10Al responder a dicha cuestión, el Tribunal de Justicia declaró en los apartados 17 a 19 del auto Enosi Efopliston Aktoploïas y otras, antes citado, lo siguiente:17[…] cuando el Reglamento de que se trate da a un Estado miembro un determinado plazo para cumplir las obligaciones que se derivan del mismo, no puede ser invocado por los particulares antes de la expiración del referido plazo (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de noviembre de 1992, Hansa Fleisch Ernst Mundt, C-156/91, Rec. p. I-5567, apartado 20).18Respecto al Reglamento no 3577/92, de su artículo 6, apartados 2 y 3, se desprende que el cabotaje relativo a las islas griegas, para servicios regulares de pasajeros y de transbordadores, así como para servicios prestados por buques de menos de 650 TB, queda excluido de la aplicación de dicho Reglamento hasta el 1 de enero de 2004. El tenor literal de esta disposición es tal que no permite excepciones a la referida exclusión temporal. De ello se deduce que, en este sector concreto del cabotaje, el Reglamento sólo comenzó a surtir efecto a partir del 1 de enero de 2004, por lo que sólo puede conferir derechos a los particulares a partir de esa fecha (véase también, en este sentido, la sentencia [de 14 de diciembre de 1971,] Politi, [43/71, Rec. p. 1039], apartado 10).19Esta interpretación no queda desvirtuada por el razonamiento que hizo el Tribunal de Justicia en el apartado 45 de la sentencia de 18 de diciembre de 1997, Inter-Environnement Wallonie (C-129/96, Rec. p. I-7411), en el que declaró que, si bien los Estados miembros no están obligados a adoptar medidas antes de expirar el plazo de adaptación del Derecho interno, de la aplicación del artículo 10 CE, párrafo segundo, en relación con el artículo 249 CE, párrafo tercero, así como de la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos (DO L 78, p. 32), se deduce que durante dicho plazo deben abstenerse de adoptar disposiciones que puedan comprometer gravemente el resultado prescrito por la Directiva. En efecto, aun suponiendo que la exclusión temporal que establece el Reglamento no 3577/92 pudiera equipararse al plazo de adaptación del Derecho interno a una directiva, de la resolución de remisión no se desprende en modo alguno que en los litigios principales se haya reprochado a la República Helénica haber adoptado disposiciones que pudieran comprometer gravemente la aplicación de dicho Reglamento a partir del 1 de enero de 2004.
12Por considerar que la solución de los litigios de que conoce requiere una interpretación complementaria de los artículos 10 CE, 49 CE y 249 CE, y de determinadas disposiciones del Reglamento no 3577/92, el Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:- 1)Habida cuenta del artículo 10 CE, párrafo segundo, y del artículo 249 CE, párrafo segundo:
- a)¿Estaba el legislador griego, durante el período de exclusión de la aplicación del Reglamento no 3577/92 […], que el artículo 6, apartado 3, de éste estableció para la República Helénica hasta el 1 de enero de 2004, obligado a abstenerse de adoptar disposiciones que pudieran comprometer gravemente la aplicación plena y efectiva de dicho Reglamento en Grecia a partir del 1 de enero de 2004?
- b)¿Están facultados los particulares para invocar el citado Reglamento con objeto de impugnar la validez de disposiciones adoptadas por el legislador griego antes del 1 de enero de 2004, en caso de que estas disposiciones nacionales comprometan gravemente la aplicación plena y efectiva de dicho Reglamento en Grecia a partir del 1 de enero de 2004?
- 2)En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿la adopción por el legislador griego, antes del 1 de enero de 2004, de disposiciones de carácter exhaustivo y permanente que no prevén el cese de su aplicación a partir del 1 de enero de 2004 y que son contrarias a lo dispuesto por el Reglamento no 3577/92, compromete gravemente la plena aplicación de dicho Reglamento en Grecia a partir del 1 de enero de 2004?
- 3)En caso de respuesta afirmativa a las dos primeras cuestiones prejudiciales, ¿permiten los artículos 1, 2 y 4 del Reglamento no 3577/92 la adopción de disposiciones nacionales con arreglo a las cuales los armadores únicamente pueden prestar servicios de cabotaje marítimo en determinadas líneas, establecidas cada año por la autoridad nacional competente, previa autorización administrativa concedida en el marco de un sistema de autorización que tiene las siguientes características:
- a)se aplica, sin excepción, a todas las líneas entre las islas;
- b)permite a las autoridades nacionales aceptar una solicitud de autorización de destino a un servicio regular modificando unilateralmente, de manera discrecional y sin determinar previamente los criterios aplicados, los datos de la solicitud relativos a la frecuencia del servicio y al período de interrupción de éste, así como al flete?
- 4)En caso de respuesta afirmativa a las dos primeras cuestiones prejudiciales, ¿debe considerarse que constituye una restricción ilícita a la libre prestación de servicios, en el sentido del artículo 49 CE, una normativa nacional que establece que el armador al que la Administración ha concedido una autorización para destinar un buque a una línea determinada (aceptando la solicitud al efecto tal y como fue presentada o tras haberla modificado en algunos extremos, de acuerdo con el armador) está obligado, en principio, a prestar un servicio ininterrumpido en dicha línea durante todo el período anual de servicio y a presentar antes de comenzar las operaciones de navegación una garantía para asegurar el cumplimiento de dicha obligación, garantía que se hará efectiva, total o parcialmente, en caso de incumplimiento o de cumplimiento parcial de la obligación en cuestión?