Esta cuestión debe resolverse a la luz de las sentencias del Tribunal de Justicia en el asunto 152/82, Forcheri/el'Reino de Bélgica (Rec. 1983, p. 2323) y Gravier, si bien el Tribunal nacional al resolver el asunto en último término podrá tener en cuenta las sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos 293/85, Comisión/Bélgica, y 24/86, Blaizot/Universidad de Lieja y otros (Rec. 1988, pp. 305 y 379) en las que se debatió ampliamente la cuestión de si la enseñanza universitaria puede considerarse formación profesional.

Ya expuse mi opinión en mis conclusiones en dichos asuntos, especialmente en el de Bélgica y no deseo repetirla in extenso. En resumen, consiste en que los estudios universitarios son formación profesional si preparan para una cualificación u otorgan los conocimientos y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, oficio o empleo concreto, aunque comprendan una parte de enseñanza general. En respuesta a las preguntas escritas del Tribunal de Justicia, el Gobierno alemán pareció aceptar que todas las formas de estudios universitarios que preparan para una profesión o empleo constituyen una formación profesional y el Gobierno danés aceptó que toda formación que capacita para ejercer un empleo, por encima de la educación general, constituye formación profesional.

Por otro lado, la República Federal de Alemania expuso en sus observaciones que los estudios universitarios sólo pueden ser profesionales si su terminación constituye un requisito previo para acceder a una profesión determinada. Yo no comparto esta opinión. Existen profesiones a las que pueden acceder tanto los titulados en una determinada disciplina como los no titulados con determinados conocimientos teóricos o prácticos o con determinada experiencia. Mantener que dichos estudios universitarios no eran profesionales porque no constituían un requisito previo para el acceso a una profesión limitaría injustificadamente la definición dada en el asunto Gravier.

Según los hechos aceptados por las partes y que se exponen en la resolución de remisión, parece prima facie que los estudios cursados por el demandante reúnen las condiciones que he expuesto como base del asunto Gravier con respecto a la profesión de ingeniero electrotécnico. En gran medida le otorgan la formación y aptitudes necesarias para ser ingeniero electrotécnico, ejercer como tal y, si su diploma reúne las calificaciones necesarias, llegar a ser miembro asociado de la institución profesional, lo que le permite acceder a la condición de miembro de pleno derecho. En mi opinión, no constituye un argumento decisivo en contra del interesado, el hecho de que sus estudios no le otorguen inmediatamente o directamente la condición de chartered engineer. Me parece evidente que el título que le da derecho a ser miembro asociado forma parte integrante de su plena cualificación, aunque además constituya una formación para determinada profesión.

No puedo admitir las interpretaciones más restrictivas dadas por los Gobiernos alemán y danés, en el sentido que el apartado 3 del artículo 7 añade un nuevo requisito, a saber la relación con la actividad del trabajador como tal. La libre circulación de los trabajadores a que el Reglamento no 1612/68 pretende facilitar debe ser para el trabajador uno de los medios que le garanticen la posibilidad de mejorar las condiciones, y facilitar su promoción social (tercer considerando). Este objetivo quedaría parcialmente frustado si el trabajador comunitario no pudiera recibir formación en una nueva disciplina, en especial en un nivel más avanzado.

Por lo que respecta a la segunda parte de la primera cuestión, tanto el demandante como la Comisión opinan que no se puede distinguir razonablemente entre la formación profesional y la frase escuelas de formación profesional del apartado 3 del artículo 7 del Reglamento no 1612/68. El Reino Unido considera que el Tribunal de Justicia podría llegar a esta conclusión. En mi opinión, todo centro educativo que imparte uno o varios cursos de formación profesional debe ser considerado pro tanto como escuela de formación profesional en el sentido del apartado 3 del artículo 7.

La cuestión no se refiere a la exigencia del pago de las cuotas de enseñanza, como en el asunto Gravier, sino al abono de los mismos a una persona o por cuenta de ésta. La razón de ello es que, en general, en el Reino Unido las tasas universitarias no son abonadas por el estudiante británico sino por las autoridades educativas locales, mientras que hasta septiembre de 1986 tenían que ser pagadas directamente por el estudiante nacional de un Estado miembro de la Comunidad. En principio, no veo la diferencia entre exigir el pago de cuotas o no exigirlo, por una parte, y pagarlos o no pagarlos, por otra. Ambas soluciones son discriminatorias en el sentido de la sentencia Gravier.

¿Comprende la sentencia Gravier las cuotas de enseñanza en contraposición a los derechos de matrícula? En mi opinión es evidente que sí, si dichas cuotas se han abonado como requisito para el acceso a una formación impartida en un Estado miembro. En el asunto Gravier se hace referencia a unos derechos de matrícula, pero como se deduce con claridad de los hechos de dicho asunto y del asunto Blaizot así como del asunto 309/85, Barra/Estado belga y Ciudad de Lieja, lo que se discutía en todos los asuntos belgas no eran los derechos de matrícula básicos, que pagan todos los estudiantes, sino lo que se denominó durante la vista minervai de estudiantes extranjeros que podía llegar hasta el 50 % del coste de la enseñanza. Esto es esencialmente, o al menos sustancialmente, una cuota de enseñanza.

De hecho, en virtud de una modificación de las normas aplicables, que entró en vigor el 1 de septiembre de 1986, las autoridades del Reino Unido pagan las cuotas de enseñanza de los nacionales de los Estados comunitarios (por lo visto, independientemente de la naturaleza de los estudios universitarios emprendidos). Por este motivo, el Reino Unido no ha rechazado la petición de que las cuotas de enseñanza no deberían ser pagadas por el estudiante nacional de un país comunitario. Sin embargo, parece que la modificación no satisface plenamente las pretensiones del demandante. En efecto, la modificación no tiene efecto retroactivo. Se le exigió que abonara los derechos correspondientes a los cursos de 1984 y 1985 y se sugiere que puede verse obligado a pagar los de 1986. Además, su abogado indicó en la vista que la modificación no se aplica o no puede aplicarse a aquéllos que iniciaron sus estudios antes de la entrada en vigor de la misma.

Por todas estas razones, y en base a que el demandante emprendió estudios de formación profesional, las citadas cuotas no se debían abonar, con arreglo a la sentencia en el asunto Gravier; como ya indiqué en el asunto Blaizot, considero que esto no produce solamente un efecto de cara al futuro, sino que comprende a los estudiantes que iniciaron su formación profesional en la época de la sentencia Gravier con respecto a la totalidad de sus estudios. Consiguientemente, si han sido abonados, son recuperables; si no lo han sido, no son pagaderos.

Las cantidades destinadas a manutención, a que se refiere la segunda parte de la segunda cuestión, plantean un problema distinto.

El demandante alega con razón, refiriéndose al asunto 9/74, Casagrande/Landeshauptstadt München (Rec. 1974, p. 773) que los requisitos de acceso a la formación profesional no sólo incluyen los requisitos iniciales de admisión en unas enseñanzas, sino también todo lo que se necesita para asistir a los cursos respectivos. El estudiante debe poseer suficientes medios para su manutención, los libros y el equipo. Mientras que los estudiantes nacionales reciben ayudas de manutención, los estudiantes de otros países miembros deben procurarse la manutención por su cuenta, lo que constituye un factor crucial en su decisión de emprender los estudios. Afirma que existe una evidente discriminación al respecto.

Los Estados miembros que han presentado observaciones y el Secretary of State en el procedimiento nacional, insisten en que las ayudas de manutención no están comprendidas en el principio sentado en el asunto Gravier. En este asunto, la Comisión no sostiene que así fuera. Desde luego, aunque adoptó una posición diferente en asuntos anteriores, me parece que, en último término, aquélla acepta que no están incluidas.

La cuestión no es de fácil solución, pero por las razones que expuse en mis Conclusiones en el asunto Gravier y, más adelante, considero que los requisitos de acceso a los que se refiere el asunto Gravier no comprenden dichas ayudas.

En primer lugar, la sentencia del asunto Gravier subraya que los derechos constituían una barrera económica para el acceso a la educación, en el sentido de que si el estudiante no los pagaba no podían recibir las enseñanzas. Aunque, por supuesto, comprendo que un estudiante no puede estudiar si no tiene qué comer o dónde dormir, no me parece que los medios de subsistencia tengan una relación lo bastante directa con el acceso a las mismas enseñanzas como para estar incluido en el principio de no discriminación expresado en la sentencia Gravier. El acceso directo a los estudios de formación profesional entran en el ámbito de aplicación del artículo 7 del Tratado; los medios de subsistencia, en cambio, a falta de disposiciones comunitarias más concretas, no entran en el mismo.

¿Es este resultado incompatible con la afirmación de la Comisión, admitida por el Secretario de Estado, de que con arreglo al apartado 3 del artículo 7 del Reglamento no 1612/68, no puede discriminarse a ningún trabajador en lo relativo a las ayudas de manutención, para la formación profesional? En mi opinión, no lo es. En el citado Reglamento existe una disposición concreta según la cual un trabajador en virtud del mismo derecho y en las mismas condiciones que los trabajadores nacionales tendrá acceso a las escuelas de formación profesional o, como dice el texto francés, sencillamente, a l'enseignement des écoles professionnelles.

A la luz del texto francés y de otros textos distintos del inglés, considero que el access to vocational training quiere decir lo mismo que l'enseignement des écoles professionnelles y comprende no sólo el derecho a asistir a estos centros, sino también todos los aspectos relacionados con la realización de estudios de formación profesional. Habida cuenta de los objetivos del Reglamento expuestos en los considerandos, me parece que, por los motivos que expuse en mis conclusiones en el asunto Lair, el derecho y las condiciones a que se refiere el apartado 3 del artículo 7 comprenden las ayudas de manutención, siempre que éstas se concedan a los trabajadores nacionales.

De ser aplicable, el apartado 2 del artículo 7 aún está más claro (cuestión que ya examiné en el asunto Lair). Las ventajas sociales, si se aplican a la formación profesional o a otras enseñanzas distintas de ella, incluyen evidentemente las ayudas de manutención. Si como creo, incluye al menos la enseñanza general, es impensable que un trabajador disfrute de más derechos respecto a la enseñanza general que con relación a la formación profesional.

A mi parecer, hay que contestar afirmativamente a la parte letra a) y negativamente a la letra b) de la segunda cuestión.

Dado que la resolución final sobre si el demandante es un trabajador con arreglo al artículo 7 del Reglamento corresponde al órgano jurisdiccional nacional, la cuestión que debe resolver este Tribunal de Justicia es la de si, a tal efecto, el término trabajador interpretado correctamente, incluye a la persona que lleva a cabo las actividades especificadas en la cuestión.

El demandante sostiene que durante el tiempo que estuvo empleado en Ferranti fue trabajador en el sentido del artículo 48 del Tratado. Cumplía con los requisitos enunciados en el asunto 66/85, Lawrie-Blum/Land Baden-Würtemberg (sentencia de 3 de julio de 1986, Rec. 1986, p. 2121), por ser una persona que realice durante cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de ésta, ciertas prestaciones, por las cuales percibe una remuneración. Estaba en la misma situación que la Sra. Lawrie-Blum, profesora en prácticas que también realizaba una preparación practica vinculada al mismo ejercicio de la profesión. Además, como ingeniero en prácticas estaba cubierto por el régimen nacional de seguridad social.

El demandante y la Comisión afirman que esto es suficiente. Si admitimos que es trabajador, lo es en todos los sentidos y no se puede fijar un período de tiempo como condición para ser considerado como tal con arreglo al artículo 48 o al Reglamento no 1612/68. Sus intenciones al aceptar el empleo son ajenas al caso, y también el hecho de que desde el principio el empleo estuviera limitado a un tiempo determinado anterior al inicio de los estudios universitarios.

El Reino Unido, Alemania y Dinamarca están una vez más en total desacuerdo con esta conclusión. Según ellos, el Reglamento tiene por finalidad facilitar el acceso al empleo y la integración de los trabajadores migrantes en el Estado miembro de acogida. Considerar que un breve período de empleo, aunque se haya asumido como un medio de completar los ingresos o por ser de utilidad a los estudios, ya sea antes de entrar en la Universidad o durante las vacaciones, le da derecho a disfrutar de las ayudas de manutención, tal vez durante un largo período de tiempo, significa dar una interpretación totalmente injustificada del objeto y los fines del Reglamento no 1612/68.

Es evidente que, con arreglo al artículo 48, hay que dar al término trabajador un sentido amplio (véase asunto 53/81, Levin/Staatssecretaris van Justitie, Rec. 1982, pp. 1035 y 1050). También es evidente que el trabajo desempeñado en la empresa Ferranti por el demandante reunía las características del contrato de trabajo a que se refiere el asunto Lawrie-Blum. A este fin, un trabajador puede serlo a tiempo parcial o recibir un salario inferior al mínimo legal establecido por las autoridades nacionales. Por otra parte, la sentencia Levin dejó asimismo claro que el empleo debe ser real y efectivo con exclusión de aquellas actividades de tan pequeña escala que pueden considerarse como meramente marginales y accesorias y que las normas relativas a la libre circulación de los trabajadores garantizan solamente la libertad de circulación de las personas que ejercen o pretenden ejercer una actividad económica.

Un trabajador con arreglo al artículo 48 tiene derecho a aceptar una oferta de empleo efectiva y trasladarse para ello a otro Estado miembro. El Tribunal de Justicia ha aceptado que también tiene derecho a buscar un empleo (asunto 316/85, Centre public/Lebon, sentencia de 18 de junio de 1987, Rec. 1987, p. 2811). Una persona que busca trabajo no puede disfrutar de los derechos que concede el apartado 2 del artículo 7 del Reglamento no 1612/68 y me parece que aunque una persona disfrute de los derechos que otorga el artículo 48 del Tratado no disfruta necesariamente de todos los derechos que otorga el artículo 7 del Reglamento.

Opino que, para poder solicitar una ayuda a los estudios con arreglo al artículo 7, el interesado debe demostrar que lo hace verdaderamente en calidad de trabajador y debe encontrarse en el Estado miembro como tal, así como con el fin de trabajar en él.

Una persona que, en cualquier caso, tiene la clara intención de trasladarse a un Estado miembro como estudiante y que obtiene plaza en una universidad o escuela durante un período determinado de tiempo y en una fecha fija, pero que, desempeña un empleo de breve duración para adquirir una experiencia útil, no puede invocar, a mi parecer, los apartados 2 y 3 del artículo 7 para solicitar una ayuda como trabajador. En cierto sentido el trabajo es accesorio de los estudios y aunque se han dicho que las intenciones secundarias de una persona que desempeña una auténtica tarea como trabajador no vienen el caso, a mi entender, las sentencias del Tribunal de Justicia no impiden que se examinen los motivos por los que aquélla se encuentra en el Estado miembro desempeñando un trabajo temporal y la condición real en base a la cual formula su solicitud de ayuda. Opino que una persona que pasa por las etapas descritas en la cuestión planteada acude a la Universidad como un estudiante ordinario; no es verdaderamente una persona que ejerce los derechos de un trabajador de acceder a la formación profesional como medio de incrementar su movilidad o para promocionarse. No acude a la Universidad en calidad de trabajador.

Una persona tiene derecho a invocar los apartado 2 y 3 del artículo 7 en relación con las ayudas a la educación, cuando se demuestra que se ha trasladado como auténtico trabajador, se ha convertido en trabajador y, después, ha decidido solicitar una formación profesional en calidad de tal. En tal caso, me parece que no se puede aceptar la fijación de un período limitado de tiempo durante el cual debe haber trabajado el solicitante (asunto 249/83, Hoeckx/Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Rec. 1985, p. 973, y asunto 122/84, Scrivner/Centre public d'aide social de Chastre, Rec. 1985, p. 1027). Ahora bien, en caso de duda, para decidir si una persona es trabajador, creo que puede tomarse en consideración el período de tiempo durante el que ha trabajado. Debe ser un período de tiempo razonable para el objetivo que se persigue. Me parece que el plazo de un año, si no es un criterio infalible, es razonable para nuestros fines.

No admito que la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 157/84, Frascogna contra Caisse de dépôts et consignations, de 6 de junio de 1985, impida que se establezca un período mínimo de tiempo para dilucidar si una persona se encuentra en un Estado miembro en calidad de trabajador. Dicho asunto se refería a una pensión de vejez para una persona residente en un Estado miembro. Esta cumplía todos los requisitos de edad y la sentencia del Tribunal de Justicia declaró ilícito un requisito adicional de residencia. Por analogía, cuando se ha demostrado que una persona es trabajador, no es admisible exigirle un período mínimo para calificarlo como tal. Otra cosa es que, tratándose de ayudas al estudio, se tenga en cuenta el período durante el que una persona ha trabajado, para decidir la cuestión esencial de si es un trabajador con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo 7 del Reglamento.

En este caso, para decidir si podía disfrutar de los derechos que como trabajador le otorgan los apartado 2 y 3 del artículo 7, era lícito tener en cuenta el hecho de que el demandante sólo había trabajado ocho meses para realizar una formación práctica.

Habida cuenta de la respuesta que propongo a la tercera cuestión, la cuarta no necesita una respuesta detallada. Sin embargo, por las razones que di en mis conclusiones en el asunto Lair, considero que una persona que es trabajador con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo 7 tiene derecho a recibir una ayuda de manutención y a ser exceptuada del abono de las cuotas de enseñanza en las mismas condiciones que los nacionales del Estado de acogida, en virtud del apartado 2, por lo que respecta a la enseñanza no profesional y en virtud del apartado 3, por lo que respecta a la enseñanza en escuelas de formación profesional o centros de readaptación de enseñanza.

El demandante afirma que, si interpretamos literalmente el artículo 12, puede acogerse al mismo en todo caso. Su madre, de nacionalidad francesa gracias a la cual puede solicitar la ayuda, estuvo trabajando en el Reino Unido y ahora él reside en dicho país. Alega ademas, que supondría una importante limitación a la movilidad de la mano de obra que, después de haber residido junto con su padre o madre en un Estado miembro durante quince años y de haberse trasladado a vivir a otro Estado miembro, el hijo no pudiera regresar para efectuar estudios en el primer Estado o que no pudieran hacerlo los hijos habidos posteriormente, para disfrutar de los derechos otorgados por el artículo 12. El Reino Unido replica que la madre abandonó el Reino Unido en 1965, antes de que dicho país se adhiriera al Tratado y que el Derecho comunitario no puede otorgar a sus hijos derechos derivados de su empleo o residencia en el Reino Unido antes de aquella fecha. Además, si el objeto del artículo 12 es facilitar la integración de la familia del trabajador en el Estado de acogida donde éste ejerce o ejercía un empleo, no puede ser justo que los hijos cuya residencia no guarde relación con el empleo de su padre o madre en el Estado miembro disfruten de tales derechos.

A mi modo de ver, el artículo 12 debe interpretarse en el sentido de que otorga derechos a un hijo que haya vivido con sus padres o con uno de ellos en el Estado miembro durante el tiempo en que su progenitor ejercía un empleo en él. El hecho de que éste se traslade a otro país no priva al hijo de sus derechos. Por otra parte, me parece que el artículo citado no otorga este derecho al hijo nacido después que el padre o madre haya dejado de trabajar o residir en un Estado miembro. Nunca formó parte de la familia en dicho Estado ni se integró en el mismo como familiar del trabajador. Si regresa y reside en el país con el fin de estudiar, no lo hace como hijo de alguien que ejerce un empleo ni como alguien que era niño durante el período en que su padre o madre ejercieron un empleo que ahora ha terminado.

En todo caso, no me convence que el hijo de un nacional de otro Estado miembro, que salió del Reino Unido antes de que este país se adhiriera al Tratado, posea estos derechos.

Por consiguiente, en mi opinión procede contestar a las cuestiones en los términos siguientes:

Corresponde al órgano jurisdiccional nacional resolver sobre las costas en el procedimiento principal. Los gastos efectuados por los Gobiernos que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia y por la Comisión no pueden ser objeto de reembolso.