Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. MACIEJ SZPUNAR

presentadas el 1 de octubre de 2026 (1)

Asunto C‑347/25

Zapp Precision Metals GmbH,

Zapp AG

contra

KU,

partes coadyuvantes:

AIG Europe S.A.,

Bundeskartellamt

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania)]

« Procedimiento prejudicial — Competencia — Artículo 101 TFUE — Multa impuesta por la autoridad nacional de competencia — Acción por daños y perjuicios de la empresa sancionada contra un miembro de su órgano de dirección — Multas efectivas, proporcionadas y disuasorias »






I.      Introducción

1.        En el presente asunto se solicita al Tribunal de Justicia que examine si el artículo 101 TFUE se opone a que una empresa, a la que se ha impuesto una sanción pecuniaria administrativa por haber infringido esa disposición, reclame una indemnización, equivalente al importe total de la sanción, a su antiguo administrador, que participó en la comisión de dicha infracción por cuenta de la empresa.

2.        Puede resultar tentador responder que el artículo 101 TFUE no se opone a una reclamación de este tipo. En última instancia, las empresas no pueden más que actuar por medio de la acción humana. (2)

3.        Sin embargo, haciendo hincapié en el alcance de la protección conferida por el artículo 101 TFUE y en la necesidad de garantizar la plena eficacia de esta disposición, propongo al Tribunal de Justicia que declare que esta disposición se opone a tal acción.

II.    Marco jurídico

A.      Disposiciones de Derecho de la Unión

1.      Reglamento (CE) n.º 1/2003

4.        El artículo 23, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.º 1/2003 (3) es del siguiente tenor:

«2.      Mediante decisión, la Comisión [Europea] podrá imponer multas a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada o por negligencia:

a)      infrinjan las disposiciones del artículo [101 TFUE] o del artículo [102 TFUE];

[…]

Por cada empresa o asociación de empresas que participen en la infracción, la multa no podrá superar el 10 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior.

[…]

3.      A fin de determinar el importe de la multa, procederá tener en cuenta, además de la gravedad de la infracción, su duración.»

2.      Directiva (UE) 2019/1

5.        Con arreglo al artículo 13, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/1, (4) «los Estados miembros velarán por que las autoridades administrativas nacionales de competencia puedan bien imponer, mediante decisión en el marco de su propio procedimiento de aplicación, o solicitar en procedimientos judiciales no penales la imposición de sanciones pecuniarias eficaces, proporcionadas y disuasorias a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada o por negligencia, infrinjan los artículos 101 o 102 del TFUE.»

B.      Disposiciones de Derecho alemán

6.        El artículo 43 de la Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada; en lo sucesivo, «GmbHG»), titulado «Responsabilidad de los administradores», tiene el siguiente tenor:

«1.      Los administradores deberán llevar a cabo la actividad de la sociedad con la diligencia de un buen comerciante.

2.      Los administradores que incumplan las obligaciones que les incumben serán solidariamente responsables frente a la sociedad de todo perjuicio que le causen.»

7.        El artículo 93 de la Aktiengesetz (Ley de Sociedades Anónimas; en lo sucesivo, «AktG»), titulado «Deber de diligencia y responsabilidad de los miembros del consejo de administración», dispone:

«1.      En el marco de la gestión de la actividad de la sociedad, los miembros del consejo de administración actuarán con la debida diligencia de un directivo prudente que cumple fielmente las obligaciones que le incumben. […]

2.      Los miembros del consejo de administración que no cumplan sus obligaciones deberán indemnizar solidariamente a la sociedad por cualquier perjuicio causado por sus actos. En caso de discrepancia sobre si han actuado con la diligencia debida de un directivo prudente que cumple fielmente las obligaciones que le incumben, la carga de la prueba recaerá sobre ellos. En caso de que la sociedad contrate un seguro para cubrir a un miembro del consejo de administración contra los riesgos derivados de su actividad profesional por cuenta de la empresa, la póliza de seguro establecerá una franquicia de al menos el diez por ciento del perjuicio, hasta un mínimo del ciento cincuenta por ciento de la remuneración fija anual del miembro del consejo de administración.»

8.        De conformidad con el artículo 9 de la Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Ley de Infracciones Administrativas; en lo sucesivo, «OWiG»), titulado «Actividades por cuenta ajena»:

«1.      Cuando una persona actúe:

[…] como órgano facultado para representar a una persona jurídica o como miembro de tal órgano, […] toda ley en virtud de la cual las cualidades, relaciones o circunstancias particulares de carácter personal (particularidades personales específicas) constituyan el fundamento de una sanción se aplicará también al representante si estas particularidades no le afectan personalmente, sino a la persona a la que representa.»

9.        El artículo 30 de la OWiG, titulado «Multas impuestas a personas jurídicas y asociaciones de personas», dispone:

«1.      Cuando una persona que actúe:

[…] en calidad de órgano facultado para representar a una persona jurídica o en calidad de miembro de dicho órgano, […] haya cometido una infracción penal o administrativa, de modo que se hayan incumplido las obligaciones que incumban a la persona jurídica o a la asociación de personas o que dicha persona jurídica o asociación de personas se haya enriquecido o podría haberse enriquecido, podrá imponerse una multa a esa persona jurídica o asociación de personas.

2.      […] En caso de infracción administrativa, el importe máximo de la multa se determinará sobre la base del importe máximo de la multa aplicable a dicha infracción administrativa […]»

10.      El artículo 81 de la Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Ley contra las Prácticas Restrictivas de la Competencia; en lo sucesivo, «GWB»), titulado «Infracciones que dan lugar a multas administrativas», establece:

«1.      Cometerá una infracción administrativa quien, de forma deliberada o por negligencia, infringiendo el [Tratado FUE], en su versión publicada el 9 de mayo de 2008 (DO 2008, C 115, p. 47).

1.      alcance un acuerdo, adopte una decisión o participe en prácticas concertadas contrarias al artículo 101[TFUE], apartado 1, o

2.      abuse de una posición dominante contraria al artículo 102 [TFUE], párrafo primero.»

11.      A tenor del artículo 81c de la GWB, titulado «Importe de las multas administrativas»:

«1.      En los casos a que se refieren el artículo 81, apartados 1, 2, puntos 1, 2, letra a), y 5, y 3, las infracciones administrativas podrán ser sancionadas con una multa de hasta un millón de euros. En los demás casos contemplados en el artículo 81, las infracciones administrativas podrán sancionarse con multas de hasta 100 000 euros.

2.      En el caso de empresas o asociaciones de empresas, podrá imponerse una multa superior a la prevista en el apartado 1 por las infracciones contempladas en el artículo 81, apartados 1, 2, puntos 1, 2, letra a), y 5, y 3. El importe de la multa no será superior al 10 % del volumen de negocios total de la empresa o asociación de empresas realizado en el ejercicio social anterior a la fecha de la decisión de la autoridad.»

III. Hechos, procedimiento principal y cuestión prejudicial planteada

12.      Zapp Precision Metals GmbH y Zapp AG (en lo sucesivo, «demandantes») operan en el sector del acero inoxidable. Zapp Precision Metals (en lo sucesivo, «demandante n.º 1») es la entidad operativa dentro del grupo, cuyas acciones pertenecen a Zapp (en lo sucesivo, «demandante n.º 2»), como sociedad holding.

13.      KU (en lo sucesivo, «demandado») fue miembro del consejo de administración de la demandante n.º 2 entre 1998 y 2015 y entre 2003 y 2015 desempeñó el cargo de presidente de dicho consejo. Durante todo el período en que fue miembro del consejo de administración de la demandante n.º 2 también fue administrador de la demandante n.º 1. En 2015, se rescindieron los contratos existentes entre las demandantes y el demandado.

14.      La demandante n.º 2 suscribió con AIG Europe S.A. (en lo sucesivo, «coadyuvante») un seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos (en lo sucesivo, «seguro de administradores y directivos») a favor del demandado por un capital asegurado de veinticinco millones de euros. Según las cláusulas del contrato de seguro su cobertura no se extiende a las acciones indemnizatorias por incumplimiento deliberado por parte del asegurado, ni a las sanciones contractuales, multas administrativas y sanciones pecuniarias que se impongan personalmente al asegurado, es decir, al demandado.

15.      Entre 2002 y 2015 el demandado participó en un acuerdo de fijación de precios en calidad de representante de la demandante n.º 1. El acuerdo fundamental entre las empresas implicadas consistía en evitar la competencia de precios entre ellas o, al menos, reducirla significativamente mediante la práctica de un sistema uniforme de precios en todo el sector, consistente en la fijación de un precio básico y de recargos por los productos adquiridos y transformados posteriormente, acordándose el importe de los recargos entre los fabricantes de acero participantes. Con arreglo a dicho acuerdo fundamental, la demandante n.º 1 aplicó los recargos pactados como base para sus contratos.

16.      El Bundeskartellamt (Autoridad Federal de Defensa de la Competencia, Alemania) llevó a cabo varias investigaciones en el sector del acero inoxidable, algunas de las cuales afectaban a las empresas demandantes. A raíz de un procedimiento de conformidad, y sobre la base de los hechos admitidos por las demandantes y el demandado, la citada Autoridad, mediante resolución de 4 de julio de 2018, impuso sanciones pecuniarias administrativas a la demandante n.º 1 por importe de 4,1 millones de euros y al demandado por importe de 126 000 euros, por infracción intencionada del artículo 81, apartado 1, punto 1, de la GWB y del artículo 101 TFUE, apartado 1. Las multas eran de carácter exclusivamente punitivo. Por motivos discrecionales, la Autoridad Federal de Defensa de la Competencia se abstuvo de reclamar a la demandante n.º 1 el beneficio obtenido por la citada infracción. (5) También de forma discrecional archivó el procedimiento administrativo iniciado contra la demandante n.º 2.

17.      En el litigio principal, las demandantes reclaman al demandado una indemnización por su participación en la infracción del Derecho de la competencia. La demandante n.º 1 solicita, en particular, el reembolso de la totalidad del importe de la multa que se le impuso y que abonó, más los honorarios y gastos. La demandante n.º 2 reclama, en particular, el reembolso de los gastos de investigación y defensa jurídica por un importe aproximado de 1,144 millones de euros. El Landgericht (Tribunal Regional de lo Civil y Penal) desestimó la demanda y el Oberlandesgericht (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal) desestimó el recurso de apelación interpuesto contra dicha resolución, admitiendo a trámite el recurso de casación de las demandantes ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal), que es el órgano jurisdiccional remitente.

18.      Por una parte, el órgano jurisdiccional remitente recuerda que el demandado incumplió deliberadamente las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 43, apartado 1, de la GmbHG, al participar en un cártel de precios, prohibido por el artículo 101 TFUE, apartado 1, en nombre de la demandante n.º 1, a la que representaba y que fue sancionada por la Autoridad Federal de Defensa de la Competencia mediante la imposición de una multa, que esta abonó. Así pues, el órgano jurisdiccional remitente considera que la reducción del patrimonio de la demandante n.º 1 como consecuencia de la imposición y pago de una multa constituye un perjuicio en el sentido del artículo 43, apartado 2, de la GmbHG.

19.      Asimismo, según el órgano jurisdiccional remitente, ninguna disposición de Derecho nacional establece una limitación al derecho de la sociedad de obtener una indemnización por el perjuicio sufrido como consecuencia de una multa que se le ha impuesto debido a una infracción del Derecho de la competencia. En su opinión, tal derecho puede contribuir efectivamente a prevenir las infracciones de las normas de competencia al incentivar a los directivos a actuar conforme a la ley.

20.      Además, de conformidad con la jurisprudencia del órgano jurisdiccional remitente, la repetición de una sanción administrativa impuesta por las autoridades públicas (public enforcement), permitida por el Derecho civil (private enforcement), no da lugar, en principio, a una incoherencia que pudiera considerarse inaceptable en el ordenamiento jurídico.

21.      Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente subraya que las sanciones impuestas a las empresas en virtud del Derecho de la competencia tienen por objeto garantizar que las multas afecten a los activos de los operadores económicos que se benefician de la infracción administrativa con el fin de garantizar que las infracciones del Derecho de la competencia no resulten útiles por sí mismas y que las empresas se vean incentivadas a respetar las prohibiciones establecidas a efectos de proteger una competencia efectiva. En este sentido, una particularidad en relación con otras infracciones reside en el hecho de que los beneficios económicos obtenidos en el caso de infracciones del Derecho de la competencia, que a menudo perturban significativamente la economía de mercado y pueden causar un perjuicio económico importante, suelen repercutir en la empresa, lo que justifica la amenaza de una multa severa, incluso para las grandes empresas. Por tanto, existen serias razones para pensar que una acción contra un miembro del consejo de administración en concepto de multa impuesta a la empresa, lo que, en función del importe de la multa y de la oponibilidad de la pretensión de indemnización, puede dar lugar, desde el punto de vista económico, a una exoneración total o parcial de la empresa, es contraria a los objetivos antes mencionados de las sanciones en materia de Derecho de la competencia.

22.      Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente considera que no puede descartarse una interpretación restrictiva del Derecho nacional con arreglo al artículo 101 TFUE.

23.      En tales circunstancias, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Se opone el artículo 101 TFUE a una normativa de Derecho nacional en virtud de la cual una persona jurídica a la que la autoridad nacional de competencia ha impuesto una sanción pecuniaria de carácter administrativo a causa de una infracción del artículo 101 TFUE cometida por su directivo puede exigirle a este la reparación de los perjuicios con ello ocasionados?»

24.      Han presentado observaciones escritas las demandantes, el demandado, la coadyuvante, el Gobierno alemán, la Autoridad Federal de Defensa de la Competencia y la Comisión. Todas ellas participaron en la vista que se celebró el 17 de junio de 2026.

IV.    Análisis

A.      Observaciones previas

25.      El presente asunto se sitúa en una encrucijada entre la aplicación de las normas de competencia de la Unión por las autoridades públicas (public enforcement) y las acciones de resarcimiento por daños y perjuicios por la infracción de tales normas (private enforcement). En efecto, mediante una acción de resarcimiento por daños, la demandante n.º 1 pretende, en la práctica, recuperar el importe de la multa que le impuso una autoridad nacional de competencia.

26.      Si bien las acciones de resarcimiento por daños y perjuicios se consideran, por lo general, un complemento de la aplicación de las normas por las autoridades públicas, contribuyendo ambas a la aplicación efectiva de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, el presente asunto demuestra que esta premisa puede no ser siempre cierta.

27.      Por tanto, considero que debe aclararse la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia que concede a cualquier persona el derecho a solicitar la reparación del perjuicio que le haya irrogado un contrato o un comportamiento susceptible de restringir o de falsear el juego de la competencia (6) para precisar que dicha jurisprudencia no comprende el perjuicio económico causado por el pago de una sanción pecuniaria por infringir el artículo 101 TFUE.

28.      Al considerar, acertadamente, que esta cuestión sigue pendiente de resolución, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 101 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una empresa a la que se ha impuesto una sanción pecuniaria administrativa por infracción de dicha disposición reclame a un miembro de su órgano de dirección la reparación del perjuicio económico causado por el pago de dicha sanción.

29.      Las demandantes sostienen, en esencia, que se trata de una cuestión de Derecho civil nacional que queda al margen de lo dispuesto en el artículo 101 TFUE. Sin embargo, me gustaría dedicar algunas líneas a explicar que, en realidad, se trata de una cuestión de Derecho de la Unión (B). A continuación realizaré una apreciación del alcance de la protección conferida por el artículo 101 TFUE (C), que llevará a la conclusión de que una acción ejercitada por una empresa que ha infringido dicha disposición y que está dirigida a obtener una indemnización por daños y perjuicios equivalente a una multa impuesta por dicha infracción no constituye el ejercicio de un derecho derivado del Derecho de la Unión. En realidad, tal acción menoscaba la plena eficacia del artículo 101 TFUE (D), con independencia de que se haya suscrito un seguro de administradores y directivos (E).

B.      ¿Se trata de una cuestión de Derecho de la Unión o de Derecho nacional?

30.      En efecto, en la sentencia Courage y Crehan, el Tribunal de Justicia declaró que la plena eficacia de lo que ha pasado a ser el artículo 101 TFUE y, en particular, el efecto útil de la prohibición establecida en su apartado 1 se verían en entredicho si no existiera la posibilidad de que cualquier persona pudiera solicitar la reparación del perjuicio que le haya irrogado un contrato o un comportamiento susceptible de restringir o falsear el juego de la competencia. (7)

31.      Sin embargo, ante la inexistencia de una normativa de la Unión en esta materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro regular las modalidades de ejercicio del derecho a solicitar la reparación del daño resultante de un acuerdo o práctica prohibidos por el artículo 101 TFUE, siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad. (8)

32.      A este respecto, los Abogados Generales Kokott y Wahl subrayaron, en particular, la necesidad de distinguir entre la existencia de un derecho a indemnización, regulado por el Derecho de la Unión, y las modalidades del ejercicio de las acciones indemnizatorias, que forman parte de la autonomía procesal de los Estados miembros. (9)

33.      En la sentencia Skanska Industrial Solutions y otros el Tribunal de Justicia reconoció que la determinación de la entidad obligada a reparar el perjuicio causado por una infracción del artículo 101 TFUE se rige directamente por el Derecho de la Unión. (10) Por consiguiente, las normas nacionales en la materia no deben menoscabar la plena eficacia de esta disposición.

34.      En el presente asunto se trata, en esencia, de determinar quién tiene derecho a reclamar una indemnización por infracción del artículo 101 TFUE, y por qué perjuicios. (11)

35.      Como expondré más adelante, estas cuestiones de hecho se rigen directamente por el Derecho de la Unión y existen razones imperiosas para que así sea. (12) Habida cuenta de las circunstancias del presente asunto, procede apreciar, con carácter preliminar, si el artículo 101 TFUE, del que el Tribunal de Justicia dedujo, para garantizar su plena eficacia, el derecho a solicitar compensación, (13) concede a una empresa a la que se ha impuesto una multa por infracción de dicha disposición el derecho a solicitar la reparación del perjuicio económico sufrido como consecuencia del pago de esa multa. (14) Si no se trata de un derecho conferido por el Derecho de la Unión, procederá examinar si tal derecho menoscaba la plena eficacia del artículo 101 TFUE.

C.      Sobre el alcance de la protección conferida por el artículo 101 TFUE

1.      La empresa como autora de infracciones del Derecho de la competencia

a)      Concepto

36.      Del tenor del artículo 101 TFUE, apartado 1, se desprende que los autores de los Tratados optaron por utilizar el concepto de «empresa» para designar al autor de una infracción de la prohibición establecida en esta disposición. (15)

37.      Por otra parte, el legislador de la Unión también utilizó el concepto de «empresa» en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003, para definir la entidad a la que la Comisión puede imponer una multa para sancionar una infracción de las normas del Derecho de la competencia de la Unión. (16)

38.      Además, es jurisprudencia reiterada que el Derecho de la Unión en materia de competencia tiene por objeto las actividades de las empresas. (17)

39.      Este concepto de empresa comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de esa entidad y de su modo de financiación, y designa, así, una unidad económica aunque, desde el punto de vista jurídico, dicha unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas. Esta unidad económica consiste en una organización unitaria de elementos personales, materiales e inmateriales que persigue de manera duradera un fin económico determinado, organización que puede participar en la comisión de una infracción de las que contempla el artículo 101 TFUE, apartado 1. (18)

40.      Cuando una entidad infringe las normas en materia de competencia, le incumbe, conforme al principio de responsabilidad personal, responder por esa infracción. (19)

41.      En este marco, con arreglo al artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003, la responsabilidad de las empresas solo puede determinarse si la infracción del Derecho de la Unión en materia de competencia se cometió de forma deliberada o por negligencia. (20) Como ha señalado el órgano jurisdiccional remitente en su resolución de remisión, su responsabilidad es, por tanto, personal y no por actos ajenos. (21)

42.      En el mismo sentido, de la Directiva 2014/104/UE, (22) y en particular de su artículo 2, punto 2, (23) resulta que el legislador de la Unión definió al «infractor» como «la empresa o asociación de empresas que haya cometido una infracción del Derecho de la competencia». (24)

43.      Por lo que respecta precisamente a las acciones de resarcimiento por daños y perjuicios por infracción del Derecho de la Unión en materia de competencia, el Tribunal de Justicia ha declarado que habida cuenta de que la responsabilidad del perjuicio resultante de las infracciones de las normas de la Unión en materia de competencia tiene carácter personal, incumbe a la empresa infractora responder del perjuicio causado por la infracción. Así pues, las entidades obligadas a reparar el perjuicio causado por un acuerdo o una práctica prohibidos por el artículo 101 TFUE son las empresas, en el sentido de esta disposición, que hayan participado en ese acuerdo o práctica. (25)

44.      De ello se deduce, por tanto, que el concepto de empresa, en el sentido del artículo 101 TFUE, es el concepto pertinente tanto en el ámbito de la imposición de multas por parte de las autoridades públicas como en el de las acciones de resarcimiento por daños y perjuicios por infracción de las normas de competencia de la Unión. (26)

45.      En este contexto, me referiré a una particularidad del Derecho alemán en materia de infracciones administrativas, mencionada en la vista por la Autoridad Federal de Defensa de la Competencia. Se ha explicado que, en el marco de un procedimiento administrativo que conduce a la imposición de una multa, la autoridad debe determinar, en primer lugar, la responsabilidad de una persona física. Si esa persona física ocupa un cargo destacado en una persona jurídica, puede determinarse la responsabilidad de esta última. En esencia, es la responsabilidad de la persona física la que genera la responsabilidad de la persona jurídica. (27)

46.      De ello se desprende que, según el Derecho alemán, dado que el autor de la infracción es principalmente la persona física, siendo esta una exigencia para iniciar a continuación un procedimiento e imponer una multa a la persona jurídica, es comprensible que la multa pagada por esta última constituya un perjuicio en el marco de una acción por daños, que en principio es imputable a la persona física que actúa por cuenta de la persona jurídica. En cambio, con arreglo al Derecho de la Unión, el autor de la infracción es una empresa (o una asociación de empresas). Además, esta última es también la entidad responsable de reparar los daños causados por una práctica prohibida por el artículo 101 TFUE. La empresa no puede ser al mismo tiempo la autora de la infracción y la parte perjudicada.

b)      Sobre la imputación a la empresa de los actos de sus empleados

47.      Las personas físicas que trabajan para una empresa, le prestan servicios o la representan, ni en sí mismas ni por ninguna de las razones expuestas, son empresas. Sin embargo, mientras dure la relación pertinente con la empresa, forman parte de la unidad económica que esta constituye. (28)

48.      Por esta razón, según reiterada jurisprudencia, para que la Comisión pueda imponer multas a las empresas y a las asociaciones de empresas, no es necesario que exista una actuación ni aun un conocimiento por parte de los socios o de los gerentes principales de la empresa afectada, sino la actuación de una persona autorizada a obrar por cuenta de la empresa. (29)

49.      Así, el Tribunal de Justicia ha señalado que, para declarar el carácter restrictivo de la competencia de un acuerdo, no es necesario que se demuestre un comportamiento personal del representante legal de una empresa ni la autorización personal por dicho representante, mediante un mandato, de la conducta del empleado que participó en una reunión contraria a la competencia. (30)

50.      A efectos de declarar la existencia de infracciones del Derecho de la competencia de la Unión, las posibles actividades contrarias a la competencia de un trabajador se atribuyen a la empresa de la que forma parte, y, en principio, esta es considerada responsable. (31)

51.      De lo anterior se desprende que, al identificar a la empresa como autora de las infracciones de las normas de competencia, el legislador de la Unión pretendió precisamente imputar la responsabilidad de esas acciones a la empresa y no a las personas físicas que trabajan para ella o la representan.

c)      Sobre la no imputación de los actos de un órgano de dirección a sus miembros

52.      Aunque en un contexto diferente, considero que la sentencia Lietuvos notarų rūmai y otros viene a reforzar la afirmación de que los miembros individuales de una determinada entidad no deben ser considerados responsables de una infracción del Derecho de la competencia cometida por la entidad.

53.      El asunto que dio lugar a dicha sentencia versaba sobre la adopción por la Junta Directiva del Lietuvos notarų rūmai (Colegio Notarial lituano) de determinadas normas destinadas a aclarar los métodos de cálculo de los honorarios que pueden exigir los notarios. La autoridad nacional de competencia calificó estas «aclaraciones» como decisión de una asociación de empresas contraria al artículo 101 TFUE, apartado 1, letra a). (32)

54.      La Junta Directiva era el órgano de gobierno del Colegio Notarial y estaba compuesta por notarios que formaban parte de esa asociación de empresas. En virtud del Estatuto del Colegio Notarial las decisiones de la Junta Directiva son vinculantes, de modo que deben considerarse decisiones del propio Colegio Notarial. (33) No obstante, la autoridad nacional de competencia impuso multas individuales a los notarios por su condición de miembros de la Junta Directiva en las fechas en que se adoptaron las aclaraciones. (34)

55.      Al responder a la cuestión de si, a la luz del artículo 101 TFUE, podían imponerse esas multas individuales, el Tribunal de Justicia declaró que el principio de responsabilidad personal, que exige que solo se sancione a la entidad autora de una infracción de las normas de competencia, se opone a tal planteamiento, ya que los notarios que eran miembros de la Junta Directiva del Colegio Notarial en el momento en que se adoptaron las aclaraciones no pueden ser considerados coautores de la infracción constatada por la autoridad nacional de competencia en el procedimiento principal. (35)

56.      Considero que esta lógica debe aplicarse, por analogía, al caso de autos. Al igual que los notarios que actuaban como miembros de la Junta Directiva del Colegio Notarial, y no como empresas individuales, (36) el demandado en el presente asunto actuó en su condición de administrador de la demandante n.º 1. (37)

2.      Sobre los objetivos del artículo 101 TFUE

57.      Para determinar si el artículo 101 TFUE permite a una empresa a la que se ha impuesto una multa por infringir esta disposición solicitar a su órgano de dirección una indemnización equivalente al importe de dicha multa, es necesario, además, apreciar los objetivos de esta disposición. (38)

58.      En este sentido, el Tribunal de Justicia ha precisado que el artículo 101 TFUE, al igual que las demás normas sobre competencia del Tratado FUE, está dirigido a proteger no solo los intereses directos de los competidores o consumidores, sino también la estructura del mercado y, de este modo, la competencia en cuanto tal. (39)

59.      En el marco concreto de las acciones por daños causados por una infracción del artículo 101 TFUE, el Tribunal de Justicia ha subrayado que la normativa de los Estados miembros que regula dichas acciones debe tener en cuenta en particular el objetivo perseguido por dicha disposición, que pretende garantizar el mantenimiento de una competencia efectiva y no falseada en el mercado interior y, de este modo, asegurar que los precios se fijan en función del juego de la libre competencia. (40)

60.      Por consiguiente, el artículo 101 TFUE no pretende en modo alguno conferir a una empresa que haya infringido esta disposición el derecho a reclamar una indemnización a un miembro de su órgano de dirección por el perjuicio económico causado por el pago de la multa impuesta.

61.      En este sentido, el presente asunto debe distinguirse del que dio lugar a la sentencia Courage y Crehan, en la medida en que este se refería al ejercicio de un derecho de reclamación derivado del Derecho de la Unión.

62.      Cabe recordar que dicho asunto se refería a formularios normalizados de contratos de arrendamiento de establecimientos de bebidas («pubs»), en virtud de los cuales los arrendatarios, incluido el Sr. Bernard Crehan, estaban obligados a comprar una cantidad mínima de ciertas cervezas exclusivamente a la fábrica de cerveza de Courage a precios fijados por esta última. Courage formuló una demanda para que se condenara al Sr. Crehan al pago de los suministros de cerveza que no se habían pagado. El Sr. Crehan sostuvo que el acuerdo era contrario a lo que actualmente es el artículo 101 TFUE. Por otro lado, formuló reconvención con el fin de conseguir una indemnización por daños y perjuicios, alegando que Courage vendía su cerveza a los arrendatarios independientes de «pubs» a unos precios sustancialmente más bajos que los que figuraban en la lista de precios aplicados a los arrendatarios de los locales de una empresa participada por Courage y que esta diferencia de precios tenía como consecuencia reducir la rentabilidad de la actividad de los arrendatarios. (41)

63.      Tomando en consideración los objetivos perseguidos por el artículo 101 TFUE, mencionados en los puntos 58 y 59 de las presentes conclusiones, el Sr. Crehan invocaba un derecho derivado del Derecho de la Unión.

64.      Así, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 101 TFUE se opone a la aplicación de una norma de Derecho nacional que prohíbe a una parte en un contrato restrictivo de la competencia solicitar una indemnización por daños y perjuicios como reparación de un perjuicio ocasionado por la ejecución del citado contrato por el mero hecho de que el autor de la solicitud sea parte en este.

65.      No obstante, procede recordar que el Tribunal de Justicia precisó, asimismo, que el artículo 101 TFUE no se opone a que el Derecho nacional deniegue a una parte, cuando se haya comprobado que tiene una responsabilidad significativa en la distorsión de la competencia, el derecho a obtener una indemnización por daños y perjuicios de la otra parte contratante. En efecto, conforme a un principio reconocido en la mayoría de los sistemas jurídicos de los Estados miembros, un justiciable no puede beneficiarse de su propio comportamiento ilícito, cuando este último haya sido comprobado. (42)

66.      En circunstancias como las del caso de autos, la conducta ilícita de la demandante n.º 1 fue constatada por la Autoridad Federal de Defensa de la Competencia. En consecuencia, dicha Autoridad le impuso una multa. Como ya he explicado anteriormente, en virtud del Derecho de la competencia de la Unión, la responsabilidad de las empresas por una infracción de ese Derecho es personal. Por tanto, de ello se desprende necesariamente que la empresa no está legitimada para solicitar una reparación por daños y perjuicios.

3.      Sobre el alcance de la protección conferida por el artículo 101 TFUE en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

67.      Algunas afirmaciones de la sentencia Otis Gesellschaft y otros sugieren que para tener derecho a reclamar la reparación del perjuicio causado por una infracción del artículo 101 TFUE no es necesario que el perjuicio esté amparado por la protección que confiere dicho artículo. Me gustaría, por tanto, dedicar algunas palabras a aclarar este extremo a la luz de las circunstancias del caso de autos.

68.      De entrada, en la sentencia Manfredi, el Tribunal de Justicia declaró que cualquier persona está legitimada para solicitar la reparación del daño sufrido cuando exista una relación de causalidad entre dicho daño y el acuerdo o la práctica prohibidos por el artículo 101 TFUE. (43)

69.      Por su parte, el asunto que dio lugar a la sentencia Otis Gesellschaft y otros se refería al derecho del Land Oberösterreich (estado federado de Alta Austria) a reclamar una indemnización a los miembros de un cártel en el mercado de los ascensores. Aunque el citado Estado Federado no operaba en ese mercado concedió préstamos para proyectos de construcción en los que se instalaron ascensores con sobreprecio. Alegó, por tanto, que se vio obligado a conceder préstamos de mayor importe que si dicho cártel no hubiera existido y que, por consiguiente, no pudo invertir esa diferencia de manera más rentable. (44)

70.      Los miembros del cártel rebatieron, en esencia, que el Estado Federado de Alta Austria tuviera derecho a reclamar una compensación por el perjuicio que este consideraba haber sufrido, debido a que dicho perjuicio no tenía una vinculación suficiente con el objetivo de protección perseguido por el artículo 101 TFUE y, por lo tanto, no podía dar lugar a reparación. (45)

71.      El Tribunal de Justicia reiteró lo que había señalado en la sentencia Manfredi y declaró que todo perjuicio que tenga un nexo causal con una infracción del artículo 101 TFUE debe poder dar lugar a reparación con el fin de garantizar la aplicación efectiva y preservar el efecto útil de esta disposición. (46) Por consiguiente, no es necesario que el perjuicio sufrido por la persona afectada tenga, además, un vínculo específico con el «objetivo de protección» perseguido por el artículo 101 TFUE. (47) El Tribunal de Justicia subrayó que considerar lo contrario equivaldría a exonerar a los participantes en un cártel de la obligación de reparar todo el perjuicio que puedan haber causado. (48)

72.      Considero que dicha sentencia no excluye una apreciación del alcance de la protección y, por tanto, de los objetivos perseguidos por el artículo 101 TFUE, (49) al objeto de garantizar que la concesión de un derecho a reclamar una indemnización no es contraria a esos objetivos y por consiguiente, no menoscaba la plena eficacia de dicha disposición.

73.      De ello se desprende, por tanto, que el asunto en el que recayó la sentencia Otis Gesellschaft y otros tenía por objeto garantizar que el conjunto de las personas potencialmente perjudicadas y de los potenciales perjuicios no estuvieran limitados por las disposiciones del Derecho nacional, con el fin de garantizar la plena eficacia del artículo 101 TFUE. En estas circunstancias, cuando el derecho a reclamar una indemnización se deriva del artículo 101 TFUE y refuerza claramente el efecto útil de esta disposición, no es necesario establecer, además, un vínculo específico con el objetivo de protección que esta persigue. En cambio, el presente asunto tiene por objeto garantizar que la pretensión indemnizatoria de que se trata, permitida por el Derecho nacional, no sea contraria a los objetivos del artículo 101 TFUE y que, por tanto, no menoscabe la plena eficacia de esta disposición. Este aspecto se analizará en la siguiente sección.

D.      Sobre la plena eficacia del artículo 101 TFUE y el efecto útil de la prohibición establecida en el artículo 101 TFUE, apartado 1

1.      La aplicación de las normas de competencia por las autoridades públicas y las acciones de resarcimiento por daños y perjuicios por infracción de tales normas son complementarias

74.      Desde hace tiempo, el Tribunal de Justicia ha considerado que la aplicación de las normas de competencia por las autoridades públicas y las acciones de resarcimiento por daños y perjuicios por la infracción de dichas normas son complementarias.

75.      En este sentido, ha declarado que el derecho que asiste a toda persona de solicitar la reparación del perjuicio causado por un cártel o una práctica prohibidos por el artículo 101 TFUE refuerza la operatividad de las normas de competencia de la Unión y puede desalentar los acuerdos o prácticas, a menudo encubiertos, que puedan restringir o falsear el juego de la competencia, de modo que contribuye al mantenimiento de una competencia efectiva en la Unión. Más allá de la propia reparación del perjuicio alegado, el reconocimiento de este derecho contribuye a la consecución del objetivo disuasorio. Así pues, no solo permite poner remedio al daño directo que la persona en cuestión alega haber sufrido, sino también a los daños indirectos causados a la estructura y al funcionamiento del mercado, que no ha podido desplegar su plena eficacia económica, en particular, en beneficio de los consumidores. (50)

76.      De este modo, el Tribunal de Justicia concluyó que, al igual que la aplicación de las normas de competencia de la Unión por las autoridades públicas (public enforcement), las acciones de resarcimiento por daños y perjuicios por infracción de tales normas (private enforcement) forman parte integrante del sistema de aplicación de estas normas, que tiene por objeto sancionar los comportamientos de las empresas contrarios a la competencia y disuadirlas de incurrir en ellos. (51)

77.      En mi opinión, conceder a una empresa el derecho a solicitar a un miembro de su consejo de administración una indemnización equivalente al importe de la multa que se le ha impuesto por infringir las normas de competencia de la Unión es contrario a estos objetivos. También produce un efecto que es precisamente el opuesto al que las acciones de resarcimiento por daños y perjuicios por infracción de tales normas pretenden producir. En lugar de un efecto complementario, tal derecho compromete la efectividad de la multa impuesta por la autoridad.

78.      No obstante, en el marco del presente procedimiento, la Comisión alega que una recuperación parcial del importe de la multa no reduciría significativamente su eficacia ni su efecto disuasorio. El importe específico cuya recuperación es admisible será determinado caso por caso por el juez nacional que conozca de la acción resarcitoria por daños y perjuicios.

79.      En este sentido, procede recordar que las multas por infracción de las normas de competencia de la Unión deben ser efectivas, disuasorias y proporcionadas a la naturaleza de la infracción. (52)

80.      Además, el Tribunal de Justicia ha subrayado que la efectividad de las sanciones impuestas por las autoridades de competencia nacionales o de la Unión, con arreglo al artículo 103 TFUE, apartado 2, letra a), es un requisito para la aplicación coherente de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE. (53)

81.      En el caso de la Comisión, estos requisitos se cumplen mediante la aplicación de sus Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.º 1/2003 (en lo sucesivo, «Directrices para el cálculo de las multas»). (54) Según mi leal saber y entender, la mayoría de las autoridades nacionales de competencia en la Unión aplican directrices comparables. (55)

82.      Desde un punto de vista práctico, la solución propuesta por la Comisión, descrita en el anterior punto 78, ignoraría el principio mismo de que las multas deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. En efecto, el juez nacional que conoce de la pretensión de indemnización se vería obligado a «modificar» el importe de la multa impuesta por la propia Comisión o por una autoridad nacional de competencia.

83.      En relación con la imposición de multas por parte de la Comisión, podría constituir, además, una infracción del artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.º 1/2003, en virtud del cual los órganos jurisdiccionales nacionales no pueden adoptar resoluciones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión. (56) Este principio se aplica asimismo cuando los órganos jurisdiccionales nacionales conocen de una acción de indemnización del daño ocasionado a consecuencia de un acuerdo o una práctica que se han declarado contrarios al artículo 101 TFUE en una decisión de dicha institución. (57)

84.      Además, solo los órganos jurisdiccionales de la Unión son competentes para reducir el importe de una multa impuesta por la Comisión (Reglamento n.º 1/2003, artículo 31). (58)

85.      De ello se desprende, en mi opinión, que una acción indemnizatoria no puede interferir de facto en una decisión de la Comisión o de una autoridad nacional de competencia por la que se impone una multa. (59)

86.      Por consiguiente, una empresa a la que se ha impuesto una multa por infringir el Derecho de la competencia de la Unión no puede invocar el perjuicio económico resultante del pago de dicha multa como fundamento de su demanda. Toda pretensión basada exclusivamente en la multa impuesta y pagada debe formularse en el marco de un procedimiento de aplicación pública de las normas de competencia, ya sea ante las autoridades de competencia o, en caso de que se interponga recurso, ante un órgano jurisdiccional.

87.      El hecho de que la carga que supone la multa impuesta a una empresa por infringir el Derecho de la competencia no pueda compensarse posteriormente parece derivarse de la sentencia X BV, (60) a la que se han referido la mayoría de las partes que han intervenido ante el Tribunal de Justicia.

88.      En dicha sentencia el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, que la posibilidad de deducir total o parcialmente el importe de una multa impuesta por la Comisión por infracción del Derecho de la competencia de la Unión del beneficio imponible de una sociedad puede menoscabar la efectividad de las sanciones impuestas en virtud del artículo 103 TFUE, apartado 2, letra a), y, por tanto, afectar a la aplicación coherente de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE. (61)

89.      No creo que el carácter deducible de una parte de la multa, y la correspondiente reducción de los presupuestos del Estado, haya sido determinante en la apreciación del Tribunal de Justicia. Lo que parece decisivo es que reducir la carga de la multa que recae sobre la empresa pone en peligro su efectividad, con independencia de quién más soporte esa carga.

2.      Sobre las características específicas de las infracciones del artículo 101 TFUE

90.      En el marco del presente procedimiento la Comisión alega asimismo que si se admitiera que una empresa infractora puede recuperar una parte del importe de la multa de personas físicas que actúan por cuenta de la empresa, una mayor disuasión frente a dichas personas compensaría la pérdida de disuasión con respecto a la empresa.

91.      En mi opinión, esta postura no tiene en cuenta las características específicas de las infracciones del Derecho de la competencia y de las correspondientes multas. También contradice de manera flagrante la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al concepto de empresa como autora de las infracciones del Derecho de la Unión en materia de competencia y, por tanto, como entidad cuya conducta contraria a la competencia debe disuadirse, y, en su caso, sancionarse. (62)

92.      En este sentido, en primer lugar, la multa se calcula en función de las circunstancias propias de la empresa. En particular, para determinar el importe de base de la multa, la Comisión utiliza el valor de las ventas de bienes o servicios realizadas por la empresa, en relación con la infracción, (63) lo cual demuestra que la multa está destinada a producir sus efectos en el mercado de referencia y a reflejar la posición que la empresa ocupa en ese mercado. Esto parece esencial para alcanzar los objetivos punitivos y disuasorios de las multas. (64)

93.      Además, la persistencia o reincidencia en una infracción por parte de la empresa, su negativa a cooperar durante la investigación o su función de instigador de la infracción son circunstancias agravantes. (65) Por otra parte, en circunstancias excepcionales, la Comisión podrá, previa solicitud, tener en cuenta la incapacidad contributiva de una empresa en un contexto económico y social particular. (66) Por último, por cada empresa o asociación de empresas que participen en la infracción el importe final de la multa no podrá superar, en ningún caso, el 10 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior, tal y como establece el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003. En cambio, no se tiene en cuenta en modo alguno la situación de un miembro del órgano de dirección.

94.      En mi opinión, de ello se desprenden dos consecuencias: en primer lugar, como alegaron varias partes intervinientes ante el Tribunal de Justicia, aceptar el derecho de la empresa a reclamar una indemnización por daños y perjuicios equivalente al importe de la multa a un miembro de su órgano de dirección vulnera el derecho de defensa de este último. (67) En segundo lugar, la manera en que se calcula la multa parece basarse en la hipótesis de que su carga recaerá permanentemente sobre la empresa.

95.      En segundo lugar, es cierto que la posibilidad de solicitar a un miembro del órgano de dirección la reparación del perjuicio económico derivado del pago de una multa impuesta a una sociedad puede estar justificada por otras circunstancias. Esta es también la razón por la que el artículo 51 del Reglamento (CE) n.º 2157/2001, (68) que es una disposición general relativa a la responsabilidad frente a la Sociedad Anónima Europea (Societas Europaea; en lo sucesivo, «SE»), (69) establece que «los miembros del órgano de dirección, de control o de administración responderán, según las disposiciones del Estado miembro donde esté domiciliada la SE aplicables a las sociedades anónimas, del perjuicio sufrido por la SE debido al incumplimiento por parte de estos de las obligaciones legales, estatutarias o de cualquier otro tipo inherentes a sus funciones».

96.      Esto puede estar justificado, en particular, cuando se atribuya a un miembro del órgano de dirección el incumplimiento de una obligación específica de sus funciones directivas que, no obstante, justifica que se imponga una sanción a la empresa. (70)

97.      En cambio, como he señalado en el punto 76 de las presentes conclusiones, las multas por infracción de las normas de competencia de la Unión tienen por objeto sancionar la conducta personal de las empresas.

98.      Además, en la medida en que tenga por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia, una infracción del artículo 101 TFUE puede beneficiar a la propia empresa (a sus accionistas) y reforzar su posición en el mercado de referencia. Por ello, la razón de ser de la multa es privar a la empresa de los beneficios que obtenga de la infracción, con independencia de cualquier otra posibilidad de recuperar los beneficios extraordinarios.

99.      Por consiguiente, como se desprende del artículo 51 del Reglamento n.º 2157/2001, el Derecho de la Unión no se opone, en principio, a que una sociedad reclame una indemnización por daños y perjuicios a los miembros de su órgano de dirección. No obstante, este derecho queda excluido cuando el daño que se invoca es el perjuicio económico causado exclusivamente por el pago de una multa impuesta por una infracción del artículo 101 TFUE.

100. En cualquier caso, según un principio general de interpretación, un texto de Derecho derivado de la Unión debe interpretarse, en la medida de lo posible, de conformidad con el conjunto del Derecho primario, (71) a saber, el artículo 101 TFUE. Por tanto, en caso de que Tribunal de Justicia siguiera mi planteamiento, el artículo 51 del Reglamento n.º 2157/2001 debe interpretarse en el sentido de que no comprende el perjuicio económico derivado exclusivamente del pago de una multa por infracción de las normas de competencia de la Unión.

101. En tercer lugar, las infracciones del Derecho de la competencia no son cometidas por una sola persona. Antes bien, varias personas contribuyen a ello, ya sean los responsables de nombrar al consejo de administración, un departamento de conformidad que no haya establecido un programa de conformidad eficaz, los que participan efectivamente en el acuerdo contrario a la competencia o los empleados que aplican posteriormente dicho acuerdo, por ejemplo, fijando los precios con arreglo a la estrategia definida por los miembros del cártel. En las grandes empresas todas estas funciones suelen desempeñarlas actores diferentes. Además, las infracciones tienden a ser el resultado de múltiples factores, como la falta de una cultura favorable a la competencia, la presión para obtener grandes beneficios o una estructura de mercado propensa a las prácticas colusorias. Esta es la razón por la que, en mi opinión, los redactores de los actuales artículos 101 TFUE y 102 TFUE se centraron en la actividad de las empresas y en el concepto de unidad económica, ya que se trata de la entidad que mejor refleja todos estos matices, así como aquellos que pueden contribuir a que se infrinja el Derecho de la competencia. (72)

E.      ¿Tiene alguna repercusión sobre la respuesta a la cuestión prejudicial la existencia de un seguro de administradores y directivos?

102. De todo lo anterior se desprende, en primer lugar, que el artículo 101 TFUE no tiene por objeto proteger la situación jurídica de una empresa a la que se ha impuesto una multa por infringir esta disposición, que considera constitutiva de un perjuicio económico; en segundo lugar, tal pretensión menoscabaría efectivamente la plena eficacia de dicha disposición y, en tercer lugar, por esta razón, ninguna acción de resarcimiento por daños y perjuicios por infracción de las normas de competencia puede referirse a una multa impuesta por una autoridad de la competencia.

103. Por consiguiente, mi razonamiento no depende de quién más, aparte de la empresa, puede soportar la carga de la multa: si no es la propia empresa, la plena eficacia del artículo 101 TFUE queda comprometida.

104. Así pues, la existencia de un seguro de administradores y directivos y, por tanto, la posibilidad de que sea una compañía de seguros la que acabe por soportar la carga económica de la multa, no hace sino reforzar la afirmación de que el artículo 101 TFUE se opone a la recuperación del importe pagado por una multa impuesta a una empresa.

105. En consecuencia, propongo que se responda a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 101 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una empresa, a la que se ha impuesto una multa por infringir dicha disposición, reclame a un miembro de su órgano de dirección la reparación del perjuicio económico derivado exclusivamente del pago de esa multa.

F.      Observaciones finales

106. El razonamiento que propongo en las presentes conclusiones no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros impongan multas personales a los miembros de un órgano de dirección que hayan participado en la infracción por cuenta de una empresa, algo que está contemplado en los artículos 5 y 12, apartado 3, del Reglamento n.º 1/2003. De hecho, en la medida en que se refiere a la aplicación pública de las normas de competencia de la Unión y no transfiere la obligación de pagar la multa impuesta a la empresa afectada, se trata de una cuestión totalmente distinta de la que es objeto del presente asunto.

107. Además, soy plenamente consciente de que, en el estado actual del Derecho de la competencia de la Unión, la Comisión no está facultada para sancionar a las personas físicas: para ello sería necesario modificar el Reglamento n.º 1/2003. (73) Esto contrasta con los ordenamientos jurídicos de varios Estados miembros, como el de la República Federal de Alemania, cuyas autoridades de competencia sí disponen de tal facultad. De hecho, en el caso de autos, se impuso al demandado una multa de 126 000 euros por su participación en el cártel de fabricantes de acero por cuenta de la demandante n.º 1.

108. Es cierto que atribuir esta competencia a la Comisión reforzaría la eficacia de la aplicación del Derecho de la competencia de la Unión. Sin embargo, como espero haber demostrado, no creo que transferir la carga de la multa impuesta a la empresa a la persona o personas físicas que la representan ponga remedio a esta falta de competencia. Como ya he explicado, ello debilitaría, en realidad, el efecto útil del artículo 101 TFUE.

109. Así, en el estado actual del Derecho de la Unión, otros medios para «seguir reforzando» la eficacia de las normas de la Unión en materia de competencia podrían incluir la imposición de una multa a una empresa por la Comisión combinada con una multa personal impuesta por una autoridad nacional de la competencia. (74) Además, en el marco de las acciones de resarcimiento por daños y perjuicios, las empresas pueden recuperar de los miembros de su órgano de dirección el importe de la indemnización abonada a las personas perjudicadas por el perjuicio causado por una infracción del artículo 101 TFUE. (75)

V.      Conclusión

110. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania) del siguiente modo:

«El artículo 101 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una empresa, a la que se ha impuesto una multa por infringir dicha disposición, reclame a un miembro de su órgano de dirección la reparación del perjuicio económico derivado exclusivamente del pago de esa multa.»


1      Lengua original: inglés.


2      Sentencia de la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) [Tribunal de Apelación de (Inglaterra y Gales) (Sala de lo Civil), Reino Unido], de 21 de diciembre de 2010, Safeway Stores Ltd v Twigger, 2010, EWCA Civ 1472, 2010 WL 5139374, apartado 19.


3      Reglamento del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1).


4      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior (DO 2019, L 11, p. 3).


5      Véanse las «Directrices para el establecimiento de multas en procedimientos administrativos por infracciones de la normativa de competencia», adoptadas por la Autoridad Federal de Defensa de la Competencia el 11 de octubre de 2021, apartado 5 y nota 6.


6      Sentencias de 20 de septiembre de 2001, Courage y Crehan (C‑453/99, «sentencia Courage y Crehan», EU:C:2001:465), apartado 26 y de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros (C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461), apartado 60. Véase la reciente sentencia de 4 de septiembre de 2025, Nissan Iberia (C‑21/24, EU:C:2025:659), apartado 51.


7      Véase el punto 47 de las presentes conclusiones.


8      Véanse las sentencias Courage y Crehan, apartado 29, y de 5 de junio de 2014, Kone y otros (C‑557/12, EU:C:2014:1317), apartado 24 y jurisprudencia citada. Véase, asimismo, la sentencia de 28 de enero de 2025, ASG 2 (C‑253/23, EU:C:2025:40), apartado 71 y jurisprudencia citada.


9      Conclusiones de la Abogada General Sra. Kokott presentadas en los asuntos Kone y otros (C‑557/12, EU:C:2014:45), punto 28, y Otis Gesellschaft y otros (C‑435/18, EU:C:2019:651), punto 44, y del Abogado General Wahl presentadas en el asunto Skanska Industrial Solutions y otros (C‑724/17, EU:C:2019:100), punto 59.


10      Sentencia de 14 de marzo de 2019, Skanska Industrial Solutions y otros (C‑724/17, «sentencia Skanska Industrial Solutions y otros», EU:C:2019:204), apartado 28.


11      Véanse, en el mismo sentido, las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto Otis Gesellschaft y otros (C‑435/18, EU:C:2019:651), punto 60.


12      Véase, a este respecto, Van Gerven, W.: «Of rights, remedies and procedures», en Common Market Law Review, vol. 37, 2000, n.º 3, pp. 501 a 536, p. 526.


13      Véase el punto 30 de las presentes conclusiones. Véanse asimismo las conclusiones del Abogado General Van Gerven, presentadas en el asunto Banks (C‑128/92, EU:C:1993:860), punto 45.


14      Merece la pena citar aquí a Walter Van Gerven, quien afirmó que «el concepto de derecho se refiere […] a una situación jurídica que una persona […] puede tener y que, en condiciones normales, dicha persona puede hacer valer frente a algunos o todos los demás ante un tribunal mediante uno o varios recursos, es decir, tipos de acciones destinadas a subsanar las vulneraciones de los derechos en cuestión, de conformidad con los procedimientos que rigen el ejercicio de dichos tipos de acciones y con el fin de que el recurso en cuestión sea efectivo» (Van Gerven, W., nota al pie 12, op. cit., at p. 502).


15      Véanse las sentencias Skanska Industrial Solutions y otros, apartado 29 y jurisprudencia citada, y de 18 de enero de 2024, Lietuvos notarų rūmai y otros (C‑128/21, «sentencia Lietuvos notarų rūmai y otros», EU:C:2024:49), apartado 113.


16      Sentencia de 6 de octubre de 2021, Sumal (C‑882/19, «sentencia Sumal», EU:C:2021:800), apartado 39 y jurisprudencia citada.


17      Véase la sentencia Skanska Industrial Solutions y otros, apartado 30 y jurisprudencia citada.


18      Véase la sentencia Sumal, apartado 41 y jurisprudencia citada.


19      Véase la sentencia Lietuvos notarų rūmai y otros, apartado 114 y jurisprudencia citada.


20      En cuanto a la responsabilidad establecida por las autoridades administrativas nacionales de competencia, véase el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2019/1.


21      Véase también, en el mismo sentido, la sentencia de la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) [Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales (Sala de lo Civil), Reino Unido], de 21 de diciembre de 2010, Safeway Stores Ltd/Twigger, 2010, EWCA Civ 1472, 2010 WL 5139374, apartado 20.


22      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea (DO 2014, L 349, p. 1).


23      Véase también el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2014/104.


24      Sentencia Sumal, apartado 40.


25      Véase la sentencia Skanska Industrial Solutions y otros, apartados 31 y 32.


26      Véanse las sentencias Skanska Industrial Solutions y otros, apartado 47, y Sumal, apartado 38.


27      Véase, en este sentido, la sentencia de 5 de diciembre de 2023, Deutsche Wohnen (C‑807/21, EU:C:2023:950), apartado 20, en la que se hace referencia al artículo 30 de la OWiG, aplicable al presente asunto (véase el punto 9 de las presentes conclusiones).


28      Sentencias de 16 de septiembre de 1999, Becu y otros (C‑22/98, EU:C:1999:419), apartado 26, y de 21 de julio de 2016, VM Remonts y otros (C‑542/14, EU:C:2016:578), apartado 23.


29      Sentencias de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion Française y otros/Comisión (100/80 a 103/80, EU:C:1983:158), apartado 97, y de 7 de febrero de 2013, Slovenská sporiteľňa (C‑68/12, EU:C:2013:71), apartado 25.


30      Sentencia de 7 de febrero de 2013, Slovenská sporiteľňa (C‑68/12, EU:C:2013:71), apartado 28.


31      Sentencia de 21 de julio de 2016, VM Remonts y otros (C‑542/14, EU:C:2016:578), apartado 24.


32      Sentencia Lietuvos notarų rūmai y otros, apartados 26 a 29.


33      Sentencia Lietuvos notarų rūmai y otros, apartados 116 y 119.


34      Sentencia Lietuvos notarų rūmai y otros, apartado 120.


35      Sentencia Lietuvos notarų rūmai y otros, apartado 121.


36      Y ello a pesar de que los notarios fueron considerados «empresas», motivo por el cual precisamente el Colegio Notarial fue calificado de «asociación de empresas» (véase la sentencia Lietuvos notarų rūmai y otros, apartado 68).


37      Esto se entiende sin perjuicio de la posibilidad de imponer sanciones a las personas físicas en virtud del Derecho nacional, que no era objeto del asunto que dio lugar a la sentencia Lietuvos notarų rūmai y otros. En cuanto a la imposición de sanciones a personas físicas con arreglo al Derecho nacional, véase más adelante el punto 106 de las presentes conclusiones.


38      Por lo que se refiere a la apreciación para determinar si existe un derecho con arreglo al Derecho de la Unión y la clase de personas que protege, véase Tridimas, T.: «Financial regulation and private law remedies: an EU law perspective», en Cherednychenko, O. y Andenas, M. (Eds.), Financial Regulation and Civil Liability in European Law, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham, 2020, pp. 47 a 72, especialmente p. 62.


39      Sentencias de 4 de junio de 2009, T-Mobile Netherlands y otros (C‑8/08, EU:C:2009:343), apartado 38, y de 19 de marzo de 2015, Dole Food y Dole Fresh Fruit Europe/Comisión (C‑286/13, EU:C:2015:184), apartado 125.


40      Sentencia de 12 de diciembre de 2019, Otis Gesellschaft y otros (C‑435/18, «sentencia Otis Gesellschaft y otros», EU:C:2019:1069), apartado 26.


41      Sentencia Courage y Crehan, apartados 5 a 7.


42      Sentencia Courage y Crehan, apartado 31.


43      Sentencia de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros (C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461), apartado 61.


44      Sentencia Otis Gesellschaft y otros, apartado 9.


45      Sentencia Otis Gesellschaft y otros, apartado 29.


46      Sentencia Otis Gesellschaft y otros, apartado 30.


47      Sentencia Otis Gesellschaft y otros, apartado 31.


48      Sentencia Otis Gesellschaft y otros, apartado 31.


49      En efecto, toda disposición del Derecho de la Unión debe interpretarse a la luz los objetivos que persigue, incluso cuando se trata de apreciar quién tiene derecho a invocarla. Véase, en este sentido, en particular, la sentencia de 17 de septiembre de 2002, Muñoz y Superior Fruiticola (C‑253/00, EU:C:2002:497), apartados 29 a 31, cuyo tenor está claramente inspirado en el de la sentencia Courage y Crehan (véanse los puntos 81 a 84 de las presentes conclusiones). Véase también la sentencia de 4 de diciembre de 1997, Daihatsu Deutschland (C‑97/96, EU:C:1997:581), apartado 22.


50      Véase la sentencia Sumal, apartados 35 y 36 y jurisprudencia citada.


51      Véase la sentencia Sumal, apartado 37 y jurisprudencia citada.


52      Véase la sentencia Lietuvos notarų rūmai y otros, apartados 111 y 112. Véase también el artículo 13 de la Directiva 2019/1.


53      Sentencia de 11 de junio de 2009, X BV (C‑429/07, EU:C:2009:359), apartado 37.


54      DO 2006, C 210, p. 2.


55      Véanse, por ejemplo, la Comunicación de la Autoridad Francesa de Competencia de 30 de julio de 2021, las Directrices de la Autoridad Federal de Defensa de la Competencia de 11 de octubre de 2021, o las Directrices de la Autoridad Portuguesa de Competencia de 20 de diciembre de 2012.


56      Sentencia Sumal, apartado 55.


57      Sentencia de 6 de noviembre de 2012, Otis y otros (C‑199/11, EU:C:2012:684), apartado 51.


58      Sentencia de 6 de noviembre de 2012, Otis y otros (C‑199/11, EU:C:2012:684), apartado 62.


59      Véase, en este sentido, la sentencia Sumal (apartado 59), en la que el Tribunal de Justicia declaró, obiter dictum, que una acción indemnizatoria ejercitada por una persona no puede dar lugar, en la práctica, a la imposición de una sanción a otras sociedades que no formaban parte del procedimiento administrativo que condujo a la imposición de la multa.


60      Sentencia de 11 de junio de 2009 (C‑429/07, EU:C:2009:359).


61      Sentencia de 11 de junio de 2009, X BV (C‑429/07, EU:C:2009:359), apartados 38 y 39.


62      Véanse los puntos 36 a 44 de las presentes conclusiones.


63      Véanse las Directrices para el cálculo de las multas, punto 13.


64      Véase la sentencia Lietuvos notarų rūmai y otros, apartado 110.


65      Véanse las Directrices para el cálculo de las multas, punto 28.


66      Véanse las Directrices para el cálculo de las multas, punto 35.


67      Véase, asimismo, en este sentido, la sentencia Sumal, apartado 59.


68      Reglamento del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE) (DO 2001, L 294, p. 1).


69      En mi opinión, el artículo 51 del Reglamento n.º 2157/2001 es comparable al artículo 43, apartado 2, de la GmbHG o al artículo 93, apartado 2, de la AktG, que las partes demandantes invocan en el presente asunto (véanse los puntos 6 y 7 de las presentes conclusiones).


70      Véase, en este sentido, la sentencia del Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno, Alemania), de 21 de octubre de 2025 (31 U 3/25, DE:OLGHE:2025:1021.31U3.25.00).


71      Sentencia de 2 de febrero de 2021, Consob (C‑481/19, EU:C:2021:84), apartado 50.


72      Véase el punto 39 de las presentes conclusiones.


73      Véase el punto 37 de las presentes conclusiones.


74      Véase, en este sentido, el considerando 10, última frase, de la Directiva 2019/1, según el cual «los Estados miembros deben poder conferir a [las autoridades nacionales de competencia] facultades adicionales que superen el conjunto básico previsto en la presente Directiva a fin de aumentar su eficacia, como por ejemplo la facultad de imponer multas a personas físicas […]».


75      Wils, W.: «The Relationship between Public Antitrust Enforcement and Private Actions for Damages», World Competition, Vol. 32, n.º 1, 2009, p. 5.