contra la validez de la disposición que nos ocupa.21.2) a) En lo que respecta al período posterior a la adopción del Reglamento no 764/89, durante el cual, según el demandante, la cantidad de referencia solicitada debía, en lo sucesivo, permitir al arrendatario la producción lechera procede, en primer lugar, examinar la comparación con los titulares de explotación que no tomaron parte en el programa comunitario de no comercialización o de reconversión.22.Parece, a este respecto, que el demandante podría a lo sumo verse afectado por disposiciones que impidieran al arrendatario recibir tal cantidad de referencia. En efecto, si un titular de explotación, titular de una cantidad de referencia tras la adopción del Reglamento no 857/84, hubiera arrendado su explotación en 1987 por un período de veinte años, con arreglo al apartado 1 del artículo 7 del Reglamento no 857/84, así como al punto 1 del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 1371/84De la Comisión, de 16 de mayo de 1984, por el que se establecen las modalidades de aplicación de la tasa suplementaria contemplada en el artículo 5 quater del Reglamento (CEE) no 804/68 (DO L 132, p. 11; EE 03/30, p. 208).
(en el mismo sentido: punto 1 del artículo 7 del Reglamento no 1546/88), habría perdido esa cantidad de referencia, desde el inicio del arrendamiento, en favor del arrendatario, quien habría sido, por tanto, titular de la cantidad de referencia en el momento de la presentación de la solicitud.23.Este régimen expresa el principio general según el cual —incluso prescindiendo del Reglamento no 764/89— en las relaciones entre arrendador y arrendatario, sólo este último puede ser, durante el contrato de arrendamiento, el titular de explotación agrícolaVéase la definición del término productor en el primer párrafo de la letra c) del artículo 12 del Reglamento no 857/84.
con derecho a una cantidad de referencia.24.Por tanto, en la medida en que el artículo 3 bis del Reglamento no 1546/88 (en su versión del Reglamento no 1033/89) priva del derecho a un arrendador porque ya no tiene a su cargo la explotación que gestionaba en el momento de su solicitud de concesión de la prima, este titular de explotación no se encuentra situado, por ese simple hecho, en una situación más desfavorable que sus colegas pertenecientes al grupo testigo antes mencionado.25.Como quiera que la redacción de la cuestión prejudicial y los hechos del litigio principal sólo guardan relación con las consecuencias jurídicas que la disposición discutida prevé respecto a los derechos del arrendador, las consideraciones que preceden bastan, en mi opinión, para eliminar las dudas que alberga el Juez a quo en el aspecto que en este momento nos ocupa.26.Permítaseme, sin embargo, añadir algunas breves observaciones sobre la situación jurídica del arrendatario, con el fin de demostrar que ésta debe ser determinada teniendo en cuenta la confianza legítima de aquél de quien trae causa, por lo que la protección de esa confianza no se ve, por tanto, afectada por la aplicación de los principios generales que acaban de exponerse.27.Podría creerse, efectivamente, a primera vista, que el artículo 3 bis priva igualmente al arrendatario del derecho a la atribución de una cantidad de referencia específica, en el presente asunto, puesto que éste no gestionaba la explotación de que se trata en el momento de la aprobación de la solicitud de concesión de la prima contemplada en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 1391/78 modificando el Reglamento no 1078/77 (DO L 167, p. 45). Tal consecuencia haría resaltar el hecho de que el titular de explotación agrícola que satisface, como tal, un requisito formal esencial del derecho conferido por el Reglamento no 764/89, es distinto de aquél cuya confianza legítima justifica el régimen controvertido.28.Este problema se plantea ya en el marco del apartado 1 del artículo 3 bis del Reglamento no 857/84. En efecto, la comparación de los párrafos primero y segundo de ese apartado puede suscitar la impresión de que únicamente tiene derecho a la atribución de una cantidad de referencia específica el productor que haya contraído él mismo un compromiso de no comercialización o de reconversión. La consecuencia resultante, a saber, que en caso de cesiones de la explotación por cualquier título, ocurridas después de la expiración del período de no comercialización o de reconversión, en un momento en que el cesionario ya no podía lógicamente verse afectado por un compromiso de esa naturaleza, se priva a dicho cesionario de la atribución de una cantidad de referencia específica, podría considerarse indirectamente confirmada por el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 3 bis. El Tribunal de Justicia, sin embargo, se pronunció sobre esa consecuencia en el asunto Rauh,Sentencia de 21 de marzo de 1991, Rauh (C-314/89, Rec. p. I-1647).
en el cual el propietario de la explotación había transmitido ésta, tras la expiración del período de no comercialización, en condiciones análogas a la herencia. En el apartado 18, el Tribunal de Justicia calificó de restricción incompatible con el principio de la confianza legítima, restricción que afectaba al productor inicial, el hecho de que a la expiración de su compromiso de no comercialización no pudiera transmitir el derecho a la atribución de una cantidad de referencia (en el marco de una operación análoga a la herencia). El Tribunal de Justicia declaró al respecto, en el apartado 19 de la sentencia:Ahora bien, tales restricciones seguirán existiendo si el artículo 3 bis del Reglamento no 857/84 se interpreta en el sentido de que no autoriza a que el referido heredero o sucesor obtenga, basándose en el mismo título que el propio productor, que se le atribuya una cantidad de referencia específica en las condiciones que prevé dicho artículo.
29.En definitiva, el Tribunal de Justicia interpretó, por tanto, el artículo 3 bis del Reglamento no 857/84 en el sentido de que:permite, en las condiciones que establece, que se atribuya una cantidad de referencia específica a todo productor que se haya hecho cargo de una explotación por herencia o por una operación análoga a la herencia con posterioridad a la expiración de un compromiso de no comercialización contraído, en virtud del Reglamento no 1078/77 del Consejo, de 17 de mayo de 1977, por el causante de la sucesión.
30.En lo que atañe al problema relativo al hecho de que el productor que presenta la solicitud no es la persona cuya confianza legítima se protegeIncluso si el Reglamento no 764/89 sólo contempla, a raíz de las sentencias Mulder y von Deetzen, antes citadas, la confianza legitima de quien participa en el programa de no comercialización o de reconversión, puede resultar necesario averiguar, en un determinado caso, si el Derecho comunitario protege igualmente la posible confianza del arrendatario/comprador que ha reanudado la explotación después de la expiración del período de no comercialización o de reconversión. No es, sin embargo, necesario profundizar en esta cuestión en el presente asunto.
el Tribunal de Justicia declaró que, entre los productores a que se refiere el artículo 3 bis,se incluyen, además de los propios agricultores que han contraído un compromiso en virtud del Reglamento no 1078/77, aquellos otros que, con posterioridad a la expiración del compromiso contraído por su causante, se hayan hecho cargo de la explotación de que se trate por herencia o por una operación análoga a la herencia.
31.Si hubiera que aplicar todos estos principios al presente asunto —lo que, sin embargo, el Consejo no parece haber dado por sentado en su Reglamento de modificación (CEE) no 1639/91, de 13 de junio de 1991, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 857/84 sobre normas generales para la aplicación de la tasa contemplada en el artículo 5 quater del Reglamento (CEE) no 804/68 en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO L 150, p.35)— no bastaría dar una interpretación concordante al artículo 3 bis del Reglamento no 857/84. Sería preciso, además, acomodar a esta interpretación la del artículo 3 bis del Reelamento no 1546/88, de manera que los requisitos fijados por este último se consideraran cumplidos cuando el arrendador, de quien trae causa el arrendatario que solicita la atribución de la cantidad de referencia, gestionara la explotación en el momento de la aprobación de la solicitud de concesión de la prima.32.La situación jurídica del arrendatario en relación con el artículo 3 bis del Reglamento no 1546/88 debe, por tanto, determinarse respetando el principio de protección de la confianza legítima. No puede, pues, ser contrario a este principio el remitir al arrendador a la regla general antes expuesta según la cual, mientras dure el contrato de arrendamiento y en las relaciones entre el arrendador y el arrendatario, la única persona que eventualmente puede tener derecho a una cantidad de referencia es este último.33.En resumen, considero que la disposición debatida, en la medida en que se aplica en el presente asunto, no sitúa al demandante, en relación con el período posterior a la adopción del Reglamento no 764/89, en una situación más desfavorable que al grupo de los titulares de explotación que no hicieron uso del Reglamento no 1078/77 y que, después de la atribución de una cantidad de referencia, arrendaron su explotaciones en 1987. En este contexto, no nos hallamos por tanto ante una violación del principio de protección de la confianza legítima.34.b) En lo que atañe ahora a la comparación con otros titulares de explotación que igualmente tomaron parte en el programa comunitario, el órgano jurisdiccional remitente menciona, como ejemplo, la situación de los titulares de explotación que no habían (todavía) arrendado su explotación en el momento de la presentación de la solicitud.35.i) En uno de los ejemplos, se compara la situación del demandante con la de un titular de explotación que, a causa de sus problemas de salud, no hubiera arrendado la explotación, como el demandante, sino que la hubiera gestionado con la ayuda de un trabajador. El órgano jurisdiccional remitente estima que, llegado el caso, ante problemas de salud del propietario de la explotación, las pequeñas explotaciones, para las cuales es más difícil contratar a un trabajador, se hallan en un situación más desfavorable que las grandes explotaciones.36.A este respecto, se ha de observar con carácter preliminar que, de no existir un contrato de arrendamiento (y cumplidos los demás requisitos del artículo 3 bis del Reglamento no 857/84), el demandante tendría efectivamente derecho a la atribución de una cantidad de referencia específica. El hecho de que, por el contrario, no disfrute de tal derecho en calidad de arrendador, no es otra cosa que la expresión, como se ha demostrado, de un principio general subyacente al conjunto del régimen de cuotas de leche.37.Visto de esta forma, la desventaja que el órgano jurisdiccional remitente teme que sufran las pequeñas explotaciones no se limitaría en absoluto al ámbito de aplicación del artículo 3 bis del Reglamento no 1546/88, sino que sería una deficiencia que afectaría al conjunto del régimen.38.A fin de poder analizar bajo este aspecto la objeción del órgano jurisdiccional remitente, es preciso por tanto averiguar, en primer lugar, si el principio general antes mencionado (y, por lo tanto, también necesariamente la disposición de que se trata en este momento) provoca una discriminación en perjuicio de las pequeñas explotaciones. A esta cuestión debe darse una respuesta claramente negativa. Mientras se garantice que, en tal situación, el arrendatario es titular de una cantidad de referencia, o que al menos tiene derecho a tal cantidad, el régimen no añade nada a las diferencias económicas que existen entre la gestión personal y la celebración de un contrato de arrendamiento. Las desventajas a las que podría estar expuesta una pequeña explotación en lo que se refiere al empleo de mano de obra son, por tanto, únicamente las que dicha explotación ha de soportar en cualquier caso.39.Además, de lo que antecede se desprende que una desventaja específica, que excediera de ese marco, sufrida por un titular de explotación que se encontrara en la situación del demandante, podría, como mucho, tener su origen en las disposiciones según las cuales al arrendatario no se le atribuye cantidad de referencia específica. Permítaseme, no obstante, remitirme a este respecto a mis consideraciones relativas a la comparación con los titulares de explotación que no tomaron parte en el programa comunitario previsto por el Reglamento no 1078/77, así como subrayar que, para la apreciación de estas pretensiones, se deben respetar los principios resultantes de reglas de rango superior, entre los cuales figura la prohibición de discriminación.40.En estas circunstancias, no considero que el artículo 3 bis del Reglamento no 1546/88, en la medida en que establece como requisito la gestión de la explotación por el solicitante, lleve a cabo una discriminación contra los titulares de explotación que se encuentren en la situación del demandante, con respecto a aquellos que pudieron continuar gestionando su explotación con la ayuda de un trabajador.41. ii)El órgano jurisdiccional remitente plantea además la cuestión de si el demandante resulta víctima de una discriminación por el hecho de que de la fecha fortuita del arrendamiento depende la cuestión de si el productor puede alegar o no una situación particular concreta como persona que ha renunciado a comercializar. Dicho órgano jurisdiccional manifiesta, al respecto, que el demandante, si no hubiera arrendado aún su explotación, habría podido alegar un derecho a la atribución de una cantidad de referencia de entrega provisional. El órgano jurisdiccional remitente añade que, tras la atribución de esta cantidad, podría arrendar la explotación, suponiendo que se hubiera liberado cierta cantidad.42.Basta observar, a este respecto, que las consideraciones del Juez a quo parten de una premisa errónea, como señala con razón la Comisión. El artículo 3 bis del Reglamento no 857/84 prevé, en el párrafo segundo de su apartado 4, que la cantidad de referencia específica vuelva a la reserva comunitaria en caso de venta o arrendamiento de la explotación antes de que expire el octavo período de aplicación del régimen de tasa suplementaria (es decir, antes del 1 de abril de 1992). En este supuesto, no solamente se habría perdido la cantidad de referencia específica del demandante sino que, en lugar de transferirse al arrendatario, habría vuelto a la reserva comunitaria.Sobre la cuestión de la validez de esta disposición, véase la sentencia de 22 de octubre de 1991, von Deetzen, antes citada, el apartado 33.
43.3) Finalmente, en lo que respecta al período posterior a la terminación del contrato de arrendamiento, el demandante no sufre tampoco, por la disposición de que se trata en este momento, una desventaja susceptible de violar el principio de protección de la confianza legítima o la prohibición de discriminación. En efecto, el demandante reunirá en ese momento los requisitos establecidos por dicha disposición. Si, no obstante, no tuviera derecho a la atribución de una cantidad de referencia — y suponiendo que la legislación no cambiara-, ello no sería debido al hecho de que esos requisitos no se cumplieran en un momento anterior dado. Semejante desventaja tendría, por el contrario, otras causas jurídicas. De esta forma, será preciso averiguar, en ese momento, si el derecho que tenía antes de la celebración del contrato de arrendamiento, a la atribución de una cantidad de referencia específica, se extinguió en lugar de transmitirse al arrendatario, de manera que tampoco pudo recuperarlo a la expiración del arrendamiento.Acerca de la situación jurídica después de la terminación de un arrendamiento, véase el punto 3 del artículo 7 del Reglamento no 1546/88 y (en lo que respecta a la disposición que lo precedió, el punto 3 del artículo 5 del Reglamento no 1371/84) las sentencias de 13 de julio de 1989, Wachauf (5/88, Rec. p. 2609), apartado 15, y de 10 de enero de 1992, Kühn, antes citada, apartado 22.
Podría igualmente plantearse la cuestión de si puede oponérsele, en su caso, el hecho de que el arrendatario no presentara la solicitud en el plazo previsto por el artículo 3 bis del Reglamento no 857/84. Sin embargo, si se comprobara que, por una de estas razones, el demandante no tiene derecho a la atribución de una cantidad de referencia específica, ello no tendría nada que ver con la disposición que se discute en este momento. En mi opinión, las consecuencias jurídicas previsibles para el período posterior a la terminación del arrendamiento tampoco confieren, a la exigencia de que aquí se trata, un carácter incompatible con el principio de igualdad o con el de protección de la confianza legítima.44.El conjunto de estas consideraciones me lleva a proponer al Tribunal de Justicia que se pronuncie del siguiente modo:- 1)El artículo 3 bis del Reglamento (CEE) no 1546/88, en la versión del Reglamento (CEE) no 1033/89, debe ser interpretado en el sentido de que, si una explotación estaba arrendada a un tercero en el momento de la presentación, por parte del titular de una explotación, de una solicitud de atribución de una cantidad de referencia específica, dicho titular ya no tenía a su cargo, en ese momento, la misma explotación que gestionaba todavía cuando se aprobó su solicitud de concesión de la prima.
- 2)El examen de la segunda cuestión prejudicial no ha revelado elementos que puedan afectar a la validez de dicha disposición, en lo que atañe a la situación jurídica contemplada en la respuesta a la primera cuestión.