Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 11 de junio de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo — Directiva (UE) 2015/849 — Requisitos comunes relativos a los administradores de créditos y a los compradores de créditos — Directiva (UE) 2021/2167 — Artículo 10 — Contrato de cesión en bloque de créditos dudosos — Normativa nacional que no establece la forma escrita para ese tipo de contrato ni la sujeción del cesionario a supervisión prudencial »
En el asunto C‑65/25,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunale di Brindisi (Tribunal de Bríndisi, Italia), mediante resolución de 22 de octubre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 29 de enero de 2025, en el procedimiento entre
IFIS NPL INVESTING SpA
y
JM,
OT,
VR,
CL,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
integrado por la Sra. I. Ziemele, Presidenta de Sala, y los Sres. A. Kumin (Ponente) y S. Gervasoni, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre de JM, OT, VR y CL, por los Sres. L. Bardaro y S. Bardaro, avvocati;
– en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino, en calidad de agente, asistido por el Sr. M. Cherubini, avvocato dello Stato, y por las Sras. E. Cicatelli y C. De Nicola, procuratori dello Stato;
– en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. A. Manzaneque Valverde, y los Sres. P. A. Messina y D. Triantafyllou, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Derecho de la Unión, en particular en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como de los principios de protección efectiva, transparencia y buena fe.
2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre IFIS NPL INVESTING SpA (en lo sucesivo, «Ifis»), por una parte, y JM, OT, VR y CL, por otra, relativo a la ejecución forzosa, mediante embargo inmobiliario, de un crédito del que Ifis afirma ser titular frente a esas cuatro personas.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2015/849
3 La Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 2015, L 141, p. 73), aplicable ratione temporis al litigio principal, contiene, en su artículo 2, una definición de su ámbito de aplicación. Así, en virtud de dicho artículo 2, apartado 1, la Directiva 2015/849 se aplica a las entidades de crédito, a las entidades financieras y a las personas físicas o jurídicas contempladas en el punto 3 de la referida disposición.
4 El artículo 3 de dicha Directiva es del siguiente tenor:
«A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
1) “entidad de crédito”: toda entidad de crédito que se ajuste a la definición del artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo[, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1)] […]
2) “entidad financiera”:
a) toda empresa distinta de una entidad de crédito que efectúe una o varias de las actividades enumeradas en el anexo I, apartados 2 a 12, 14 y 15, de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo[, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO 2013, L 176, p. 338)], incluidas las actividades de los establecimientos de cambio de moneda (bureaux de change);
[…]».
Directiva 2013/36
5 El anexo I de la Directiva 2013/36, titulado «Lista de actividades objeto de reconocimiento mutuo», dispone lo siguiente en su párrafo primero, puntos 2 a 12, 14 y 15:
«2. Préstamos, incluidos, en particular, el crédito al consumo, los contratos de crédito relativos a bienes inmuebles, la factorización con o sin recurso y la financiación de transacciones comerciales (incluido el forfaiting).
3. Arrendamiento financiero.
4. Servicios de pago […]
5. Emisión y gestión de otros medios de pago […]
6. Concesión de garantías y suscripción de compromisos.
7. Transacciones por cuenta propia o por cuenta de clientes que tengan por objeto cualquiera de los siguientes instrumentos:
a) instrumentos del mercado monetario (cheques, efectos, certificados de depósito, etc.);
b) divisas;
c) futuros financieros y opciones;
d) instrumentos sobre divisas o sobre tipos de interés;
e) valores negociables.
8. Participación en las emisiones de valores y prestación de los servicios correspondientes.
9. Asesoramiento a empresas en materia de estructura del capital, de estrategia industrial y de cuestiones afines, así como asesoramiento y servicios en el ámbito de las fusiones y de las adquisiciones de empresas.
10. Intermediación en los mercados interbancarios.
11. Gestión o asesoramiento en la gestión de patrimonios.
12. Custodia y administración de valores negociables.
[…]
14. Alquiler de cajas fuertes.
15. Emisión de dinero electrónico.»
Directiva 2021/2167
6 El artículo 1 de la Directiva (UE) 2021/2167, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2021, sobre los administradores de créditos y los compradores de créditos y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE (DO 2021, L 438, p. 1), titulado «Objeto», preceptúa lo siguiente:
«La presente Directiva establece un marco común y requisitos relativos a:
a) los administradores de créditos de los derechos del acreedor derivados de un contrato de crédito dudoso o del propio contrato de crédito dudoso, celebrado por una entidad de crédito establecida en la Unión que actúe en nombre de un comprador de créditos;
b) los compradores de créditos de los derechos de un acreedor derivados de contratos de crédito dudosos, o del propio contrato de crédito dudoso, celebrado por una entidad de crédito establecida en la Unión.»
7 El artículo 2 de la citada Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», establece en su apartado 5:
«La presente Directiva no se aplica a:
[…]
d) la cesión de los derechos del acreedor derivados de un contrato de crédito, o del propio contrato de crédito, cedido antes de la fecha a que se refiere el artículo 32, apartado 2, párrafo primero.»
8 El artículo 10 de dicha Directiva, titulado «Relación con el prestatario, comunicación de cesión y comunicaciones posteriores», establece, en su apartado 1, determinados requisitos que incumben a los compradores de créditos y a los administradores de créditos en sus relaciones con los prestatarios. El referido artículo 10 enumera, en su apartado 2, los elementos que el comprador de créditos o el administrador de créditos están obligados a comunicar al prestatario, en papel o en cualquier otro soporte duradero, después de cualquier cesión de los derechos de un acreedor derivados de un contrato de crédito dudoso o del propio contrato de crédito dudoso.
9 El artículo 32 de la misma Directiva, con el epígrafe «Transposición», tiene el siguiente tenor:
«1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 29 de diciembre de 2023, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión [Europea] el texto de dichas disposiciones.
2. Aplicarán las disposiciones a que se refiere el apartado 1 a partir del 30 de diciembre de 2023.
[…]»
10 El artículo 33 de la Directiva 2021/2167, con la rúbrica «Entrada en vigor», preceptúa:
«La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.»
Derecho italiano
11 De conformidad con el artículo 106, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 385 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto Legislativo n.º 385, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes en Materia Bancaria y de Crédito), de 1 de septiembre de 1993 (GURI n.º 230, de 30 de septiembre de 1993, suplemento ordinario n.º 92), en su versión aplicable al litigio principal, «el ejercicio de la actividad de concesión de financiación al público, independientemente de su forma, estará reservado a los intermediarios financieros autorizados, inscritos en un registro ad hoc gestionado por la [Banca d’Italia (Banco de Italia)]».
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
12 Ifis inició ante el Tribunale di Brindisi (Tribunal de Bríndisi, Italia), que es el órgano jurisdiccional remitente, un procedimiento de embargo inmobiliario contra JM, OT, VR y CL, invocando un crédito frente a ellos garantizado por bienes inmuebles. Ifis alega ser el titular de dicho crédito como consecuencia de varias cesiones sucesivas. Según lo indicado en la petición de decisión prejudicial, ese crédito se remonta a un requerimiento de pago expedido en 1997 a favor de un banco italiano.
13 El órgano jurisdiccional remitente precisa que, por una parte, Ifis presentó ante él varios contratos de cesión de créditos, que incluían, en bloque, las listas de los créditos objeto de dichas cesiones. Los referidos contratos de cesión, aunque se concluyeron en forma escrita, no se formalizaron mediante escritura pública ni documento privado con firma autenticada. En cualquier caso, carecen de fecha exacta, oponible a terceros.
14 Por otra parte, de la petición de decisión prejudicial se desprende que no todas las entidades que intervinieron en las numerosas cesiones de créditos del caso de autos están inscritas en el registro de intermediarios financieros contemplado en la disposición citada en el apartado 11 de la presente sentencia y que es objeto de supervisión prudencial por el Banco de Italia. Tal inscripción, al parecer, supone disponer de una organización interna específica con fines preventivos, de conformidad con la normativa nacional en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
15 Según el órgano jurisdiccional remitente, de lo anterior resulta incluso alguna duda sobre si Ifis es efectiva y legalmente el titular del derecho de crédito que invoca en apoyo de su demanda.
16 A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide la compatibilidad con el Derecho de la Unión, en particular en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, de la normativa nacional aplicable a los contratos de cesión en bloque de créditos dudosos a la luz de la cual debe apreciarse el asunto del que conoce.
17 En efecto, dicha normativa nacional no prevé que este tipo de contratos deba formalizarse por escrito, y menos aún recogerse en escritura pública o en documento privado con firma autenticada, ni tampoco establece unos requisitos que les confieran fecha cierta.
18 Además, la referida normativa nacional no obliga a los cesionarios en bloque de créditos dudosos a inscribirse en el registro de intermediarios financieros, por lo que no tienen que atenerse, de hecho, a la normativa nacional contra el blanqueo de capitales a la que están sujetas las personas físicas y jurídicas inscritas en dicho registro, ni adoptar las disposiciones en materia de organización interna que exige tal inscripción. Los cesionarios indicados tampoco están sujetos a la supervisión prudencial ejercida por el Banco de Italia.
19 Por consiguiente, al órgano jurisdiccional remitente le suscita dudas la cuestión de si tal normativa nacional, considerada en su conjunto, podría ser contraria al Derecho de la Unión en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Si lo fuera, se plantearía también la cuestión de cuáles son las consecuencias que deben extraerse de ello y, en particular, si las múltiples cesiones de créditos que se produjeron en el marco del asunto del que conoce podrían considerarse, total o parcialmente, inválidas o, al menos, inoponibles, de modo que el título ejecutivo invocado por Ifis en apoyo de su demanda debiera considerarse inexistente.
20 El órgano jurisdiccional remitente añade que la normativa nacional aplicable al asunto del que conoce es anterior a la que transpuso la Directiva 2021/2167 al Derecho italiano, que entró en vigor el 13 de agosto de 2024. Desde esta fecha, las referidas dudas sobre la compatibilidad de la normativa nacional con el Derecho de la Unión se han disipado y las cesiones en bloque de créditos dudosos están reguladas de manera más completa. No obstante, en este contexto, el órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide si procede interpretar la citada Directiva en el sentido de que produce efectos retroactivos parciales.
21 En tales circunstancias, el Tribunale di Brindisi (Tribunal de Bríndisi) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Debe considerarse, y en qué condiciones, que el Derecho de la Unión y, en particular, la normativa de prevención de blanqueo de capitales, así como los principios generales de efectividad de la protección, transparencia y buena fe objetiva, con sus corolarios en materia de obligaciones informativas, se oponen a una normativa interna en materia de cesiones en bloque (o cumulativas) de créditos dudosos — la aplicable al caso concreto y anterior a la aprobación del [Decreto Legislativo n.º 116, de 30 de julio de 2024], que entró en vigor el 13 de agosto de 2024, mediante el que se transpuso la Directiva [(UE) 2021/2167], y que presenta las siguientes características:
a) No contempla una forma escrita ad substantiam o ad probationem, en concreto mediante escritura pública o documento privado con firma autenticada o, en todo caso, modalidades de formalización que garanticen la fecha exacta. Ello, en particular, cuando la parte contratante cedida es un consumidor.
b) No contemplaba, hasta la entrada en vigor del citado Decreto, ninguna obligación de inscripción en registros supervisados para entidades que realizan actividades de cesión en bloque, por no ejercer actividades financieras, según lo establecido por la Corte [suprema] di cassazione (Tribunal de Casación, Italia), y que, por tanto, también están automáticamente excluidas de la normativa de prevención de blanqueo de capitales por no tener la obligación de otorgar escritura pública?
2) En caso de que el Tribunal de Justicia reconozca la oposición señalada, ¿exige la normativa de la Unión, tal y como se describe, para garantizar la efectividad de los intereses comunitarios, la nulidad absoluta:
a) de las cesiones formalizadas durante la vigencia del marco anterior a la aprobación del decreto de transposición de la [Directiva 2021/2167];
b) de los poderes de cobro otorgados a entidades no inscritas en un registro supervisado por el organismo regulador independiente encargado de verificar la observancia de la normativa de lucha contra el blanqueo de capitales?»
Sobre la admisibilidad
22 El Gobierno italiano y la Comisión sostienen que la presente petición de decisión prejudicial es inadmisible.
23 Según el Gobierno italiano, la presentación por el órgano jurisdiccional remitente del marco jurídico nacional es incompleta y, en algunos aspectos, errónea. También existe incertidumbre en cuanto al objeto preciso de la segunda cuestión prejudicial. Además, este Gobierno y la Comisión alegan que no se indica con suficiente precisión cuáles son las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación se solicita.
24 A este respecto, debe recordarse que, en el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida en el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la resolución judicial que ha de adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación o a la apreciación de la validez del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (sentencia de 28 de noviembre de 2024, ENGIE Deutschland, C‑293/23, EU:C:2024:992, apartado 40 y jurisprudencia citada).
25 La necesidad de llegar a una interpretación del Derecho de la Unión eficaz para el juez nacional exige que este defina el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los presupuestos sobre los que se basan tales cuestiones (véanse las sentencias de 26 de enero de 1993, Telemarsicabruzzo y otros, C‑320/90 a C‑322/90, EU:C:1993:26, apartado 6, y de 16 de octubre de 2025, Braila Winds, C‑391/23, EU:C:2025:799, apartado 30).
26 La información recogida en las resoluciones de remisión debe permitir, por un lado, que el Tribunal de Justicia dé respuestas útiles a las cuestiones prejudiciales formuladas por el órgano jurisdiccional nacional y, por otro lado, que los Gobiernos de los Estados miembros y las demás partes interesadas ejerzan el derecho a presentar observaciones que les confiere el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Incumbe al Tribunal de Justicia velar por que sea salvaguardada esta posibilidad, habida cuenta de que, con arreglo a ese artículo, a las partes interesadas solo se les notifican las resoluciones de remisión (sentencia de 16 de octubre de 2025, Braila Winds, C‑391/23, EU:C:2025:799, apartado 31 y jurisprudencia citada).
27 En el caso de autos, la petición de decisión prejudicial contiene una descripción suficiente del marco fáctico y jurídico del litigio principal para cumplir estos requisitos y permite comprender las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación del Derecho de la Unión y a estimar necesario plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial. Además, por lo que respecta a la alegación del Gobierno italiano de que la presentación del Derecho nacional es incompleta o incluso errónea, es jurisprudencia reiterada que no corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco del sistema de cooperación judicial establecido en el artículo 267 TFUE, cuestionar o comprobar la exactitud de la interpretación del Derecho nacional realizada por el juez nacional, ya que esta interpretación forma parte de la competencia exclusiva de este último (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de diciembre de 2024, Volvo Group Belgium, C‑436/23, EU:C:2024:1023, apartado 18 y jurisprudencia citada).
28 Por consiguiente, la presente petición de decisión prejudicial es admisible.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
29 Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el Derecho de la Unión, en particular las Directivas 2021/2167 y 2015/849, así como los principios de protección efectiva, de transparencia y de buena fe objetiva, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en materia de cesiones en bloque de créditos dudosos con arreglo a la cual, respecto del período anterior a la expiración del plazo de transposición de la Directiva 2021/2167, tales contratos no tenían que formalizarse por escrito y las personas físicas o jurídicas cuya actividad consistía en realizar tales cesiones de créditos no estaban sujetas a la supervisión prudencial de la autoridad nacional competente en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
30 En primer lugar, en lo que atañe a la Directiva 2021/2167, procede señalar que el artículo 10 de esta establece determinados requisitos que incumben a los compradores de créditos dudosos y a los administradores de créditos dudosos en sus relaciones con los prestatarios. En particular, el artículo 10, apartado 2, de dicha Directiva enumera los elementos que el comprador de créditos o el administrador de créditos deben comunicar al prestatario, en papel o en otro soporte duradero, después de cualquier cesión de los derechos de un acreedor derivados de un contrato de crédito dudoso o del propio contrato de crédito dudoso.
31 No obstante, debe señalarse que, de conformidad con sus artículos 32 y 33, la Directiva 2021/2167, adoptada el 24 de noviembre de 2021, entró en vigor el 29 de diciembre de 2021 y su plazo de transposición finalizó el 29 de diciembre de 2023.
32 Además, si bien, de conformidad con el artículo 32, apartado 2, de dicha Directiva, los Estados miembros aplicarán las medidas adoptadas para su transposición a partir del 30 de diciembre de 2023, del artículo 2, apartado 5, letra d), de la misma Directiva resulta que esta no se aplica a la cesión de los derechos del acreedor derivados de un contrato de crédito, o del propio contrato de crédito, cedido antes del 29 de diciembre de 2023.
33 Dado que de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que los hechos que dieron lugar al litigio principal se produjeron antes del 29 de diciembre de 2023, la Directiva 2021/2167 no es aplicable ratione temporis a este litigio.
34 Habida cuenta de que el órgano jurisdiccional remitente contempla la posibilidad de imponer una aplicación retroactiva de las obligaciones previstas en el artículo 10 de la Directiva 2021/2167, procede señalar que, según reiterada jurisprudencia, antes de la expiración del plazo de adaptación del Derecho interno a una directiva, no cabe reprochar a los Estados miembros que no hayan adoptado aún las medidas necesarias para la transposición de aquella (sentencia de 5 de mayo de 2022, BPC Lux 2 y otros, C‑83/20, EU:C:2022:346, apartado 22 y jurisprudencia citada).
35 Si bien, de conformidad con una jurisprudencia igualmente reiterada, durante el período de transposición de una directiva, los Estados miembros destinatarios deben abstenerse de adoptar disposiciones que puedan comprometer gravemente la consecución del resultado prescrito por dicha directiva (sentencia de 25 de enero de 2022, VYSOČINA WIND, C‑181/20, EU:C:2022:51, apartado 75 y jurisprudencia citada), una directiva solo puede tener efecto directo cuando haya vencido ese plazo (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de mayo de 2022, BPC Lux 2 y otros, C‑83/20, EU:C:2022:346, apartado 23 y jurisprudencia citada).
36 Por lo tanto, queda excluida la interpretación del artículo 10 de la Directiva 2021/2167 en el sentido de que las obligaciones que en él se establecen sean aplicables retroactivamente.
37 En segundo lugar, en lo que atañe a la Directiva 2015/849, de la lectura conjunta de sus artículos 2, apartado 1, y 3 se desprende que solo se aplica a las entidades que llevan a cabo determinadas actividades económicas específicas enumeradas en dicho artículo 2, apartado 1. Ahora bien, entre esas actividades no figuran la compra o la gestión de créditos dudosos.
38 Por lo tanto, ni la Directiva 2021/2167 ni la Directiva 2015/849 se aplican a una normativa nacional en materia de cesiones en bloque de créditos dudosos que presente las características resumidas en el apartado 29 de la presente sentencia.
39 En tercer y último lugar, ha de recordarse que, cuando los Estados miembros apliquen el Derecho de la Unión, deben respetar los principios generales de este Derecho (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de septiembre de 2015, A2A, C‑89/14, EU:C:2015:537, apartado 35 y jurisprudencia citada). Pues bien, la normativa controvertida en el litigio principal no aplica ni la Directiva 2021/2167 ni la Directiva 2015/849, como se ha señalado en el apartado anterior, ni ninguna otra norma de Derecho de la Unión. Por lo tanto, los principios cuya interpretación también solicita el órgano jurisdiccional remitente en su primera cuestión prejudicial tampoco son aplicables a esa normativa.
40 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que la Directiva 2021/2167, en particular su artículo 10, y la Directiva 2015/849, deben interpretarse en el sentido de que no se aplican a una normativa nacional en materia de cesiones en bloque de créditos dudosos con arreglo a la cual, respecto del período anterior a la expiración del plazo de transposición de la Directiva 2021/2167, tales contratos no tenían que formalizarse por escrito y las personas físicas o jurídicas cuya actividad consistía en realizar tales cesiones de créditos no estaban sujetas a la supervisión prudencial de la autoridad nacional competente en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
Segunda cuestión prejudicial
41 Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, no procede responder a la segunda.
Costas
42 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
La Directiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2021, sobre los administradores de créditos y los compradores de créditos y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE, en particular su artículo 10, y la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión,
deben interpretarse en el sentido de que
no se aplican a una normativa nacional en materia de cesiones en bloque de créditos dudosos con arreglo a la cual, respecto del período anterior a la expiración del plazo de transposición de la Directiva 2021/2167, tales contratos no tenían que formalizarse por escrito y las personas físicas o jurídicas cuya actividad consistía en realizar tales cesiones de créditos no estaban sujetas a la supervisión prudencial de la autoridad nacional competente en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
Firmas
* Lengua de procedimiento: italiano.