SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

de 16 de octubre de 2024 (*)

« Marca de la Unión Europea — Procedimiento de caducidad — Marca figurativa de la Unión FRACTALIA Remote Systems — Uso efectivo de la marca — Artículos 18, apartados 1 y 2, y 58, apartados 1, letra a), y 2, del Reglamento (UE) 2017/1001 — Pruebas presentadas por primera vez ante la Sala de Recurso — Artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 — Naturaleza del uso — Apreciación de las pruebas — Comparación entre las subcategorías de servicios utilizados y la especificación de los servicios cubiertos por la marca »

En el asunto T‑211/23,

Fractal Analytics, Inc., con domicilio social en Nueva York, Nueva York (Estados Unidos), representada por el Sr. J. Güell Serra, abogado,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por la Sra. E. Nicolás Gómez, en calidad de agente,

parte recurrida,

en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:

Fractalia Remote Systems, S. L., con domicilio social en Madrid, representada por el Sr. L. Jáudenes Sánchez, abogado,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),

integrado por la Sra. M. J. Costeira, Presidenta, y las Sras. M. Kancheva (Ponente) y E. Tichy-Fisslberger, Jueces;

Secretario: Sr. V. Di Bucci;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de una vista en el plazo de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento y habiéndose decidido en consecuencia, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, resolver el recurso sin fase oral;

dicta la siguiente

Sentencia

1        Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, la recurrente, Fractal Analytics, Inc., solicita la anulación de la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 30 de enero de 2023 (asunto R 858/2022‑2) (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

I.      Antecedentes del litigio

2        El 30 de mayo de 2006, la coadyuvante, Fractalia Remote Systems, S. L., presentó ante la EUIPO una solicitud de registro de marca de la Unión en virtud del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada, sustituido a su vez por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

3        La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo representado del siguiente modo:

4        La representación de la marca solicitada iba acompañada de la siguiente descripción: «Consiste en la denominación FRACTALIA en letra mayúscula acompañada por los vocablos Remote Systems en letra minúscula de inferior tamaño y la representación de un logotipo de forma irregular que presenta dos cuadros azules de menor tamaño en sus partes laterales».

5        La marca solicitada designaba los servicios comprendidos en las clases 35, 38 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y que corresponden, para cada una de esas clases, a la descripción siguiente:

–        Clase 35: «Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina».

–        Clase 38: «Telecomunicaciones».

–        Clase 42: «Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos».

6        La solicitud de marca se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n.º 46/2006, de 13 de noviembre de 2006, y la marca se registró el 8 de mayo de 2007, con el número 5106406.

7        El 27 de enero de 2021, la recurrente presentó una solicitud de caducidad de la marca figurativa de la Unión FRACTALIA Remote Systems para todos los servicios cubiertos por ella. La solicitud de caducidad se basaba en el artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, por falta de uso efectivo de dicha marca durante un período ininterrumpido de cinco años, a saber, del 27 de enero de 2016 al 26 de enero de 2021.

8        El 9 de abril de 2021, la coadyuvante, dentro del plazo fijado por la División de Anulación, presentó veinte pruebas del uso efectivo de la marca impugnada (en lo sucesivo, «documentos»), que incluían facturas (documentos 1 a 7) y otros documentos (documentos 8 a 20).

9        El 8 de julio de 2021, la recurrente alegó, en sus observaciones, que esas pruebas eran insuficientes para demostrar el uso de la marca impugnada. La División de Anulación concedió a la coadyuvante un nuevo plazo para presentar observaciones. El 13 de septiembre de 2021, la coadyuvante presentó sus observaciones en respuesta sin añadir pruebas.

10      Mediante resolución de 18 de marzo de 2022, la División de Anulación estimó en su totalidad la solicitud de caducidad. Sobre la base de los veinte documentos presentados, que consideró insuficientes incluso examinados conjuntamente, concluyó que la coadyuvante no había demostrado el uso efectivo de la marca impugnada respecto de ninguno de los servicios para los que estaba registrada y que, con arreglo al artículo 62, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, la caducidad surtía efecto a partir de la fecha de la solicitud de caducidad, en este caso, el 27 de enero de 2021.

11      El 17 de mayo de 2022, la coadyuvante interpuso un recurso contra la resolución de la División de Anulación.

12      El 4 de julio de 2022, la coadyuvante presentó el escrito en el que exponía los motivos del recurso, al que se adjuntaban once pruebas adicionales (en lo sucesivo, «documentos adjuntos»), que incluían contratos marco firmados con diversas sociedades para completar las facturas aportadas en los documentos 1 a 7 (documentos adjuntos 1 a 5), así como certificaciones destinadas a completar los documentos 11 a 14 (documentos adjuntos 6 a 10) y un informe financiero sobre las cuentas de la coadyuvante (documento adjunto 11).

13      Mediante la resolución impugnada, la Segunda Sala de Recurso estimó parcialmente el recurso y anuló parcialmente la resolución de la División de Anulación, en la medida en que se había declarado la caducidad de la marca impugnada para los servicios de «alquiler de aparatos de oficina; gestión comercial de licencias de software para un tercero» de la clase 35, los «servicios de telefonía móvil y fija; comunicaciones telemáticas y acceso a Internet; suministro y alquiler de instalaciones y equipamientos de telecomunicaciones» de la clase 38 y los «servicios de investigación y desarrollo, así como servicios de diseño relativos a ellos; servicios de ingeniería, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software» de la clase 42 (punto 1 de la parte dispositiva). En consecuencia, desestimó la solicitud de declaración de caducidad para esas categorías y subcategorías de servicios de las clases 35, 38 y 42 (punto 2 de la parte dispositiva). En cambio, desestimó el recurso en todo lo demás (punto 3 de la parte dispositiva), a saber, los servicios restantes comprendidos en las clases 35, 38 y 42.

II.    Pretensiones de las partes

14      La recurrente solicita al Tribunal General que:

–        Anule la resolución impugnada.

–        Condene en costas a la EUIPO y a la coadyuvante.

15      La EUIPO solicita al Tribunal General que:

–        Desestime el recurso.

–        Condene en costas a la recurrente en caso de que se convoque una vista oral.

16      La coadyuvante solicita al Tribunal General que:

–        Desestime el recurso.

–        Condene en costas a la recurrente.

III. Fundamentos de Derecho

17      En apoyo de su recurso, la recurrente invoca tres motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento 2017/1001 y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 (DO 2018, L 104, p. 1), en relación con el artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, ambos a su vez en relación con el artículo 19, apartado 1, del Reglamento Delegado 2018/625; el segundo, en la infracción del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, por apreciación errónea de las pruebas del uso efectivo, y, el tercero, en la infracción del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001 y del artículo 10, apartado 3, del Reglamento Delegado 2018/625, debido a la apreciación errónea relativa a servicios no cubiertos por la marca impugnada.

A.      Sobre la admisiblidad de la primera pretensión del recurso

18      La EUIPO sostiene que la pretensión de anulación de la resolución impugnada es inadmisible en lo que respecta a los servicios mencionados en el punto 3 de la parte dispositiva de dicha resolución (véase el apartado 13 anterior). En su opinión, en la medida en que dicho punto estima parcialmente las pretensiones de la recurrente en lo que se refiere a dichos servicios, esta carece de interés en ejercitar la acción a este respecto.

19      Es preciso recordar que, en virtud del artículo 72, apartado 4, del Reglamento 2017/1001, podrán interponer recurso ante el Tribunal General todas las partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso, en tanto en cuanto la resolución de esta no haya estimado sus pretensiones.

20      En el caso de autos, del punto 3 de la parte dispositiva de la resolución impugnada y de los puntos 89, 90 y 94 de esta se desprende que la Sala de Recurso desestimó parcialmente el recurso interpuesto ante ella por la coadyuvante en lo que atañe a los servicios distintos de los contemplados en los puntos 1 y 2 de la parte dispositiva (véase el apartado 13 anterior). Así pues, estimó parcialmente las pretensiones de la recurrente, que solicitaba que se desestimara el recurso. Por lo demás, esta última no ha presentado ante el Tribunal General ninguna alegación relativa a estos servicios.

21      Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad de la primera pretensión del recurso en la medida en que tiene por objeto la anulación del punto 3 de la parte dispositiva de la resolución impugnada.

B.      Primer motivo, basado en la infracción del artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625, en relación con el artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, ambos a su vez en relación con el artículo 19, apartado 1, del Reglamento Delegado 2018/625

22      Mediante el primer motivo, la recurrente alega que la Sala de Recurso incurrió en error al tomar en consideración las pruebas presentadas por la coadyuvante por primera vez en el procedimiento de recurso. Según la recurrente, en el marco de una solicitud de caducidad por falta de uso, la titular de la marca impugnada debe aportar la prueba del uso efectivo de esa marca en el plazo fijado por la primera instancia de la EUIPO y la Sala de Recurso solo puede aceptar las pruebas presentadas por primera vez con carácter excepcional, cuando se cumplan los requisitos del artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625.

23      La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente.

24      Con arreglo al artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, «la [EUIPO] podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo».

25      El artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625 regula el ejercicio de la facultad de apreciación prevista en el artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 en lo que atañe a los hechos alegados y a las pruebas presentadas por primera vez ante la Sala de Recurso. Esta disposición establece lo siguiente:

«De conformidad con el artículo 95, apartado 2, del Reglamento [2017/1001], la sala de recurso únicamente podrá aceptar hechos y pruebas presentados por primera vez ante ella cuando tales hechos o pruebas cumplan los siguientes requisitos:

a)      que, a primera vista, puedan ser relevantes para la resolución del asunto; y

b)      que no hayan sido aportados en el momento oportuno por causas justificadas, en particular cuando meramente completen las pruebas pertinentes que ya habían sido presentadas a su debido tiempo, o si se presentan para impugnar las conclusiones formuladas o examinadas por la primera instancia de oficio en la resolución objeto de recurso.»

26      El artículo 19, apartado 1, del Reglamento Delegado 2018/625 dispone:

«En el caso de que se trate de una solicitud de caducidad basada en el artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento [2017/1001], la [EUIPO] invitará al titular de la marca de la Unión a aportar, en el plazo que ella determine, la prueba del uso efectivo de dicha marca o de las causas que justifiquen la falta de uso. En el caso de que el titular no aporte la prueba del uso efectivo o de las causas que justifiquen la falta de uso antes de que expire el plazo, o las pruebas o motivos alegados sean manifiestamente carentes de pertinencia o manifiestamente insuficientes, se declarará la caducidad de la marca de la Unión. Los apartados 3, 4, 6 y 7 del artículo 10 del presente Reglamento se aplicarán mutatis mutandis.»

27      En los apartados 16 a 22 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso señaló que, además de los veinte documentos presentados ante la División de Anulación, la coadyuvante había presentado por primera vez ante ella once documentos adjuntos como pruebas adicionales. Constató que las pruebas presentadas en el procedimiento de recurso tenían principalmente por objeto demostrar el uso de la marca impugnada para los servicios comprendidos en las clases 35, 38 y 42 para los que había sido registrada y que se cumplían los requisitos para su examen establecidos en el artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625. En primer lugar, consideró que esas pruebas podían, a primera vista, ser pertinentes para la resolución del asunto, en el sentido de dicha disposición, tanto en lo que respecta a los nuevos documentos, que consistían principalmente en contratos —y su descripción detallada— que dieron lugar a las facturas presentadas ante la División de Anulación, como en lo que respecta a los documentos explicativos relativos a las certificaciones y a las facturas presentadas. En segundo lugar, consideró que dichas pruebas completaban los documentos presentados dentro de plazo ante la División de Anulación. En su opinión, las nuevas pruebas presentadas en la fase de recurso (en particular, los documentos adjuntos 1 a 5) tenían por objeto precisar qué contratos habían dado lugar a las facturas presentadas ante la División de Anulación (en particular, los documentos 1 a 7, que contenían facturas correspondientes a los años 2016 a 2020) y qué servicios había prestado la coadyuvante en virtud de dichos contratos. Estas nuevas pruebas eran pertinentes en la medida en que corroboraban y contextualizaban las facturas relativas a los servicios pertinentes, facilitando información sobre la duración y el alcance del uso de esos mismos servicios y complementando las pruebas presentadas ante la División de Anulación.

28      Procede considerar que el presente motivo se articula, en esencia, en dos partes: la primera, basada en un error de Derecho resultante de la aplicación de los requisitos del artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625 y no de un régimen más estricto en materia de caducidad, y, la segunda, basada en un error de apreciación en relación con el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta disposición.

1.      Primera parte, basada en un error de Derecho resultante de la aplicación de los requisitos del artículo  27, apartado  4, del Reglamento Delegado 2018/625 y no de un régimen más estricto en materia de caducidad

29      Mediante la primera parte, la recurrente alega, en esencia, que el artículo 19, apartado 1, del Reglamento Delegado 2018/625 establece una norma especial, propia del procedimiento de caducidad y más estricta que la norma general del artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625, que se aplica a todos los procedimientos ante la Sala de Recurso. En su opinión, los procedimientos de caducidad tienen sus propias normas sobre el momento adecuado para presentar la prueba del uso y las consecuencias que se derivan de no hacerlo. En el marco de las solicitudes de caducidad por falta de uso, el artículo 19, apartado 1, del Reglamento Delegado 2018/625 establece expresamente que, si las pruebas presentadas dentro del plazo establecido son, como en el caso de autos, manifiestamente insuficientes, se declarará la caducidad de la marca. Por lo tanto, la recurrente considera que, en un procedimiento de caducidad, la toma en consideración de pruebas adicionales de uso presentadas fuera de plazo debe interpretarse de forma más estricta que en otros procedimientos ante la EUIPO, para los que el Derecho de la Unión no prevé ninguna regla específica sobre las consecuencias de no respetar el plazo. A su juicio, el momento adecuado para aportar la prueba del uso efectivo se situaba dentro de los dos meses fijados por la División de Anulación y, excepcionalmente, en el marco de la segunda serie de observaciones prevista por la División de Anulación (en las observaciones de 13 de septiembre de 2021), y no en el marco del recurso.

30      A este respecto, es preciso subrayar, como hace la EUIPO, que la alegación de la recurrente de que, en esencia, el artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625 no se aplica en sí mismo o solo se aplica de manera «más estricta» en un procedimiento de caducidad por falta de uso efectivo carece de base jurídica y no encuentra apoyo alguno en la jurisprudencia.

31      En primer lugar, ha de señalarse que el tenor del artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625, relativo a la admisibilidad de las pruebas extemporáneas ante la Sala de Recurso, no establece ningún régimen especial, es decir, más estricto o más riguroso, que sea aplicable a los procedimientos de caducidad por falta de uso efectivo.

32      Asimismo, de reiterada jurisprudencia se desprende que el artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625 regula el ejercicio de la facultad de apreciación de la EUIPO al examinar la admisibilidad de las pruebas extemporáneas, como establecen con carácter general el artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 y el artículo 63, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1), en todos los procedimientos de recurso ante las Salas de Recurso de la EUIPO, es decir, en todos los procedimientos de recurso relativos a las marcas de la Unión, como los procedimientos de caducidad por falta de uso efectivo [véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de enero de 2022, Masterbuilders, Heiermann, Schmidtmann/EUIPO — Cirillo (POMODORO), T‑76/21, no publicada, EU:T:2022:16, apartados 35 a 47, y de 1 de marzo de 2023, Worldwide Brands/EUIPO — Wan (CAMEL), T‑552/21, no publicada, EU:T:2023:98, apartados 36 a 55], los procedimientos de oposición [sentencia de 9 de febrero de 2022, Calzaturificio Emmegiemme Shoes/EUIPO — Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY), T‑589/20, no publicada, EU:T:2022:59, apartados 63 a 67], los procedimientos de nulidad basados en motivos relativos [sentencia de 27 de octubre de 2021, Jiruš/EUIPO — Nile Clothing (Racing Syndicate), T‑356/20, no publicada, EU:T:2021:736, apartados 25 a 29] y absolutos [sentencia de 4 de mayo de 2022, Sturz/EUIPO — Clatronic International (STEAKER), T‑261/21, no publicada, EU:T:2022:269, apartados 85 a 89], y los procedimientos de nulidad de dibujos o modelos comunitarios registrados [sentencia de 30 de noviembre de 2022, ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO — ESSAtech (Accesorio para mando a distancia inalámbrico), T‑611/21, EU:T:2022:739, apartados 31 a 36].

33      Por consiguiente, la apreciación de la admisibilidad de las pruebas presentadas por primera vez ante la Sala de Recurso está sujeta, en todo procedimiento de recurso, a las mismas exigencias jurídicas, es decir, los dos requisitos acumulativos enunciados en el artículo 27, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento Delegado 2018/625.

34      En segundo lugar, ha de constatarse que, contrariamente a lo que alega la recurrente, el artículo 19, apartado 1, segunda frase, del Reglamento Delegado 2018/625 no desvirtúa en modo alguno las consideraciones anteriores, por lo que las alegaciones de la recurrente no tienen ningún fundamento jurídico.

35      A este respecto, debe señalarse que el artículo 19, apartado 1, última frase, del Reglamento Delegado 2018/625 reserva expresamente a la primera instancia competente de la EUIPO la facultad de apreciación, con arreglo a los criterios definidos en el artículo 10, apartado 7, de dicho Reglamento, para decidir si procede o no tomar en consideración las pruebas presentadas una vez expirado el plazo inicial fijado por dicha instancia, en virtud del artículo 10, apartado 2, de dicho Reglamento.

36      Por consiguiente, la presentación de pruebas complementarias, aunque sean extemporáneas, sigue siendo, en principio, posible también durante el procedimiento de caducidad en primera instancia, de conformidad con los artículos 19, apartado 1, y 10, apartado 7, del Reglamento Delegado 2018/625. Por lo tanto, la declaración de caducidad no se produce automáticamente al expirar el plazo inicialmente fijado.

37      Así, aunque el Tribunal de Justicia haya declarado que, cuando no se presenta ninguna prueba del uso de la marca de que se trate dentro del plazo fijado por la EUIPO, esta debe desestimar de oficio la oposición, ha precisado que, en cambio, cuando se hayan presentado pruebas dentro del plazo fijado por la EUIPO, sigue siendo posible la presentación de pruebas complementarias (véase la sentencia de 21 de julio de 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C‑597/14 P, EU:C:2016:579, apartado 26 y jurisprudencia citada).

38      Asimismo, de la jurisprudencia del Tribunal General se desprende que el titular de una marca impugnada puede presentar pruebas complementarias una vez expirado el plazo fijado por la primera instancia de la EUIPO, cuando dichas pruebas no sean las primeras y únicas pruebas del uso, sino que se trate de pruebas complementarias de pruebas pertinentes presentadas dentro del plazo señalado al efecto [véase la sentencia de 26 de julio de 2023, Apart/EUIPO — S. Tous (Representación de la silueta de un oso), T‑638/21, no publicada, EU:T:2023:434, apartado 34 y jurisprudencia citada].

39      Además, en el caso de autos, procede subrayar que la División de Anulación no aplicó el artículo 19, apartado 1, segunda frase, del Reglamento Delegado 2018/625. En efecto, la División de Anulación consideró que las pruebas de uso aportadas por la coadyuvante (a saber, los documentos 1 a 20) eran insuficientes. Contrariamente a la interpretación sugerida por la recurrente, la División de Anulación no indicó en absoluto que los documentos 1 a 20, considerados en su conjunto, no constituyeran «la prueba del uso efectivo» ni que fueran «manifiestamente carentes de pertinencia» o «manifiestamente insuficientes» en el sentido de dicho artículo.

40      En consecuencia, y en particular al no haberse constatado una insuficiencia manifiesta de las pruebas presentadas dentro de plazo ante la División de Anulación, procede concluir que el artículo 19, apartado 1, segunda frase, del Reglamento Delegado 2018/625 no limitaba en modo alguno, mediante la imposición de un umbral de admisibilidad más estricto o más riguroso, la facultad de apreciación de la Sala de Recurso para decidir si procedía tener en cuenta los once documentos adjuntos como pruebas admisibles, de conformidad con los dos requisitos acumulativos enunciados en el artículo 27, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento Delegado 2018/625.

41      Por consiguiente, debe desestimarse la primera parte por infundada.

2.      Segunda parte, basada en un error de apreciación en lo que respecta al cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo  27, apartado  4, del Reglamento Delegado 2018/625

42      Mediante la segunda parte, la recurrente alega, en esencia, que la Sala de Recurso incurrió en error de apreciación al aceptar las pruebas que la coadyuvante presentó por primera vez en la fase de recurso, ya que dichas pruebas no cumplían los requisitos establecidos por el artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625. Para empezar, la recurrente sostiene que la coadyuvante no explicó ni justificó las razones por las que no había presentado esas pruebas dentro de plazo ante la División de Anulación. Por lo tanto, afirma que estas pruebas deben desestimarse porque no se cumplía el requisito según el cual no han sido presentadas «dentro de plazo por causas justificadas». A continuación, la recurrente considera que la explicación de la Sala de Recurso sobre la admisión de nuevas pruebas es insuficiente, puesto que se refiere únicamente a los documentos adjuntos 1 a 5 (consistentes en contratos) y no explica por qué se tiene en cuenta el resto, es decir, los documentos adjuntos 6 a 11, ni de qué manera complementan los documentos presentados anteriormente. Por último, la recurrente alega que la interpretación de la Sala de Recurso relativa a los «documentos complementarios» es demasiado simplista y que seguir tal interpretación llevaría a la conclusión de que, en un procedimiento de caducidad, todas las nuevas pruebas de uso presentadas ante la Sala de Recurso deben aceptarse automáticamente porque siempre «complementan» de algún modo las pruebas presentadas anteriormente. En su opinión, esta interpretación iría en contra del carácter revisor de las Salas de Recurso y de la consecuencia de no presentar las pruebas de uso pertinentes dentro del plazo establecido en el artículo 19 del Reglamento Delegado 2018/625.

43      A este respecto, procede, en primer lugar, precisar y desestimar determinadas alegaciones de la recurrente.

44      Para empezar, la recurrente no cuestiona que la coadyuvante presentó dentro de plazo ante la División de Anulación determinadas pruebas del uso de la marca impugnada, a saber, los documentos 1 a 20. El 8 de julio de 2021, cuando la recurrente presentó sus propias observaciones ante la División de Anulación, se limitó a alegar que la División de Anulación debía considerar «insuficientes» los documentos 1 a 20. Por consiguiente, no se discute que las pruebas del uso presentadas dentro de plazo ante la División de Anulación podían completarse válidamente con la aportación de pruebas adicionales (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de marzo de 2023, CAMEL, T‑552/21, no publicada, EU:T:2023:98, apartados 39, 42 y 54 y jurisprudencia citada).

45      Además, la alegación de la recurrente de que la coadyuvante no explicó ni justificó la falta de presentación de los once documentos adjuntos a su debido tiempo ante la División de Anulación carece de fundamento fáctico y debe desestimarse. En su escrito de motivación del recurso de 4 de julio de 2022, la coadyuvante explicó que aportaba los once documentos adjuntos como pruebas adicionales, que se limitaban a completar los documentos 1 a 20 y a refutar las conclusiones de la División de Anulación. Esta explicación también fue debidamente tomada en consideración por la Sala de Recurso en el apartado 8 de la resolución impugnada, antes de analizar los requisitos de admisibilidad de esos once documentos adjuntos. Por consiguiente, la coadyuvante cumplió debidamente su obligación de explicar en qué medida la presentación de los once documentos adjuntos cumplía los requisitos establecidos en el artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625.

46      Por último, en la medida en que la alegación de la recurrente relativa a los documentos adjuntos 1 a 5 podría interpretarse en el sentido de que reprocha una motivación insuficiente por lo que respecta a la toma en consideración de los documentos adjuntos 6 a 11, carece también de fundamento fáctico y debe desestimarse. En efecto, de los apartados 16 a 22 de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso examinó y analizó cada uno de los once documentos adjuntos a la luz de los requisitos del artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625. Las expresiones utilizadas respecto de los documentos adjuntos 1 a 5, como «principalmente» y «en particular», demuestran que dichas referencias se hicieron únicamente a modo de ejemplo y pueden abarcar el informe financiero presentado como documento adjunto 11. Además, la Sala de Recurso se refirió expresamente a los «documentos explicativos relativos a certificaciones y facturación presentados aportados en sede de recurso», entendiéndose que dichas certificaciones figuran en los documentos adjuntos 6 a 10. Por consiguiente, la Sala de Recurso examinó y analizó cada uno de los once documentos adjuntos que aceptó como pruebas admisibles, aunque se hubieran presentado fuera de plazo, exponiendo así los motivos por los que podían tenerse en cuenta esas pruebas.

47      En segundo lugar, procede examinar si en el caso de autos se cumplían los requisitos de aplicación acumulativos establecidos en el artículo 27, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento Delegado 2018/625.

48      En primer término, la recurrente no impugna la apreciación de la Sala de Recurso, en el apartado 21 de la resolución impugnada, relativa a la pertinencia, a primera vista, de los once documentos adjuntos para la resolución del litigio en el presente asunto. Por lo demás, debe señalarse que esos contratos y documentos explicativos relativos a las certificaciones y a la facturación eran, a primera vista, pertinentes para la apreciación del uso efectivo de la marca impugnada. Por lo tanto, se cumplía el primer requisito del artículo 27, apartado 4, letra a), del Reglamento Delegado 2018/625.

49      En segundo término, ha de señalarse, como hizo la Sala de Recurso en los apartados 21 y 22 de la resolución impugnada, que los once documentos adjuntos, por una parte, completan, esclarecen, corroboran, explican, contextualizan y complementan los documentos 1 a 20 y, por otra, tienen como objetivo rebatir la conclusión de la División de Anulación de que los documentos 1 a 20 eran insuficientes. La recurrente no explica de manera convincente por qué estas dos apreciaciones de la Sala de Recurso, relativas, respectivamente, a la «relación de complementariedad» y al «objetivo de rebatir», deben considerarse erróneas. Por una parte, la recurrente no fundamenta por qué debe negarse una «relación de complementariedad» entre los once documentos adjuntos y los documentos 1 a 20, en el sentido de la jurisprudencia en virtud de la cual una prueba complementaria es la que se caracteriza por una relación con otras pruebas ya presentadas previamente en el plazo fijado y que viene a añadirse a ellas (sentencia de 19 de enero de 2022, POMODORO, T‑76/21, no publicada, EU:T:2022:16, apartado 40). Por otra parte, a pesar de que el motivo basado en la impugnación de una conclusión de la División de Anulación como la relativa al carácter insuficiente de las pruebas de uso es también un motivo reconocido por la jurisprudencia (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de marzo de 2023, CAMEL, T‑552/21, no publicada, EU:T:2023:98, apartado 42), la recurrente tampoco fundamenta por qué esos documentos adjuntos no pueden rebatir tal conclusión en cuanto al carácter insuficiente de los documentos 1 a 20. Así pues, ha de señalarse que cada uno de estos motivos constituye por sí solo un «motivo válido» autónomo para la admisión de los once documentos adjuntos en el procedimiento de recurso. Por lo tanto, se cumplía el segundo requisito del artículo 27, apartado 4, letra b), del Reglamento Delegado 2018/625.

50      Procede concluir que la Sala de Recurso examinó debidamente los dos requisitos de aplicación acumulativos establecidos en el artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625 y que no incurrió en error de apreciación alguno al aceptar tener en cuenta las pruebas presentadas por primera vez ante ella por la coadyuvante, a saber, los once documentos adjuntos.

51      Por consiguiente, la segunda parte debe desestimarse por infundada.

52      Habida cuenta de lo anterior, la Sala de Recurso no incurrió en ningún error, ni de Derecho ni de apreciación, en la aplicación del artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625 y, por ende, ejerció correctamente la facultad de apreciación que le confiere el artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001.

53      Por consiguiente, procede desestimar el primer motivo en su totalidad.

C.      Motivos segundo y tercero, basados en la infracción del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001 y del artículo 10, apartado 3, del Reglamento Delegado 2018/625

54      Mediante el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, la recurrente reprocha a la Sala de Recurso haber apreciado erróneamente las pruebas del uso efectivo de la marca impugnada. En su opinión, ni los documentos presentados ante la División de Anulación ni los documentos adjuntos presentados ante la Sala de Recurso prueban un uso efectivo para los servicios designados por dicha marca. Sostiene que varias pruebas están fechadas fuera del período pertinente, son imprecisas en cuanto al papel y la actividad concretos de la coadyuvante, hacen referencia a diferentes sociedades (como FRACTALIA IT Systems España, S. L., o FRACTALIA Hotel Systems, S. L.) o demuestran un uso limitado para servicios no cubiertos por dicha marca.

55      Según la recurrente, las pruebas sugieren que la marca impugnada fue utilizada principalmente para servicios de soporte y mantenimiento en el ámbito de las tecnologías de la información, pero dicha marca no cubre esos servicios, por lo que la Sala de Recurso incurrió en error de apreciación. En opinión de la recurrente, el único documento que demuestra el uso, en un proyecto futuro, en relación con servicios de diseño y desarrollo de software y de consultoría en este ámbito es el documento 12, pero es insuficiente para probar el uso efectivo para estos servicios durante el período pertinente. Por lo que se refiere al resto de los servicios designados por la marca, la recurrente sostiene que las pruebas que obran en autos o bien no demuestran en absoluto el uso para esos servicios, o bien no prueban suficientemente el alcance del uso durante el período pertinente. En su opinión, puede llegarse a la misma conclusión incluso teniendo en cuenta los documentos adicionales presentados en la fase de recurso.

56      Por otra parte, en lo referente a la naturaleza del uso, la recurrente señala que la marca impugnada es la marca figurativa de la Unión FRACTALIA Remote Systems (véase el apartado 3 anterior). Reprocha a la Sala de Recurso haber incurrido en error de apreciación al considerar que el elemento «Remote Systems» no es dominante ni tampoco su elemento gráfico, por lo que cualquier uso del signo FRACTALIA sin esos elementos es válido. Afirma que el uso de la marca omitiendo los vocablos «Remote Systems» altera de forma clara el carácter distintivo de la marca impugnada y no es válido, especialmente teniendo en cuenta que la recurrente es asimismo titular de la marca figurativa de la Unión FRACTALIA registrada con el número 17317835 para productos de la clase 9. Asimismo, considera que el uso de la denominación social FRACTALIA Remote Systems, S. L., no constituye un uso como marca, puesto que no es un indicador del origen comercial de los servicios de que se trata.

57      La recurrente concluye, al igual que la División de Anulación, que las pruebas demuestran un uso exclusivamente en relación con los servicios de soporte y mantenimiento en el ámbito de las tecnologías de la información, pero considera, contrariamente a la Sala de Recurso, que esos servicios no están cubiertos por la marca impugnada. A su juicio, no se ha probado ningún uso efectivo para los servicios cubiertos por dicha marca.

58      Mediante el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001 y del artículo 10, apartado 3, del Reglamento Delegado 2018/625, que procede examinar conjuntamente con el segundo motivo, la recurrente reprocha a la Sala de Recurso haber considerado erróneamente que la marca impugnada había sido utilizada para servicios comprendidos en categorías de servicios más generales cubiertas por dicha marca tal y como fue registrada.

59      La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente.

60      A tenor del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, se declarará que los derechos del titular de una marca de la Unión han caducado, mediante solicitud presentada ante la EUIPO, si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y no existen causas justificativas de la falta de uso.

61      Con arreglo al artículo 58, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca de la Unión, se declarará la caducidad de los derechos del titular solo para los productos o los servicios de que se trate.

62      Por lo que respecta a los criterios de apreciación del uso efectivo, en virtud del artículo 10, apartado 3, del Reglamento Delegado 2018/625, aplicable a los procedimientos de caducidad con arreglo al artículo 19, apartado 1, de ese mismo Reglamento, la prueba del uso debe referirse al lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza del uso de la marca impugnada.

63      Procede recordar que, en un procedimiento de caducidad de una marca, incumbe, en principio, a su titular demostrar el uso efectivo de la marca (véase la sentencia de 23 de enero de 2019, Klement/EUIPO, C‑698/17 P, no publicada, EU:C:2019:48, apartado 57 y jurisprudencia citada).

64      A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca [véase la sentencia de 8 de julio de 2004, Sunrider/OAMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, apartado 39 y jurisprudencia citada].

65      La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de esta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado y la magnitud y la frecuencia del uso de la marca. Por lo tanto, para poder examinar el carácter efectivo del uso de una marca, debe llevarse a cabo una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos (véase la sentencia de 8 de julio de 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, apartados 40 y 42 y jurisprudencia citada).

66      Por último, el uso efectivo de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate [véase la sentencia de 6 de octubre de 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI — Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, apartado 28 y jurisprudencia citada].

67      Procede examinar a la luz de estos principios la forma en que la Sala de Recurso aplicó en el caso de autos los criterios de apreciación del uso efectivo establecidos en el artículo 10, apartado 3, del Reglamento Delegado 2018/625, a saber, el tiempo (o el período), el lugar, el alcance y la naturaleza del uso que se ha hecho de la marca impugnada.

68      Con carácter preliminar, procede señalar que, el 9 de abril de 2021, dentro del plazo fijado por la División de Anulación, la coadyuvante presentó, como pruebas del uso efectivo de la marca impugnada, los veinte documentos siguientes (doscientas diez páginas):

–        documentos 1 a 7: alrededor de setenta facturas de los años 2016 a 2021, emitidas a empresas en España y en otros países, tanto de la Unión (Francia, Hungría, Portugal) como de fuera de la Unión (Costa Rica, India, Marruecos, Montenegro, Nicaragua, Panamá, Perú, Filipinas y El Salvador);

–        documento 8: información relativa a la presencia de la coadyuvante en Internet (facilitada mediante hipervínculos) y en las redes sociales (Facebook, LinkedIn, Twitter), en los años 2016 a 2020;

–        documento 9: una lista de hipervínculos que dan acceso a vídeos en inglés y en español y que, según la coadyuvante, se realizaron entre 2016 y 2020; el contenido de los vídeos solo es accesible a través de hipervínculos;

–        documento 10: documentación relativa al proyecto de investigación industrial y desarrollo experimental «REPARA 2.0»;

–        documento 11: información sobre el proyecto «LPS‑BIGGER», que pretende lograr un avance en las áreas del marketing multicanal en tiempo real, la explotación de la influencia social en la publicidad en red, la optimización de la gestión de proyectos de ingeniería de software y los sistemas educativos avanzados en el marco del Big Data y la aplicación de la tecnología y metodología de LPS (línea de productos de software);

–        documento 12: información de 30 de diciembre de 2020 sobre el «primer proyecto europeo de camión de hidrógeno autoguiado»;

–        documento 13: un cuadro Excel en español que contiene una lista de nombres de proyectos;

–        documento 14: una lista de nombres de proyectos de la coadyuvante aprobados por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) desde 2012;

–        documento 15: una certificación emitida por las Naciones Unidas en 2012 en la que se notifica a la coadyuvante su inclusión en la lista de proveedores de las Naciones Unidas;

–        documento 16: certificados ISO y Applus+;

–        documento 17: el perfil comercial de empresa, emitido por Axesor, con detalles como la constitución de la sociedad, el último estado contable y la actividad principal de la sociedad;

–        documento 18: información sobre una serie de proyectos técnicos en los que participó la coadyuvante de 2014 a 2019;

–        documento 19: una serie de impresiones de pantalla del sitio web «https://fractaliasytems.com», proporcionadas a través de la Wayback Machine;

–        documento 20: impresiones de pantalla del sitio web de la coadyuvante en inglés.

69      El 4 de julio de 2022, la coadyuvante presentó el escrito en el que exponía los motivos del recurso contra la resolución de la División de Anulación, al que se adjuntaban once documentos como pruebas adicionales (trescientos veintiuna páginas):

–        documentos adjuntos 1 a 5: contratos marco suscritos con empresas cuyo nombre se omite por motivos de confidencialidad, pertenecientes a distintos sectores (telefonía e Internet, automoción, hostelería, energía, etc.), que complementan y justifican la emisión de las facturas aportadas en la prueba de uso (documentos 1 a 7) y que describen, en su objeto, los servicios prestados con la marca FRACTALIA Remote Systems;

–        documentos adjuntos 6 a 10: certificaciones expedidas por el CDTI que complementan la prueba de uso presentada (documentos 11 a 14), confirmando y ratificando el cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos de los proyectos LPS‑BIGGER, Advanced IOT Solutions, Multichannel Entry Platforms, Perimeter Cybersecurity Solutions in Home Networks e Hydrogen Mobility Technology Solutions; en cada una de estas certificaciones se indica la fecha de inicio de cada proyecto, así como la duración del proyecto y su objeto técnico-científico;

–        documento adjunto 11: un informe financiero sobre las cuentas de la sociedad «FRACTALIA IT Systems España, S. L. U.», que refleja un volumen de ventas de más de 125 millones de euros durante el período 2018‑2021.

70      Por otra parte, procede aprobar las consideraciones de la Sala de Recurso, en los apartados 11 a 14 de la resolución impugnada, relativas a la confidencialidad de la información comercial con arreglo al artículo 114 del Reglamento 2017/1001, por lo demás no rebatidas por las partes, según las cuales las pruebas del uso incluían determinados datos e informaciones sensibles, como los datos de identificación de los clientes, la información sobre las cuantías de los contratos o la información relativa a la facturación de la coadyuvante y de sus clientes, que no eran accesibles al público, y, por consiguiente, procedía describir las pruebas únicamente en los términos más generales, sin llegar a divulgarlos.

1.      Sobre el tiempo del uso de la marca impugnada

71      De entrada, procede señalar, al igual que hizo la Sala de Recurso, que el período pertinente para la prueba del uso se extendía del 27 de enero de 2016 al 26 de enero de 2021, ambos incluidos, es decir, los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de caducidad de 27 de enero de 2021.

72      Asimismo, debe confirmarse la apreciación, realizada en el apartado 30 de la resolución impugnada, según la cual de los documentos 1 a 20 y de los documentos adjuntos aportados por la coadyuvante se desprende que la mayoría de ellos datan del período pertinente. En particular, las aproximadamente setenta facturas aportadas (documentos 1 a 7) fueron emitidas entre los años 2016 y 2021. Las publicaciones en redes sociales (Facebook, Linkedin, Twitter) aparecen fechadas entre los años 2016 a 2020, pudiendo apreciarse las fechas de publicación, tal y como defiende la coadyuvante, en los ejemplos de contenidos aportados (páginas 11, 14 y 17 a 19 del documento 8). La información relativa a la participación en proyectos técnicos (documento 18) también refleja que los proyectos de que se trata tuvieron lugar entre los años 2016 y 2019, esto es, dentro del período pertinente. Asimismo, los contratos aportados en los documentos adjuntos 1 a 5 fueron celebrados, ratificados o renovados durante el período pertinente (por ejemplo, documento adjunto 2, ratificado en 2016, documento adjunto 3, celebrado en 2017, documento adjunto 4, celebrado en 2018). Los certificados de los documentos adjuntos 6, 7, 9 y 10 fueron emitidos entre 2018 y 2021. Por último, el informe financiero aportado en el documento adjunto 11 indica el volumen de negocio total realizado por la coadyuvante entre 2018 y 2021, ambos incluidos, como señaló la Sala de Recurso.

73      A este respecto, procede desestimar la alegación de la recurrente de que el proyecto LPS‑BIGGER, mencionado en el documento 11, parece haberse iniciado en 2014, por lo que queda fuera del período pertinente. En efecto, de la jurisprudencia se desprende que la toma en consideración de tales pruebas relativas al uso realizado antes o después del período pertinente es posible, en la medida en que permita confirmar o apreciar mejor el alcance del uso de la marca impugnada y las intenciones reales de su titular durante este período [véase la sentencia de 6 de septiembre de 2023, Consultora de Telecomunicaciones Optiva Media/EUIPO — Optiva Canada (OPTIVA MEDIA), T‑601/22, no publicada, EU:T:2023:510, apartado 46 y jurisprudencia citada], y que tales pruebas únicamente pueden tomarse en consideración si se han aportado otras pruebas relativas al período pertinente [véase la sentencia de 30 de enero de 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO — The Guide Association (BROWNIE), T‑598/18, EU:T:2020:22, apartado 41 y jurisprudencia citada]. Ha de considerarse que así sucede en el caso de autos. En consecuencia, podía tenerse en cuenta el documento 11.

74      Por lo tanto, la Sala de Recurso declaró acertadamente que las pruebas presentadas por la coadyuvante se referían, principalmente, al período pertinente a efectos de la prueba del uso y cumplían, por tanto, el requisito del tiempo del uso.

2.      Sobre el lugar del uso de la marca impugnada

75      En los apartados 32 y 33 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró, por lo que atañe al aspecto territorial vinculado al mercado de la Unión, que el análisis de los documentos aportados mostraba que se referían a Estados miembros de la Unión, tales como España, Francia, Hungría o Portugal. En su opinión, otros documentos que se referían a Estados terceros, como Costa Rica, Marruecos, Nicaragua, Perú o Filipinas, no correspondían al territorio pertinente para la prueba del uso en el caso de autos, pero avalaban una continuidad en el uso de la marca impugnada. En cualquier caso, el grueso de las facturas aportadas, así como los proyectos que se mencionaban y las certificaciones obtenidas por el titular de la licencia, concentraban su rango de acción en España, que se consideraba un territorio suficiente dadas las circunstancias del caso. Además, la mayoría de la documentación constaba en español. La Sala de Recurso recordó que, según la jurisprudencia, un uso restringido al territorio de un único Estado miembro puede cumplir el requisito del uso efectivo de una marca de la Unión (sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, apartado 50).

76      Antes de nada, debe subrayarse que la mayoría de las aproximadamente setenta facturas aportadas en los documentos 1 a 7 se refieren, en cualquier caso, a prestaciones de servicios realizadas en la Unión, con excepción de unas trece facturas relativas a Estados terceros. En efecto, el documento 1 incluye facturas emitidas en 2016 y relativas a un uso dentro de la Unión. El documento 2 contiene facturas emitidas en 2017, la mayoría de las cuales se refieren a la Unión, pero también a la India y Filipinas. Todas las facturas del documento 3 se refieren al uso de la marca en 2018 en la Unión. La mayoría de las facturas del documento 4 se refieren al uso de la marca en 2019 en la Unión, con excepción de una relativa a Montenegro. Del mismo modo, el documento 5, relativo al año 2020, incluye una factura para una persona jurídica domiciliada en Filipinas. El documento 6 se refiere al uso de la marca en 2021 en la Unión. El documento 7 incluye facturas emitidas entre 2018 y 2020, la mayoría de las cuales se refieren a Estados terceros, a saber, Costa Rica, Marruecos, Nicaragua, Panamá, Perú, Filipinas y El Salvador.

77      Por lo tanto, procede señalar que las facturas aportadas en los documentos 1 a 7 relativas a prestaciones de servicios realizadas en la Unión (en particular, en España, Francia, Hungría y Portugal) bastan para acreditar el requisito del lugar del uso en el caso de autos.

78      Además, ha de desestimarse la alegación de la recurrente de que no debían tomarse en consideración las facturas contenidas en los documentos 1 a 7 referidas a países (como Costa Rica, India, Marruecos, Montenegro, Nicaragua, Panamá, Perú, Filipinas y El Salvador) distintos de los de la Unión (España, Francia, Hungría y Portugal).

79      En efecto, según la jurisprudencia, debe distinguirse entre el lugar de la prestación de servicios y el lugar del uso de una marca de la Unión, ya que solo este último es pertinente a efectos del examen del carácter efectivo del uso de una marca de la Unión [véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2022, Standard International Management/EUIPO — Asia Standard Management Services (The Standard), T‑768/20, no publicada, EU:T:2022:458, apartados 34 a 40].

80      En consecuencia, procede considerar, al igual que la EUIPO, que, aun cuando los servicios se ofrezcan al público para su venta o sean promovidos en el mercado de la Unión (en el caso de autos, en España, Estado miembro en el que está establecida la coadyuvante), pero sean prestados a continuación (o «exportados») fuera del territorio de la Unión (en los Estados de todo el mundo donde los clientes estén establecidos), tal uso de la marca de la Unión puede considerarse efectivo en el sentido del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, en relación con los artículos 18, apartado 1, párrafo segundo, letra b), y 9, apartado 3, letra c), del mismo Reglamento, aplicado por analogía a los «servicios».

81      Así pues, la circunstancia de que determinados servicios designados por una marca se presten fuera de la Unión no impide la existencia de un uso efectivo de dicha marca dentro de la Unión, que puede ponerse de manifiesto mediante el conjunto de las gestiones emprendidas en la Unión para comercializar esos servicios.

82      En el caso de autos, contrariamente a lo que alega la recurrente, las facturas presentadas (documentos 1 a 7) demuestran el vínculo necesario con el mercado de la Unión, ya que todas se emiten a nombre de un prestador de servicios (o «exportador») establecido en España, es decir, en el territorio de la Unión, y ponen de manifiesto las gestiones emprendidas en la Unión para comercializar esos servicios. Ello es así con independencia de la ubicación del destinatario o del cliente al que se factura el servicio correspondiente. Del mismo modo, el «perfil comercial de empresa» (documento 17) o el informe financiero (documento adjunto 11) no pueden carecer de valor probatorio por el mero hecho de que una parte del volumen de negocio registrado se refiera a servicios prestados (o «exportados») fuera del territorio de la Unión.

83      Por lo tanto, la Sala de Recurso procedió correctamente al tomar en consideración las pruebas del uso relativas a servicios para clientes situados tanto dentro como fuera de la Unión y declarar que las pruebas presentadas por la coadyuvante cumplían, en lo esencial, el requisito del lugar de uso.

3.      Sobre el alcance del uso de la marca impugnada

84      En los apartados 39 a 47 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso señaló que los importes de facturación reflejados en las aproximadamente setenta facturas aportadas ante la División de Anulación (documentos 1 a 7), apoyadas por la magnitud de los contratos que dieron lugar a un gran número de ellas (documentos adjuntos 1 a 5, aportados en el marco del recurso), así como la participación de la titular en ciertos proyectos de relativo calado (como el proyecto «REPARA 2.0» contenido en el documento 10) o la emisión de certificados a favor de la coadyuvante (documentos 15 y 16), eran prueba suficiente para determinar que el uso no era puramente simbólico.

85      La Sala de Recurso indicó que la «aportación» de los contratos (documentos adjuntos 1 a 5) que dieron lugar a las facturas presentadas (documentos 1 a 7) resultaba particularmente ilustrativa. Por ejemplo, era posible observar que la coadyuvante ofreció servicios continuados a una empresa de telefonía por un valor superior a 200 000 euros (documento adjunto 1), servicios a una filial española de una empresa de automoción por un importe superior a 50 000 euros (documento adjunto 2) y servicios por un valor superior a 1 500 000 euros a una compañía relacionada con el sector energético (documento adjunto 3). Además, los contratos firmados entre la coadyuvante y cadenas hoteleras (documentos adjuntos 4 y 5) estaban correlacionados con las facturas aportadas, y en ellos se especificaba que la coadyuvante prestaría servicios a más de cien hoteles de estas cadenas, que se enumeraban en dichos contratos. Según la Sala de Recurso, el informe financiero (documento adjunto 11), que contenía información relativa al volumen de ventas anual de la coadyuvante, también era pertinente. En él se identificaba la razón social del titular como «FRACTALIA IT Systems España, S. L. U.» y se reflejaba un volumen de ventas de más de 125 millones de euros realizado en el período comprendido entre 2018 y 2021 (23 613 136 euros en 2018, 27 261 576 euros en 2019, 27 031 128 euros en 2020 y unas ventas estimadas de 48 656 031 euros en 2021).

86      La Sala de Recurso observó, además, que las certificaciones emitidas por el CDTI contenidas en los documentos 6 a 10 daban asimismo prueba del alcance del uso de la marca impugnada, en la medida en que demostraban que dicha marca se había podido dar a conocer entre los círculos empresariales pertinentes. Señaló que el CDTI era una entidad pública empresarial en España, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. En cambio, consideró que la aportación de publicaciones en las redes sociales (Facebook, Linkedin, Twitter) (documentos 8 y 9), si bien demostraba los esfuerzos realizados por la coadyuvante para dar visibilidad a su marca en Internet, tenía un valor probatorio limitado, en la medida en que no se aportaban datos cuantitativos relacionados con el número y la ubicación de los destinatarios de las publicaciones.

87      La Sala de Recurso concluyó, examinando las pruebas en su totalidad, que los contratos, las cifras de facturación y el resto de las pruebas presentadas eran realistas y representaban una serie de relaciones comerciales que debían considerarse suficientes para crear o conservar un mercado para algunos de los servicios para los que la marca impugnada se había registrado, lo que demostraba el alcance del uso. En particular, la aparente continuidad de las facturas en el tiempo (a razón de unas quince facturas al año) y el esfuerzo por mantener una presencia en el mercado, así como la implicación de la coadyuvante en distintos proyectos tecnológicos a lo largo del período pertinente, excluían que este uso se calificase de uso simbólico o uso artificial destinado exclusivamente al mantenimiento del registro de la marca.

88      La recurrente alega, por lo que respecta a los documentos 8 y 9, que hacen referencia, en particular a través de hipervínculos, a la presencia de la coadyuvante en Internet y en las redes sociales durante los años 2016 a 2020, que se trata de un mero «collage» de artículos de actualidad publicados en las redes sociales, lo que, a lo sumo, sirve para demostrar que la empresa posee un perfil en las redes sociales, pero no para probar que se prestaron servicios con la marca impugnada.

89      Esta alegación debe desestimarse por inoperante, ya que la propia Sala de Recurso consideró acertadamente que las pruebas relativas a las redes sociales tenían un valor probatorio limitado, en la medida en que no se aportaban datos cuantitativos relacionados con el número y la ubicación de los destinatarios de las publicaciones, por lo que no tuvo en cuenta esas pruebas en su apreciación global.

90      Además, procede señalar que, con arreglo al artículo 95, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, una mera referencia a sitios de Internet mediante hipervínculos, como los contenidos en una parte del documento 8 y en la lista de vídeos del documento 9, no puede constituir una forma de prueba válida en los procedimientos inter partes. En efecto, no corresponde a los órganos de la EUIPO buscar en sitios de Internet una parte de las pruebas que permitan demostrar el uso de la marca impugnada ni al Tribunal General volver a examinar tales pruebas [véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de octubre de 2018, Frinsa del Noroeste/EUIPO — Alimentos Friorizados (Alfrisa), T‑820/17, no publicada, EU:T:2018:647, apartados 61 a 63, y de 6 de septiembre de 2023, OPTIVA MEDIA, T‑601/22, no publicada, EU:T:2023:510, apartados 58 y 59].

91      Por lo demás, la recurrente se limita a alegar que las pruebas que figuran en los autos bien no prueban en absoluto el uso de la marca impugnada para los servicios cubiertos por ella, bien no prueban suficientemente la importancia del uso de esa marca durante el período pertinente.

92      Es preciso señalar que una alegación de esta índole no fundamentada no puede desvirtuar las apreciaciones detalladas de la Sala de Recurso relativas a la importancia del uso recordadas en los apartados 84 y 87 anteriores, que procede confirmar.

93      Por lo tanto, la Sala de Recurso declaró acertadamente que las pruebas presentadas por la coadyuvante, apreciadas globalmente, cumplían el requisito del alcance del uso.

4.      Sobre la naturaleza del uso de la marca impugnada

94      Procede examinar, sucesivamente, tres aspectos de la naturaleza del uso de la marca impugnada: en primer lugar, su uso como marca; en segundo lugar, su uso tal como fue registrada o según una variante aceptable de la misma que no altere su carácter distintivo, y, en tercer lugar, su uso en relación con los servicios para los que está registrada.

a)      Uso de la marca impugnada como marca

95      En los apartados 48 a 53 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso desestimó la alegación de la recurrente de que la mayoría de las pruebas presentadas se referían a la denominación social de la coadyuvante o a una empresa supuestamente vinculada, como FRACTALIA IT Systems España, S. L., pero no a la marca impugnada. Recordó que el uso de un signo como denominación social, nombre de empresa o nombre comercial puede considerarse un uso como marca, es decir, como signo que identifica el origen comercial de los productos y servicios designados. Señaló que la marca impugnada aparecía en la esquina inferior derecha de una parte significativa de las facturas (documentos 1 a 5) y que la denominación «FRACTALIA» representada con un elemento figurativo aparecía en la esquina superior derecha de una gran parte de las facturas.

96      Según la Sala de Recurso, puesto que la marca impugnada consistía en la marca figurativa de la Unión FRACTALIA Remote Systems (véase el apartado 3 de esta sentencia), la presencia de los elementos mencionados en el apartado anterior contribuiría a que el público de referencia percibiera una vinculación entre estos y los servicios ofrecidos bajo la marca impugnada.

97      La recurrente alega que la mayor parte de las pruebas presentadas se refieren a la denominación social de la coadyuvante o de una sociedad vinculada a ella, como FRACTALIA IT Systems España, S. L., y no a la marca impugnada. A su juicio, las pruebas que demuestran el uso por diferentes sociedades registradas, como FRACTALIA IT Systems España, S. L., y FRACTALIA Hotels Systems, S. L., carecen de valor probatorio porque no identifican a la coadyuvante. En particular, aduce que el informe financiero (documento adjunto 11) se refiere a la sociedad FRACTALIA IT Systems España, S. L., mientras que la mayoría de las facturas presentadas fueron emitidas por las empresas FRACTALIA Hotels Systems, S. L., y FRACTALIA Remote Systems, S. L., la coadyuvante. Añade que solo una parte muy escasa de las facturas fueron emitidas por FRACTALIA IT Systems España, S. L., por lo que el volumen de negocio que aparece en el informe financiero puede referirse a actividades no amparadas por la marca impugnada. En opinión de la recurrente, de los documentos adjuntos 4 y 5 resulta que los servicios de telecomunicaciones son prestados por la sociedad P., y no por «FRACTALIA», que se limita a proporcionar las máquinas y el soporte técnico, y que ninguno de estos servicios está amparado por la marca impugnada. Según ella, las certificaciones emitidas por el CDTI (documentos adjuntos 6 a 10) fueron expedidas a la sociedad FRACTALIA IT Systems España, S. L., y no a la coadyuvante.

98      A este respecto, procede recordar que, con arreglo al artículo 18, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, el uso de la marca de la Unión con el consentimiento del titular se considera hecho por el titular.

99      Según la jurisprudencia citada por la Sala de Recurso, el uso de un signo como denominación social, nombre de empresa o nombre comercial puede considerarse un uso como marca, siempre que los propios productos o servicios pertinentes sean identificados y ofrecidos en el mercado con este signo [véase, en este sentido, la sentencia de 13 de abril de 2011, Alder Capital/OAMI — Gimv Nederland (ALDER CAPITAL), T‑209/09, no publicada, EU:T:2011:169, apartado 56]. Para ello, es necesario que el titular utilice el signo de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social, el nombre comercial o el rótulo del tercero y los productos que comercializa o los servicios que presta el tercero (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de septiembre de 2007, Céline, C‑17/06, EU:C:2007:497, apartados 21 a 23). Por ejemplo, la aparición del nombre de empresa en el membrete de las hojas de pedido o de las facturas podrá, dependiendo de la forma en que el signo figure en ellas, ser adecuada para respaldar el uso efectivo de la marca impugnada [véase, en este sentido, la sentencia de 6 de noviembre de 2014, Popp y Zech/OAMI — Müller-Boré & Partner (MB), T‑463/12, no publicada, EU:T:2014:935, apartados 44 y 45].

100    Además, según reiterada jurisprudencia, se presume que el uso de una marca por una sociedad económicamente vinculada al titular de esa marca es un uso de dicha marca realizado con el consentimiento de su titular y, por lo tanto, debe considerarse hecho por el titular, con arreglo al artículo 18, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 [véase la sentencia de 6 de octubre de 2021, Dermavita Company/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVEDERM), T‑372/20, no publicada, EU:T:2021:652, apartado 67 y jurisprudencia citada]. Además, cuando el titular de una marca invoca como uso efectivo de la marca actos de uso realizados por un tercero, está implícito que ese uso se ha efectuado con su consentimiento en virtud de dicho artículo, salvo prueba en contrario [sentencia de 14 de diciembre de 2022, Eurol/EUIPO — Pernsteiner (eurol LUBRICANTS), T‑636/21, no publicada, EU:T:2022:804, apartado 44].

101    Si el uso de la marca impugnada se hubiera realizado sin el consentimiento del titular y, por ende, violando su derecho de marca, el titular no tendría, en principio, interés en reivindicar tales facturas como pruebas que pueden demostrar un uso legítimo de su marca. Por ello, parece poco probable que el titular de una marca pueda presentar la prueba de que esta se ha usado contra su voluntad [véanse las sentencias de 5 de marzo de 2019, Meblo Trade/EUIPO — MEBLO Int (MEBLO), T‑263/18, no publicada, EU:T:2019:134, apartado 77 y jurisprudencia citada, y de 14 de diciembre de 2022, eurol LUBRICANTS, T‑636/21, no publicada, EU:T:2022:804, apartado 40 y jurisprudencia citada].

102    En el caso de autos, procede señalar, al igual que la EUIPO, que la recurrente no ha negado en ningún momento, ni durante el procedimiento administrativo ni ante el Tribunal General, que el uso realizado por esas otras sociedades económicamente vinculadas equivalga a un uso con el consentimiento de la coadyuvante, denominada FRACTALIA Remote Systems, S. L. Al no haberse formulado ninguna refutación a este respecto, ha de considerarse que dicho uso se presume realizado por la coadyuvante, de conformidad con la jurisprudencia citada en los apartados 100 y 101 anteriores. Por lo demás, no existe ninguna prueba en contrario en los autos y la recurrente no ha aportado ninguna alegación o prueba que ponga en cuestión que la coadyuvante consintió el uso de la marca impugnada por esas otras sociedades. En cualquier caso, todas esas sociedades tienen en común el elemento denominativo distintivo «fractalia» y son entidades económicamente vinculadas que pertenecen al mismo grupo de sociedades, lo que, a falta de prueba en contrario, indica que utilizaron la marca impugnada con el consentimiento de la coadyuvante [véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de enero de 2022, POMODORO, T‑76/21, no publicada, EU:T:2022:16, apartado 90; de 7 de septiembre de 2022, 6Minutes Media/EUIPO — ad pepper media International (ad pepper the e-advertising network), T‑521/21, no publicada, EU:T:2022:520, apartado 28, y de 14 de diciembre de 2022, eurol LUBRICANTS, T‑636/21, no publicada, EU:T:2022:804, apartados 45 a 50].

103    Además, como observa, en esencia, la coadyuvante, el uso de la denominación social FRACTALIA IT Systems España, S. L., puede considerarse un uso de la marca impugnada FRACTALIA Remote Systems (más concretamente, en la medida de su elemento distintivo y dominante «FRACTALIA» y de su elemento secundario «Systems»), dado que los propios servicios de que se trata se identifican y ofrecen en el mercado con ese signo, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 99 anterior. La mención de esta denominación social en las certificaciones expedidas por el CDTI en la parte superior del documento, con el número de identificación de la sociedad y la descripción del proyecto, constituyen asimismo, por el mismo motivo, un uso de dicha marca. Por añadidura, las certificaciones del CDTI tienen un elevado valor probatorio, ya que proceden de una entidad pública empresarial.

104    Por último, en cuanto al informe financiero (documento adjunto 11), procede señalar, como hace la coadyuvante, que en él se identifica a esta última como sociedad matriz del grupo y administradora única de la sociedad FRACTALIA IT Systems España, S. L.

105    Por lo tanto, procede confirmar las apreciaciones de la Sala de Recurso recordadas en los anteriores apartados 95 y 96 y concluir que las pruebas que demuestran el uso por diferentes sociedades registradas, como FRACTALIA IT Systems España, S. L., o FRACTALIA Hotels Systems, S. L., no carecen de valor probatorio por el mero hecho de que no identifiquen propiamente a la coadyuvante, denominada FRACTALIA Remote Systems, S. L. Así pues, el uso de esas diversas denominaciones sociales constituye un uso de la marca impugnada como indicación del origen comercial de los servicios de que se trata.

106    Por lo tanto, deben desestimarse las alegaciones de la recurrente a este respecto.

b)      Uso de la marca impugnada tal como fue registrada o de una variante aceptable de esta que no altera su carácter distintivo

107    En los apartados 54 a 71 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró, en primer lugar, que, si bien no en todas las facturas la marca impugnada aparecía reflejada como tal, sí constaban los elementos denominativos presentes en ella «FRACTALIA Remote Systems» e incluso el elemento figurativo que aparecía en su esquina superior derecha. Así, según ella, la forma en la que se representaba esta marca en una parte significativa de las facturas aportadas reflejaba un uso que no alteraba el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada. La Sala de Recurso señaló que los elementos dominantes y distintivos de dicha marca consistían en el elemento denominativo «FRACTALIA», que aparecía en un tamaño visualmente prominente y estaba desprovisto de significado (como mucho, evocaba la idea de «fractal», lo cual no tenía relación con los servicios de que se trata), así como en el elemento figurativo , que también resultaba distintivo y aparecía en un tamaño claramente visible.

108    Por otro lado, según la Sala de Recurso, la expresión «Remote Systems» no podía considerarse dominante en la marca impugnada, puesto que debido a su menor tamaño no atraería, a primera vista, la atención del consumidor del modo en que lo harían los elementos mencionados en el apartado anterior. Además, en el marco de los servicios tecnológicos y de asistencia profesional pertinentes, el público destinatario tendería a comprender la expresión «Remote Systems» como una referencia al modo en que se prestaban los servicios, esto es, fundamentalmente de manera remota, lo cual reducía significativamente o anulaba su capacidad distintiva. Por lo tanto, dicha expresión no era dominante y su capacidad distintiva era muy limitada o nula.

109    Por consiguiente, la Sala de Recurso declaró que el uso de la marca impugnada en las formas que se muestran a continuación, tal como aparecían en las facturas y en otros documentos (contratos, certificaciones, capturas de pantalla de sitios web, etc.), podía considerarse un uso en una forma que difería en elementos que no alteraban su carácter distintivo:

110    La Sala de Recurso declaró, además, que los signos figurativos representados incluían los elementos dominantes y distintivos de la marca impugnada sin variaciones significativas. Los elementos añadidos «Grupo», «Software» y «Hotel Systems» eran elementos añadidos cuyo impacto visual era mínimo en la representación de los signos y cuyo carácter distintivo era mínimo o nulo por referirse al tipo de estructura organizativa de la coadyuvante («Grupo»), a los productos con los que se relacionan los servicios prestados bajo la marca impugnada («Software») o al tipo de cliente profesional para el que se prestaron los servicios («Hotel Systems»). Por lo que respecta a los certificados aportados en sede de recurso, la Sala de Recurso señaló asimismo que, si bien en los documentos adjuntos 6 y 8 se identificaba a la titular por su anterior denominación social (IRISCENE SOFTWARE CORPORATION, S. L.), en la declaración contenida en el documento adjunto podía observarse el término «FRACTALIA» y el elemento figurativo de dicha marca, colocado sobre la denominación social en el sello que acredita la conformidad con lo reflejado en el documento reproducido a continuación:

111    Además, la Sala de Recurso declaró que el resto de los documentos adjuntos relativos a certificaciones (documentos adjuntos 7, 9 y 10) identificaban claramente a la coadyuvante como «FRACTALIA IT Systems España, S. L.». La expresión «FRACTALIA IT Systems España, S. L.» mantenía el elemento más distintivo de la marca impugnada («FRACTALIA»), mientras que los demás elementos eran descriptivos. Así, «IT Systems» indicaba el tipo de servicios designados por la marca, «España» indicaba el lugar en el que estaba radicada la coadyuvante y «SL» indicaba su forma jurídica («sociedad limitada»).

112    Por último, la Sala de Recurso declaró que la marca impugnada aparecía también en la misma forma en que fue registrada en algunos de los documentos aportados por la coadyuvante, por ejemplo, los relativos al proyecto «REPARA 2.0» (documento 10) o en el extracto de la página web de la empresa «Indra» en la que se describía el proyecto «LPS‑BIGGER» (documento 11), como ilustran los ejemplos reproducidos a continuación:

113    La Sala de Recurso concluyó que la coadyuvante había probado el uso efectivo de la marca tal y como estaba registrada o con variantes de la misma que no alteraban su carácter distintivo.

114    En virtud del artículo 18, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, el uso de una marca de la Unión incluye el uso en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esté registrada, con independencia de si la marca en la forma en que se utilice también está o no registrada a nombre del titular.

115    El objeto de esta disposición, que evita imponer una conformidad estricta entre la forma utilizada de la marca y la forma en que está registrada, es permitir a su titular aportar al signo, en el curso de su explotación comercial, las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate. Conforme a su objeto, el ámbito de aplicación material de esta disposición debe considerarse limitado a las situaciones en las que el signo concretamente utilizado por el titular de una marca para designar los productos o servicios para los que esta se registró constituye la forma en la que dicha marca se explota comercialmente. En tales situaciones, cuando la forma del signo utilizado en el comercio difiere de la forma en la que está registrado únicamente por elementos insignificantes, de modo que los dos signos pueden ser considerados globalmente equivalentes, la disposición anteriormente citada prevé que la obligación de uso de la marca registrada puede cumplirse aportando la prueba del uso del signo que constituye la forma utilizada en el comercio [sentencia de 23 de febrero de 2006, Il Ponte Finanziaria/OAMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, apartado 50; véase también la sentencia de 23 de septiembre de 2020, CEDC International/EUIPO — Underberg (Forma de brizna de hierba dentro de una botella), T‑796/16, EU:T:2020:439, apartado 138 (no publicado) y jurisprudencia citada].

116    De ese modo, la constatación de una alteración del carácter distintivo de la marca registrada requiere un examen del carácter distintivo y dominante de los elementos añadidos basándose en las cualidades intrínsecas de cada uno de esos elementos, así como en la posición relativa de los distintos elementos en la configuración de la marca [véanse las sentencias de 10 de junio de 2010, Atlas Transport/OAMI — Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08, no publicada, EU:T:2010:229, apartado 31 y jurisprudencia citada, y de 23 de septiembre de 2020, Forma de brizna de hierba dentro de una botella, T‑796/16, EU:T:2020:439, apartado 139 (no publicado) y jurisprudencia citada].

117    La recurrente alega, en esencia, que la mayoría de las pruebas presentadas se refieren a sociedades vinculadas a la coadyuvante, como FRACTALIA IT Systems España, S. L., y no a la marca impugnada o a una variante aceptable de esta.

118    A este respecto, procede confirmar las detalladas apreciaciones de la Sala de Recurso recordadas en los anteriores apartados 107 a 113. En particular, ha de señalarse que la marca impugnada se ha utilizado con diversas variantes aceptables que no alteran su carácter distintivo, en las que el elemento denominativo dominante y más distintivo «FRACTALIA» y el elemento figurativo de la marca impugnada aparecen invariablemente, asociados, en su caso, a elementos insignificantes y no distintivos. Así, este elemento denominativo figura en la esquina superior derecha de las facturas (documentos 1 a 7) con las siguientes formas: «FRACTALIA», «FRACTALIA Software», «FRACTALIA Hotel Systems», «FRACTALIA Engineering» y «Grupo FRACTALIA». También figura en la firma de los contratos (documentos adjuntos 1 a 5) y aparece en la mayoría de las certificaciones del CDTI (documentos adjuntos 7, 9 y 10) en la forma «FRACTALIA IT Systems España, S. L.». En todos estos casos, la adición de elementos insignificantes y no distintivos (como «Software», «Hotel Systems», «Engineering», «Grupo» o «IT Systems España, S. L.») en determinadas pruebas de uso no puede alterar el carácter distintivo de la marca impugnada tal como fue registrada. En lo que atañe al elemento muy secundario y muy escasamente distintivo «Remote Systems» de esa marca, el hecho de que no aparezca en ciertas pruebas de uso tampoco altera el carácter distintivo de la marca.

119    En cualquier caso, como señaló la Sala de Recurso (véase el apartado 95 anterior), la marca impugnada FRACTALIA Remote Systems aparece íntegramente en la esquina inferior derecha de un número significativo de facturas (documentos 1 a 5).

120    Por otra parte, la alegación de la recurrente de que la coadyuvante también es titular de la marca figurativa de la Unión FRACTALIA registrada con el número 17317835 para productos comprendidos en la clase 9 carece totalmente de pertinencia a efectos de la apreciación del uso efectivo de la marca impugnada. Además, en la medida en que la recurrente alega que una de las formas modificadas de la marca impugnada también está registrada como marca de la Unión, procede señalar que del tenor del artículo 18, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001 se desprende que esta alegación también carece de pertinencia para la apreciación de las variantes aceptables del uso, que debe efectuarse con independencia de «si la marca en la forma en que se utilice también está o no registrada a nombre del titular» (véase el apartado 114 anterior).

121    Por lo tanto, procede desestimar las alegaciones de la recurrente a este respecto.

c)      Uso de la marca impugnada en relación con los servicios para los que está registrada

1)      Sobre la necesidad de definir el uso de la marca impugnada en subcategorías de servicios

122    En los apartados 72 a 81 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso señaló que, en el caso de autos, la marca impugnada estaba registrada para distinguir categorías amplias de servicios de las clases 35, 38 y 42 (véase el apartado 5 anterior), pero que las pruebas presentadas por la coadyuvante no demostraban el uso efectivo de dicha marca para todos los servicios cubiertos por ella. La Sala de Recurso afirmó que las categorías de servicios para los que estaba registrada dicha marca se consideraban amplias, pero objetó que la coadyuvante no había aportado prueba del uso efectivo de dicha marca para cada una de las subcategorías independientes. Por ello, la Sala de Recurso confirmó la necesidad de subdividir las categorías de servicios en subcategorías acordes a los servicios para los que el uso del signo se había demostrado.

123    Según reiterada jurisprudencia, si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada. En cambio, si una marca ha sido registrada para productos o servicios definidos de forma tan precisa y circunscrita que no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que se trate, entonces la prueba del uso efectivo de la marca para dichos productos o servicios cubre necesariamente toda esa categoría [sentencias de 14 de julio de 2005, Reckitt Benckiser (España)/OAMI — Aladin (ALADIN), T‑126/03, EU:T:2005:288, apartado 45; de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, apartado 23, y de 13 de octubre de 2021, Schneider/EUIPO — Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas (Frutaria), T‑12/20, no publicada, EU:T:2021:702, apartado 77].

124    En efecto, si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de dicha marca de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de esta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de «parte de los productos o servicios» pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes (sentencias de 14 de julio de 2005, ALADIN, T‑126/03, EU:T:2005:288, apartado 46; de 13 de febrero de 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, apartado 24, y de 13 de octubre de 2021, Frutaria, T‑12/20, no publicada, EU:T:2021:702, apartado 78).

125    El criterio de la finalidad o el destino de los productos o servicios de que se trate constituye un criterio esencial para la definición de una subcategoría independiente de productos (sentencias de 16 de julio de 2020, ACTC/EUIPO, C‑714/18 P, EU:C:2020:573, apartado 44; de 13 de febrero de 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, apartado 29, y de 13 de octubre de 2021, Frutaria, T‑12/20, no publicada, EU:T:2021:702, apartado 79).

126    Es preciso señalar que tal subcategoría independiente de productos debe ser coherente y homogénea y resultar de una división significativa y no arbitraria. Así, el Tribunal de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 13 de septiembre de 2018, ACTC/EUIPO — Taiga (tigha) (T‑94/17, no publicada, EU:T:2018:539), que había denegado el reconocimiento de la existencia de una subcategoría independiente de productos de la clase 25, consistente en «prendas de vestir exteriores para protegerse frente a las inclemencias del tiempo», debido a que todas las prendas de vestir tenían la misma finalidad o destino, puesto que estaban destinadas a cubrir el cuerpo humano, ocultarlo, ornamentarlo y protegerlo frente a los elementos [sentencias de 16 de julio de 2020, ACTC/EUIPO, C‑714/18 P, EU:C:2020:573, apartados 29 a 54, y de 15 de octubre de 2020, Rothenberger/EUIPO, — Paper Point (ROBOX), T‑49/20, no publicada, EU:T:2020:492, apartado 36].

127    Por lo tanto, procede aprobar la decisión de la Sala de Recurso de definir el uso de la marca impugnada mediante la subdivisión de las categorías de servicios cubiertos por ella en subcategorías de servicios, decisión que, por lo demás, las partes no discuten.

2)      Sobre la apreciación de las pruebas del uso efectivo de la marca impugnada para determinadas subcategorías de servicios

128    En los apartados 82 y 92 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso señaló que la coadyuvante era una empresa tecnológica que se dedicaba, principalmente, a la prestación de servicios informáticos vinculados al área de las telecomunicaciones, la ciberseguridad y la gestión de negocios, y que prestaba asimismo servicios de ingeniería y llevaba a cabo actividades de investigación y desarrollo. Añadió que, en el caso de la marca impugnada, los importes indicados en las facturas, así como los volúmenes de facturación anuales, indicaban, principalmente a través de los contratos, las participaciones en proyectos y las certificaciones aportadas, que la marca impugnada había sido objeto de uso para una serie de servicios para los que se encontraba originalmente registrada.

129    A continuación, la Sala de Recurso constató un uso efectivo mínimo de la marca impugnada en el territorio pertinente y durante el período pertinente para determinados servicios de las clases 35, 38 y 42, que precisó inmediatamente después. En cuanto a los demás servicios comprendidos en las clases 35, 38 y 42 para los que dicha marca está registrada, la Sala de Recurso indicó que no podía concluir, sin recurrir a presunciones, que se hubiera acreditado el uso efectivo.

130    La recurrente impugna algunas de las apreciaciones fácticas efectuadas por la Sala de Recurso, alegando, en esencia, que un determinado documento por separado o un determinado documento adjunto considerado aisladamente no aporta la prueba del uso efectivo de la marca impugnada, por no concurrir alguno de los factores necesarios. La mayoría de estas alegaciones ya han sido refutadas en los anteriores apartados 75 a 121.

131    A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, para examinar el carácter efectivo del uso de una marca impugnada, debe llevarse a cabo una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto (sentencias de 8 de julio de 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, apartado 42, y de 1 de marzo de 2023, CAMEL, T‑552/21, no publicada, EU:T:2023:98, apartado 71).

132    Un conjunto de pruebas puede permitir demostrar los hechos que han de acreditarse, aunque cada una de tales pruebas, considerada aisladamente, resulte insuficiente para acreditar la exactitud de los referidos hechos. Así, aunque una prueba tenga un valor probatorio limitado, en la medida en que, tomada aisladamente, no demuestre con certidumbre si los productos o servicios de que se trata han sido comercializados ni de qué manera, y aunque, en consecuencia, esa prueba no sea decisiva por sí sola, puede sin embargo tenerse en cuenta en la apreciación global del carácter efectivo del uso [véase la sentencia de 5 de octubre de 2022, Aldi Einkauf/EUIPO — Cantina sociale Tollo (ALDIANO), T‑429/21, no publicada, EU:T:2022:601, apartado 39 y jurisprudencia citada].

133    Asimismo, procede considerar, al igual que la EUIPO, que el principio de apreciación global de las pruebas es especialmente importante a la hora de apreciar el uso en relación con los servicios, siendo también aplicable a los productos. En efecto, a diferencia de los productos, que generalmente se presentan en una forma material fija y cuyo uso es, por tanto, más fácil de demostrar de manera coherente en esa forma única, los servicios son por naturaleza inmateriales y se materializan generalmente en diversas formas en función del contexto. Este factor puede afectar, por ejemplo, al nivel de detalle de la descripción de un servicio en los distintos documentos que hacen referencia a él. Por consiguiente, la apreciación del uso en relación con un servicio debe basarse necesariamente en una apreciación combinada de todas las formas de materialización del servicio en diferentes contextos.

134    En el caso de autos, la Sala de Recurso realizó correctamente una apreciación global de todas las pruebas (a saber, los veinte documentos y los once documentos adjuntos), examinadas en su conjunto y combinadas entre sí.

135    Por lo tanto, la Sala de Recurso pudo considerar que determinadas pruebas son «ilustrativas», «especifican», «corroboran» o «contextualizan» (apartados 22, 41, 83, 85 y 88 de la resolución impugnada) otras pruebas y pudo apreciar determinadas pruebas en combinación «con» otras (apartados 21 y 88 de la misma resolución).

136    Es preciso examinar ahora las apreciaciones de la Sala de Recurso relativas al uso efectivo de la marca impugnada para los servicios de las clases 35, 38 y 42.

137    En primer lugar, por lo que respecta a los servicios de las clases 35 y 38, procede confirmar las apreciaciones de la Sala de Recurso que figuran en los apartados 83 y 84 de la resolución impugnada. Así, la Sala de Recurso declaró fundadamente, para empezar, sobre la base de los contratos aportados (documentos adjuntos 1 a 5), que tienen correlación y especifican los servicios prestados en las facturas (documentos 1 a 7), que la coadyuvante ofrece, bajo la marca impugnada, servicios de telefonía sobre IP (VoIP), servicios de electrónica de red y servicios de gestión de contenidos, así como soporte en relación con el software asociado al servicio de gestión de contenidos. Además, la coadyuvante ofrece servicios de instalación de redes por cable e inalámbricas, facilitando el acceso a Internet y a redes virtuales privadas (VPNs), principalmente en establecimientos comerciales y hoteles, donde también ofrece servicios de oficina móvil, facilitando la puesta a disposición de material y programas para enviar o recibir faxes o imprimir documentos. La coadyuvante ofrece asimismo servicios de diseño y programación de software, servicios de seguridad de red y servicios de seguridad informática en general, así como servicios de outsourcing informático consistentes en la gestión, mantenimiento y operación remota de equipos informáticos. Por último, la nueva documentación aportada también demuestra el uso para «gestión comercial de licencias de software para un tercero», por ejemplo, las licencias SAP ® (documento adjunto 3, punto 2.4, página 34). A pesar de que la gestión de licencias naciera a raíz de la relación contractual entre la coadyuvante y su cliente, es decir, en el marco de la provisión de servicios del primero hacia el segundo, no puede descartarse la posibilidad de que los servicios de gestión de licencias hayan tenido lugar, en la medida en que se mencionaban como una parte relevante del contrato y quedaba claro que su gestión correría a cargo de la coadyuvante (documento adjunto 3, puntos 2.4 a 2.6, páginas 34 y 35).

138    En cambio, según la Sala de Recurso, contrariamente a lo indicado por la coadyuvante, de la documentación aportada no podía concluirse que hubiera tenido lugar un uso efectivo de la marca impugnada para los servicios de «compilación y análisis de datos para terceros» o de «monitorización de datos» de la clase 35. En este sentido, no había quedado demostrado que la coadyuvante, a través de la marca impugnada, hubiera prestado de forma directa los servicios mencionados a terceras partes, en la medida en que la mayoría de los documentos, particularmente los certificados ISO y Applus+ aportados (documento 16), concentraban el ámbito de acción de la coadyuvante en el desarrollo o la gestión de infraestructuras IT («tecnologías de la información»). Por lo tanto, a pesar de que los productos informáticos que generaba la coadyuvante pudieran destinarse a clientes profesionales del sector minorista, lo relevante al valorar la prueba de uso era determinar, específicamente, qué tipo de servicios prestaba la titular a esos terceros. En este marco, se observa que los servicios consistían en la asistencia técnica, consultoría, integración y mantenimiento, derivados de los programas informáticos que desarrollaba la coadyuvante para dichos terceros. Por tanto, de las facturas u otros documentos aportados no podía deducirse, sin recurrir a presunciones, que la coadyuvante hubiera prestado los servicios de la clase 35 a los que se refiere el presente apartado. Estas apreciaciones no se cuestionan en el presente asunto.

139    En segundo lugar, por lo que respecta a los servicios de la clase 42, procede confirmar las apreciaciones de la Sala de Recurso que figuran en los apartados 85 a 88 de la resolución impugnada. Así pues, la Sala de Recurso declaró fundadamente que las certificaciones contenidas en los documentos adjuntos 6 a 10 consistían en certificaciones relativas al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos a efectos de la aplicación e interpretación de deducciones fiscales. En dichos documentos, la entidad certificadora, esto es, el CDTI, calificaba los proyectos presentados por la coadyuvante como «proyectos de investigación y desarrollo», especificando en términos generales que la consecución del objetivo general de cada proyecto requería investigar y desarrollar diferentes tecnologías y elementos. Estos proyectos se orientaban a ofrecer soluciones tecnológicas o a aportar mejoras sustanciales respecto de lo que ya existía y suponían un avance en los sectores correspondientes. Tales proyectos se definían del siguiente modo: «solución avanzada IOT (“Internet de las cosas”) de monitorización y control ambiental en salas técnicas para el mantenimiento preventivo y optimización de la vida útil de los equipos tecnológicos»; «solución de ciberseguridad perimetral y análisis de vulnerabilidades en dispositivos de la red doméstica»; «búsqueda de soluciones tecnológicas basadas en el hidrógeno para la movilidad inteligente y sostenible de flotas de transporte pesado, optimizando el consumo y reduciendo su huella de carbono» (proyecto liderado en parte por la coadyuvante); «solución de ciberseguridad perimetral y análisis de vulnerabilidades en dispositivos de la red doméstica». En la medida en que los proyectos objeto de certificación cubrían distintos campos tecnológicos (energía, transporte, medio ambiente, ciberseguridad, etc.) y en tanto en cuanto la coadyuvante, a través de la marca impugnada, llevaba a cabo esencialmente servicios de investigación y desarrollo en sentido amplio, la Sala de Recurso consideró probado el uso para la subcategoría general de «investigación y desarrollo» en la clase 42.

140    Respecto al documento 10, relativo a la implicación de la coadyuvante en el proyecto «REPARA 2.0», la Sala de Recurso observó acertadamente que, en efecto, en él se especificaba que la coadyuvante lideraba el grupo de trabajo 3, dedicado a la aplicación big data para monitorización de carreteras. Las actividades desarrolladas por la coadyuvante en este ámbito eran las de adquisición, almacenamiento, procesado y análisis de datos, y el objetivo de esta solución, según se expresa en el paquete de trabajo, era el de combinar valores sensóricos con otros datos relevantes respecto al deterioro del firme, generando modelos predictivos. En la página web del proyecto (www.proyectorepara.com), se identificaba a la coadyuvante como una compañía global dedicada al desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas e ingeniería creativa. Junto con el resto de la documentación, particularmente la materia sobre la que versaban el resto de proyectos, quedaba claro para la Sala de Recurso que la coadyuvante había empleado la marca impugnada para prestar servicios de ingeniería y servicios de análisis y de investigación industrial.

141    Por último, en el apartado 83 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso señaló acertadamente que de los contratos aportados (documentos adjuntos 1 a 5) también se desprendía que la coadyuvante ofrecía servicios de diseño y programación de software comprendidos en la clase 42. Corrobora esta constatación, además, el documento 12, relativo al «primer proyecto europeo de camión de hidrógeno autoguiado», según el cual la coadyuvante desarrolla «un único software inteligente y pionero que optimizará la operativa global mediante la implementación de algoritmia de optimización y aprendizaje federado, según el paradigma de computación edge-fog computing».

142    Ha de considerarse que la recurrente no ha formulado ninguna alegación que pueda demostrar un error en las apreciaciones globales de la Sala de Recurso según las cuales se ha acreditado suficientemente un uso efectivo mínimo de la marca impugnada para los servicios mencionados en los apartados 137 y 139 a 141 anteriores.

143    Habida cuenta de lo anterior, procede concluir que la Sala de Recurso consideró fundadamente, en los apartados 93 a 95 de la resolución impugnada, que había quedado acreditado el uso de la marca impugnada para los siguientes servicios: «Alquiler de aparatos de oficina; gestión comercial de licencias de software para un tercero», de la clase 35; «Servicios de telefonía móvil y fija; comunicaciones telemáticas y acceso a Internet; suministro y alquiler de instalaciones y equipamientos de telecomunicaciones», de la clase 38, y «Servicios de investigación y desarrollo, así como servicios de diseño relativos a ellos; servicios de ingeniería, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software», de la clase 42.

144    Por lo tanto, procede desestimar las alegaciones de la recurrente a este respecto.

3)      Sobre la comparación entre las subcategorías de servicios utilizados y la especificación de los servicios cubiertos por la marca impugnada

145    Mediante el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001 y del artículo 10, apartado 3, del Reglamento Delegado 2018/625, la recurrente reprocha a la Sala de Recurso haber considerado erróneamente que la marca impugnada había sido utilizada para servicios que estaban comprendidos en las categorías más generales de servicios que figuran en las listas de servicios registrados (véase el anterior apartado 5), a saber, los epígrafes generales de las clases 35, 38 y 42 que estaban en vigor cuando se solicitó la marca impugnada.

146    En apoyo de este motivo, la recurrente presenta un cuadro comparativo de los «servicios registrados» y de los «servicios usados» de las clases 35, 38 y 42, del que se desprende, en su opinión, que los servicios de «alquiler de material de oficina; gestión comercial de licencias de software para terceros» (clase 35) y de «suministro y alquiler de instalaciones y equipamientos de telecomunicaciones» (clase 38) no están comprendidos en los títulos generales de la clase, de modo que la Sala de Recurso incurrió en error al mantener la marca para estos servicios.

147    Con carácter preliminar, por una parte, debe señalarse que la crítica de la recurrente relativa a la inexistencia o insuficiencia de pruebas del uso efectivo ha sido examinada y refutada en el marco del segundo motivo (véase, en particular, el apartado 143 anterior). El tercer motivo se refiere, en esencia, a la comparación entre las subcategorías de servicios usados y la especificación de determinados servicios cubiertos por la marca impugnada.

148    Por otra parte, del cuadro comparativo presentado por la recurrente se desprende que, en el tercer motivo, esta se concentra en determinadas subcategorías de servicios usados, a saber, el «alquiler de aparatos de oficina; gestión comercial de licencias de software para un tercero» de la clase 35 y el «suministro y alquiler de instalaciones y equipamientos de telecomunicaciones» de la clase 38, y en la cuestión de si esas subcategorías están comprendidas en los títulos generales de las categorías de esas clases que figuran en el registro de la marca impugnada. Los demás servicios usados pertenecientes a las clases 35, 38 y 42 no son objeto del presente motivo.

149    Por lo tanto, es preciso comprobar si estas subcategorías de servicios para los que la marca impugnada, habida cuenta de lo anterior, ha sido objeto de un uso efectivo (véase el anterior apartado 147) están efectivamente comprendidas en las categorías generales de las clases 35 y 38 y están comprendidas efectivamente en los títulos generales de esas clases para los que se registró la marca impugnada.

150    Según la jurisprudencia, la ratio legis del requisito de que una marca sea objeto de un uso efectivo para estar protegida con arreglo al Derecho de la Unión radica en que el registro de la EUIPO debe reflejar fielmente las indicaciones que las empresas utilizan efectivamente en el mercado para distinguir sus productos y servicios en la vida económica (véase la sentencia de 6 de septiembre de 2023, OPTIVA MEDIA, T‑601/22, no publicada, EU:T:2023:510, apartado 23 y jurisprudencia citada). La determinación de una eventual subcategoría independiente debe apreciarse de manera concreta, principalmente teniendo en cuenta los productos o servicios en relación con los cuales el titular de una marca ha aportado la prueba del uso de su marca [sentencia de 14 de diciembre de 2022, Hotel Cipriani/EUIPO — Altunis (CIPRIANI FOOD), T‑358/21, no publicada, EU:T:2022:817, apartado 143]. La especificación de una subcategoría deberá, a su vez, cumplir el requisito de claridad y precisión [véase, en este sentido, la sentencia de 26 de abril de 2023, Wenz Kunststoff/EUIPO — Mouldpro (MOULDPRO), T‑794/21, no publicada, EU:T:2023:211, apartado 50].

151    El alcance y el significado de los servicios cubiertos por la marca impugnada deben entenderse a la luz de la edición de la Clasificación de Niza vigente en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca impugnada (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de abril de 2023, MOULDPRO, T‑794/21, no publicada, EU:T:2023:211, apartado 22).

152    En el presente asunto, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca impugnada, el 30 de mayo de 2006, estaba en vigor la octava edición de la Clasificación de Niza.

153    Consta que las indicaciones generales que figuran en los títulos de las clases 35 y 38 de la Clasificación de Niza en esa octava edición corresponden, en esencia (sin perjuicio de variantes sin incidencia para el caso de autos), a las reproducidas en el anterior apartado 5, a saber, los servicios de «publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina» de la clase 35 y los servicios de «telecomunicaciones» de la clase 38.

154    Pues bien, a la luz de la información detallada facilitada en los sitios de Internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de TMclass, debe señalarse que determinadas subcategorías de los servicios usados están expresamente comprendidas en las categorías correspondientes de los servicios cubiertos por la marca impugnada.

155    Así, la indicación «alquiler de máquinas y aparatos de oficina» (con el número de base 350013) se incluye explícitamente en las indicaciones generales de la clase 35, como «gestión de negocios comerciales» y «administración comercial».

156    En cambio, la «gestión comercial de licencias de software para un tercero» y el «suministro y alquiler de instalaciones y equipamientos de telecomunicaciones» no figuran expresamente en la octava edición de la Clasificación de Niza.

157    A este respecto, es preciso subrayar que, según la reiterada jurisprudencia citada en los anteriores apartados 123 a 126 y 150, una subcategoría independiente pertinente para la comprobación de la prueba del uso efectivo debe, por una parte, reflejar de la manera más fiel y concreta posible los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada y, por otra parte, ser coherente y homogénea y resultar de una división significativa y no arbitraria.

158    De ello se deduce que, en la definición de una subcategoría independiente, la EUIPO no puede estar obligada a limitarse a las indicaciones de productos y servicios que figuran expresamente en la Clasificación de Niza. Tal limitación podría vulnerar las exigencias de fidelidad y de coherencia para la definición de una subcategoría independiente recordadas en el apartado 157 anterior.

159    Por consiguiente, incumbe a la EUIPO, cuando define una subcategoría independiente de productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada, respetar estas exigencias de fidelidad y de coherencia, pero sin estar limitada por las indicaciones de la Clasificación de Niza.

160    En el caso de autos, habida cuenta de dichas exigencias de fidelidad y de coherencia, la Sala de Recurso pudo definir correctamente subcategorías de servicios como la «gestión comercial de licencias de software para un tercero» de la clase 35 y el «suministro y alquiler de instalaciones y equipamientos de telecomunicaciones» de la clase 38.

161    Además, es preciso señalar que, en primer término, los servicios de «gestión de negocios comerciales» y de «administración comercial» de la clase 35 cubiertos por la marca impugnada engloban las subcategorías «alquiler de [máquinas y] aparatos de oficina» (número de base 350013) y «gestión comercial de licencias de software para un tercero» respecto de las que se ha aportado la prueba de un uso efectivo de la marca impugnada. En segundo término, los servicios de «telecomunicaciones» de la clase 38 cubiertos por la marca impugnada engloban la subcategoría «suministro y alquiler de instalaciones y equipamientos de telecomunicaciones», respecto de la cual se ha aportado la prueba de un uso efectivo de la marca controvertida.

162    Por lo tanto, la Sala de Recurso consideró acertadamente que se había probado el uso efectivo de la marca impugnada para los servicios de «alquiler de [máquinas y] aparatos de oficina» y de «gestión comercial de licencias de software para un tercero» de la clase 35, así como para los servicios de «suministro y alquiler de instalaciones y equipamientos de telecomunicaciones» de la clase 38.

163    Por último, en la medida en que la recurrente invoca el apartado 61 de la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, también denominada «sentencia IP Translator», EU:C:2012:361), basta con recordar que el Tribunal de Justicia indicó, en los apartados 29 y 30 de la sentencia de 16 de febrero de 2017, Brandconcern/EUIPO y Scooters India (C‑577/14 P, EU:C:2017:122), que la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), solo aportó precisiones sobre las exigencias relativas a las nuevas solicitudes de registro como marcas de la Unión y, por lo tanto, no se refiere a las marcas que ya estaban registradas en la fecha en que se dictó esta última sentencia. El Tribunal de Justicia dedujo de ello, en el apartado 31 de la sentencia de 16 de febrero de 2017, Brandconcern/EUIPO y Scooters India (C‑577/14 P, EU:C:2017:122), que, por lo tanto, no cabe considerar que, con la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), el Tribunal de Justicia haya pretendido poner en entredicho la práctica expuesta en la Comunicación n.º 4/03 del presidente de la EUIPO, de 16 de junio de 2003, relativa al uso de los títulos de las clases en las listas de productos y servicios contenidas en las solicitudes y registros de marcas comunitarias, en lo que respecta a las marcas registradas antes de que se dictara esta última sentencia (véase la sentencia de 11 de octubre de 2017, EUIPO/Cactus, C‑501/15 P, EU:C:2017:750, apartado 38 y jurisprudencia citada).

164    Asimismo, en la medida en que la recurrente invoca el artículo 28, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, en su versión modificada por el artículo 1, punto 28, del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento n.º 207/2009 y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.º 40/94, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DO 2015, L 341, p. 21) (actualmente artículo 33, apartado 5, del Reglamento 2017/1001), basta con recordar que esta disposición, conforme al artículo 4 del Reglamento 2015/2424, entró en vigor el 23 de marzo de 2016 y, por tanto, no se aplicaba a las marcas registradas antes de esa fecha, como la marca impugnada. Además, la declaración de intención prevista en el artículo 28, apartado 8, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 33, apartado 8, del Reglamento 2017/1001) no es más que una facultad y no una obligación para los titulares de marcas de la Unión cuyo registro se solicitó antes del 22 de junio de 2012 y que han sido registradas para todo el título de una clase de la Clasificación de Niza.

165    En cualquier caso, procede considerar que ni la aplicación del apartado 61 de la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), ni la del artículo 28, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 o del artículo 33, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 pueden desvirtuar la apreciación del uso efectivo de la marca impugnada en el caso de autos, por lo que su invocación es inoperante.

166    En particular, es preciso señalar que las subcategorías «alquiler de [máquinas y] aparatos de oficina» (número de base 350013) y «gestión comercial de licencias de software para un tercero», así como la subcategoría «suministro y alquiler de instalaciones y equipamientos de telecomunicaciones», para las que se ha aportado la prueba de un uso efectivo de la marca impugnada, están claramente comprendidas en las respectivas indicaciones generales de «gestión de negocios comerciales» y de «administración comercial» para la clase 35, así como de «telecomunicaciones» para la clase 38 (véase el apartado 161 anterior).

167    La alegación de la recurrente de que los títulos generales de la marca tal como fue registrada no se ajustan a la exigencia de claridad y precisión también es inoperante por lo que respecta a las clases 35 y 38, ya que la prueba del uso efectivo en el caso de autos se refiere precisamente a las subcategorías de servicios definidas por la Sala de Recurso, y no a las indicaciones generales para dichas clases.

168    Por lo demás, procede señalar que las indicaciones generales consideradas por la Sala de Recurso para la prueba del uso efectivo (como los servicios de «diseño y desarrollo de ordenadores y software» de la clase 42), habida cuenta de los términos que las componen, son suficientemente claras y precisas (véase, por analogía, la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, apartado 56).

169    Por lo tanto, deben desestimarse las alegaciones de la recurrente a este respecto.

170    Es preciso concluir que la Sala de Recurso procedió correctamente al declarar acreditado el uso efectivo de la marca impugnada para las subcategorías de servicios utilizados de las clases 35, 38 y 42 mencionadas en el punto 1 de la parte dispositiva de la resolución impugnada y al desestimar, en el punto 2 de la parte dispositiva de dicha resolución, la solicitud de declaración de caducidad para esos servicios.

171    En consecuencia, los motivos segundo y tercero deben desestimarse por infundados.

172    A la luz de todas las consideraciones anteriores, procede desestimar el recurso en su totalidad.

IV.    Costas

173    A tenor de lo dispuesto en el artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

174    Al haber sido desestimadas las pretensiones de la recurrente, procede condenarla a cargar con las costas de la coadyuvante, conforme a lo solicitado por esta.

175    En cambio, dado que la EUIPO solo ha solicitado la condena en costas de la recurrente en caso de que se celebre una vista oral, procede resolver, al no haberse celebrado una vista oral, que la EUIPO cargue con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

decide:

1)      Desestimar el recurso.

2)      Condenar a Fractal Analytics, Inc. a cargar con las costas de Fractalia Remote Systems, S. L., y con sus propias costas.

3)      La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) cargará con sus propias costas.

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 16 de octubre de 2024.

Índice

I. Antecedentes del litigio

II. Pretensiones de las partes

III. Fundamentos de Derecho

A. Admisiblidad de la primera pretensión del recurso

B. Primer motivo, basado en la infracción del artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625, en relación con el artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, ambos a su vez en relación con el artículo 19, apartado 1, del Reglamento Delegado 2018/625

1. Primera parte, basada en un error de Derecho resultante de la aplicación de los requisitos del artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625 y no de un régimen más estricto en materia de caducidad

2. Segunda parte, basada en un error de apreciación en lo que respecta al cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625

C. Motivos segundo y tercero, basados en la infracción del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001 y del artículo 10, apartado 3, del Reglamento Delegado 2018/625

1. Sobre el tiempo del uso de la marca impugnada

2. Sobre el lugar del uso de la marca impugnada

3. Sobre el alcance del uso de la marca impugnada

4. Sobre la naturaleza del uso de la marca impugnada

a) Sobre el uso de la marca impugnada como marca

b) Sobre el uso de la marca impugnada tal como fue registrada o de una variante aceptable de esta que no altera su carácter distintivo

c) Sobre el uso de la marca impugnada en relación con los servicios para los que está registrada

1) Necesidad de definir el uso de la marca impugnada en subcategorías de servicios

2) Apreciación de las pruebas del uso efectivo de la marca impugnada para determinadas subcategorías de servicios

3) Comparación entre las subcategorías de servicios utilizados y la especificación de los servicios cubiertos por la marca impugnada

IV. Costas

*      Lengua de procedimiento: español.