A tenor del apartado 1 del artículo 4 del Tratado cada institución actuará dentro de los límites de las competencias atribuidas por el presente Tratado. Habida cuenta de que el artículo 128 no atribuye al Consejo las competencias que éste quiso ejercer al adoptar la Decisión 87/569/CEE, basándose únicamente en este articulo, dicha institución ha actuado extralimitando sus competencias. Procede pues anular dicha Decisión y condenar al Consejo al pago de las costas. En cuanto a la Comisión, que ha intervenido en apoyo de las pretensiones del Consejo, cargará con sus propias costas.