2025-08-202508C101202407580-00-TRA-DOC-ES-ARRET-C-0758-24-202506454-07

Sentencia de 1.8.2025 — Asuntos acumulados C‑758/24 y C‑759/24

Alace y Canpelli

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)

de 1 de agosto de 2025 ( * )

«Procedimiento prejudicial — Política de asilo — Directiva 2013/32/UE — Procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional — Artículos 36 y 37 — Concepto de “país de origen seguro” — Designación mediante un acto legislativo — Anexo I — Criterios — Artículo 46 — Derecho a un recurso efectivo — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Examen por parte del órgano jurisdiccional de la designación nacional de un tercer país como país de origen seguro — Publicidad de las fuentes de información en las que se basa esta decisión»

En los asuntos acumulados C‑758/24 [Alace] i y C‑759/24 [Canpelli], ( i )

que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunale ordinario di Roma (Tribunal Ordinario de Roma, Italia), mediante resoluciones de 31 de octubre y de 4 de noviembre de 2024, recibidas en el Tribunal de Justicia el 4 y el 5 de noviembre de 2024, respectivamente, en los procedimientos entre

LC (C‑758/24),

CP (C‑759/24)

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma — sezione procedure alla frontiera II,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, el Sr. T. von Danwitz, Vicepresidente, la Sra. K. Jürimäe (Ponente), el Sr. I. Jarukaitis, la Sra. M. L. Arastey Sahún y los Sres. A. Kumin, N. Jääskinen, D. Gratsias y M. Gavalec, Presidentes de Sala, y la Sra. I. Ziemele, los Sres. J. Passer y Z. Csehi, la Sra. O. Spineanu-Matei y los Sres. B. Smulders y M. Condinanzi, Jueces;

Abogado General: Sr. J. Richard de la Tour;

Secretario: Sr. C. Di Bella, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 25 de febrero de 2025;

consideradas las observaciones presentadas:

–	en nombre de LC, por la Sra. S. Angilletta, avvocata;

–	en nombre de CP, por los Sres. D. Belluccio y S. Greco, avvocati;

–	en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino, en calidad de agente, asistido por los Sres. L. D’Ascia y E. Feola y por la Sra. I. Massarelli, avvocati dello Stato;

–	en nombre del Gobierno búlgaro, por las Sras. S. O. Ruseva y T. S. Tsingileva, en calidad de agentes;

–	en nombre del Gobierno checo, por la Sra. A. Edelmannová y los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;

–	en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller y R. Kanitz, en calidad de agentes;

–	en nombre del Gobierno helénico, por la Sra. T. Papadopoulou, en calidad de agente;

–	en nombre del Gobierno francés, por las Sras. B. Dourthe y O. Duprat-Mazaré y por el Sr. B. Fodda, en calidad de agentes;

–	en nombre del Gobierno chipriota, por las Sras. I. Neophytou y E. Symeonidou, en calidad de agentes;

–	en nombre del Gobierno letón, por la Sra. J. Davidoviča y el Sr. S. Zellis, en calidad de agentes;

–	en nombre del Gobierno lituano, por el Sr. K. Dieninis, en calidad de agente;

–	en nombre del Gobierno húngaro, por el Sr. M. Z. Fehér y la Sra. R. Kissné Berta, en calidad de agentes;

–	en nombre del Gobierno maltés, por la Sra. A. Buhagiar, en calidad de agente;

–	en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. M. K. Bulterman y A. Hanje, en calidad de agentes;

–	en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. A. Posch, la Sra. J. Schmoll y el Sr. P. Thalmann, en calidad de agentes;

–	en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna y la Sra. D. Lutostańska, en calidad de agentes;

–	en nombre del Gobierno eslovaco, por la Sra. E. V. Larišová, en calidad de agente;

–	en nombre del Gobierno finlandés, por las Sras. H. Leppo y M. Pere, en calidad de agentes;

–	en nombre del Gobierno sueco, por la Sra. F.‑L. Göransson y el Sr. J. Olsson, en calidad de agentes;

–	en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. A. Azéma, M. Debieuvre y F. Tomat, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 10 de abril de 2025;

dicta la siguiente

Sentencia

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación de los artículos 36 a 38 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60), en relación con los considerandos 42, 46 y 48 y con el anexo I de dicha Directiva y a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y de los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»).

Estas peticiones se han presentado en el contexto de sendos litigios entre, respectivamente, LC y CP, nacionales de la República Popular de Bangladesh, y la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma — sezione procedure alla frontiera II (Comisión Territorial de Roma para el Reconocimiento de la Protección Internacional — Sección de Procedimientos Fronterizos II, Italia), en relación con la legalidad de las resoluciones por las que esta denegó, al término de sendos procedimientos fronterizos acelerados, las solicitudes de protección internacional de LC y CP por ser manifiestamente infundadas.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Directiva 2013/32

3	Los considerandos 18, 20, 40, 42, 46 y 48 de la Directiva 2013/32 presentan el siguiente tenor:

«(18) En interés tanto de los Estados miembros como de los solicitantes de protección internacional, debe tomarse cuanto antes una decisión sobre las solicitudes de protección internacional, sin perjuicio de que se efectúe un examen suficiente y completo.

[…]

(20) En circunstancias bien definidas, cuando sea probable que una solicitud resulte infundada o por motivos graves de seguridad nacional o de orden público, los Estados miembros deben poder acelerar el procedimiento de examen, en particular, estableciendo unos plazos más breves, aunque razonables, para algunas fases del procedimiento, sin perjuicio de que se efectúe un examen adecuado y completo de la solicitud ni de un acceso efectivo por parte del solicitante a los principios y garantías fundamentales establecidos en la presente Directiva.

[…]

(40) Una consideración clave para establecer si una solicitud de protección internacional está justificada es la seguridad del solicitante en su país de origen. Cuando un tercer país puede considerarse como país de origen seguro, los Estados miembros deben estar en condiciones de considerarlo seguro y presuponer que es seguro para un solicitante concreto a menos que este último presente indicaciones en contra.

[…]

(42) La designación de un tercer país como país de origen seguro no podrá, a los fines de la presente Directiva, establecer una garantía absoluta de seguridad para los nacionales de dicho país. Por su propia naturaleza, la evaluación que sustenta la designación solo puede tener en cuenta las circunstancias civiles, jurídicas y políticas generales de dicho país y el hecho de si los agentes de la persecución, la tortura, el trato inhumano o degradante o los castigos están sometidos a sanción en la práctica cuando se los considera responsables en dicho país. Por dicho motivo, es importante que, cuando un solicitante demuestre que existen motivos válidos para que no se considere a un país como seguro en sus circunstancias particulares, la designación del país como seguro ya no puede considerarse en cuanto a lo que dicho solicitante se refiere.

[…]

(46) En caso de que los Estados miembros apliquen los conceptos de país seguro en casos individuales o de países designados como seguros mediante la elaboración de listas a tal efecto, deben tener en cuenta, entre otros, las directrices y manuales operativos y la información sobre los países de origen y las actividades, con inclusión de la metodología de informes de información de país de origen de la [Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)] a que se refiere el Reglamento (UE) n.º 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, por el que se crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo [(DO 2010, L 132, p. 11)], y las correspondientes directrices del [Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)].

[…]

(48) Con el fin de garantizar una correcta aplicación de los conceptos de país seguro basada en una información actualizada, los Estados miembros deben proceder a revisar regularmente la situación en esos países sirviéndose de una serie de fuentes de información, entre otros, en particular, de información que provenga de otros Estados miembros, la EASO, el ACNUR, el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales pertinentes. Cuando los Estados miembros tengan conocimiento de que se ha producido un cambio significativo en la situación de los derechos humanos en un país que hayan designado como seguro, deberán velar por que se revise cuanto antes la situación y, en su caso, se revise la designación del país como seguro.»

4	El artículo 10 de dicha Directiva, titulado «Requisitos para el examen de las solicitudes», establece lo siguiente en sus apartados 3, letra b), y 4:

«3. Los Estados miembros garantizarán que las resoluciones sobre las solicitudes de protección internacional de la autoridad decisoria se dicten tras un examen adecuado. A tal fin, los Estados miembros garantizarán:

[…]

b) que se obtenga información precisa y actualizada de diversas fuentes, por ejemplo, información de la EASO y del ACNUR y de organizaciones internacionales pertinentes de defensa de los derechos humanos, respecto a la situación general imperante en los países de origen de los solicitantes y, si fuera necesario, en aquellos países por los que hayan transitado, y que esta información se ponga a disposición del personal responsable de examinar las solicitudes y de tomar decisiones al respecto;

[…]

4. Las autoridades a las que se hace referencia en el capítulo V tendrán acceso, a través de la autoridad decisoria o del solicitante o por otro medio, a la información general mencionada en el apartado 3, letra b), necesaria para desempeñar su cometido.»

5	Bajo el título «Garantías para los solicitantes», el artículo 12 de la citada Directiva dispone lo siguiente en su apartado 1, letra d):

«Los Estados miembros garantizarán, respecto de los procedimientos establecidos en el capítulo III, que todos los solicitantes disfruten de las siguientes garantías:

[…]

d) no poder negarles, ni a ellos ni, si procede, a sus abogados u otros asesores jurídicos, de conformidad con el artículo 23, apartado 1, el acceso a la información a que se refiere el artículo 10, apartado 3, letra b), ni a la información facilitada por los expertos a que se refiere el artículo 10, apartado 3, letra d), cuando la autoridad decisoria haya tenido en cuenta dicha información para tomar una decisión sobre su solicitud;».

6	El artículo 24 de esa misma Directiva, titulado «Solicitantes que necesitan garantías procedimentales especiales», versa sobre el apoyo que debe prestarse a tales solicitantes a lo largo del procedimiento de asilo.

7	El artículo 31 de la Directiva 2013/32, que lleva por título «Procedimiento de examen», dispone lo siguiente en su apartado 8, letra b):

«Los Estados miembros podrán disponer que se acelere y/o se lleve a cabo en la frontera o en zonas de tránsito de conformidad con el artículo 43 un procedimiento de examen de conformidad con los principios y garantías fundamentales del capítulo II, si:

[…]

b) el solicitante procede de un país de origen seguro a efectos de la presente Directiva […]».

8	El artículo 32 de dicha Directiva, bajo la rúbrica «Solicitudes infundadas», establece lo siguiente:

«1. Sin perjuicio del artículo 27, los Estados miembros solo podrán considerar una solicitud como infundada cuando la autoridad decisoria haya resuelto que el solicitante no tiene derecho a la protección internacional con arreglo a la Directiva 2011/95/UE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9)].

2. En los casos de solicitudes infundadas en que sean de aplicación cualesquiera de las circunstancias enumeradas en el artículo 31, apartado 8, los Estados miembros también podrán considerar que una solicitud es manifiestamente infundada cuando se defina así en su legislación nacional.»

9	A tenor del artículo 36 de la Directiva 2013/32, que lleva por título «Concepto de país de origen seguro»:

«1. Un tercer país designado como país de origen seguro de conformidad con la presente Directiva podrá, tras un examen individual de la solicitud, ser considerado país de origen seguro para un solicitante concreto solo si:

a) el solicitante posee la nacionalidad de dicho país, o

b) es apátrida y anteriormente tuvo su residencia habitual en dicho país,

y no ha aducido motivo grave alguno para que el país no se considere país de origen seguro en sus circunstancias particulares a los efectos de su derecho a ser beneficiario de protección internacional de conformidad con la Directiva [2011/95].

2. Los Estados miembros establecerán en su Derecho interno normas y procedimientos para la aplicación del concepto de país de origen seguro.»

10	De conformidad con el artículo 37 de la Directiva 2013/32, titulado «Designación nacional de terceros países como países de origen seguros»:

«1. Los Estados miembros podrán introducir o mantener legislación que permita, de conformidad con el anexo I, la designación nacional de países de origen seguros a los efectos del examen de solicitudes de protección internacional.

2. Los Estados miembros revisarán periódicamente la situación en los terceros países designados como países de origen seguros de conformidad con el presente artículo.

3. La evaluación de un país para determinar si es un país de origen seguro con arreglo al presente artículo se basará en una serie de fuentes de información, incluida en particular la información procedente de otros Estados miembros, la EASO, el ACNUR, el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales pertinentes.

4. Los Estados miembros notificarán a la Comisión los países designados como países de origen seguros de conformidad con el presente artículo.»

11	El artículo 38 de esta Directiva se refiere al concepto de tercer país seguro.

12	El artículo 43 de la citada Directiva, bajo el título «Procedimientos fronterizos», dispone lo siguiente en su apartado 1:

«Los Estados miembros podrán, de conformidad con los principios y garantías fundamentales del capítulo II, estipular procedimientos en la frontera o en las zonas de tránsito del Estado miembro para tomar decisiones sobre:

[…]

b) el fondo de una solicitud en un procedimiento de conformidad con el artículo 31, apartado 8.»

13	El artículo 46 de la misma Directiva, titulado «Derecho a un recurso efectivo», establece lo siguiente:

«1. Los Estados miembros garantizarán que los solicitantes tengan derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional contra lo siguiente:

a) una resolución adoptada sobre su solicitud de protección internacional, incluida:

i) la decisión de considerar infundada una solicitud en relación con el estatuto de refugiado y/o el estatuto de protección subsidiaria,

[…]

3. Para cumplir el apartado 1, los Estados miembros garantizarán que un recurso efectivo suponga el examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho, incluido cuando proceda un examen de las necesidades de protección internacional de conformidad con la Directiva [2011/95], al menos en los recursos ante un juzgado o tribunal de primera instancia.

[…]

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6, los Estados miembros permitirán que los solicitantes permanezcan en el territorio hasta que haya expirado el plazo dentro del cual pueden ejercer su derecho a un recurso efectivo y, cuando se haya ejercitado ese derecho dentro del plazo, en espera del resultado del recurso.

6. En el caso de una decisión:

a) por la que se considere una solicitud manifiestamente infundada de acuerdo con el artículo 32, apartado 2, o infundada tras el examen de acuerdo con el artículo 31, apartado 8, salvo cuando esas decisiones se basen en las circunstancias a que se refiere el artículo 31, apartado 8, letra h);

[…]

un órgano jurisdiccional será competente para decidir si el solicitante puede o no permanecer en el territorio del Estado miembro, bien previa petición del solicitante concernido, bien de oficio, si la decisión pone fin al derecho del solicitante a permanecer en el Estado miembro y cuando, en tales casos, el derecho a permanecer en el Estado miembro mientras se resuelve el recurso no se contemple en el Derecho nacional.

[…]»

14	El anexo I de la Directiva 2013/32, titulado «Designación de países de origen seguros a los efectos del artículo 37, apartado 1», está redactado en los siguientes términos:

«Se considerará que un país es un país de origen seguro cuando, atendiendo a la situación jurídica, a la aplicación del Derecho dentro de un sistema democrático y a las circunstancias políticas generales, pueda demostrarse que de manera general y sistemática no existen persecución en la acepción del artículo 9 de la Directiva [2011/95], tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes ni amenaza de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno.

Al realizarse esta valoración se tendrá en cuenta, entre otras cosas, el grado de protección que se ofrece contra la persecución o los malos tratos mediante:

a) las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes del país y la manera en que se aplican;

b) la observancia de los derechos y libertades fundamentales establecidos en el [CEDH], en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[, adoptado el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que entró en vigor el 23 de marzo de 1976,] o en la Convención contra la Tortura [y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 10 de diciembre de 1984, [Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 1465, p. 85, n.º 24841 (1987)], en particular aquellos que, con arreglo al artículo 15, apartado 2, del [CEDH], no son susceptibles de excepciones;

c) el respeto del principio de no devolución de conformidad con la Convención [sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951 [Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 189, p. 150, n.º 2545 (1954)], que entró en vigor el 22 de abril de 1954, en su versión completada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, que entró en vigor el 4 de octubre de 1967 (en lo sucesivo, “Convención de Ginebra”)];

d) la existencia de un sistema de vías de recurso eficaces contra las violaciones de dichos derechos y libertades.»

Reglamento (UE) 2024/1348

El artículo 61 del Reglamento (UE) 2024/1348 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, por el que se establece un procedimiento común en materia de protección internacional en la Unión y se deroga la Directiva 2013/32/UE (DO L, 2024/1348), titulado «Concepto de país de origen seguro», dispone en su apartado 2:

«La designación de un tercer país como país de origen seguro a nivel de la Unión [Europea] y a nivel nacional podrá prever excepciones para partes específicas de su territorio o categorías de personas claramente identificables.»

16	El artículo 78 de este Reglamento, titulado «Derogación», establece en su apartado 1:

«Queda derogada la Directiva [2013/32] con efectos a partir de la fecha a que se refiere el artículo 79, apartado 2, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79, apartado 3.»

17	El artículo 79 de dicho Reglamento, que lleva como epígrafe «Entrada en vigor y aplicación», dispone, en sus apartados 2 y 3, lo siguiente:

«2. El presente Reglamento será aplicable a partir del 12 de junio de 2026.

3. El presente Reglamento será aplicable al procedimiento para la concesión de protección internacional en relación con las solicitudes formalizadas a partir del 12 de junio de 2026. Las solicitudes de protección internacional formalizadas antes de dicha fecha se regirán por la Directiva [2013/32]. El presente Reglamento será aplicable al procedimiento para la retirada de la protección internacional si el examen para retirar la protección internacional ha comenzado a partir del 12 de junio de 2026. Cuando el examen para la retirada de la protección internacional se haya iniciado antes del 12 de junio de 2026, el procedimiento para la retirada de la protección internacional se regirá por la Directiva [2013/32].»

Derecho italiano

El preámbulo del decreto-legge n.º 158 — Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (Decreto-ley n.º 158, de Medidas Urgentes en Materia de Concesión de la Protección iInternacional), de 23 de octubre de 2024 (GURI n.º 249, de 23 de octubre de 2024) (en lo sucesivo, «Decreto-ley n.º 158/2024»), tiene el siguiente tenor:

«[…]

[considerando] la extraordinaria necesidad y urgencia de designar a los países de origen seguros, teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de octubre de 2024[, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky (C‑406/22, EU:C:2024:841), excluyendo a los países que no cumplen los requisitos de tal designación en determinadas partes de su territorio (Camerún, Colombia y Nigeria);

[considerando] el Reglamento [2024/1348] y, en particular, su artículo 61, apartado 2, según el cual “la designación de un tercer país como país de origen seguro a nivel de la Unión y a nivel nacional podrá prever excepciones para partes específicas de su territorio o categorías de personas claramente identificables”, que, pese a aplicarse a partir del 12 de junio de 2026, consagró la posición compartida por los Estados miembros de la Unión Europea;

[…]»

El Decreto-ley n.º 158/2024 modificó, en particular, el artículo 2 bis del decreto legislativo n.º 25 — Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (Decreto Legislativo n.º 25, por el que se transpone la Directiva 2005/85/CE sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado), de 28 de enero de 2008 (GURI n.º 40, de 16 de febrero de 2008; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.º 25/2008»). A raíz de esta modificación, el artículo 2 bis, apartados 1 a 4 bis, del Decreto Legislativo n.º 25/2008 dispone lo siguiente:

«1. En aplicación de los criterios de calificación establecidos en la normativa europea y de los datos procedentes de las fuentes de información proporcionadas por las organizaciones internacionales competentes, se consideran países de origen seguros los siguientes: Albania, Argelia, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Norte, Marruecos, Montenegro, Perú, Senegal, Serbia, Sri Lanka y Túnez.

2. Un Estado no perteneciente a la Unión Europea podrá ser considerado país de origen seguro cuando, atendiendo a su ordenamiento jurídico, a la aplicación del Derecho dentro de un sistema democrático y a las circunstancias políticas generales, pueda demostrarse que, de manera general y constante, no existen actos de persecución […] ni tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes ni amenaza de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno. Un país podrá ser designado como país de origen seguro exceptuando categorías de personas.

3. A efectos de la evaluación a que se refiere el apartado 2, se tendrá en cuenta, en particular, el grado de protección que se ofrece contra la persecución y los malos tratos en virtud de:

a) las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes del país y la manera en que se aplican;

b) la observancia de los derechos y libertades fundamentales establecidos en el [CEDH], en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos […] y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, de 10 de diciembre de 1984, en particular los derechos que, con arreglo al artículo 15, apartado 2, del [CEDH], no son susceptibles de excepciones;

c) el respeto del principio enunciado en el artículo 33 de la Convención de Ginebra;

d) la existencia de un sistema de sanciones eficaces contra las violaciones de dichos derechos y libertades.

4. La evaluación para determinar si un Estado no perteneciente a la [Unión Europea] es un país de origen seguro se basará en la información facilitada por la Comisión nacional del derecho de asilo, que utilizará también la información elaborada por el centro de documentación […], así como otras fuentes de información, incluyendo, en particular, la información que facilitan otros Estados miembros de la Unión Europea, la Agencia de Asilo de la Unión Europea [(AAUE)], el [ACNUR], el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales competentes.

4 bis. La lista de los países de origen seguros se actualizará periódicamente mediante un acto con rango de ley y se notificará a la Comisión Europea. A efectos de la actualización de la lista a que se refiere el apartado 1, el Consejo de Ministros formulará, el 15 de enero de cada año, un informe en el cual, de conformidad con las exigencias primordiales de seguridad y continuidad de las relaciones internacionales y teniendo en cuenta la información mencionada en el apartado 4, informará sobre la situación de los países incluidos en la lista vigente y de aquellos que pretende incluir. El Gobierno transmitirá dicho informe a las comisiones parlamentarias pertinentes.»

Litigios principales y cuestiones prejudiciales

LC y CP son dos nacionales de la República Popular de Bangladesh. Tras ser rescatados del mar por las autoridades italianas, fueron trasladados a Albania, donde fueron alojados en el centro de internamiento de Gjadër. Estas medidas se adoptaron en aplicación del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria (Protocolo entre el Gobierno de la República Italiana y el Consejo de Ministros de la República de Albania para el Refuerzo de la Cooperación en Materia Migratoria), en virtud del cual el Gobierno albanés había puesto a disposición de la República Italiana dos zonas del territorio albanés, comprendidas íntegramente en el ámbito de la competencia de las autoridades italianas y asimiladas a las zonas fronterizas o de tránsito en las que los solicitantes de asilo pueden ser internados.

21	El 16 de octubre de 2024, LC y CP presentaron sendas solicitudes de protección internacional ante las autoridades italianas desde ese centro de internamiento.

Mediante resoluciones de 17 de octubre de 2024, la Comisión Territorial de Roma para el Reconocimiento de la Protección Internacional — Sección de Procedimientos Fronterizos II desestimó estas solicitudes en el marco de un procedimiento fronterizo acelerado, por considerar que LC y CP procedían de un país de origen seguro. Las órdenes de internamiento no fueron convalidadas por el órgano jurisdiccional competente, por lo que los solicitantes fueron puestos en libertad.

Tras su llegada a Italia, LC y CP interpusieron, el 25 de octubre de 2024, sendos recursos ante el Tribunale ordinario di Roma (Tribunal Ordinario de Roma, Italia), que es el órgano jurisdiccional remitente, contra las resoluciones denegatorias de sus solicitudes de protección internacional mencionadas en el apartado anterior.

24	Dicho órgano jurisdiccional alberga dudas en cuanto a la designación de la República Popular de Bangladesh como país de origen seguro.

En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente señala que, hasta la adopción del Decreto-ley n.º 158/2024, la designación de un tercer país como país de origen seguro se realizaba en dos fases. En un primer momento, el legislador italiano definía, mediante una ley ordinaria, el marco jurídico de tales designaciones. En un segundo momento, la Administración italiana designaba, mediante decreto interministerial, los países de origen seguros sobre la base de las fichas informativas relativas a dichos países. El juez italiano estaba facultado para controlar la compatibilidad de tales decretos interministeriales con dicho marco jurídico. No obstante, a raíz de la entrada en vigor de dicho Decreto-ley, la lista de países de origen seguros figura actualmente en un acto con rango de ley, a saber, en el artículo 2 bis, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 25/2008, en su versión modificada por el Decreto-ley n.º 158/2024. De este modo, a partir de ese momento, el legislador italiano está facultado tanto para establecer el marco jurídico general que regula las modalidades y los criterios de designación de un tercer país como país de origen seguro como para proceder él mismo a dicha designación. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si tal designación mediante un acto con rango de ley es conforme con las disposiciones de la Directiva 2013/32.

En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente subraya que, a raíz de la modificación del artículo 2 bis del Decreto Legislativo n.º 25/2008 por el Decreto‑ley n.º 158/2024, la normativa italiana ya no contiene ninguna referencia a las fichas informativas sobre los terceros países en cuestión, con vistas a su inclusión en la lista de países de origen seguros, ni menciona la necesidad de citar las fuentes de las que se extrae dicha información. En particular, los apartados 2 a 4 del artículo 2 bis del Decreto Legislativo n.º 25/2008, en su versión modificada por el Decreto-ley n.º 158/2024, no se mencionan en absoluto en el apartado 1 de dicho artículo, en su versión modificada. Este último establece la lista de países de origen seguros haciendo referencia, de manera general, a los «datos procedentes de las fuentes de información proporcionadas por las organizaciones internacionales competentes», sin identificar tales datos o fuentes. Además, el nuevo apartado 4 bis de dicho artículo se limita a establecer que, a efectos de la actualización periódica de dicha lista, el Gobierno adoptará un informe en el que se exponga la situación de los terceros países de que se trate. En consecuencia, se impide, por una parte, a los solicitantes de protección internacional y, por otra, a los órganos jurisdiccionales que conocen de los recursos interpuestos por estos, respectivamente, impugnar y controlar el origen, la autoridad, la fiabilidad, la pertinencia, la actualidad, el carácter completo y el contenido de la información que ha conducido a la designación de un tercer país como país de origen seguro, en contra del principio de tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta.

En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si los Estados miembros deben permitir a los jueces nacionales utilizar toda la información pertinente de que dispongan para comprobar la procedencia de la designación de un tercer país como país de origen seguro, con independencia de si la autoridad nacional que procedió a tal designación reveló o no la información en la que se basó. Dicho órgano jurisdiccional considera que debe darse una respuesta afirmativa a esta cuestión, y ello con el fin de garantizar una tutela judicial efectiva a los solicitantes de protección internacional cuyas solicitudes hayan sido denegadas mediante un procedimiento acelerado debido a que proceden de un país que ha sido designado como país de origen seguro.

En cuarto lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en esencia, sobre las consecuencias que deben extraerse de la sentencia de 4 de octubre de 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky (C‑406/22, EU:C:2024:841). A este respecto, indica que del preámbulo del Decreto-ley n.º 158/2024 se desprende que, mediante la adopción de este, el Gobierno italiano pretendió dar cumplimiento a dicha sentencia, suprimiendo, en el artículo 2 bis, apartado 2, segunda frase, del Decreto Legislativo n.º 25/2008, la posibilidad de designar como país de origen seguro a un tercer país que no cumple, en determinadas partes de su territorio, los requisitos para tal designación. Sin embargo, indica que dicho Gobierno conservó, en dicha disposición, la posibilidad de designar como país de origen seguro a un tercer país con excepción de determinadas categorías de personas. Pues bien, dicho órgano jurisdiccional considera que esta última posibilidad debe descartarse sobre la base de un razonamiento análogo al seguido por el Tribunal de Justicia en la citada sentencia. Una exclusión de categorías de personas que afecte, en la mayoría de los casos, a todo el territorio de un tercer país sería incluso más grave que la exclusión territorial examinada en la misma sentencia. En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente considera necesario plantear esta cuestión al Tribunal de Justicia, antes de extraer, en su caso, las consecuencias del principio de primacía del Derecho de la Unión.

29	En estas circunstancias, el Tribunale ordinario di Roma (Tribunal Ordinario de Roma) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales, formuladas de manera idéntica en los dos asuntos:

«1) ¿Se opone el Derecho de la Unión, y en particular los artículos [36 a 38] de la Directiva [2013/32], en relación con sus considerandos 42, 46 y 48, interpretados a la luz del artículo 47 de la [Carta] (y de los artículos 6 y 13 del [CEDH]), a que un legislador nacional, competente para permitir la elaboración de las listas de países de origen seguros y para regular los criterios que han de seguirse y las fuentes que deben utilizarse a estos efectos, designe también directamente, en virtud de un acto con fuerza de ley, a un tercer Estado como país de origen seguro?

2) ¿Se opone el Derecho de la Unión, y en particular los artículos [36 a 38] de la citada Directiva, en relación con sus considerandos 42, 46 y 48, interpretados a la luz del artículo 47 de la [Carta] (y de los artículos 6 y 13 del [CEDH]), al menos a que el legislador designe a un tercer Estado como país de origen seguro sin hacer accesibles y verificables las fuentes utilizadas para justificar esa designación, impidiendo así al solicitante de asilo cuestionarlas y al juez controlar su origen, autoridad, fiabilidad, pertinencia, actualidad, exhaustividad y, en general, su contenido, así como extraer de ellas su propia valoración acerca de la concurrencia de los requisitos sustanciales de dicha designación, enunciados en el anexo I de [dicha] Directiva?

3) ¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, y en particular los artículos [36 a 38] de la citada Directiva, en relación con sus considerandos 42, 46 y 48, interpretados a la luz del artículo 47 de la [Carta] (y de los artículos 6 y 13 del [CEDH]), en el sentido de que, durante un procedimiento fronterizo acelerado [relativo a personas procedentes] de un país de origen designado como seguro, el juez puede, en cualquier caso, utilizar información sobre el país de procedencia, extraída de forma autónoma de las fuentes mencionadas en el artículo 37, apartado 3, de la citada Directiva, con objeto de comprobar si concurren los requisitos sustanciales de dicha designación, enunciados en el anexo I de [la misma] Directiva?

4) ¿Se opone el Derecho de la Unión, y en particular los artículos [36 a 38] de la referida Directiva, así como su anexo I, en relación con sus considerandos 42, 46 y 48, interpretados a la luz del artículo 47 de la [Carta] (y de los artículos 6 y 13 del [CEDH]), a que un tercer país sea designado como “de origen seguro” cuando existan en él categorías de personas para las cuales dicho país no cumple los requisitos sustanciales de tal designación, enunciados en el anexo I de [dicha] Directiva?»

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

30	El órgano jurisdiccional remitente solicitó que los asuntos se tramitaran conforme al procedimiento prejudicial de urgencia previsto en el artículo 23 bis del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el artículo 107 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

31	El 19 de noviembre de 2024, la Sala Segunda del Tribunal de Justicia decidió, a propuesta de la Juez Ponente y tras oír al Abogado General, no acceder a dicha solicitud.

32	Mediante resolución de 21 de noviembre de 2024, el Presidente del Tribunal de Justicia ordenó la acumulación de estos dos asuntos a efectos de las fases escrita y oral, así como de la sentencia.

33	Mediante auto de 29 de noviembre de 2024, el Presidente del Tribunal de Justicia acordó sustanciar los presentes asuntos mediante el procedimiento acelerado establecido en el artículo 105, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento.

34	De conformidad con el artículo 16, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la República Italiana solicitó que los presentes asuntos fueran juzgados en Gran Sala, solicitud de la que el Tribunal de Justicia tomó constancia el 11 de febrero de 2025.

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la admisibilidad

35	Los Gobiernos italiano y eslovaco se oponen a la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales primeras, segundas y cuartas.

Por lo que respecta a las cuestiones prejudiciales primeras y segundas, el Gobierno italiano alega que el órgano jurisdiccional remitente no ha indicado las razones por las que considera que el Decreto-ley n.º 158/2024 es incompatible con el Derecho de la Unión y aquellas por las que estima que dichas cuestiones son pertinentes para la resolución de los litigios principales. Dicho Gobierno añade que, en el caso de autos, las modalidades de designación de los países de origen seguros carecen de tal pertinencia, puesto que la República Popular de Bangladesh ya había sido designada como país de origen seguro antes incluso de la adopción de dicho Decreto-ley.

En cuanto a las cuartas cuestiones prejudiciales, los Gobiernos italiano y eslovaco sostienen que son abstractas e hipotéticas. En efecto, a su juicio, el órgano jurisdiccional remitente no comprobó si la República Popular de Bangladesh no es un país de origen seguro para determinadas categorías de personas y si LC y CP están incluidos en esas categorías.

A este respecto, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 19 de diciembre de 2024, Tudmur, C‑185/24 y C‑189/24, EU:C:2024:1036, apartado 26 y jurisprudencia citada).

En el caso de autos, de las peticiones de decisión prejudicial se desprende que el órgano jurisdiccional remitente conoce de sendos recursos interpuestos por dos nacionales de la República Popular de Bangladesh contra las resoluciones de denegación de sus solicitudes de protección internacional por ser estas manifiestamente infundadas debido a que tales nacionales proceden de un país de origen seguro. Dicho órgano jurisdiccional explica, en las peticiones de decisión prejudicial, que alberga dudas en cuanto a la compatibilidad con el Derecho de la Unión de la designación de ese tercer país como país de origen seguro, en esencia, porque tal designación se deriva de un acto legislativo y porque el legislador italiano no ha divulgado sus fuentes de información y ha mantenido la facultad de proceder a dicha designación, a pesar de que ese tercer país pueda no ser «seguro» para determinadas categorías de su población. A este respecto, dicho órgano jurisdiccional hace referencia a la ficha informativa de 3 de mayo de 2024 elaborada por el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano y relativa a la República Popular de Bangladesh, en la que se basaba la designación de esta última como país de origen seguro antes de la adopción del Decreto-ley n.º 158/2024, y que había concluido que ese tercer país solo podía considerarse un país de origen seguro exceptuando determinadas categorías de personas.

En este contexto, mediante sus cuestiones prejudiciales primeras, segundas y cuartas, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia, en esencia, sobre la interpretación de varias disposiciones de la Directiva 2013/32 que regulan el concepto de país de origen seguro y la designación nacional de tales países, así como sobre las modalidades del control jurisdiccional de tal designación.

Por lo tanto, estas cuestiones prejudiciales se refieren efectivamente a la interpretación de normas del Derecho de la Unión pertinentes para la resolución de los litigios principales. Dado que el órgano jurisdiccional remitente determina el marco jurídico nacional y el contexto fáctico de los litigios principales bajo su propia responsabilidad, no corresponde al Tribunal de Justicia comprobar las premisas en las que se basan dichas cuestiones prejudiciales.

Además, de las peticiones de decisión prejudicial se desprende que, mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pretende, en definitiva, que se dilucide si la propia designación de la República Popular de Bangladesh como país de origen seguro es compatible con el Derecho de la Unión, con el fin, en su caso, de descartar la presunción de seguridad que se desprende de la aplicación del concepto de país de origen seguro en los litigios principales. Por lo tanto, el hecho de que no se haya demostrado la pertenencia de LC y CP a una de las categorías de personas respecto de las cuales, en opinión de dicho órgano jurisdiccional, ese país no constituye un país de origen seguro carece de incidencia en la admisibilidad de estas cuestiones prejudiciales.

43	De ello se deduce que las cuestiones prejudiciales primeras, segundas y cuartas son admisibles.

Sobre el fondo

Observaciones preliminares

Con carácter preliminar, cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular, en su caso, las cuestiones prejudiciales que se le han planteado. Además, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a tomar en consideración normas de Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de su cuestión prejudicial (véanse las sentencias de 20 de marzo de 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, apartado 9, y de 19 de diciembre de 2024, Khan Yunis y Baabda, C‑123/23 y C‑202/23, EU:C:2024:1042, apartado 63).

En efecto, el hecho de que, desde un punto de vista formal, el órgano jurisdiccional remitente se haya referido, en sus cuestiones prejudiciales, a determinadas disposiciones del Derecho de la Unión no obsta para que el Tribunal de Justicia le proporcione todos los elementos de interpretación que puedan serle útiles para enjuiciar el litigio principal, extrayendo del conjunto de datos aportados por dicho órgano jurisdiccional, y, especialmente, de la motivación de la resolución de remisión, los elementos del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, teniendo en cuenta el objeto del litigio principal (véanse las sentencias de 29 de noviembre de 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, apartado 26, y de 19 de diciembre de 2024, Khan Yunis y Baabda, C‑123/23 y C‑202/23, EU:C:2024:1042, apartado 64).

46	Mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia, en particular, sobre la interpretación de los artículos 36 a 38 de la Directiva 2013/32, a la luz del artículo 47 de la Carta.

47	En primer lugar, procede recordar que los artículos 36 y 37 de la Directiva 2013/32 se refieren, respectivamente, al concepto de país de origen seguro y a la designación nacional de terceros países como países de origen seguros.

Estos artículos establecen un régimen especial de examen al que los Estados miembros pueden someter las solicitudes de protección internacional. Este régimen se basa en una especie de presunción iuris tantum de protección suficiente en el país de origen, que el solicitante puede destruir probando que existen motivos graves atinentes a sus circunstancias particulares (véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de julio de 2018, A, C‑404/17, EU:C:2018:588, apartado 25, y de 4 de octubre de 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, apartado 47 y jurisprudencia citada).

Entre las particularidades de dicho régimen, los Estados miembros pueden decidir, de conformidad con el artículo 31, apartado 8, letra b), de dicha Directiva, por una parte, disponer que se acelere el procedimiento de examen y, por otra, llevarlo a cabo en la frontera o en zonas de tránsito, de conformidad con el artículo 43 de la misma Directiva (sentencia de 4 de octubre de 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, apartado 48).

Por otra parte, cuando una solicitud de protección internacional presentada por un solicitante procedente de un país de origen seguro se haya considerado infundada en la medida en que, de conformidad con el artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2013/32, la autoridad decisoria haya resuelto que el solicitante no tiene derecho a la protección internacional con arreglo a la Directiva 2011/95, los Estados miembros también podrán considerar, en virtud de dicho artículo 32, apartado 2, que tal solicitud es manifiestamente infundada cuando se defina así en su legislación nacional (sentencia de 4 de octubre de 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, apartado 49).

Además, una de las consecuencias para el interesado cuya solicitud ha sido denegada sobre la base de la aplicación del concepto de país de origen seguro es que, al contrario de lo que se preceptúa para el caso de denegación simple, puede no autorizársele a permanecer en el territorio del Estado en que ha presentado la solicitud en espera de que se resuelva su recurso contra la resolución denegatoria de dicha solicitud, como resulta de lo dispuesto en el artículo 46, apartados 5 y 6, de la Directiva 2013/32 (sentencias de 25 de julio de 2018, A, C‑404/17, EU:C:2018:588, apartado 27, y de 4 de octubre de 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, apartado 50).

En segundo lugar, es importante señalar que, a diferencia de los artículos 36 y 37 de la Directiva 2013/32, el artículo 38 de esta no se refiere al concepto de «país de origen seguro», sino al de «tercer país seguro». Pues bien, los litigios principales versan únicamente sobre la aplicación del concepto de «país de origen seguro». Por lo tanto, no es necesario pronunciarse sobre la interpretación del artículo 38 de dicha Directiva en los presentes asuntos.

En tercer lugar, debe precisarse que, al derecho a un recurso efectivo, garantizado por el artículo 47 de la Carta, le corresponde la obligación que el artículo 46, apartado 1, de la Directiva 2013/32 impone a los Estados miembros, consistente en establecer en favor de los solicitantes de protección internacional tal derecho a un recurso efectivo, cuyo alcance se precisa en el artículo 46, apartado 3, de dicha Directiva [véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de marzo de 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C‑564/18, EU:C:2020:218, apartado 60, y de 4 de octubre de 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, apartado 85 y jurisprudencia citada]. Por lo tanto, también debe tenerse en cuenta esta última disposición, aunque el órgano jurisdiccional remitente no se haya referido a ella en sus cuestiones prejudiciales.

Sobre las primeras cuestiones prejudiciales

Mediante sus primeras cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 36 y 37, así como el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, a la luz del artículo 47 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro designe a terceros países como países de origen seguros mediante un acto legislativo.

Como se ha recordado en el apartado 48 de la presente sentencia, los artículos 36 y 37 de la Directiva 2013/32 establecen un régimen especial de examen al que los Estados miembros pueden someter las solicitudes de protección internacional relativas a nacionales de países designados como países de origen seguros.

A tal fin, el artículo 37, apartado 1, de esta Directiva precisa que «los Estados miembros podrán introducir o mantener legislación que permita, de conformidad con el anexo I [de esta], la designación nacional de países de origen seguros a los efectos del examen de solicitudes de protección internacional». Como señaló el Abogado General, en esencia, en el punto 36 de sus conclusiones, de una comparación de las diferentes versiones lingüísticas de esta disposición se desprende que el concepto de «disposiciones legislativas» debe entenderse de forma amplia, en el sentido de que puede englobar actos de naturaleza legislativa, reglamentaria o administrativa.

En este sentido, el Tribunal de Justicia ha declarado, además, que un Estado miembro no puede hacer uso del régimen especial de examen y de la presunción iuris tantum prevista en las normas de la Directiva 2013/32 relativas a los procedimientos basados en el concepto de país de origen seguro si a su vez no ha aplicado por completo dichas normas en lo que respecta a las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que le corresponde adoptar (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de julio de 2018, A, C‑404/17, EU:C:2018:588, apartado 31).

Según reiterada jurisprudencia, las disposiciones de una Directiva deben ser ejecutadas con indiscutible fuerza imperativa y con la especificidad, precisión y claridad requeridas para cumplir la exigencia de seguridad jurídica [sentencia de 3 de septiembre de 2020, Subdelegación del Gobierno en Barcelona (Residentes de larga duración), C‑503/19 y C‑592/19, EU:C:2020:629, apartado 35 y jurisprudencia citada].

En este contexto, incumbe a cada Estado miembro designar a los países de origen seguros con arreglo a las modalidades contempladas en los artículos 36 y 37 y en el anexo I de la Directiva 2013/32, que no son otras que la adopción de una lista de terceros países conforme a los criterios establecidos en dicho anexo I, el establecimiento de normas y procedimientos de aplicación adicionales, la notificación a la Comisión de la lista de países de origen seguros o incluso su revisión periódica (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de julio de 2018, A, C‑404/17, EU:C:2018:588, apartado 28).

60	Dicho esto, ni estas disposiciones ni ninguna otra disposición de la Directiva 2013/32 determinan la autoridad o autoridades de los Estados miembros a las que debe encargarse la designación nacional de los países de origen seguros ni el instrumento jurídico pertinente a tal efecto.

A este respecto, es preciso recordar que del artículo 288 TFUE, párrafo tercero, resulta que, al transponer una directiva, los Estados miembros disponen de un margen de apreciación en cuanto a la elección de los procedimientos y de los medios destinados a garantizar su aplicación. Así, por lo que respecta a la elección de las autoridades competentes y de los instrumentos jurídicos pertinentes para la designación nacional de terceros países como países de origen seguros, nada se opone a que se decida, en el seno de un Estado miembro, confiar al legislador nacional la responsabilidad de designar a los países de origen seguros mediante un acto legislativo.

Sin embargo, este margen de apreciación de los Estados miembros para la aplicación de lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Directiva 2013/32 deja intacta la obligación de cada uno de esos Estados de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la plena eficacia de dicha Directiva, conforme al objetivo de esta (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de abril de 1984, von Colson y Kamann, 14/83, EU:C:1984:153, apartado 15, y de 31 de marzo de 2022, Lombard Lízing, C‑472/20, EU:C:2022:242, apartado 35).

En particular, dicho margen de apreciación no afecta a la obligación de los jueces nacionales de garantizar la plena eficacia de las disposiciones de la Directiva 2013/32, dejando inaplicada si fuera necesario, y por su propia iniciativa, cualquier disposición de la legislación nacional, incluso posterior, que sea contraria a las disposiciones de dicha Directiva que tengan efecto directo, sin que deba solicitar o esperar la previa eliminación de la disposición de la legislación nacional de que se trate por vía legislativa o mediante cualquier otro procedimiento constitucional (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de marzo de 1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, apartados 21 y 24, y de 28 de enero de 2025, ASG 2, C‑253/23, EU:C:2025:40, apartado 90 y jurisprudencia citada).

Además, si bien, a falta de normas de la Unión en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno configurar, en virtud del principio de autonomía procesal de los Estados miembros y sin perjuicio de los principios de equivalencia y de efectividad, la regulación procesal de los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos individuales derivados del ordenamiento jurídico de la Unión, incumbe, no obstante, a los Estados miembros la responsabilidad de garantizar, en cada caso, la observancia del derecho a la tutela judicial efectiva de dichos derechos como se garantiza en el artículo 47 de la Carta, derecho cuyo alcance se precisa, en cuanto a los presentes asuntos, en el artículo 46 de la Directiva 2013/32 (véase, en ese sentido, la sentencia de 3 de julio de 2025, Al Nasiria, C‑610/23, EU:C:2025:514, apartado 51 y jurisprudencia citada).

De ello se deduce que la elección, por parte de un Estado miembro, de la autoridad competente y del instrumento jurídico mediante el que se proceda a la designación nacional de países de origen seguros, de conformidad con los artículos 36 y 37 de la Directiva 2013/32, no puede afectar a las obligaciones que le incumben en virtud de dicha Directiva. Así pues, corresponde, en particular, a cada Estado miembro garantizar el respeto del derecho a un recurso judicial efectivo, que el artículo 46, apartado 1, de dicha Directiva reconoce a los solicitantes de protección internacional, contra las resoluciones relativas a sus solicitudes, derecho cuyo alcance se precisa el artículo 46, apartado 3, de la misma Directiva.

A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, con arreglo al artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, interpretado a la luz del artículo 47 de la Carta, cuando un órgano jurisdiccional nacional conoce de un recurso contra una resolución relativa a una solicitud de protección internacional examinada en el marco del régimen especial aplicable a las solicitudes presentadas por los solicitantes procedentes de terceros países designados, de conformidad con el artículo 37 de esta Directiva, como países de origen seguros, dicho órgano jurisdiccional debe, en virtud del examen completo y ex nunc impuesto por dicho artículo 46, apartado 3, analizar, sobre la base de los datos obrantes en el expediente y de aquellos de los que tenga conocimiento durante el procedimiento seguido ante él, el incumplimiento de los requisitos materiales de tal designación, enunciados en el anexo I de la citada Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, apartado 98).

Por lo tanto, y habida cuenta de la jurisprudencia recordada en los apartados 62 y 63 de la presente sentencia, el hecho de que un Estado miembro haya optado por designar a países de origen seguros mediante un acto legislativo no puede impedir al órgano jurisdiccional nacional que conoce del asunto en las condiciones enunciadas en el apartado anterior de la presente sentencia controlar, aunque solo sea con carácter incidental, si la designación del tercer país en cuestión como país de origen seguro cumple los requisitos materiales para tal designación, enunciados en el anexo I de la Directiva 2013/32.

A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a las primeras cuestiones prejudiciales que los artículos 36 y 37, así como el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, a la luz del artículo 47 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro designe a terceros países como países de origen seguros mediante un acto legislativo, siempre que dicha designación pueda ser objeto de un control jurisdiccional en lo que se refiere al cumplimiento de los requisitos materiales de tal designación, enunciados en el anexo I de dicha Directiva, por parte de cualquier órgano jurisdiccional nacional que conozca de un recurso contra una resolución relativa a una solicitud de protección internacional examinada en el marco del régimen especial aplicable a las solicitudes presentadas por los solicitantes procedentes de terceros países designados como países de origen seguros.

Sobre las cuestiones prejudiciales segundas y terceras

Mediante sus cuestiones prejudiciales segundas y terceras, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 36 y 37, así como el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, a la luz del artículo 47 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que, por una parte, el Estado miembro que designa a un tercer país como país de origen seguro debe facilitar el acceso a las fuentes de información, en el sentido del artículo 37, apartado 3, de dicha Directiva, en las que se basa esa designación y, por otra parte, el órgano jurisdiccional nacional que conoce de un recurso contra una resolución relativa a una solicitud de protección internacional examinada en el marco del régimen especial de examen aplicable a las solicitudes presentadas por los solicitantes procedentes de terceros países designados como países de origen seguros puede, cuando compruebe si esa designación cumple los requisitos materiales de tal designación enunciados en el anexo I de dicha Directiva, tener en cuenta la información que él mismo haya recabado.

El artículo 37, apartado 3, de la Directiva 2013/32 establece que, para determinar si un tercer país es un país de origen seguro, los Estados miembros se basarán en una serie de fuentes de información, incluida, en particular, la información procedente de otros Estados miembros, la AAUE, sucesora de la EASO, el ACNUR, el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales pertinentes.

Ciertamente, ni esta disposición ni ninguna otra disposición de la Directiva 2013/32 indica expresamente que la autoridad nacional que procede a la designación nacional de los países de origen seguros deba facilitar el acceso a las fuentes de información sobre cuya base ha procedido a tal designación.

No es menos cierto, en primer lugar, que la designación por un Estado miembro de un tercer país como país de origen seguro supone que se aplique a los solicitantes originarios de ese país el régimen especial de examen de las solicitudes de protección internacional. En particular, este régimen, expuesto en los apartados 48 a 51 de la presente sentencia, permite a los Estados miembros acelerar el procedimiento de examen de esas solicitudes y se basa en una forma de presunción iuris tantum de protección suficiente en el país de origen, que, de conformidad con el artículo 36, apartado 1, de la Directiva 2013/32, puede ser desvirtuada por el solicitante si invoca motivos graves atinentes a sus circunstancias personales.

Pues bien, como señaló el Abogado General en el punto 55 de sus conclusiones, la posibilidad de que el solicitante desvirtúe esta presunción requiere, para ser efectiva, que se le permita conocer las razones por las que se presume que su país de origen es seguro. Por lo tanto, dicho solicitante debe tener, para ello, acceso a las fuentes de información sobre cuya base se haya designado a su país de origen como país de origen seguro.

En segundo lugar, es preciso señalar que, en virtud del artículo 12, apartado 1, letra d), de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo 10, apartado 3, letra b), de esta, los solicitantes de protección internacional tienen acceso, durante el procedimiento de examen, a la información precisa y actualizada recabada por los Estados miembros de distintas fuentes, como la AAUE y el ACNUR y las organizaciones internacionales pertinentes de defensa de los derechos humanos, respecto a la situación general imperante en sus países de origen. Asimismo, del artículo 10, apartado 4, de dicha Directiva se desprende que los órganos jurisdiccionales nacionales también tienen acceso a la información general necesaria para desempeñar su cometido.

75	Pues bien, se trata de fuentes de información análogas a aquellas en las que los Estados miembros pueden basarse, con arreglo al artículo 37, apartado 3, de la Directiva 2013/32, para designar a un tercer país como país de origen seguro.

En tercer lugar, debe recordarse que el artículo 46, apartado 1, de la Directiva 2013/32 reconoce a los solicitantes de protección internacional el derecho a un recurso efectivo ante un órgano judicial contra las resoluciones administrativas relativas a sus solicitudes. El artículo 46, apartado 3, de dicha Directiva precisa el alcance del derecho a un recurso efectivo, precisando que los Estados miembros vinculados por esta Directiva garantizarán que el órgano jurisdiccional ante el que se presenta el recurso contra la resolución relativa a la solicitud de protección internacional lleve a cabo un «examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho, incluido cuando proceda un examen de las necesidades de protección internacional de conformidad con la Directiva [2011/95]» (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, apartado 85 y jurisprudencia citada).

Además, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que las características del recurso previsto en el artículo 46 de la Directiva 2013/32 deben determinarse de conformidad con el artículo 47 de la Carta, que constituye una reafirmación del principio de tutela judicial efectiva. Pues bien, el artículo 47 de la Carta se basta a sí mismo y no es preciso que sea desarrollado por otras normas del Derecho de la Unión o del Derecho nacional para conferir a los particulares un derecho subjetivo invocable como tal. Lo mismo sucede, por consiguiente, con el artículo 46, apartado 3, de esta Directiva, en relación con el artículo 47 de la Carta (sentencia de 4 de octubre de 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, apartado 86 y jurisprudencia citada).

Desde este punto de vista, en primer lugar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 47 de la Carta, a la luz del cual debe interpretarse el artículo 46 de la Directiva 2013/32, exige, por una parte, que el interesado pueda conocer los motivos de la resolución adoptada con respecto a él, bien mediante la lectura de la propia resolución, bien mediante la notificación de la motivación de esta efectuada a petición del interesado, a fin de permitir a este defender sus derechos en las mejores condiciones posibles y decidir con pleno conocimiento de causa sobre la conveniencia de someter el asunto al juez competente. Por otra parte, este último debe tener la facultad de exigir a la autoridad concernida que comunique dicha motivación, a fin de poder ejercer plenamente el control de la legalidad de la resolución nacional de que se trate (sentencias de 4 de junio de 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, apartado 53, y de 29 de julio de 2024, protectus, C‑185/23, EU:C:2024:657, apartado 79 y jurisprudencia citada).

Pues bien, cuando, como en los litigios principales, se deniega una solicitud de protección internacional por ser manifiestamente infundada debido a que el solicitante procede de un país de origen seguro, en el sentido de los artículos 36 y 37 de la Directiva 2013/32, en relación con el anexo I de esta, ese motivo de denegación se confunde, en esencia, con los motivos en los que se basa la presunción de protección suficiente que implica la designación del país de que se trate como país de origen seguro.

Habida cuenta de la jurisprudencia citada en el apartado 78 de la presente sentencia, procede considerar, por tanto, que la efectividad de la tutela judicial exige que tanto el solicitante afectado como el juez que conozca del asunto puedan tener no solo conocimiento de los motivos de tal denegación, sino también acceso a las fuentes de información sobre cuya base se designó al tercer país en cuestión como país de origen seguro.

En segundo lugar, por lo que respecta al alcance del derecho a un recurso efectivo, tal como se precisa en el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, el Tribunal de Justicia ha declarado que la expresión «garantizarán que un recurso efectivo suponga el examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho» debe interpretarse en el sentido de que, en virtud de esa disposición, los Estados miembros están obligados a establecer en sus Derechos nacionales una tramitación de los recursos que comprenda un examen, por el juez, del conjunto de elementos de hecho y de Derecho que le permitan elaborar una apreciación actualizada del asunto de que se trate (sentencias de 25 de julio de 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, apartado 110, y de 4 de octubre de 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, apartado 87).

A este respecto, para empezar, la expresión «ex nunc» destaca la obligación del juez de proceder a una apreciación que tenga en cuenta, en su caso, los nuevos elementos surgidos después de la adopción de la decisión objeto de recurso (sentencias de 25 de julio de 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, apartado 111; de 29 de julio de 2019, Torubarov, C‑556/17, EU:C:2019:626, apartado 52, y de 4 de octubre de 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, apartado 88).

A continuación, el adjetivo «completo» que utiliza el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32 confirma que el juez debe examinar tanto los elementos que la autoridad decisoria tuvo o debió tener en cuenta como aquellos que han surgido tras la adopción de la decisión por esta autoridad (sentencias de 25 de julio de 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, apartado 113; de 29 de julio de 2019, Torubarov, C‑556/17, EU:C:2019:626, apartado 52, y de 4 de octubre de 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, apartado 89).

Por último, en cuanto a los términos «cuando proceda», que se emplean en la frase «incluido cuando proceda un examen de las necesidades de protección internacional de conformidad con la Directiva [2011/95]», destacan que el examen completo y ex nunc del órgano jurisdiccional no debe necesariamente tratar sobre el fondo de las necesidades de protección internacional y que puede, por tanto, tratar sobre los aspectos procesales de una solicitud de protección internacional, con arreglo a los cuales figura la designación de un tercer país como país de origen seguro (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, apartados 90 y 91 y jurisprudencia citada).

Como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en el apartado 66 de la presente sentencia, de conformidad con el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, interpretado a la luz del artículo 47 de la Carta, cuando un órgano jurisdiccional conoce de un recurso contra una resolución relativa a una solicitud de protección internacional examinada en el marco del régimen especial de examen mencionado en el apartado 48 de la presente sentencia, dicho órgano jurisdiccional debe, en virtud del examen completo y ex nunc impuesto por dicho artículo 46, apartado 3, analizar, sobre la base de los datos obrantes en el expediente y de aquellos de los que tenga conocimiento durante el procedimiento seguido ante él, un eventual incumplimiento de los requisitos materiales de tal designación, enunciados en el anexo I de la citada Directiva.

Pues bien, la efectividad del control jurisdiccional del cumplimiento de los requisitos materiales enunciados en el anexo I de la Directiva 2013/32 presupone que el juez que conoce del asunto pueda tener acceso a las fuentes de información sobre cuya base la autoridad nacional competente designó al tercer país en cuestión como país de origen seguro. Esta exigencia de efectividad implica también que ese juez pueda comprobar si esa designación cumple los requisitos materiales enunciados en el anexo I de la citada Directiva, teniendo en cuenta otra información que él mismo pueda haber recabado y que proceda de fuentes públicas o de fuentes cuya presentación haya solicitado a una de las partes en el litigio del que conoce, siempre que, por una parte, se haya cerciorado de la fiabilidad de esa información y que, por otra parte, de conformidad con el principio de contradicción, dichas partes tengan la oportunidad de presentar sus observaciones sobre esa información.

De ello se deduce que, en virtud del artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, los Estados miembros están obligados a configurar su Derecho nacional de modo que se garantice un acceso suficiente y adecuado a las fuentes de información en las que se hayan basado para designar a países de origen seguros. Este acceso debe permitir que un solicitante de protección internacional originario de tal país y el órgano jurisdiccional nacional que conoce de un recurso contra una resolución relativa a la solicitud de protección internacional tengan conocimiento de manera útil de esas fuentes de información, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado 78 de la presente sentencia.

88	Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales segundas y terceras que los artículos 36 y 37, así como el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, a la luz del artículo 47 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que:

–

el Estado miembro que designa a un tercer país como país de origen seguro debe garantizar un acceso suficiente y adecuado a las fuentes de información, en el sentido del artículo 37, apartado 3, de dicha Directiva, en las que se basa esta designación, acceso que debe, por una parte, permitir al solicitante de protección internacional de que se trate, originario de ese tercer país, defender sus derechos en las mejores condiciones posibles y decidir con pleno conocimiento de causa sobre la conveniencia de someter el asunto al juez competente y, por otra parte, permitir a este último ejercer el control de una resolución relativa a la solicitud de protección internacional;

–

el órgano jurisdiccional nacional que conoce de un recurso contra una resolución relativa a una solicitud de protección internacional examinada en el marco del régimen especial de examen aplicable a las solicitudes presentadas por los solicitantes procedentes de terceros países designados como países de origen seguros puede, cuando compruebe, aunque solo sea con carácter incidental, si esa designación cumple los requisitos materiales para tal designación, enunciados en el anexo I de dicha Directiva, tener en cuenta la información que él mismo haya recabado, siempre que, por una parte, se cerciore de la fiabilidad de dicha información y, por otra parte, se garantice a las partes del litigio el respeto del principio de contradicción.

Sobre las cuartas cuestiones prejudiciales

Con carácter preliminar, procede señalar que las cuartas cuestiones prejudiciales no se refieren al control que el órgano jurisdiccional remitente debe realizar en cuanto a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 36, apartado 1, de la Directiva 2013/32, que contempla la posibilidad de desvirtuar la presunción de protección suficiente en el país de origen cuando el solicitante invoca motivos graves atinentes a sus circunstancias personales. Dichas cuestiones se refieren únicamente al control que dicho órgano jurisdiccional debe realizar en cuanto a la propia designación del tercer país de origen del solicitante como país de origen seguro, de conformidad con el artículo 37 de dicha Directiva.

En estas circunstancias, procede considerar que, mediante sus cuartas cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 37 de la Directiva 2013/32, en relación con el anexo I de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro designe como país de origen seguro a un tercer país que no cumpla, para determinadas categorías de personas, los requisitos materiales para tal designación, enunciados en el anexo I de dicha Directiva.

Según reiterada jurisprudencia, al interpretar una disposición de Derecho de la Unión, deben tenerse en cuenta su tenor, el contexto en que se inscribe y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forme parte [sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado 12, y de 6 de julio de 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Refugiado que ha cometido un delito grave), C‑8/22, EU:C:2023:542, apartado 29].

Por lo que respecta, en primer lugar, al tenor del artículo 37 de la Directiva 2013/32, que, de conformidad con su título, se refiere a la designación nacional de terceros países como países de origen seguros, en él se hace referencia, en varias ocasiones, a los términos «países» y «terceros países». Nada en el tenor de esta disposición indica que, a efectos de tal designación, pueda entenderse que estos términos se refieren únicamente a una parte —en su caso, mayoritaria— de la población del tercer país de que se trate, con exclusión de otra parte de esa población o de determinadas categorías de personas.

Por lo que respecta, en segundo lugar, al contexto en el que se inscribe el artículo 37 de la Directiva 2013/32, de este artículo se desprende, en primer término, que los Estados miembros pueden designar a países de origen seguros, de conformidad con el anexo I de la citada Directiva. Pues bien, al igual que el tenor del referido artículo, los criterios enunciados en dicho anexo no proporcionan ninguna indicación de que los Estados miembros puedan designar a un tercer país como país de origen seguro cuando, para determinadas categorías de personas que forman parte de la población de ese país, no se cumplan los criterios materiales establecidos en dicho anexo I.

Por el contrario, a tenor de dicho anexo, la designación de un tercer país como país de origen seguro depende de que pueda demostrarse que, «de manera general» y «sistemática», no existen persecución, tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes ni amenaza de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno.

A este respecto, es cierto que las versiones lingüísticas del anexo I de la Directiva 2013/32 difieren. Así, solo la versión en lengua francesa de dicho anexo menciona el adverbio «uniformément». Sus demás versiones lingüísticas, como las versiones en lenguas búlgara («за всеки отделен случай»), española («sistemática»), checa («soustavně»), danesa («til stadighed»), alemana («durchgängig»), estonia («järjekindlat»), griega («μόνιμα»), inglesa («consistently»), croata («trajno»), italiana («costantemente»), letona («konsekventi»), lituana («sistemingai»), húngara («következetesen»), maltesa («konsistentement»), neerlandesa («duurzame»), polaca («konsekwentnie»), portuguesa («sistemático»), rumana («consecvent»), eslovaca («sústavne»), eslovena («redno»), finesa («jatkuvasti») y sueca («genomgående»), utilizan expresiones como «de manera constante», «sistemática», «duradera», «continua» o «consistente».

Sin embargo, más allá de estas divergencias semánticas, todos estos términos remiten a un concepto de «invariabilidad». Por consiguiente, y a falta de toda referencia en el artículo 37 o en el anexo I de la Directiva 2013/32 a una parte de la población del tercer país de que se trate, estos términos pretenden indicar que, para que el tercer país de que se trate pueda ser designado como país de origen seguro, los requisitos a los que se refiere dicho anexo deben cumplirse en relación con el conjunto de su población. Expresan, pues, la decisión del legislador de la Unión de supeditar la designación de un país de origen seguro a la condición de que el tercer país sea, generalmente, seguro para toda su población y no solo para una parte de esta.

Por lo demás, incluso en un país generalmente seguro para toda su población, no existe ninguna garantía absoluta de seguridad para cada individuo. Precisamente por esta razón, el legislador de la Unión previó, en el artículo 36, apartado 1, de la Directiva 2013/32, interpretado a la luz de los considerandos 40 y 42 de dicha Directiva, que todo solicitante de protección internacional originario de un país designado como país de origen seguro pudiera desvirtuar la presunción iuris tantum de protección suficiente invocando motivos graves atinentes a sus circunstancias personales.

En segundo término, por lo que respecta a la alegación basada en el artículo 24 de la Directiva 2013/32, procede señalar que este artículo, que, de conformidad con su título, se refiere a los «solicitantes que necesitan garantías procedimentales especiales», no guarda relación alguna con la designación de un tercer país como «país de origen seguro», en el sentido del artículo 37 y del anexo I de dicha Directiva.

En tercer término, como se ha expuesto en los apartados 48 a 51 de la presente sentencia, la designación nacional de terceros países como países de origen seguros permite someter las solicitudes de protección internacional de los solicitantes procedentes de esos terceros países a un régimen especial de examen de carácter excepcional.

100

A este respecto, interpretar el artículo 37 de la Directiva 2013/32 en el sentido de que permite designar a un tercer país como país de origen seguro, aun cuando, para determinadas categorías de personas, ese país no cumpla los requisitos materiales establecidos en el anexo I de dicha Directiva, tendría por efecto ampliar el ámbito de aplicación de ese régimen especial de examen. Dado que tal interpretación no encuentra apoyo alguno en el tenor del citado artículo 37 ni, más ampliamente, en la referida Directiva, reconocer esa facultad sería contrario a la interpretación estricta de la que deben ser objeto las disposiciones de carácter excepcional [véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de marzo de 2015, Comisión/Luxemburgo, C‑502/13, EU:C:2015:143, apartado 61, y de 8 de febrero de 2024, Bundesrepublik Deutschland (Admisibilidad de una solicitud posterior), C‑216/22, EU:C:2024:122, apartado 35 y jurisprudencia citada].

101

Por lo que se refiere, en tercer lugar, a los objetivos de la Directiva 2013/32, procede recordar que, además de perseguir, como objetivo general, la instauración de normas procesales comunes, también pretende, de manera especial, como se desprende, en particular, de su considerando 18, que las decisiones sobre las solicitudes de protección internacional sean adoptadas «cuanto antes […], sin perjuicio de que se efectúe un examen suficiente y completo» (sentencias de 25 de julio de 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, apartado 109, y de 4 de octubre de 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, apartado 78).

102

Desde este punto de vista, el considerando 20 de dicha Directiva señala que, en circunstancias bien definidas, cuando, por ejemplo, sea probable que una solicitud resulte infundada, los Estados miembros deben poder acelerar el procedimiento de examen, en particular, estableciendo unos plazos más breves, aunque razonables, para algunas fases del procedimiento, sin perjuicio de que se efectúe un examen adecuado y completo de la solicitud ni de un acceso efectivo por parte del solicitante a los principios y garantías fundamentales establecidos en la misma Directiva (sentencia de 4 de octubre de 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, apartado 79).

103

Esta es la razón por la que, como se ha expuesto en los apartados 48 a 51 de la presente sentencia, un Estado miembro puede someter las solicitudes de protección internacional presentadas por los solicitantes procedentes de un tercer país que dicho Estado miembro haya designado como país de origen seguro a un régimen especial de examen, basado en una forma de presunción iuris tantum de protección suficiente en el país de origen y que permite, en particular, acelerar el procedimiento de examen de tales solicitudes (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, apartado 80).

104

En la medida en que, mediante la Directiva 2013/32, el legislador de la Unión pretende, como se ha señalado en el apartado 101 de la presente sentencia, garantizar un examen a la vez rápido y exhaustivo de las solicitudes de protección internacional, le corresponde, en el marco del ejercicio de la facultad de apreciación de que dispone para establecer los procedimientos comunes para conceder y retirar la protección internacional, sopesar estos dos objetivos a la hora de determinar las condiciones en las que los Estados miembros pueden designar a un tercer país como país de origen seguro (sentencia de 4 de octubre de 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, apartado 81).

105

Así pues, el hecho de que el legislador no haya establecido, en el marco de esta Directiva, la facultad de los Estados miembros de excluir categorías de personas a efectos de tal designación refleja esta ponderación y su decisión de privilegiar un examen exhaustivo de las solicitudes de protección internacional que hayan sido presentadas por solicitantes cuyo país de origen no cumpla, con respecto a toda su población, los requisitos materiales enunciados en el anexo I de dicha Directiva.

106

Si bien el artículo 61, apartado 2, del Reglamento 2024/1348, cuyo artículo 78 deroga la Directiva 2013/32 con efectos a partir del 12 de junio de 2026, introduce tal facultad, al disponer que la designación de un tercer país como país de origen seguro a nivel de la Unión y a nivel nacional podrá prever excepciones para categorías de personas claramente identificables, se trata de la prerrogativa del legislador de la Unión de reconsiderar tal decisión, procediendo a una nueva ponderación de los intereses en cuestión.

107

En este contexto, procede señalar también que corresponde al legislador de la Unión elegir la fecha a partir de la cual resulta aplicable una nueva disposición, como el artículo 61, apartado 2, del Reglamento 2024/1348, elección que dicho legislador efectuó en el artículo 79, apartados 2 y 3, de dicho Reglamento. Además, el legislador de la Unión puede reconsiderar esta elección modificando esta última disposición, lo que, por otra parte, ha propuesto la Comisión. Así, la propuesta de esta última, de 16 de abril de 2025, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento 2024/1348 [COM(2025) 186 final], prevé en su artículo 1, apartado 2, que se modifique el artículo 79, apartados 2 y 3, del Reglamento 2024/1348 con el fin de anticipar la aplicación, en particular, del artículo 61, apartado 2, de este.

108

Por lo tanto, habida cuenta de las exigencias recordadas en los apartados 66 y 85 de la presente sentencia y en la medida en que es el artículo 37 de la Directiva 2013/32, y no el artículo 61, apartado 2, del Reglamento 2024/1348, el aplicable a los litigios principales, incumbe al órgano jurisdiccional remitente, de conformidad con el artículo 46, apartado 3, de dicha Directiva, interpretado a la luz del artículo 47 de la Carta, comprobar, sobre la base de los datos obrantes en el expediente y de aquellos de los que tenga conocimiento durante el procedimiento seguido ante él, si la designación de la República Popular de Bangladesh como país de origen seguro, prevista en el artículo 2 bis, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 25/2008 a raíz de su modificación por el Decreto-ley n.º 158/2024, cumple los requisitos materiales para tal designación, enunciados en el anexo I de dicha Directiva, con respecto al conjunto de la población de ese tercer país.

109

A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuartas cuestiones prejudiciales que el artículo 37 de la Directiva 2013/32, en relación con el anexo I de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro designe como país de origen seguro a un tercer país que no cumpla, para determinadas categorías de personas, los requisitos materiales para tal designación, enunciados en el anexo I de dicha Directiva.

Costas

110

Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes de los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

Los artículos 36 y 37, así como el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

deben interpretarse en el sentido de que

no se oponen a que un Estado miembro designe a terceros países como países de origen seguros mediante un acto legislativo, siempre que dicha designación pueda ser objeto de un control jurisdiccional en lo que se refiere al cumplimiento de los requisitos materiales de tal designación, enunciados en el anexo I de dicha Directiva, por parte de cualquier órgano jurisdiccional nacional que conozca de un recurso contra una resolución relativa a una solicitud de protección internacional examinada en el marco del régimen especial aplicable a las solicitudes presentadas por los solicitantes procedentes de terceros países designados como países de origen seguros.

2)	Los artículos 36 y 37, así como el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales,

deben interpretarse en el sentido de que

–

3)	El artículo 37 de la Directiva 2013/32, en relación con el anexo I de esta Directiva,

debe interpretarse en el sentido de que

se opone a que un Estado miembro designe como país de origen seguro a un tercer país que no cumpla, para determinadas categorías de personas, los requisitos materiales para tal designación, enunciados en el anexo I de dicha Directiva.

Firmas

( * ) Lengua de procedimiento: italiano.

( i ) La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.