Reglamento del Consejo de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 2019/93, (CE) n.o 1452/2001, (CE) n.o 1453/2001, (CE) n.o 1454/2001, (CE) n.o 1868/94, (CE) n.o 1251/1999, (CE) n.o 1254/1999, (CE) n.o 1673/2000, (CEE) n.o 2358/71 y (CE) n.o 2529/2001 (DO 2003, L 270, p. 1).

Reglamento de la Comisión de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento (CE) n.o 1782/2003 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (DO 2004, L 141, p. 18).

Reglamento del Consejo de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1290/2005, (CE) n.o 247/2006, (CE) n.o 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1782/2003 (DO 2009, L 30, p. 16).

Reglamento de la Comisión de 30 de noviembre de 2009, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo en lo referido a la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control en los regímenes de ayuda directa a los agricultores establecidos por ese Reglamento, y normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo en lo referido a la condicionalidad en el régimen de ayuda establecido para el sector vitivinícola (DO 2009, L 316, p. 65).

He de precisar que, si bien las disposiciones en materia de cumplimiento de las normas de condicionalidad previstas por el Reglamento n.o 73/2009 fueron sustituidas por las establecidas en el Reglamento n.o 1306/2013, las disposiciones del Reglamento n.o 73/2009 fueron derogadas formalmente por el Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 608).

Véase el punto 27 de las presentes conclusiones.

Ha de recordarse que, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio que se le ha planteado. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular las cuestiones que se le han planteado o comprobar si una cuestión relativa a la validez de una disposición del Derecho de la Unión se basa en una interpretación correcta de la norma controvertida. Véase la sentencia de 17 de julio de 1997, Krüger (C‑334/95, EU:C:1997:378), apartados 22 y 23.

Las normas de condicionalidad supeditan el pago íntegro de las ayudas directas al respeto de una serie de normas relativas a las tierras, la producción y la actividad agrarias, las cuales deben servir para integrar en las organizaciones comunes de mercados requisitos básicos en materia de medio ambiente, seguridad alimentaria, salud y bienestar de los animales, y buenas condiciones agrarias y medioambientales. En caso de incumplimiento de estas normas, los Estados miembros han de retirar total o parcialmente tales ayudas. Así, las normas de condicionalidad imponen a los agricultores la obligación de respetar, cada año de explotación, los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales, los cuales constituyen las normas de condicionalidad (véase la sentencia Teglgaard, apartados 40 a 42).

Véase también, en este sentido, la sentencia Teglgaard, apartados 48 y 53. Para un ejemplo concreto, véanse los puntos 72 a 76 de las presentes conclusiones. En cambio, cuando el año de comisión de la infracción coincide con el año de su descubrimiento, no es necesario elegir entre el año de incumplimiento y el año de descubrimiento.

En el presente asunto, la resolución de remisión no precisa si las circunstancias materiales que caracterizan la situación del agricultor en cuestión cambiaron entre el año de incumplimiento (2015) y el año de descubrimiento (2016) en relación con el caso de incumplimiento de las normas de condicionalidad en materia de salud.

Sentencia Teglgaard, apartado 36.

Sentencia Teglgaard, apartados 40 a 43.

Sentencia Teglgaard, apartados 40 a 43 y 49 a 51.

Sentencia Teglgaard, apartados 48, 52 y 53.

Estas disposiciones son, por un lado, el artículo 6, apartado 1, del Reglamento n.o 1782/2003, el artículo 6, apartado 1, de ese mismo Reglamento en su versión modificada por el Reglamento n.o 146/2008, y el artículo 66, apartado 1, del Reglamento de aplicación n.o 796/2004, y, por otro lado, el artículo 23, apartado 1, del Reglamento n.o 73/2009 y el artículo 70, apartados 4 y 8, letra a), del Reglamento de aplicación n.o 1122/2009. Todas ellas se citan en el epígrafe II.A de las presentes conclusiones.

Véase la sentencia Teglgaard, apartados 34 a 59.

Véase, en este sentido, la sentencia Teglgaard, apartado 45 y jurisprudencia citada.

Véase la sentencia Teglgaard, apartados 55 y 56.

Si bien la primera parte del artículo 23, apartado 1, del Reglamento n.o 73/2009 está redactada en términos similares al artículo 97, apartado 1, del Reglamento n.o 1306/2013, la segunda parte de aquella disposición se asemeja a la del artículo 99, apartado 1, del Reglamento n.o 1306/2013.

Véase, en este sentido, también, la sentencia Teglgaard, apartado 55, relativo a la expresión año natural. A mi leal saber y entender, las disposiciones son idénticas en sus diferentes versiones lingüísticas sobre este punto y resultan, por lo tanto, claras a este respecto.

El Parlamento y el Consejo consideran igualmente que el cálculo de la reducción debe basarse en los pagos abonados en relación con el año en que se produjo el incumplimiento. Sin embargo, no han precisado en qué disposición o disposiciones se apoyan para defender su postura.

El hecho de que la Comisión, durante la adopción del artículo 73, apartado 4, letra a), del Reglamento de Ejecución n.o 809/2014, fuera, al parecer, de la opinión de que el artículo 99, apartado 1, del Reglamento n.o 1306/2013 no se refería a la imputación, sino al cálculo de la reducción, explica que esta disposición se limite a reproducir el contenido del artículo 99, apartado 1, del Reglamento n.o 1306/2013.