(1)

Por carta de 15 de junio de 2004, la Comisión fue informada por un ciudadano del Reino Unido de que el Shetland Islands Council, autoridad pública de las islas Shetland (Reino Unido), había concedido una ayuda al sector pesquero que podía ser ilegal. Mediante cartas de 24 de agosto de 2004, 4 de febrero de 2005, 11 de mayo de 2005 y 16 de diciembre de 2005, la Comisión pidió información al respecto al Reino Unido. Mediante cartas de 10 de diciembre de 2004, 6 de abril de 2005, 8 de septiembre de 2005 y 31 de enero de 2006, el Reino Unido comunicó a la Comisión información complementaria sobre la ayuda.

(2)

Por carta de 13 de septiembre de 2006, la Comisión informó al Reino Unido de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE con respecto a esa ayuda. El Reino Unido presentó observaciones al respecto mediante cartas de 16 de octubre de 2006 y 30 de enero de 2007.

(3)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó el 28 de noviembre de 2006 en el Diario Oficial de la Unión Europea (3). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre la ayuda. La Comisión no ha recibido observaciones al respecto por parte de los interesados.

(4)

El Shetland Islands Council realizó pagos al sector pesquero al amparo de dos medidas de ayuda de carácter general denominadas Aid to the Fish Catching and Processing Industry (Ayuda a la industria pesquera extractiva y de transformación) y Aid to the Fish Farming Industry (Ayuda al sector de la piscicultura) que, en realidad, consistían en varios regímenes de ayudas, uno de los cuales era el llamado Fish Factory Improvement Scheme (Régimen de ayuda para la mejora de las piscifactorías).

(5)

En virtud del régimen de ayuda para la mejora de las piscifactorías (en lo sucesivo, denominado «el régimen»), se concedían ayudas para la adquisición de maquinaria y equipos de transformación nuevos y para la construcción, mejora o ampliación de piscifactorías. No causaban derecho a ayuda los gastos de reparación de maquinaria o de renovación de edificios mientras que los de adquisición de equipos de segunda mano sólo podían causar tal derecho en circunstancias especiales y los equipos habían de ser evaluados o declarados utilizables por un ingeniero independiente.

(6)

La ayuda podía suponer hasta el 20 % de los gastos subvencionables, con un máximo de 20 000 libras esterlinas (GBP) para las piscifactorías con un volumen de negocios de menos de 1 millón de GBP, 25 000 GBP para las que tenían un volumen de negocios comprendido entre 1 millón y 3 millones de GBP, y 30 000 GBP para aquéllas cuyo volumen de negocios superaba 3 millones de GBP.

(7)

Al amparo de ese régimen, entre el 13 de agosto de 1993 y el 15 de diciembre de 2004 se realizaron pagos a la empresa Shetland Fish Products Limited, dedicada a la producción de harina y aceite de pescado no destinados al consumo humano. Las subvenciones que recibió la empresa fueron las siguientes:

(8)

En su decisión de incoar el procedimiento, la Comisión consideró que tanto las condiciones del régimen como la mayor parte de la ayuda concedida eran compatibles con el mercado común ya que se ajustaban a lo dispuesto por el Reglamento (CE) no 3699/93 del Consejo, de 21 de diciembre de 1993, por el que se definen los criterios y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca, la acuicultura y la transformación y comercialización de sus productos (4), y el Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca (5), aplicables en las diferentes épocas en que se concedieron las subvenciones.

(9)

Con todo, la Comisión dudaba de la compatibilidad de la ayuda concedida a Shetland Fish Products Limited con el mercado común por haberse concedido para inversiones de transformación y comercialización de productos pesqueros y acuícolas destinados a usos y transformaciones no relacionados con el consumo humano, lo cual no estaba autorizado por los Reglamentos (CE) no 3699/93 y (CE) no 2792/1999.

(10)

En su respuesta de 16 de octubre de 2006, el Reino Unido facilitó a la Comisión información complementaria sobre las ayudas concedidas a Shetland Fish Products Limited.

(11)

En esa carta, el Reino Unido coincidía con la Comisión en que la ayuda concedida a la empresa no cumplía los requisitos de los Reglamentos (CE) no 3699/93 y (CE) no 2792/1999 y explicaba que, cuando se concedieron las subvenciones, los gestores del régimen desconocían que esos Reglamentos prohibían las ayudas dirigidas a la transformación y comercialización de productos pesqueros y acuícolas destinados a usos y transformaciones no relacionados con el consumo humano.

(12)

Con todo, el Reino Unido señalaba que al menos una de las inversiones (rechapado de uno de los edificios de la empresa), para la que se concedió una subvención de 1 592 GBP el 3 de septiembre de 1998, tenía una finalidad medioambiental pues se trataba de «sellar» el edificio para reducir las emisiones de aire viciado. Por ello, según el Reino Unido esta subvención podía considerarse compatible con el punto 2.0.b) del anexo III del Reglamento (CE) no 3699/93.

(13)

Por último, el Reino Unido sostenía que, en caso de que la Comisión adoptase una decisión negativa, no debería exigir la recuperación de las ayudas concedidas antes del 3 de junio de 2003 pues ello sería contrario al principio de protección de la confianza legítima. En ese sentido, el Reino Unido remitía a la Decisión 2003/612/CE de la Comisión, de 3 de junio de 2003, relativa a los préstamos para la compra de cuotas de pesca en las islas Shetland (Reino Unido) (6), y a la Decisión 2006/226/CE de la Comisión, de 7 de diciembre de 2005, sobre las inversiones de Shetland Leasing y Property Developments Ltd en las Islas Shetland (Reino Unido) (7), y exponía que, hasta el 3 de junio de 2003, el Shetland Islands Council consideraba legítimamente que los fondos utilizados para esa ayuda no eran de carácter público sino privado.

(14)

En primer lugar, es preciso determinar si la medida debe ser considerada una ayuda estatal y, en caso afirmativo, si es compatible con el mercado común.

(15)

La ayuda se ha concedido a una empresa del sector pesquero y, por consiguiente, es de carácter selectivo. Ha sido concedida por el Shetland Islands Council, mediante recursos públicos, a la empresa Shetland Fish Products Limited, que compite directamente con otras empresas del sector pesquero tanto del Reino Unido como de otros Estados miembros. Por consiguiente, falsea o amenaza falsear la competencia y debe ser considerada una ayuda estatal en la acepción del artículo 87 del Tratado CE.

(16)

Según el Reino Unido, los dos regímenes generales de ayuda se aplicaban desde antes de la adhesión del Reino Unido a la Comunidad Económica Europea. Empero, debido a la inexistencia de registros anteriores, no ha podido probar que estas ayudas se concedieran ya antes de su ingreso en la Comunidad. Además, el Reino Unido ha confirmado que ambos regímenes han sufrido modificaciones a lo largo de los años sin notificarlo a la Comisión, tal como dispone el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE (antiguo artículo 93, apartado 3), por lo que las medidas deben considerarse nuevas ayudas.

(17)

El Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo no establece ninguna limitación temporal para proceder al examen de las ayudas ilegales en la acepción de su artículo 1, letra f), es decir las ejecutadas antes de que la Comisión haya llegado a una conclusión sobre su compatibilidad con el mercado común. No obstante, el artículo 15 de ese Reglamento dispone que las competencias de la Comisión en lo relativo a la recuperación de ayudas están sujetas a un plazo de prescripción de diez años, que ese plazo se cuenta a partir de la fecha en que se haya concedido la ayuda ilegal al beneficiario y que cualquier acción emprendida por la Comisión interrumpe dicho plazo. Por consiguiente, la Comisión considera que, en este caso, no es necesario proceder al examen de las ayudas concedidas durante el período de prescripción, es decir, las concedidas más de diez años antes de la primera medida tomada frente a ellas por la Comisión.

(18)

La Comisión considera que el plazo de prescripción quedó interrumpido con la primera petición de información que envió al Reino Unido el 24 de agosto de 2004. Por lo tanto, el período de prescripción abarca las ayudas concedidas antes del 24 de agosto de 1994 y la Comisión circunscribe su evaluación a las concedidas después de ese fecha.

(19)

Para que una ayuda estatal sea declarada compatible con el mercado común debe corresponder a alguna de las excepciones previstas en el Tratado CE. Las ayudas estatales al sector pesquero se consideran compatibles con el mercado común si se atienen a las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (8) aprobadas en 2004 (en lo sucesivo, «las Directrices de 2004»), las cuales, en el párrafo segundo del punto 5.3, especifican lo siguiente: «Una ayuda ilegal en el sentido de la letra f) del artículo 1 del Reglamento (CE) no 659/1999 se examinará con arreglo a las directrices aplicables en el momento de la entrada en vigor del acto administrativo por el que se establece la ayuda». Así pues, la ayuda debe evaluarse en función de su compatibilidad con las Directrices para el examen de las ayudas de estado en el sector de la pesca y la acuicultura (9) de 1997 (en lo sucesivo, «las Directrices de 1997») y con las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (10) de 2001 (en lo sucesivo, «las Directrices de 2001»).

(20)

Según el punto 2.3 de las Directrices de 1997 y 2001, las ayudas a las inversiones para la transformación y comercialización de productos de la pesca pueden considerarse compatibles con el mercado común siempre que las condiciones de concesión sean comparables a las establecidas, respectivamente, en los Reglamentos (CE) no 3699/93 y (CE) no 2792/1999 y al menos tan estrictas como aquéllas, y no superen, en equivalente de subvención, el nivel total de las subvenciones nacionales y comunitarias fijado en el anexo IV de dichos Reglamentos.

(21)

De acuerdo con el artículo 11 y el punto 2.4 del anexo III del Reglamento (CE) no 3699/93 y con el artículo 13 y el punto 2.4 del anexo III del Reglamento (CE) no 2792/1999, son subvencionables, en particular, las inversiones para la construcción y adquisición de edificios e instalaciones, para la adquisición de nuevos equipos e instalaciones necesarios para la transformación y comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura entre el momento del desembarque y la fase de producto final, y para la aplicación de nuevas tecnologías destinadas sobre todo a mejorar la competitividad.

(22)

Según esas mismas disposiciones, no son subvencionables las inversiones que tengan por objeto productos de la pesca y de la acuicultura destinados a ser utilizados y transformados con fines que no sean el consumo humano, salvo si se trata de inversiones exclusivamente destinadas al tratamiento, transformación y comercialización de desechos de los productos de la pesca y de la acuicultura.

(23)

El Reino Unido ha confirmado que todas las ayudas concedidas a la empresa Shetland Fish Products Limited lo fueron para la transformación y comercialización de productos pesqueros y acuícolas destinados a ser utilizados y transformados con fines que no eran el consumo humano. Por consiguiente, no se ajustaban a las disposiciones indicadas en el punto 22 ni, consiguientemente, a las condiciones de las Directrices de 1997 y 2001, por lo que eran incompatibles con el mercado común.

(24)

No obstante, el Reino Unido ha señalado que una de las inversiones, para la que se concedió una subvención de 1 592 GBP el 3 de septiembre de 1998, tenía una finalidad medioambiental y podría ser compatible con el punto 2.0.b) del anexo III del Reglamento (CE) no 3699/93.

(25)

Según el punto 2.0.b) del anexo III del Reglamento (CE) no 3699/93, en todos los ámbitos contemplados en el título III pueden optar a subvenciones las inversiones materiales destinadas a mejorar las condiciones de higiene o de sanidad humana o animal, a mejorar la calidad de los productos o a reducir los daños en el medio ambiente. Uno de los ámbitos del título III es la transformación y comercialización de productos de la pesca y la acuicultura (punto 2.4). Las ayudas a inversiones de transformación y comercialización pueden pues considerarse compatibles si la inversión está encaminada a reducir la contaminación ambiental, aun cuando se hayan concedido a una empresa que se dedica a la transformación y comercialización de productos no destinados al consumo humano.

(26)

La ayuda se concedió para el rechapado de uno de los edificios de la empresa con el fin de «sellar» el edificio para reducir las emisiones de aire viciado. La Comisión considera que este tipo de ayuda puede considerarse compatible con el punto 2.0.b) del anexo III del Reglamento (CE) no 3699/93 y que, por lo tanto, la subvención de 1 592 GBP es compatible con el mercado común.

(27)

Según el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999, cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión debe decidir que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario el reintegro de la ayuda.

(28)

El Reino Unido alega que la Comisión no debe exigir que se recuperen las ayudas cuando ello contravenga el principio de protección de la confianza legítima y que ese principio se aplica al caso analizado.

(29)

Los fondos utilizados para financiar el régimen eran los mismos usados para ayudas que fueron objeto de sendas decisiones negativas por parte de la Comisión (Decisiones 2003/612/CE y 2006/226/CE), como se indica en el punto 13 de la presente Decisión. En los dos casos anteriores, la Comisión había estimado que esos fondos debían considerarse recursos estatales a efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. Ello no obstante, la Comisión reconocía que, en las circunstancias de esos casos, se había generado una confianza legítima respecto del carácter privado de los fondos en el Shetland Islands Council y en todos los organismos afectados, debido a la concurrencia de diversos elementos, por lo que no procedía recuperar las ayudas estatales incompatibles.

(30)

En el presente caso, sin embargo, la Comisión considera que no concurren los elementos considerados en las dos Decisiones antes citadas y que no se había generado una confianza legítima. En particular, la Comisión subraya que las actuaciones y comunicaciones del Reino Unido muestran a las claras que, cuando se concedieron las ayudas, las autoridades competentes eran sabedoras de que el programa era un régimen de ayuda estatal y que estaba sujeto a la normativa sobre ayudas estatales.

(31)

La Comisión ha llegado a esa conclusión tras comprobar que, a diferencia de las ayudas a que se referían las Decisiones 2003/612/CE y 2006/226/CE, esta otra ayuda era un régimen de ayuda normal y se plasmaba en subvenciones directas a los pescadores, otorgadas directamente por el Shetland Islands Council. Además, las circunstancias específicas de este caso ponen claramente de manifiesto que las propias autoridades del Reino Unido estimaban que la normativa sobre ayudas estatales era aplicable pues incluían continuamente los gastos de este programa en los informes anuales de ayudas estatales que presentaban a la Comisión de conformidad con la normativa comunitaria. Así, en respuesta a las preguntas de la Comisión, el Reino Unido indicó que «los pagos efectuados en virtud de estos programas figuran en la relación anual de ayudas estatales y se han venido comunicando a la Comisión todos los años, conforme a la normativa» (carta de 10 de diciembre de 2004) y que «las autoridades del Reino Unido han actuado siempre de buena fe y convencidas de que los programas se ajustaban a las Directrices aplicables a las ayudas estatales» (carta de 6 de abril de 2005).

(32)

Vistas esas explicaciones y las circunstancias del caso, la Comisión considera que exigir la recuperación de la ayuda no es contrario a ningún principio general del Derecho comunitario. Así pues, de conformidad con el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999, la Comisión estima que el Reino Unido debe adoptar todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de las ayudas, sin perjuicio de los casos que entren en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 875/2007 de la Comisión, de 24 de julio de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en el sector pesquero y que modifica el Reglamento (CE) no 1860/2004 (11).

(33)

A ese respecto, es preciso reseñar que la ayuda recuperable debe incluir los intereses, de conformidad con el artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 659/1999, al objeto de restablecer la situación de competencia. Los intereses se calcularán aplicando un tipo compuesto, de conformidad con el capítulo V del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión (12).

(34)

La Comisión pide al Reino Unido que le transmita el formulario adjunto relativo al estado actual del procedimiento de recuperación.

(35)

En vista de la evaluación efectuada en la parte IV, la Comisión constata que el Reino Unido concedió ayudas ilegalmente a Shetland Fish Products Limited en virtud del régimen de ayuda para la mejora de piscifactorías, infringiendo así el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE.

(36)

La Comisión considera que las ayudas concedidas en virtud de ese régimen el 13 de agosto de 1997, el 7 de enero de 1999, el 25 de febrero de 1999, el 10 de diciembre de 1999, el 19 de enero de 2001 y el 15 de diciembre de 2004, por un total de 92 009 GBP, no son compatibles con el mercado común.

(37)

La ayuda de 1 592 GBP concedida el 3 de septiembre de 1998 se considera compatible con el mercado común.