T-59/99 R61999B00590014.000125201252910TAUTO DE 20.7.1999 — ASUNTO T-59/99 RVENTOURIS / COMISIÓN<TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia</HT></P><P>de <DATE ISO="19990720">20 de julio de 1999</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: griego.</P></NOTE></P></TI>

En el asunto T-59/99 R,

Ventouris Group Entreprises SA, sociedad panameña, con domicilio en Panamá, representada por las Sras. Maria Proestou y Maria Velmachou, Abogadas de Atenas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Claude Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

parte demandante,contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Dimitris Triantafyllou y Richard Lyal, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto una demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión 1999/271/CE de la Comisión, de 9 de diciembre de 1998, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/34.466 — Transbordadores griegos) (DO 1999, L 109, p. 24), en la medida en que impone a la demandante una multa de 1,01 millones de ECU por la violación del artículo 85 del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE), por una parte, y de dispensa incondicional de la obligación de constituir una garantía bancaria corno requisito para evitar el pago inmediato del importe de la multa impuesta por la Decisión, por otra parte,

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

dicta el siguiente

<TI><P>Auto</P></TI><TI><P>Antecedentes de hecho y procedimiento</P></TI>1El 9 de diciembre de 1998, la Comisión adoptó la Decisión 1999/271/CE, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE (IV/34.466 — Transbordadores griegos) (DO 1999, L 109, p. 24; en lo sucesivo, Decisión). Conforme al artículo 1, apartado 2, de la Decisión, las seis compañías que se citan en él y entre las que se encuentra la demandante, infringieron el artículo 85, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE, apartado 1) al haber concertado los niveles de las tarifas para camiones aplicables en las rutas que unen Patras (Grecia) con Bari y Brindisi (Italia).2El artículo 2 de la Decisión impuso a la demandante, en particular, una multa de 1,01 millones de ECU por la infracción constatada en el artículo 1. Su artículo 3 prevé que las multas impuestas de esta manera se hagan efectivas en el plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación de la Decisión.3Mediante escrito de 18 de diciembre de 1998, la Comisión notificó la Decisión a la demandante. En dicho escrito se precisaba que, si la demandante presentaba una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, la Comisión no adoptaría ninguna medida para proceder al cobro mientras el asunto estuviera pendiente ante dicho órgano jurisdiccional, a condición de que la deuda devengara intereses desde la fecha de expiración del plazo para el pago de la multa y de que se constituyera, no más tarde de esa fecha, una garantía bancaria que resultara aceptable para la Comisión y que cubriera el importe de la deuda principal, así como los recargos e intereses que pudieran deberse.4Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 1 de marzo de 1999, la demandante interpuso, en virtud del artículo 173 del Tratado CE (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación), un recurso de anulación de la Decisión.5Por medio de otro escrito, presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia en la misma fecha, la demandante interpuso, conforme a los artículos 185 y 186 del Tratado CE (actualmente artículos 242 CE y 243 CE), la presente demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión y de dispensa incondicional de la obligación de constituir una garantía bancaria. El 16 de marzo de 1999, la Comisión presentó en la Secretaría del Tribunal sus observaciones sobre la demanda de medidas provisionales.6La audiencia de las partes, prevista inicialmente para el 18 de mayo de 1999, fue pospuesta, a petición de la demandante, hasta el 4 de junio de 1999, fecha en la que ésta aportó una cierta cantidad de documentos. Se concedió a la demandada un plazo de 20 días para que pudiera pronunciarse sobre ellos. Esta última formuló sus observaciones a propósito de los mencionados documentos el 24 de junio de 1999.<TI><P>Fundamentos de derecho</P></TI>7En virtud de las disposiciones combinadas de los artículos 185 y 186 del Tratado y del artículo 4 de la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (DO L 319, p. 1), modificado por la Decisión 93/350/Euratom, CECA, CEE del Consejo, de 8 de junio de 1993 (DO L 144, p. 21), el Tribunal de Primera Instancia puede, si lo estima oportuno, ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado o adoptar las medidas provisionales necesarias.8El artículo 104, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia dispone que las demandas de medidas provisionales deben especificar las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho que justifiquen a primera vista (fumus boni iuris) la concesión de la medida provisional solicitada. Estos requisitos son acumulativos, de manera que debe desestimarse una demanda de suspensión de la ejecución cuando no se dé alguno de ellos [auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 1996, SCK y FNK/Comisión, C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971, apartado 30].9Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, en el marco del examen de conjunto de una demanda de suspensión de la ejecución de un acto y de medidas provisionales, el Juez de medidas provisionales dispone de una amplia facultad de apreciación y puede determinar libremente, a la vista de las particularidades del asunto, de qué manera debe verificarse la existencia de los diferentes requisitos y el orden que debe seguirse en este examen, puesto que ninguna norma de Derecho comunitario le impone un esquema de análisis preestablecido para apreciar si es necesario pronunciarse con carácter provisional [auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 1998, Emesa Sugar/Comisión, C-364/98 P(R), Rec. p. I-8815, apartado 44].<TI><P>Alegaciones de las partes</P></TI>10En su demanda de medidas provisionales, la demandante se limita a indicar que, a la vista de los decisivos argumentos planteados en el marco del recurso principal, es muy probable que se estime este último y que se acoja su pretensión de que se anule completamente o, en su defecto, se modifique la Decisión.11La demandante explica, por otra parte, que, a causa de la precariedad de su situación financiera actual, los bancos a los que se ha dirigido para constituir una garantía bancaria le han exigido que deposite (en efectivo) y bloquee la totalidad de la suma que debe servir de garantía, es decir, 1,01 millones de ECU. En estas circunstancias, alega que no puede objetivamente constituir la garantía bancaria solicitada por la Comisión. Añade que la ejecución forzosa de la Decisión por la Comisión conllevaría su liquidación. En efecto, en la medida en la que actualmente es incapaz de hacer frente a sus obligaciones financieras, una medida de este tipo alarmaría y movilizaría a sus acreedores, que se apresurarían a reclamar las cantidades que se les adeuda, con independencia de que se hubiera llegado a un acuerdo sobre las mismas.12La Comisión hace constar que los documentos aportados por la demandante no permiten concluir que la suspensión de la ejecución solicitada sea urgente. Añade que la demandante no es una empresa pequeña, que la multa es inferior al 2 % de sus deudas y que no ha demostrado que añadir simplemente una deuda en litigio la conduciría a la quiebra. La Comisión subraya, por otra parte, que la demandante habría obtenido un trato más favorable si se hubiera dirigido a varios bancos a fin de garantizar el pago de una parte de su deuda. Además, mantiene que liberar a la demandante de la obligación de constituir una garantía bancaria resulta desproporcionado en relación con el interés de la Comisión en percibir de forma efectiva la multa si se desestima el recurso principal y la salvaguarda de los intereses financieros de la Comunidad. Finalmente, la Comisión hace constar que conviene tener igualmente en cuenta la posibilidad de que los accionistas y los restantes miembros del grupo ayuden a la demandante a constituir la garantía bancaria.<TI><P>Apreciación del Juez de medidas provisionales</P></TI>13Antes de pronunciarse sobre la presente demanda de medidas provisionales, debe definirse con precisión el objeto del procedimiento. En efecto, en la demanda se solicita, en primer lugar, que se suspenda la ejecución de la Decisión, en la medida en la que impone a la demandante una multa de 1,01 millones de EGU y, en segundo lugar, que se la dispense incondicionalmente de la obligación de constituir una garantía bancaria.14Ahora bien, consta que, en el escrito de notificación de la Decisión de 18 de diciembre de 1998, la Comisión precisó a la demandante que, si interponía un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, no adoptaría ninguna medida para proceder al cobro mientras el asunto estuviera pendiente ante dicho órgano jurisdiccional, a condición de que la deuda devengara intereses desde la fecha de expiración del plazo para el pago de la multa y de que se constituyera, no más tarde de esa fecha, una garantía bancaria que resultara aceptable para la Comisión y que cubriera el importe de la deuda principal, así como los recargos e intereses que pudieran deberse. En estas circunstancias, el recurso de la demandante pretende únicamente obtener una dispensa de la obligación de constituir una garantía bancaria como requisito para que no se exija de forma inmediata el pago del importe de la multa impuesta por la Decisión.15Según reiterada jurisprudencia, sólo puede estimarse una demanda de este tipo si concurren circunstancias excepcionales (véase, en particular, los autos del Presidente del Tribunal de Justicia de 6 de mayo de 1982, AEG/Comisión, 107/82 R, Rec. p. 1549, apartado 6; de 15 de marzo de 1983, Ferriere di Roe Volciano/Comisión, 234/82 R, Rec. p. 725, apartados 2 y 8, y del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 21 de diciembre de 1994, Laakmann Karton/Comisión, T-301/94 R, Rec. p. II-1279, apartado 22).16En el caso de autos, procede examinar, en primer lugar, si la demandante ha conseguido demostrar, a primera vista, que le resulta imposible constituir la garantía bancaria solicitada y, al mismo tiempo, la urgencia.17En apoyo de su demanda de medidas provisionales, la demandante aportó varios documentos, entre los que se cuentan quince cartas remitidas por establecimientos bancarios, de las que once son anteriores a 1998. Aun cuando dichos documentos muestran la difícil situación financiera de la demandante, no permiten llegar a la conclusión, a primera vista, de que la obligación de constituir una garantía bancaria para evitar el cobro inmediato de la multa, a la espera de que se pronuncie la sentencia en el procedimiento principal, comprometería seriamente su existencia. La demandante presentó también un documento que recoge, a 31 de diciembre de 1998, las deudas derivadas de los préstamos que se le habían concedido. No obstante, puesto que la demandante sólo aportó información a propósito del pasivo de su balance, no es posible estimar si la importancia de su endeudamiento pone en peligro la continuación de sus actividades.18En la audiencia, la demandante presentó varios documentos complementarios, entre los que figuran varias cartas de establecimientos bancarios, extractos de contratos de préstamo y la cuenta de resultados consolidada correspondiente a 1997 y 1998, certificada por el Sr. Stamou, contable. Dichos documentos demuestran igualmente la precariedad de la situación financiera de la demandante, pero no permiten concluir, a primera vista, que la obligación de constituir una garantía bancaria para evitar el cobro inmediato de la multa, a la espera de que se pronuncie la sentencia en el procedimiento principal, comprometería seriamente su existencia.19Debe añadirse que, entre los documentos presentados por la demandante en la audiencia, figura una nota que pretende precisar y aclarar las afirmaciones recogidas en la demanda de suspensión. En el punto III de la mencionada nota, la demandante explica que se había esforzado y se esforzaba todavía en llegar a algún acuerdo y obtener de los bancos acreedores y de otros acreedores condiciones más favorables para sus deudas y obligaciones, vencidas o no, con el propósito de sanear e impulsar nuevamente sus actividades económicas. La demandante señaló, en este sentido, que, gracias a la venta del buque Polaris el 5 de marzo de 1999, es decir inmediatamente después de la presentación de la presente demanda, había devuelto al Banco Nacional de Grecia la totalidad de los préstamos que éste le había concedido, con un valor a 31 de diciembre de 1998 de 16.257.367 USD. Además, la demandante concluyó o estaba a punto de concluir acuerdos definitivos en relación con sus deudas con otros tres bancos: Ioniki Trapeza tis Ellados, Royal Bank of Scotland y Emporiki Trapeza tis Ellados. A la vista de estos elementos, procede hacer constar que si la demandante es capaz de concluir acuerdos relativos a sus deudas después de que la Comisión le haya impuesto la multa y, en particular, si es capaz de reembolsar un préstamo de 16 millones USD, no parece verosímil que no pueda constituir la garantía bancaria exigida por la Comisión, que sólo asciende a aproximadamente 1,5 millones de USD.20Resulta de lo anterior que la demandante no ha conseguido demostrar que, de no concederse las medidas solicitadas, sufrirá un perjuicio grave e irreparable.21En consecuencia, debe desestimarse la demanda de medidas provisionales, sin que sea preciso examinar si concurren los restantes requisitos para conceder la suspensión de la ejecución.

En virtud de todo lo expuesto,

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

resuelve:

1)Desestimar la demanda de medidas provisionales.2)Reservar la decisión sobre las costas.

Dictado en Luxemburgo, a 20 de julio de 1999.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

B. Vesterdorf