<TI><P>Apreciación del Tribunal de Primera Instancia</P></TI>45La exposición de los hechos y las alegaciones presentados por el demandante en el marco del procedimiento administrativo, recogida en sus escritos, puede resumirse de la manera siguiente:El CIS no cometió ninguna irregularidad ni alteró la ejecución de la ayuda, sino que sólo ha sido víctima de la actuación de la Regione Siciliana.
El CIS realizó la medida no 1 e indicó a la Comisión que había contraído varios compromisos relativos, en particular, a las medidas nos 3 y 5.
La Comisión no tomó en consideración las garantías dadas en la reunión del comité de supervisión, de 15 de diciembre de 1994, en la que su representante indicó qué medidas podían tomarse para cumplir el requisito relativo a los compromisos que debían ser contraídos antes del 31 de diciembre de 1994.
La Comisión no tuvo en cuenta el hecho de que sólo a raíz de su negativa a prorrogar el plazo, lo que hubiese permitido contraer los compromisos jurídicos y financieros vinculantes, no se pudieron realizar las actividades previstas en el marco de la ayuda.
Así pues, la liquidación del CIS sólo fue la consecuencia directa de la negativa a prorrogar ese plazo, que implicaba necesariamente la imposibilidad de ejecutar la ayuda.
La Comisión se alejó, asimismo, de la postura adoptada en su escrito de 21 de septiembre de 1995, en el que pedía al CIS que le indicase el importe de los gastos realizados a fin de determinar la cuota de participación del FEDER.
46Es preciso señalar que la insuficiencia o la falta de motivación es un vicio sustancial de forma en el sentido del artículo 230 CE y constituye un motivo de orden público que debe ser examinado de oficio por el juez comunitario (sentencias del Tribunal de Justicia de 20 de febrero de 1997, Comisión/Dafixx, C-166/95 P, Rec. p. I-983, apartado 24, y de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink's France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, apartado 67; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de marzo de 2001, Métropole télévision/Comisión, T-206/99, Rec. p. II-1057, apartado 43).47Asimismo, ha de recordarse que, según jurisprudencia reiterada, la motivación de una decisión individual lesiva debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de modo que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control (sentencias Comisión/Sytraval y Brink's France, antes citada, apartado 63, y Métropole télévision/Comisión, antes citada, apartado 44).48Pues bien, en el presente asunto la Decisión impugnada no se pronuncia sobre los distintos hechos y alegaciones expuestos, en particular sobre si esos elementos podían justificar o no el reembolso de los gastos realizados por el CIS antes de suprimirse la ayuda, a pesar de que la respuesta a esta cuestión es esencial para permitir al Tribunal de Primera Instancia examinar el fundamento de la Decisión impugnada.49En efecto, en la parte relativa al Desarrollo del proyecto, la Decisión impugnada se limita a señalar que el beneficiario fue declarado en liquidación el 20 de octubre de 1995 (sexto considerando), que la declaración final de gastos, así como la documentación correspondiente, fueron transmitidas a la Comisión, y que los gastos declarados por el beneficiario ascendían a 711.584.000 ITL, de los que 688.505.743 ITL habían sido declarados subvencionables a raíz de la verificación efectuada por las autoridades de la Regione Siciliana (séptimo considerando).50En la parte relativa a la Respuesta del Estado miembro interesado, la Decisión impugnada precisa lo siguiente (décimo considerando):Mediante escrito de 11 de marzo de 2002 [...], las autoridades italianas transmitieron la información complementaria solicitada, preparada por el liquidador [del CIS]. Esta información confirma que:
Los gastos comunicados ascendían a 711.584.000 ITL y los declarados subvencionables, a raíz de la certificación realizada por las autoridades de la Regione Siciliana, ascendían a 688.505.743 ITL.
Las actividades relativas a la subvención global estaban relacionadas exclusivamente con la medida no 1, estructuración del centro informativo.
El derecho al pago se basaba en el presupuesto de que la no realización del objetivo fijado no se debió a la actividad (o inactividad) del CIS, sino al retraso en la celebración del convenio entre la Regione Siciliana y el beneficiario, y en consecuencia a la cofinanciación tardía de la Regione Siciliana.
51En la parte relativa a la Apreciación de la Comisión, la Decisión impugnada sólo afirma lo siguiente (duodécimo considerando):[...]
No se ha alcanzado el objetivo de la subvención global consistente en realizar las actividades descritas en el artículo 5 del convenio [entre el CIS y la Comisión], dado que, de las siete medidas previstas en este artículo, sólo se ha realizado la medida no 1, estructuración del centro informativo CIS.
Los argumentos aducidos por el CIS no justifican tampoco que se tomen en consideración los gastos comunicados y relativos a la medida estructuración del centro informativo CIS. Las razones presentadas para explicar el fracaso de la subvención global, ligadas a la cofinanciación tardía por parte de las autoridades italianas, no justifican la solicitud de contribución comunitaria, dado que la subvención se concedió para la realización de las actividades indicadas en el convenio [entre el CIS y la Comisión]. La concesión de la subvención global tenía como objetivo la actividad de un centro informativo. Este centro nunca llegó a funcionar y fue declarado en liquidación después de haber realizado una sola de las siete medidas previstas en el convenio [entre el CIS y la Comisión]. Por consiguiente, el [incumplimiento] del convenio [entre el CIS y la Comisión] justifica la supresión de la ayuda concedida consistente en una subvención global y la devolución del anticipo abonado.
52Procede señalar que la Decisión impugnada no menciona lo acaecido entre el 2 de septiembre de 1993, fecha en que se firmó el convenio entre el CIS y la Comisión, y el 20 de octubre de 1995, fecha en la que el CIS fue declarado en liquidación.53En primer lugar, la Decisión impugnada no hace referencia alguna a la primera solicitud de prórroga de los plazos presentada por el CIS a la Comisión el 12 de noviembre de 1993, ni a la decisión de la Comisión de prorrogar hasta el 31 de diciembre de 1994 el plazo concedido para contraer los compromisos financieros previsto en el artículo 3, párrafo primero, de la Decisión de autorización.54En segundo lugar, no se menciona en la Decisión impugnada la negativa de la Comisión a acordar la segunda prórroga de los plazos solicitada por la Regione Siciliana, lo que tuvo el efecto automático de impedir al CIS aplicar la ayuda. La Comisión no ha encontrado esos dos documentos, como pudo indicar al Tribunal de Primera Instancia al responder al requerimiento de que los aportase. No obstante, es necesario señalar, de modo incidental, que el artículo 3, párrafo segundo, de la Decisión de autorización permitía a la Comisión prorrogar los plazos si así lo justificaba la información proporcionada.55En tercer lugar, en la Decisión impugnada no se menciona el escrito de la Comisión al CIS, de 21 de septiembre de 1995, aun cuando este escrito informa al CIS de que la [segunda] solicitud de prórroga de los plazos para contraer los compromisos financieros no ha podido ser acogida por la Comisión por no existir ninguna decisión válida de compromiso respecto a las empresas beneficiarias. Procede señalar que la razón aducida en este escrito se opone a la postura manifestada en la reunión del comité de supervisión del proyecto, que tuvo lugar en Palermo el 15 de diciembre de 1994 en presencia de representantes del CIS, de un funcionario de la DG Política regional de la Comisión y de funcionarios de la Regione Siciliana, en la que se habló de la cuestión de los compromisos que debían contraerse antes del 31 de diciembre de 1994. En esta reunión, el funcionario de la Comisión indicó, según se expone en las observaciones del CIS sobre la decisión de iniciar el procedimiento previsto en el artículo 24 del Reglamento no 4253/88, transmitidas a la Comisión el 11 de marzo de 2002 y no rechazadas por ésta: en el caso concreto del CIS, se podría considerar que la decisión por la cual su consejo de administración aprobase los proyectos de ejecución de las medidas y el compromiso global de realizar el proyecto del modo previsto se incluye en el concepto de compromisos que deben haberse contraído antes del 31 de diciembre de 1994. Por lo tanto, precisamente para ajustarse a esta interpretación el consejo de administración del CIS adoptó, el 20 de diciembre de 1994, varias decisiones relativas a la ejecución del proyecto, en particular de la medida no 3 (oferta de un servicio informativo avanzado para las empresas), para la cual se habían determinado las bases de datos y los recursos humanos que se necesitaban, y la medida no 5 (utilización de oficinas exteriores), respecto a la cual se habían aprobado los proyectos de viabilidad.56Pues bien, sobre tal extremo, la Decisión impugnada afirma que sólo se había realizado la medida no 1 (estructuración del centro informativo), sin pronunciarse sobre los argumentos aducidos por el CIS en el escrito de 11 de marzo de 2002, antes citado, respecto a la ejecución de las medidas nos 3 y 5, incluso antes de que la Comisión denegase la segunda prórroga de los plazos.57En cuarto lugar, la Decisión impugnada ignora asimismo el contenido del escrito de la Comisión al CIS, de 21 de septiembre de 1995, en la medida en que solicitaba al CIS que le comunicase, a la mayor brevedad, el importe al que ascienden [sus] compromisos [...] a fin de determinar el importe de los [de la Comisión]. Se puede deducir razonablemente de esta solicitud que la Comisión había aceptado reembolsar una parte de los gastos realizados por el CIS para la ejecución de la ayuda.58Por otra parte, la Decisión impugnada, que, sin embargo, basa la supresión de la ayuda y la denegación del reembolso controvertido en la inejecución de la totalidad de las medidas contempladas en el artículo 5 del convenio entre el CIS y la Comisión, no tiene en cuenta la posibilidad recogida en el artículo 14 de ese convenio, con arreglo al cual, cuando el intermediario sea responsable de incumplimientos graves, la Comisión puede resolver los compromisos asumidos en virtud del convenio, reconociendo al intermediario las cantidades debidas por los compromisos contraídos y por las actividades realizadas para aplicar la subvención global hasta la fecha en que se le comunique la rescisión. Pues bien, si los gastos realizados para ejecutar la subvención global pueden ser reembolsados en el supuesto de incumplimientos graves por parte del intermediario, es difícil comprender por qué tales gastos no pueden ser reembolsados cuando el demandante no ha incurrido en tales incumplimientos.59En consecuencia, de todo lo precedente resulta que la Decisión impugnada adolece de vicios de motivación tales que el Tribunal de Primera Instancia no puede ejercer su control. El Tribunal de Primera Instancia no puede apreciar, en particular, la legalidad de la Decisión impugnada respecto a los principios de proporcionalidad y de protección de la confianza legítima.60En consecuencia, procede anular la Decisión impugnada en la medida en que la Comisión ha incumplido la obligación de motivación que le impone el artículo 253 CE. En efecto, la Decisión impugnada no motiva de modo suficiente la cuestión del reembolso de la cuota del FEDER por lo que se refiere a los gastos realizados por el CIS en el marco de la ayuda por un importe certificado de 688.505.743 ITL.