1

Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, la demandante, de Volksbank NV, solicita la anulación, por lo que a ella se refiere, de la Decisión SRB/ES/2022/46 de la Junta Única de Resolución (JUR), de 8 de agosto de 2022, por la que se revoca la Decisión SRB/ES/SRF/2018/03 de la JUR, de 12 de abril de 2018, relativa a las aportaciones ex ante 2018 al Fondo Único de Resolución, en la medida en que afecta a las entidades mencionadas en el anexo I de la presente Decisión, y por la que se calculan las aportaciones ex ante 2018 de dichas entidades al Fondo Único de Resolución (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).

Antecedentes del litigio y hechos posteriores a la interposición del recurso

2

La demandante, anteriormente SNS Bank NV, es una entidad de crédito con domicilio social en los Países Bajos.

3

En 2016, el grupo compuesto por SNS Bank y sus dos filiales, ASN Bank NV y RegioBank NV, fue objeto de una reestructuración, al término de la cual, el 31 de diciembre de 2016, estas dos filiales fueron absorbidas por SNS Bank y, a 1 de enero de 2017, esta pasó a denominarse de Volksbank (en lo sucesivo, «fusión de 2016»).

4

La absorción de ASN Bank y de RegioBank (en lo sucesivo, «filiales absorbidas») por SNS Bank el 31 de diciembre de 2016 conllevó la retirada de las autorizaciones bancarias de las dos primeras entidades, de modo que, en 2017, la demandante era la única entidad comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1).

5

Mediante la Decisión SRB/ES/SRF/2018/03, de 12 de abril de 2018, la JUR estableció, de conformidad con el artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014, las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución (FUR) (en lo sucesivo, «aportaciones ex ante») de 2018 (en lo sucesivo, «período de contribución 2018») de las entidades a las que se aplica el artículo 2 de dicho Reglamento, en relación con su artículo 67, apartado 4 (en lo sucesivo, «entidades»), entre ellas la demandante.

6

Mediante escrito de 23 de abril de 2018, De Nederlandsche Bank NV (DNB) (Banco de los Países Bajos), en su condición de autoridad nacional de resolución en el sentido del artículo 3, apartado 1, punto 3, del Reglamento n.o 806/2014, requirió a la demandante el pago del importe de su aportación ex ante para el período de contribución 2018, en los términos que había establecido la JUR.

7

El 8 de agosto de 2022, la JUR adoptó la Decisión impugnada. Según el artículo 1 de su parte dispositiva, dicha Decisión revoca la Decisión mencionada en el anterior apartado 5 (en lo sucesivo, «Decisión inicial») por lo que respecta a las entidades mencionadas en el anexo I de la Decisión impugnada. De los considerandos 15 a 18 de la Decisión impugnada se desprende que esta pretende subsanar la falta de motivación de la Decisión inicial que la JUR había apreciado a raíz de la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR (C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601), y de los autos de 3 de marzo de 2022, JUR/Portigon y Comisión (C‑664/20 P, no publicado, EU:C:2022:161), y de 3 de marzo de 2022, JUR/Hypo Vorarlberg Bank (C‑663/20 P, no publicado, EU:C:2022:162).

Decisión impugnada

8

La Decisión impugnada comprende el texto de la propia resolución y tres anexos.

9

La Decisión impugnada describe, en su texto, el proceso de determinación de las aportaciones ex ante para el período de contribución 2018, aplicable a todas las entidades.

10

Más concretamente, en la sección 6 de dicha Decisión, la JUR determinó el objetivo de financiación anual, mencionado en el artículo 4 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/81 del Consejo, de 19 de diciembre de 2014, que especifica condiciones uniformes de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 en lo que respecta a las aportaciones ex ante al FUR (DO 2015, L 15, p. 1), para el período de contribución 2018 (en lo sucesivo, «objetivo de financiación anual»).

11

La JUR explicó que había fijado el objetivo de financiación anual en la octava parte del 1,15 % del importe medio de los depósitos con cobertura, calculado trimestralmente, de todas las entidades en 2017, importe que se había obtenido a partir de los datos comunicados por los sistemas de garantía de depósitos con arreglo al artículo 16 del Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, de 21 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las contribuciones ex ante a los mecanismos de financiación de la resolución (DO 2015, L 11, p. 44).

12

En la sección 7 de la Decisión impugnada, la JUR describió el método que debía seguirse para el cálculo de las aportaciones ex ante para el período de contribución 2018.

13

En esa sección 7 de la Decisión impugnada, la JUR explicó asimismo que las entidades, salvo las que pagaban una contribución a tanto alzado a la vista de su menor tamaño, debían pagar una aportación ex ante ajustada a sus perfiles de riesgo, que había sido fijada con arreglo a las siguientes fases principales.

14

En la primera fase, la JUR calculó, de conformidad con el artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 806/2014, la «contribución anual de base» de cada entidad. Para tal cálculo, la JUR tuvo en cuenta, en primer lugar, los pasivos totales de la entidad afectada, que incluían, en particular, los importes de los fondos propios y de los depósitos con cobertura (en lo sucesivo, «pasivos totales»), tal como figuraban a 31 de diciembre de 2016. A continuación, de los pasivos totales restó los fondos propios y la media de los depósitos con cobertura de esa entidad en 2016, calculada trimestralmente, con la intención de obtener el pasivo neto de la citada entidad (en lo sucesivo, «pasivo neto»). Por último, la JUR relacionó el pasivo neto de dicha entidad con el pasivo neto de todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes en el Mecanismo Único de Resolución (MUR).

15

Por lo que respecta, más concretamente, al período de contribución 2018, la JUR calculó el pasivo neto de las entidades afectadas y, por tanto, sus contribuciones anuales de base teniendo en cuenta el importe de los pasivos totales de esas entidades en virtud de los datos disponibles a 31 de diciembre de 2016 y deduciendo el importe medio de los depósitos con cobertura, calculado trimestralmente, de dichas entidades en 2016.

16

En cumplimiento del artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63, la JUR dedujo determinados tipos de pasivos del pasivo neto de la entidad que debe tenerse en cuenta a efectos de determinar la contribución anual de base.

17

En la segunda fase del cálculo de la aportación ex ante, la JUR ajustó la contribución anual de base al perfil de riesgo de la entidad afectada, de conformidad con el artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, letra b), del Reglamento n.o 806/2014.

18

Seguidamente, la JUR sumó todas las contribuciones anuales de base ajustadas al riesgo para obtener el «denominador común», utilizado para calcular la parte del objetivo de financiación anual que debía pagar cada entidad.

19

Por último, la JUR calculó la aportación ex ante de cada entidad repartiendo el objetivo de financiación anual entre todas las entidades de acuerdo con la ratio existente entre la contribución anual de base ajustada al perfil de riesgo y el denominador común.

Pretensiones de las partes

20

En su demanda, la demandante solicita, en esencia, al Tribunal General que:

–

Anule la Decisión inicial por lo que a ella se refiere.

–

Condene en costas a la JUR.

21

En el escrito presentado el 26 de septiembre de 2022 titulado «Observaciones relativas a la nueva adopción de la Decisión impugnada en el asunto T‑406/18» (en lo sucesivo, «escrito de 26 de septiembre de 2022»), la demandante solicita además que se considere que su demanda tiene por objeto la anulación de la Decisión impugnada.

22

La JUR solicita inicialmente al Tribunal General que:

–

Declare la inadmisibilidad del recurso.

–

Con carácter subsidiario, desestime el recurso por infundado.

–

Con carácter subsidiario de segundo grado, en caso de anulación, mantenga los efectos de la Decisión inicial durante un período de seis meses desde el día en que la sentencia adquiera firmeza.

–

Condene en costas a la demandante.

23

En sus observaciones al escrito de 26 de septiembre de 2022, la JUR solicita además al Tribunal General que declare que el recurso ha quedado sin objeto y lo declare inadmisible.

24

La Comisión Europea solicita al Tribunal General que:

–

Desestime el recurso por infundado.

–

Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

25

La demandante sostiene que la JUR infringió varias normas jurídicas cuando calculó su aportación ex ante para el período de contribución 2018 y, en particular, cuando aplicó el método para calcular su contribución anual de base. En particular, la demandante reprocha a la JUR que haya calculado su pasivo neto en virtud de datos referidos a distintas fechas, ya que considera que la JUR utilizó datos posteriores a la fusión de 2016 para determinar el importe sus pasivos totales, mientras que utilizó en parte datos anteriores a dicha fusión para determinar el importe de sus depósitos con cobertura. Estima que ese método supuso sobrevalorar su pasivo neto.

26

En apoyo de su recurso, la demandante formula cinco motivos, basados:

–

el primero, en la infracción del artículo 103, apartado 2, de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190; corrección de errores en DO 2020, L 378, p. 27), del artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014 y del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63, al haberse recurrido a datos no comparables para determinar su pasivo neto;

–

el segundo, en la infracción del artículo 103, apartados 2 y 7, de la Directiva 2014/59 y del artículo 290 TFUE, al haberse «excedido» la Comisión en sus competencias;

–

el tercero, en la violación del principio de proporcionalidad;

–

el cuarto, en la violación del principio de seguridad jurídica;

–

el quinto, en la violación del principio de igualdad de trato.

27

Procede examinar, en primer lugar, las causas de inadmisión propuestas por la JUR y, a continuación, los motivos formulados por la demandante.

Sobre la admisibilidad

28

En el escrito de 26 de septiembre de 2022, la demandante alega que, dado que la Decisión impugnada no resuelve el problema jurídico que se planteaba en la Decisión inicial, esto es, la utilización de datos no comparables para calcular su pasivo neto, no era necesario adaptar su demanda de conformidad con el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. No obstante, solicita al Tribunal General que considere, en la medida necesaria, que dicha demanda también se dirige contra la Decisión impugnada.

29

En sus observaciones al escrito de 26 de septiembre de 2022, la JUR formuló, en esencia, dos causas de inadmisión, la primera frente a las pretensiones de la demandante contra la Decisión inicial y la segunda contra el escrito de 26 de septiembre de 2022.

Sobre la admisibilidad de las pretensiones contra la Decisión inicial

30

La JUR sostiene que las pretensiones dirigidas contra la Decisión inicial son inadmisibles, ya que la pretensión de anulación de dicha Decisión ha quedado sin objeto, al haber sido revocada esta última ex tunc.

31

En la vista, la demandante declaró que renunciaría a sus pretensiones contra la Decisión inicial si el Tribunal General declaraba que esa Decisión había sido revocada y sustituida por la Decisión impugnada.

32

A este respecto, es preciso señalar que el considerando 18 de la Decisión impugnada indica que la JUR estimó apropiado revocar y sustituir a la Decisión inicial en lo relativo a las entidades mencionadas en el anexo I de la Decisión impugnada.

33

Así, el artículo 1 de la parte dispositiva de la Decisión impugnada establece que esta Decisión «revoca» la Decisión inicial en lo relativo a las entidades mencionadas en el anexo I de la Decisión impugnada, anexo en el que se menciona a la demandante.

34

A continuación, como se desprende del artículo 2 de la parte dispositiva de la Decisión impugnada, esta aprueba el cálculo de las aportaciones ex ante para el período de contribución 2018, en los términos en que se efectuó dicho cálculo en el anexo I de la citada Decisión, anexo que también establece el cálculo de esa aportación para la demandante.

35

Por último, la Decisión impugnada fue adoptada el 8 de agosto de 2022 y, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de su parte dispositiva, comenzó a producir efecto el 12 de abril de 2018, es decir, cuando se hizo efectiva la Decisión inicial.

36

De lo anterior se desprende que, como sostiene la JUR, la Decisión inicial fue revocada y sustituida por la Decisión impugnada en lo que se refería a la demandante.

37

En estas circunstancias, debe considerarse que la demandante renunció, en la vista, a sus pretensiones contra la Decisión inicial. Por consiguiente, ya no procede examinar la causa de inadmisión propuesta por la JUR contra dichas pretensiones.

Sobre la adaptación de la demanda

38

En sus observaciones al escrito de 26 de septiembre de 2022, la JUR sostiene que la demandante no adaptó la demanda, sus motivos ni sus pretensiones ante la adopción de la Decisión impugnada. Por una parte, estima que no cabe considerar el escrito de 26 de septiembre de 2022 un escrito de adaptación en el sentido del artículo 86 del Reglamento de Procedimiento, ya que no expresa la intención de la demandante de adaptar su demanda. Indica además que ese escrito lleva por título «Observaciones relativas a la nueva adopción de la Decisión impugnada en el asunto T‑406/18» y no «Escrito de adaptación».

39

Por otra parte, opina que, aun suponiendo que el escrito de 26 de septiembre de 2022 pudiera ser considerado un escrito de adaptación, aquel no cumple los requisitos de admisibilidad que se aplican a tales escritos. Alega que, en el escrito de 26 de septiembre de 2022, la demandante no adaptó sin ambigüedades sus pretensiones contenidas en la demanda, puesto que no calificó los motivos formulados contra la Decisión inicial de motivos dirigidos contra la Decisión impugnada.

40

A este respecto, del artículo 86, apartados 1 y 2, del Reglamento de Procedimiento, en la versión entonces aplicable, resulta que, cuando el acto cuya anulación se ha solicitado sea sustituido o modificado por otro acto que tenga el mismo objeto, la parte demandante podrá adaptar su demanda antes de la declaración de terminación de la fase oral del procedimiento o antes de que el Tribunal General decida resolver sin fase oral, a fin de tener en cuenta esta novedad. La adaptación de la demanda deberá efectuarse mediante escrito separado y dentro del plazo establecido en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, para la interposición de un recurso de anulación contra el acto que justifica la adaptación de la demanda.

41

Con arreglo al artículo 86, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento de Procedimiento, el escrito de adaptación de la demanda deberá contener, en particular, las pretensiones adaptadas y, si ha lugar, los motivos y las alegaciones adaptados.

42

A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que, aunque está justificado exigir ciertas formalidades a toda adaptación de la demanda, dichas formalidades no son un fin en sí mismas, sino que tienen por objeto garantizar el carácter contradictorio del procedimiento y una buena administración de la justicia. Pues bien, sería contrario a la buena administración de la justicia y a la economía procesal exigir que una parte demandante que haya adaptado sus pretensiones repita, en su escrito de adaptación de la demanda, motivos y alegaciones idénticos a los invocados en apoyo de sus pretensiones dirigidas contra el acto impugnado en primer lugar (véase la sentencia de 24 de enero de 2019, Haswani/Consejo, C‑313/17 P, EU:C:2019:57, apartados 35 y 36 y jurisprudencia citada).

43

El artículo 86 del Reglamento de Procedimiento tampoco exige un título específico para que el escrito de una parte demandante pueda ser considerado un escrito de adaptación en el sentido de esta disposición. Por consiguiente, para examinar si ese escrito es un escrito de adaptación en el sentido del artículo 86 del Reglamento de Procedimiento, hay que atenerse a su contenido esencial.

44

Por lo que respecta, en el presente asunto, al escrito de 26 de septiembre de 2022, es preciso indicar que, por una parte, la demandante señala en él que la Decisión impugnada revocó y sustituyó a la Decisión inicial, hace referencia al artículo 86 del Reglamento de Procedimiento y solicita al Tribunal General que considere que su demanda también se dirige contra la Decisión impugnada.

45

Por otra parte, en ese mismo escrito, la demandante sostuvo que la Decisión impugnada no resolvía el problema jurídico planteado en el presente asunto y que incluso la JUR había apuntado, en el escrito de 12 de mayo de 2022 mediante el que informó al Tribunal General de su intención de revocar la Decisión inicial, que la Decisión impugnada no afectaba al contenido de los motivos de la demandante. Así pues, la demandante indicó que no consideraba necesario modificar la redacción dada a sus motivos en la demanda.

46

En efecto, como se ha puesto de manifiesto en los apartados 7 y 32 a 36 de la presente sentencia, la Decisión impugnada revocó y sustituyó a la Decisión inicial con la finalidad de subsanar la falta de motivación que la JUR había apreciado a raíz de la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR (C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601), y de los autos de 3 de marzo de 2022, JUR/Portigon y Comisión (C‑664/20 P, no publicado, EU:C:2022:161), y de 3 de marzo de 2022, JUR/Hypo Vorarlberg Bank (C‑663/20 P, no publicado, EU:C:2022:162).

47

Pues bien, procede señalar que el mero hecho de subsanar la falta de motivación de la Decisión inicial no afecta a la cuestión central suscitada por el presente recurso, referida a la metodología utilizada por la JUR para calcular la aportación ex ante de la demandante y, más concretamente, para determinar el pasivo neto de esta.

48

En estas circunstancias, la demandante podía no considerar necesario modificar los motivos y las alegaciones formulados en apoyo de su demanda a raíz de la adopción de la Decisión impugnada.

49

Máxime cuando, en el escrito de 26 de septiembre de 2022, la demandante declaró expresamente que deseaba mantener íntegramente su demanda, en el sentido de que los motivos y las alegaciones formulados en ella también eran válidos contra la Decisión impugnada.

50

Por tanto, el escrito de 26 de septiembre de 2022 es un escrito de adaptación de la demanda que cumple los requisitos del artículo 86 del Reglamento de Procedimiento.

51

Habida cuenta de lo anterior, hay que declarar admisible dicho escrito y, en consecuencia, procede considerar que el recurso tiene por objeto en lo sucesivo la anulación de la Decisión impugnada por lo que a la demandante se refiere.

Sobre el fondo

Sobre el primer motivo de recurso, basado en la infracción del artículo 103, apartado 2, de la Directiva 2014/59, del artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014 y del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63, al haberse recurrido a datos no comparables para determinar el pasivo neto de la demandante

52

La demandante reprocha a la JUR haber utilizado datos relativos a diferentes fechas para calcular su pasivo neto, en la medida en que la JUR obtuvo el importe de los pasivos totales sobre la base de los datos disponibles a 31 de diciembre de 2016, mientras que calculó el importe de sus depósitos con cobertura con arreglo a una media trimestral del año 2016. Aduce que la JUR, al seguir tal enfoque, infringió el artículo 103, apartado 2, de la Directiva 2014/59, el artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014 y el artículo 4, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63.

53

La demandante sostiene que, debido a la fusión de 2016 entre la demandante y las filiales absorbidas, los pasivos totales basados en los datos de finales de año de la demandante incluyen los pasivos de esta y los de las filiales, mientras que, al tomar en consideración el importe medio de los depósitos con cobertura de la demandante, la JUR no tuvo en cuenta los depósitos con cobertura de estas entidades en los tres primeros trimestres. Por tanto, concluye que la JUR no dedujo todos los depósitos con cobertura incluidos en el balance de la demandante a 31 de diciembre de 2016, lo que considera contrario a la lógica de la deducción de dichos depósitos.

54

Por otro lado, la demandante alega que, con ese método de cálculo del pasivo neto, la JUR no apreció debidamente la situación fáctica de aquella. En particular, reprocha a la JUR haberse basado en datos posteriores a la fusión de 2016 para calcular sus pasivos totales, con lo que también tuvo en cuenta los pasivos de las filiales absorbidas. En cambio, para determinar el importe de los depósitos con cobertura, considera que la JUR se basó en unos datos que, en parte, son anteriores a dicha fusión y que se refieren, por tanto, únicamente a la situación de la demandante y no a la de las referidas filiales. Concluye, pues, que ese método no permite reflejar el perfil de riesgo real de la demandante, en la medida en que supuso que se sobrevaloraran su tamaño y el riesgo asociado.

55

La demandante añade que la JUR afirma erróneamente que su método resulta de la normativa aplicable. En efecto, la demandante niega que este método venga prescrito por el artículo 4, apartados 1 y 2, por el artículo 14, apartados 1 y 4, o por el artículo 16 del Reglamento Delegado 2015/63.

56

La JUR alega que la argumentación de la demandante carece de fundamento.

57

En primer término, la JUR sostiene haber aplicado el mismo método a todas las entidades, de modo que considera que, con su argumentación, la demandante solicita, en esencia, recibir un trato diferente al de las demás entidades. Pues bien, en su opinión, semejante trato no está justificado.

58

En segundo término, considera que el método de cálculo de los depósitos con cobertura, tal como lo aplicó la Decisión impugnada, es conforme con los artículos 4, 5, 14 y 16 del Reglamento Delegado 2015/63.

59

En tercer término, la JUR aduce que la demandante no logra determinar de qué modo el cálculo que ella efectuó infringe el artículo 103, apartado 2, de la Directiva 2014/59 o el artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014. Considera que la argumentación de la demandante se sustenta únicamente en alegaciones basadas en los principios abstractos de coherencia y equidad.

60

En cuarto término, la JUR arguye que utilizar el importe medio de los depósitos con cobertura permite garantizar un método de cálculo de las aportaciones ex ante más preciso que el basado en el importe total de los depósitos con cobertura al término del año natural.

61

Con carácter preliminar, procede recordar que la Comisión adoptó el Reglamento Delegado 2015/63 con arreglo a una delegación de poderes que el legislador de la Unión Europea le concedió en virtud del artículo 103, apartados 7 y 8, de la Directiva 2014/59, con la finalidad específica de concretar el concepto de ajuste de las aportaciones ex ante al perfil de riesgo de las entidades y de precisar las obligaciones en materia de suministro de información. El artículo 70, apartado 6, del Reglamento n.o 806/2014 estableció la aplicabilidad del Reglamento Delegado al cálculo de las aportaciones ex ante percibidas en virtud del Reglamento n.o 806/2014.

62

Mediante el presente motivo, la demandante impugna la primera etapa del cálculo de las aportaciones ex ante y, en particular, el método utilizado por la JUR para determinar su pasivo neto a efectos del cálculo de su contribución anual de base.

63

A este respecto, de los considerandos 27, 28 y 31 de la Decisión impugnada, así como de lo declarado por la JUR en la vista, se desprende que, para calcular el pasivo neto de la demandante y, por tanto, su contribución anual de base, la JUR utilizó, por una parte, el importe de los pasivos totales de la demandante a 31 de diciembre de 2016, partiendo, por tanto, de datos posteriores a la fusión de 2016, y, por otra parte, el importe medio de sus depósitos con cobertura, calculado trimestralmente, en el año 2016, importe que fue determinado, por tanto, sobre la base de datos que eran en gran parte anteriores a dicha fusión.

64

La demandante sostiene que, al recurrir al método descrito en el apartado 63 de la presente sentencia, la JUR infringió el artículo 103, apartado 2, de la Directiva 2014/59, el artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014 y el artículo 4, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63. Además, al alegar que la aplicación de dicho método impidió a la JUR tener debidamente en cuenta su situación fáctica y su perfil de riesgo real, sostiene, en realidad, que la JUR debería haber aplicado las mencionadas disposiciones a la luz del principio de buena administración, que exige a los órganos de la Unión examinar detallada e imparcialmente todos los elementos pertinentes del asunto de que se trate.

65

Para apreciar la procedencia de tal argumentación, hay que comenzar recordando que del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 se desprende que incumbe a la JUR determinar la aportación ex ante de cada entidad a tenor de la información facilitada por cada entidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de dicho Reglamento Delegado.

66

El artículo 14, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 establece que las entidades deben facilitar a la JUR los estados financieros anuales aprobados más recientes disponibles, como muy tarde, el 31 de diciembre del año anterior al período de contribución (en lo sucesivo, «año N‑1»). Estos estados financieros deben ir acompañados del dictamen emitido por el auditor legal o por las entidades de auditoría.

67

Ahora bien, procede señalar que, habida cuenta del tiempo necesario para ultimar esos estados financieros, esta información se refiere, por regla general, al penúltimo año anterior al período de contribución de que se trate o, en circunstancias excepcionales, a un ejercicio contable que haya comenzado en ese penúltimo año y haya sido cerrado en el año N‑1 (en lo sucesivo, por lo que respecta a ambos períodos, «año de referencia N‑2»).

68

Así pues, del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63, en relación con el artículo 14, apartado 1, de este, se desprende que corresponde a la JUR calcular las aportaciones ex ante sobre la base de la información relativa a los estados financieros anuales aprobados más recientes y certificados que estén disponibles antes del 31 de diciembre de año N‑1 (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de noviembre de 2019, State Street Bank International, C‑255/18, EU:C:2019:967, apartado 42), con lo que se entiende que esa información se refiere a los estados financieros relativos al año de referencia N‑2.

69

En este contexto, la JUR sostiene que los artículos 4, apartado 2, 5 y 16 del Reglamento Delegado 2015/63 contienen indicaciones relativas a los momentos del año de referencia N‑2 que son pertinentes para determinar el importe de los depósitos con cobertura que se resta de los pasivos totales al calcular la contribución anual de base. Más concretamente, según la JUR, de dichas disposiciones se desprende que esos momentos coinciden con los fines de trimestre del año de referencia N‑2, de modo que deberá tener en cuenta, para dicho cálculo, el importe medio de los depósitos con cobertura en ese año, calculado trimestralmente.

70

Para examinar el presente motivo, no es necesario apreciar si los artículos 4, apartado 2, 5 y 16 del Reglamento Delegado 2015/63 permiten a la JUR tener en cuenta ese importe medio de los depósitos con cobertura, a efectos de calcular las contribuciones anuales de base, o incluso si la obligan a ello.

71

En efecto, de los escritos procesales de la demandante se desprende que esta no cuestiona necesariamente la utilización del importe medio de los depósitos con cobertura, calculado trimestralmente, para calcular el pasivo neto, sino que reprocha a la JUR, ante todo, haber recurrido para ese cálculo a datos relativos a diferentes momentos.

72

En estas circunstancias, procede examinar si, cuando la JUR tiene en cuenta el importe medio de los depósitos con cobertura, calculado trimestralmente, del año de referencia N‑2 para calcular el pasivo neto, puede tener en cuenta al mismo tiempo, para idéntico cálculo, el importe de los pasivos totales tal como se presenta al final del año de referencia N‑2 y no el importe medio de los pasivos totales calculado trimestralmente, debiendo entenderse que ese importe de los pasivos totales también incluye el importe de los depósitos con cobertura (véase el anterior apartado 14).

73

A este respecto, procede señalar que ni el artículo 4, apartado 1, ni el artículo 14, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 contienen preceptos concretos acerca de si la JUR está obligada, para determinar el pasivo neto, a tener en cuenta el importe de los pasivos totales al final del año de referencia N‑2 o el importe medio de estos en ese año. Tales preceptos tampoco resultan de ninguna otra disposición del Reglamento Delegado 2015/63, de la Directiva 2014/59 o del Reglamento n.o 806/2014.

74

Por consiguiente, procede declarar que los artículos 4, apartado 1, y 14, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 confieren a la JUR cierta facultad de apreciación en cuanto al momento pertinente para determinar el importe de los pasivos totales a efectos del cálculo del pasivo neto.

75

Pues bien, para respetar el equilibrio de facultades, característico de la estructura institucional de la Unión, esa facultad de apreciación, que la Comisión confió a la JUR, debe estar netamente delimitada y su uso debe ser objeto de un control riguroso en relación con criterios objetivos derivados de la normativa por la que está vinculada la JUR (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR, C‑551/22 P, EU:C:2024:520, apartados 70 y 72).

76

Así pues, es preciso cerciorarse, en particular, de que la JUR haya ejercido dicha facultad de apreciación de conformidad con las normas jurídicas de rango superior y, más concretamente, de conformidad con la finalidad y la estructura general del acto jurídico que constituye su base legal, concretamente la Directiva 2014/59 (véase el anterior apartado 61), así como con los principios generales del Derecho, tales como el principio de buena administración (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de septiembre de 2010, EMI Group, C‑581/08, EU:C:2010:559, apartado 42; de 26 de mayo de 1998, Costacurta/Comisión, T‑177/96, EU:T:1998:109, apartado 45, y de 3 de octubre de 2019, BASF y REACH & colours/ECHA, T‑806/17, no publicada, EU:T:2019:724, apartado 79).

77

A este respecto, por una parte, procede recordar que el principio de buena administración, en los términos establecidos en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, obliga a las instituciones y órganos de la Unión a examinar, detenida e imparcialmente, todos los elementos pertinentes del asunto de que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de noviembre de 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, apartado 14; de 9 de septiembre de 2008, Bayer CropScience y otros/Comisión, T‑75/06, EU:T:2008:317, apartado 84, y de 23 de septiembre de 2009, Estonia/Comisión, T‑263/07, EU:T:2009:351, apartado 99).

78

Por otra parte, la contribución anual de base, tal como se establece en el artículo 103, apartado 2, de la Directiva 2014/59 y en el artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 806/2014, tiene como fundamento un importe proporcional del pasivo neto de cada entidad con respecto a los pasivos netos de las demás entidades. De este modo, esa ratio muestra la estructura general del régimen de las aportaciones ex ante, según la cual la contribución anual de base debe reflejar, ante todo, el tamaño de las entidades en función de sus pasivos.

79

Idéntico requisito se desprende de los trabajos preparatorios de la Directiva 2014/59 y, en particular, de las páginas 58 y 59 del estudio de impacto de 6 de junio de 2012 que acompaña a la propuesta que dio lugar a la adopción de dicha Directiva [SWD(2012) 166 final], que indican que el cálculo de las contribuciones anuales de base en función de los pasivos de las entidades permite apreciar el tamaño de estas, con lo que dicho cálculo pretende garantizar que las entidades de gran tamaño abonen aportaciones mayores.

80

La importancia de considerar el referido tamaño también se pone de relieve en el considerando 5 del Reglamento Delegado 2015/63, que dispone expresamente que la aportación ex ante debe reflejar el tamaño de las entidades afectadas. Como se desprende de ese mismo considerando, el tamaño de una entidad representa efectivamente una primera indicación del riesgo que esta plantea, ya que cuanto mayor sea una entidad, mayor será la probabilidad de que, en caso de dificultades, la JUR considere de interés público proceder a su resolución y recurrir al mecanismo del FUR para garantizar una aplicación efectiva de los instrumentos de resolución.

81

En este contexto, el Tribunal General ya ha declarado que la contribución anual de base debe reflejar el tamaño de las entidades con el fin de garantizar que se proporcionen al MUR recursos financieros suficientes para una aplicación eficiente de los instrumentos de resolución y que se incentive a las entidades para que operen con arreglo a modelos menos arriesgados reduciendo, en particular, sus pasivos netos (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de diciembre de 2023, Banque postale/JUR, T‑383/21, EU:T:2023:845, apartados 175 y 176).

82

En estas circunstancias, corresponde a la JUR calcular las contribuciones anuales de base de modo que reflejen con suficiente precisión el tamaño de las entidades afectadas y el riesgo asociado en función de los pasivos de estas, de manera que las entidades que tengan pasivos importantes abonen aportaciones ex ante mayores que las entidades con pasivos más limitados —sin perjuicio del ajuste de tales aportaciones a la luz de los indicadores de riesgo en cuestión— y que se incentive a las entidades para que operen con arreglo a modelos menos arriesgados reduciendo, en particular, sus pasivos netos.

83

Pues bien, aunque el método descrito en el anterior apartado 63 pueda reflejar, por lo general, con suficiente precisión, el tamaño de las entidades afectadas, quizás no sea así en algunos supuestos concretos que pueden darse cuando los pasivos totales y los depósitos con cobertura de una entidad determinada experimentan una evolución importante en el año de referencia N‑2 que vaya más allá de las fluctuaciones normales de esos pasivos en el año. Esta evolución puede resultar, en particular, de una modificación de la estructura de dicha entidad, como la que tiene lugar a raíz de una fusión o de una absorción.

84

Así pues, si la JUR se enfrenta a esa situación concreta, del principio de buena administración se deduce que estará obligada a examinar, detenida e imparcialmente, todos los elementos pertinentes del asunto de que se trate al ejercer su facultad de apreciación mencionada en el apartado 74 de la presente sentencia.

85

Por consiguiente, cuando una entidad presenta a la JUR datos concretos, cuantificados y verificables, de los que resulta que, como consecuencia de una modificación sustancial de su estructura en el año de referencia N‑2, sus pasivos totales y el importe de sus depósitos con cobertura han experimentado una evolución importante, de modo que el método de cálculo de los pasivos netos ya no refleja su tamaño con suficiente precisión, incumbe a la JUR tener en cuenta tales elementos para asegurarse de que el cálculo del pasivo neto de la entidad afectada cumple los requisitos mencionados en los apartados 75 a 82 de la presente sentencia.

86

En el caso de autos, hay que señalar, en primer lugar, que la fusión de 2016 entre la demandante y las filiales absorbidas supuso que, a 31 de diciembre de 2016, el importe de los pasivos totales de la demandante hubiese aumentado mucho, al incluirse en él —a diferencia de los tres primeros trimestres de 2016— los importes de los pasivos totales y de los depósitos con cobertura de dichas filiales.

87

En segundo lugar, para calcular el pasivo neto de la demandante y, por tanto, su contribución anual de base, la JUR se basó en el método descrito en el apartado 63 de la presente sentencia, con arreglo al cual utilizó el importe de los pasivos totales de la demandante en virtud de los datos disponibles a 31 de diciembre de 2016, mientras que, para el importe de los depósitos con cobertura que se detrae del importe de los pasivos totales, tuvo en cuenta el importe medio de los depósitos con cobertura de la demandante, calculado trimestralmente, en 2016.

88

Así, por lo que respecta a los depósitos con cobertura que se detrajeron del importe de los pasivos totales para calcular el pasivo neto de la demandante, el método descrito en el apartado 63 anterior solo tuvo parcialmente en cuenta la fusión de 2016. En efecto, como se desprende de la nota n.o 22 de la Decisión impugnada, la JUR sumó los cuatro importes de los depósitos con cobertura en poder de la demandante a finales de cada trimestre de 2016 y, posteriormente, dividió entre cuatro el total de esos importes, con la finalidad de obtener su media trimestral. Por consiguiente, por lo que respecta a los tres primeros trimestres de 2016, la JUR solo tuvo en cuenta los depósitos con cobertura de la demandante, sin incluir los depósitos con cobertura de las filiales absorbidas. Únicamente a finales del último trimestre de ese año, a raíz de la fusión de 2016, la JUR computó el importe de los depósitos con cobertura de la demandante, que también incluía el importe de los depósitos con cobertura de dichas filiales. De ello se deduce que el importe de los depósitos con cobertura de la demandante, que se restó del importe de sus pasivos totales para calcular el pasivo neto, estaba compuesto únicamente por una cuarta parte de los depósitos con cobertura que poseían las referidas filiales en 2016.

89

En cambio, por lo que respecta a la determinación del importe de los pasivos totales de la demandante, la JUR se basó únicamente en el estado de la totalidad de los pasivos de aquella a 31 de diciembre de 2016, es decir, en el importe resultante de la fusión de 2016. Por tanto, no tuvo en cuenta los importes de los pasivos totales de la demandante al final de los tres primeros trimestres de 2016, que no incluían la totalidad de los pasivos de las filiales absorbidas. De ello se deduce que el importe de los pasivos totales de la demandante incluía la totalidad de los pasivos totales de dichas filiales, debiendo entenderse que ese importe incluía también la totalidad de los depósitos con cobertura de la demandante a 31 de diciembre de 2016, incluidos todos los depósitos con cobertura de las mencionadas filiales (véase el anterior apartado 14).

90

De lo anterior resulta que, en el cálculo del pasivo neto de la demandante realizado por la JUR, el primer componente de esta operación, esto es, el cálculo de los pasivos totales de la demandante, se basó íntegramente en la situación de la demandante a raíz de la fusión de 2016, mientras que el otro componente de esa misma operación, es decir, el cálculo del importe de sus depósitos con cobertura, que había que restar después a los pasivos totales, se basó, en gran parte, en la situación de la demandante antes de la fusión. En estas circunstancias, y habida cuenta de la magnitud de la modificación de todos esos pasivos con la fusión de 2016, el cálculo del pasivo neto citado no reflejaba, con suficiente precisión, el tamaño de la demandante ni, por tanto, el riesgo asociado.

91

De ello se deduce que la JUR no tuvo en cuenta todos los elementos pertinentes del asunto de que se trata al ejercer su facultad de apreciación mencionada en el apartado 74 de la presente sentencia para asegurarse de que el cálculo del pasivo neto de la demandante cumpliese los requisitos citados en los apartados 75 a 82 de la presente sentencia.

92

En consecuencia, la JUR ejerció la facultad de apreciación de la que disponía en el cálculo de la contribución anual de base de la demandante de un modo que infringe el artículo 4, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63, interpretado de conformidad con el artículo 103, apartado 2, de la Directiva 2014/59 y con el artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 806/2014, así como con el principio de buena administración.

93

Tal conclusión no queda desvirtuada por la argumentación de la JUR.

94

En primer término, aun suponiendo que, como la JUR afirma, esta estuviera obligada, en virtud de los artículos 4, apartados 1 y 2, 5 y 16 del Reglamento Delegado 2015/63, a tener en cuenta el importe medio de los depósitos con cobertura, calculado trimestralmente, para determinar el pasivo neto de la demandante, estas disposiciones no le exigían, sin embargo, que tuviera en cuenta en ese cálculo datos relativos a diferentes momentos.

95

En segundo término, la JUR no puede justificar la aplicación del método expuesto en el apartado 63 de la presente sentencia en el interés en garantizar la coherencia del método de cálculo del pasivo neto con el método aplicable a la determinación del objetivo de financiación anual.

96

En efecto, incluso suponiendo que tal consideración sea pertinente, incumbía a la JUR, a la luz de los principios recordados en los apartados 82 a 85 de la presente sentencia, considerar la situación específica de la demandante para asegurarse de que el cálculo del pasivo neto de esta reflejaba su tamaño con suficiente precisión.

97

En tercer término, la JUR sostiene que la utilización del importe medio de los depósitos con cobertura, calculado trimestralmente, permite luchar contra los abusos de determinadas medidas contables, las conductas oportunistas, los efectos a corto plazo y los picos estacionales.

98

Ahora bien, no ha quedado acreditado de qué modo tal circunstancia puede impedir a la JUR tener en cuenta el importe medio de las demás categorías de pasivos, calculado trimestralmente, siempre que dispusiera de los datos relativos a ese importe y que se cumplieran las condiciones expuestas en el apartado 85 de la presente sentencia.

99

Habida cuenta de lo anterior, procede estimar el primer motivo de recurso y anular la Decisión impugnada por lo que a la demandante se refiere, sin que sea necesario examinar los demás motivos.

Sobre la limitación temporal de los efectos de la sentencia

100

La JUR solicita al Tribunal General que, en caso de anulación de la Decisión impugnada, mantenga los efectos de esta hasta que sea sustituida o, cuando menos, durante un período de seis meses a partir de la fecha en que la sentencia adquiera firmeza, puesto que la demandante seguirá estando obligada a contribuir al FUR y no sería adecuado efectuar una devolución mientras se adopta una nueva decisión.

101

A este respecto, la JUR precisó en la vista que una anulación sin mantener temporalmente los efectos de la Decisión impugnada podría menoscabar el buen funcionamiento del Reglamento n.o 806/2014, de la Directiva 2014/59 y del Reglamento Delegado 2015/63 porque no solo se ha de considerar el importe de la aportación ex ante de la demandante, sino también todas las aportaciones que pueda devolver el FUR en circunstancias análogas.

102

La demandante indicó en la vista que no se oponía a una eventual limitación temporal de los efectos de la Decisión impugnada si el Tribunal General la anulaba.

103

A tenor del artículo 264 TFUE, párrafo segundo, el juez de la Unión puede indicar, si lo estima necesario, aquellos efectos del acto declarado nulo que deban ser considerados como definitivos. Para ejercer las facultades que le confiere este artículo, el juez de la Unión tiene en cuenta el respeto del principio de seguridad jurídica y de otros intereses públicos o privados (véase la sentencia de 25 de febrero de 2021, Comisión/Suecia, C‑389/19 P, EU:C:2021:131, apartado 72 y jurisprudencia citada; véase también, en este sentido, la sentencia de 22 de diciembre de 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, apartado 122).

104

Así, el artículo 264 TFUE, párrafo segundo, se ha interpretado en el sentido de que permite, por razones de seguridad jurídica, aunque también por razones basadas en el objetivo de evitar una discontinuidad o una regresión en la aplicación de las políticas realizadas o apoyadas por la Unión, mantener durante un plazo razonable los efectos de un acto declarado nulo (véase la sentencia de 27 de enero de 2021, Polonia/Comisión, T‑699/17, EU:T:2021:44, apartado 61 y jurisprudencia citada).

105

Por lo que respecta, más concretamente, al ámbito de la percepción de las aportaciones ex ante, el juez de la Unión ha mantenido temporalmente los efectos de los actos anulados cuando existía el riesgo de que la devolución de esas aportaciones, a raíz de dicha anulación, privara al FUR de recursos financieros que podían resultar necesarios para garantizar la estabilidad de la zona del euro y la estabilidad financiera de la Unión. Así podría ocurrir, en particular, si se obligara a la JUR a abonar, además del importe de la aportación ex ante de la entidad que hubiese interpuesto el recurso, los importes de las aportaciones ex ante de otras entidades que hubiesen interpuesto un recurso similar apoyándose en el mismo motivo que ha sido estimado en el recurso de que se trate [véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 177, y de 10 de abril de 2024, Dexia/JUR (Aportaciones ex ante 2022), T‑411/22, recurrida en casación, EU:T:2024:216, apartados 70 a 74].

106

En el caso de autos, procede señalar, por una parte, que el importe de la aportación ex ante que se debería devolver a la demandante por el período de contribución 2018, a raíz de la anulación de la Decisión impugnada, tiene un alcance limitado en comparación con el importe total de los recursos financieros de que dispone el FUR.

107

Por otra parte, interrogada en la vista, la JUR no identificó otros asuntos en los que entidades distintas de la demandante hubiesen interpuesto un recurso similar hallándose en una situación comparable a la del presente litigio y formulando el mismo motivo que ha sido estimado en el presente recurso.

108

Así pues, nada indica que la JUR vaya a verse obligada a abonar, además del importe limitado de la aportación ex ante de la demandante, los importes de las aportaciones ex ante de otras entidades que hubiesen interpuesto un recurso similar.

109

En consecuencia, no se ha demostrado que la anulación de la Decisión impugnada con efecto inmediato pueda perjudicar a la estabilidad de la zona del euro y a la estabilidad financiera de la Unión.

110

En estas circunstancias, no procede estimar la pretensión de la JUR de que se mantengan los efectos de la Decisión impugnada por lo que a la demandante se refiere.

Costas

111

A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la JUR, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las de la demandante, conforme a lo solicitado por esta última.

112

De conformidad con el artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la Comisión cargará con sus propias costas.

1)

Anular, por lo que a de Volksbank NV se refiere, la Decisión SRB/ES/2022/46 de la Junta Única de Resolución (JUR), de 8 de agosto de 2022, por la que se revoca la Decisión SRB/ES/SRF/2018/03 de la JUR, de 12 de abril de 2018, relativa a las aportaciones ex ante 2018 al Fondo Único de Resolución, en la medida en que afecta a las entidades mencionadas en el anexo I de la presente Decisión, y por la que se calculan las aportaciones ex ante 2018 de dichas entidades al Fondo Único de Resolución.

2)

La JUR cargará, además de con sus propias costas, con aquellas en que haya incurrido de Volksbank.

3)

La Comisión Europea cargará con sus propias costas.