T-114/9961999B01140001.000133341335522TAUTO DE 9.11.1999 — ASUNTO T-114/99CSR PAMPRYL / COMISIÓN<TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Primera Instancia</HT> (Sala Primera)</P><P>de <DATE ISO="19991109">9 de noviembre de 1999</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: francés.</P></NOTE></P></TI>

En el asunto T-114/99,

CSR Pampryl SA, sociedad francesa, con domicilio social en La Courneuve (Francia), representada por Me Dominique Couturier-Heller, Abogado de Paris, que designa corno domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Pierrot Schütz, 4, rue Beatrix de Bourbon,

parte demandante,contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. José Luis Iglesias Buhigues, Consejero Jurídico, y Xavier Lewis, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación del Reglamento (CE) n° 378/1999 de la Comisión, de 19 de febrero de 1999, que completa el Anexo del Reglamento (CE) n° 2400/96 relativo a la inscripción de determinadas denominaciones en el Registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas establecido en el Reglamento (CEE) n° 2081/92 del Consejo relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 46, p. 13), en la medida en que registra como denominación de origen protegida las denominaciones Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera),

integrado por los Sres.: B. Vesterdorf, Presidente, C.W. Bellamy y M. Vilaras, Jueces;

Secretario: Sr. H. Jung;

dicta el siguiente

<TI><P>Auto</P></TI><TI><P>Contexto jurídico</P></TI>1El Reglamento (CEE) n° 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 208, p. 1; en lo sucesivo, Reglamento n° 2081/92), establece, a tenor de su artículo 1, las normas relativas a la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas de que se pueden beneficiar determinados productos agrícolas y alimenticios.2El artículo 2, apartado 2, letra a), dei Reglamento n° 2081/92 define la denominación de origen como el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.3El registro como denominación de origen protegida (DOP) de la denominación de un producto agrícola o de un producto alimenticio, que, para ello, deba cumplir los requisitos establecidos por el Reglamento n° 2081/92 y, en particular, ajustarse a un pliego de condiciones previsto en el artículo 4 de dicho Reglamento, confiere una protección comunitaria a esa denominación.4Los artículos 5 a 7 del Reglamento n° 2081/92, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n° 535/97 del Consejo, de 17 de marzo de 1997 (DO L 83, p. 3), establecen un procedimiento de registro que permite, a toda agrupación, definida como una organización de productores y/o de transformadores interesados en el mismo producto agrícola o en el mismo producto alimenticio, o, en determinadas condiciones, a las personas físicas o jurídicas presentar una solicitud de registro de una denominación de origen protegida o de una indicación geográfica protegida para los productos agrícolas o alimenticios que produzcan u obtengan, originarios de la zona geográfica delimitada, en el Estado miembro en el que esté situada esa zona geográfica. El Estado miembro comprobará si la solicitud está justificada y la transmitirá a la Comisión, la cual, si considera que la denominación cumple los requisitos para ser protegida, publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas los datos específicos mencionados en el artículo 6, apartado 2, del Reglamento n° 2081/92.5A tenor del artículo 6, apartado 3, del Reglamento n° 2081/92:

Si no se notifica a la Comisión oposición alguna de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, la denominación se inscribirá en un Registro llevado por la Comisión y denominado Registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas, en el que figurarán los nombres de las agrupaciones y los organismos de control interesados.

6El artículo 7 del Reglamento n° 2081/92, en su versión modificada por el Reglamento n° 535/97, de 17 de marzo de 1997, antes citado, establece:

1.En un plazo de seis meses a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas mencionada en el apartado 2 del artículo 6, cualquier Estado miembro podrá declararse opuesto al registro.2.Las autoridades competentes de los Estados miembros velarán por que cualquier persona que pueda demostrar un interés económico legítimo sea autorizada a consultar la solicitud. Por otra parte, y de conformidad con la situación existente en los Estados miembros, éstos podrán autorizar el acceso a la solicitud de otras partes que tengan un interés legítimo.3.Cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada podrá oponerse al registro pretendido mediante el envío de una declaración debidamente motivada a la autoridad competente del Estado miembro en que resida o en que esté establecida. La autoridad competente adoptará las medidas que sean necesarias para tomar en consideración dichas observaciones o dicha oposición en los plazos requeridos.4.Para que sea admitida, toda declaración de oposición deberá:

bien demostrar el incumplimiento de las condiciones a que se refiere el artículo 2;

bien demostrar que el registro del nombre propuesto perjudicaría la existencia de una denominación total o parcialmente homónima o de una marca, o la existencia de productos que se encuentren legalmente en el mercado al menos durante los cinco años anteriores a la fecha de publicación prevista en el apartado 2 del artículo 6;

bien precisar los elementos que permitan concluir que el nombre cuyo registro se solicita tiene carácter genérico.

5.Cuando una oposición sea admisible con arreglo al apartado 4, la Comisión invitará a los Estados miembros interesados a que lleguen entre ellos a un acuerdo, de conformidad con sus respectivos procedimientos internos, en un plazo de tres meses:

a)en caso de que se llegue a tal acuerdo, dichos Estados miembros notificarán a la Comisión todos los elementos que hayan permitido dicho acuerdo y la opinión del solicitante y del oponente. Si la información recibida en virtud del artículo 5 no se ha modificado, la Comisión procederá con arreglo al apartado 4 del artículo 6. En caso contrario, volverá a iniciar el procedimiento establecido en el artículo 7;b)de no llegarse a un acuerdo, la Comisión adoptará una decisión de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 15, teniendo en cuenta los usos practicados cabal y tradicionalmente y los riesgos reales de confusión. Si se decide a proceder al registro, la Comisión llevará a cabo la publicación de conformidad con el apartado 4 del artículo 6.

<TI><P>Hechos que originaron el litigio</P></TI>7La demandante produce distintas variedades de sidra que, desde 1988, comercializa con diversas denominaciones entre las que se encuentra la indicación Pays d'Auge.8Mediante Decreto del Gobierno francés de 19 de marzo de 1996, se registró, a escala nacional, la denominación Pays d'Auge, como denominación de origen controlada. La demandante interpuso ante el Conseil d'État francés un recurso de anulación de dicho Decreto basándose en que, desde la entrada en vigor del Reglamento n° 2081/92, las autoridades francesas ya no tenían competencia para conceder tal protección mediante Decreto.9Mediante escrito de 17 de abril de 1997, el Gobierno francés comunicó a la Comisión, con arreglo al artículo 5, apartado 5, del Reglamento n° 2081/92, una solicitud de registro como DOP de las denominaciones Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer, formulada por una organización constituida para la promoción de sidras del Pays d'Auge.10Esta solicitud se publicó en el Diario Oficial C 120 de 18 de abril de 1998, de conformidad con el artículo 6, apartado 2, del Reglamento n° 2081/92.11Mediante escrito de 13 de octubre de 1998, la demandante dirigió a la autoridad francesa competente una declaración de oposición al registro, con arreglo al artículo 7 del Reglamento n° 2081/92, y pidió que ésta fuera remitida a la Comisión dentro del plazo señalado, es decir, antes del 18 de octubre de 1998. Según la demandante, la solicitud de registro infringe el artículo 2 del Reglamento 2081/92 por cuanto, por una parte, se refiere a un producto que no tiene especificidad alguna en cuanto al proceso de fabricación recomendado y, por otra, el pliego de condiciones que la acompaña prevé un proceso de fabricación exageradamente restrictivo.12El mismo día el Abogado de la demandante remitió a la Comisión una copia de dicha declaración de oposición.13Mediante escrito de 16 de octubre de 1998, el Jefe del service de la production et des marches de la direction de la production et des échanges del ministère de l'Agriculture et de la Pêche francés informó a la demandante de que su oposición no cumplía los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 2081/92 y que, por lo tanto, no sería remitida a la Comisión, habida cuenta, en particular, de que los motivos que la sustentaban ya habían sido tomados en consideración en el procedimiento de reconocimiento de la denominación de origen a escala nacional. El 16 de diciembre de 1998 la demandante promovió un recurso de anulación contra dicha decisión ante el Conseil d'État francés.14Mediante escrito y fax de 19 de octubre de 1998, el Director General de la Dirección General Agricultura (DG VI) de la Comisión señaló al representante permanente de Francia ante la Unión Europea que los días 13 y 15 de octubre de 1998 sus servicios habían recibido copias de tres declaraciones de oposición a la solicitud de registro controvertida, entre ellas la de la demandante. Puso de relieve que, en el caso de que el registro de las denominaciones de que se trata perjudicara a la existencia de una marca o de productos que se encontraran legalmente en el mercado durante los cinco años anteriores al 18 de abril de 1998, deberían remitirse las declaraciones de oposición a los servicios de la Comisión, acompañadas, en su caso, de los comentarios del Gobierno francés.15Mediante escrito de 9 de noviembre de 1998, la autoridad francesa competente respondió que, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 2081/92, había considerado que las referidas oposiciones no estaban justificadas y que, por lo tanto, había decidido no remitirlas a la Comisión.16La Comisión adoptó el Reglamento (CE) n° 378/1999, de 19 de febrero de 1999, que completa el Anexo del Reglamento (CE) n° 2400/96 relativo a la inscripción de determinadas denominaciones en el Registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas establecido en el Reglamento n° 2081/92 (DO L 46, p. 13; en lo sucesivo, Reglamento impugnado). Según el tercer considerando de dicho Reglamento, tras la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de las denominaciones que figuran en el anexo del presente Reglamento, la Comisión no ha recibido ninguna declaración de oposición, tal como se define en el artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 2081/92. En consecuencia, la Comisión consideró que las denominaciones Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer reunían los requisitos necesarios para ser inscritas en el Registro de las denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas y, por lo tanto, para ser protegidas en el plano comunitario como DOP.<TI><P>Procedimiento y pretensiones de las partes</P></TI>17El presente recurso se interpuso mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia de 11 de mayo de 1999.18Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal de. Primera Instancia el 5 de julio de 1999, con arreglo al artículo 114 del Reglamento de Procedimiento, la Comisión propuso una excepción de inadmisibilidad.19El 31 de agosto de 1999, la demandante presentó en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia sus observaciones escritas en respuesta a dicha excepción.20La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

Desestime la excepción de inadmisibilidad o, con carácter subsidiario, acumule el incidente al fondo del asunto.

Anule el Reglamento impugnado en lo que se refiere al Registro de las denominaciones Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer.

Condene en costas a la Comisión.

21La parte demandada solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

Declare la inadmisibilidad del recurso.

Condene en costas a la demandante.

22Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 de noviembre de 1999, la República Francesa solicitó intervenir en el procedimiento en apoyo de las pretensiones de la demandada.<TI><P>Sobre la admisibilidad del recurso</P></TI><TI><P>Alegaciones de las partes</P></TI>23La Comisión sostiene que no procede admitir el recurso, dado que el Reglamento impugnado es un acto de alcance general, que la demandante no se encuentra en una situación particular que la distinga de cualquier otra persona y que la demandante no participa en el procedimiento de registro a escala comunitaria.24En primer lugar, a su juicio, el Reglamento impugnado constituye, al igual que el Reglamento de base n° 2081/92, un acto de alcance general en el sentido del artículo 249 CE. Se dirige no a operadores determinados, sino a todos los productores que pueden beneficiarse de la denominación de autos, así como a todos aquellos que, aunque hayan utilizado dicha denominación, ya no cumplan los requisitos establecidos por la normativa comunitaria. Por lo tanto, dado que se trata de un acto normativo, procede acordar la inadmisión del recurso, conforme a reiterada jurisprudencia (sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 1982, Alusuisse/Consejo y Comisión, 307/81, Rec. p. 3463; autos del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 1995, Asocarne/Consejo, C-10/95 P, Rec. p. I-4149, y de 24 de abril de 1996, CNPAAP/Consejo, C-87/95 P, Rec. p. I-2003; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de julio de 1996, Weber/Comisión, T-482/93, Rec. p. II-609; véanse, en particular, en relación con Reglamentos sobre registro de denominaciones de origen protegidas o de indicaciones geográficas protegidas, los autos del Tribunal de Primera Instancia de 15 de septiembre de 1998, Molkerei Grossbraunshain y Bene Nahrungsmittel/Comisión, T-109/97, Rec. p. II-3533, apartado 51, y de 26 de marzo de 1999, Biscuiterie-confiserie LOR y Confiserie du Tech/Comisión, T-114/96, Rec. p. II-913, apartado 28).25En segundo lugar, el mero hecho de haber utilizado la denominación de autos no significa que el Reglamento afecte a la demandante por razón de determinadas cualidades que le son propias o de una situación de hecho que la caracteriza en relación con cualquier otra persona. A este respecto, la solución adoptada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 18 de mayo de 1994, Codorniu/Consejo (C-309/89, Rec. p. I-1853), no puede aplicarse al caso de autos.26En tercer lugar, el presente asunto no puede compararse con el que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de octubre de 1983, Fediol/Comisión (191/82, Rec. p. 2913). En efecto, en aquel asunto la Comisión se negó a incoar el procedimiento antisubvención previsto, a escala comunitaria, por la normativa controvertida, siendo así que dicha normativa concedía específicamente a toda empresa o federación de empresas comunitarias algunos derechos procesales, como los de presentar denuncias, a que se examinara la denuncia y a tener acceso a determinada información. En cambio, en el caso de autos el procedimiento de oposición previsto en el artículo 7 del Reglamento n° 2081/92 se desarrolla ante la autoridad competente del Estado miembro en el que reside o está establecida la oponente, durante la fase preparatoria de examen de la solicitud de registro. Considera la Comisión que la oponente únicamente tiene derecho a alegar sus observaciones a dicha autoridad, la cual sólo está obligada a tomar en consideración dichas observaciones o dicha oposición en los plazos requeridos. Por lo demás, en caso de admisión de la oposición, término que, en realidad, se refiere a su procedencia, se invita a los Estados miembros a que lleguen a un acuerdo entre ellos, sin intervención de los particulares (véase el auto Molkerei Grossbraunshain y Bene Nahrungsmittel/Comisión, antes citado, apartado 60).27La Comisión señala además que, si bien el artículo 7 del Reglamento n° 2081/92, en su apartado 3, brinda la posibilidad de oponerse al registro a cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada, el decimotercer considerando de dicho Reglamento se refiere expresamente a toda persona directa e individualmente interesada. A juicio de dicha Institución, estos términos, que se inspiran en los del artículo 230 CE, deben llevar a una interpretación más restrictiva de los requisitos de admisibilidad de dicha oposición. Por otra parte, un Reglamento del Consejo no puede ampliar los requisitos de admisibilidad establecidos en el Tratado.28Asimismo la Comisión alega que la responsabilidad de la decisión de no transmitir la oposición formulada por la demandante ante la autoridad francesa competente es exclusivamente imputable a esta última. Dado que se trata de un procedimiento puramente interno del que únicamente responde el Estado miembro de que se trata, considera que la demandante debe ejercer sus derechos ante los órganos jurisdiccionales nacionales.29Por último, la Comisión sostiene que, en virtud del artículo 7 del Reglamento n° 2081/92, no puede tomar en consideración una oposición formulada por una persona que no sea un Estado miembro, aun cuando estime que los Estados miembros están obligados a transmitirle toda oposición que cumpla los dos requisitos establecidos en el apartado 3 de dicha disposición.30La demandante considera que el Reglamento impugnado la afecta directa e individualmente.31En primer lugar, alega que no puede invocarse en su contra únicamente el motivo de inadmisibilidad inherente al alcance general de dicho Reglamento por cuanto demuestra que éste le atañe debido a determinadas cualidades que le son propias o de una situación de hecho que la caracteriza en relación con cualesquiera otras personas (sentencia Codorniu/Consejo, antes citada).32A renglón seguido expone que desde hace mucho tiempo comercializa sidras con la denominación Pays d'Auge. Afirma que produce más de un millón de botellas al año, lo que la coloca en una situación preponderante en relación con los demás productores de la región, cuya producción anual total es solamente de 400.000 botellas, sin distinción de marca. Por ello considera la demandante que está en una situación particular con respecto al Reglamento impugnado, que reserva el monopolio de la utilización de la denominación de que se trata a un grupo de productores de los que queda excluida.33La demandante sostiene asimismo que las personas especialmente designadas por el acto normativo en virtud del cual se adoptó el Reglamento controvertido o por este mismo, en principio, están legitimadas para interponer un recurso de anulación contra éste, dado que se encuentran en una situación de hecho que las caracteriza en relación con cualesquiera otras personas, en el sentido de la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión (25/62, Rec. pp. 197 y ss., especialmente p. 223).34Ahora bien, el decimotercer considerando del Reglamento n° 2081/92 anuncia que el procedimiento de registro deberá permitir a toda persona directa e individualmente interesada defender sus derechos notificando a la Comisión su oposición a través del Estado miembro, y el artículo 7 de dicho Reglamento define a las personas interesadas como cualquier persona que pueda demostrar un interés económico legítimo (apartador), o cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada (apartado 3).35En el caso de autos, la demandante sostiene que está legítimamente interesada en el registro de las denominaciones Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer, ya que tal registro le impedirá proseguir la comercialización de sus sidras con la denominación Pays d'Auge, aun cuando ocupa una posición preponderante en la producción y la comercialización de la sidra originaria de dicha región.36Por consiguiente, la demandante considera que el derecho a interponer un recurso de anulación ante el Juez comunitario es una consecuencia necesaria del derecho a intervenir en el procedimiento administrativo que se le reconoce del modo señalado. En tal sentido invoca la sentencia de 17 de junio de 1998, UEAPME/Consejo (T-135/96, Rec. p. II-2335), en la que el Tribunal de Primera Instancia consideró que el derecho a participar en el proceso de elaboración y de adopción de un acto normativo individualiza al particular que lo ostenta como si de un destinatario se tratara, confiriéndole así el derecho a actuar contra ese acto.37Ello es así, máxime cuando la demandante no ha podido hacer valer sus derechos ante la Comisión, al no haber sido remitida a ésta la oposición que había formulado conforme a Derecho ante las autoridades francesas, vulnerando las garantías procesales que reconoce específicamente a su favor el artículo 7 del Reglamento n° 2081/92 (véase la sentencia Fediol/Comisión, antes citada, p. 2935).38A la argumentación basada en el hecho de que la demandante no interviene en el procedimiento de registro a escala comunitaria, ésta responde que, según la tesis de la propia demandada, el Estado miembro está obligado a transmitir a la Comisión la oposición formulada por el particular, sin posibilidad alguna de apreciar su admisibilidad. Por lo tanto, el particular participa en el procedimiento comunitario y, a su juicio, está legitimado para acudir al Juez con el fin de que se respeten las garantías procesales que la normativa controvertida reconoce a su favor.39Por último, la demandante sostiene que la admisibilidad del presente recurso está relacionada con la pertinencia de una de las imputaciones formuladas en apoyo de su recurso de anulación, por lo que, en cualquier caso, la excepción de inadmisibilidad debe unirse al fondo del asunto (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 1996, Associazione agricoltori della provincia di Rovigo y otros/Comisión y otros, C-142/95 P, Rec. p. I-6669).<TI><P>Apreciación del Tribunal de Frimera Instancia</P></TI>40A tenor del artículo 114 del Reglamento de Procedimiento, si una parte lo solicita, el Tribunal de Primera Instancia puede decidir sobre la inadmisión sin entrar en el fondo del asunto. Con arreglo al apartado 3 del mismo artículo, salvo decisión en contrario del Tribunal de Primera Instancia, el resto del procedimiento se desarrollará oralmente. En el presente asunto el Tribunal de Primera Instancia considera que se halla suficientemente instruido por el examen de los autos para resolver sobre la demanda sin iniciar la fase oral.41En virtud del artículo 230 CE, párrafo cuarto, la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto contra un Reglamento por una persona física o jurídica está supeditada a que el Reglamento impugnado sea, en realidad, una decisión que la afecte directa e individualmente. Según reiterada jurisprudencia, el criterio de distinción entre un Reglamento y una Decisión reside en que el acto de que se trate tenga o no alcance general (autos Asocarne/Consejo, antes citado, apartado 28, y CNPAAP/Consejo, antes citado, apartado 33). Un acto tiene alcance general si se aplica a situaciones determinadas objetivamente y si produce sus efectos jurídicos en relación con categorías de personas contempladas de forma general y abstracta (véase la sentencia Weber/Comisión, antes citada, apartado 55).42En el caso de autos, el Reglamento impugnado garantiza a las denominaciones Pays d'Auge y Pays d'Auge-Cambremer, entre otras, la protección de las denominaciones de origen prevista por el Reglamento n° 2081/92, y su artículo 2, apartado 2, letra a), define la denominación de origen como el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada. Como ha señalado acertadamente la Comisión, el Reglamento impugnado, lejos de dirigirse a operadores económicos determinados, como la demandante, reconoce a todas las empresas cuyos productos se ajustan a las exigencias geográficas y cualitativas prescritas el derecho a comercializarlos con una de las denominaciones antes mencionadas y niega tal derecho a todas aquellas cuyos productos no cumplan dichos requisitos, los cuales son idénticos para todos los productores.43Por consiguiente, dicha normativa constituye una disposición de alcance general, en el sentido del artículo 249 CE, párrafo segundo, lo que, por lo demás, no niega la demandante. Se aplica a situaciones determinadas objetivamente y produce efectos jurídicos con respecto a personas consideradas de manera general y abstracta, a saber, todas las empresas que fabrican un producto que tenga unas características objetivamente definidas (véanse los autos Molkerei Grossbraunshain y Bene Nahrungsmittel/Comisión y Biscuiterie-confiserie LOR y Confiserie du Tech/Comisión, antes citados).44No obstante, esto no excluye que una disposición que, por su naturaleza y alcance, tiene carácter normativo pueda afectar individualmente a una persona física o jurídica, cuando le atañe debido a ciertas cualidades que le son propias o a una situación de hecho que la caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y, por ello, la individualiza de una manera análoga al destinatario de una decisión (sentencias Codorniu/Consejo, antes citada, apartados 19 y 20, y Weber/Comisión, antes citada, apartado 56).45A este respecto, la demandante alega que desde hace mucho tiempo utiliza en Francia la denominación Pays d'Auge para la comercialización de las sidras que produce y que ocupa una posición preponderante en el correspondiente mercado. Por ello considera que se encuentra en una situación específica con respecto al Reglamento impugnado, al igual que la sociedad demandante en el asunto que dio lugar a la sentencia Codorniu/Consejo, antes citada.46No obstante, el hecho de que a la demandante le corresponda una cuota considerable del mercado de que se trata no basta por sí mismo para caracterizarla en relación con cualquier otro operador económico afectado por el Reglamento impugnado. A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, no obsta al alcance general y, por lo tanto, a la naturaleza normativa de un acto la posibilidad de determinar con mayor o menor precisión el número o incluso la identidad de los sujetos de Derecho a los que se aplica en un momento dado, siempre que conste que, como en el caso de autos, esta aplicación se efectúa en virtud de una situación objetiva de Derecho o de hecho definida en relación con la finalidad de ese acto (véanse, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1968, Zuckerfabrik Watenstedt/Consejo, 6/68, Rec. pp. 595, 605 y 606, y el auto del Tribunal de Primera Instancia de 29 de junio de 1995, Cantina cooperativa fra produttori vitivinicoli di Torre di Mosto y otros/Comisión, T-183/94, Rec. p. II-1941, apartado 48).47Por otra parte, en el asunto que dio lugar a la sentencia Codorniu/Consejo, antes citada, una disposición normativa que regulaba el uso de una denominación impedía a la empresa demandante utilizar la marca gráfica que había registrado y utilizado durante mucho tiempo antes de la adopción del Reglamento impugnado, lo cual la distinguía de todos los demás operadores económicos. De dicha sentencia, tal como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia, resulta que una disposición de carácter normativo puede afectar individualmente a un operador económico en la medida en que lesione derechos específicos de éste (autos Asocarne/Consejo, antes citado, apartado 43, y CNPAAP/Consejo, antes citado, apartado 36; sentencia Weber/Comisión, antes citada, apartado 67; auto del Tribunal de Primera Instancia de 15 de septiembre de 1998, Michailidis y otros/Comisión, T-100/94, Rec. p. II-3115, apartado 66).48Pues bien, en el caso de autos la demandante no demuestra, y ni siquiera alega, que el uso de la denominación geográfica que invoca resulte de un derecho específico análogo que hubiera adquirido a escala nacional o comunitaria antes de la adopción del Reglamento impugnado y que éste hubiera lesionado en el sentido de la jurisprudencia indicada.49Además la demandante alega que está legítimamente interesada , con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 2081/92, que por este motivo se opuso al registro de la denominación de autos mediante el envío de una declaración debidamente motivada a la autoridad competente del Estado miembro en que se halla establecida y que, el hecho de que dicha oposición no se transmitiera a la Comisión redundó en una violación de las garantías procesales que específicamente le reconoce dicho artículo 7. A su juicio, estas circunstancias bastan para demostrar la admisibilidad del presente recurso.50A este respecto, debe recordarse que ni el proceso de elaboración de los actos normativos ni los actos normativos en sí mismos, en cuanto medidas de alcance general, exigen, en virtud de los principios generales de Derecho comunitario, como el derecho a ser oído, la participación de las personas afectadas, ya que se supone que los intereses de éstas los representan los órganos políticos a los que corresponde adoptar dichos actos (autos del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 1997, Federolio/Comisión, T-122/96, Rec. p. II-1559, apartado 75, y Molkerei Grossbraunshain y Bene Nahrungsmittel/Comisión, antes citado, apartado 60). Por consiguiente, a falta de derechos procedimentales expresamente autorizados, sería contrario a la letra y al espíritu del artículo 230 CE permitir a cualquier particular, por haber participado en la preparación de un acto de naturaleza legislativa, interponer después un recurso contra ese acto (autos Asocarne/Consejo, antes citado, apartado 40, y Molkerei Grossbraunshain y Bene Nahrungsmittel/Comisión, antes citado, apartado 68).51En consecuencia, la admisibilidad del presente recurso debe apreciarse únicamente con respecto a las garantías procesales que el Reglamento n° 2081/92 reconoce específicamente en favor de los particulares.52Pues bien, en el marco del sistema de oposición previsto en el Reglamento n° 2081/92, las garantías procesales reconocidas en favor de los particulares son responsabilidad exclusiva de los Estados miembros y no implican el ejercicio de ningún poder de apreciación por parte de la Comisión.53De este modo, el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 2081/92 reconoce tan sólo a los Estados miembros el derecho a declararse, ante la Comisión, opuestos al registro. Si bien a tenor del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento, cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada puede también oponerse al registro considerado, está obligada a hacerlo mediante el envío de una declaración debidamente motivada a la autoridad competente del Estado miembro en el que resida o esté establecida. Dicha disposición no obliga al Estado miembro de que se trate a remitir a la Comisión la oposición que le haya sido declarada de esta forma, sino, únicamente, a adoptar las medidas necesarias para tomar en consideración esa oposición en los plazos requeridos. Por otra parte, si bien, a tenor del decimotercer considerando del Reglamento n° 2081/92, el procedimiento de registro deberá permitir a toda persona directa e individualmente interesada defender sus derechos notificando a la Comisión su oposición, esta notificación se materializa a través del Estado miembro. Ninguna disposición del artículo 7 del Reglamento n° 2081/92 autoriza a la Comisión a tener en cuenta una oposición que le haya sido comunicada por una persona que no sea un Estado miembro. Por último, cuando una oposición es admitida, con arreglo al artículo 7, apartado 4, del Reglamento n° 2081/92, el apartado 5 de este mismo artículo dispone que la Comisión debe invitar a los Estados miembros interesados a que lleguen entre ellos a un acuerdo, sin prever intervención alguna de los particulares.54Debe añadirse que lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento n° 2081/92 en cuanto al derecho de oposición de los particulares difiere fundamentalmente de las disposiciones, muy específicas, aplicables en materia de dumping y de subvenciones, que confieren a determinados operadores económicos un cometido particular en el procedimiento comunitario conducente al establecimiento de un derecho antidumping o antisubvenciones (véase la sentencia Fediol/Comisión, antes citada, apartados 16 y 25). Por consiguiente, la remisión a esta sentencia carece de pertinencia.55De lo que precede se deduce que el Reglamento n° 2081/92 no establece garantías procesales específicas, a escala comunitaria, a favor de los particulares.56Además, aun suponiendo que la autoridad francesa competente hubiera conculcado derechos procesales de la demandante al negarse a transmitir a la Comisión la oposición que ésta le había dirigido, de ello no se deduciría que, por esta simple razón, procediera admitir el presente recurso.57En efecto, en el marco de un recurso de anulación interpuesto con arreglo al artículo 230 CE, el Juez comunitario no es competente para pronunciarse sobre la conformidad a Derecho de un acto adoptado por una autoridad nacional, ni siquiera si el acto de que se trata se integra en un proceso de decisión comunitaria, ya que resulta claramente de la distribución de competencias realizada en el ámbito considerado, entre las autoridades nacionales y las Instituciones comunitarias, que el acto adoptado por la autoridad nacional vincula a la Institución comunitaria decisoria y determina, por consiguiente, los términos de la decisión comunitaria que se haya de tomar (véase, en relación con un proceso de toma de decisiones, la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de diciembre de 1992, Oleificio Borelli/Comisión, C-97/91, Rec. p. I-6313, apartados 9 y 10).58Ello ocurre cuando la autoridad nacional competente decide no transmitir a la Comisión la oposición que un particular le ha remitido con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 2081/92. En efecto, de lo que precede se desprende (véase el apartado 53 supra) que esa decisión vincula a la Comisión y que ésta no puede tener en cuenta una oposición que le haya dirigido una persona distinta de un Estado miembro.59Por consiguiente, sin perjuicio de que se pueda acudir al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 226 CE, corresponde únicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales pronunciarse, en su caso tras plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, sobre la legalidad del acto nacional controvertido (véase la sentencia Oleificio Borelli/Comisión, antes citada, apartado 13), así como sobre la eventual responsabilidad del Estado miembro interesado en el caso de que se alegara que ese acto ha causado un perjuicio.60A este respecto, debe señalarse que la demandante interpuso un recurso ante el Conseil d'État francés contra la decisión de la autoridad francesa competente de no remitir su oposición a la Comisión y que, el 21 de junio de 1999, dirigió a ésta una denuncia cuyo objeto es la interposición, con arreglo al artículo 226 CE, de un recurso por incumplimiento contra la República Francesa, por el hecho de que, mediante la referida Decisión, había infringido el artículo 7 del Reglamento n° 2081/92.61De las consideraciones que preceden se desprende que el Reglamento impugnado no afecta individualmente a la demandante, con arreglo al artículo 230 CE, párrafo cuarto, y que, por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad del recurso.62En estas circunstancias, no procede pronunciarse sobre la demanda de intervención de la República Francesa.<TI><P>Costas</P></TI>63A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. No obstante, a tenor del artículo 87, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, los Estados miembros que intervengan en el proceso soportarán sus propias costas. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede, atendidas las pretensiones de la Comisión, condenarla a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

resuelve:

1)Declarar la inadmisibilidad del recurso.2)No procede pronunciarse sobre la demanda de intervención de la República Francesa.3)La parte demandante cargará con sus costas, y con las de la Comisión.4)La demandante en intervención cargará con sus propias costas.

Dictado en Luxemburgo, a 9 de noviembre de 1999.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

B. Vesterdorf