C-128/97C-137/9761997O01280019.00012183121908CJAUTO DE 30.4.1998 — ASUNTOS ACUMULADOS C-12S/97 Y C-137/97TESTA Y MODESTI<TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Justicia</HT> (Sala Sexta)</P><P>de <DATE ISO="19980430">30 de abril de 1998</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: italiano.</P></NOTE></P></TI>

En los asuntos acumulados C-128/97 y C-137/97,

que tienen por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por la Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli, y destinada a obtener, en los procesos penales seguidos ante dicho órgano jurisdiccional contra

Italia Testa (asunto C-128/97),

Mario Modesti (asunto C-137/97),

en que participa Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE),

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30, 36, 85 y 86 del Tratado CE con respecto a una normativa nacional relativa a la gestión de derechos de autor,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

integrado por los Sres.: H. Ragnemalm, Presidente de Sala; G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn (Ponente), G. Hirsch y K. M. Ioannou, Jueces;

Abogado General: Sr. G. Cosmas;

Secretario: Sr. R. Grass;

oído el Abogado General;

dicta el siguiente

<TI><P>Auto</P></TI>1Mediante resoluciones de 5 de febrero y 19 de febrero de 1997, recibidas en el Tribunal de Justicia los días 11 de abril y 28 de marzo siguientes, respectivamente, la Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli, planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 30, 36, 85 y 86 del mismo Tratado con respecto a una normativa nacional relativa a la gestión de derechos de autor.2Las resoluciones se dictaron en el marco de dos procesos penales incoados, uno contra Italia Testa (asunto C-128/97), titular de una emisora radiofónica, y el otro, contra Mario Modesti (asunto C-137/97), propietario de una emisora radiofónica, por haber difundido composiciones musicales sin tener derecho a ello y haber procedido a la reproducción abusiva de cintas magnetofónicas y discos.3Dichos procesos dieron lugar ya a la remisión por la Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli, de tres cuestiones prejudiciales, que fueron objeto de los autos del Tribunal de Justicia de 25 de junio de 1996, Italia Testa (C-101/96, Rec. p. I-3081), y de 19 de julio de 1996, Modesti (C-191/96, Rec. p. I-3937).4En estos últimos asuntos, el Juez nacional, por estimar que el litigio del que conocía suscitaba cuestiones de interpretación de las disposiciones del Tratado CE, había planteado al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

1)Si la legislación nacional que confiere a la SIAE [Società Italiana degli Autori ed Editori] el derecho exclusivo de gestión de los derechos de autor puede impedir o limitar la importación o la exportación de soportes de sonido que hayan sido legalmente comercializados en otro Estado.2)Si en el ámbito del mercado único, caracterizado por la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios, la SIAE puede exigir siempre y en cualquier caso el pago de remuneraciones en nombre de los autores, invocando para el cumplimiento de su exigencia la aplicación de la protección penal que acompaña a dicha facultad.3)Si la legislación y la jurisprudencia nacionales que invoca la SIAE en el propio escrito de personación como actor civil puede suponer una discriminación arbitraria o una restricción encubierta de las corrientes comerciales relacionadas con la explotación comercial de los derechos de autor, procedentes de o con destino a Italia, en perjuicio de los demás Estados miembros de la Unión Europea.

5En los autos Italia Testa y Modesti, antes citados, el Tribunal de Justicia recordó que, según reiterada jurisprudencia, la necesidad de dar una interpretación del Derecho comunitario que sea útil para el Juez nacional exige que éste defina el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho sobre los que se basan tales cuestiones (véanse, en particular, la sentencia de 26 de enero de 1993, Telemarsicabruzzo y otros, asuntos acumulados C-320/90, C-321/90 y C-322/90, Rec. p. I-393, apartado 6; los autos de 19 de marzo de 1993, Banchero, C-157/92, Rec. p. I-1085, apartado 4; de 23 de marzo de 1995, Saddik, C-458/93, Rec. p. I-511, apartado 12; de 7 de abril de 1995, Grau Gomis y otros, C-167/94, Rec. p. I-1023, apartado 8; de 21 de diciembre de 1995, Max Mara, C-307/95, Rec. p. I-5083, apartado 6, y de 20 de marzo de 1996, Sunino y Data, C-2/96, Rec. p. I-1543, apartado 4).6El Tribunal de Justicia subrayó, además, que la información proporcionada y las cuestiones planteadas en las resoluciones de remisión no sólo deben servir para que el Tribunal de Justicia pueda dar respuestas útiles, sino también para que los Gobiernos de los Estados miembros y las demás partes interesadas tengan la posibilidad de presentar observaciones conforme al artículo 20 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia (auto Sunino y Data, antes citado, apartado 5). Incumbe al Tribunal de Justicia velar por que sea salvaguardada esta posibilidad, teniendo en cuenta que, con arreglo a la citada disposición, a las partes interesadas sólo se les notifican las resoluciones de remisión (sentencia de 1 de abril de 1982, Holdijk y otros, asuntos acumulados 141/81, 142/81 y 143/81, Rec. p. 1299, apartado 6; autos antes citados, Saddik, apartado 13; Grau Gomis y otros, apartado 10; Max Mara, apartado 8, y Sunino y Data, apartado 5).7En los asuntos de los que conocía, el Tribunal de Justicia señaló que las resoluciones de remisión no contenían, respecto al contexto fáctico y normativo, indicaciones suficientes que respondiesen a dichas exigencias. En efecto, el órgano jurisdiccional remitente se había limitado a hacer referencia a las infracciones penales de la legislación italiana en materia de derechos de autor cometidas por una persona responsable de una emisora de radio privada y a la cuestión, planteada en este marco, de la compatibilidad con el Derecho comunitario del monopolio de una sociedad que tiene el derecho exclusivo de gestionar tales derechos y está autorizada a exigir el pago de remuneraciones, disfrutando de una protección reforzada con sanciones penales. Además, no había indicado de forma suficiente el marco fáctico del litigio, el marco normativo italiano ni las razones precisas que le llevaban a cuestionarse sobre la interpretación del Derecho comunitario y a considerar necesario plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.8En los presentes asuntos, el Juez nacional planteó dos cuestiones prejudiciales que son idénticas a las cuestiones primera y segunda planteadas en los asuntos C-101/96 y C-191/96, respectivamente.9En sus resoluciones de remisión, el órgano jurisdiccional remitente indica que se entablaron acciones penales contra Italia Testa y Mario Modesti ante la Pretura, por una parte, por haber difundido composiciones musicales de diversos autores, italianos y extranjeros, sin disponer del título de autorización o de concesión necesario, infringiendo así la letra B del artículo 171 de la Ley n° 633, de 22 de abril de 1941 (en lo sucesivo, Ley n° 633/41), que establece la protección tanto de los derechos de los autores y de los productores como los de la SIAE, titular del derecho exclusivo de gestión de los derechos de autor en el territorio nacional, y, por otra parte, por haber reproducido abusivamente, con ánimo de lucro, discos, cintas magnetofónicas y soportes análogos de composiciones musicales, mediante procedimientos de duplicación y de reproducción que infringían el artículo 1 de la Ley n°406, de 29 de julio de 1981 (en lo sucesivo, Ley n° 406/81). Según el Juez nacional, los inculpados parecen haber infringido lo dispuesto en la letra B del artículo 171 de la Ley n° 633/41.10El órgano jurisdiccional remitente se cuestiona si dichas disposiciones son contrarias a los artículos 30, 36, 85 y 86 del Tratado, por contribuir al mantenimiento de un monopolio legal, cuyas consecuencias pueden concretarse en una limitación de la utilización económica de soportes de sonido comercializados ya en otro Estado miembro. En particular, si bien los artículos 30 y 36 no se oponían a una legislación nacional que atribuye al autor la facultad de supeditar a su autorización la -circulación de sus propias obras, no es menos cierto que en el caso de autos la concesión o la denegación de la circulación de la obra no corresponde al autor sino a la SIAE, cuyas decisiones no pueden ser conocidas ni controladas por el propio autor.11El Juez nacional considera además que la protección concedida a la SIAE para conservar su derecho exclusivo a cobrar los derechos de autor se perfila como un instrumento disuasorio de cualquier explotación económica de las obras protegidas por el derecho de autor en el mercado italiano y, en consecuencia, como una medida que tiene un efecto equivalente a un derecho de aduana y a una práctica prohibida por los artículos 85 y 86 del Tratado.12Es necesario señalar, sin embargo, que las presentes resoluciones de remisión siguen sin contener indicaciones suficientes para responder a las exigencias recordadas anteriormente.13En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente no precisa suficientemente el marco normativo italiano en el que se insertan las cuestiones que plantea. Ante todo, no indica la función de las disposiciones de la letra B del artículo 171 de la Ley n° 633/41 y del artículo 1 de la Ley n° 406/81 en el marco de la protección de los derechos de autor. En segundo lugar, se limita a hacer referencia al derecho exclusivo de la SIAE a gestionar los derechos de autor y a la autorización que le ha sido conferida de exigir el pago de remuneraciones, disfrutando de una protección reforzada con sanciones penales, sin que las disposiciones nacionales que establecen dicho derecho y dicha autorización se identifiquen y precisen por lo que a su contenido respecta. Por último, las resoluciones de remisión no proporcionan elementos relativos a los miembros y a la estructura de la SIAE, la misión que se le asigna y la manera en que la pone en práctica. En particular, no indican si el derecho exclusivo de la SIAE a gestionar los derechos de autor se extiende también a las obras musicales protegidas por derechos de autor de miembros de sociedades de gestión de derechos de autor en otros Estados miembros.14En segundo lugar, el Juez nacional no indica las razones precisas que le llevan a cuestionarse la compatibilidad con los artículos 30, 36, 85 y 86 del Tratado del monopolio de la SIAE, que tiene el derecho exclusivo de gestionar tales derechos y está autorizada a exigir el pago de remuneraciones, disfrutando de una protección reforzada con sanciones penales. En particular, no explica la incidencia del derecho exclusivo de la SIAE sobre la posibilidad de que los usuarios de las obras musicales registradas, establecidos en Italia, tengan acceso directo, a través de las sociedades gestoras de derechos de autor de otros Estados miembros, al reportorio de las obras musicales que poseen dichas sociedades, y sobre la importación en Italia de soportes de sonido sobre los que se graban estas últimas obras.15En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente no indica las razones por las que considera que es necesaria una respuesta a sus cuestiones para la solución del litigio.16A este respecto, procede recordar que, en los litigios principales, las acciones penales se fundan en la infracción de la letra B del artículo 171 de la Ley n° 633/41 y del artículo 1 de la Ley n° 406/81. En la medida en que resulta que dichas disposiciones se limitan básicamente a prohibir a cualquier persona la explotación comercial de derechos de autor y de derechos análogos de terceros sin haber recibido autorización para ello, y que consta que Italia Testa y Mario Modesti infringieron dicha prohibición, incumbe al Juez nacional explicar que la posible incompatibilidad con el Derecho comunitario del derecho exclusivo de la SIAE de gestionar los derechos de autor y de la facultad de esta última de exigir el pago de remuneraciones puede tener repercusiones sobre las acciones entabladas contra dichos inculpados.17Unicamente en el caso de que las acciones penales resultasen afectadas por ello, la interpretación del Derecho comunitario que se solicita respondería a una necesidad objetiva para la decisión que deba adoptar el Juez nacional. A falta de tal necesidad, el Tribunal de Justicia, con arreglo a reiterada jurisprudencia (sentencia de 9 de octubre de 1997, Grado y Bashir, C-291/96, Rec. p. I-5531, apartados 16 y 17, y auto de 16 de mayo de 1994, Monin Automobiles, C-428/93, Rec. p. I-1707, apartados 15 y 16), no es competente para pronunciarse sobre las cuestiones que le plantea la Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli.18Por las consideraciones precedentes, procede declarar, con arreglo al artículo 92 y al apartado 1 del artículo 103 del Reglamento de Procedimiento, la inadmisibilidad manifiesta de las peticiones planteadas por el órgano jurisdiccional nacional.<TI><P>Costas</P></TI>19Los gastos efectuados por el Gobierno italiano y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)

resuelve:

Declarar la inadmisibilidad de las peticiones de decisión prejudicial presentadas por la Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli, mediante resoluciones de 5 de febrero y 19 de febrero de 1997.

Dictado en Luxemburgo, a 30 de abril de 1998.

El Secretario

R.Grass

El Presidente de la Sala Sexta

H.Ragnemalm