1

Mediante sus respectivos recursos de casación, Fertilizers Europe y la Comisión Europea solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de 5 de julio de 2023, Nevinnomysskiy Azot y NAK Azot/Comisión (T‑126/21, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2023:376), por la que el Tribunal General anuló el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2100 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2020, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de nitrato de amonio originario de Rusia tras una reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2020, L 425, p. 21, en lo sucesivo, «Reglamento controvertido»).

Marco jurídico

Reglamento controvertido

2

El considerando 20 del Reglamento controvertido expone lo siguiente:

Reglamento (UE) 2016/1036

3

El artículo 1, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (DO 2016, L 176, p. 21), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2018/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 (DO 2018, L 143, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento 2016/1036»), titulado «Principios», establece:

4

El artículo 2 del Reglamento 2016/1036 dispone, en sus apartados 1 y 3:

5

El artículo 5, apartados 3 y 9, del Reglamento 2016/1036 dispone:

6

A tenor del artículo 11, apartados 1, 2, 5 y 6, del citado Reglamento:

–

expirarán en las investigaciones realizadas en virtud del apartado 2,

–

expirarán en caso de investigaciones realizadas en virtud de los apartados 2 y 3 en paralelo, bien si la investigación en virtud del apartado 2 se inició mientras una reconsideración en virtud del apartado 3 estaba en curso en el mismo procedimiento, bien si tal reconsideración se inició al mismo tiempo, o

–

permanecerán sin cambios en las investigaciones realizadas en virtud de los apartados 3 y 4.

Antecedentes del litigio

7

Los antecedentes del litigio figuran en los apartados 2 a 13 de la sentencia recurrida y, a efectos de los presentes asuntos acumulados, pueden resumirse del siguiente modo.

8

AO Nevinnomysskiy Azot y AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK Azot (en lo sucesivo, conjuntamente, «sociedades Azot») son productoras y exportadoras de nitrato de amonio domiciliadas en Rusia. Como tales, están sujetas al Reglamento (CE) n.o 2022/95 del Consejo, de 16 de agosto de 1995, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de nitrato de amonio originario de Rusia (DO 1995, L 198, p. 1).

9

A raíz de una primera reconsideración por expiración de las medidas de que se trata y de una primera reconsideración provisional, el Reglamento (CE) n.o 658/2002 del Consejo, de 15 de abril de 2002, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de nitrato de amonio originarias de Rusia (DO 2002, L 102, p. 1), mantuvo un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de nitrato de amonio procedentes de Rusia. Al término de una segunda reconsideración por expiración de estas medidas y de una segunda reconsideración provisional parcial, estas se mantuvieron en vigor mediante el Reglamento (CE) n.o 661/2008 del Consejo, de 8 de julio de 2008, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de nitrato de amonio originario de Rusia a raíz de una reconsideración por expiración, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, y una reconsideración provisional parcial, de conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 384/96 (DO 2008, L 185, p. 1). Tras una tercera reconsideración por expiración, la Comisión mantuvo las referidas medidas en vigor mediante su Reglamento de Ejecución (UE) n.o 999/2014, de 23 de septiembre de 2014, por el que se establece un derecho antidumping definitivo a las importaciones de nitrato de amonio originario de Rusia tras una reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del Consejo (DO 2014, L 280, p. 19). Al término de una reconsideración provisional y de conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento 2016/1036, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1722, de 14 de noviembre de 2018, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 999/2014, por el que se establece un derecho antidumping definitivo a las importaciones de nitrato de amonio originario de Rusia tras una reconsideración provisional de conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2018, L 287, p. 3; corrección de errores en DO 2020, L 191, p. 10).

10

Durante todo el período en el que tuvieron lugar estos procedimientos de reconsideración, las sociedades Azot estuvieron sujetas a un derecho antidumping aplicable a todo el territorio ruso.

11

El 21 de junio de 2019, en virtud del artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036, Fertilizers Europe, una asociación europea de fabricantes de fertilizantes sólidos, presentó ante la Comisión la solicitud de reconsideración original por expiración de las medidas antidumping de que se trata. En su solicitud, Fertilizers Europe alegó que existían pruebas de la probabilidad de continuación del dumping en caso de expiración de estas medidas. A este respecto, se basaba en una comparación entre los precios de exportación y el valor normal calculado.

12

En respuesta a dicha solicitud, la Comisión pidió a Fertilizers Europe que facilitara información adicional para completar y aclarar su solicitud de reconsideración original (en lo sucesivo, «información adicional»). El 20 de agosto de 2019, Fertilizers Europe presentó esta información adicional, que se incluyó en la solicitud de reconsideración consolidada y que se apoyaba en un valor normal basado en los precios reales del mercado nacional ruso.

13

El 23 de septiembre de 2019, la Comisión publicó el Anuncio de inicio de una reconsideración por expiración de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de nitrato de amonio originario de Rusia (DO 2019, C 318, p. 6), al considerar que existían suficientes pruebas para esa reconsideración y para llevar a cabo una investigación.

14

Al término de esa investigación, la Comisión concluyó que la expiración de esas medidas antidumping podría conducir a la reaparición del dumping y del perjuicio. En consecuencia, mediante la adopción del Reglamento controvertido, prorrogó dichas medidas por un período de cinco años.

Recurso ante el Tribunal General y sentencia recurrida

15

Mediante su recurso ante el Tribunal General, las sociedades Azot solicitaron la anulación del Reglamento controvertido. En apoyo de su recurso, estas sociedades invocaron un motivo único basado, en esencia, en la infracción del artículo 11, apartados 2 y 5, y del artículo 5, apartado 3, del Reglamento 2016/1036, en la medida en que, a su juicio, la Comisión había procedido erróneamente a una reconsideración por expiración de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de nitrato de amonio originario de Rusia, pese a la falta de pruebas suficientes para hacerlo.

16

Por lo que respecta a los criterios jurídicos aplicables al contenido de una solicitud de reconsideración, el Tribunal General declaró, en primer lugar, en los apartados 65 a 67 de la sentencia recurrida, que «de una interpretación literal del artículo 11, apartado 2, del Reglamento [2016/1036] se desprende que la solicitud de reconsideración que debe ser presentada por los productores de la Unión o en su nombre, por lo menos tres meses antes de la finalización del período de cinco años al término del cual expiran las medidas antidumping [(en lo sucesivo, “plazo legal”)], debe contener ya pruebas suficientes de que la expiración de las medidas podría conducir a una continuación o a una reaparición del dumping y del perjuicio», dado que el párrafo cuarto de esta disposición, que establece el plazo legal en el que la solicitud de reconsideración debe ser presentada, remite expresamente al referido artículo 11, apartado 2, párrafo segundo, que precisa los requisitos relativos al contenido de dicha solicitud que permiten llevar a cabo una reconsideración.

17

En segundo lugar, el Tribunal General consideró, en los apartados 69 y 70 de la sentencia recurrida, que esta interpretación era necesaria para alcanzar el objetivo de garantizar que las pruebas presentadas a la Comisión dentro del plazo legal sean suficientes para acreditar la probable continuación o reaparición del dumping y del perjuicio en caso de expiración de las medidas antidumping de que se trata. Así pues, consideró que el establecimiento de dicho plazo contribuye a garantizar la seguridad de las situaciones jurídicas, al permitir a los operadores en el mercado saber a su debido tiempo si tales medidas pueden mantenerse y a la Comisión disponer de un plazo útil para valorar las pruebas contenidas en una solicitud de reconsideración y cerciorarse de que son suficientes y pertinentes, con el fin de evitar que una medida antidumping se mantenga indebidamente más allá del plazo prescrito.

18

En tercer lugar, en los apartados 71 a 74 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que los productores de la Unión pueden, transcurrido el plazo legal y durante los tres meses anteriores a la expiración de las medidas antidumping de que se trate, presentar información complementaria con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036 y que la Comisión puede, durante esos tres meses, recibir o solicitar aclaraciones adicionales que completen o corroboren las pruebas suficientes presentadas antes de la expiración de ese plazo legal, lo que da lugar a una versión consolidada de la solicitud de reconsideración, sin que tal información adicional pueda, no obstante, constituir nuevas alegaciones, ni sustituir la solicitud de reconsideración presentada en dicho plazo legal ni subsanar la insuficiencia de las pruebas allí contenidas.

19

En cuarto lugar, en los apartados 78 a 101 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó y desestimó la alegación de la Comisión de que, en virtud del artículo 11, apartado 5, del Reglamento 2016/1036, estaba facultada para aplicar el artículo 5, apartados 3 y 9, de dicho Reglamento, que regula el procedimiento de investigación inicial.

20

Sobre la base de estas consideraciones, el Tribunal General concluyó, en el apartado 104 de dicha sentencia, que la Comisión incurrió en error de Derecho al afirmar, en el considerando 20 del Reglamento controvertido, que carecía de relevancia que la solicitud de reconsideración original se complementara con información adicional y que el inicio de la reconsideración podía justificarse sobre la base de la solicitud de reconsideración consolidada.

21

Por lo que respecta a la suficiencia de las pruebas recogidas en la solicitud de reconsideración original y a la naturaleza de la información adicional, el Tribunal General declaró, en los apartados 105 y 140 de dicha sentencia, por una parte, que la información obtenida en el caso de autos por la Comisión tras la expiración del plazo legal no debía considerarse meras aclaraciones de tales pruebas, sino pruebas nuevas y, por otra parte, que del Reglamento controvertido se desprendía que la Comisión había considerado que las pruebas que figuraban en la solicitud de reconsideración original eran insuficientes para proceder a una reconsideración de las medidas antidumping de que se trata.

22

En consecuencia, en el apartado 142 de la referida sentencia, el Tribunal General concluyó que procedía anular el Reglamento controvertido, sin que fuera necesario examinar las demás imputaciones invocadas por las sociedades Azot.

Pretensiones de las partes en el recurso de casación y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

23

Mediante su recurso de casación en el asunto C‑554/23 P, Fertilizers Europe solicita al Tribunal de Justicia que:

–

Declare el recurso de casación admisible y fundado.

–

Anule la sentencia recurrida y desestime en todo lo demás las pretensiones formuladas en primera instancia.

–

Condene a las sociedades Azot a cargar con las costas en que ha incurrido con motivo del presente procedimiento de casación y del procedimiento ante el Tribunal General.

24

Mediante su recurso de casación en el asunto C‑568/23 P, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:

–

Anule la sentencia recurrida y desestime las pretensiones formuladas en primera instancia en todo lo demás.

–

Condene a las sociedades Azot al pago de las costas correspondientes tanto al procedimiento de primera instancia como al de casación.

25

Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 9 de octubre de 2023, se acordó la acumulación de los asuntos C‑554/23 P y C‑568/23 P a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.

26

Las sociedades Azot solicitan al Tribunal de Justicia que:

–

Desestime los recursos de casación en su totalidad y confirme la sentencia recurrida.

–

Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que resuelva el litigio de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia.

–

Condene a la Comisión y a Fertilizers Europe a cargar con las costas en que esas sociedades hayan incurrido en el presente procedimiento de casación y en el procedimiento ante el Tribunal General.

Sobre los recursos de casación

27

En apoyo de sus recursos de casación, Fertilizers Europe y la Comisión invocan, respectivamente, cuatro y dos motivos de casación.

28

Los motivos de casación primero y segundo de Fertilizers Europe y el primer motivo de casación de la Comisión se basan en errores de Derecho supuestamente cometidos por el Tribunal General al interpretar el artículo 11 del Reglamento 2016/1036, mientras que los motivos de casación tercero y cuarto de Fertilizers Europe y el segundo motivo de casación de la Comisión, invocados con carácter subsidiario, se basan en un error de Derecho supuestamente cometido por el Tribunal General al aplicar dicho artículo 11 y en la desnaturalización de los hechos y de las pruebas.

Motivos de casación primero y segundo en el asunto C‑554/23 P y primer motivo de casación en el asunto C‑568/23 P

Alegaciones de las partes

29

Fertilizers Europe, mediante sus motivos de casación primero y segundo y la Comisión, mediante su primer motivo de casación, alegan, en esencia, que, en los apartados 65 a 67 y 71 a 104 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al interpretar el artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036, en relación con el artículo 5, apartados 3 y 9, de este, en el sentido de que la Comisión solo puede basarse, cuando examina la cuestión de si existen pruebas suficientes para proceder a una reconsideración de medidas antidumping de próxima expiración, en una solicitud de reconsideración presentada por productores de la Unión dentro del plazo legal, establecido en el artículo 11, apartado 2, párrafo cuarto, del Reglamento 2016/1036, completada a lo sumo con información que no haga sino corroborar las pruebas contenidas en esa solicitud.

30

En primer lugar, por lo que respecta a la interpretación literal del artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036, Fertilizers Europe considera que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General en los apartados 65 a 67 de la sentencia recurrida, del tenor de dicho artículo 11, apartado 2, párrafos segundo y cuarto, no se desprende necesariamente que una solicitud de reconsideración, presentada en el plazo legal, deba contener ya pruebas suficientes para justificar que se lleve a cabo una reconsideración por expiración de las medidas antidumping de que se trate.

31

Según la Comisión, el artículo 11, apartado 2, párrafo cuarto, del Reglamento 2016/1036 es neutro respecto a si la Comisión debe limitar su apreciación a las pruebas presentadas dentro del plazo legal. Sostiene que, contrariamente a lo que consideró el Tribunal General en la sentencia recurrida, no puede deducirse, en particular, de la expresión «en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo» que figura en dicha disposición que la Comisión esté obligada a examinar la suficiencia de las pruebas que justifican o no el inicio de una reconsideración únicamente sobre la base de una solicitud presentada en el plazo legal. Considera, además, que el referido artículo 11, apartado 2, párrafo segundo, establece únicamente el criterio jurídico exigido para que la Comisión pueda proceder a una reconsideración por expiración de las medidas antidumping de que se trate, sin restringir, de manera explícita o implícita, las facultades generales de que dispone la Comisión en el marco de su apreciación del carácter justificado de tal reconsideración.

32

En segundo lugar, por lo que respecta al contexto en el que se inscribe el artículo 11, apartado 2, párrafo cuarto, del Reglamento 2016/1036, Fertilizers Europe sostiene que ninguna disposición de dicho Reglamento afecta a la amplia facultad de apreciación de que dispone la Comisión en el ámbito de la política comercial común.

33

La Comisión alega que de los reglamentos antidumping anteriores al Reglamento 2016/1036 se desprende que la obligación que le incumbe de determinar si una denuncia o una solicitud contiene pruebas suficientes para justificar, respectivamente, la apertura de una investigación inicial o de un procedimiento de reconsideración no está supeditada al cumplimiento de un plazo y que este último Reglamento no ha introducido ninguna modificación a este respecto.

34

Por otra parte, las recurrentes subrayan que, con arreglo al artículo 11, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento 2016/1036, la Comisión dispone de la facultad de proceder por iniciativa propia a una reconsideración por expiración de medidas antidumping.

35

Las recurrentes consideran asimismo que el artículo 5, apartados 3 y 9, del Reglamento 2016/1036, en relación con el artículo 11, apartado 5, de este, establece, para las solicitudes de reconsideración presentadas en virtud del artículo 11, apartado 2, de dicho Reglamento, un procedimiento de información adicional que permite la presentación de pruebas adicionales y nuevas tras la expiración del plazo legal.

36

En tercer lugar, Fertilizers Europe sostiene que la interpretación dada por el Tribunal General al referido artículo 11, apartado 2, pone en peligro los medios de subsistencia de las industrias de la Unión y, por tanto, es contraria al objetivo perseguido por el Reglamento 2016/1036, a saber, proteger a la industria de la Unión contra las importaciones desleales de terceros países. Esa interpretación llevaría también a vulnerar los derechos procedimentales de los productores de la Unión, a saber, el principio de seguridad jurídica y el respeto del derecho de defensa cuando se examine una solicitud de reconsideración presentada por estos, ya que el grado de detalle de las pruebas necesarias varía de un asunto a otro y depende de circunstancias fácticas.

37

Considera, además, que el procedimiento de reconsideración por expiración de medidas antidumping definitivas en el momento de la expiración previsto por el Reglamento 2016/1036 tiene por objeto garantizar que el mantenimiento de las medidas antidumping de que se trate esté debidamente justificado sobre la base de la información recabada durante su reconsideración y no únicamente sobre la base de la solicitud de reconsideración. De este modo, considera que el artículo 11, apartado 2, de dicho Reglamento es coherente y conforme con el principio de buena administración si se apreciara la suficiencia de las pruebas en el momento del inicio de dicha reconsideración, sin que la presentación de tales pruebas deba producirse dentro de un plazo preciso.

38

La Comisión considera que el Tribunal General declaró acertadamente que el objetivo del plazo legal era orientar a los productores de la Unión en cuanto a la fecha en la que debe presentarse una solicitud de reconsideración, con el fin de organizar de manera ordenada, bien el cese de las medidas antidumping de que se trate, bien el inicio de una reconsideración por expiración de estas, e informar en consecuencia a las partes interesadas. Señala, no obstante, que habida cuenta de que el citado Reglamento establece plazos más extensos para permitir que la Comisión se pronuncie sobre la suficiencia de las pruebas que figuran en una solicitud de reconsideración que aquellos que prevé para permitirle pronunciarse sobre una denuncia dirigida a la apertura de una investigación inicial, el Tribunal General debería haber deducido de ello que, para apreciar tal suficiencia, la Comisión debería disponer al menos de las mismas facultades de que dispone para apreciar la suficiencia de las pruebas contenidas en tal denuncia.

39

Según la Comisión, contrariamente a lo declarado por el Tribunal General, este objetivo no puede ser garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos en el mercado de la Unión, puesto que no se comunica a ninguna parte interesada la solicitud de reconsideración presentada por los productores de la Unión ni se le informa de que tal solicitud se presentó antes de que la Comisión publique el anuncio de inicio de la investigación de reconsideración por expiración de las medidas antidumping de que se trate.

40

Las sociedades Azot replican que el Tribunal General consideró acertadamente que de una lectura literal y del contexto del artículo 11, apartado 2, párrafos segundo y cuarto, del Reglamento 2016/1036 se desprende que una solicitud de reconsideración por expiración de medidas antidumping debe contener pruebas suficientes, a más tardar en la fecha de expiración del plazo legal, para justificar el inicio de tal reconsideración.

41

En primer lugar, esas sociedades alegan, en esencia, que el Tribunal General interpretó correctamente el artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036, a la luz de su tenor literal y del contexto en el que se inscribe dicha disposición. Más concretamente, el derecho de los productores de la Unión a presentar una solicitud de reconsideración se rige, a su juicio, por el párrafo cuarto de dicha disposición, que hace referencia al párrafo segundo del citado artículo 11, apartado 2. Dichas sociedades consideran que una solicitud de reconsideración, que debe presentarse antes de la expiración del plazo legal, debe, por una parte, contener pruebas suficientes y, por otra, poder indicar una probabilidad de dumping perjudicial. Este plazo es, según esas sociedades, suficiente para permitir a dichos productores reunir las pruebas pertinentes y a la Comisión proceder a una apreciación en profundidad de estas, evitando al mismo tiempo que las medidas antidumping se mantengan indebidamente durante un período demasiado largo. Según las referidas sociedades, si el legislador de la Unión hubiera querido limitar las obligaciones de dichos productores, lo habría hecho de manera explícita.

42

En segundo lugar, las sociedades Azot sostienen que, aunque el párrafo segundo del artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036 no precisa en qué momento los productores de la Unión deben presentar suficientes pruebas en el marco de su solicitud de reconsideración, esta disposición no puede interpretarse separadamente de dicho artículo 11, apartado 2, párrafo cuarto, que fija precisamente un plazo a tal efecto.

43

En tercer lugar, las sociedades Azot sostienen que la interpretación efectuada por el Tribunal General del artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036 respeta los derechos de todas las partes interesadas y no tiene como consecuencia limitar las obligaciones y las competencias de la Comisión, que, siempre que se respeten los plazos del procedimiento, dispone de la facultad de apreciar la suficiencia de las pruebas contenidas en una solicitud de reconsideración. Consideran, sin embargo, que, en este contexto, la Comisión no puede invocar las normas que regulan otros tipos de reconsideraciones o de investigaciones o facultades que le permiten actuar de oficio y que dicha institución debe respetar tanto las normas de procedimiento pertinentes como los principios generales de la Unión, de modo que no debe intentar paliar la insuficiencia de las pruebas presentadas por los productores de la Unión en una solicitud de reconsideración.

Apreciación del Tribunal de Justicia

44

Los motivos de casación primero y segundo de Fertilizers Europe y el primer motivo de casación de la Comisión se dirigen contra los apartados 65 a 104 de la sentencia recurrida. En esos apartados, el Tribunal General interpretó el artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036 en el sentido de que no permitía a la Comisión pronunciarse sobre una solicitud de reconsideración de medidas de dumping basándose en nuevas pruebas facilitadas, a petición suya, por productores de la Unión menos de tres meses antes de la expiración de esas medidas, con excepción de la información adicional presentada por esos productores que se limitara a completar o corroborar las pruebas contenidas en esa solicitud de reconsideración. Como se ha recordado en el apartado 20 de la presente sentencia, el Tribunal General dedujo de esta interpretación que la Comisión debería haber reconocido relevancia al hecho de que la solicitud de reconsideración original se completó con información adicional y que el inicio de la reconsideración de las medidas antidumping de que se trata no podía justificarse sobre la base de la solicitud de reconsideración consolidada.

45

Para determinar si la interpretación del referido artículo 11, apartado 2, adoptada por el Tribunal General adolece, como sostienen las recurrentes, de un error de Derecho, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las disposiciones de un acto de la Unión deben interpretarse teniendo en cuenta no solo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte (sentencia de 28 de noviembre de 2024, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics y Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Comisión, C‑269/23 P y C‑272/23 P, EU:C:2024:984, apartado 69 y jurisprudencia citada).

46

Por lo que respecta, en primer lugar, a la redacción de las disposiciones controvertidas, procede señalar que, a tenor del artículo 11, apartado 2, párrafo segundo, primera frase, del Reglamento 2016/1036, «se iniciará una reconsideración en el momento de la expiración si la solicitud contiene suficientes elementos de prueba de que la expiración de dichas medidas podría resultar en una continuación o una reaparición del dumping y del perjuicio».

47

Además, el artículo 11, apartado 2, párrafo cuarto, segunda frase, del Reglamento 2016/1036 establece que los productores de la Unión estarán facultados para presentar una solicitud de reconsideración «en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo» del referido artículo 11, apartado 2, por lo menos tres meses antes de la fecha de expiración de las medidas antidumping de que se trate.

48

De la lectura conjunta de las disposiciones mencionadas en los apartados 46 y 47 de la presente sentencia se desprende que la Comisión está obligada a proceder a una reconsideración de medidas antidumping cuando una solicitud de reconsideración, por una parte, contiene suficientes elementos de prueba de que la expiración de las medidas antidumping de que se trate podría resultar en una continuación o en una reaparición del dumping y del perjuicio, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, párrafo segundo, primera frase, del Reglamento 2016/1036, y, por otra parte, se presenta por lo menos tres meses antes de la fecha de expiración de esas medidas.

49

En cambio, de la combinación de estas disposiciones no resulta ninguna exigencia que limite las facultades de la Comisión para llevar a cabo esa reconsideración.

50

En concreto, tal limitación no puede deducirse directamente de la precisión, que figura en el artículo 11, apartado 2, párrafo cuarto, del Reglamento 2016/1036, según la cual los productores de la Unión están facultados para presentar una solicitud de reconsideración «en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo», en la medida en que el texto del citado artículo 11, apartado 2, párrafo segundo se limita a establecer la obligación de la Comisión de proceder a una reconsideración en determinadas situaciones y a proporcionar ejemplos de pruebas que puedan ser pertinentes a este respecto.

51

Además, como señaló la Abogada General en el punto 40 de sus conclusiones, dado que el criterio relativo a la suficiencia de las pruebas enunciado en dicho artículo 11, apartado 2, párrafo segundo, vincula únicamente a la Comisión en el momento de la adopción de una decisión relativa a la reconsideración, la remisión a esta disposición que figura en el propio artículo 11, apartado 2, párrafo cuarto, no puede entenderse en el sentido de que implique que los productores de la Unión estén obligados a aportar tales pruebas dentro del plazo legal.

52

De ello se deduce que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General en los apartados 65 a 67 de la sentencia recurrida, el tenor del artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036 no puede interpretarse en el sentido de que demuestre de manera unívoca el fundamento de la concepción restrictiva de las facultades de la Comisión que el Tribunal General adoptó en dicha sentencia.

53

Por lo que respecta, en segundo lugar, al contexto en el que se inscriben el artículo 11, apartado 2, párrafo segundo, primera frase, y el artículo 11, apartado 2, párrafo cuarto, segunda frase, del Reglamento 2016/1036, procede tener en cuenta, como señaló la Abogada General, en esencia, en los puntos 44 a 50 de sus conclusiones, la integralidad de dicho artículo 11, apartado 2, y del apartado 1 del referido artículo.

54

Según el artículo 11, apartado 1, del Reglamento 2016/1036, las medidas antidumping solo deberán tener vigencia durante el tiempo y en la medida necesarios para contrarrestar los efectos perjudiciales del dumping. Además, de dicho artículo 11, apartado 2, párrafo tercero, se desprende que las conclusiones de una investigación de reconsideración llevada a cabo por la Comisión deberán tener en cuenta todas las pruebas pertinentes y convenientemente documentadas presentadas en relación con la cuestión de si la desaparición de las medidas antidumping de que se trate podría o no dar lugar a la continuación o reaparición del dumping y del perjuicio en cuestión.

55

De la lectura conjunta de estas dos disposiciones se desprende que la Comisión está obligada, durante el procedimiento de reconsideración, a tener en cuenta todas las pruebas mencionadas en el apartado anterior, sin que el plazo en el que dichas pruebas se pusieron a su disposición revista carácter decisivo. De este modo, el legislador de la Unión ha establecido una regla de alcance general destinada a garantizar que el resultado del procedimiento de reconsideración sea conforme con el principio establecido en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento 2016/1036. Sin embargo, como subrayó la Abogada General en el punto 49 de sus conclusiones, el alcance de esta elección realizada por dicho legislador se vería considerablemente reducido si se considerase que, en una fase preliminar del procedimiento de reconsideración, la Comisión está obligada, en cambio, a descartar, sobre la base de un criterio puramente temporal, las pruebas puestas a su disposición.

56

De conformidad con el artículo 11, apartado 2, párrafo primero, segunda frase, de dicho Reglamento, «la reconsideración por expiración de medidas se iniciará por iniciativa de la Comisión o a petición de los productores de la Unión o en su nombre y la medida seguirá vigente hasta tanto tenga lugar el resultado de esa reconsideración». Así pues, la Comisión dispone de la facultad de proceder a una reconsideración de medidas antidumping con independencia de que los productores de la Unión hayan presentado una solicitud de reconsideración, y ello en cualquier momento antes de la expiración de dichas medidas. Por consiguiente, considerar que la Comisión, cuando se pronuncia sobre una solicitud de reconsideración, está vinculada por las pruebas que figuran en esa solicitud presentadas por lo menos tres meses antes de la fecha de expiración de dichas medidas podría obligarla, cuando disponga de pruebas más recientes, a denegar la referida solicitud, pese a que en todo caso puede decidir proceder de oficio a una reconsideración. Tal resultado podría menoscabar la eficacia de los procedimientos tramitados sin modificar, no obstante, su resultado.

57

Por lo que respecta, en tercer lugar, al objetivo del Reglamento 2016/1036, procede señalar que, a tenor del artículo 1, apartado 1, de dicho Reglamento, titulado «Principios», «podrá imponerse un derecho antidumping a todo producto objeto de dumping, cuyo despacho a libre práctica en la Unión cause un perjuicio». Sin embargo, la capacidad de la Comisión para garantizar la plena consecución de este objetivo se vería alterada si, como estimó el Tribunal General en la sentencia recurrida, para decidir si es preciso proceder a una reconsideración de medidas antidumping, dicha institución no pudiera, antes de la fecha de expiración de esas medidas, tener en cuenta todas las pruebas relacionadas con la cuestión de si la desaparición de dichas medidas podría o no dar lugar a la continuación o reaparición del dumping y el perjuicio de que se trate.

58

Además, procede señalar que, contrariamente a lo que consideró el Tribunal General en el apartado 70 de la sentencia recurrida y como alega la Comisión, el artículo 11, apartado 2, párrafo cuarto, segunda frase, del Reglamento 2016/1036 no tiene por objeto permitir a los operadores del mercado saber, a su debido tiempo, si las medidas antidumping pueden mantenerse. Por una parte, como subraya la Comisión en su recurso de casación, una solicitud de reconsideración no se comunica a ninguna parte interesada antes de la publicación del anuncio de inicio de la investigación de reconsideración en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por otra parte, como se ha señalado en el apartado 56 de la presente sentencia, la Comisión dispone de la facultad de proceder a una reconsideración de medidas antidumping con independencia del hecho de que una solicitud de reconsideración haya sido presentada por productores de la Unión y en cualquier fecha antes de la expiración de esas medidas.

59

En cambio, no se cuestiona que el Tribunal General declaró acertadamente, en el apartado 70 de la sentencia recurrida, que el plazo legal para presentar una solicitud de reconsideración, previsto en el artículo 11, apartado 2, párrafo cuarto, segunda frase, del Reglamento 2016/1036, tiene por objeto, en particular, permitir a la Comisión disponer de un plazo útil para valorar las pruebas contenidas en dicha solicitud y cerciorarse de que son suficientes y pertinentes, con el fin de evitar que una medida antidumping se mantenga indebidamente más allá del plazo prescrito.

60

Pues bien, la facultad de la Comisión de recabar o solicitar, si lo considera oportuno, pruebas complementarias menos de tres meses antes de la expiración de las medidas antidumping no puede perjudicar la consecución del objetivo del artículo 11, apartado 2, párrafo cuarto, segunda frase, del Reglamento 2016/1036, expuesto en el apartado anterior, ya que la existencia de tal facultad no implica que se reconozca a quien presente una solicitud de reconsideración el derecho a completar espontáneamente su solicitud una vez expirado el plazo legal o a presentar tal solicitud tras la expiración de dicho plazo. Así pues, resulta que el Tribunal General consideró erróneamente, en el apartado 77 de la sentencia recurrida, que la interpretación de esta disposición adoptada por la Comisión en el Reglamento controvertido privaría de sentido a dicha disposición al dejar sin objeto la obligación jurídica que en ella se establece.

61

De lo anterior se desprende, sin que sea necesario pronunciarse sobre las facultades que la Comisión podría eventualmente deducir del artículo 5 del Reglamento 2016/1036, que el artículo 11, apartado 2, de dicho Reglamento debe interpretarse en el sentido de que la Comisión está facultada para tener en cuenta pruebas que hayan sido aportadas, a petición suya, por los productores de la Unión, en el período de tres meses anterior a la expiración de las medidas antidumping, para decidir si es necesario proceder a una reconsideración de esas medidas antidumping.

62

Por lo tanto, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 104 de la sentencia recurrida, que la Comisión incurrió en error de Derecho al afirmar, en el considerando 20 del Reglamento controvertido, que carecía de relevancia que la solicitud de reconsideración original se complementara con información adicional y que el inicio de la reconsideración podía justificarse sobre la base de la solicitud de reconsideración consolidada.

63

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede estimar los motivos de casación primero y segundo en el asunto C‑554/23 P y el primer motivo de casación en el asunto C‑568/23 P. Dado que el error de Derecho en que incurrió el Tribunal General al interpretar el artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036 es suficiente para privar de base al fallo de la sentencia recurrida, procede anular dicha sentencia, sin que sea necesario examinar los motivos de casación tercero y cuarto en el asunto C‑554/23 P ni el segundo motivo de casación formulado en el asunto C‑568/23 P.

Sobre los recursos ante el Tribunal General

64

De conformidad con el artículo 61, párrafo primero, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, el Tribunal de Justicia podrá resolver definitivamente el litigio cuando su estado así lo permita.

65

No ocurre así en el presente asunto.

66

El Tribunal General no examinó la imputación, formulada en el marco del primer motivo del recurso, según la cual la Comisión consideró erróneamente, en el Reglamento controvertido, que la solicitud de reconsideración consolidada contenía pruebas suficientes de la posibilidad de que prosiguiese el dumping en caso de expiración de las medidas antidumping de que se trata.

67

Dado que el examen de esta imputación implica realizar apreciaciones fácticas complejas, para las que el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho necesarios, el estado del litigio no permite resolverlo, por lo que procede devolver el asunto al Tribunal General.

Costas

68

Dado que el asunto se devuelve al Tribunal General, procede reservar la decisión sobre las costas correspondientes al procedimiento de casación.

1)

Anular la sentencia del Tribunal General de 5 de julio de 2023, Nevinnomysskiy Azot y NAK Azot/Comisión (T‑126/21, EU:T:2023:376).

2)

Devolver el asunto al Tribunal General.

3)

Reservar la decisión sobre las costas.