Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. ANDREA BIONDI

presentadas el 8 de octubre de 2026 (1)

Asunto C‑390/25

HUS‑yhtymä

con intervención de:

Cloudia OY,

SC Software OY

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia)]

« Procedimiento prejudicial — Contratos públicos — Directiva 2014/24/UE — Artículo 30 — Diálogo competitivo — Artículo 67, apartado 5 — Ponderación relativa de los criterios de adjudicación — Expresión de la ponderación mediante bandas de valores — Precisión de la ponderación relativa en la invitación a presentar las ofertas definitivas — Utilización en el anuncio de licitación de bandas de valores que no permiten deducir el orden definitivo de los criterios de adjudicación »






I.      Introducción

1.        La presente petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia), órgano jurisdiccional remitente, aborda dos aspectos de relevancia en materia de contratación pública.

2.        Por un lado, esta petición de decisión prejudicial ofrece al Tribunal de Justicia la oportunidad de interpretar por primera vez las disposiciones de la Directiva 2014/24/UE (2) que regulan el diálogo competitivo, un particular procedimiento de adjudicación que se desarrolla en varias fases, típicamente utilizado para contratos caracterizados por su complejidad técnica, jurídica o financiera. Por otro lado, también permite al Tribunal de Justicia proporcionar aclaraciones sobre la obligación impuesta por el artículo 67, apartado 5, de dicha Directiva a los poderes adjudicadores de indicar la ponderación relativa atribuida a cada uno de los criterios de adjudicación del contrato, en particular en el caso de que tal indicación se haga mediante la utilización de bandas de valores. La interacción entre estos dos aspectos del régimen de contratación pública establecido por la Directiva 2014/24 constituye el núcleo del presente asunto.

3.        La petición de decisión prejudicial se ha planteado en el marco de un litigio que tiene por objeto un procedimiento de adjudicación de un contrato organizado con la forma del diálogo competitivo por la mancomunidad de municipios de los distritos sanitarios de Helsinki y Uusimaa (posteriormente HUS-yhtymä), poder adjudicador. El contrato en cuestión tenía por objeto la adquisición de un sistema integrado de gestión de los contratos y de los correspondientes servicios de expertos.

4.        Del anuncio de licitación resultaba que el poder adjudicador adjudicaría el contrato sobre la base del criterio de la oferta económicamente más ventajosa. En la descripción del procedimiento adjunta al anuncio de licitación se precisaba también que la comparación de las ofertas se realizaría según las modalidades descritas en la invitación a presentar la ofertas definitivas. En el mismo documento, se indicaba asimismo que los criterios de adjudicación indicativos y las correspondientes bandas de valores eran los siguientes:

–        Precio: 30‑70 %

–        Características funcionales: 15‑35 %

–        Competencia del equipo de expertos: 15‑35 %.

5.        Al término del diálogo mantenido con cuatro candidatos seleccionados entre los que habían presentado solicitudes de participación, HUS‑yhtymä invitó a tales candidatos a que presentaran su oferta definitiva. De esa invitación resultaba que la ponderación final de la relación calidad precio y de los criterios de adjudicación era la siguiente:

«– Precio: 30 %.

– Calidad: 70 %

–        Funciones adicionales (35 puntos)

–        Entrevista (35 puntos)».

6.        Mediante decisión de adjudicación, seguida de una decisión rectificativa, HUS-yhtymä adjudicó el contrato a SC Software Oy y designó a Cloudia Oy como proveedor sustitutivo.

7.        Cloudia Oy interpuso recurso contra la decisión de adjudicación del contrato ante el órgano jurisdiccional de primera instancia, alegando que la banda de valores comprendida entre el 30 % y el 70 % para la ponderación de los criterios de adjudicación, fijada por el poder adjudicador en el anuncio de licitación, era inadecuada debido a su amplitud. El órgano jurisdiccional de primera instancia estimó el recurso y anuló la adjudicación. A raíz de ello, HUS‑yhtymä impugnó esa sentencia ante el órgano jurisdiccional remitente.

8.        En el contexto del asunto pendiente ante él, el órgano jurisdiccional remitente alberga dos dudas interpretativas, razón por la que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las dos cuestiones prejudiciales siguientes:

«1)      En el marco de un diálogo competitivo en el sentido del artículo 30 de la Directiva 2014/24, ¿está obligado el poder adjudicador a evaluar las ofertas recibidas sobre la base de los criterios de adjudicación y de su respectiva ponderación establecidos en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo o está facultado, en la invitación a presentar las ofertas definitivas remitida a los licitadores tras las negociación, para precisar la ponderación relativa de los criterios de adjudicación establecidos en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo, en particular cuando esta ponderación ha sido expresada en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo mediante una banda de valores en el sentido del artículo 67, apartado 5, párrafo segundo, de dicha Directiva?

2)      En caso de que el poder adjudicador, en el marco de un diálogo competitivo, esté facultado para precisar, al elaborar la invitación a presentar las ofertas definitivas, la ponderación relativa expresada en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo mediante una banda de valores en el sentido del artículo 67, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24, ¿puede considerarse compatible con esta disposición la banda de valores de ponderación relativa utilizada en el presente asunto por el poder adjudicador en la fase del anuncio de licitación, teniendo en cuenta, en particular, por un lado, que la banda de valores utilizada por el poder adjudicador no permite deducir el orden de importancia definitivo de los criterios de adjudicación relativos al precio y a la calidad, y, por otro, que los criterios de adjudicación y su ponderación relativa indicados en la invitación a presentar las ofertas definitivas se mantuvieron dentro de la banda de valores comunicada en la fase del anuncio de licitación?»

II.    Análisis

9.        Las dos cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente se refieren a la aplicación del artículo 67, apartado 5, de la Directiva 2014/24 en el ámbito específico del procedimiento de diálogo competitivo, contemplado en el artículo 30 de dicha Directiva.

10.      Con carácter preliminar, debe recordarse que el artículo 67 de la Directiva 2014/24 establece las normas generales relativas a los criterios de adjudicación del contrato. Su apartado 5 se refiere a la obligación de los poderes adjudicadores de indicar la ponderación relativa de dichos criterios. Este apartado 5 se subdivide en tres párrafos.

11.      El primer párrafo dispone que «el poder adjudicador precisará, en los pliegos de la contratación, la ponderación relativa que atribuya a cada uno de los criterios elegidos para determinar la oferta económicamente más ventajosa, excepto en el supuesto de que esta se determine sobre la base del precio exclusivamente».

12.      El segundo párrafo establece que «esta ponderación podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud máxima adecuada».

13.      Con arreglo al tercer párrafo, «cuando la ponderación no sea posible por razones objetivas, los poderes adjudicadores indicarán el orden decreciente de importancia atribuido a los criterios».

14.      Las dos cuestiones prejudiciales planteadas se refieren al segundo párrafo del artículo 67 de la Directiva 2014/24, en lo que respecta a las bandas de valores utilizadas por HUS‑yhtymä para expresar la ponderación relativa entre los criterios de adjudicación que pretendía utilizar. La primera cuestión versa, en esencia, sobre el momento, en el marco del procedimiento de diálogo competitivo, en el que el poder adjudicador puede determinar definitivamente la ponderación relativa expresada en el anuncio de licitación mediante bandas de valores; la segunda cuestión concierne, en cambio, al carácter «adecuado» de la amplitud de las bandas de valores utilizadas por HUS‑yhtymä en el caso concreto del contrato en cuestión.

15.      Para responder a estas dos cuestiones prejudiciales, parece oportuno, con carácter preliminar, describir brevemente las características esenciales del procedimiento de diálogo competitivo, tal como se regulan en la Directiva 2014/24.

A.      Esbozo del procedimiento de diálogo competitivo

16.      El diálogo competitivo es un procedimiento flexible diseñado para la adjudicación de contratos públicos de especial complejidad. Resulta útil cuando los poderes adjudicadores no están en condiciones de definir los medios ideales para satisfacer sus necesidades o evaluar las soluciones técnicas, financieras o jurídicas que puede ofrecer el mercado. (3) Tal situación puede presentarse, por ejemplo, en los proyectos innovadores o en los servicios o suministros que exijan un esfuerzo de adaptación o de diseño, como en los casos de adquisiciones complejas, por ejemplo cuando se trata de productos sofisticados o servicios intelectuales, por ejemplo algunos servicios de consultoría. (4) El objetivo fundamental del procedimiento de diálogo competitivo es hacer posible que los poderes adjudicadores, a través del diálogo con los candidatos seleccionados, determinen y definan los medios más adecuados para satisfacer sus necesidades, antes de solicitar las ofertas definitivas.

17.      El diálogo competitivo fue introducido por primera vez en el Derecho de la Unión por la Directiva 2004/18 (5) precisamente para establecer un procedimiento flexible que ofrezca a los poderes adjudicadores una vía legal y transparente para dialogar con el mercado cuando resulte necesario, en particular debido a la complejidad del contrato. La Directiva 2014/24 ha mantenido la lógica original del procedimiento, si bien la ha integrado en un marco normativo actualizado.

18.      El procedimiento de diálogo competitivo no es libremente accesible para los poderes adjudicadores, sino que su utilización está supeditada al cumplimiento de determinados requisitos establecidos en el artículo 26, apartado 4, de la Directiva 2014/24. Así, un poder adjudicador solo podrá recurrir al diálogo competitivo si se dan una o varias de las situaciones siguientes: sus necesidades no pueden satisfacerse sin la adaptación de soluciones fácilmente disponibles; las obras, los suministros o los servicios objeto del contrato implican soluciones innovadoras o que incluyan un proyecto; el contrato no puede adjudicarse sin negociaciones previas por circunstancias específicas ligadas a la naturaleza, la complejidad o la configuración financiera y jurídica del objeto del contrato, o las especificaciones técnicas no pueden establecerse con suficiente precisión.

19.      El procedimiento de diálogo competitivo se rige por el artículo 30 de la Directiva 2014/24 y se divide esencialmente en cuatro fases.

20.      La primera fase está constituida por el inicio del procedimiento, mediante la publicación, por el poder adjudicador, de un anuncio de licitación. En el anuncio de licitación, o en un documento descriptivo, se indican y definen las necesidades del poder adjudicador, los requisitos y los criterios de adjudicación elegidos. (6) Cualquier operador económico interesado que satisfaga los criterios de selección puede presentar una solicitud de participación en el procedimiento de diálogo competitivo. (7)

21.      La segunda fase es la del diálogo propiamente dicho, que constituye el núcleo del procedimiento. En primer lugar, el poder adjudicador envía simultáneamente y por escrito a los operadores seleccionados invitaciones a participar en el diálogo, (8) cuyo contenido se precisa en el anexo IX de la Directiva 2014/24.

22.      A continuación, el poder adjudicador entabla un diálogo con los candidatos seleccionados con el objetivo de determinar y definir los medios más idóneos para satisfacer sus necesidades. Ese diálogo podrá abarcar todos los aspectos de la contratación. El diálogo podrá llevarse a cabo en fases sucesivas para reducir el número de ofertas mediante una especie de criba progresiva, aplicando, no obstante, en todo caso, los criterios de adjudicación indicados en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo. (9)

23.      Durante el diálogo, los poderes adjudicadores darán un trato igual a todos los participantes, en particular, no facilitando de manera discriminatoria información que pueda dar ventajas a determinados participantes con respecto a otros. (10) Mientras dura el diálogo, se aplica, además, el principio de confidencialidad, de modo que los poderes adjudicadores no podrán revelar a los demás participantes las soluciones propuestas ni otros datos confidenciales que les comunique uno de los candidatos sin el acuerdo previo de este. (11) El diálogo prosigue hasta que el poder adjudicador esté en condiciones de determinar la solución o las soluciones que puedan responder a sus necesidades. (12)

24.      En la tercera fase, tras haber declarado el fin del diálogo, el poder adjudicador envía a los licitadores que no hayan sido descartados una invitación a presentar sus ofertas definitivas sobre la base de las soluciones definidas en la fase de diálogo. (13)

25.      Por último, la cuarta fase es la de la evaluación de las ofertas recibidas sobre la base de los criterios de adjudicación establecidos en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo (14) y la de la posterior adjudicación definitiva del contrato.

B.      Sobre la primera cuestión prejudicial

26.      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si los artículos 30 y 67, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24 deben interpretarse en el sentido de que, en el marco de un procedimiento de diálogo competitivo, un poder adjudicador que ha expresado la ponderación relativa de los criterios de adjudicación en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo mediante bandas de valores, está facultado para precisar definitivamente esa ponderación relativa en la invitación a presentar las ofertas definitivas que se envíe a los participantes una vez cerrado el diálogo mantenido con ellos.

27.      Como se ha expuesto, el artículo 67, apartado 5, párrafos primero y segundo, de la Directiva 2014/24 permite indicar en los pliegos de la contratación la ponderación relativa de los criterios de adjudicación para determinar la oferta económicamente más ventajosa, fijando bandas de valores con una amplitud máxima adecuada.

28.      La propia naturaleza del diálogo competitivo hace especialmente indicada en este tipo de procedimiento la utilización de las bandas de valores. En efecto, como se ha señalado, el diálogo competitivo presupone intrínsecamente el reconocimiento de un grado importante de flexibilidad a los poderes adjudicadores por el hecho de que recurren a este tipo de procedimiento cuando aún no están en condiciones de definir con precisión los medios ideales para satisfacer sus necesidades.

29.      En este contexto, la posibilidad de recurrir a bandas de valores con una amplitud máxima adecuada, sin predeterminar, no obstante, de manera rígida las ponderaciones relativas, confiere a los poderes adjudicadores un amplio margen de maniobra y de flexibilidad en cuanto a las modalidades de aplicación de los criterios de adjudicación del contrato. Las bandas de valores, si son adecuadas, ofrecen al mismo tiempo a los participantes un cuadro suficientemente preciso para poder comprender los elementos esenciales de la evaluación que conducirá a la adjudicación del contrato.

30.      En cuanto respecta al momento para la indicación de la ponderación relativa mediante las bandas de valores, del anexo IX de la Directiva 2014/24 y, en particular, de su punto 1, letra e), en relación con los artículos 30, apartado 2, última frase, y 54 de la misma Directiva, resulta expresamente que la ponderación relativa de los criterios de adjudicación debe figurar en el anuncio de licitación o bien en la invitación a confirmar el interés, en las especificaciones técnicas o el documento descriptivo.

31.      Por lo demás, esto es conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual la obligación de los poderes adjudicadores de indicar, en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, la «ponderación relativa» de cada uno de los criterios de adjudicación implica que las reglas de ponderación estén claramente definidas desde el inicio del procedimiento de adjudicación, de modo que un poder adjudicador no puede, en principio, aplicar reglas de ponderación que no haya puesto previamente en conocimiento de los licitadores. (15)

32.      Así pues, está claro que la indicación de la ponderación relativa en bandas de valores, de conformidad con los principios de transparencia e igualdad de trato, debe efectuarse al inicio del procedimiento de diálogo competitivo.

33.      No obstante, en el supuesto de que el poder adjudicador decida utilizar las bandas de valores, la Directiva 2014/24 no precisa en qué fase del procedimiento de adjudicación, en particular en qué fase del procedimiento complejo de diálogo competitivo, esta ponderación relativa debe determinarse definitivamente.

34.      En el asunto pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente, tal determinación definitiva se efectuó al finalizar el diálogo con los participantes seleccionados, en la invitación a presentar las ofertas definitivas.

35.      A este respecto, el objetivo de la fase de diálogo es identificar y definir las modalidades que permitan satisfacer en mayor medida las necesidades del poder adjudicador. En este contexto, los poderes adjudicadores mantienen un diálogo estructurado con los participantes seleccionados en el que pueden debatirse todos los aspectos del contrato y que tiene por objeto precisar, a medida que se desarrolla, la información relativa a tal contrato. Solo cuando se concluye el diálogo, una vez determinada por el poder adjudicador la solución o las soluciones que pueden responder a sus necesidades, los participantes pueden presentar su ofertas definitivas.

36.      De ello se deduce que, mientras no haya concluido el diálogo competitivo porque no se hayan encontrado aún soluciones satisfactorias, el poder adjudicador debe poder conservar la flexibilidad que le ofrece el procedimiento de diálogo competitivo para definir tales soluciones. Así pues, en esta fase no es estrictamente necesario que se determine definitivamente la ponderación relativa de los criterios de adjudicación expresada en bandas de valores. Por otra parte, obligar al poder adjudicador a determinar definitivamente esa ponderación antes de que finalice la fase de diálogo podría limitar, o incluso privar de sentido, la flexibilidad ofrecida específicamente por dicho procedimiento.

37.      No obstante, una vez finalizado el diálogo competitivo y, por tanto, una vez se hayan dilucidado definitivamente la posible o las posibles soluciones, el poder adjudicador podrá determinar las ponderaciones relativas definitivas de los criterios de adjudicación, dentro de los límites de las bandas de valores previamente indicadas, de modo que los participantes que hayan permanecido en el diálogo puedan tenerlos en cuenta a la hora de elaborar sus ofertas definitivas.

38.      Una interpretación de las disposiciones pertinentes en este sentido garantiza, además, el respeto tanto del principio de igualdad de trato (16) como de la obligación de transparencia que de él se deriva. (17)

39.      Habida cuenta de lo anterior, considero que procede responder a la primera cuestión prejudicial del siguiente modo: los artículos 30 y 67, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, en el marco de un procedimiento de diálogo competitivo, un poder adjudicador que haya expresado la ponderación relativa de los criterios de adjudicación en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo mediante una banda de valores tenga la facultad de precisar definitivamente esa ponderación relativa en la invitación a presentar las ofertas definitivas que se envíe a los participantes una vez cerrado el diálogo mantenido con ellos.

C.      Sobre la segunda cuestión prejudicial

40.      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 67, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24, en relación con el artículo 30 de la misma Directiva, debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de un procedimiento de diálogo competitivo, un poder adjudicador puede utilizar en el anuncio de licitación bandas de valores para la ponderación relativa de los criterios de adjudicación del contrato que no permiten deducir el orden definitivo de tales criterios, teniendo en cuenta que los criterios de adjudicación y su ponderación relativa, indicados en la invitación a presentar las ofertas definitivas, se mantienen en la banda de valores comunicada en el anuncio de licitación.

41.      El órgano jurisdiccional remitente plantea esta cuestión prejudicial en un contexto en el que, como se desprende del punto 4 de las presentes conclusiones, en la licitación objeto del asunto pendiente ante él, las bandas de valores utilizadas por el poder adjudicador para indicar la ponderación relativa de los criterios de adjudicación del contrato preveían: para el precio, una banda de valores de entre el 30 % y el 70 %, y para la calidad, dos bandas de valores, respectivamente, de entre el 15 % y el 35 %, para las características funcionales, y de entre el 15 % y el 35 % para la capacidad del equipo de expertos.

42.      Por tanto, en el momento de la publicación del anuncio de licitación, la utilización de tales bandas de valores no permitía determinar el orden de esos criterios de adjudicación y, en particular, cuál de ellos, el precio o los dos criterios relativos a la calidad, desempeñaría un papel preponderante en la adjudicación final del contrato. En efecto, la utilización de tales bandas de valores podía dar lugar a innumerables posibilidades entre dos extremos, a saber, por una parte, la situación en la que, una vez determinadas las ponderaciones relativas definitivas, el precio constituiría el 70 % y la calidad el 30 %, y, por otra parte, inversamente, como de hecho ocurrió, la situación en la que la calidad constituiría el 70 % y el precio solo el 30 %.

43.      En este contexto, para comprobar si, como se solicita en la segunda cuestión prejudicial, en el marco de un procedimiento de diálogo competitivo, la utilización de tales bandas de valores es compatible con el artículo 67, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2014/14, considero necesario proceder, antes de nada, a una interpretación de esta disposición, con el fin de determinar si, con carácter general, permite utilizar bandas de valores para la ponderación relativa de los criterios de adjudicación del contrato que no permitan deducir el orden definitivo de los criterios de adjudicación. A continuación, será preciso comprobar si, en el ámbito concreto del procedimiento de adjudicación constituido por el diálogo competitivo, se justifica o no un enfoque específico a la luz de las características particulares de dicho procedimiento.

1.      Sobre la interpretación del artículo  67, apartado  5, párrafo segundo

44.      Según reiterada jurisprudencia, al interpretar una disposición del Derecho de la Unión, no solo debe tenerse en cuenta su tenor literal, sino también el contexto en el que se inscribe y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (18) y, en su caso, la génesis de esa normativa. (19)

45.      Atendiendo a su tenor, el artículo 67, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24 dispone que la ponderación relativa de los criterios de adjudicación podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud máxima adecuada. (20)

46.      El análisis literal de esta disposición no permite dilucidar de manera definitiva si la indicación de la ponderación relativa de los criterios de adjudicación mediante bandas de valores debe o no revelar el orden definitivo de tales criterios.

47.      En efecto, por una parte, el concepto de «ponderación relativa» en cuanto tal no presupone necesariamente la determinación de un orden definitivo entre los factores tomados en consideración.

48.      Desde un punto de vista terminológico, en el ámbito de la estadística, la ponderación (determinación del peso) constituye una operación mediante la cual, en el cálculo de una media, se atribuye a cada elemento un coeficiente (denominado peso) que expresa la importancia relativa de ese elemento en relación con los demás. Al ser «relativa», es evidente que la ponderación debe permitir identificar una relación de importancia entre todos los elementos considerados. No obstante, en el caso de que la ponderación se exprese mediante la utilización de bandas de valores, aunque generalmente implique al menos la identificación de un orden parcial de importancia entre los elementos, no comporta de modo necesario que siempre resulte un orden completo y unívoco. Depende de cómo se definan las bandas de valores.

49.      Así, en el caso de que las bandas de valores no se solapen (por ejemplo: A = 40‑50 %, B = 25‑35 %, C = 15‑20 %), el orden definitivo de importancia entre los distintos factores se incorporará a las bandas de valores. Por el contrario, en el caso de que, como ocurre con las bandas de valores utilizadas en el anuncio de licitación de que se trata, las bandas de valores se solapen (por ejemplo: A = 30‑50 %, B = 25‑45 %, C = 10‑30 %), no será posible concluir con certeza cuál será el orden final de los factores antes de que se determinen definitivamente los valores definitivos expresados en el cuadro de las bandas de valores.

50.      Por otra parte, el artículo 67, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24 establece que la banda de valores debe tener una amplitud máxima «adecuada». No obstante, la Directiva 2014/24 no precisa, en mi opinión intencionadamente, qué debe entenderse por amplitud «adecuada», dejando así al intérprete y, en un último análisis, al Tribunal de Justicia la tarea de determinar, caso por caso, el alcance de este concepto.

51.      En tal contexto, procede, por tanto, realizar un análisis sistemático y teleológico del artículo 67, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24 para determinar si esta disposición permite indicar la ponderación relativa de los criterios de adjudicación mediante bandas de valores que no definan previamente el orden definitivo de esos criterios.

52.      A este respecto, desde un punto de vista sistemático, la disposición que se analiza se inscribe en el artículo 67, apartado 5, de la Directiva 2014/24, que, como se ha recordado en los anteriores puntos 10 a 13, está constituido por tres párrafos. El primer párrafo establece, en primer lugar, la obligación de principio, a cargo de los poderes adjudicadores, de precisar la ponderación relativa de los criterios de adjudicación del contrato.

53.      Del considerando 90 y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que esta obligación responde a la exigencia de garantizar el respeto del principio de igualdad de trato y de la obligación de transparencia que de él se deriva. En efecto, tiene por objeto permitir que cualquier operador que participe en un procedimiento de licitación esté razonablemente informado de los criterios y modalidades que se aplicarán para determinar la oferta económicamente más ventajosa. Tal obligación refleja el deber que tienen los poderes adjudicadores, en virtud del artículo 18, apartado 1, de la Directiva 2014/24, de tratar a los operadores económicos en pie de igualdad y sin discriminaciones, y actuar de manera transparente. (21)

54.      El segundo párrafo de dicho apartado 5, a saber, la disposición cuya interpretación se efectúa, ofrece a los poderes adjudicadores la facultad de indicar la ponderación relativa mediante la utilización de bandas de valores, garantizándoles de ese modo un margen de flexibilidad. Esta facultad no está sujeta a ningún requisito de oportunidad. El poder adjudicador puede utilizar las bandas de valores cuando lo estime procedente, con la única condición de que exista una «amplitud máxima adecuada». Aunque, como se ha visto, la Directiva 2014/24 no precisa el significado del término «amplitud adecuada», está claro que debe referirse al objetivo de la obligación de indicar la ponderación relativa que, como se ha indicado en el punto anterior, está relacionado con la necesidad de garantizar el respeto del principio de igualdad de trato y de la obligación de transparencia que de él se deriva.

55.      El tercer párrafo, leído a la luz del considerando 90, establece que el único supuesto en el que los poderes adjudicadores están autorizados a no observar la obligación de indicar la ponderación de los criterios de adjudicación es cuando dicha ponderación no pueda establecerse previamente, en particular debido a la complejidad del contrato. No obstante, esta excepción a la obligación de indicar previamente la ponderación debe estar debidamente justificada y motivada. En tal supuesto, también es necesario que, en cualquier caso, dichos poderes adjudicadores indiquen el orden decreciente de importancia atribuido a los criterios.

56.      La indicación del orden decreciente de importancia de los criterios de adjudicación del contrato aparece, pues, en la estructura del artículo 67, apartado 5, de la Directiva 2014/24 como el límite infranqueable necesario para garantizar el umbral mínimo de respeto de los principios de igualdad de trato y de transparencia para los candidatos en cuanto a la necesidad de conocer previamente la importancia de los criterios de adjudicación del contrato. Si, por razones objetivas y motivadas, no es posible expresar la ponderación relativa de tales criterios, la Directiva 2014/24 establece que deberá indicarse al menos su orden decreciente de importancia.

57.      Pues bien, si la indicación del orden decreciente de importancia de los criterios de adjudicación constituye el límite infranqueable del margen de discrecionalidad que se deja a los poderes adjudicadores en el cumplimiento de su obligación de poner previamente en conocimiento de los candidatos la importancia específica de los criterios de adjudicación, de ello resulta necesariamente que este límite también debe respetarse en la indicación de la ponderación relativa de dichos criterios mediante bandas de valores. En este contexto, sería además ilógico, en mi opinión, que la posibilidad de que no se exprese la ponderación relativa de los criterios, prevista con carácter excepcional y residual en el tercer párrafo —para la cual se establece expresamente una obligación de debida justificación y motivación— configure una regulación más restrictiva y más limitativa de la discrecionalidad de los poderes adjudicadores respecto a una norma de carácter más general como la establecida en el segundo párrafo. Por otra parte, la obligación de fijar bandas de valores con una amplitud «adecuada» tiene precisamente por objeto impedir que los poderes adjudicadores definan ponderaciones tan vagas que no permitan a los competidores comprender de entrada la importancia relativa de cada criterio de adjudicación.

58.      Por lo demás, tal interpretación de la disposición de que se trata resulta confirmada por la génesis de la norma. A este respecto, la disposición que actualmente conforma el artículo 67, apartado 5, de la Directiva 2014/24 fue introducida en el Derecho de la Unión en materia de contratación pública mediante el artículo 53, apartado 2, de la Directiva 2004/18. De los trabajos preparatorios de dicha Directiva (22) resulta que la obligación de indicar la ponderación relativa de los criterios de adjudicación se había introducido precisamente para limitar la discrecionalidad, considerada excesiva, dejada a los poderes adjudicadores por la mera obligación a la que estaban sujetos antes de la entrada en vigor de tal disposición de mencionar, en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación, los criterios de adjudicación que fueran a aplicar «en la medida de lo posible en orden decreciente según la importancia que [se] les atribuya». (23) Esto confirma que la regulación del tercer párrafo no puede ser más restrictiva, en términos de limitación de la discrecionalidad de los poderes adjudicadores, que la contenida en el segundo párrafo.

59.      Por otra parte, desde un punto de vista puramente teleológico, considero que admitir la facultad de los poderes adjudicadores de utilizar en el anuncio de licitación bandas de valores que permitan posteriormente modificar la determinación del orden de los criterios de adjudicación supondría una vulneración de los principios de igualdad de trato y de transparencia que, de conformidad con el artículo 18 de la Directiva 2014/24, los poderes adjudicadores deben respetar durante todo el procedimiento de adjudicación del contrato (24) y cuyo respeto, como se ha señalado en el punto 55 anterior, el artículo 67, apartado 5, de la Directiva tiene precisamente por objeto garantizar.

60.      En efecto, admitir la utilización de bandas de valores que no permitan comprender el orden relativo de importancia conferiría a los poderes adjudicadores la facultad de atribuir a los criterios de adjudicación, en el momento de la evaluación de las ofertas, una ponderación determinada y, por tanto, un valor relativo desconocido para los licitadores. Ello permitiría a los poderes adjudicadores atribuir una importancia imprevisible a uno o varios criterios, incluso después de la apertura de las ofertas, dándoles así la posibilidad de privilegiar una u otra de las ofertas. (25)

61.      Por lo demás, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende con claridad no solo que la ponderación relativa de cada uno de los criterios de adjudicación deberá fijarse claramente desde el inicio del procedimiento de adjudicación para permitir a los licitadores determinar objetivamente la importancia efectiva que tiene un criterio de adjudicación con relación a otro en el momento de la valoración posterior de dichos criterios por parte de la entidad adjudicadora, sino también que la ponderación relativa de cada uno de los criterios de adjudicación no puede modificarse en el transcurso del procedimiento. (26)

62.      El Tribunal de Justicia ha admitido una única excepción a este enfoque restrictivo, en lo que respecta a los subcriterios de adjudicación, siempre que se respeten las exigencias de protección de la igualdad de trato y la obligación de transparencia que de ellos se deriva. (27)

63.      Habida cuenta de lo anterior, considero que el artículo 67, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24 no permite indicar la ponderación relativa de los criterios de adjudicación mediante bandas de valores que no definan previamente el orden definitivo de tales criterios. Así pues, tales bandas de valores no pueden considerarse «adecuadas» con arreglo a dicha disposición.

2.      Sobre la aplicación del artículo  67, apartado  5, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24 en el ámbito específico del diálogo competitivo

64.      Es preciso comprobar, no obstante, si, habida cuenta de las características y de las particularidades específicas del procedimiento de diálogo competitivo, tal como se han puesto de relieve en los anteriores puntos 16 a 25, está o no justificado un enfoque particular por lo que respecta a la aplicación del artículo 67, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24 en el ámbito de dicho procedimiento de adjudicación.

65.      Como se desprende de estos apartados, debido a su objetivo específico, a saber, permitir al poder adjudicador, mediante un diálogo con los candidatos admitidos, identificar y definir los medios más adecuados para satisfacer sus necesidades, antes de solicitar las ofertas definitivas, el procedimiento de adjudicación del diálogo competitivo implica el reconocimiento de un mayor margen de discrecionalidad del poder adjudicador respecto a otros procedimientos de adjudicación.

66.      En efecto, como ya se ha observado, los poderes adjudicadores tienen interés en utilizar este tipo de procedimiento cuando no pueden definir los medios adecuados para satisfacer sus necesidades o evaluar las soluciones que el mercado puede ofrecer para sus necesidades en el plano técnico, financiero o jurídico. En particular, en el marco del diálogo que caracteriza al diálogo competitivo, el poder adjudicador razona en términos de funcionalidades de las que pretende disponer o de prestaciones que pretende alcanzar. En estas circunstancias, no se excluye que la imposibilidad de que un poder adjudicador anticipe con concreción desde el inicio las modalidades con las que satisfacer sus necesidades haga que no pueda ponderar inicialmente con precisión los criterios de adjudicación del contrato.

67.      En este contexto, se plantea la cuestión del alcance del margen de discrecionalidad que debe reconocerse al poder adjudicador respecto a dicha ponderación.

68.      Ciertamente, el artículo 67, apartado 5, párrafo segundo, al ofrecer la posibilidad de expresar dicha ponderación mediante bandas de valores permite que no se predetermine de manera precisa la ponderación y, por tanto, deja ya un amplio margen de discrecionalidad. El concepto de amplitud «adecuada», como se ha visto, debe interpretarse en sentido amplio en el contexto del diálogo competitivo. No obstante, tal margen de discrecionalidad no puede llegar hasta el punto de permitir a los poderes adjudicadores que, apartándose de lo establecido en el párrafo tercero de la misma disposición, no indiquen el orden decreciente de importancia de los criterios de adjudicación.

69.      A este respecto, ha de señalarse, en primer lugar, que ninguna disposición específica de la Directiva 2014/24 establece una excepción o una aplicación diferenciada o particular de lo dispuesto en el artículo 67, apartado 5, de dicha Directiva en el ámbito específico del procedimiento de licitación del diálogo competitivo. El artículo 67, apartado 5, de la Directiva 2014/24 tiene alcance general y se aplica en su integridad a todos los procedimientos de contratación previstos en dicha Directiva.

70.      En segundo lugar, del artículo 30, apartado 3, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24 se desprende expresamente que, en el marco del diálogo competitivo, el poder adjudicador está obligado a respetar los principios de igualdad de trato y de transparencia a lo largo de todo el procedimiento.

71.      Si bien estos principios deben tomarse en consideración y aplicarse teniendo en cuenta la especificidad del procedimiento de adjudicación que constituye el diálogo competitivo, que implica intrínsecamente un amplio margen de discrecionalidad, de los anteriores puntos 59 a 61 se desprende, no obstante, que el hecho de ofrecer a los poderes adjudicadores la posibilidad de modificar el orden de los criterios de adjudicación en un momento en el que han tenido conocimiento de las soluciones propuestas por los diferentes participantes implicaría potencialmente una vulneración del principio de igualdad de trato de los licitadores, y ello también en el contexto del diálogo competitivo.

72.      Por consiguiente, en mi opinión, a pesar del amplio margen de apreciación reconocido a los poderes adjudicadores en el ámbito del procedimiento de diálogo competitivo, el artículo 67, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24, tal como ha sido interpretado en el punto 63 anterior, también debe ser de plena aplicación en dicho procedimiento de contratación.

73.      Por último, procede señalar que la última frase de la segunda cuestión prejudicial, relativa al hecho de que los criterios de adjudicación y su ponderación relativa, indicados en la invitación a presentar las ofertas definitivas en el presente asunto, estaban comprendidos en la banda de valores comunicada en el anuncio de licitación, carece de pertinencia para la respuesta a dicha cuestión. En efecto, una eventual indicación en la invitación a presentar las ofertas definitivas de criterios de adjudicación o de los valores definitivos de su ponderación relativa que no fueran conformes a las indicaciones y a las bandas de valores contenidos en el anuncio de licitación constituiría una vulneración de los principios de igualdad de trato y de transparencia, así como una infracción del artículo 67, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24.

74.      En conclusión, de conformidad con lo expuesto anteriormente, considero que procede responder a la segunda cuestión prejudicial del siguiente modo: el artículo 67, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24, en relación con el artículo 30 de la misma Directiva, debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de un procedimiento de diálogo competitivo, un poder adjudicador no puede utilizar en el anuncio de licitación bandas de valores para la ponderación relativa de los criterios de adjudicación del contrato que no permitan deducir el orden definitivo de tales criterios.

III. Conclusión

75.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia) del siguiente modo:

«1)      Los artículos 30 y 67, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24/UE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, en el marco de un procedimiento de diálogo competitivo, un poder adjudicador que haya expresado la ponderación relativa de los criterios de adjudicación en el anuncio de licitación o en el documento descriptivo mediante una banda de valores tenga la facultad de precisar definitivamente esa ponderación relativa en la invitación a presentar las ofertas definitivas que se envíe a los participantes una vez cerrado el diálogo mantenido con ellos.

2)      El artículo 67, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24, en relación con el artículo 30 de la misma Directiva, debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de un procedimiento de diálogo competitivo, un poder adjudicador no puede utilizar en el anuncio de licitación bandas de valores para la ponderación relativa de los criterios de adjudicación del contrato que no permitan deducir el orden definitivo de tales criterios.»


1      Lengua original: italiano.


2      Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO 2014, L 94, p. 65).


3      Véase el considerando 42 de la Directiva 2014/24.


4      Véanse los considerandos 42 y 43 de la Directiva 2014/24.


5      Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO 2004, L 134, p. 114). Véase, en particular, el artículo 29 de dicha Directiva.


6      Véase los artículos 30, apartado 1, párrafo primero, y 2 de la Directiva 2014/24.


7      Véase el artículo 30, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2014/24.


8      Véanse los artículos 30, apartado 1, párrafo tercero, y 54 de la Directiva 2014/24.


9      Artículo 30, apartado 4, de la Directiva 2014/24.


10      Artículo 30, apartado 3, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24.


11      Artículo 30, apartado 3, párrafo tercero, de la Directiva 2014/24.


12      Artículo 30, apartado 5, de la Directiva 2014/24.


13      Artículo 30, apartado 6, de la Directiva 2014/24.


14      Artículo 30, apartado 7, de la Directiva 2014/24.


15      Véase, en este sentido, en relación con el artículo 53, apartado 2, de la Directiva 2004/18, la sentencia de 14 de julio de 2016, TNS Dimarso (C‑6/15, EU:C:2016:555), apartados 24 y 25 y jurisprudencia citada.


16      Según reiterada jurisprudencia, tal principio impone que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades al formular sus ofertas e implica, por tanto, que estas estén sometidas a las mismas condiciones para todos los competidores. Véase, entre otras, la sentencia de 11 de julio de 2019, Telecom Italia (C‑697/17, EU:C:2019:599), apartado 33 y jurisprudencia citada.


17      Tal obligación, según reiterada jurisprudencia, tiene esencialmente por objeto garantizar que cualquier operador interesado pueda decidir concurrir a licitaciones sobre la base de toda la información pertinente y garantizar que no exista riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte del poder adjudicador. Véase, entre otras, la sentencia de 4 de abril de 2019, Allianz Vorsorgekasse (C‑699/17, EU:C:2019:290), apartado 62 y jurisprudencia citada.


18      Véase, entre otras, la sentencia de 15 de enero de 2026, AVR-Afvalverwerking (C‑692/23, EU:C:2026:4), apartado 37 y jurisprudencia citada.


19      Véase, entre otras, la sentencia de 22 de abril de 2015, Drukarnia Multipress (C‑357/13, EU:C:2015:253), apartado 22 y jurisprudencia citada.


20      Véase el punto 12 anterior.


21      Véase, en relación con el artículo 53, apartado 2, de la Directiva 2004/18, la sentencia de 14 de julio de 2016, TNS Dimarso (C‑6/15, EU:C:2016:555), apartados 21.


22      Véase la exposición de motivos de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro, de servicios y de obras (COM/2000/275 final) (DO 2001, C 29E, p. 11). Véanse, en particular, los puntos 6.2 y 6.3.


23      A este respecto, véanse las conclusiones del Abogado General Mengozzi en el asunto TNS Dimarso (C‑6/15, EU:C:2016:160), punto 22.


24      Véase a este respecto, entre otras, la reciente sentencia de 5 de marzo de 2026, AESTE (C‑692/24, EU:C:2026:145), apartado 52 y jurisprudencia citada.


25      A este respecto, véanse también, por una parte, la citada exposición de motivos de la propuesta de Directiva (COM/2000/275 final), punto 6.2, y, por otra parte, la Nota explicativa de la Comisión Europea sobre el diálogo competitivo (Documento CC/2005/04, p. 7, último párrafo).


26      Véase, en relación con el artículo 53, apartado 2, de la Directiva 2004/18, la sentencia de 14 de julio de 2016, TNS Dimarso (C‑6/15, EU:C:2016:555), apartados 25.


27      El Tribunal de Justicia ha admitido que, tras la expiración del plazo de presentación de las ofertas, un poder adjudicador pueda determinar coeficientes de ponderación para los subcriterios que correspondan sustancialmente a los criterios previamente dados a conocer a los licitadores, bajo tres condiciones, a saber, que esa determinación ex post, primero, no modifique los criterios de adjudicación del contrato definidos en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación; segundo, no contenga elementos que, de haberse conocido en el momento de la preparación de las ofertas, hubiesen podido influir en esa preparación y, tercero, no se haya adoptado teniendo en cuenta elementos que puedan tener un efecto discriminatorio en relación con uno de los licitadores. Véase la sentencia de 14 de julio de 2016, TNS Dimarso (C‑6/15, EU:C:2016:555), apartado 26 y jurisprudencia citada.