(1)

El marco de gobernanza económica de la UE reformado entró en vigor el 30 de abril de 2024. El Reglamento (UE) 2024/1263 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la coordinación eficaz de las políticas económicas y a la supervisión presupuestaria multilateral (1), junto con el Reglamento (CE) n.o 1467/97 modificado, sobre el procedimiento de déficit excesivo (2), y la Directiva 2011/85/UE del Consejo modificada, sobre los marcos presupuestarios de los Estados miembros (3), son los elementos fundamentales del marco de gobernanza económica de la UE reformado. El marco tiene por objeto promover unas finanzas públicas saneadas y sostenibles, un crecimiento sostenible e integrador y resiliencia a través de reformas e inversiones, y evitar déficits públicos excesivos. Asimismo, promueve la apropiación nacional y se centra más en el medio plazo, lo que se combina con un control del cumplimiento más efectivo y coherente de la normativa aplicable.

(2)

Los planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo que los Estados miembros presentan al Consejo y a la Comisión son una pieza central del nuevo marco de gobernanza económica. Los planes deben contribuir a lograr dos objetivos: i) garantizar, entre otras cosas, que, al final del período de ajuste, la deuda de las administraciones públicas siga una trayectoria descendente verosímil o se mantenga en niveles prudentes, y que el déficit público se sitúe y mantenga por debajo del valor de referencia (3 % del PIB) a medio plazo, y ii) garantizar la realización de reformas e inversiones que respondan a los principales retos identificados en el contexto del Semestre Europeo y abordar las prioridades comunes de la UE. A tal fin, en cada plan debe declararse la resolución de seguir a medio plazo una senda de gasto neto (4) que imponga de forma efectiva una restricción presupuestaria durante la vida del plan, que abarcará cuatro o cinco años (dependiendo de la duración normal de la legislatura en cada Estado miembro). Además, en el plan debe explicarse cómo garantizará el Estado miembro la realización de reformas e inversiones que respondan a los principales retos identificados en el contexto del Semestre Europeo, especialmente en las recomendaciones específicas por país [en particular, las relativas al procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM), si procede], y cómo el Estado miembro abordará las prioridades comunes de la Unión. El período de ajuste fiscal comprende cuatro años, que puede ampliarse hasta tres años si el Estado miembro se compromete a llevar a cabo un conjunto pertinente de reformas e inversiones que cumplan los criterios establecidos en el Reglamento (UE) 2024/1263.

(3)

Tras la presentación del plan, la Comisión debe evaluar si este cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2024/1263.

(4)

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE) 2024/1263, teniendo en cuenta la evaluación y sobre la base de una recomendación de la Comisión, el Consejo debe recomendar que el Estado miembro presente un plan fiscal-estructural nacional a medio plazo revisado si considera que el plan no cumple los requisitos establecidos en el artículo 16, apartados 2, 3 y 5, de dicho Reglamento.

(5)

En caso de que el Estado miembro no presente un plan revisado en el plazo a que se refiere el Reglamento (UE) 2024/1263 o que el plan revisado no cumpla los requisitos establecidos en el artículo 16, apartados 2, 3 y 5, de dicho Reglamento, previa recomendación de la Comisión, el Consejo debe adoptar una recomendación para establecer la senda de gasto neto del Estado miembro de que se trate de conformidad con el artículo 19 y, en su caso, refrendar el conjunto de compromisos en materia de reformas e inversiones que sustenten una ampliación del período de ajuste fiscal.

(6)

El 15 de octubre de 2024, los Países Bajos presentaron su plan fiscal-estructural nacional a medio plazo al Consejo y a la Comisión. La presentación tuvo lugar tras la ampliación del plazo que se contempla en el artículo 36 del Reglamento (UE) 2024/1263, según lo acordado con la Comisión y teniendo en cuenta los motivos aducidos por los Países Bajos.

(7)

Antes de la presentación de su plan, los Países Bajos solicitaron información técnica (5), que la Comisión les proporcionó el 21 de junio de 2024 y publicó el 15 de octubre de 2024 (6). La información técnica indica el nivel del saldo primario estructural que es necesario que haya en 2028 para garantizar que el déficit de las administraciones públicas se mantenga por debajo del 3 % del PIB a medio plazo y que la deuda de las administraciones públicas se mantenga por debajo del 60 % del PIB a medio plazo, aunque no haya más medidas presupuestarias que vayan más allá del período de ajuste de cuatro años. Se entiende por «a medio plazo» el período de diez años posterior al final del período de ajuste. La información técnica se elaboró y transmitió al Estado miembro partiendo de dos escenarios: un escenario en el que se respetaba la salvaguardia de resiliencia del déficit (7), en consonancia con el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (UE) 2024/1263, y un escenario en el que no. En la información técnica para los Países Bajos se indicaba que, para cumplir las reglas fiscales aplicables durante el período de ajuste de cuatro años, y a partir de las hipótesis de la Comisión en que se basan las orientaciones previas transmitidas en junio de 2024, el saldo primario estructural debe ascender al menos al 0,1 % del PIB al final del período de ajuste (2028; escenario sin la salvaguardia de la resiliencia del déficit), como se muestra en el cuadro siguiente. A título informativo y teniendo también en cuenta la salvaguardia de resiliencia del déficit, el saldo primario estructural debe ascender al menos al 0,1 % del PIB al final del período de ajuste (2028). Sin embargo, la salvaguardia de resiliencia del déficit no es una obligación para los Países Bajos, que reúnen las condiciones para pedir información técnica.

Cuadro 1: Información técnica proporcionada por la Comisión a los Países Bajos

(8)

De conformidad con el artículo 12 del Reglamento (UE) 2024/1263, los Países Bajos y la Comisión entablaron un diálogo técnico en julio y agosto de 2024. El diálogo se centró en la senda de gasto neto prevista por los Países Bajos y sus hipótesis subyacentes, así como la realización prevista de reformas e inversiones que respondan a los principales retos identificados en el contexto del Semestre Europeo y las prioridades comunes de la Unión en materia de transición ecológica y digital justa, resiliencia social y económica, seguridad energética y creación de capacidades de defensa.

(9)

Según la información facilitada por los Países Bajos en su plan, antes de la presentación no se llevó a cabo un proceso de consulta con las partes interesadas nacionales pertinentes (incluidos los interlocutores sociales) según lo previsto en el artículo 11, apartado 3, del Reglamento (UE) 2024/1263, en consonancia con las disposiciones transitorias previstas en el artículo 36, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento.

(10)

El Consejo de Estado (en su condición de institución fiscal independiente neerlandesa) emitió un dictamen (8) sobre las previsiones macroeconómicas y las hipótesis macroeconómicas en que se basa la senda de gasto neto plurianual. El Consejo de Estado concluyó que se espera que las finanzas públicas cumplan en 2024 y 2025 los valores del Tratado Europeo. No obstante, la senda de gasto neto prevista en el plan fiscal-estructural a medio plazo no cumple los requisitos del Reglamento y los Países Bajos tendrán que realizar un esfuerzo fiscal adicional a las medidas presentadas por el Gobierno en el proyecto de presupuesto para 2025 para dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento.

(11)

Un proyecto de plan se presentó al Parlamento nacional el 17 de septiembre de 2024, junto con el proyecto de presupuesto para 2025. El 14 de octubre de 2024 se llevó al Parlamento nacional un plan revisado.

(12)

El 15 de octubre de 2024, los Países Bajos presentaron su proyecto de plan presupuestario para el año 2025. La Comisión adoptó el dictamen sobre este proyecto de plan presupuestario el 26 de noviembre de 2024 (9).

(13)

El 19 de junio de 2024, la Comisión llegó a la conclusión de que los Países Bajos están experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, los Países Bajos se enfrentan a vulnerabilidades relacionadas con la elevada deuda privada en un contexto de sobrevaloración del mercado de la vivienda, que tienen relevancia transfronteriza y siguen siendo pertinentes a pesar de observarse algunas mejoras (10).

(14)

El 21 de octubre de 2024, el Consejo formuló a los Países Bajos una serie de recomendaciones específicas por país (REP) en el contexto del Semestre Europeo (11).

(15)

De conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) 2024/1263, la Comisión evaluó el plan como sigue:

(16)

La actividad económica de los Países Bajos creció un 0,1 % en 2023. Este estancamiento se debió a la elevada inflación y a la debilidad del entorno exterior que frenó las exportaciones. Según las previsiones de otoño de 2024 de la Comisión Europea, se espera que la economía crezca un 0,8 % en 2024, gracias a las mejoras de los salarios reales que apoyan el consumo privado. Se prevé que el PIB real aumente un 1,6 % en 2025 y un 1,5 % en 2026, respaldado por el crecimiento continuo de los salarios, la caída de la inflación y una mejora del entorno exterior que favorecerá el comercio. Durante el período de previsión (es decir, 2024-2026), se estima que el PIB potencial de los Países Bajos crecerá previsiblemente un 1,9 % en 2024, un 1,7 % en 2025 y un 1,5 % en 2026, al tiempo que la contribución del trabajo al crecimiento potencial cae del 0,9 % en 2024 al 0,5 % en 2026. La Comisión prevé que la tasa de desempleo, que se situó en el 3,6 % en 2023, ascienda al 3,7 % en 2024, al 3,8 %, en 2025 y al 3,9 %, en 2026. Se prevé que la inflación (deflactor del PIB) disminuya del 7,3 % que se registró en 2023 al 5,0 % de 2024, y que alcance el 3,0 % en 2025 y el 2,3 %, en 2026.

(17)

En cuanto a la evolución de las finanzas públicas, el déficit de las administraciones públicas de los Países Bajos en 2023 se situó en el 0,4 % del PIB. Según las previsiones de otoño de 2024 de la Comisión, se espera que alcance el 0,2 % del PIB en 2024 y que aumente hasta el 1,9 % del PIB en 2025 y, asumiendo que se mantenga la política fiscal, el 2,4 % en 2026. Las previsiones de otoño de 2024 de la Comisión Europea incluyen el proyecto de presupuesto de los Países Bajos para 2025, que el Gobierno propuso al Parlamento nacional en septiembre de 2024. La deuda de las administraciones públicas se situó en el 45,1 % del PIB al final de 2023. Según las previsiones de otoño de 2024 de la Comisión Europea, la ratio de deuda disminuirá hasta el 43,3 % del PIB al acabar 2024. Se prevé que aumente hasta el 44,3 % del PIB al acabar 2025 y el 46,6 % al acabar 2026. Las previsiones fiscales de la Comisión no tienen en cuenta los compromisos que se hayan asumido en los planes a medio plazo como tales, hasta que se anuncien de forma verosímil y se establezcan medidas de actuación concretas suficientemente detalladas.

(18)

El plan fiscal-estructural nacional a medio plazo de los Países Bajos, que abarca el período 2025-2028, presenta un ajuste fiscal a lo largo de cuatro años.

(19)

El plan contiene toda la información que exige el artículo 13 del Reglamento (UE) 2024/1263.

(20)

El plan se compromete a seguir la senda de gasto neto indicada en el cuadro 2, correspondiente a un crecimiento medio del gasto neto del 4,2 % en el período 2025-2028. La información técnica (suponiendo una trayectoria de ajuste lineal) es coherente con que haya un crecimiento medio del gasto neto del 3,2 % durante el período de ajuste (2025-2028). Se indica que la senda de gasto neto a la que se ha comprometido en el plan da lugar a un saldo primario estructural del -0,8 % del PIB al final del período de ajuste (2028). Este valor es inferior al nivel mínimo del saldo primario estructural (del 0,1 % del PIB en 2028) proporcionado por la Comisión en la información técnica el 21 de junio de 2024 (12). El plan parte de la hipótesis de que el crecimiento potencial del PIB disminuirá gradualmente del 2,1 % en 2024 al 1,4 % en 2028. Además, el plan prevé que la tasa de crecimiento del deflactor del PIB disminuya del 5,1 % en 2024 a tasas marcadamente inferiores entre 2025 (2,7 %) y 2028 (2,4 %).

Cuadro 2: Senda de gasto neto e hipótesis principales del plan de los Países Bajos

(21)

Si se materializaran la senda de gasto neto que se ha comprometido en el plan y las hipótesis subyacentes, según el plan, la deuda de las administraciones públicas aumentaría gradualmente del 45,0 % del PIB de 2024 al 51,1 % del PIB al final del período de ajuste, como se refleja en el cuadro que figura a continuación. Tras el ajuste, a medio plazo (es decir, hasta 2038), se prevé que la ratio de deuda sobrepase el valor de referencia del Tratado del 60 % del PIB en 2033 según el plan y alcance el 70,7 % del PIB en 2038.

Cuadro 3: Evolución de la deuda y el saldo de las administraciones públicas en el plan de los Países Bajos

Así, según el plan, la deuda de las administraciones públicas sigue una trayectoria ascendente y no se mantendría por debajo del valor de referencia del Tratado del 60 % del PIB a medio plazo. Por tanto, según los compromisos y las hipótesis macroeconómicas del plan, la senda de gasto neto propuesta en el plan no es coherente con el requisito relativo a la deuda establecido en el artículo 6, letra a), y el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) 2024/1263.

(22)

Partiendo de la senda de gasto neto y las hipótesis del plan, el déficit de las administraciones públicas se elevaría del 1,8 % en 2024 al 2,5 % en 2025 y aumentaría temporalmente por encima del 3 % (3,4 %) en 2026 antes de moderarse al 2,1 % en 2027 para volver a elevarse después al 2,5 % en 2028. Así pues, según el plan, el saldo de las administraciones públicas no superaría el valor de referencia (3 % del PIB) al final del período de ajuste (2028). No obstante, en los diez años siguientes al período de ajuste (es decir, hasta 2038), el déficit público superaría el 3 % del PIB. El déficit público sobrepasaría el valor de referencia del Tratado del 3 % en 2029 y después aumentaría gradualmente hasta el 4,0 % en 2038. Por tanto, según los compromisos y las hipótesis macroeconómicas del plan, la senda de gasto neto propuesta en el plan no es coherente con el requisito de déficit establecido en el artículo 6, letra b), y el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) 2024/1263.

(23)

El plan incluye una estrategia fiscal indicativa en relación con la cual la especificación precisa de las medidas de actuación pertinentes se confirma o se ajusta y se cuantifica en los presupuestos anuales, también para garantizar la realización de la presente Recomendación del Consejo. El acuerdo de coalición del Gobierno para el período 2024-2028 prevé rebajas del impuesto sobre la renta al inicio del mandato, que se compensan con aumentos del impuesto sobre el valor añadido aplicado a determinados productos en 2026 y recortes del gasto hacia el final del mandato, entre otras cosas, en ayuda al desarrollo, salarios del sector público y asilo. El proyecto de plan presupuestario para 2025 especifica las medidas de actuación que permitirán alcanzar la tasa de crecimiento del gasto neto del 6,8 % marcada como objetivo para 2025 (13).

(24)

El plan describe los propósitos relativos a reformas e inversiones que responden a los principales retos identificados en el contexto del Semestre Europeo, especialmente las REP y, en particular, las relativas al PDM y a cómo se abordarán en el plan las prioridades comunes de la UE. El plan incluye una amplia lista de más de setenta reformas e inversiones que abordan las prioridades comunes de la UE, de las cuales catorce cuentan con la ayuda financiera del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

(25)

En lo que respecta a la prioridad común relativa a una transición ecológica y digital justa, incluidos los objetivos climáticos establecidos en el Reglamento (UE) 2021/1119, el plan incluye más de veinte reformas e inversiones, como el programa plurianual de infraestructuras energéticas y climáticas, programas de investigación público-privados en el marco de la Estrategia de la Economía Digital y el Fondo Neerlandés para el Clima, entre otras. El plan también describe medidas en el marco del plan de recuperación y resiliencia (PRR) para abordar la congestión de la red, la construcción de infraestructuras energéticas y la investigación sobre computación cuántica. Las reformas e inversiones incluidas en el plan tienen por objeto responder a las REP para redoblar los esfuerzos en favor de la agricultura sostenible (formuladas en 2022, 2023 y 2024), para fomentar la transición a las energías renovables, incluidas las inversiones en la red eléctrica (formuladas en 2019, 2023, 2022 y 2024), para fomentar las inversiones, la investigación y la innovación con el fin de apoyar la transición ecológica y digital (formuladas en 2019, 2020 y 2022), y para abordar los cuellos de botella en el transporte (formulada en 2019). El plan incluye reformas e inversiones dirigidas a responder a las REP relativas al procedimiento de desequilibrio macroeconómico para acelerar la implantación de las energías renovables e impulsar las inversiones en infraestructuras de red (formuladas en 2022 y 2023), para reforzar las capacidades y competencias necesarias para la transición ecológica (formulada en 2023), y para mejorar la eficiencia energética de los edificios y acelerar las inversiones en transporte sostenible y agricultura sostenible (formuladas en 2022 y 2023).

(26)

En cuanto a la prioridad común de la resiliencia social y económica, incluido el pilar europeo de derechos sociales, el plan incluye una amplia lista de más de cuarenta reformas e inversiones agrupadas en varios ámbitos de actuación, como el mercado de la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, las pensiones, el mercado laboral y la fiscalidad. Algunas de estas inversiones y reformas están incluidas en el PRR, como el seguro de invalidez para los trabajadores por cuenta propia, la revisión de la ley de pensiones o la ampliación de los cuidados intensivos. Las reformas e inversiones incluidas en el plan tienen por objeto responder a las REP para reducir los incentivos a la utilización de contratos flexibles o temporales (formuladas en 2022, 2023 y 2024), para promover una protección social adecuada para los trabajadores por cuenta propia y para reducir el empleo encubierto (formuladas en 2019, 2020 y 2022). Las reformas e inversiones recogidas en el plan también tienen por objeto abordar la escasez de mano de obra y de capacidades, en particular las oportunidades de perfeccionamiento y reciclaje profesionales para mejorar las capacidades básicas (formuladas consecutivamente desde 2019), y para reforzar el sistema sanitario (formulada en 2020). En el marco de la prioridad de la resiliencia social y económica, el plan incluye reformas e inversiones en el mercado de la vivienda que tienen por objeto responder a las REP relativas al procedimiento de desequilibrio macroeconómico mediante la reducción del sesgo en favor de la deuda de los hogares y la garantía de asequibilidad y disponibilidad de viviendas en el mercado privado de alquiler (dos recomendaciones dirigidas a los Países Bajos en años consecutivos desde 2019), y mediante la eliminación de los obstáculos a la construcción residencial (formuladas en 2023 y 2024).

(27)

En cuanto a la prioridad común de la seguridad energética, el plan incluye reformas que contribuyen a la seguridad energética mediante legislación para mejorar estructuralmente la seguridad del suministro de gas y las obligaciones de ahorro de energía para empresas e instituciones, entre otras. El plan describe asimismo la intención estratégica de aplicar medidas para reforzar la resiliencia mediante la reducción de la dependencia de materias primas fundamentales y el impulso a la fabricación de tecnologías de cero emisiones netas. Algunas de las reformas e inversiones se incluyen en el PRR para hacer frente a las congestiones de la red, actualizar el marco regulador de los sistemas energéticos del gas y la electricidad, y fomentar el uso de tecnologías de hidrógeno verde. Las reformas e inversiones incluidas en el plan tienen por objeto responder a las REP para fomentar la transición a las energías renovables, incluida la inversión en la red eléctrica (formuladas en 2019, 2022, 2023 y 2024), y abordar los cuellos de botella en el transporte (formuladas en 2019). El plan incluye reformas e inversiones para responder a las REP relativas al procedimiento de desequilibrio macroeconómico en la medida en que recomiendan aumentar las inversiones en la implantación de energías renovables e infraestructuras de red (formuladas en 2022 y 2023), a la eficiencia energética de los edificios y el transporte sostenible (formuladas en 2022), y a la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles (formuladas en 2022 y 2023).

(28)

En cuanto a la prioridad común de las capacidades de defensa, el plan incluye un conjunto de inversiones que se ejecutarán entre 2024 y 2028, consistentes en la adquisición de equipos, la renovación de infraestructuras inmobiliarias, en particular para garantizar su sostenibilidad, y la modernización y sustitución de infraestructuras informáticas tácticas.

(29)

El plan proporciona información sobre la coherencia y, en su caso, la complementariedad con el PRR de los Países Bajos. Las reformas e inversiones recogidas en el plan complementan varias acciones emprendidas en el marco del PRR que también contribuyen a las prioridades comunes de la UE. Las nuevas reformas e inversiones del plan son coherentes con las medidas del PRR. Por ejemplo, el paquete de reformas del mercado de la energía incluido en el capítulo de REPowerEU contribuye a una transición ecológica y digital justa, así como a la seguridad energética, y las medidas sobre la planificación centralizada para aumentar la oferta de vivienda y reforzar el sistema sanitario recogidas en el PRR contribuyen a la resiliencia social y económica.

(30)

El plan pretende contribuir a satisfacer las necesidades de inversión pública de los Países Bajos en relación con las prioridades comunes de la UE. En lo que respecta a la prioridad común de una transición ecológica y digital justa, las inversiones establecidas en el plan ascienden a unos 43 000 millones EUR. En cuanto a la prioridad común de la resiliencia social y económica, el plan prevé necesidades de inversión por valor de 10 000 millones EUR en el marco de la inversión relacionada con la vivienda, el mercado laboral y los cuidados. En relación con la prioridad común de la seguridad energética, el plan recoge principalmente reformas, pero prevé necesidades de inversión por valor de 300 millones EUR para la implantación de tecnologías de hidrógeno verde, parcialmente cubiertas por el PRR. En el marco de la prioridad común de las capacidades de defensa, las necesidades de inversión descritas en el plan ascienden a 55 000 millones EUR.

(31)

En general, la Comisión considera que el plan de los Países Bajos no cumple los requisitos del artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) 2024/1263, dada la falta de coherencia de la senda de gasto neto del plan con los requisitos de deuda y déficit de dicho Reglamento. El plan establece lo siguiente: «Si la Comisión y el Consejo consideran que la senda de gasto neto propuesta por los Países Bajos no se ajusta al Reglamento, los Países Bajos renunciarán a su derecho a presentar un plan revisado conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento y comprenden que el Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión fundamentada en la información técnica facilitada por la Comisión, podrá recomendar una senda de gasto conforme al artículo 19 del Reglamento. El Gobierno considera que la recomendación de una senda de gasto en virtud de la información técnica es una aplicación adecuada de las reglas fiscales europeas». Teniendo en cuenta que los Países Bajos no tienen intención de presentar un plan revisado de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE) 2024/1263, debe recomendarse la senda de gasto en consonancia con el artículo 19 de dicho Reglamento sobre la base de la información técnica facilitada por la Comisión el 21 de junio de 2024.

(32)

El Consejo toma nota del plan fiscal-estructural a medio plazo de los Países Bajos, incluida la renuncia de los Países Bajos a su derecho a presentar un plan revisado, y considera que la plena aplicación de la Recomendación del Consejo permitiría garantizar unas finanzas públicas saneadas y apoyar la sostenibilidad de la deuda pública, así como un crecimiento sostenible e integrador.

(33)

El Consejo toma nota de la evaluación de la Comisión sobre el plan. No obstante, el Consejo invita a la Comisión a que presente su evaluación de los planes futuros en un documento separado de las Recomendaciones de la Comisión de Recomendaciones del Consejo.

(34)

El Consejo toma nota de la evaluación de la Comisión sobre la senda de gasto neto y las principales hipótesis macroeconómicas del plan, también en relación con las orientaciones previas de la Comisión, así como de las implicaciones de la senda de gasto neto del plan para el déficit y la deuda públicos. El Consejo toma nota de los riesgos para las perspectivas. En particular, el Consejo también acoge con satisfacción que se haya consultado a las partes interesadas pertinentes antes de la presentación del plan. El Consejo también observa que los riesgos geopolíticos pueden ejercer presión sobre los gastos de defensa.

(35)

El Consejo espera que los Países Bajos estén preparados para ajustar su estrategia fiscal en la medida necesaria para garantizar la realización de la senda de gasto neto recomendada. El Consejo está resuelto a seguir de cerca la evolución económica y fiscal, en particular la evolución subyacente al escenario del plan.

(36)

El Consejo considera que está justificado proseguir los debates para acordar una posición común sobre las implicaciones anuales de la supervisión de las tasas de crecimiento acumulado del gasto neto a tiempo para el próximo ciclo de supervisión fiscal.

(37)

El Consejo toma nota de la descripción que ha realizado la Comisión de los propósitos y las necesidades de reformas e inversiones que responden a los principales retos identificados en el contexto del Semestre Europeo, y destaca la importancia de garantizar la realización de dichas reformas e inversiones. Sobre la base de los informes presentados por la Comisión, el Consejo evaluará dichas reformas e inversiones y supervisará su aplicación en el marco del Semestre Europeo.

(38)

El Consejo espera con interés los informes anuales de situación de los Países Bajos que contendrán, en particular, información sobre los avances en la aplicación de la senda de gasto neto establecida por el Consejo, y la ejecución de reformas e inversiones más amplias en el contexto del Semestre Europeo.

(39)

Sobre la base de la evaluación de la Comisión y la renuncia de los Países Bajos a su derecho a presentar un plan revisado con arreglo al artículo 18 y de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2024/1263, el Consejo debe recomendar a los Países Bajos la senda de gasto neto basada en la información técnica facilitada por la Comisión el 21 de junio de 2024.

1.