–

en nombre de SM, PX y NB, por el Sr. V. Bolard, avocat;

–

en nombre de CY, LK, MF, OP, TD, MY, IX, AH, CJ, AE, BF, CG, LH, TB, MV, KN y PE, por el Sr. P. Peuvrel, avocat;

–

en nombre de la Caisse pour l’avenir des enfants, por la Sra. R. Jazbinsek, avocate;

–

en nombre del Gobierno checo, por la Sra. J. Benešová y los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;

–

en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. S. Delaude y el Sr. B.‑R. Killmann, en calidad de agentes;

1

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del concepto de «proveer a la manutención del hijo», desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el contexto de la interpretación del artículo 45 TFUE, del artículo 2, punto 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35), de los artículos 1, letra i), y 67 del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1), y del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión (DO 2011, L 141, p. 1).

2

Estas peticiones se han presentado en el contexto de doce litigios entre trabajadores transfronterizos y los cónyuges o las parejas registradas de algunos de ellos, de un lado, y la Caisse pour l’avenir des enfants (Caja para el Futuro de los Niños, Luxemburgo; en lo sucesivo, «CAE»), del otro lado, en relación con la negativa de esta última a conceder subsidios familiares a dichos trabajadores por los hijos de sus cónyuges o de las parejas registradas.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Directiva 2004/38

3

El artículo 2 de la Directiva 2004/38 tiene el siguiente tenor:

Reglamento n.º 883/2004

4

El artículo 1 del Reglamento n.º 883/2004 reza:

5

El artículo 3 del Reglamento, titulado «Campo de aplicación material», establece lo siguiente en su apartado 1:

6

El artículo 67 del Reglamento, titulado «Miembros de familia residentes en otro Estado miembro», dispone:

Reglamento n.º 492/2011

7

El artículo 7 del Reglamento n.º 492/2011, bajo la rúbrica «Del ejercicio del empleo y de la igualdad de trato», dispone:

Derecho luxemburgués

8

Las disposiciones pertinentes del Derecho luxemburgués, según eran de aplicación en el momento en que se produjeron los hechos de los litigios principales, son los artículos 269 y 270 del Code de la sécurité sociale (Código de la Seguridad Social), en su versión resultante de la loi du 23 juillet 2016, portant modification du code de la sécurité sociale, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant (Ley, de 23 de julio de 2016, por la que se modifican el Código de la Seguridad Social y la Ley modificada, de 4 de diciembre de 1967, relativa al impuesto sobre la renta y por la que se deroga la Ley modificada, de 21 de diciembre de 2007, relativa a la prima por hijo a cargo) (Mémorial A 2016, p. 2348), que entró en vigor el 1 de agosto de 2016 (en lo sucesivo, «Código»).

9

El artículo 269, apartado 1, del Código, titulado «Requisitos de atribución», dispone:

10

Conforme al artículo 270 del Código:

Litigios principales y cuestiones prejudiciales

11

Mediante resoluciones de la CAE, basadas en los artículos 269 y 270 del Código, a los demandantes en los litigios principales, trabajadores transfronterizos que residen bien en Bélgica, bien en Alemania o Francia y que ejercen una actividad por cuenta ajena en Luxemburgo, se les denegó la concesión de los subsidios familiares por hijos de sus cónyuges o de sus parejas registradas (asuntos C‑299/24 y C‑301/24), o bien se les retiraron, con efectos a partir del 1 de agosto de 2016, los subsidios percibidos en razón de estos (asuntos C‑296 a C‑298/24, C‑300/24 y C‑302/24 a C‑307/24).

12

Según la CAE, los hijos de los cónyuges o de las parejas registradas no gozaban de la condición de «miembro de la familia», en el sentido del artículo 270 del Código, pues no tenían un vínculo de filiación con los trabajadores transfronterizos en cuestión.

13

El conseil arbitral de la sécurité sociale (Consejo Arbitral de la Seguridad Social, Luxemburgo) estimó los recursos interpuestos por estos trabajadores, mediante los que se solicitaba la concesión del subsidio familiar o su restablecimiento.

14

Sin embargo, el conseil supérieur de la sécurité sociale (Consejo Superior de la Seguridad Social, Luxemburgo), confirmó en suplicación las resoluciones de la CAE mencionadas en el apartado 11 de la presente sentencia.

15

Los demandantes en los litigios principales interpusieron recurso de casación ante la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Luxemburgo), que es el órgano jurisdiccional remitente.

16

Dicho órgano jurisdiccional señala que, en su sentencia de 2 de abril de 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Hijo del cónyuge de un trabajador transfronterizo) (C‑802/18, EU:C:2020:269), el Tribunal de Justicia, sobre la base de una interpretación de los artículos 1, letra i), y 67 del Reglamento n.º 883/2004, en relación con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 492/2011 y con el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2004/38, supeditó el derecho del trabajador transfronterizo a percibir el subsidio familiar por el hijo de su cónyuge o de su pareja registrada, con quien no tiene vínculo de filiación, a la demostración de que provee a su manutención.

17

Dado que, en los litigios principales, se consideró que no se había demostrado la contribución del trabajador transfronterizo a la manutención del hijo de su cónyuge o de su pareja registrada, el conseil supérieur de la sécurité sociale (Consejo Superior de la Seguridad Social) se pregunta, refiriéndose también a la sentencia de 15 de diciembre de 2016, Depesme y otros (C‑401/15 a C‑403/15, EU:C:2016:955), qué elementos objetivos son capaces de acreditar esta circunstancia.

18

El órgano jurisdiccional remitente duda, concretamente, de si basta probar la existencia de un domicilio común entre el trabajador transfronterizo y el hijo del cónyuge o de la pareja registrada para demostrar que aquel provee a la manutención de este, o si, por el contrario, han de tenerse en cuenta elementos objetivos adicionales, como por ejemplo el modo de financiación de ese domicilio. En este contexto, añade que se suscita también la cuestión de qué importancia debe atribuirse a la edad del hijo, en la medida en que de la sentencia citada se desprende la presunción de que, en cualquier caso, hasta la edad de 21 años se es hijo a cargo. Además, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la relevancia que debería atribuirse a la contribución de los progenitores a las necesidades del hijo, en virtud de una obligación de alimentos imputable a estos o de un derecho de visita y alojamiento.

19

En estas circunstancias, la Cour de cassation (Tribunal de Casación) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales, redactadas en términos idénticos en los asuntos C‑296/24 a C‑307/24:

–

por el mero hecho del matrimonio o la unión registrada entre el trabajador transfronterizo y un progenitor del hijo;

–

por el mero hecho de que el trabajador transfronterizo y el hijo compartan domicilio o residencia común;

–

por el mero hecho de que el trabajador transfronterizo se haga cargo de un gasto de cualquier tipo en beneficio del hijo, aunque dicho gasto

–

cubra necesidades distintas de las esenciales o de alimentos,

–

se haga a un tercero y solo beneficie indirectamente al hijo,

–

no se haga en interés exclusivo o específico del hijo, sino que beneficie a toda la unidad familiar,

–

solo sea ocasional,

–

sea inferior al realizado por los progenitores,

–

sea insignificante con respecto a las necesidades del hijo,

–

por el mero hecho de que los gastos se paguen con cargo a una cuenta conjunta abierta por el trabajador transfronterizo y su cónyuge o pareja registrada, progenitor del hijo, sin tener en cuenta la procedencia de los fondos depositados en dicha cuenta,

–

por el mero hecho de que el hijo sea menor de 21 años?

–

por el mero hecho de la existencia de una obligación de alimentos a cargo de los progenitores del hijo, independientemente

–

de si este crédito de alimentos se ha fijado judicialmente o mediante convenio,

–

del importe en el que se ha fijado dicho crédito de alimentos,

–

de si el deudor satisface efectivamente dicha obligación de alimentos,

–

de si la contribución del trabajador transfronterizo subsana el incumplimiento de uno de los progenitores del hijo,

–

por el mero hecho de que el hijo resida periódicamente con el otro progenitor en el marco del ejercicio de los derechos de visita y de alojamiento o de una guarda y custodia alterna o cualquier otra modalidad?»

20

Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 26 de junio de 2024, se acordó la acumulación de los asuntos C‑296/24 a C‑307/24 a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.

Sobre las cuestiones prejudiciales

Observaciones preliminares

21

Sin proponer expresamente una excepción de inadmisibilidad, la CAE señaló en sus observaciones escritas que el Tribunal de Justicia debía «rechazar» las cuestiones prejudiciales debido a que se refieren a la apreciación de una situación de hecho que es competencia exclusiva de las autoridades y, en su caso, de los órganos jurisdiccionales nacionales competentes.

22

A este respecto, en el marco del procedimiento contemplado en el artículo 267 TFUE, basado en una clara separación de las funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, el juez nacional es el único competente para interpretar y aplicar disposiciones de Derecho nacional, mientras que el Tribunal de Justicia solo es competente para pronunciarse sobre la interpretación o la validez de una norma de la Unión, a partir de los hechos que le proporcione el órgano jurisdiccional nacional (sentencias de 16 de marzo de 1978, Oehlschläger, 104/77, EU:C:1978:69, apartado 4, y de 7 de noviembre de 2024, ERB New Europe Funding II, C‑178/23, EU:C:2024:943, apartado 21 y jurisprudencia citada).

23

Por lo que respecta a los argumentos de la CAE, basta observar que, mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, al Tribunal de Justicia que interprete el artículo 45 TFUE, el artículo 1, letra i), y el artículo 67 del Reglamento n.º 883/2004, en relación con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 492/2011 y con el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2004/38, tal como han sido interpretados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia derivada de la sentencia de 2 de abril de 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Hijo del cónyuge de un trabajador transfronterizo) (C‑802/18, EU:C:2020:269), apartados 64 y 70, y, en particular, que precise de qué modo debe interpretarse el requisito para la concesión al trabajador no residente, en el Estado miembro de empleo, de un subsidio familiar por el hijo de su cónyuge o de su pareja registrada, establecido en esa misma jurisprudencia, según el cual dicho trabajador debe «proveer a la manutención» de este.

24

Si bien corresponde, en definitiva, a la Administración y, en su caso, a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar si, a efectos de la concesión del subsidio familiar en un caso determinado, se cumple esta exigencia, incumbe al Tribunal de Justicia, conforme a la jurisprudencia citada en el apartado 22 de la presente sentencia, interpretar las disposiciones del Derecho de la Unión a las que se refieren las cuestiones prejudiciales.

25

De ello se deduce la admisibilidad de las peticiones de decisión prejudicial.

Sobre las dos cuestiones prejudiciales

26

Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 45 TFUE, el artículo 1, letra i), y el artículo 67 del Reglamento n.º 883/2004, en relación con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 492/2011 y con el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2004/38, deben interpretarse en el sentido de que el requisito para la concesión al trabajador no residente, en el Estado miembro de empleo, de un subsidio familiar por el hijo de su cónyuge o de su pareja registrada, a saber, que aquel «provea a la manutención» de este, se cumple por el mero hecho de que ambos compartan un mismo domicilio, o si deben tenerse en cuenta otros elementos objetivos para concluir que se provee a la manutención.

27

A este respecto, es preciso señalar, en primer lugar, que, según reiterada jurisprudencia, un trabajador no residente puede beneficiarse del pago de una prestación estatal constitutiva de una ventaja social, como las ayudas económicas para estudios superiores, no solo por su propio hijo, sino también por el hijo de su cónyuge o de su pareja registrada, con quien dicho trabajador no tiene un vínculo de filiación, cuando provea a la manutención de este (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de diciembre de 2016, Depesme y otros, C‑401/15 a C‑403/15, EU:C:2016:955, apartados 57 a 60 y jurisprudencia citada).

28

En lo que respecta, más concretamente, al subsidio familiar controvertido en el litigio principal, el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia de 2 de abril de 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Hijo del cónyuge de un trabajador transfronterizo) (C‑802/18, EU:C:2020:269), por un lado, que este subsidio familiar constituye una prestación de seguridad social comprendida en las prestaciones familiares a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra j), del Reglamento n.º 883/2004. Puesto que dicho subsidio está vinculado al ejercicio de una actividad por cuenta ajena por un trabajador transfronterizo en un Estado miembro, constituye también una ventaja social en el sentido del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 492/2011, en el que se establece que los trabajadores no residentes se benefician de las mismas ventajas sociales y fiscales que los trabajadores nacionales, de acuerdo con el principio de no discriminación, por el que se prohíbe toda discriminación por razón de la nacionalidad [véase, en este sentido, la sentencia de 2 de abril de 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Hijo del cónyuge de un trabajador transfronterizo), C‑802/18, EU:C:2020:269, apartados 24, 31 y 40].

29

Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha aplicado, en particular, la jurisprudencia reiterada en materia de libre circulación de los trabajadores relativa a los requisitos para la concesión de una ayuda económica para cursar estudios superiores a los miembros de la familia de dichos trabajadores, a la que se refiere el apartado 27 de la presente sentencia, para concluir que el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 492/2011, que es la expresión concreta, en el ámbito específico de la concesión de ventajas sociales, del principio de igualdad de trato consagrado en el artículo 45 TFUE, apartado 2, se opone a las disposiciones de un Estado miembro en virtud de las cuales los trabajadores no residentes solo pueden percibir el subsidio familiar controvertido por sus propios hijos, y no por los de su cónyuge que no estén unidos a ellos por un vínculo de filiación, pero a cuya manutención proveen, mientras que a todos los hijos que residen en el mismo Estado miembro se les reconoce el derecho a percibir dicho subsidio [sentencia de 2 de abril de 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Hijo del cónyuge de un trabajador transfronterizo), C‑802/18, EU:C:2020:269, apartados 64 y 70 y jurisprudencia citada].

30

En el presente asunto, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que, a raíz de la citada sentencia, el conseil supérieur de la sécurité sociale (Consejo Superior de la Seguridad Social) confirmó en suplicación que la CAE, tras haber procedido a la revisión de las circunstancias concretas de los litigios principales, había denegado con razón el subsidio familiar controvertido en el litigio principal a los trabajadores no residentes por los hijos de su cónyuge o de su pareja registrada, debido a que dichos trabajadores no proveían a la totalidad de su manutención.

31

A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que, según la jurisprudencia, las disposiciones que consagran la libre circulación de los trabajadores, que constituye uno de los fundamentos de la Unión, deben ser objeto de interpretación extensiva (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de diciembre de 2016, Depesme y otros, C‑401/15 a C‑403/15, EU:C:2016:955, apartados 58 a 60 y jurisprudencia citada).

32

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta la definición del concepto de «miembro de la familia» que figura en el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2004/38. En efecto, el concepto de «miembro de la familia» del trabajador transfronterizo que puede beneficiarse indirectamente de la igualdad de trato en virtud del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 492/2011, corresponde al de «miembro de la familia» en el sentido del artículo 2, punto 2, de la Directiva 2004/38, que comprende al cónyuge o a la pareja con la que el ciudadano de la Unión haya celebrado una unión registrada, a los descendientes directos menores de veintiún años o a cargo y a los descendientes directos del cónyuge o de la pareja [véase, en este sentido, la sentencia de 2 de abril de 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Hijo del cónyuge de un trabajador transfronterizo), C‑802/18, EU:C:2020:269, apartado 51 y jurisprudencia citada.]

33

A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha precisado que, en cualquier caso, se presume que los hijos se hallan a cargo hasta la edad de 21 años, como resulta, en particular, del artículo 2, punto 2, letra c), de la Directiva 2004/38 (sentencia de 15 de diciembre de 2016, Depesme y otros, C‑401/15 a C‑403/15, EU:C:2016:955, apartado 62), y que la condición de miembro de la familia a cargo atribuible al hijo del cónyuge o de la pareja registrada de un trabajador transfronterizo puede resultar de elementos objetivos como la existencia de un domicilio común entre el trabajador y el hijo de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de diciembre de 2016, Depesme y otros, C‑401/15 a C‑403/15, EU:C:2016:955, apartados 59 y 60).

34

En cuanto a esto último, se deduce de la anterior jurisprudencia que, cuando existe un domicilio común entre el trabajador no residente y el hijo de su cónyuge o su pareja registrada, dicho elemento objetivo basta, en principio, para probar que aquel provee a la manutención de este, por ser el domicilio común característico de un vínculo de conexión estable entre estas personas.

35

Cualquier otra interpretación no solo sería contraria al principio de interpretación extensiva de las disposiciones que consagran la libre circulación de los trabajadores, como se ha indicado en el apartado 31 de la presente sentencia, sino que también ignoraría la jurisprudencia evocada en el apartado 32 de la presente sentencia, que exige tener en cuenta la definición de «miembro de la familia» recogida en el artículo 2, punto 2, letra c), de la Directiva 2004/38 a la hora de determinar qué personas pueden beneficiarse indirectamente de la igualdad de trato, en virtud del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 492/2011.

36

Por lo tanto, para comprobar si se cumple en un caso concreto el requisito de que el trabajador no residente provea a la manutención del hijo de su cónyuge o de su pareja registrada, debe considerarse suficiente la prueba de la existencia de un domicilio común a ambos, con independencia de la edad del hijo, siempre que este cumpla, por lo demás, los criterios establecidos por la normativa del Estado miembro de empleo, en este caso la normativa luxemburguesa, que regula la concesión de la prestación familiar de que se trata.

37

En efecto, puede presumirse, sobre la base de la existencia de un domicilio común, que un trabajador no residente que ejerce una actividad por cuenta ajena contribuye a cubrir al menos una parte de los gastos de la unidad familiar, como por ejemplo los costes vinculados al alojamiento y a la vida del hogar y, por tanto, a la satisfacción de las necesidades de sus miembros, incluidas las del hijo del cónyuge o de la pareja registrada. Por consiguiente, la circunstancia de que el trabajador no residente comparta un domicilio con este último es suficiente para demostrar que se cumple el requisito de que se provee a la manutención del hijo.

38

Además, es preciso subrayar que dicho domicilio común no ha de serlo necesariamente a tiempo completo. Por un lado, teniendo en cuenta la importancia del fenómeno de las familias reconstituidas, como ha señalado el Abogado General en los puntos 58 y 59 de sus conclusiones, es posible que el hijo de que se trate viva también una parte del tiempo con su otro progenitor, biológico o adoptivo, que no es el cónyuge o la pareja registrada del trabajador no residente. Por otro lado, no puede considerarse que el vínculo de conexión entre el trabajador y el hijo se rompa por el mero hecho de que este último, para cursar estudios, viva una parte del tiempo fuera de dicho domicilio.

39

En vista de las preguntas del órgano jurisdiccional remitente, cabe además añadir, en primer lugar, que, puesto que la existencia de un domicilio común constituye condición suficiente para el cumplimiento del requisito de que se provea a la manutención del hijo, la Administración o, en su caso, los órganos jurisdiccionales nacionales no pueden exigir al trabajador no residente que demuestre más específicamente, más allá de la prueba de la existencia de dicho domicilio, que contribuye a los gastos cotidianos o a la satisfacción de las necesidades concretas del hijo de que se trate.

40

Dicho esto, cuando no exista un domicilio común entre el trabajador no residente y el hijo en cuestión, debido, por ejemplo, a los estudios que este curse, deben poder tomarse en consideración otros elementos objetivos que presenten una cierta estabilidad, como la contribución a los gastos de alojamiento y de desplazamiento o a los gastos diarios del hijo, para que el trabajador pueda demostrar que sigue proveyendo a su manutención.

41

En segundo lugar, la existencia de una pensión de alimentos a cargo del otro progenitor biológico o adoptivo del hijo del cónyuge o de la pareja registrada del trabajador no residente, hipótesis contemplada en el apartado 52 de la sentencia de 2 de abril de 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Hijo del cónyuge de un trabajador transfronterizo) (C‑802/18, EU:C:2020:269), o incluso la existencia de un derecho de visita y de alojamiento de ese otro progenitor no pueden considerarse circunstancias que permitan excluir que el citado trabajador provea a la manutención del hijo del cónyuge o de la pareja registrada, con el que comparte el mismo domicilio.

42

A este respecto, por una parte, procede señalar, como afirma el Abogado General en el punto 49 de sus conclusiones, que en la sentencia citada el Tribunal de Justicia mencionó la inexistencia, en aquel caso, de una pensión de alimentos con el único fin de asistir al órgano jurisdiccional remitente en su apreciación de si el trabajador transfronterizo proveía a la manutención del hijo. Por consiguiente, la existencia de una pensión de alimentos a cargo del otro progenitor del hijo del cónyuge o de la pareja registrada del trabajador no residente no puede considerarse un criterio que permita excluir que dicho trabajador provea a la manutención del hijo de su cónyuge o de su pareja registrada, con el que comparte el mismo domicilio. Ello es tanto más cierto cuanto que la existencia de tal pensión de alimentos no constituye un requisito que excluya la percepción de un subsidio familiar en favor del hijo del cónyuge o de la pareja registrada de un trabajador residente con el que este último comparte el mismo domicilio.

43

Por otra parte, tomar en consideración los elementos mencionados en el apartado 41 de la presente sentencia para excluir que el trabajador no residente provee a la manutención del hijo de su cónyuge o de su pareja registrada equivaldría a interpretar el requisito relativo a la manutención del hijo vulnerando el principio de interpretación extensiva de las disposiciones destinadas a garantizar la libre circulación de los trabajadores, evocado en el apartado 35 de la presente sentencia.

44

En tercer lugar, debe precisarse, como ha señalado el Abogado General en el punto 61 de sus conclusiones, que de la presunción de manutención por el trabajador no residente del hijo de su cónyuge o de su pareja registrada basada en un domicilio común se desprende que la Administración o, en su caso, los órganos jurisdiccionales nacionales solo pueden denegar a dicho trabajador la concesión de un subsidio familiar como el controvertido en el litigio principal en circunstancias excepcionales. Tal denegación solo puede justificarse si de los autos resulta que dicho trabajador ha efectuado declaraciones falsas o no participa, en realidad, de ningún modo en los gastos vinculados a la manutención del hijo, por ser dichos gastos sufragados íntegramente por un tercero.

45

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 45 TFUE, el artículo 1, letra i), y el artículo 67 del Reglamento n.º 883/2004, en relación con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 492/2011 y con el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2004/38, deben interpretarse en el sentido de que el requisito para la concesión al trabajador no residente, en el Estado miembro de empleo, de un subsidio familiar por el hijo de su cónyuge o de su pareja registrada, a saber, que aquel «provea a la manutención» de este, se cumple cuando existe una comunidad familiar entre el citado trabajador y el hijo biológico o adoptivo de su cónyuge o de su pareja registrada, que se caracteriza por la existencia de un domicilio común a ambos.

Costas

46

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.