Desde el 1 de diciembre de 1981, el demandante no ejerce ninguna otra actividad profesional.

El 12 de septiembre de 1980, el demandante ha sido objeto de un audiograma con objeto de verificar si padecía déficit audiométrico. Un segundo audiograma ha sido efectuado el 3 de diciembre de 1981 y un tercero el 19 de enero de 1984.

Mediante resolución de fecha 28 de febrero de 1983, el Fondo ha rechazado esta demanda como inadmisible por los motivos siguientes:

No se cumplen las condiciones previstas por los acuerdos internacionales sobre Seguridad Social de los trabajadores migrantes.

La víctima se ha visto expuesta al riesgo de enfermedad profesional en último lugar en el territorio de otro Estado miembro de la CEE (Reglamento no 1408/71, artículo 57, apartado 1).

En interpretación del artículo 86 del Reglamento (CEE) no 1408/71, ¿qué consecuencia se debe extraer de la remisión tardía del recurso del organismo belga al que se sometió el asunto al organismo francés?

Ambos organismos atribuyen el hecho de que el demandante se encuentre en la imposibilidad de respetar el plazo previsto por la legislación francesa para la realización del segundo audiograma a la remisión tardía de la solicitud por el organismo belga al organismo francés.

Arguyen que, de conformidad con el artículo 86 del Reglamento no 1408/71,

Reglamento del Consejo no 1408/71, del 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los sistemas de la Seguridad Social a los trabajadores migrantes y a sus familiares, que se desplacen (DO 1971, L 149, p. 2).

Estiman que, en virtud de la disposición del artículo 86, se debe considerar la solicitud como formulada dentro de plazo, no obstante la remisión tardía, pero que no cabría extraer otras conclusiones del artículo 86, por no constituir éste más que una disposición de puro procedimiento, que debe distinguirse de las disposiciones de fondo que regulan el reconocimiento de las enfermedades profesionales.

Según ellos, por no haberse respetado los plazos previstos por la legislación francesa para la realización del segundo audiograma necesario para el reconocimiento de una lesión auditiva, ya no puede el demandante beneficiarse de las prestaciones francesas por razón de su enfermedad profesional.

La Comisión sugiere, además, dar al juzgado remitente, y más allá de los términos estrictos de la cuestión planteada, otras indicaciones para la solución del litigio pendiente ante la misma. Estima que, con respecto a la constante preocupación del Tribunal de explicar detalladamente a los juzgados remitentes la importancia de la normativa comunitaria es lícito, llegado el caso, completando la formulación de la solicitud, tomar en cuenta otras disposiciones que pemiten resolver el problema.

A este respecto, la Comisión examina dos tipos de posibles consecuencias:

a)Trae a colación que, de conformidad con el artículo 57, apartado 1, del Reglamento no 1408/71, un trabajador que en dos o más Estados miembros haya ejercido una actividad, que pueda causar una enfermedad profesional, tiene derecho a prestaciones exclusivamente conforme a la legislación del último de tales Estados cuyos requisitos se cumplan.

Estima que en el caso de autos, Francia no podía ser considerada como este último Estado miembro puesto que, por razón de la remisión tardía de la solicitud, es imposible para el interesado satisfacer las condiciones de la legislación francesa. Según ella, el último Estado miembro cuyas condiciones legales pueden estar cumplidas es, pues, Bélgica, por reunirse las condiciones de otorgamiento de una prestación en concepto de enfermedad profesional conforme al Derecho belga de acuerdo con la constatación médica del 12 de diciembre de 1981.

Siempre según la Comisión, si está legislado que el demandante no puede pretender prestaciones conforme a la legislación francesa, la Caisse d'assurance maladie de Maubeuge debe aplicar el artículo 67, apartado 3, del Reglamento 574/72.

Reglamento del Consejo no 574/72, del 21 de marzo de 1972, sobre desarrollo del Reglamento no 1408/71, relativo a la aplicación de los sistemas de la Seguridad Social a los trabajadores migrantes y a sus familiares que se desplacen dentro de la Comunidad (DO 1972, L 74, p. 1).

Por consiguiente, la Caja del Seguro de Enfermedad de Maubeuge debe devolver el expediente al Fondo a Bruselas; éste le ha autorizado a declarar ante el Tribunal que examinará el expediente del demandante benévolamente si resulta que éste no puede pretender prestaciones conforme a la legislación francesa.

Habida cuenta del hecho que el demandante ha pasado en Francia veinte de los treinta años durante los cuales se ha dedicado a una actividad expuesta a un riesgo, no se podría cuestionar con seriedad que estaría materialmente justificado que la entidad aseguradora francesa se viera obligada a conceder las prestaciones litigiosas. Además, no se comprende la razón por la cual la entidad aseguradora francesa debería beneficiarse del incumplimiento de la entidad aseguradora belga, con el efecto que no tendrá que otorgar prestaciones a cuya concesión está materialmente obligada.

Buscando la solución justa a este problema jurídico, no hay que perder de vista en especial el objetivo perseguido por el legislador comunitario al promulgar el Reglamento no 1408/71, consistente en «garantizar en el interior de la Comunidad, por una parte, a todos los ciudadanos de los Estados miembros la igualdad de tratamiento con respecto a las diferentes legislaciones nacionales y, de otra parte, a los trabajadores y a sus familiares con derecho a prestaciones, el beneficio de las prestaciones de la Seguridad Social, cualquiera que sea el lugar de su trabajo o de su residencia.

a)Conviene plantearse para empezar si el artículo 86 del Reglamento no 1408/71 no tiene verdaderamente más que una importancia formal y a efectos de paralización de los plazos de solicitud o si se le puede atribuir un significado más amplio.

El artículo 86 prevé que las solicitudes, declaraciones o recursos que hubieran debido formularse por aplicación de la legislación de un Estado miembro, en un plazo determinado, ante una autoridad de dicho Estado son admisibles si se formulan en el mismo plazo ante una autoridad correspondiente de otro Estado miembro. En este caso, la autoridad ante la que se ha interpuesto tal recurso transmite sin demora dichas solicitudes a la autoridad competente del Estado competente. La fecha en la que se formulan tales solicitudes ante la autoridad del segundo Estado se considera como la fecha de presentación ante la autoridad competente para conocer de las mismas.

De esta forma, cuando una solicitud se presenta ante la autoridad de un Estado miembro distinta de aquélla en virtud de cuya legislación debe concederse la mencionada prestación, esta autoridad no es competente para apreciar la admisibilidad de la demanda de que se trate. Esta competencia pertenece de forma exclusiva a la autoridad del Estado miembro en virtud de cuya legislación debe concederse la prestación y a la que debe remitirse siempre la solicitud.

Cf. sentencia del 22 de mayo de 1980 en el asunto 143/79, Margaret Walsh contra Insurance Officer (Rec. 1980, p. 1639).

Conviene examinar ahora si la mencionada disposición del artículo 86 podría interpretarse en el sentido de que se refiere no sólo a la oportunidad en el plazo de formulación de una solicitud de prestación, sino, que al mismo tiempo suspende el curso de los plazos que están previstos para efectuar ciertos actos por la legislación nacional. El hecho de que no se encuentre en el ámbito de influencia del demandante con qué diligencia la entidad aseguradora no encargada de la prestación remite las solicitudes a la entidad aseguradora obligada a conceder la prestación favorecería una interpretación en dicho sentido del artículo 86 del Reglamento no 1408/71. La simplificación de procedimiento prevista por el artículo 86 del Reglamento no 1408/71 en favor del solicitante perdería gran parte de su efecto útil si la entidad aseguradora no obligada a la prestación por su negligencia o su lentitud pudiera anular, en detrimento del solicitante, las ventajas que resultan para él del artículo 86.

Frente a semejante interpretación del artículo 86 del Reglamento no 1408/71, por atrayente que pueda parecer (y la jurisprudencia del Tribunal hasta la fecha a este respecto no se opondría a tal intepretación), podrían formularse objeciones, caso de que el Tribunal tuviera que pronunciarse en el caso de autos sobre esta cuestión de orden general y ello tanto más cuando sus implicaciones prácticas no parece que puedan evaluarse en todos los detalles.

Igualmente, creemos disponer para el presente caso de una solución que nos ofrece una disposición especial del Reglamento no 1408/71 referente a las enfermedades profesionales.