28.2.2023   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 75/143


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que realizan actos de participación pública frente a las demandas judiciales manifiestamente infundadas o abusivas («demandas estratégicas contra la participación pública»)

[COM(2022) 177 final — 2022/0117 (COD)]

(2023/C 75/20)

Ponente:

Tomasz Andrzej WRÓBLEWSKI

Coponente:

Christian MOOS

Base jurídica

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía

Aprobado en sección

29.9.2022

Aprobado en el pleno

26.10.2022

Pleno n.o

573

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

143/2/6

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión, que representa un avance en la lucha contra los procedimientos de amordazamiento, cuyo número viene incrementándose en Europa desde 2015 (1). Hacer frente a las demandas estratégicas contra la participación pública (DECPP), que son demandas total o parcialmente infundadas interpuestas en relación con la participación pública y cuyo principal objetivo es impedir, restringir o penalizar la participación pública, es fundamental para crear una sociedad civil informada y dar transparencia a la vida pública. Dado que también las presentan personas y colectivos de fuera de la Unión, las medidas contra las DECPP sirven para proteger la democracia europea frente a las amenazas exteriores.

1.2.

A menudo existe un importante desequilibrio de poder en las DECPP: los demandantes disponen de más recursos económicos o institucionales, lo que les permite iniciar una demanda con relativa facilidad. En este contexto, es importante garantizar que los demandados cuenten con las herramientas adecuadas para defenderse en esta pugna que, actualmente, es desigual.

1.3.

Conviene señalar que la presentación de DECPP constituye un abuso de la ley y no se puede admitir en los sistemas democráticos donde rige el Estado de Derecho. Los periodistas, en especial los independientes, son los más vulnerables a esta amenaza, pero este problema también puede afectar a todos los demás actores del debate público.

1.4.

También es importante separar las DECPP de la protección de los derechos personales y la posibilidad de defender el buen nombre en casos de difamación. Las DECPP son actuaciones sin fundamento que tienen por objeto eliminar el debate público y silenciar a sus participantes. Así pues, las demandas de reconvención de una DECPP no comprometen el ejercicio del derecho a acudir a un tribunal y no protegen a quienes difunden un contenido falso o difamatorio.

1.5.

El CESE acoge con satisfacción los mecanismos propuestos, pero considera que en el transcurso de la labor legislativa sería conveniente valorar una ampliación de la lista. Entre las propuestas, se podría apuntar a la introducción de una decisión prejudicial que ponga fin a las demandas que se consideren no conformes, la consolidación de los procesos a petición del demandado en la jurisdicción que tenga designada, la fijación de un plazo límite para el procedimiento o la introducción de una vía rápida, o bien la exclusión de la posibilidad de que otra persona que no sea el demandante corra con los gastos del procedimiento judicial.

1.6.

Además de aplicar la nueva legislación, que con todo el proceso legislativo podría durar varios años, merece la pena revisar la legislación nacional con el fin de determinar los mecanismos que podrían servir actualmente para luchar contra las DECPP. Identificar los motivos por los que los mecanismos existentes no se utilizan de manera eficaz podría servir para ofrecer una mayor protección a quienes participan en el debate público.

1.7.

El seguimiento de las DECPP y la eficacia de las soluciones aplicadas también es una cuestión importante. Se debería considerar quién ha de llevar a cabo estas evaluaciones, sobre todo teniendo en cuenta que las DECPP pueden provenir también de instituciones públicas. Por eso, delegar esta competencia en los Estados miembros podría hacer que no se alcanzaran adecuadamente los objetivos previstos.

1.8.

Al mismo tiempo, para garantizar que el objetivo de la Directiva se logre de la manera más eficaz posible, la evaluación de su aplicación debería efectuarse durante un período lo más breve posible. En opinión del CESE, sería apropiado un plazo más breve que el período de cinco años propuesto actualmente.

1.9.

Dado que la Directiva prevista se aplica únicamente a las demandas transfronterizas, también es importante trabajar para que los Estados miembros introduzcan iniciativas análogas para las demandas de ámbito nacional. La restricción a las demandas transfronterizas solo ofrecerá protección a determinados actores del debate público, omitiendo, en particular, a periodistas, activistas o denunciantes locales. Una actuación global contra las DECPP exige la adopción de un enfoque unificado para los casos tanto transfronterizos como nacionales.

1.10.

También se ha de instar a los Estados miembros a que revisen sus leyes nacionales con vistas a despenalizar la difamación. Cualquier demanda relativa a los derechos personales debería ser de carácter civil. La posible responsabilidad penal conduce a una situación en la que los actores del debate público podrían tener más miedo a dar a conocer sus opiniones o a denunciar irregularidades.

1.11.

El CESE destaca que, además de las disposiciones legislativas, es sumamente importante aplicar medidas adecuadas en el ámbito de la educación y la formación, tanto para los profesionales del Derecho (en especial, jueces y abogados) como para los actores del debate público: periodistas, activistas sociales, defensores de los derechos humanos, denunciantes o ciudadanos de a pie.

2.   Observaciones generales

2.1.

La libertad de expresión, así como la libertad de los medios de comunicación que se deriva de esta, es uno de los valores fundamentales que deberían garantizar los sistemas democráticos en el marco del Estado de Derecho.

2.2.

El derecho a la libertad de expresión, tal como se recoge en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Al mismo tiempo, se hace hincapié en el respeto a la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo. En muchas otras disposiciones legislativas, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (Directiva relativa a los denunciantes) y los actos jurídicos adoptados por los distintos Estados miembros, se incluyen garantías similares, lo que indica su carácter universal y su importancia.

2.3.

En las últimas décadas, el desarrollo de la tecnología ha alterado drásticamente la forma del debate público. Hasta hace poco, este debate discurría principalmente en medios de comunicación como la televisión, la radio y los periódicos, y eran sobre todo los periodistas profesionales, además de los denunciantes, quienes lo alimentaban. En la actualidad, los medios de comunicación en línea han asumido un papel importante que permite a cualquier persona exponer sus opiniones y dirigirlas a una audiencia amplia, incluso de forma anónima.

2.4.

En el contexto del desarrollo de los medios de comunicación y de los cambios tecnológicos, es fundamental introducir mecanismos que garanticen una verdadera protección de la libertad de expresión para todos los actores del debate público, no solo los periodistas profesionales, sino también los activistas medioambientales y sociales (3), los defensores de los derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales, los denunciantes (4) en sentido amplio, los ciudadanos comprometidos, los sindicatos y todas las demás personas y organizaciones que se expresan públicamente sobre cuestiones con relevancia social.

2.5.

Es importante destacar no solo la importancia de la libertad de los medios de comunicación, sino también la necesidad de garantizar su pluralidad. El CESE reitera las conclusiones de su Dictamen sobre «Garantizar la libertad y la diversidad de los medios de comunicación en Europa» (5). El debate abierto, sin restricciones de ningún tipo, es la base de una sociedad participativa, sin la cual la democracia no puede funcionar correctamente (6). La exclusión de cualquier voz del debate público puede dar lugar —y ya ha ocurrido en el pasado— a tensiones sociales y violencia. Los medios de comunicación no deberían entenderse en sentido estricto, como un grupo especializado de entidades que llevan a cabo actividades de comunicación de forma profesional, sino también como la participación activa de personas que comparten opiniones o expresan sus posturas, con independencia de cuál sea su fuente: internet, foros, blogs o podcasts. Esto adquiere especial importancia en los países con medios de comunicación públicos controlados por los partidos políticos gobernantes o en los países con medios de comunicación privados controlados por pocos propietarios, que tratan de dominar el mensaje y limitar la diversidad de los debates públicos.

2.6.

Dentro de la Unión, la reducción de los espacios civiles socava la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para desempeñar un papel vital en el funcionamiento y la protección de la democracia y el Estado de Derecho. Las demandas estratégicas contra la participación pública (DECPP) constituyen un instrumento que se emplea para silenciar toda expresión crítica por parte de la sociedad civil. El CESE acoge con satisfacción la Resolución del Parlamento Europeo sobre las medidas para luchar contra la reducción de los espacios civiles (7) y considera que la Directiva propuesta no solo es una medida entre los instrumentos de la Unión, sino también un paso decisivo para poner fin a estas prácticas.

2.7.

Ampliar las posibilidades para publicar declaraciones, lanzar alertas y emprender un activismo social más intenso permite no solo ensanchar el debate público, sino también superar fenómenos que preocupan a la sociedad al poner al descubierto los abusos de poder de instituciones públicas o privadas, incluida la corrupción o la malversación de fondos públicos. El CESE señala que los medios de comunicación (definidos en sentido amplio, incluyendo las actividades con carácter profesional o no de los actores del debate público), en cuanto que «cuarto poder», tienen encomendada la tarea no solo de formar la opinión, sino también de supervisar las actividades de los poderes públicos y los agentes privados. Por ello, la protección del «cuarto poder» es extremadamente importante para garantizar los estándares democráticos y el Estado de Derecho.

2.8.

El abuso de las demandas judiciales para acallar el debate público es un fenómeno cada vez más habitual en los Estados miembros. Personas, instituciones y empresas influyentes, que disponen de abundantes recursos económicos y organizativos, utilizan su poder para silenciar a las voces críticas, mediante instrumentos innovadores como el recurso abusivo a actos legislativos como el RGPD o exigiendo la revelación de las fuentes de información de los periodistas, mientras que estas voces críticas, incluidos periodistas individuales y agentes de la sociedad civil que actúan como denunciantes, a menudo carecen de los recursos económicos u organizativos necesarios para defenderse frente a litigios injustificados. Algunas de las personas físicas y jurídicas que utilizan las DECPP contra ciudadanos y agentes de la sociedad civil en la Unión son en realidad de fuera de la Unión. En tiempos caracterizados por una creciente tensión geopolítica, la Unión debe dotarse de un conjunto de medidas destinadas a proteger su democracia frente a las amenazas externas, incluyendo medidas contra las DECPP.

2.9.

Las DECPP no están amparadas por el derecho de acudir a un tribunal; no tienen por finalidad hacer valer los derechos del demandante, sino intimidar y debilitar la oposición y agotar los recursos del demandado. Las demandas se interponen muchas veces sin fundamento, de forma reiterada, y su efecto real es intimidar y silenciar a las organizaciones y personas incriminadas, incluso a sus familiares, en el debate público y disuadirlas de continuar con su actividad. La consecuencia de no contrarrestar estas demandas con efectos tan disuasorios puede ser una monopolización u oligopolización de los medios de comunicación, algo incompatible con los ideales del Estado de Derecho democrático.

2.10.

Dado el papel clave que desempeñan los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, otras entidades y los denunciantes que participan en el proceso de construcción de la sociedad civil y que actúan en favor del interés público, es extremadamente importante garantizar que estén suficientemente protegidos en caso de violaciones o intentos de violación de la libertad de expresión, sobre todo en una situación de evidente desequilibrio de poder y recursos. Este desequilibrio puede tener efectos negativos como la renuncia del demandado a seguir participando en el debate público y a denunciar cualquier abuso, corrupción o violación de los derechos humanos. Las elevadas costas procesales, que se ven incrementadas además por el comportamiento estratégico consistente en alargar los procesos, suponen un problema importante para las personas que son objetivos evidentes de las DECPP.

2.11.

En ocasiones, las acciones estratégicas destinadas a acallar el debate público van acompañadas de otras actividades reprobables, como la intimidación, el acoso y las amenazas contra el demandado. Estas acciones también son destructivas para la sociedad civil y el interés público, y deberían recibir una respuesta contundente e inmediata, con independencia de los recursos financieros o los privilegios de los agentes implicados.

2.12.

Al mismo tiempo, no podemos ignorar el problema de la información falsa o el discurso de odio evidente, que debería someterse a verificación y, si se constata que existe una violación, ser retirado del espacio público. El CESE pide, no obstante, que los protocolos existentes, derivados de la aplicación de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (8), se utilicen de manera rigurosa y correcta, ya que las acciones relacionadas con esta medida no deben dar lugar a restricciones de la libertad de expresión cuando la información y las opiniones transmitidas no constituyan noticias falsas ni inciten al odio (9). En cualquier caso, estas prácticas no pueden servir de excusa para limitar el derecho a la libertad de expresión.

2.13.

El CESE acoge con satisfacción la propuesta de Directiva de la Comisión Europea sobre la protección de las personas que realizan actos de participación pública frente a las demandas judiciales manifiestamente infundadas o abusivas (10) y la Recomendación (UE) 2022/758 de la Comisión (11) relativa a la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos que participan en la esfera pública frente a procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos.

2.14.

El CESE pide al Parlamento Europeo y al Consejo que adopten la Directiva sin demora, puesto que urge aplicar medidas dirigidas a proteger a los periodistas, los agentes de la sociedad civil y otras personas que participan en la vida pública.

2.15.

El CESE acoge con satisfacción la decisión del Gobierno de Irlanda de participar en la adopción y aplicación de la Directiva propuesta. De conformidad con el artículo 3 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Irlanda puede decidir notificar y participar en la adopción y aplicación de esta Directiva.

2.16.

Además de las recomendaciones del Reglamento de la Comisión sobre las DECPP, el CESE anima al Gobierno del Reino de Dinamarca a que adopte una legislación nacional que garantice el mismo nivel de protección contra las demandas estratégicas que se recoge en la Directiva propuesta para las personas que participan en la vida pública. De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participará en la adopción de esta Directiva y no quedará vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

2.17.

El CESE considera que las medidas adoptadas no pueden restringir indebidamente el derecho a la justicia y solo se deberían usar en casos de abuso y uso indebido.

2.18.

En opinión del CESE, las medidas jurídicas que inhiben el uso de demandas judiciales infundadas y abusivas deberían complementarse con medidas educativas y con una red de organizaciones que presten apoyo jurídico a las personas e instituciones contra las que se emprenden dichas acciones. En particular, dado el importante papel que desempeñan, los profesionales del Derecho, tanto los jueces como los abogados defensores, deben recibir una formación adecuada, ya que sus decisiones y actuaciones son cruciales para lograr el objetivo perseguido y para garantizar la libertad de expresión.

3.   Observaciones específicas

3.1.

La propagación del fenómeno negativo de las demandas estratégicas encaminadas a acallar el debate público es un problema grave, de ahí la gran importancia de la iniciativa emprendida por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para combatir dicho fenómeno, que es esencial para ofrecer una protección adecuada a los participantes en debates públicos en los que se ha abusado del derecho a las demandas judiciales para crear un efecto intimidatorio que silencie a los demandados y les disuada de continuar con sus actividades.

3.2.

La protección contra las DECPP se debería brindar a todos los actores del debate público, con independencia de que dichas demandas tengan carácter nacional o transfronterizo. El CESE coincide en que un litigio emprendido en la jurisdicción de un Estado miembro contra una persona residente en un Estado miembro diferente suele ser más complejo y costoso para el demandado. Sin embargo, también se puede dar el mismo problema cuando se presenta una demanda en otra ciudad o se utilizan tácticas procesales para alargar los litigios en el mismo país y hacer que resulten más costosos. Restringir la reglamentación únicamente a aquellos casos con efectos transfronterizos puede conducir a una diferenciación injustificada de los derechos de las personas y organizaciones cuyas acciones tienen una repercusión local, y que, por lo general, suelen disponer de escasos recursos económicos, de personal y organizativos.

3.3.

Para que la Directiva funcione correctamente, es necesario definir una base jurídica adecuada e inequívoca para la acción que se va a emprender. Cabe señalar que el principal objetivo de los mecanismos contra las DECPP no es garantizar el correcto desarrollo de los procesos (que pueden discurrir adecuadamente conforme a los procedimientos nacionales), sino proteger los derechos de los demandados que podrían no disponer de los medios jurídicos y económicos adecuados. El CESE es partidario de dotar a los demandados, que suelen encontrarse en una posición más débil que los demandantes, de mecanismos que les permitan defenderse ante reclamaciones sin fundamento que constituyan un abuso del derecho de acudir a un tribunal.

3.4.

El CESE señala que la introducción de una condición transfronteriza impone la necesidad de examinar caso por caso: 1) si las dos partes en el proceso están domiciliadas o establecidas en otro Estado miembro; 2) si el acto de participar en un debate público sobre una cuestión de interés público es relevante para más de un Estado, o 3) si el demandante o entidades afines han emprendido procesos judiciales paralelos o previos contra los mismos demandados u otros relacionados en un Estado miembro distinto. En concreto, la segunda condición puede dar lugar a una evaluación discrecional y a limitar la protección que se concede al demandado.

3.5.

El CESE comparte la opinión de que la protección contra las DECPP no debe circunscribirse a cuestiones civiles. Se debe prestar especial atención a las posiciones de las organizaciones internacionales (Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Consejo de Europa) sobre la eliminación del delito de difamación del Derecho penal. Las medidas adoptadas hasta la fecha no han producido los resultados esperados, porque en algunos Estados miembros la difamación sigue siendo un delito que se castiga con multas y penas de prisión. Es imposible participar libremente en el debate público cuando se corre el riesgo de ser objeto de un proceso penal. El CESE recomienda que se tomen medidas eficaces y eficientes para garantizar que los Estados miembros eliminen el delito de difamación, que se mantiene como una reliquia de un pasado vergonzoso que amenaza la libertad de expresión.

3.6.

Las sanciones del Derecho penal, con independencia de su aplicación última, tienen una finalidad disuasoria. Como tales, son incluso más eficaces a la hora de frenar el debate público que las demandas civiles. El abandono de la protección con arreglo al régimen del Derecho penal podría ocasionar un viraje deliberado de las acciones civiles hacia las penales si no existe una protección adicional para el demandado en este último caso.

3.7.

El CESE señala que las DECPP pueden ser presentadas no solo por organismos o instituciones de Derecho privado, sino también por organismos estatales, como el ministerio fiscal, y que, por consiguiente, el ámbito de aplicación de la Directiva debe aplicarse a todas estas instituciones. El CESE pide que la protección de las personas físicas y jurídicas que participan en el debate público, y de sus fuentes, se aplique de forma consecuente en estos casos. A este respecto, se debería prestar especial atención al seguimiento de las DECPP. Delegar esta tarea en los Estados miembros, cuando las autoridades públicas también pueden ser demandantes en procesos de DECPP, plantea cuestiones legítimas. Se debería valorar la posibilidad de contar con la participación de organizaciones independientes en estas actividades o de introducir un procedimiento de control de ámbito supranacional.

3.8.

Es importante que entre las personas consideradas en riesgo de ser objeto de DECPP no se incluya solamente a periodistas o a defensores de los derechos humanos, aunque estas profesiones deberían entenderse como especialmente vulnerables a este tipo de acciones. El grupo al que van dirigidas debería definirse por criterios funcionales (según las actividades realizadas) y no atendiendo a su formación u ocupación. De esta manera, también es posible proteger no solo a personas que no intervienen directamente en las actividades de los medios de comunicación, sino también, por ejemplo, a ciudadanos comprometidos que denuncian abusos en sus comunidades locales u otros tipos de denunciantes en un contexto más amplio.

3.9.

Las garantías procesales propuestas en el proyecto de Directiva —salvaguardias, desestimación temprana de las demandas manifiestamente infundadas en los procesos judiciales, recursos frente a litigios abusivos, protección contra sentencias dictadas en terceros países— han de acogerse favorablemente. En todo caso, se debería valorar la posibilidad de introducir otras medidas que complementen y faciliten la labor del poder judicial, por ejemplo, propiciando u ordenando la consolidación de diferentes acciones contra el mismo demandado en el caso de acciones interpuestas por los mismos demandantes o por demandantes relacionados.

3.10.

En opinión del CESE, también sería útil introducir un grado de automatismo, en forma de «decisión prejudicial», en aquellos casos judiciales que se consideren no conformes, cuando resulte evidente que cumplen los criterios de las DECPP. Esto permitiría incluso no incoar procedimientos judiciales en casos evidentes. De este modo se reducirían las costas (no solo las privadas, sino también las públicas) y se limitaría el número de casos que tendrían un recorrido judicial.

3.11.

También merece la pena valorar otras soluciones, inspiradas en mecanismos existentes, como:

—

la consolidación de las demandas a petición del demandado en la jurisdicción que tenga designada;

—

la fijación de un plazo límite para el proceso o la introducción de una vía rápida (de forma similar a los procesos electorales);

—

la exclusión de la posibilidad de que otra persona que no sea el demandante corra con los gastos del procedimiento judicial.

3.12.

En vista del creciente número de DECPP, el CESE recomienda que los Estados miembros apliquen temporalmente las nuevas normas contra las DECPP incluidas en la Directiva a los casos en curso o iniciados cuando las nuevas normas entren en vigor.

3.13.

Al mismo tiempo, es necesario revisar la legislación nacional sobre las medidas actuales para contrarrestar las DECPP. La eficacia de los mecanismos en vigor puede permitir mejorar las medidas previstas y ofrecer protección efectiva para las personas en riesgo. Si ya existen herramientas en la legislación nacional que puedan atajar, al menos parcialmente, el problema observado, sería necesario señalar las razones por las que no se aplican de forma adecuada. Este tipo de análisis podría, con independencia de la Directiva prevista, mejorar la situación de los actores del debate social que sufren la amenaza de las DECPP y podría ser un estudio interesante a la hora de elaborar proyectos y de aplicar nuevas leyes.

3.14.

Dado que la Directiva propuesta no tiene en cuenta los casos nacionales, el CESE acoge con satisfacción la Recomendación (UE) 2022/758 sobre la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos que participan en la esfera pública frente a procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos, e insta a los Estados miembros a que proporcionen el mismo nivel de protección que se recoge en la Directiva propuesta. Sin embargo, la Unión no debería limitarse a formular recomendaciones, sino que debería exigir a los Estados miembros que armonicen su legislación en este ámbito para ofrecer un mismo nivel de protección contra las DECPP en todos los Estados miembros. Esto afecta, en especial, a las definiciones jurídicas y al alcance de la protección en el caso de las DECPP, para evitar interpretaciones divergentes y distintos niveles de protección en los Estados miembros.

3.15.

Dada la dinámica del problema de las acciones estratégicas destinadas a acallar el debate público, el CESE recomienda que se revise la aplicación de la Directiva al cabo de un período máximo de tres años, en lugar de los cinco previstos en la actualidad. De este modo, los Estados miembros deberían facilitar a la Comisión toda la información relativa a la aplicación de la Directiva dos años después de su transposición. La Comisión debería presentar el informe sobre la aplicación de la Directiva un año más tarde, es decir, tres años después de su transposición.

3.16.

El CESE pide a la Comisión que consulte a periodistas y a todas las partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil, a la hora de preparar la revisión con el fin de complementar la información aportada por los Estados miembros con evaluaciones independientes sobre la aplicación de la Directiva.

3.17.

Es fundamental aplicar las medidas educativas que se recogen en la Recomendación (UE) 2022/758. En concreto, se necesita una formación adecuada para los profesionales del Derecho (tanto jueces como abogados defensores) y actividades educativas en general, dirigidas a todo el público de los Estados miembros, puesto que cualquier ciudadano puede convertirse en actor del debate público amenazado por una DECPP. Estas medidas educativas deberían prestar suficiente atención a las DECPP con una dimensión transnacional, que están cubiertas por la propuesta de Directiva. Además, deben organizarse campañas generales en todos los Estados miembros para la difusión y promoción de los derechos y la libertad de expresión, como complemento y refuerzo de la Directiva.

3.18.

Un elemento importante del sistema para contrarrestar las acciones estratégicas destinadas a acallar el debate público debería ser también la prestación de asistencia jurídica gratuita a las personas y organizaciones en riesgo. El CESE apoya la creación y el desarrollo de instituciones jurídicas en las universidades y por parte de las asociaciones de profesionales del Derecho, así como de otras entidades que puedan ofrecer dicho apoyo. No obstante, se debe garantizar que los organismos recomendados por los Estados miembros para llevar a cabo estas actividades sean creíbles, independientes y profesionales, y que sus actividades estén sujetas a una verificación independiente y adecuada por parte de las autoridades del Estado miembro de que se trate.

Bruselas, 26 de octubre de 2022.

La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo

Christa SCHWENG


(1)  Informe de caso (https://www.the-case.eu/slapps-in-europe).

(2)  Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 26.11.2019, p. 17).

(3)  NAT/824 — Documento informativo del Comité Económico y Social Europeo sobre «La protección del medio ambiente como requisito previo para el respeto de los derechos fundamentales».

(4)  SOC/593 — Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Reforzar la protección de los denunciantes en la UE» (DO C 62 de 15.2.2019, p. 155).

(5)  SOC/635 — Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Garantizar la libertad y la diversidad de los medios de comunicación en Europa» (Dictamen de iniciativa) [EESC 2021/01539] (DO C 517 de 22.12.2021, p. 9).

(6)  REX/545 — Documento informativo del Comité Económico y Social Europeo: «Apoyar el sector de los medios de comunicación independientes en Bielorrusia».

(7)  Resolución del Parlamento Europeo sobre la reducción del espacio de la sociedad civil en Europa — 2021/2103(INI) (DO C 347 de 9.9.2022, p. 2).

(8)  Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (DO L 315 de 14.11.2012, p. 57).

(9)  SOC/712 — Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Una Europa más inclusiva y protectora: ampliación de la lista de delitos de la UE a la incitación al odio y a los delitos de odio, CESE 2022/00299 (DO C 323 de 26.8.2022, p. 83).

(10)  COM(2022) 177.

(11)  Recomendación (UE) 2022/758 de la Comisión, de 27 de abril de 2022, sobre la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos que participan en la esfera pública frente a procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos («demandas estratégicas contra la participación pública») (DO L 138 de 17.5.2022, p. 30).