62000B0126

$$La interpretación de la normativa comunitaria relativa a los plazos procesales, según la cual «el plazo sólo comienza a contar al final del día de la notificación», con independencia de la hora en que tuvo lugar la notificación del acto de que se trata, es igualmente válida para el artículo 102, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, relativo al plazo de recurso que comienza a correr a partir de la publicación del acto controvertido, artículo que precisa que este plazo de recurso debe computarse, a efectos del artículo 101, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, «a partir del final del decimocuarto día siguiente a la fecha de publicación».

El artículo 102, apartado 1, de dicho Reglamento concede, pues, al demandante catorce días completos más con respecto al plazo de recurso normal de dos meses, y el dies a quo se traslada, en consecuencia, al decimocuarto día siguiente a la fecha de publicación del acto controvertido.

( véanse los apartados 14 y 15 )

En el asunto T-126/00,

Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria),

Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle PMI (Confcommercio),

Confartigianato,

Associazione bancaria italiana (ABI), con domicilio en Roma (Italia),

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), con domicilio en Milán (Italia),

Banco di Napoli SpA, con domicilio en Nápoles (Italia),

representados por los Sres. A. Pappalardo y M. Merola, abogados, que designan domicilio en Luxemburgo,

partes demandantes,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. G. Rozet y V. Di Bucci, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión 2000/128/CE de la Comisión, de 11 de mayo de 1999, relativa al régimen de ayudas concedidas por Italia en favor del empleo (DO 2000, L 42, p. 1),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Segunda ampliada),

integrado por los Sres. A.W.H. Meij, Presidente, K. Lenaerts, A. Potocki, M. Jaeger y J. Pirrung, Jueces;

Secretario: Sr. H. Jung;

dicta el siguiente

Auto

Hechos, procedimiento y pretensiones de las partes

1 El 11 de mayo de 1999, la Comisión adoptó la Decisión 2000/128/CE, relativa al régimen de ayudas concedidas por Italia en favor del empleo (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). Dicha Decisión fue notificada al Gobierno Italiano el 4 de junio de 1999 y publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 15 de febrero de 2000 (DO L 42, p. 1).

2 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de mayo de 2000, los demandantes interpusieron un recurso dirigido, en lo esencial, a la anulación de la Decisión impugnada.

3 Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 26 de junio de 2000, la Comisión propuso una excepción de inadmisibilidad, al amparo del artículo 114, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Declare la inadmisibilidad del recurso.

- Condene en costas a los demandantes.

4 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 de septiembre de 2000, los demandantes formularon sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad, con arreglo al artículo 114, apartado 2, del mismo Reglamento. Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime la excepción de inadmisibilidad.

- Condene en costas a la Comisión.

Sobre la admisibilidad

Alegaciones de las partes

5 La Comisión alega que el presente recurso ha sido interpuesto extemporáneamente. En efecto, dado que no se produjo ningún retraso en la difusión del Diario Oficial de 15 de febrero de 2000, los demandantes no respetaron el plazo de interposición del recurso previsto en el artículo 230 CE, párrafo quinto, en relación con los artículos 101, apartado 1, letras a) y b), y 102, apartados 1 y 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, así como con el artículo 1, tercer guión, del anexo II del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, al presentar su escrito en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de mayo de 2000. La Comisión considera que, de conformidad con las citadas disposiciones, el escrito debería haber sido presentado, a más tardar, el 9 de mayo de 2000.

6 La Comisión añade que, dado que las disposiciones antes mencionadas no presentan ambigüedad alguna, los demandantes no pueden invocar ningún error excusable ni caso fortuito o fuerza mayor. En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad de su recurso.

7 Los demandantes estiman, en cambio, que el plazo de catorce días previsto en el artículo 102, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia comenzó a correr, en el presente asunto, el día siguiente a la publicación de la Decisión impugnada, es decir, el 16 de febrero de 2000 a las 0.00 horas, y no el 15 de febrero de 2000 a medianoche, como pretende la Comisión. El plazo de catorce días finalizó el último segundo del 29 de febrero de 2000. El plazo de dos meses previsto en el artículo 230 CE, párrafo quinto, comenzó a correr, por tanto, el 1 de marzo de 2000 a las 0.00 horas y finalizó el último segundo del 30 de abril de 2000. En consecuencia, el plazo por razón de la distancia de diez días previsto en el artículo 1, tercer guión, del anexo II del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia para las partes que tienen su residencia habitual en Italia comenzó a correr el 1 de mayo de 2000 a las 0.00 horas y expiró el último segundo del 10 de mayo de 2000. Los demandantes concluyen, por tanto, que su recurso no fue interpuesto fuera del plazo previsto y que procede declarar la admisibilidad del mismo.

8 Los demandantes señalan que el artículo 102, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia está dirigido a garantizar a los terceros no destinatarios del acto controvertido un plazo de catorce días después de la publicación en el Diario Oficial, al objeto de que puedan tomar efectivamente conocimiento de dicho acto. El plazo de dos meses para la interposición de recursos fijado en el Tratado CE comienza a correr, por tanto, inmediatamente después de la finalización del decimocuarto día, no estando comprendido en dicho plazo el día de publicación, de conformidad con la regla dies a quo non computatur in termino [artículo 101, apartado 1, letra a), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia].

9 En apoyo de su tesis, los demandantes hacen asimismo referencia al artículo 3, apartado 1, segunda frase, y apartado 2, letra c), del Reglamento (CEE, Euratom) nº 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos (DO L 124, p. 1; EE 01/01, p. 149), según el cual el plazo expresado en semanas, meses o años comenzará a correr al comienzo del primer día siguiente a aquel en que ocurrió el acontecimiento y concluirá al finalizar la última hora del día que, en la última semana, en el último mes o en el último año, lleve el mismo nombre o la misma fecha que el día a partir del cual empieza a computarse un plazo. De igual modo, invocan el artículo 10, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas (DO L 395, p. 1), y el artículo 7, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 447/98 de la Comisión, de 1 de marzo de 1998, relativo a las notificaciones, plazos y audiencias contemplados en el Reglamento nº 4064/89 (DO L 61, p. 1). A juicio de los demandantes, procede aplicar por analogía las citadas disposiciones para dar una interpretación coherente a las disposiciones procesales directamente pertinentes en el presente asunto.

10 Con carácter subsidiario, los demandantes sostienen que, en el supuesto de que se acogiera el punto de vista sostenido por la Comisión, procedería declarar no obstante la admisibilidad del recurso, dado que el error cometido en el cómputo de los plazos debe ser calificado de excusable, y ello por razón del gran número de elementos que respaldan su modo de cálculo de los plazos de recurso y de las incertidumbres relativas a la concreta aplicación, en el presente asunto, de las disposiciones sobre el cálculo de dichos plazos.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

11 De conformidad con el artículo 111 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, cuando un recurso sea manifiestamente inadmisible, el Tribunal de Primera Instancia podrá, sin continuar el procedimiento, decidir por vía de auto motivado. En el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia estima que los hechos se hallan suficientemente esclarecidos por los documentos que obran en autos para decidir sobre la admisibilidad del presente recurso sin continuar el procedimiento.

12 Dado que el presente asunto versa sobre un recurso interpuesto contra un acto publicado en el Diario Oficial de 15 de febrero de 2000, procede recordar, por un lado, que, a tenor del artículo 102, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, «cuando el plazo de interposición de un recurso contra un acto de una Institución empiece a correr a partir de la publicación, dicho plazo deberá contarse, conforme a la letra a) del apartado 1 del artículo 101, a partir del final del decimocuarto día siguiente a la fecha de publicación del acto en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

13 Por otra parte, del artículo 101, apartado 1, del mismo Reglamento de Procedimiento se desprende que los plazos procesales previstos, en particular, en el Tratado CE y en dicho Reglamento se computan excluyendo el día en el que ocurre el suceso a partir del cual hayan de computarse y finalizan al expirar el día que, en el último mes si el plazo de que se trata está expresado en meses, tenga la misma cifra que el día en que ocurrió el suceso a partir del cual hayan de computarse los plazos.

14 Tal como declaró el Tribunal de Justicia en su sentencia de 15 de enero de 1987, Misset/Consejo (152/85, Rec. p. 223), apartado 7, una norma de tal tipo, que excluye del cómputo de los plazos procesales el día en que se efectúa el acto que constituye el momento de inicio del plazo, tiende a garantizar a las partes la plena utilización de los plazos. El Tribunal de Justicia declaró que, con independencia de la hora en que tuvo lugar la notificación del acto de que se trata, «el plazo sólo comienza a contar al final del día de la notificación».

15 Procede considerar que este razonamiento es igualmente válido para la interpretación del artículo 102, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, relativo al plazo de recurso que comienza a correr a partir de la publicación del acto controvertido. En esta disposición se ha pretendido precisar que este plazo de recurso debe computarse, a efectos del artículo 101, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, «a partir del final del decimocuarto día siguiente a la fecha de publicación». Por tanto, el artículo 102, apartado 1, de dicho Reglamento concede al demandante catorce días completos más con respecto al plazo de recurso normal de dos meses, y el dies a quo se traslada, en consecuencia, al decimocuarto día siguiente a la fecha de publicación del acto controvertido.

16 Dado que el presente asunto versa sobre el plazo de recurso de dos meses previsto en el artículo 230 CE, párrafo quinto, el dies a quo fue aplazado así desde el 15 hasta el 29 de febrero de 2000, lo que proporcionaba a los demandantes un plazo adicional de catorce días completos, incluido el día del 29 de febrero hasta medianoche.

17 En virtud del artículo 101, apartado 1, letra b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, según el cual un plazo expresado en meses finalizará al expirar el día que, en el último mes, tenga la misma cifra que el dies a quo, dicho plazo de recurso expiró a la finalización del 29 de abril de 2000.

18 El hecho de que esta fecha correspondiera a un sábado no implicaba el aplazamiento, conforme al artículo 101, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, de la expiración del plazo hasta el final del siguiente día hábil. En efecto, al tener todos los demandantes su domicilio en Italia, el plazo de recurso se amplió en diez días, por razón de la distancia, de conformidad con el artículo 102, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia en relación con el artículo 1, tercer guión, del anexo II del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Ahora bien, como el Tribunal de Justicia señaló en su auto de 15 de mayo de 1991, Emsland-Stärke/Comisión (C-122/90, no publicado en la Recopilación), apartado 9, el artículo 101, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia únicamente se aplica en caso de que el plazo de recurso completo, incluido el plazo por razón de la distancia, concluya en sábado, domingo u otro día festivo legal (véase asimismo el auto del Tribunal de Primera Instancia de 20 de noviembre de 1997, Horeca-Wallonie/Comisión, T-85/97, Rec. p. II-2113, apartados 25 y 26). En el presente asunto, teniendo en cuenta el plazo por razón de la distancia de diez días, el plazo completo concedido para la interposición del recurso venció el martes 9 de mayo de 2000 a medianoche, fecha que no figura en la lista de días festivos legales establecida en el artículo 1 del anexo I del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al Tribunal de Primera Instancia en virtud del artículo 101, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

19 De ello se deduce que el presente recurso, presentado el 10 de mayo de 2000, fue interpuesto extemporáneamente.

20 Dado que los demandantes niegan la extemporaneidad de su recurso invocando la aplicación analógica de los Reglamentos nos 1182/71, 4064/89 y 447/98, basta señalar que las disposiciones relativas al plazo de recurso constituyen una normativa completa que permite determinar no sólo el comienzo de este plazo, sino también su término, de modo que no se plantea la cuestión de una aplicación por analogía de los Reglamentos antes citados (véase, en este sentido, la sentencia Misset/Consejo, citada en el apartado 14 supra, apartado 10).

21 En la medida en que los demandantes invocan asimismo un error excusable, procede recordar que, según la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la aplicación estricta de las normas comunitarias relativas a los plazos de procedimiento responde a la exigencia de seguridad jurídica y a la necesidad de evitar cualquier discriminación o trato arbitrario en la administración de la justicia (sentencia Misset/Consejo, citada en el apartado 14 supra, apartado 11). Ahora bien, la normativa relativa a los plazos aplicable en el presente asunto no presenta ninguna especial dificultad de interpretación, de modo que no cabe admitir la existencia de un error excusable por parte de los demandantes, que justifique una excepción a la aplicación estricta de dicha normativa.

22 Por último, los demandantes no han demostrado ni tan siquiera invocado la existencia de caso fortuito o fuerza mayor que permita a este Tribunal conceder una excepción al plazo controvertido sobre la base del artículo 42, párrafo segundo, del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en virtud del artículo 46 de dicho Estatuto.

23 De las consideraciones expuestas se deduce que debe declararse la inadmisibilidad manifiesta del recurso.

24 En las presentes circunstancias, ya no es necesario pronunciarse sobre la demanda de intervención presentada el 9 de octubre de 2000, en particular por la Federazione associazioni imprese distribuzione.

Costas

25 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por las partes demandantes y habida cuenta de las pretensiones de la parte demandada, procede condenar en costas a las partes demandantes.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda ampliada)

resuelve:

1) Declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.

2) Condenar en costas a los demandantes.