(1)

El fraude, la evasión y la elusión fiscales representan un gran desafío para la Unión y a nivel mundial. El intercambio de información es fundamental a la hora de luchar contra tales prácticas.

(1)

El fraude, la evasión y la elusión fiscales representan un gran desafío para la Unión y a nivel mundial. Se calcula que los Estados miembros pierden hasta 170 000 000 000  EUR al año  (1 bis) como resultado del fraude, la evasión y la elusión fiscales, lo que menoscaba significativamente la capacidad para prestar servicios públicos de calidad. El intercambio de información es una parte fundamental a la hora de desarrollar un marco de la Unión eficaz y que funcione correctamente para luchar contra tales prácticas perniciosas .

(2 bis)

Para garantizar la aplicación adecuada de la presente Directiva, los Estados miembros deben transmitir anualmente a la Comisión información pertinente sobre los obstáculos encontrados. Además, debe alentarse el intercambio de las mejores prácticas nacionales entre las autoridades tributarias.

(2 ter)

El Parlamento Europeo ha hecho un llamamiento para aplicar un enfoque más ambicioso al sistema y a la infraestructura de intercambio de información en el ámbito de la fiscalidad, en particular, a través de sus distintas opiniones sobre las revisiones de la Directiva relativa a la cooperación administrativa (DCA) y de un Informe de Ejecución.

(2 quater)

Dada la libre circulación de capitales, los enfoques autónomos a escala nacional no proporcionan respuestas eficientes al abuso tributario. Por lo tanto, la aplicación de políticas a escala de la Unión y, siempre que sea posible, de acuerdos internacionales sigue constituyendo una dimensión crucial de los esfuerzos por mejorar la equidad de los sistemas tributarios.

(5)

El mercado de criptoactivos ha adquirido importancia y ha aumentado su capitalización de forma sustancial y rápida en los últimos diez años. Los criptoactivos son una representación digital de un valor o un derecho que puede transferirse y almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de registro descentralizado o una tecnología similar.

(5)

El mercado de criptoactivos ha adquirido importancia y ha aumentado su capitalización de forma sustancial y rápida en los últimos diez años. Los criptoactivos son una representación digital de un valor o un derecho que puede transferirse y almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de registro descentralizado o una tecnología similar. Debido a su naturaleza opaca y volátil, los criptoactivos pueden utilizarse con fines ilícitos. El seguimiento de las transferencias de criptoactivos reviste una gran importancia.

(6)

Los Estados miembros cuentan con normas y orientaciones, que difieren de un Estado miembro a otro, para gravar los ingresos derivados de las operaciones con criptoactivos. Sin embargo, el carácter descentralizado de los criptoactivos dificulta a las administraciones tributarias de los Estados miembros la tarea de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias .

(6)

Los Estados miembros cuentan con normas y orientaciones, que difieren de un Estado miembro a otro, para gravar los ingresos derivados de las operaciones con criptoactivos. Sin embargo, algunos Estados miembros han diseñado ventajas fiscales específicamente orientadas a atraer criptoactivos, lo que podría conducir a prácticas fiscales perjudiciales y a la pérdida de ingresos fiscales .

(7)

El Reglamento  XXX relativo a los mercados de criptoactivos del Parlamento Europeo y del Consejo 26 (Reglamento XXX) ha ampliado el perímetro normativo de la Unión a aspectos relacionados con los criptoactivos que los actos de la Unión relativos a los servicios financieros no habían regulado hasta ahora, así como a los proveedores de servicios de dichos criptoactivos («proveedores de servicios de criptoactivos»). En el Reglamento  XXX se establecen las definiciones utilizadas a efectos de la presente Directiva. La presente Directiva también tiene en cuenta el requisito de autorización para los proveedores de servicios de criptoactivos previsto en el Reglamento  XXX , a fin de minimizar la carga administrativa para los proveedores de servicios de criptoactivos. El carácter transfronterizo intrínseco de los criptoactivos requiere una cooperación administrativa sólida a escala internacional para garantizar una regulación eficaz.

(7)

El Reglamento  (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo (1 bis) ha ampliado el perímetro normativo de la Unión a aspectos relacionados con los criptoactivos que los actos de la Unión relativos a los servicios financieros no habían regulado hasta ahora, así como a los proveedores de servicios de dichos criptoactivos («proveedores de servicios de criptoactivos»). En dicho Reglamento se establecen las definiciones utilizadas a efectos de la presente Directiva. La presente Directiva también tiene en cuenta el requisito de autorización para los proveedores de servicios de criptoactivos previsto en dicho Reglamento, a fin de minimizar la carga administrativa para los proveedores de servicios de criptoactivos. El carácter transfronterizo intrínseco de los criptoactivos requiere una cooperación administrativa sólida a escala internacional para garantizar una regulación eficaz. Es esencial que en los actos jurídicos de la Unión se garantice una coherencia sistemática en lo que se refiere a la regulación de los criptoactivos. A tal fin, el Reglamento (UE) 2023/1113 del Parlamento Europeo y del Consejo  (1 ter) también se tiene en cuenta en la presente revisión de la DCA. No obstante, la presente Directiva reconoce asimismo que para un intercambio eficaz de información es necesaria una cobertura más amplia.

(8)

El marco de la Unión para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT) amplía el ámbito de aplicación de las entidades obligadas a cumplir las normas LBC/LFT a los proveedores de servicios de criptoactivos regulados por el Reglamento  XXX . Además, a fin de garantizar la trazabilidad de las transferencias de criptoactivos a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el Reglamento  XXX27 amplía a los proveedores de servicios de criptoactivos la obligación de los proveedores de servicios de pago de acompañar las transferencias de fondos con información sobre el ordenante y el beneficiario.

(8)

El marco de la Unión para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT) amplía el ámbito de aplicación de las entidades obligadas a cumplir las normas LBC/LFT a los proveedores de servicios de criptoactivos regulados por el Reglamento  (UE) 2023/1114 . Además, a fin de garantizar la trazabilidad de las transferencias de criptoactivos a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el Reglamento  (UE) 2023/1113 amplía a los proveedores de servicios de criptoactivos la obligación de los proveedores de servicios de pago de acompañar las transferencias de fondos con información sobre el ordenante y el beneficiario.

(9)

A escala internacional, el Marco de información de los criptoactivos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (28) tiene por objeto introducir una mayor transparencia fiscal con respecto a los criptoactivos y a la comunicación de información sobre los mismos. Las normas a escala de la Unión deben tener en cuenta el marco elaborado por la OCDE a fin de aumentar la eficacia del intercambio de información y reducir la carga administrativa.

(9)

A escala internacional, el Marco de información de los criptoactivos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (28) tiene por objeto introducir una mayor transparencia fiscal con respecto a los criptoactivos y a la comunicación de información sobre los mismos. Las normas a escala de la Unión deben tener en cuenta el marco elaborado por la OCDE a fin de aumentar la eficacia del intercambio de información y reducir la carga administrativa. Los Estados miembros deben utilizar los Comentarios al modelo de acuerdo entre autoridades competentes y el Marco de información de los criptoactivos, desarrollados por la OCDE, a fin de garantizar la ejecución y la aplicación coherentes de la presente Directiva.

(14)

La Directiva se aplica a los proveedores de servicios de criptoactivos regulados por el Reglamento  XXX y autorizados con arreglo al mismo, así como a los operadores de criptoactivos que no lo estén. Ambos se denominan proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información, ya que están obligados a comunicar información de conformidad con la presente Directiva. La interpretación general de lo que constituye un criptoactivo es muy amplia e incluye también los criptoactivos emitidos de manera descentralizada, así como las criptomonedas estables y determinadas fichas no fungibles (NFT por sus siglas en inglés). Los criptoactivos que se utilicen con fines de pago o inversión serán objeto de comunicación de información con arreglo a la presente Directiva. Por consiguiente, los proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información deben considerar caso por caso si los criptoactivos pueden utilizarse con fines de pago e inversión, teniendo en cuenta las exenciones previstas en el Reglamento XXX, en particular en relación con una red limitada y determinadas fichas de servicio.

(14)

La Directiva se aplica a los proveedores de servicios de criptoactivos regulados por el Reglamento  (UE) 2023/1114 y autorizados con arreglo al mismo, así como a los operadores de criptoactivos que no lo estén. Ambos se denominan proveedores de servicios de criptoactivos obligados a comunicar información, ya que están obligados a comunicar información de conformidad con la presente Directiva. La interpretación general de lo que constituye un criptoactivo es muy amplia e incluye también los criptoactivos emitidos de manera descentralizada, así como las criptomonedas estables , incluidas las fichas de dinero electrónico tal como se definen en el Reglamento (UE) 2023/1114, y determinadas fichas no fungibles (NFT por sus siglas en inglés). Los criptoactivos que se utilicen con fines de pago o inversión serán objeto de comunicación de información con arreglo a la presente Directiva.

(17)

Los proveedores de servicios de criptoactivos cubiertos por el Reglamento  XXX podrán ejercer su actividad en la Unión a través del régimen de «pasaporte» una vez que hayan recibido su autorización en un Estado miembro. A tal fin, la AEVM mantiene un registro con los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados. Además, la AEVM también mantiene una lista negra de los operadores que ejercen servicios de criptoactivos que requieren una autorización en virtud del Reglamento XXX .

(17)

Los proveedores de servicios de criptoactivos cubiertos por el Reglamento  (UE) 2023/1114 podrán ejercer su actividad en la Unión a través del régimen de «pasaporte» una vez que hayan recibido su autorización en un Estado miembro. A tal fin, la AEVM mantiene un registro con los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados. Además, la AEVM también mantiene una lista negra de los operadores que ejercen servicios de criptoactivos que requieren una autorización en virtud de dicho Reglamento.

(19)

A fin de fomentar la cooperación administrativa en este ámbito con territorios no pertenecientes a la Unión, los operadores de criptoactivos que estén situados en territorios no pertenecientes a la Unión y presten servicios a usuarios de criptoactivos de la UE —como los proveedores de servicios de fichas no fungibles o los operadores que presten servicios sobre la base de una comercialización pasiva—, deben estar autorizados a comunicar información únicamente sobre los usuarios de criptoactivos residentes en la Unión a las autoridades tributarias de un territorio no perteneciente a la Unión en la medida en que la información comunicada se corresponda con la información establecida en la presente Directiva, y en la medida en que exista un intercambio efectivo de información entre el territorio no perteneciente a la Unión y un Estado miembro. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados en virtud del Reglamento XXX podrían quedar exentos de comunicar dicha información en los Estados miembros en los que estén en posesión de la autorización si la correspondiente comunicación tiene lugar en un territorio no perteneciente a la Unión y en la medida en que exista un acuerdo de cualificación vigente entre autoridades competentes. A su vez, el territorio cualificado no perteneciente a la Unión comunicaría dicha información a las administraciones tributarias de los Estados miembros en los que residan los usuarios de criptoactivos. Este mecanismo debe aplicarse cuando proceda, a fin de evitar que se comunique y transmita la información correspondiente más de una vez.

(19)

A fin de fomentar la cooperación administrativa en este ámbito con territorios no pertenecientes a la Unión, los operadores de criptoactivos que estén situados en territorios no pertenecientes a la Unión y presten servicios a usuarios de criptoactivos de la UE —como los proveedores de servicios de fichas no fungibles o los operadores que presten servicios sobre la base de una comercialización pasiva—, deben estar autorizados a comunicar información únicamente sobre los usuarios de criptoactivos residentes en la Unión a las autoridades tributarias de un territorio no perteneciente a la Unión en la medida en que la información comunicada se corresponda con la información establecida en la presente Directiva, y en la medida en que exista un intercambio efectivo de información entre el territorio no perteneciente a la Unión y un Estado miembro. Los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados en virtud del Reglamento  (UE) 2023/1114 podrían quedar exentos de comunicar dicha información en los Estados miembros en los que estén en posesión de la autorización si la correspondiente comunicación tiene lugar en un territorio no perteneciente a la Unión y en la medida en que exista un acuerdo de cualificación vigente entre autoridades competentes. A su vez, el territorio cualificado no perteneciente a la Unión comunicaría dicha información a las administraciones tributarias de los Estados miembros en los que residan los usuarios de criptoactivos. Este mecanismo debe aplicarse cuando proceda, a fin de evitar que se comunique y transmita la información correspondiente más de una vez.

(23)

La presente Directiva no sustituye otras obligaciones más amplias derivadas del Reglamento XXX .

(23)

La presente Directiva no sustituye otras obligaciones más amplias derivadas del Reglamento  (UE) 2023/1114 o del Reglamento (UE) 2023/1113 .

(24)

Con el fin de fomentar la convergencia y promover una supervisión coherente con el Reglamento  XXX , las autoridades nacionales competentes deben cooperar con otras autoridades o instituciones nacionales competentes y compartir la información pertinente.

(24)

Con el fin de fomentar la convergencia y promover una supervisión coherente con el Reglamento  (UE) 2023/1114 , las autoridades nacionales competentes deben cooperar con otras autoridades o instituciones nacionales competentes y compartir la información pertinente de manera efectiva y leal .

(26)

Para adaptarse a los cambios de los diferentes mercados y, así, poder hacer frente eficazmente a las conductas que constituyen fraude, elusión y evasión fiscales, es fundamental reforzar las disposiciones de la Directiva 2011/16/UE relativas a la información que debe comunicarse o intercambiarse. Dichas disposiciones deben reflejar los cambios observados en el mercado interior y a escala internacional, y llevar a una comunicación y a un intercambio de información eficaces. Por consiguiente, la Directiva incluye, entre otras cosas, las últimas incorporaciones al Estándar Común de Comunicación de Información de la OCDE, es decir, la integración de las disposiciones sobre el dinero electrónico y las monedas digitales de los bancos centrales, un marco claro y armonizado para las medidas de cumplimiento, y la ampliación del alcance de los acuerdos transfronterizos para particulares con un elevado patrimonio neto.

(26)

Para adaptarse a los cambios de los diferentes mercados y, así, poder hacer frente eficazmente a las conductas que constituyen fraude, elusión y evasión fiscales, es fundamental reforzar las disposiciones de la Directiva 2011/16/UE relativas a la información que debe comunicarse o intercambiarse. Dichas disposiciones deben reflejar los cambios observados en el mercado interior y a escala internacional, y llevar a una comunicación y a un intercambio de información eficaces. Por consiguiente, la Directiva incluye, entre otras cosas, las últimas incorporaciones al Estándar Común de Comunicación de Información de la OCDE, es decir, la integración de las disposiciones sobre el dinero electrónico y las monedas digitales de los bancos centrales, un marco claro y armonizado para las medidas de cumplimiento, y la ampliación del alcance de los acuerdos transfronterizos para particulares con un elevado patrimonio neto. Los Estados miembros deben utilizar los Comentarios al modelo de acuerdo entre autoridades competentes y el Estándar Común de Comunicación de Información, desarrollados por la OCDE, a fin de garantizar una aplicación y ejecución coherentes de la presente Directiva.

(26 bis)

Si bien varios países, incluidos muchos Estados miembros, están publicando información anónima y agregada por país —extraída de los informes país por país que se exigen en virtud de la Directiva del Consejo (UE) 2016/881 o de la acción 13 del Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios—, es lamentable que algunos Estados miembros no publiquen esta información en las bases de datos internacionales. La próxima revisión de la DCA debería contemplar una evaluación de la práctica de publicación de la información anonimizada y agregada por país y de la utilidad de un enfoque armonizado.

(27)

Los productos de dinero electrónico, tal como se definen en la Directiva 32009/110/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (31), se utilizan con frecuencia en la Unión, y el volumen de las operaciones y su valor agregado aumentan de manera constante. Sin embargo, los productos de dinero electrónico no están cubiertos explícitamente por la Directiva 2011/16/UE. Los Estados miembros adoptan enfoques diversos en relación con el dinero electrónico. Como consecuencia de ello, los productos relacionados con el dinero electrónico no siempre están cubiertos por las categorías existentes de renta y patrimonio de la Directiva 2011/16/UE. Por consiguiente, deben introducirse normas para garantizar que las obligaciones de comunicación de información se apliquen al dinero electrónico y a las fichas de dinero electrónico en virtud del Reglamento  XXX .

(27)

Los productos de dinero electrónico, tal como se definen en la Directiva 2009/110/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (31), se utilizan con frecuencia en la Unión, y el volumen de las operaciones y su valor agregado aumentan de manera constante. Sin embargo, los productos de dinero electrónico no están cubiertos explícitamente por la Directiva 2011/16/UE. Los Estados miembros adoptan enfoques diversos en relación con el dinero electrónico. Como consecuencia de ello, los productos relacionados con el dinero electrónico no siempre están cubiertos por las categorías existentes de renta y patrimonio de la Directiva 2011/16/UE. Por consiguiente, deben introducirse normas para garantizar que las obligaciones de comunicación de información se apliquen al dinero electrónico y a las fichas de dinero electrónico en virtud del Reglamento  (UE) 2023/1114 .

(28)

Con el fin de colmar las lagunas que permiten la evasión, la elusión y el fraude fiscales, debe exigirse a los Estados miembros que intercambien la información relativa a los ingresos derivados de dividendos no custodiados. Por lo tanto, los ingresos por dividendos no custodiados deben incluirse en las categorías de renta que están sujetas al intercambio automático y obligatorio de información .

(28)

Con el fin de colmar las lagunas que permiten la evasión, la elusión y el fraude fiscales, debe exigirse a los Estados miembros que intercambien la información relativa a los ingresos derivados de dividendos no custodiados y las ganancias de capital derivadas de bienes inmuebles . Se considera que se ha cumplido con el intercambio automático obligatorio de información si las autoridades competentes pueden consultar dicha información a través de registros nacionales o interconectados .

(28 bis)

Algunos tipos de ingresos y activos siguen estando excluidos del ámbito de aplicación del intercambio automático de información, lo que presenta un riesgo de elusión de las obligaciones fiscales. La Comisión debe evaluar la necesidad y la forma más adecuada de incluir la siguiente información sobre titularidad, partidas de rentas y activos no financieros en el intercambio automático de información, y presentar propuestas concretas: la titularidad real de los inmuebles y empresas; activos financieros; activos no financieros como el dinero en efectivo, las obras de arte, el oro u otros objetos de valor que se encuentren en puertos francos, depósitos aduaneros o cajas de seguridad; la propiedad de yates y aviones privados; y las cuentas en grandes plataformas de préstamos entre particulares, de financiación participativa y similares.

(29)

El número de identificación fiscal (NIF) es esencial para que los Estados miembros puedan cotejar la información recibida con los datos de las bases de datos nacionales, y mejora la capacidad de los Estados miembros para identificar a los contribuyentes pertinentes y evaluar correctamente los impuestos correspondientes. Por lo tanto, es importante que los Estados miembros exijan que se indique el NIF en el contexto de los intercambios relacionados con cuentas financieras, los acuerdos previos con efecto transfronterizo y los acuerdos previos sobre precios de transferencia, los informes país por país, los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información y la información sobre los vendedores en plataformas digitales.

(29)

El número de identificación fiscal (NIF) es esencial para que los Estados miembros puedan cotejar la información recibida con los datos de las bases de datos nacionales, y mejora la capacidad de los Estados miembros para identificar a los contribuyentes pertinentes y evaluar correctamente los impuestos correspondientes. Por lo tanto, es importante que los Estados miembros exijan que se indique el NIF en el contexto de los intercambios relacionados con cuentas financieras, los acuerdos previos con efecto transfronterizo y los acuerdos previos sobre precios de transferencia, los informes país por país, los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información y la información sobre los vendedores en plataformas digitales y criptoactivos. No obstante, cuando no se conozca el NIF, las autoridades competentes de los Estados miembros podrían no cumplir dicha obligación.

(29 bis)

Un NIF europeo permitiría a cualquier autoridad identificar y registrar los NIF de forma rápida, sencilla y correcta en las relaciones transfronterizas, y constituiría una base para la eficacia del intercambio automático de información entre las administraciones tributarias de los Estados miembros. Por consiguiente, la Comisión debe volver a estudiar la creación de un NIF europeo, en particular su valor añadido y su potencial impacto.

(33)

Es importante que, por principio, la información comunicada con arreglo a la Directiva 2011/16/UE se utilice para la determinación, administración y aplicación de los impuestos que entren en el ámbito de aplicación material de dicha Directiva. Si bien no se excluía hasta ahora, han surgido dudas en cuanto al uso de la información, debido a la imprecisión del marco. Habida cuenta de los vínculos entre el fraude, la evasión y la elusión fiscales y la lucha contra el blanqueo de capitales, así como las sinergias en materia de aplicación, conviene aclarar que la información comunicada entre los Estados miembros también puede utilizarse para la determinación, administración y aplicación de los derechos de aduana, así como para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

(33)

Es importante que, por principio, la información comunicada con arreglo a la Directiva 2011/16/UE se utilice para la determinación, administración y aplicación de los impuestos que entren en el ámbito de aplicación material de dicha Directiva. Si bien no se excluía hasta ahora, han surgido dudas en cuanto al uso de la información, debido a la imprecisión del marco. Habida cuenta de los vínculos entre el fraude, la evasión y la elusión fiscales y la lucha contra el blanqueo de capitales, así como las sinergias en materia de aplicación, conviene aclarar que la información comunicada entre los Estados miembros también puede utilizarse para la determinación, administración y aplicación de los derechos de aduana, así como para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sin embargo, las disposiciones de la presente Directiva no deben duplicar las disposiciones del marco de la Unión para la lucha contra el blanqueo de capitales, ni solaparse de modo significativo con ellas.

(34)

La Directiva 2011/16/UE establece la posibilidad de utilizar la información intercambiada con fines distintos de la fiscalidad directa e indirecta en la medida en que el Estado miembro que efectúa la comunicación haya especificado en una lista el fin para el que autoriza el uso de dicha información. Sin embargo, el procedimiento para tal uso es engorroso, ya que es necesario consultar al Estado miembro que efectúa la comunicación antes de que el Estado miembro que recibe la comunicación pueda utilizar la información para otros fines. La supresión de dicho requisito de consulta debe aliviar la carga administrativa y permitir que las autoridades tributarias puedan actuar rápidamente cuando sea necesario. Por lo tanto, no debe exigirse la consulta al Estado miembro que efectúa la comunicación cuando el uso previsto de la información esté incluido en una lista elaborada previamente por dicho Estado miembro.

(34)

La Directiva 2011/16/UE establece la posibilidad de utilizar la información intercambiada con fines distintos de la fiscalidad directa e indirecta en la medida en que el Estado miembro que efectúa la comunicación haya especificado en una lista el fin para el que autoriza el uso de dicha información. Sin embargo, el procedimiento para tal uso es engorroso, ya que es necesario consultar al Estado miembro que efectúa la comunicación antes de que el Estado miembro que recibe la comunicación pueda utilizar la información para otros fines. La supresión de dicho requisito de consulta debe aliviar la carga administrativa y permitir que las autoridades tributarias puedan actuar rápidamente cuando sea necesario. Por lo tanto, no debe exigirse la consulta al Estado miembro que efectúa la comunicación cuando el uso previsto de la información esté incluido en una lista elaborada previamente por dicho Estado miembro. Esta lista puede incluir el uso de la información de datos no relacionados con la fiscalidad por parte de las autoridades locales en el marco de los umbrales y limitaciones correspondientes a la prestación de determinados servicios, como los servicios prestados a través de una plataforma en línea concreta.

(35 bis)

Cada uno de los Estados miembros debe hacer un uso efectivo de la información adquirida a través de la comunicación o el intercambio de información en virtud de la Directiva 2011/16/UE. Por tanto, en cada Estado miembro se debe introducir un mecanismo que garantice el uso efectivo. lo que incluirá el análisis de riesgos de los datos.

(36)

Con el fin de potenciar la utilización eficiente de los recursos, facilitar el intercambio de información y evitar la necesidad de que cada Estado miembro realice modificaciones similares de sus sistemas de almacenamiento de información, debe crearse un directorio central al que puedan acceder todos los Estados miembros y la Comisión, en el que los Estados miembros cargarían y almacenarían la información comunicada, en lugar de intercambiarla por correo electrónico seguro. La Comisión debe adoptar las disposiciones prácticas necesarias para la creación de dicho directorio central.

(36)

Con el fin de potenciar la utilización eficiente de los recursos, facilitar el intercambio de información y evitar la necesidad de que cada Estado miembro realice modificaciones similares de sus sistemas de almacenamiento de información, debe crearse un directorio central al que puedan acceder todos los Estados miembros y la Comisión, en el que los Estados miembros cargarían y almacenarían la información comunicada, en lugar de intercambiarla por correo electrónico seguro. Este esfuerzo también debe aumentar el intercambio de buenas prácticas sobre cómo aplicar las herramientas digitales en las administraciones tributarias para reducir los costes de cumplimiento y la burocracia, y mejorar la eficacia y la eficiencia al mismo tiempo, y teniendo en cuenta la necesidad de formar a los recursos humanos. La Comisión debe adoptar las disposiciones prácticas necesarias para la creación de dicho directorio central.

(36 bis)

La Comisión está facultada para elaborar informes y documentos, utilizando la información intercambiada preservando el anonimato, a fin de atender al derecho de los contribuyentes a la confidencialidad y de cumplir el Reglamento (CE) n.o 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. La publicación anual de las estadísticas anonimizadas y agregadas de los informes país por país, también las relativas a los tipos impositivos efectivos, de todos los Estados miembros contribuye a mejorar la calidad del debate público sobre los asuntos fiscales.

(39)

A fin de garantizar el cumplimiento de la Directiva 2011/16/UE, los Estados miembros deben establecer el régimen de sanciones y otras medidas de cumplimiento , que deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Cada Estado miembro debe aplicar dicho régimen de conformidad con su legislación nacional y con las disposiciones establecidas en la presente Directiva.

(39)

A fin de garantizar una aplicación adecuada de las normas contempladas en la presente Directiva, los Estados miembros deben establecer el régimen de sanciones , aplicable al incumplimiento de las disposiciones nacionales relativas al intercambio obligatorio de la información notificada por los proveedores de servicios de criptoactivos , que deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Al hacerlo, cada Estado miembro debe asegurarse de que identifica correctamente a la parte infractora en cada caso de incumplimiento. Los Estados miembros deben introducir un régimen temporal de reducción de sanciones durante al menos tres años para las pymes en relación con el artículo 8 bis quinquies.

(40)

Para garantizar un nivel de eficacia adecuado en todos los Estados miembros, deben establecerse unos niveles mínimos de las sanciones en relación con dos conductas que se consideran graves: la ausencia de comunicación después de dos recordatorios administrativos y la comunicación de información que contenga datos incompletos, incorrectos o falsos que afecten de forma sustancial a la integridad y fiabilidad de la información comunicada. Los datos incompletos, incorrectos o falsos afectan de forma sustancial a la integridad y fiabilidad de la información comunicada cuando representan más del 25 % de la totalidad de los datos que el contribuyente o la entidad que comunica la información debería haber comunicado correctamente de conformidad con la información requerida tal y como se establece en el anexo VI, sección II, apartado B . Estos niveles mínimos de las sanciones no deben impedir que los Estados miembros apliquen sanciones más estrictas a estos dos tipos de infracciones. Los Estados miembros deben seguir aplicando sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas a otros tipos de infracciones.

(40)

Para garantizar un nivel de eficacia adecuado en todos los Estados miembros, al tiempo que se aplican la Directiva 2014/107/UE del Consejo y la Directiva (UE) 2016/881 del Consejo especialmente, deben establecerse unos niveles mínimos de las sanciones en relación con dos conductas que se consideran graves: la ausencia de comunicación después de dos recordatorios administrativos y la comunicación de información que contenga datos incompletos, incorrectos o falsos que afecten de forma sustancial a la integridad y fiabilidad de la información comunicada. Los datos incompletos, incorrectos o falsos afectan de forma sustancial a la integridad y fiabilidad de la información comunicada cuando representan más del 25 % de la totalidad de los datos que el contribuyente o la entidad que comunica la información debería haber comunicado correctamente de conformidad con la información requerida tal y como se establece en los anexos . Estos niveles mínimos de las sanciones no deben impedir que los Estados miembros apliquen sanciones más estrictas a estos dos tipos de infracciones. Los Estados miembros deben seguir aplicando sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas a otros tipos de infracciones.

(42 bis)

Conforme a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-694/20, la Directiva 2011/16/UE debe modificarse de modo tal que sus disposiciones no tengan como consecuencia imponer a los abogados que actúan como intermediarios, y que están exentos de la obligación de comunicación de información por su prerrogativa de secreto profesional, la obligación de notificar sin demora sus obligaciones de comunicación de información a cualesquier otros intermediarios que no sean sus clientes, al tiempo que se mantiene la obligación de los intermediarios de notificar sin demora a sus clientes sus obligaciones de comunicación de información.

(44 bis)

(44 ter)

Las sucesivas revisiones del marco legislativo de la Unión sobre el intercambio de información deben quedar reflejadas en los acuerdos con terceros países. Por lo tanto, cuando exista un acuerdo firmado, deben preverse revisiones.

a)

a efectos del artículo 8, apartado 1, y de los artículos 8 bis a 8 bis quinquies, la comunicación sistemática de información preestablecida a otro Estado miembro, sin solicitud previa, a intervalos regulares fijados con anterioridad. A efectos del artículo 8, apartado 1, por información disponible se entenderá la información recogida en los expedientes fiscales del Estado miembro que comunique la información y que se pueda obtener de conformidad con los procedimientos de recopilación y tratamiento de la información de dicho Estado miembro;

a)

a efectos del artículo 8, apartado 1, y de los artículos 8 bis a 8 bis quinquies, la comunicación sistemática de información preestablecida y nueva a otro Estado miembro, sin solicitud previa, a intervalos regulares fijados con anterioridad. A efectos del artículo 8, apartado 1, por información disponible se entenderá la información recogida en los expedientes fiscales del Estado miembro que comunique la información y que se pueda obtener de conformidad con los procedimientos de recopilación y tratamiento de la información de dicho Estado miembro;

a bis)

el punto 14 se modifica como sigue:

14.

«acuerdo previo con efecto transfronterizo» : todo acuerdo, comunicación, o cualquier otro instrumento o acción con efectos similares, incluso uno formulado, modificado o renovado en el contexto de una inspección fiscal, y que cumpla las condiciones siguientes:

«14.

“acuerdo previo”: todo acuerdo, comunicación, o cualquier otro instrumento o acción con efectos similares, incluso uno formulado, modificado o renovado en el contexto de una inspección fiscal , independientemente de su naturaleza formal, informal, jurídicamente vinculante o no , y que cumpla las condiciones siguientes:

a)

sea formulado, modificado o renovado por, o en nombre del gobierno o la autoridad fiscal de un Estado miembro, o de las subdivisiones territoriales o administrativas de dicho Estado miembro, incluidas las autoridades locales, con independencia de que el acuerdo se utilice efectivamente;

a)

sea formulado, modificado o renovado por, o en nombre del gobierno o la autoridad fiscal de un Estado miembro, o de las subdivisiones territoriales o administrativas de dicho Estado miembro, incluidas las autoridades locales, con independencia de que el acuerdo se utilice efectivamente;

b)

sea formulado, modificado o renovado a una persona determinada o a un grupo de personas determinado, y que dicha persona o grupo de personas tenga derecho a invocarlo;

b)

sea formulado, modificado o renovado a una persona determinada o a un grupo de personas determinado, y que dicha persona o grupo de personas tenga derecho a invocarlo;

c)

se refiera a la interpretación o a la aplicación de una disposición legal o administrativa relativa a la administración o la observancia de las legislaciones tributarias nacionales del Estado miembro o de las subdivisiones territoriales o administrativas de los Estados miembros, incluidas las autoridades locales;

c)

se refiera a la interpretación o a la aplicación de una disposición legal o administrativa relativa a la administración o la observancia de las legislaciones tributarias nacionales del Estado miembro o de las subdivisiones territoriales o administrativas de los Estados miembros, incluidas las autoridades locales;

d)

se refiera a una transacción transfronteriza o a la cuestión de si las actividades ejercidas por una persona en otra jurisdicción dan lugar o no a un establecimiento permanente, y

e)

se produzca con anterioridad a las transacciones o a las actividades en otra jurisdicción que puedan constituir un establecimiento permanente, o con anterioridad a la presentación de una declaración fiscal correspondiente al período en el que la transacción o la serie de transacciones o actividades hayan tenido lugar. La transacción transfronteriza podrá incluir, entre otras cosas, la realización de inversiones, el suministro de bienes, servicios o fondos o el uso de activos tangibles o intangibles y no ha de implicar necesariamente la intervención directa de la persona destinataria del acuerdo previo con efecto transfronterizo;

e)

se produzca con anterioridad a las transacciones o a las actividades en otra jurisdicción que puedan constituir un establecimiento permanente, o con anterioridad a la presentación de una declaración fiscal correspondiente al período en el que la transacción o la serie de transacciones o actividades hayan tenido lugar. La transacción podrá incluir, entre otras cosas, la realización de inversiones, el suministro de bienes, servicios o fondos o el uso de activos tangibles o intangibles y no ha de implicar necesariamente la intervención directa de la persona destinataria del acuerdo previo;»

a ter)

se suprime el punto 16.

33.

«Estado miembro de origen», el Estado miembro de origen tal como se define en el Reglamento XXX.

33.

«Estado miembro de origen», el Estado miembro de origen tal como se define en el artículo 3, apartado 1, punto 33, del Reglamento (UE) 2023/1114.

34.

«dirección de registro descentralizado», la dirección de registro descentralizado tal como se define en el Reglamento  XXX.» .

34.

«dirección de registro descentralizado» o «dirección de registro distribuido» , la dirección de registro descentralizado tal como se define en el artículo 3, apartado 1, punto 18, del Reglamento  (UE) 2023/1113 .

34 bis.

34 ter.

34 quater.

1 bis)

e)

propiedad de bienes inmuebles y rendimientos inmobiliarios ;

e)

propiedad , rendimientos y plusvalías de bienes inmuebles;

b bis)

en el apartado 2, se añade el párrafo siguiente:

b ter)

el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

b quater)

en el apartado 3 bis, párrafo segundo, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

a )

el nombre, domicilio, NIF y lugar y fecha de nacimiento (en el caso de una persona física) de cada «persona sujeta a comunicación de información» que sea «titular de la cuenta» y, en el caso de una «entidad» que sea «titular de la cuenta» y que, tras la aplicación de normas de diligencia debida conformes con los anexos, sea identificada como «entidad» con una o varias «personas que ejercen el control» que sean «personas sujetas a comunicación de información», el nombre, domicilio y NIF de la «entidad» y el nombre, domicilio, NIF y fecha y lugar de nacimiento de cada «persona sujeta a comunicación de información»;

«a )

el nombre, domicilio, NIF y lugar y fecha de nacimiento (en el caso de una persona física) de cada “persona sujeta a comunicación de información” que sea “titular de la cuenta” y, en el caso de una “entidad” que sea “titular real de la cuenta” y que, tras la aplicación de normas de diligencia debida conformes con los anexos, sea identificada como “entidad” con una o varias “personas que ejercen el control” que sean “personas sujetas a comunicación de información”, el nombre, domicilio y NIF de la “entidad” y el nombre, domicilio, NIF y fecha y lugar de nacimiento de cada “persona sujeta a comunicación de información”;».

-a)

ii bis)

se suprime el párrafo cuarto;

b bis)

en el apartado 3, se añade el párrafo siguiente:

i bis)

la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

b )

un resumen del acuerdo previo con efecto transfronterizo o del acuerdo previo sobre precios de transferencia, que incluya una descripción de la actividad empresarial o las transacciones o series de transacciones pertinentes y cualquier otra información que pueda ayudar a la autoridad competente a evaluar un posible riesgo fiscal, que no constituya divulgación de un secreto comercial, industrial o profesional ni de un procedimiento comercial, ni de una información cuya divulgación sea contraria al interés público;

«b )

un resumen del acuerdo previo o del acuerdo previo sobre precios de transferencia, que incluya una descripción de la actividad empresarial o las transacciones o series de transacciones pertinentes , todas las consecuencias fiscales directas e indirectas pertinentes, como los tipos impositivos efectivos, y cualquier otra información que pueda ayudar a la autoridad competente a evaluar un posible riesgo fiscal, pero que omita la información que pudiera conducir a la divulgación de un secreto comercial, industrial o profesional ni de un procedimiento comercial, ni de una información cuya divulgación sea contraria al interés público;».

3 bis)

3 ter.

c)

un resumen del contenido del mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información, que incluya una referencia a la denominación por la que se le conozca comúnmente, en su caso, y una descripción de los mecanismos pertinentes y cualquier otra información que pueda ayudar a la autoridad competente a evaluar un posible riesgo fiscal, que no dé lugar a la revelación de un secreto comercial, industrial o profesional o de un procedimiento comercial, o a la de una información cuya revelación sea contraria al interés público;

c)

un resumen del contenido del mecanismo sujeto a comunicación de información, que incluya una referencia a la denominación por la que se le conozca comúnmente, en su caso, y una descripción de los mecanismos pertinentes , la repercusión prevista en los tipos impositivos efectivos del contribuyente en el Estado miembro requerido y cualquier otra información que pueda ayudar a la autoridad competente a evaluar un posible riesgo fiscal, si bien omitiendo información que pueda dar lugar a la revelación de un secreto comercial, industrial o profesional o de un procedimiento comercial, o a la de una información cuya revelación sea contraria al interés público;

4 bis.

i)

el valor justo de mercado agregado, así como el número de unidades y el valor de las transferencias realizadas por el proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información a direcciones de registro descentralizado, tal como se definen en el Reglamento XXX , a las que no se les conoce asociación alguna con un proveedor de servicios de activos virtuales ni con una entidad financiera .

i)

el valor justo de mercado agregado, así como el número de unidades y el valor de las transferencias realizadas por el proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información a direcciones de registro descentralizado, tal como se definen en el artículo 3 , apartado 1, punto 18, del Reglamento (UE) 2023/1113 .

6 bis.

6 ter.

6 quater.

a)

el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

b)

se inserta el apartado siguiente:

a)

la auditoría conjunta implicaría llevar a cabo investigaciones o comunicar información en violación de la legislación del Estado miembro requerido;

b)

por motivos legales, la autoridad requirente no puede comunicar información similar a la que se esperaría que el Estado miembro requerido facilitase durante la auditoría conjunta.

7 bis.

9 bis.

11 bis.

a)

el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

b)

el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

c)

la autoridad de ejercer control dentro de la persona jurídica.

c)

en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas a fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 8 bis ter, la sanción pecuniaria mínima no será inferior a 50 000  EUR cuando el volumen de negocios anual del intermediario o del contribuyente de que se trate sea inferior a seis millones EUR y no será inferior a 150 000  EUR cuando el volumen de negocios sea igual o superior a seis millones EUR; la sanción pecuniaria mínima no será inferior a 20 000  EUR cuando el intermediario o el contribuyente de que se trate sea una persona física;

d)

en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas a fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 8 bis quater, la sanción pecuniaria mínima no será inferior a 50 000  EUR cuando el volumen de negocios anual del operador de plataforma obligado a comunicar información sea inferior a seis millones EUR y no será inferior a 150 000  EUR cuando el volumen de negocios sea igual o superior a seis millones EUR; la sanción pecuniaria mínima no será inferior a 20 000  EUR cuando el operador de plataforma obligado a comunicar información sea una persona física;

e)

en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas a fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 8 bis quinquies, la sanción pecuniaria mínima no será inferior a 50 000  EUR cuando el volumen de negocios anual del proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información sea inferior a seis millones EUR y no será inferior a 150 000  EUR cuando el volumen de negocios sea igual o superior a seis millones EUR; la sanción pecuniaria mínima no será inferior a 20 000  EUR cuando el proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información sea una persona física.

13 bis.

14 bis.

15 bis.

a)

las categorías de ingresos establecidas en el artículo 8, apartado 1, se amplíen a los activos financieros, incluidas las divisas y los activos no financieros, como los bienes inmuebles, el arte o la joyería, y las nuevas formas de almacenar patrimonio, como los puertos francos y las cajas de seguridad, incluidos los datos sobre la titularidad real final y el capital de cobertura;

b)

se amplíen las listas de elementos establecidas en el artículo 8, apartado 3 bis, incorporando los datos sobre la titularidad real final y abordando la elusión mediante segundas o múltiples residencias fiscales».

c)

si la cuenta es conjunta y, en tal caso, el número de titulares de la cuenta conjunta.

c)

si la cuenta es conjunta y, en tal caso, el número de titulares de la cuenta conjunta y la participación de cada uno de los titulares .

ii bis)

se añade el párrafo siguiente:

c bis)

se añade el párrafo siguiente:

1 bis)

a)

se suprime el apartado A;

b)

El apartado B se sustituye por el texto siguiente:

B .

Cuentas de entidad sujetas a revisión. Deberá someterse a revisión de conformidad con los procedimientos establecidos en el apartado D toda cuenta preexistente de entidad cuyo saldo o valor agregado a 31 de diciembre de 2015 exceda de un importe denominado en moneda nacional de cada Estado miembro que corresponda a 250 000 USD y toda cuenta preexistente de entidad que a 31 de diciembre de 2015 no exceda de dicha cantidad pero cuyo saldo o valor agregado exceda de dicha cantidad el último día de cualquier año civil posterior .

b)

cuya renta bruta es atribuible principalmente a la inversión, reinversión o negociación en activos financieros o en criptoactivos sujetos a comunicación de información, si la entidad es gestionada por otra entidad que es a su vez una institución de depósito, una institución de custodia, una compañía de seguros específica o una entidad de inversión descrita en el apartado A.6, letra a).

10.

Por «ficha de dinero electrónico» se entiende una ficha de dinero electrónico, tal como se define en el Reglamento  XXX .

10.

Por «ficha de dinero electrónico» se entiende una ficha de dinero electrónico, tal como se define en el artículo 3, apartado 1, punto 7, del Reglamento  (UE) 2023/1114 .

13.

Por «criptoactivo» se entiende un criptoactivo tal como se define en el Reglamento XXX .

13.

Por «criptoactivo» se entiende un criptoactivo tal como se define en el artículo 3, apartado 1, punto 5 del Reglamento (UE) 2023/1114 .

1.

una entidad autorizada en virtud del Reglamento  XXX;

1.

una entidad autorizada en virtud del Reglamento  (UE) 2023/1114.

B bis.

C.

La información enumerada en el apartado 3 se comunicará a más tardar el 31 de  enero del año civil siguiente al año al que se refiera la información. La primera información se comunicará respecto al año civil pertinente u otro período de referencia pertinente a partir del 1 de enero de 2026.

C.

La información enumerada en el apartado 3 se comunicará a más tardar el 31 de  julio del año civil siguiente al año al que se refiera la información. La primera información se comunicará respecto al año civil pertinente u otro período de referencia pertinente a partir del 1 de enero de 2026.

1.

Por «criptoactivo» se entenderá un criptoactivo tal como se define en el Reglamento XXX .

1.

Por «criptoactivo» se entenderá un criptoactivo tal como se define en el artículo 3, apartado 1, punto 5 del Reglamento (UE) 2023/1114 .

5.

Por «dinero electrónico» se entenderá el dinero electrónico tal como se define en la Directiva 2009/110/CE.  A efectos de la presente Directiva , el término «dinero electrónico» no incluye los productos creados con el único fin de facilitar la transferencia de fondos de un cliente a otra persona siguiendo las instrucciones de dicho cliente. Se considera que un producto no se ha creado con el único fin de facilitar la transferencia de fondos si, en el curso normal de la actividad de la entidad transmitente, o bien los fondos relacionados con dicho producto se mantienen más de sesenta días después de la recepción de las instrucciones para facilitar la transferencia, o bien, si no se reciben instrucciones, los fondos relacionados con dicho producto se mantienen más de sesenta días después de la recepción de los fondos.

5.

A efectos de la presente Directiva, por «dinero electrónico» se entenderá cualquier criptoactivo que: a) sea una representación digital de una única moneda fiat; b) se emita a la recepción de fondos a los efectos de efectuar operaciones de pago; c) esté representado por un crédito exigible a su emisor denominado en la misma moneda fiat; d) se acepte en pagos por parte de una persona física o jurídica distinta del emisor; y e) en virtud de los requisitos reglamentarios a los que está sujeto el emisor , sea reembolsable en cualquier momento y por el valor de paridad para la misma moneda fiat a petición del titular del producto. El término «dinero electrónico» no incluye los productos creados con el único fin de facilitar la transferencia de fondos de un cliente a otra persona siguiendo las instrucciones de dicho cliente. Se considera que un producto no se ha creado con el único fin de facilitar la transferencia de fondos si, en el curso normal de la actividad de la entidad transmitente, o bien los fondos relacionados con dicho producto se mantienen más de sesenta días después de la recepción de las instrucciones para facilitar la transferencia, o bien, si no se reciben instrucciones, los fondos relacionados con dicho producto se mantienen más de sesenta días después de la recepción de los fondos.

6.

Por «ficha de dinero electrónico» se entenderá una ficha de dinero electrónico, tal como se define en el Reglamento XXX .

6.

Por «ficha de dinero electrónico» se entenderá una ficha de dinero electrónico, tal como se define en el artículo 3, apartado 1, punto 7, del Reglamento  (UE) 2023/1114 .

7.

Por «tecnología de registro descentralizado» (TRD) se entenderá la tecnología de registro descentralizado o TRD, tal como se define en el Reglamento XXX .

7.

Por «tecnología de registro descentralizado» (TRD) se entenderá la tecnología de registro descentralizado o TRD, tal como se define en el artículo 3, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) 2023/1114 .

1.

Por «proveedor de servicios de criptoactivos» se entenderá un proveedor de servicios de criptoactivos tal como se define en el Reglamento  XXX .

1.

Por «proveedor de servicios de criptoactivos» se entenderá un proveedor de servicios de criptoactivos tal como se define en el artículo 3, apartado 1, punto 15 del Reglamento  (UE) 2023/1114 .

4.

Por «servicios de criptoactivos» se entenderá servicios de criptoactivos tal como se definen en el Reglamento XXX , incluido el almacenamiento ( «staking» ) y los préstamos .

4.

Por «servicios de criptoactivos» se entenderá servicios de criptoactivos tal como se definen en el artículo 3 , apartado 1, punto 16, del Reglamento  ( UE )  2023/1114 .

4.

Por «operación de pago minorista sujeta a comunicación de información» se entenderá una transferencia de criptoactivos sujetos a comunicación de información a cambio de bienes o servicios por un valor superior a 50 000   EUR .

4.

Por «operación de pago minorista sujeta a comunicación de información» se entenderá una transferencia de criptoactivos sujetos a comunicación de información a cambio de bienes o servicios por un valor superior a 50 000   USD (o el importe equivalente en cualquier otra divisa) .

2.

Cuando un usuario de criptoactivos no facilite la información requerida en la sección III después de recibir dos recordatorios tras la solicitud inicial de un proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información, pero no antes de que expire el plazo de sesenta días, el proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información impedirá al usuario de criptoactivos realizar operaciones de canje.

2.

Cuando un usuario de criptoactivos no facilite la información requerida en la sección III después de recibir dos recordatorios tras la solicitud inicial de un proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información, pero no antes de que expire el plazo de sesenta días, el proveedor de servicios de criptoactivos obligado a comunicar información impedirá al usuario de criptoactivos realizar operaciones de canje ; dicha limitación se levantará inmediatamente una vez que el usuario de criptoactivos facilite la información requerida .