C-95/9761997O00950025.00011789117935CJAUTO DE 21.3.1997 — ASUNTO C-95/97REGIÓN VALONA / COMISIÓN<TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Justicia</HT></P><P>de <DATE ISO="19970321">21 de marzo de 1997</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: francés.</P></NOTE></P></TI>

En el asunto C-95/97,

Región Valona, representada por Mes Jean-Marie de Backer, Olivier Ralet y Georges Vandersanden, Abogados de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el de la Fiduciaria Myson SARL, 30, rue de Cessange,

parte demandante,contra

Comisión de las Comunidades Europeas,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 1996, titulada Acero CECA — Forges de Clabecq,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: G. C. Rodríguez Iglesias, Presidente; G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray y L. Sevón, Presidentes de Sala; C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet (Ponente), G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet y R. Schintgen, Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz - Jarabo Colomer;

Secretano: Sr. R. Grass;

oído el Abogado General;

dicta el siguiente

<TI><P>Auto</P></TI>1Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de febrero de 1997, la Región Valona, fundándose en el párrafo primero del artículo 33 del Tratado CECA y con arreglo asimismo al párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado CE, solicitó la anulación de la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 1996, titulada Acero CECA — Forges de Clabecq, notificada al Reino de Bélgica mediante escrito de 23 de enero de 1997.2Con arreglo al apartado 1 del artículo 92 del Reglamento de Procedimiento, cuando el Tribunal sea manifiestamente incompetente para conocer de una demanda o cuando ésta sea manifiestamente inadmisible, el Tribunal, oído el Abogado General, podrá, sin continuar el procedimiento, decidir por medio de auto motivado.3En virtud tanto del artículo 33 del Tratado CECA como del artículo 173 del Tratado CE, el Tribunal de Justicia es competente para controlar la legalidad de los actos de las Instituciones comunitarias a que se refieren dichas disposiciones. No obstante, resulta del artículo 3 de la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (DO L 319, p. 1), modificada por la Decisión 93/350/Euratom, CECA, CEE del Consejo, de 8 de junio de 1993 (DO L 144, p. 21), modificada a su vez por la Decisión 94/149/CECA, CE del Consejo, de 7 de marzo de 1994 (DO L 66, p. 29), que la competencia del Tribunal de Justicia está limitada, desde la entrada en vigor de esta última Decisión, únicamente a los recursos interpuestos por un Estado miembro o por una Institución comunitaria.4La Región Valona afirma que el concepto de Estado miembro, a efectos de dichas disposiciones de los Tratados, debe ampliarse a las autoridades públicas federadas que han sucedido en sus responsabilidades al Estado federal en el ejercicio de las competencias que constituyen el objeto de la Decisión impugnada. Se refiere, en particular, a este respecto, a la sentencia de 8 de marzo de 1988, Exécutif regional wallon y Glaverbel/Comisión (asuntos acumulados 62/87 y 72/87, Rec. p. 1573), en la que el Tribunal de Justicia no denegó la admisibilidad de un recurso interpuesto por el Gobierno regional valón y que tenía por objeto la anulación de una Decisión de la Comisión relativa a un proyecto de ayuda pública.5Esta última referencia no es pertinente. En el citado asunto, en efecto, el Tribunal de Justicia no debía pronunciarse sobre su propia competencia, puesto que era entonces competente tanto respecto de los recursos interpuestos por un Estado miembro o una Institución comunitaria como respecto de los procedentes de cualquier persona física o jurídica. El hecho de que no creyera que debía examinar la admisibilidad de dicho recurso y que se pronunciase directamente sobre el fondo, no puede permitir, en modo alguno, considerar que el Tribunal de Justicia admitió implícitamente que dicho recurso procedía de un Estado miembro.6Por el contrario, resulta claramente de la estructura general de los Tratados que el concepto de Estado miembro, a efectos de las disposiciones institucionales y, en particular, de las relativas a los recursos jurisdiccionales, únicamente va destinado a las autoridades gubernativas de los Estados miembros de las Comunidades Europeas y que no puede ampliarse a los Gobiernos de regiones o comunidades autónomas, sea cual fuere la amplitud de las competencias que les sean reconocidas. Admitir lo contrario equivaldría a conculcar el equilibrio institucional previsto por los Tratados, que determinan en particular las condiciones en las que los Estados miembros, es decir los Estados parte en los Tratados constitutivos y en los Tratados de adhesión, participan en el funcionamiento de las Instituciones comunitarias. Las Comunidades Europeas no pueden, en efecto, comprender un número de Estados miembros superior al de los Estados que las constituyen.7Según reiterada jurisprudencia, si bien incumbe a la totalidad de las autoridades de los Estados miembros, ya sean centrales, federales u otras de índole territorial, garantizar la observancia de las normas del Derecho comunitario dentro del ámbito de sus competencias, no corresponde a las Instituciones comunitarias pronunciarse sobre el reparto de competencias establecido por las normas institucionales de cada Estado miembro ni sobre las obligaciones que pueden incumbir a las autoridades del Estado federal ni a las del Estado federado (véase, en particular, la sentencia de 12 de junio de 1990, Alemania/Comisión, C-8/88, Rec. p. I-2321, apartado 13). Así, el recurso mediante el cual la Comisión, con arreglo al artículo 169 del Tratado CE, o un Estado miembro, a tenor del artículo 170 del mismo Tratado, puede solicitar que el Tribunal de Justicia declare que otro Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben, se refiere únicamente al Gobierno de este último Estado miembro, tanto si el cumplimiento se deriva de la acción o de la inacción de las autoridades de un Estado federado, de una región o, de una comunidad autónoma (véanse, en particular, por lo que se refiere precisamente al Reino de Bélgica, las sentencias de 14 de enero de 1988, Comisión/Bélgica, asuntos acumulados 227/85 a 230/85, Rec. p. 1, y de 16 de diciembre de 1992, Comisión/Bélgica, C-211/91, Rec. p. I-6757).8De esta forma, al no poder asimilarse el recurso de la Región Valona al recurso de un Estado miembro, ni tampoco, por otra parte, al de una Institución comunitaria, el Tribunal de Justicia es manifiestamente incompetente para conocer del mismo.9Con arreglo al párrafo segundo del artículo 47 de los Estatutos (CE y CECA) del Tribunal de Justicia, cuando el Tribunal de Justicia considere que un recurso corresponde a la competencia del Tribunal de Primera Instancia, lo remitirá a este último, que en tal caso no podrá declinar su competencia.10Se desprende de la citada Decisión del Consejo por la que se crea el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, que dicho órgano jurisdiccional es competente, en particular, para conocer de los recursos interpuestos por personas físicas o jurídicas con arreglo al párrafo segundo del artículo 33 del Tratado CECA y al párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado CE.11Al haber sido interpuesto el presente recurso por una persona jurídica con arreglo al artículo 33 del Tratado CECA y referirse asimismo la demandante al artículo 173 del Tratado CE, procede declarar que corresponde a la competencia del Tribunal de Primera Instancia, y deberá, en consecuencia, serle remitido.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

resuelve:

1)Remitir el asunto C-95/97, Región Valona/Comisión, al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.2)Reservar la decisión sobre las costas.

Dictado en Luxemburgo, a 21 de marzo de 1997.

El Secretario

R. Grass

El Presidente

G.C. Rodríguez Iglesias