CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. TAMARA ĆAPETA
presentadas el 28 de noviembre de 2024 (1)
Asunto C‑745/23 [Alenopik] (i)
Maksu- ja Tolliamet
contra
UT
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Riigikohus (Tribunal Supremo, Estonia)]
« Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) 2018/1672 — Controles de la entrada o la salida de dinero en efectivo de la Unión Europea — Artículo 3, apartado 1 — Persona física que entra en la Unión — Método de determinación del valor de la moneda de un tercer país a efectos de su declaración »
I. Introducción
1. A pesar de lo rápido que cambia el perfil de la criminalidad y del surgimiento de los ciberdelitos, como el fraude en línea y los mercados ilícitos en línea, los métodos de blanqueo de capitales siguen siendo fundamentalmente tradicionales. «El efectivo es el rey» y, por lo tanto, sigue siendo uno de los principales facilitadores del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en prácticamente todos los ámbitos. (2)
2. Con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1672, (3) toda persona que transporte efectivo por un importe igual o superior a 10 000 euros deberá declararlo a las autoridades competentes del Estado miembro a través del cual entre o salga de la Unión (en lo sucesivo, «obligación de declaración prevista en el artículo 3, apartado 1»).
3. Sin embargo, el Reglamento de controles de efectivo guarda silencio en cuanto al método para determinar el valor de la moneda de un tercer país a fin de establecer si se respeta el límite de los 10 000 euros. En consecuencia, ¿qué fundamento pueden adoptar las autoridades de los Estados miembros para determinar el valor del efectivo denominado en esa moneda, en particular, cuando el Banco Central Europeo no publica un tipo de cambio? Esa es, en suma, la cuestión que debe responder el Tribunal de Justicia en el presente asunto.
II. Hechos del litigio principal y cuestión prejudicial
4. El 13 de enero de 2023, después de haber pasado el día haciendo recados y visitando a familiares, UT (en lo sucesivo, «demandante en primera instancia») y su hija cruzaron el «Puente de la Amistad» que une Ivangorod (Rusia) y Narva (Estonia).
5. En el punto de control de aduanas, eligieron pasar por el canal verde, indicando así que no tenían nada que declarar a las autoridades competentes. Sin embargo, al ser sometidas a registro, se descubrió que cada una de ellas portaba 500 000 grivnas ucranianas (UAH) en efectivo, en paquetes de cien billetes sujetos con gomas elásticas. El efectivo se encontró oculto en sus bolsillos, así como bajo el forro de su ropa y en las capuchas de sus chaquetas.
6. Dado que el Banco Central Europeo no publica el tipo de cambio de referencia de las grivnas ucranianas, (4) para determinar el valor en euros de las 500 000 UAH que la demandante en primera instancia y su hija tenían en su poder, las autoridades estonias competentes se basaron en el tipo de cambio del conversor de moneda publicado en la página web www.xe.com, una empresa canadiense de herramientas de tipos de cambio y de servicios. (5)
7. Según el conversor de moneda de esa página web, el valor del efectivo que la demandante en primera instancia y su hija portaban, cada una de ellas, el día en que cruzaron la frontera ascendía a 12 565,71 euros.
8. Por consiguiente, las autoridades estonias competentes determinaron que el efectivo en poder de la demandante en primera instancia y su hija rebasaba el umbral de los 10 000 euros establecido en el Reglamento de controles de efectivo, de modo que debería haber sido declarado.
9. Mediante resolución de 13 de febrero de 2023, las autoridades estonias competentes impusieron a la demandante en primera instancia una multa por importe de 600 euros por no declarar el efectivo. (6) Dichas autoridades también optaron por decomisar las grivnas ucranianas no declaradas.
10. En su recurso ante el Viru Maakohus (Tribunal de Primera Instancia de Viru, Estonia), la demandante en primera instancia expuso que el efectivo no le pertenecía y que desconocía la obligación de declararlo. La demandante en primera instancia explicó que ese efectivo pertenecía a RR, un nacional ucraniano residente en Estonia que, debido a la guerra de Ucrania, no podía transferir ese dinero a la Unión. Por eso solicitó a la hija de la demandante en primera instancia que le trajera el efectivo que le pertenecía de Ivangorod a Estonia. Tras comprobar el tipo de cambio de la grivna ucraniana en la página web www.tavid.ee, RR había llegado a la conclusión de que no había que declarar el efectivo, dado que se suponía que su valor, según figuraba en esa página web, era inferior al umbral de los 10 000 euros. RR supuestamente transmitió esa información a la hija de la demandante en primera instancia, que se la trasladó posteriormente a su madre. La demandante en primera instancia alegó, en consecuencia, que no había pretendido introducir las 500 000 UAH de forma clandestina a Estonia, sino que había ocultado el dinero por miedo a que se lo robaran.
11. En el consiguiente procedimiento, el Viru Maakohus (Tribunal de Primera Instancia de Viru) estimó parcialmente la demanda y, mediante resolución de 28 de abril de 2023, anuló la resolución inicial de imposición de una multa y de decomiso adoptada por las autoridades estonias competentes. En cambio, el Viru Maakohus (Tribunal de Primera Instancia de Viru) impuso una multa por importe de 400 euros y ordenó la devolución de las 500 000 UAH que habían sido decomisadas.
12. Las autoridades estonias competentes interpusieron un recurso de casación ante el Riigikohus (Tribunal Supremo, Estonia).
13. El Riigikohus (Tribunal Supremo) alberga dudas sobre la manera de determinar el tipo de cambio en el asunto de que conoce. Dicho órgano jurisdiccional observa que ni el Derecho de la Unión ni el Derecho nacional especifican el método que debe aplicarse para la conversión de efectivo denominado en una moneda cuyo tipo de cambio a euros no ha sido publicado por el Banco Central Europeo.
14. En estas circunstancias, el Riigikohus (Tribunal Supremo) decidió suspender procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
«¿Cómo debe determinarse el tipo de cambio con arreglo al cual debe establecerse el valor del efectivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, del [Reglamento de controles de efectivo], en el caso de una moneda cuyo tipo de cambio no es publicado por el Banco Central Europeo?»
15. Han presentado observaciones escritas el Gobierno estonio y la Comisión Europea. No se ha celebrado vista.
III. Análisis
16. Las presentes conclusiones tienen la siguiente estructura. En primer lugar, expondré brevemente el marco jurídico de la obligación de declaración prevista en el artículo 3, apartado 1, que resulta del Reglamento de controles de efectivo (A). A continuación, examinaré el principal argumento del Gobierno estonio y de la Comisión, a saber, que los principios de conversión de monedas que se derivan del código aduanero de la Unión (7) y de su Reglamento de Ejecución (8) deben ser tenidos en cuenta en la interpretación del Reglamento de controles de efectivo (B). Por último, indicaré las razones por las que considero que el Reglamento de controles de efectivo deja en manos de las autoridades nacionales competentes la decisión de cómo determinar el valor de efectivo denominado en moneda extranjera (C).
A. Antecedentes de la obligación de declaración prevista en el artículo 3, apartado 1
17. En 1991, el legislador de la Unión adoptó la Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales. (9) Como su nombre indica, el objetivo de esa Directiva era luchar contra el blanqueo de capitales de origen ilícito y procedentes de la criminalidad organizada, pero también proteger la solidez, estabilidad y la confianza en el sistema financiero en su conjunto. (10) En consecuencia, esa Directiva exigía a las entidades de crédito, a las instituciones financieras y a determinadas profesiones que identificaran a aquellos clientes que realizaran operaciones por sumas iguales o superiores a 15 000 unidades de cuenta europea. (11)
18. Sin embargo, en aquel momento, ningún instrumento del Derecho de la Unión imponía controles nacionales en la frontera de los movimientos de efectivo, razón por la cual solo algunos de los Estados miembros habían instaurado tales controles. (12)
19. Reconociendo el riesgo de que la falta de controles a nivel de la Unión menoscabara la efectividad de las obligaciones de supervisión introducidas por la Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales, las autoridades aduaneras de los (entonces) quince Estados miembros lanzaron una operación conjunta denominada «operación Moneypenny». (13) Mediante esa operación se pretendía examinar el volumen de movimientos transfronterizos de dinero en efectivo a través de las fronteras internas y externas de la Unión. (14)
20. Pese a tener un alcance limitado, esa operación reveló que el volumen de efectivo transportado entre las fronteras de la Unión planteaba un riesgo potencial para los intereses tanto de la Unión como nacionales, particularmente a la vista de las diferencias significativas de los controles de los movimientos de efectivo instaurados (en su caso) en los Estados miembros. (15)
21. La incorporación del euro como moneda (casi) única en un mercado interior sin fronteras convirtió a tales diferencias en los controles nacionales sobre movimientos de efectivo en aún más problemáticas para el correcto funcionamiento de ese mercado. (16)
22. En estas circunstancias, el Reglamento n.o 1889/2005 vio la luz.
23. Acompañando la labor antiblanqueo del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales, (17) el Reglamento n.o 1889/2005 introdujo la obligación de los portadores de «una suma de dinero efectivo igual o superior a 10 000 EUR» de declarar dicha suma a las autoridades competentes del Estado miembro. (18)
24. Aunque ese umbral se fijó por debajo del umbral de control de 15 000 euros impuesto por la Directiva 2005/60/CE, (19) el Reglamento n.o 1889/2005 pretendió completar esa Directiva y adoptar medidas frente al riesgo de que los controles que había instaurado dieran lugar a un incremento de los movimientos físicos de dinero en efectivo con fines ilícitos en las fronteras exteriores de la Unión. (20)
25. En 2018, el Reglamento de controles de efectivo sustituyó a su predecesor de 2005 para introducir actualizaciones que reflejasen las mejores prácticas nacionales y las últimas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. (21)
26. El Reglamento de controles de efectivo mantiene la obligación de declaración prevista en el artículo 3, apartado 1, introducida por su predecesor.
27. Así, conforme a su artículo 3, apartado 1, los portadores que transporten efectivo por un importe igual o superior a 10 000 euros deben declararlo a las autoridades competentes del Estado miembro a través del cual entren o salgan de la Unión y ponerlo a su disposición a efectos de control.
28. La definición del concepto de «efectivo» engloba cuatro categorías, entre ellas, el «dinero en metálico». (22)
29. El «dinero en metálico» está definido como «los billetes de banco y monedas metálicas que estén en circulación como instrumento de cambio o que hayan estado en circulación como instrumento de cambio y aún puedan cambiarse a través de instituciones financieras o bancos centrales por billetes de banco y monedas metálicas que estén en circulación como instrumento de cambio». (23)
30. Sin embargo, al igual que su predecesor, el Reglamento de controles de efectivo, no establece, al menos a primera vista, la obligación de declaración prevista en el artículo 3, apartado 1, en aquellos supuestos en los que el efectivo está denominado en una moneda que no es la de la Unión.
31. Dicho esto, el considerando 4 de ese Reglamento explica que, a la luz de su objetivo de evitar y detectar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el sistema de controles de efectivo que introduce se aplica a importes iguales o superiores a 10 000 euros «o su equivalente en otras monedas». (24)
32. Entendida esta disposición en el contexto de garantizar que el sistema financiero y los flujos monetarios en el territorio de la Unión no se utilicen para el blanqueo de capitales y otros fines ilícitos, (25) el ámbito de aplicación de la obligación de declaración prevista en el artículo 3, apartado 1, también incluye, por consiguiente, el efectivo denominado en una moneda distinta del euro.
33. Sin embargo, el Reglamento de controles de efectivo no establece en paralelo ningún método particular para determinar el valor de efectivo no denominado en euros a efectos de garantizar el cumplimiento de la obligación de declaración prevista en el artículo 3, apartado 1.
34. De ahí que se susciten las dudas examinadas en el presente asunto.
B. Recurso a las disposiciones de la normativa aduanera de la Unión
35. En sus observaciones escritas, tanto el Gobierno estonio como la Comisión defienden que la determinación del valor de efectivo denominado en moneda distinta del euro a efectos de la obligación de declaración prevista en el artículo 3, apartado 1, debe realizarse sobre la base de los principios de conversión de moneda aplicables a las normas sobre valoración en aduanas que figuran en el código aduanero de la Unión y en su Reglamento de Ejecución. (26)
36. No estoy de acuerdo. El código aduanero de la Unión solo se aplica a mercancías y el efectivo en circulación como medio de cambio no está comprendido en el concepto de «mercancía».
37. En cualquier caso, aunque la normativa aduanera de la Unión fuera aplicable, el resultado en este caso sería el mismo, es decir, seguiría incumbiendo a los Estados miembros determinar el tipo de cambio aplicable.
38. En primer lugar, expondré por qué considero que las disposiciones de la normativa aduanera no son aplicables.
39. Al definir el ámbito del código aduanero de la Unión, su artículo 1, apartado 1, establece que contiene las disposiciones y procedimientos generales «aplicables a las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión o que salgan del mismo». (27)
40. La aplicabilidad del código aduanero de la Unión a las circunstancias del presente asunto depende de que el «efectivo» constituya una «mercancía» a efectos de esa norma del Derecho de la Unión.
41. El código aduanero de la Unión no recoge una definición de «mercancía» (28) ni tampoco se remite a la legislación de los Estados miembros. Por lo tanto, es preciso atribuir al concepto de «mercancía» un sentido autónomo y uniforme en el Derecho de la Unión.
42. Ese sentido ha sido determinado por el Tribunal de Justicia en su sentencia Comisión/Italia, en la que expuso que «debe entenderse por mercancías, en el sentido [del Derecho de la Unión], los productos que pueden valorarse en dinero y que, como tales, pueden ser objeto de transacciones comerciales». (29)
43. En el contexto de la libre circulación de mercancías, en las dos posteriores sentencias Thompson y otros (30)y Bordessa y otros, (31) el Tribunal de Justicia tuvo la oportunidad de exponer que el «efectivo», ya sea en forma de monedas o de billetes de banco, en la medida en que constituye un artículo de valor, no es una «mercancía» a los efectos de la libre circulación de mercancías.
44. Así, en la sentencia Thompson y otros, se planteó al Tribunal de Justicia la cuestión de si los Krugerrands, monedas de oro acuñadas en Sudáfrica, estaban comprendidos en el ámbito de aplicación de las disposiciones sobre libre circulación de mercancías. Dicho órgano jurisdiccional señaló que «en el sistema del Tratado, los medios de pago no deben considerarse mercancías sometidas a las disposiciones [en materia de libre circulación de mercancías]». (32) Por lo tanto, el Tribunal de Justicia explicó que «si bien pueden existir dudas sobre la cuestión de si los Krugerrands deben reputarse medios legales de pago, se puede, sin embargo, señalar que, en los mercados monetarios de aquellos Estados miembros que admiten su negociación, se consideran equivalentes a una moneda». (33) Por consiguiente, su transferencia no quedaba sometida a las disposiciones sobre libre circulación de mercancías. (34)
45. Esa lógica se aplicó por extensión a los billetes de banco denominados en la moneda de un Estado miembro en el asunto que dio lugar a la sentencia Bordessa y otros, en el que personas físicas habían cruzado la frontera entre España y Francia portando, respectivamente, 38 millones y 50 millones de pesetas. (35) A raíz de la solicitud, por el órgano jurisdiccional nacional, de orientaciones sobre si un sistema de previa declaración o previa autorización administrativa está comprendido en el ámbito de aplicación de las disposiciones en materia de libre circulación de mercancías, el Tribunal de Justicia explicó que «una transferencia material de valores […] está sometida […] al artículo [65 TFUE] y a la Directiva para la aplicación de esta disposición», (36) es decir, en el ámbito de la libre circulación de capitales y no de las disposiciones sobre libre circulación de mercancías. (37)
46. Por consiguiente, de la jurisprudencia antes citada se desprende que el efectivo, en forma de moneda extranjera, queda excluido del concepto de «mercancías» en el sentido que el artículo 28 TFUE atribuye a ese concepto, en la medida en que en los mercados financieros se puedan realizar operaciones con esa moneda.
47. Del litigio principal resulta que las dos páginas de Internet de referencia utilizadas para calcular el equivalente de 10 000 euros en grivnas ucranianas parecen reconocer que esa moneda puede convertirse en euros. (38)
48. Creo que, únicamente por esa circunstancia, queda acreditado que la grivna ucraniana constituye una moneda que los mercados financieros consideran potencialmente convertible en euros. (39)
49. Sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde hacer al órgano jurisdiccional remitente, considero, por lo tanto, que el efectivo en forma de grivnas ucranianas, transportado por una persona que cruza las fronteras exteriores de la Unión, no está comprendido en el concepto de «mercancías» en el sentido del Derecho de la Unión.
50. Por consiguiente, el código aduanero de la Unión no es aplicable en el presente asunto. (40)
51. En segundo lugar, como ya he apuntado en el apartado 37 de las presentes conclusiones, aunque la normativa aduanera de la Unión fuera aplicable, no ofrecería una respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente.
52. A este respecto, el Gobierno estonio y la Comisión arguyen que el Reglamento de controles de efectivo debe interpretarse a la luz del artículo 53, apartado 1, letra a), del código aduanero de la Unión y del artículo 146, apartado 4, del Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión.
53. Según el primero de esos artículos, las autoridades competentes deben publicar o divulgar en Internet el tipo de cambio aplicable, cuando sea necesaria la conversión de divisas porque «los elementos utilizados para determinar el valor en aduana de una mercancía estén expresados en una moneda distinta de la del Estado miembro» de que se trate. Esa disposición se ve completada por el artículo 146, apartado 4, del Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión, que dispone que, cuando ni el Banco Central Europeo ni la autoridad nacional competente hayan publicado un tipo de cambio, el «tipo de cambio […] será fijado por el Estado miembro de que se trate. Este tipo deberá reflejar el valor de la divisa del Estado miembro de que se trate, en la medida de lo posible».
54. Por lo tanto, la normativa aduanera simplemente remite la cuestión a los Estados miembros, obligándoles a determinar el tipo de cambio aplicable.
C. Competencia de los Estados miembros para colmar la laguna
55. Como el Reglamento de controles de efectivo no regula el método conforme al cual debe determinarse el valor en euros de un importe denominado en moneda extranjera y no resulta de la aplicación la normativa aduanera de la Unión, (41) solo puede concluirse que el legislador de la Unión dejó la resolución de esta cuestión en manos de los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros. (42)
56. Aunque los reglamentos sean actos que, en virtud del artículo 288 TFUE, deben ser directamente aplicables en cada Estado miembro, en ocasiones exigen, no obstante, de manera expresa o tácita, actos de ejecución posteriores. En mi opinión, es lo que ocurre en el presente caso.
57. Por lo tanto, podría responderse simplemente al órgano jurisdiccional nacional que el Derecho de la Unión no regula el método para determinar el tipo de cambio y obtener el valor en efectivo a efectos de la aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento de controles de efectivo, cuando ese efectivo está denominado en una moneda cuyo tipo de cambio no publica el Banco Central Europeo. En cambio, el Reglamento de controles de efectivo deja esa cuestión en manos de los Estados miembros.
58. Sin embargo, esa respuesta puede no resultar muy útil para el órgano jurisdiccional remitente.
59. ¿De qué otro modo puede ayudar el Derecho de la Unión al órgano jurisdiccional remitente a valorar la adecuación de la solución adoptada por las autoridades estonias competentes en el presente asunto?
60. Al colmar la laguna que ha dejado un reglamento, los Estados miembros deben prever una solución que permita a las personas físicas disfrutar de los derechos que ese reglamento les reconoce.
61. El artículo 3, artículo 1, del Reglamento de controles de efectivo también puede expresarse en clave de derecho: los portadores tienen derecho a introducir hasta 10 000 euros en efectivo sin declararlo a las autoridades competentes.
62. Para saber si existe obligación de declarar efectivo denominado en moneda extranjera, el portador de ese efectivo debe poder conocer la manera en la que las autoridades competentes calculan el valor de ese dinero en euros. Por consiguiente, cabría concluir que las autoridades competentes de los Estados miembros deben publicar información sobre el método de cálculo del valor de una moneda extranjera en euros. Esa información debe estar a disposición de cualquier persona que entre en la Unión antes de que cruce la frontera.
63. Además, la elección del método de cálculo no puede ser arbitraria.
64. Por consiguiente, a falta de un tipo de cambio «oficial» publicado por el Banco Central Europeo, el tipo que utilicen las autoridades nacionales competentes debe responder a un valor que refleje, en la mayor medida posible, el tipo de cambio al que una moneda en particular se vende y compra en el mercado.
65. Ese tipo cumple la finalidad objetiva de fijar el umbral en 10 000 euros consistente en controlar únicamente movimientos significativos de efectivo de modo que los viajeros y agentes económicos puedan ejercer sus derechos de libre circulación con el menor impacto posible. (43)
66. A efectos del presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente debería, por lo tanto, asegurarse, en primer término, de que la demandante en primera instancia en el litigio principal conocía o podía haber conocido el método de conversión de grivnas ucranianas a euros empleado por las autoridades estonias competentes.
67. En segundo término, ese órgano jurisdiccional debería comprobar si el principio de conversión adoptado por las autoridades competentes, es decir, el tipo de cambio publicado por www.xe.com, refleja, en la mayor medida posible, el valor «real» (de mercado) de 10 000 euros en grivnas ucranianas. (44)
68. De los autos del litigio principal resulta que las autoridades estonias competentes advierten de la obligación de declaración prevista en el artículo 3, apartado 1, en el paso fronterizo de que se trata. También publican los principios de conversión de monedas utilizados a tal efecto en su página web. (45)
69. Además, dado que el Banco Central Europeo no publica un tipo de cambio para la conversión de euros en grivnas ucranianas, recurrir a una fuente de información que utiliza tipos medios de mercado, como parece ser el caso de www.xe.com, cumple el requisito de reflejar, en la mayor medida posible, el valor de 10 000 euros en grivnas ucranianas a efectos del control del cumplimiento de la obligación de declaración prevista en el artículo 3, apartado 1. Ello se debe a que esos tipos resultan del punto medio entre los tipos de compra y venta de las operaciones denominadas en una moneda en particular.
70. A ese respecto, el Gobierno estonio alegó que, según parece, al menos otros dos Estados miembros utilizan esa misma página con respecto a las monedas para las que el Banco Central Europeo no publica un tipo de cambio.
71. Sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional nacional compruebe este extremo, parece que el planteamiento adoptado por las autoridades estonias competentes respeta tanto el disfrute efectivo del derecho a entrar en el territorio de la Unión con una determinada cantidad de moneda extranjera en efectivo sin declararla, por un lado, como la necesidad de aplicar de forma eficaz los controles de los movimientos de efectivo para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por otro.
IV. Conclusión
72. A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del modo siguiente a la cuestión prejudicial planteada por el Riigikohus (Tribunal Supremo, Estonia):
«El artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1889/2005,
debe interpretarse en el sentido de que
no establece un método particular para determinar el valor en euros de una moneda cuyo tipo de cambio no publica el Banco Central Europeo.
Corresponde a los Estados miembros determinar el método para convertir esa moneda.»
1 Lengua original: inglés.
i La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2 Véase, en tal sentido, Europol Financial Intelligence Group, Why is cash still king? A strategic Report on the use of cash by Criminal groups as a facilitator for money laundering, Oficina Europea de Policía, 2015, p. 7.
3 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1889/2005 (DO 2018, L 284, p. 6; en lo sucesivo, «Reglamento de controles de efectivo»).
4 En el momento en que se escriben estas líneas, el Banco Central Europeo solo publica tipos de cambio con el euro para una cesta de treinta y una monedas. Véase Banco Central Europeo, Marco de los tipos de cambio de referencia entre el euro y monedas extranjeras, 2023, apartado 2.5.
5 Según las observaciones del Gobierno estonio, sus autoridades empezaron a hacer uso de esa página de Internet en abril de 2022, tras llevar a cabo discusiones con las autoridades competentes de otros Estados miembros, habida cuenta de que el Banco Central Europeo había suspendido la publicación del tipo de cambio diario entre el rublo ruso y el euro.
6 Según consta en los autos del litigio principal, se ha incoado un procedimiento independiente contra la hija de la demandante. La presente petición de decisión prejudicial solo guarda relación con el procedimiento incoado contra la propia demandante.
7 Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO 2013, L 269, p. 1; en lo sucesivo, «código aduanero de la Unión»).
8 Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento n.o 952/2013 (DO 2015, L 343, p. 558; en lo sucesivo, «Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión»).
9 Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (DO 1991, L 166, p. 77; en lo sucesivo, «Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales»).
10 Véase la Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales, considerando 1.
11 Véase la Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales, artículo 3, apartados 1 y 2.
12 Véase el Informe de la Comisión al Consejo sobre los controles de los movimientos transfronterizos de dinero efectivo [COM(2002) 328 final; en lo sucesivo, «Informe de la Comisión de 2002»], apartado 9.
13 La «operación Moneypenny» fue llevada a cabo de septiembre de 1999 a febrero de 2000 por los servicios de aduanas de los Estados miembros, con el fin de supervisar los movimientos transfronterizos de dinero en efectivo superiores a 10 000 euros, para verificar si, por su volumen, estos movimientos podían comprometer la eficacia de los controles efectuados por las instituciones financieras para luchar contra el blanqueo de capitales. Véase el documento 9630/2/00 del Consejo, de 7 de septiembre de 2000.
14 Véase el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, titulado «Evaluación de impacto», que acompaña a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1889/2005 [SWD(016) 470 final; en lo sucesivo, «documento de trabajo de 2016»], p. 70. Véase también el Informe de la Comisión de 2002, apartados 4 y 13 (que señala que, como consecuencia de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, «asistimos necesariamente a un refuerzo de los controles de los movimientos de dinero operados por las instituciones financieras [de modo que] la utilización del dinero efectivo como alternativa podría aumentar a consecuencia de ello»).
15 Véase el documento de trabajo de 2016, pp. 71 y 72.
16 Véase el considerando 3 del Reglamento (CE) n.o 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad (DO 2005, L 309, p. 9). Véase también el Informe de la Comisión de 2002, apartado 14, que destaca que «habida cuenta de la interpenetración actual de las economías de los Estados miembros, [la disparidad de los controles nacionales sobre movimientos de efectivo] está destinada a convertirse en excepcional y es difícilmente justificable. En efecto, controles rigurosos en un Estado miembro dado podrían muy bien conducir a un desplazamiento de los movimientos a través de un Estado miembro contiguo caracterizado por controles escasos o inexistentes. Además la heterogeneidad de los dispositivos de control de los que se han dotado los Estados miembros es discutible en términos de Mercado interior».
17 Véase el Reglamento de controles de efectivo, considerandos 5 y 6, el Reglamento n.o 1889/2005, considerando 4 y el documento de trabajo de 2016, p. 114, que hacen referencia a la recomendación especial IX del Grupo de Acción Financiera Internacional, posteriormente rebautizada como recomendación 32 y completada mediante una nota interpretativa. Esas recomendaciones del Grupo de Acción invitan a los gobiernos a aplicar medidas destinadas a detectar movimientos físicos de dinero efectivo, incluso mediante obligaciones de comunicación. El Tribunal de Justicia ya se había referido al Grupo de Acción Financiera Internacional como el principal organismo internacional de lucha contra el blanqueo de capitales (véase, a este respecto, la sentencia de 25 de abril de 2013, Jyske Bank Gibraltar, C‑212/11, EU:C:2013:270, apartado 46).
18 Véase Reglamento n.o 1889/2005, artículo 3.
19 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO 2005, L 309, p. 15). Mientras que la Directiva mantuvo el umbral en los 15 000 euros [véase su artículo 2, letra e)], parece que las negociaciones tripartitas dieron lugar a un umbral inferior de 10 000 euros, que la delegación italiana tachó de «incoherente con el […] umbral de 15 000 euros» establecido en la Directiva [véase el acta de la sesión n.o 2672 del Consejo de la Unión Europea (Asuntos económicos y financieros), de 12 de julio de 2005 (11128/05), p. 6].
20 Véanse el Reglamento de controles de efectivo, artículo 1 y considerando 4, el Reglamento n.o 1889/2005, artículo 2 y considerando 2, y la sentencia de 16 de julio de 2015, Chmielewski (C‑255/14, EU:C:2015:475), apartado 17.
21 Véase el Reglamento de controles de efectivo, considerando 8.
22 Véase, el artículo 2, apartado 1, letra a), inciso i), del Reglamento de controles de efectivo y el considerando 13. Las otras tres categorías comprendidas en ese concepto son «efectos negociables al portador, materias primas utilizadas como depósitos de valor de gran liquidez y algunos tipos de tarjetas de prepago».
23 Véase el artículo 2, apartado 1, letra c), del Reglamento de controles de efectivo.
24 El subrayado es mío.
25 Véanse, a tal efecto, los considerandos 2 a 4, 10 y 17 del Reglamento de controles de efectivo y la sentencia de 4 de mayo de 2017, El Dakkak e Intercontinental (C‑17/16, EU:C:2017:341), apartado 29 y jurisprudencia citada, en el que se expone que dicho Reglamento «tiene por objeto prevenir, disuadir y evitar tanto la introducción en el sistema financiero de ingresos procedentes de actividades ilegales como la inversión de dicho dinero tras su blanqueo, mediante el establecimiento, en particular, del principio de declaración obligatoria de los movimientos de entrada o salida de dinero en efectivo de la Unión, que permita recabar información sobre los mismos».
26 Véanse las notas 7 y 8 de las presentes conclusiones.
27 El subrayado es mío.
28 Esa norma únicamente establece dos tipologías distintas para «mercancías de la Unión» y «mercancías no pertenecientes a la Unión»; véase el artículo 5, puntos 23 y 24, del código aduanero de la Unión.
29 Sentencia de 10 de diciembre de 1968 (7/68, EU:C:1968:51), p. 428.
30 Sentencia de 23 de noviembre de 1978 (C‑7/78, en lo sucesivo «sentencia Thompson y otros», EU:C:1978:209).
31 Sentencia de 23 de febrero de 1995, Bordessa y otros (C‑358/93 y C‑416/93, en lo sucesivo «sentencia Bordessa y otros», EU:C:1995:54).
32 Sentencia Thompson y otros, apartado 25.
33 Sentencia Thompson y otros, apartado 27.
34 Sentencia Thompson y otros, apartado 28.
35 Según el tipo de cambio aplicable en 1999, cuando se introdujo el euro en España, esos importes equivaldrían, aproximadamente, a 228 300 euros y 300 500 euros.
36 Sentencia Bordessa y otros, apartado 13. La directiva a la que se refiere el Tribunal de Justicia en ese asunto es la Directiva 88/361/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1988, para la aplicación del artículo 67 del Tratado (DO 1988, L 178, p. 5); véase el apartado 1 de tal sentencia.
37 Sentencia Bordessa y otros, apartado 15.
38 A saber, www.xe.com y www.tavid.ee.
39 Ha de señalarse, asimismo, que la Unión Europea ha firmado un acuerdo de asociación con Ucrania [véase el Acuerdo de asociación entre la Unión Europea y sus Estado miembros, por una parte, y Ucrania, por otra (DO 2014, L 161, p. 3)], según el cual la Unión Europea reconoce al Banco Central de Ucrania potestad para calcular y convertir el valor de contratos públicos denominados en euros en grivnas ucranianas (véase el artículo 149, apartado 3, del Acuerdo de asociación, según el cual «el cálculo del valor estimado de un contrato público se basará en su importe total sin IVA. A la hora de aplicar estos umbrales, Ucrania calculará y convertirá estos valores en su moneda nacional, empleando el tipo de cambio de su banco nacional»). Véase asimismo el artículo 144 de dicho Acuerdo, según el cual la Unión y Ucrania liberalizan los pagos y transferencias entre ellos.
40 En cualquier caso, el mero hecho de que, en algunos Estados miembros, como Estonia, las autoridades aduaneras asuman la tarea de hacer cumplir la obligación de declaración prevista en el artículo 3, apartado 1, no convierte automáticamente al Reglamento de controles de efectivo en un instrumento del Derecho aduanero de la Unión. Por un lado, del artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento de controles de efectivo, en relación con su considerando 12, se desprende claramente que los Estados miembros pueden designar a otras autoridades presentes en las fronteras exteriores, y no solo a las aduanas, para que actúen como autoridades competentes a efectos del Reglamento de controles de efectivo. Por lo tanto, el hecho de que, en Estonia, las autoridades aduaneras velen por el cumplimiento de esas normas es una cuestión de comodidad y no de concepción del marco del control de los movimientos de efectivo.
41 O, como ya he señalado en el punto 37 de las presentes conclusiones, aun siendo de aplicación, el código aduanero de la Unión no contiene una solución a la cuestión planteada al Tribunal de Justicia.
42 Solo podemos especular sobre si la falta de determinación de un método de conversión de monedas extranjeras a euros fue intencionada o una mera omisión del legislador. Los antecedentes legislativos que dieron lugar a la adopción del Reglamento de controles de efectivo no mencionan que esa cuestión fuera objeto de debate en algún momento.
43 Como se señala en el Informe de la Comisión de 2002, solo deberían controlarse los movimientos significativos de efectivo para lograr un «equilibrio» entre un control correcto de los movimientos de efectivo y los derechos de libre circulación afectados. Por esa razón, este límite máximo debería elevarse suficientemente, con el fin de evitar trámites administrativos suplementarios a los viajeros y a los agentes económicos, así como una carga desproporcionada a las administraciones aduaneras. Véase el Informe de la Comisión de 2002, apartados 18 a 20.
44 La utilización de páginas de Internet de oficinas de cambio de divisas, como parece ser el caso de www.tavid.ee, menoscabaría de hecho la efectividad del sistema de control de efectivo y el derecho de los portadores a transportar efectivo por un valor igual o inferior a 10 000 euros, toda vez que esos establecimientos fijan sus tarifas con independencia de los tipos de cambio de los mercados financieros. Por lo tanto, la utilización de una página de Internet o de una oficina de cambio de divisas establecida en Estonia ofrecería tipos distintos, en ocasiones incluso muy distintos, a los ofrecidos por un establecimiento similar en España, por ejemplo.
45 A tal respecto, una simple búsqueda en Internet sobre los controles de efectivo en la frontera de Estonia arroja, entre sus primeros resultados, un enlace a la página de la Administración tributaria y aduanera de Estonia. En esa página de Internet, se establece claramente que cualquier importe en efectivo por valor igual o superior a 10 000 euros debe ser declarado a las autoridades competentes. Esa página de Internet también se remite a la página https://www.xe.com como método para convertir moneda extranjera en euros. Véase https://www.emta.ee/en/private-client/consignments-travel-settlement/travel/declaration-cash.