Edición provisional

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 8 de octubre de 2026 (*)

« Recurso de casación — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la agresión militar contra Ucrania — Reglamento (UE) 2022/334, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 833/2014 — Artículos 3 quinquies y 3 sexies — Prohibición de aterrizar en el territorio de la Unión, despegar desde este o sobrevolarlo para cualquier aeronave no matriculada en Rusia que pertenezca a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos rusos, sea fletada por ellos o esté de otro modo bajo su control — Rechazo del plan de vuelo — Recurso de anulación — Admisibilidad — Acto recurrible »

En el asunto C‑482/24 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 9 de julio de 2024,

Global 8 Airlines, con domicilio social en Biskek (Kirguistán), representada por la Sra. E. Novicāne y los Sres. K. Novicāns y E. Stankevičs, advokāti,

parte recurrente en casación,

en el que la otra parte en el procedimiento es:

Comisión Europea, representada por las Sras. M. Bruti Liberati, M. Carpus‑Carcea y B. Sasinowska, en calidad de agentes,

parte demandada en primera instancia,

apoyada por:

República Federal de Alemania, representada por los Sres. J. Möller y R. Kanitz, en calidad de agentes,

parte coadyuvante en casación,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. F. Biltgen (Ponente), Presidente de Sala, el Sr. T. von Danwitz, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Primera, los Sres. S. Gervasoni, A. Kumin y la Sra. I. Ziemele, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;

Secretaria: Sra. A. Lamote, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 17 de diciembre de 2025;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 12 de marzo de 2026;

dicta la siguiente

Sentencia

1        Mediante su recurso de casación, Global 8 Airlines LLC solicita la anulación del auto del Tribunal General de 29 de abril de 2024, Global 8 Airlines/Comisión (T‑277/23, en lo sucesivo, «auto recurrido», EU:T:2024:285), por el que el Tribunal General declaró inadmisible su recurso de anulación de la decisión adoptada por la Comisión Europea, de la que supuestamente fue informada el 20 de marzo de 2023, relativa a la inclusión de dos aviones corporativos ligeros de su pertenencia en una lista de aeronaves sujetas a la prohibición de aterrizar en el territorio de la Unión Europea, despegar de él o sobrevolarlo, en virtud del Reglamento (UE) 2022/334 del Consejo, de 28 de febrero de 2022, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Consejo relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania (DO 2022, L 57, p. 1) (en lo sucesivo, «decisión controvertida»).

 Marco jurídico

 Derecho internacional

2        El Convenio internacional de Cooperación relativo a la seguridad de la navegación aérea «Eurocontrol», firmado en Bruselas el 13 de diciembre de 1960, fue modificado en varias ocasiones y refundido por el Protocolo de 27 de junio de 1997. Aunque este Convenio aún no está en vigor, sus disposiciones se aplican provisionalmente desde 1998, de conformidad con una decisión de la Comisión Permanente de la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol) adoptada en diciembre de 1997. La Comunidad Europea aprobó el Protocolo de adhesión a Eurocontrol mediante la Decisión 2004/636/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la celebración por la Comunidad Europea del Protocolo de adhesión de la Comunidad Europea a la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (DO 2004, L 304, p. 209).

3        De conformidad con su artículo 1, el Convenio internacional tiene por objeto reforzar la cooperación de sus Partes contratantes y desarrollar sus actividades conjuntas en el ámbito de la navegación aérea, teniendo debidamente en cuenta las necesidades de defensa y proporcionando la máxima libertad a todos los usuarios del espacio aéreo, en coherencia con el nivel de seguridad exigido. Eurocontrol fue creada a tal efecto.

 Derecho de la Unión

 Reglamento n.º 833/2014

4        El artículo 3 quinquies del Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Consejo, de 31 de julio de 2014, relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania (DO 2014, L 229, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento 2022/334 (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 833/2014»), establece:

«1.      Queda prohibido que las aeronaves operadas por compañías aéreas rusas, incluidas las compañías comercializadoras mediante acuerdos de código compartido o de reserva de capacidad, las aeronaves matriculadas en Rusia o las aeronaves no matriculadas en Rusia pero que pertenezcan, sean fletadas o estén de otro modo bajo el control de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos rusos aterricen en el territorio de la Unión, despeguen desde este o lo sobrevuelen.

2.      El apartado 1 no será aplicable en caso de aterrizajes de emergencia o de sobrevuelos de emergencia.

3.      No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades competentes podrán autorizar que una aeronave aterrice en el territorio de la Unión, despegue desde este o lo sobrevuele si tales autoridades competentes han determinado previamente que el aterrizaje, el despegue o el sobrevuelo resultan necesarios con fines humanitarios o con cualquier otro fin coherente con los objetivos del presente Reglamento.

4.      El Estado miembro o los Estados miembros de que se trate informarán a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida en virtud del apartado 3 en el plazo de dos semanas a partir de la autorización.»

5        El artículo 3 sexies del Reglamento n.º 833/2014 dispone lo siguiente:

«1.      El gestor de la red nombrado por la Comisión con arreglo a su Decisión de Ejecución (UE) 2019/709[, de 6 de mayo de 2019, sobre el nombramiento del gestor de la red para las funciones de la red de gestión del tránsito aéreo (ATM) del cielo único europeo (DO 2019, L 120, p. 27),] ayudará a la Comisión y a [los] Estados miembros a garantizar la aplicación y el cumplimiento del artículo 3 quinquies. En particular, el gestor de la red rechazará todos los planes de vuelo presentados por operadores de aeronaves que indiquen su intención de llevar a cabo actividades sobre el territorio de los Estados miembros de la Unión que constituyan una violación de las disposiciones del presente Reglamento o de otras medidas de seguridad y protección vigentes, de tal manera que el piloto no estará autorizado a volar.

2.      El gestor de la red presentará periódicamente a la Comisión y a los Estados miembros, sobre la base del análisis de los planes de vuelo, informes sobre la aplicación del artículo 3 quinquies.»

 Decisión de Ejecución 2019/709

6        En virtud del artículo 1, apartados 1 y 2, de la Decisión de Ejecución 2019/709, en relación con el artículo 7 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/317 de la Comisión, de 11 de febrero de 2019, por el que se establece un sistema de evaluación del rendimiento y de tarificación en el cielo único europeo y se derogan los Reglamentos de Ejecución (UE) n.º 390/2013 y (UE) n.º 391/2013 (DO 2019, L 56, p. 1), Eurocontrol fue nombrada gestor de la red para el período comprendido entre el ejercicio 2020 y el ejercicio 2029.

 Antecedentes del litigio

7        Los antecedentes del litigio se exponen en los apartados 2 a 17 del auto recurrido y pueden resumirse del modo siguiente.

8        Global 8 Airlines es una sociedad de responsabilidad limitada kirguisa. Se trata de una compañía aérea comercial, inscrita en el Registro Mercantil de la República Kirguisa, del que se desprende que es propiedad del Sr. D. L. y que es gestionada por el Sr. U. M., ambos de nacionalidad letona.

9        El 28 de febrero de 2022, en el contexto de una serie de medidas restrictivas relativas, en particular, al cierre del espacio aéreo de la Unión a determinadas categorías de aeronaves, el Consejo de la Unión Europea adoptó, sobre la base del artículo 29 TUE, la Decisión (PESC) 2022/335, por la que se modifica la Decisión 2014/512/PESC relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania (DO 2022, L 57, p. 4), y, sobre la base del artículo 215 TFUE, el Reglamento 2022/334.

10      Mediante dos resoluciones, de 9 de septiembre de 2022 y de 20 de febrero de 2023, respectivamente, el consejo de administración de Global 8 Airlines aprobó la compra de dos aeronaves, con los números de serie del fabricante RB274 y RB120 (en lo sucesivo, «dos aeronaves»). La compra se celebró entre Global 8 Airlines y una sociedad rusa cuyos únicos accionistas eran nacionales rusos.

11      Las dos aeronaves fueron inscritas en el Registro Mercantil de la República Kirguisa como de pertenencia de Global 8 Airlines, respectivamente, el 12 de septiembre de 2022 con la matrícula EX‑88012 y el 9 de marzo de 2023 con la matrícula EX‑88011.

12      Desde su inscripción en el Registro de la República Kirguisa, la aeronave matriculada EX‑88012 ha efectuado varios vuelos, en particular, con origen en Rusia y con destino a la Unión, mientras que la aeronave matriculada EX‑88011 no ha realizado ningún movimiento registrado.

13      El 24 de febrero de 2023, Global 8 Airlines presentó a Eurocontrol un plan de vuelo para la aeronave matriculada EX‑88012, relativo a un trayecto procedente de Augsburgo (Alemania) con destino a Budapest (Hungría). Eurocontrol rechazó ese plan de vuelo ese mismo día mediante un mensaje automatizado.

14      El 15 de marzo de 2023, Global 8 Airlines se dirigió por correo electrónico a Eurocontrol con el fin de obtener explicaciones sobre ese mensaje automatizado.

15      Mediante correo electrónico de 20 de marzo de 2023, Eurocontrol, por una parte, confirmó a Global 8 Airlines que la aeronave matriculada EX‑88012 figuraba en una lista de aeronaves a las que se aplica el artículo 3 quinquies del Reglamento n.º 833/2014 y que están sujetas a una prohibición de vuelo (en lo sucesivo, «lista controvertida»), precisando que la Comisión le había facilitado esa lista. Por otra parte, Eurocontrol la instó a dirigirse a dicha institución, a través de su dirección de correo funcional (en lo sucesivo, «dirección de correo funcional»), gestionada por su Dirección General (en lo sucesivo, «DG») «Movilidad y Transportes», en caso de que deseara solicitar la retirada de la aeronave en cuestión de la lista controvertida.

16      El 21 de marzo de 2023, Global 8 Airlines se dirigió por correo electrónico a la dirección de correo funcional de la Comisión para aclarar su posición y obtener, en esencia, que se reexaminara su situación, en particular en lo que respecta al levantamiento de la prohibición de vuelo para las dos aeronaves, a la retirada de estas de la lista controvertida y a la comunicación a Eurocontrol de información actualizada sobre la propia Global 8 Airlines. Interesó, asimismo, que se la informara, en su caso, acerca de la autoridad nacional competente para tramitar su solicitud de reexamen.

17      Mediante correo electrónico de 28 de marzo de 2023, el agente de la DG «Movilidad y Transportes» que gestionaba la dirección de correo funcional informó a Global 8 Airlines de que las dos aeronaves estaban sujetas a una prohibición de vuelo en virtud de los artículos 3 quater y 3 quinquies del Reglamento n.º 833/2014. También la informó de que debía mantenerse esta prohibición de vuelo, así como de los motivos de esta.

18      Mediante correo electrónico de 6 de abril de 2023, Global 8 Airlines respondió al agente de la DG «Movilidad y Transportes», facilitándole información adicional acerca de su situación.

19      El 25 de abril de 2023, dicho agente informó de nuevo a Global 8 Airlines de que no había razón alguna que justificara la retirada de las dos aeronaves de la lista controvertida.

 Recurso ante el Tribunal General y auto recurrido

20      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 22 de mayo de 2023, Global 8 Airlines interpuso, con arreglo al artículo 263 TFUE, un recurso de anulación de la decisión controvertida.

21      Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 15 de septiembre de 2023, la Comisión propuso una excepción de inadmisibilidad, con arreglo al artículo 130, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, alegando, en primer término, que la decisión controvertida no existía y que no podía en modo alguno identificarse con precisión; en segundo término, que la citada decisión no podía ser objeto de un recurso de anulación, ya que debía considerarse, en su caso, una medida intermedia que, de cualquier forma, no producía efectos jurídicos obligatorios respecto de Global 8 Airlines; en tercer término, que el acto lesivo solo era imputable a los Estados miembros; en cuarto término, que el recurso de anulación se había dirigido contra un acto erróneo y ante un órgano jurisdiccional incompetente para conocer del mismo; en quinto término, que dicho recurso era extemporáneo, y, en sexto término, que ese recurso carecía de objeto, habida cuenta de la prohibición de explotación general en la Unión, por motivos de seguridad, que afectaba a los transportistas aéreos inscritos en el Registro de la República Kirguisa.

22      Mediante el auto recurrido, el Tribunal General declaró inadmisible el recurso de anulación, por considerar que la decisión controvertida no era un acto recurrible en anulación con arreglo al artículo 263 TFUE.

 Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes en el recurso de casación

23      Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 2024, se admitió la intervención de la República Federal de Alemania en apoyo de las pretensiones de la Comisión.

24      Con su recurso de casación, Global 8 Airlines solicita al Tribunal de Justicia que:

–        Declare admisible y fundado el recurso de casación.

–        Anule en su totalidad el auto recurrido.

–        Condene a la Comisión a cargar con las costas en que haya incurrido en el marco del recurso de casación.

25      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:

–        Declare la inadmisibilidad del recurso de casación y, en cualquier caso, lo desestime por infundado en su totalidad.

–        Condene a Global 8 Airlines a cargar con las costas del procedimiento de casación.

26      La República Federal de Alemania solicita al Tribunal de Justicia que:

–        Declare la inadmisibilidad del recurso de casación o, con carácter subsidiario, lo desestime por infundado.

–        Condene en costas a Global 8 Airlines.

 Sobre el recurso de casación

27      En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca, en esencia, tres motivos, dirigidos contra los apartados 34 a 55 del auto recurrido y basados, el primero, en un error en la identificación del objeto del recurso en primera instancia, el segundo, en una comprensión errónea de la estructura del Reglamento n.º 833/2014, y, el tercero, en una apreciación errónea del Derecho de la Unión tal como lo aplican en la práctica todos los actores afectados. Dado que los motivos de casación segundo y tercero critican la calificación jurídica de la decisión controvertida como acto no recurrible, serán examinados conjuntamente.

 Admisibilidad del recurso de casación

 Alegaciones de las partes

28      La Comisión, apoyada por la República Federal de Alemania, considera que el recurso de casación es inadmisible.

29      Dicha institución alega, en primer término, que la recurrente no identifica con suficiente precisión los fundamentos de Derecho del auto recurrido a los que se refiere. En segundo término, sostiene que la recurrente no invoca ningún error de Derecho preciso que hubiera cometido el Tribunal General en el auto recurrido. En tercer término, considera que los errores alegados o bien carecen de motivación, o bien equivalen a solicitar al Tribunal de Justicia un reexamen completo de la demanda presentada ante el Tribunal General, lo que queda fuera de su competencia cuando conoce de un recurso de casación.

30      Global 8 Airlines considera que su recurso de casación es admisible.

 Apreciación del Tribunal de Justicia

31      Procede recordar que del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los artículos 168, apartado 1, letra d), y 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia o del auto cuya anulación se solicita, así como los argumentos jurídicos que sustentan de manera específica dicha pretensión, so pena de que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2025, BCE y Comisión/Corneli, C‑777/22 P y C‑789/22 P, EU:C:2025:580, apartado 58 y jurisprudencia citada).

32      En el presente asunto, la recurrente identifica los apartados del auto recurrido, a saber, los apartados 39 a 55 de este, como apartados relativos a motivos supuestamente viciados de error, y expone, ciertamente de manera sucinta, pero suficientemente comprensible, no solo los errores de Derecho supuestamente cometidos por el Tribunal General en relación con la identificación del objeto del recurso en primera instancia y la calificación jurídica de la decisión controvertida como acto no recurrible, sino también las razones por las que considera que el auto recurrido debe ser anulado.

33      En consecuencia, procede declarar la admisibilidad del recurso de casación.

 Sobre el fondo

 Primer motivo de casación, basado en un error en la identificación del objeto del recurso

–       Alegaciones de las partes

34      En apoyo del primer motivo de casación, la recurrente alega que su recurso en primera instancia no se refería al rechazo, por Eurocontrol, de su plan de vuelo, sino a la inclusión de las dos aeronaves en la lista controvertida.

35      La Comisión, apoyada por la República Federal de Alemania, rebate la alegación de Global 8 Airlines y considera que debe desestimarse el primer motivo de casación.

–       Apreciación del Tribunal de Justicia

36      Por lo que respecta al primer motivo de casación, del apartado 1 del auto recurrido se desprende que el Tribunal General identificó el objeto del recurso en primera instancia como la «decisión adoptada por la Comisión Europea, de la que [la recurrente] fue informada el 20 de marzo de 2023, relativa a la inclusión de dos aviones corporativos ligeros de su pertenencia en una lista de aeronaves sujetas a la prohibición de aterrizar en el territorio de la Unión Europea, despegar desde este o sobrevolarlo, en virtud del [Reglamento 2022/334]».

37      Además, de la lectura conjunta de los apartados 14, 37, 39, 48, 51 y 55 del auto recurrido se desprende que el examen del Tribunal General se refería a dicha decisión para determinar si esta constituía un acto recurrible en anulación con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.

38      Es cierto que los apartados 41, 42, 47 y 54 del citado auto tienen por objeto el rechazo, por parte de Eurocontrol, en nombre de los Estados miembros, de los planes de vuelo presentados por los operadores de aeronaves afectados para el ejercicio de actividades que infrinjan la prohibición establecida en el artículo 3 quinquies del Reglamento n.º 833/2014. Dicho esto, estas consideraciones se inscriben en el marco de un análisis sobre el contexto fáctico y jurídico en el que se adoptó la decisión controvertida, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 36 del auto recurrido. Así pues, se limitan a corroborar la consideración del Tribunal General de que otros actos, adoptados en el marco del tratamiento de los planes de vuelo presentados por esos operadores de aeronaves e imputables a los Estados miembros, pueden producir efectos jurídicos obligatorios que afecten a la situación jurídica de esos operadores de aeronaves, de modo que tales actos adoptados en el marco de la aplicación de los artículos 3 quinquies y 3 sexies del citado Reglamento están sujetos al control jurisdiccional de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros.

39      De lo anterior se desprende que el Tribunal General no incurrió en error al considerar que el recurso interpuesto ante él se dirigía contra la decisión de la Comisión cuyo contenido se expone en los apartados 1 y 36 de la presente sentencia.

40      En consecuencia, procede desestimar el primer motivo de casación por infundado.

 Motivos de casación segundo y tercero, basados en la calificación errónea de la decisión controvertida como acto no recurrible

–       Alegaciones de las partes

41      En apoyo de sus motivos de casación segundo y tercero, la recurrente alega, por una parte, que el artículo 3 quinquies del Reglamento n.º 833/2014 consagra el concepto de «aeronaves […] que pertenezcan, sean fletadas o estén de otro modo bajo el control de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos rusos», que, a su juicio, requiere una apreciación jurídica diferenciada relativa a la propiedad o al control de las aeronaves a que se refiere el citado artículo. En particular, considera que ese concepto es independiente y específico respecto del concepto de prestación, por Eurocontrol, de servicios de tráfico aéreo, mencionado separadamente en el artículo 3 sexies de ese Reglamento. En ese sentido, aduce que la función de Eurocontrol como gestor de red es meramente accesoria en tal apreciación jurídica.

42      Por otra parte, la recurrente sostiene que es la DG «Movilidad y Transportes» quien toma la decisión final sobre el estatuto exacto de la aeronave, limitándose los Estados miembros y Eurocontrol a ejecutar esa decisión en el marco de sus competencias.

43      La Comisión, apoyada por la República Federal de Alemania, estima que el recurso de casación carece de fundamento.

44      Según esa institución, la inclusión de aeronaves en la lista controvertida no debe someterse a un control de legalidad del Tribunal General, ya que la prohibición de vuelo es directamente aplicable en virtud del artículo 3 quinquies del Reglamento n.º 833/2014 y no corresponde a la Comisión, sino únicamente a los Estados miembros, adoptar las medidas de ejecución necesarias de dicho Reglamento, que Eurocontrol aplica en su nombre.

45      Por consiguiente, la Comisión sostiene que el Tribunal General consideró acertadamente que la inclusión por la Comisión de las dos aeronaves en la lista controvertida no constituía un acto que produjera efectos jurídicos vinculantes. En su opinión, tales efectos resultan únicamente del rechazo de los planes de vuelo individuales por Eurocontrol, actuando en nombre de los Estados miembros.

46      Por lo demás, la Comisión considera que, aun admitiendo que la lista controvertida deba ser objeto de un control de legalidad y que la DG «Movilidad y Transportes» adopte la decisión final acerca del estatuto de las aeronaves que figuran en dicha lista, la anulación de tal decisión no tiene efectos jurídicos en la situación jurídica de la recurrente, ya que no implica automáticamente la nulidad de las decisiones de aplicación de los Estados miembros y del rechazo del plan de vuelo de que se trata por Eurocontrol.

47      La República Federal de Alemania comparte el punto de vista de la Comisión según el cual la prohibición de vuelo establecida en el artículo 3 quinquies del Reglamento n.º 833/2014 es directamente aplicable y la recurrente no debería haber impugnado la inclusión de las dos aeronaves en la lista controvertida, sino el rechazo de su plan de vuelo. No obstante, a diferencia de la Comisión, la República Federal de Alemania considera que un recurso de anulación contra el rechazo de un plan de vuelo debe dirigirse contra Eurocontrol, organización a la que, en virtud del artículo 3 sexies de dicho Reglamento, se le ha conferido la facultad de rechazar los planes de vuelo presentados por operadores de aeronaves para el ejercicio de actividades que infrinjan la prohibición establecida en el artículo 3 quinquies del mismo Reglamento.

–       Apreciación del Tribunal de Justicia

48      Procede recordar que, en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo primero, el Tribunal de Justicia controla, entre otros aspectos, la legalidad de los actos de la Comisión y de los órganos u organismos de la Unión destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros.

49      Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el recurso de anulación establecido en el artículo 263 TFUE puede interponerse contra todas las disposiciones que adopten las instituciones, los órganos o los organismos de la Unión, cualquiera que sea su forma, destinadas a producir efectos jurídicos obligatorios (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de julio de 2022, Nord Stream 2/Parlamento y Consejo, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, apartado 62, y de 10 de febrero de 2026, WhatsApp Ireland/Comité Europeo de Protección de Datos, C‑97/23 P, EU:C:2026:81, apartados 66 y 68 y jurisprudencia citada).

50      Para determinar si un acto produce efectos jurídicos obligatorios, hay que atenerse, en particular, a la esencia de dicho acto y a la intención de su autor. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado también que atenerse a la esencia de un acto supone examinar sus efectos a la luz de criterios objetivos, como el contenido de dicho acto, tomando en consideración, en su caso, el contexto en el que se adoptó y las facultades de la institución que fue su autora, debiendo entenderse tales facultades no de manera abstracta, sino como elementos capaces de aportar luz al análisis concreto del contenido del acto, análisis que reviste un carácter central e indispensable (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de mayo de 2021, ABLV Bank y otros/BCE, C‑551/19 P y C‑552/19 P, EU:C:2021:369, apartados 40 y 41, y de 10 de febrero de 2026, WhatsApp Ireland/Comité Europeo de Protección de Datos, C‑97/23 P, EU:C:2026:81, apartado 67 y jurisprudencia citada).

51      Procede determinar a la luz de la jurisprudencia mencionada en los apartados 49 y 50 de la presente sentencia si el Tribunal General calificó correctamente la decisión controvertida de acto no recurrible en anulación en virtud del artículo 263 TFUE.

52      En primer lugar, por lo que respecta a la apreciación, por el Tribunal General, de la esencia de la decisión controvertida, es preciso señalar que, a pesar de que enunció el criterio relativo al contenido del acto en los apartados 36 y 37 del auto recurrido y de que lo mencionó expresamente en la conclusión que extrajo al término de su examen en el apartado 53 de dicho auto, el Tribunal General no efectuó un análisis concreto del contenido de esa decisión. En cambio, determinó el carácter impugnable de esta a la luz de otros criterios objetivos relativos al contexto de la adopción del acto en cuestión y a las facultades de la institución de la que emanaba el acto, que constituyen más bien elementos capaces de aportar luz al análisis concreto del contenido del acto.

53      En efecto, en el apartado 39 de ese auto, el Tribunal General expuso las razones por las que no podía seguirse el análisis de la recurrente, según el cual podría considerarse que la Comisión era la autora de la decisión de prohibición de vuelos contemplada en el artículo 3 quinquies del Reglamento n.º 833/2014 por haber incluido las aeronaves de la recurrente en la lista controvertida. Estas razones, expuestas en los apartados 40 a 48 del mismo auto, se refieren al contexto jurídico en el que se inscribe la decisión controvertida y a las facultades respectivas de la Comisión, de Eurocontrol y de los Estados miembros de Eurocontrol, más que al contenido de dicha decisión.

54      Por lo demás, el Tribunal General no podía prescindir de un análisis concreto del contenido del acto en cuestión, por la razón según la cual el primer motivo de inadmisibilidad invocado por la Comisión, basado en que la decisión controvertida no existía ni, en ningún caso, podía ser identificada, habría podido acogerse. En efecto, al haberse pronunciado, en los apartados 34 a 55 del auto recurrido, sobre el segundo motivo de inadmisibilidad invocado por la Comisión, basado en que dicha decisión no constituía un acto recurrible en anulación en virtud del artículo 263 TFUE, el Tribunal General desestimó implícita pero necesariamente ese primer motivo de inadmisibilidad y, por tanto, se basó en la premisa de que tal decisión existía.

55      Por lo tanto, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no efectuar un análisis concreto del contenido de la decisión controvertida, pese a que dicho análisis resulta central e indispensable para determinar el carácter impugnable de un acto, en el sentido del artículo 263 TFUE.

56      Además, consta que la decisión controvertida no fue incorporada a los autos de primera instancia por las partes y que el Tribunal General no adoptó ninguna diligencia de ordenación del procedimiento por la que se ordenara a las partes presentar dicha decisión. El tercer motivo invocado en primera instancia por la recurrente tenía precisamente por objeto que el Tribunal General ordenara a la Comisión, como diligencia de ordenación del procedimiento, presentar todos los documentos relativos a la decisión controvertida en la medida en que se referían a la recurrente, motivo que, sin embargo, el Tribunal General, al estimar la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión, sin entrar en el fondo del asunto, no examinó.

57      Pues bien, al estar obligado a efectuar un análisis concreto del contenido de la decisión controvertida, el Tribunal General no podía prescindir de solicitar a la Comisión, que se presumía que había adoptado la decisión controvertida, la presentación de dicha decisión.

58      Por lo tanto, al haber examinado el carácter impugnable de la decisión controvertida, en el sentido del artículo 263 TFUE, sin haber instado previamente a la Comisión a que presentara dicha decisión, el Tribunal General incurrió en error de Derecho.

59      En segundo lugar, el Tribunal General llegó a la conclusión, que figura en el apartado 48 del auto recurrido, de que la decisión controvertida no producía efectos jurídicos obligatorios que afectaran a la situación jurídica de la recurrente, tras llevar a cabo un examen del contexto jurídico de la adopción de esa Decisión y de las facultades de la institución de la Unión que es su autora, efectuado en los apartados 40 a 47 de dicho auto.

60      El Tribunal General consideró, en esencia, en esos apartados 40 a 48, que tales efectos jurídicos vinculantes se derivaban, por una parte, de la prohibición de vuelo establecida en el artículo 3 quinquies del Reglamento n.º 833/2014, dotada de alcance general, cuyas disposiciones debían ser ejecutadas por los Estados miembros, y, por otra parte, de las medidas individuales destinadas a hacerla cumplir y, más concretamente, del rechazo de los planes de vuelo de los operadores de aeronaves individuales, cuya competencia correspondía a los Estados miembros y era ejercida, en nombre de estos, por Eurocontrol, de conformidad con el artículo 3 sexies de dicho Reglamento.

61      Según el Tribunal General, una «prohibición de vuelos» contemplada en ese artículo 3 quinquies que tuviera efectos jurídicos obligatorios frente a terceros no podía derivarse, en cambio, de un acto imputable a la Comisión. Como se desprende, en esencia, de los apartados 45 a 48 del auto recurrido, al elaborar la lista controvertida, la Comisión, actuando de acuerdo con la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) y con la participación de las autoridades de los Estados miembros, se limitó, en efecto, a coordinar los flujos de información procedentes de diferentes fuentes sobre las aeronaves controladas o fletadas por personas o entidades rusas que podían estar sujetas a la prohibición de vuelo establecida en el artículo 3 quinquies de dicho Reglamento, con el fin de facilitar la aplicación de este artículo.

62      El Tribunal General precisó, a este respecto, en el apartado 47 del auto recurrido que, al no ser competente, en virtud del artículo 3 quinquies del Reglamento n.º 833/2014, para imponer una prohibición de vuelo a las aeronaves a las que se aplica ese artículo, la Comisión, al ejercer la función de organismo recopilador y de difusión de información, se limitaba a prestar una mera asistencia a los Estados miembros para el cumplimiento de sus funciones, de modo que son estos últimos los que adoptan decisiones coordinadas en cuanto al tratamiento de los planes de vuelo individuales. De ello se desprende, según el Tribunal General, que ni la elaboración de la lista controvertida ni, en consecuencia, la inclusión de las aeronaves individuales en dicha lista forman parte de una supuesta decisión adoptada por la Comisión, o en su nombre, que produzca efectos jurídicos obligatorios que afecten a la situación jurídica de la recurrente.

63      Pues bien, por lo que respecta, en primer término, al contexto jurídico en el que se inscribe la decisión controvertida, es preciso señalar que ni el alcance general de las disposiciones del artículo 3 quinquies del Reglamento n.º 833/2014 ni la constatación de que estas disposiciones pueden incluir medidas de ejecución que deben adoptar las autoridades nacionales competentes, en particular, en el marco del tratamiento de los planes de vuelo de los operadores de aeronaves individuales sujetos a la prohibición de vuelos establecida en dicho artículo permiten excluir que la decisión controvertida constituya un acto recurrible en anulación en virtud del artículo 263 TFUE. En efecto, este alcance y esta constatación no impiden que el mecanismo establecido por la Comisión y la AESA, con la participación de los Estados miembros, para coordinar los flujos de información procedentes de diferentes fuentes sobre las aeronaves controladas o fletadas por personas o entidades rusas haya podido dar lugar a la adopción, a escala de la Unión, de actos dirigidos a producir efectos jurídicos obligatorios relativos a la inclusión de las aeronaves de operadores de aeronaves individuales entre las aeronaves sujetas a la prohibición de vuelo, prevista en el citado artículo 3 quinquies, que sean imputables a la Comisión.

64      Es cierto que los artículos 3 quinquies y 3 sexies, apartado 1, de dicho Reglamento no establecen explícitamente que corresponda a la Comisión, tras evaluar el criterio de «control» ejercido por una persona física o jurídica, una entidad u organismo ruso, sobre los operadores de aeronaves, a que se refiere el artículo 3 quinquies de ese Reglamento, la obligación de incluir a los operadores de aeronaves individuales afectados en la lista controvertida. No obstante, la primera frase del artículo 3 sexies, apartado 1, del mismo Reglamento, según la cual «el gestor de la red nombrado por la Comisión con arreglo a [la] Decisión de Ejecución [2019/709] ayudará a la Comisión y a [los] Estados miembros a garantizar la aplicación y el cumplimiento del artículo 3 quinquies [del Reglamento n.º 833/2014]», sin conferir facultades de ejecución a la Comisión, alude, no obstante, a la existencia de determinadas responsabilidades que la Comisión debe asumir en el marco de la aplicación del citado artículo 3 quinquies. Además, de una lectura conjunta de las dos frases del artículo 3 sexies de ese Reglamento se desprende que tales responsabilidades están vinculadas a las tareas encomendadas a Eurocontrol, en su calidad de gestor de la red, en virtud del referido artículo 3 sexies, que incluyen, en particular, el rechazo de todos los planes presentados por operadores de aeronaves para el ejercicio de actividades en el territorio de la Unión que constituyan una infracción de ese Reglamento.

65      Por consiguiente, el contexto jurídico en el que se inscribe la decisión controvertida no podía justificar válidamente la calificación, por el Tribunal General, de la decisión controvertida como acto no recurrible en anulación en virtud del artículo 263 TFUE.

66      Por otra parte, el artículo 291 TFUE, apartado 2, prevé precisamente la atribución de competencias de ejecución a la Comisión o al Consejo, cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, en las condiciones definidas en esa disposición. El Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 215 TFUE no se opone a que un reglamento, adoptado tomando por base esa misma disposición, confiera competencias de ejecución a la Comisión o al Consejo en materia de medidas restrictivas, en las condiciones definidas en el artículo 291 TFUE, apartado 2, tanto a efectos de la elaboración de normas de aplicación como de la aplicación de normas a casos particulares mediante actos de alcance individual (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de marzo de 2016, National Iranian Oil Company/Consejo, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, apartados 34 a 36). Pues bien, la aplicación del artículo 3 quinquies del Reglamento n.º 833/2014, que establece la prohibición de que las aeronaves que cumplan los criterios allí enunciados «aterricen en el territorio de la Unión, despeguen desde este o lo sobrevuelen», exige condiciones uniformes de ejecución a escala de la Unión.

67      Por lo que respecta, en segundo término, a las facultades de la institución de la Unión autora del acto de que se trata, procede señalar que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General en el apartado 47 del auto recurrido, la constatación de que la Comisión no disponía de competencia para imponer una prohibición de vuelo a las aeronaves a las que se aplica el artículo 3 quinquies del Reglamento n.º 833/2014 no permite excluir que un acto que tenga como efecto jurídico obligatorio imponer dicha prohibición de vuelo a aeronaves de operadores de aeronaves individuales haya sido adoptado por la Comisión o en su nombre.

68      Seguir tal enfoque llevaría, en efecto, a sustraer del control del juez de la Unión los actos de la Unión viciados por un motivo de ilegalidad basado en la incompetencia de la institución que es su autora, ya que no constituirían, por esa misma razón, actos recurribles en anulación en virtud del artículo 263 TFUE. Tal resultado resultaría incompatible con el sistema del artículo 263 TFUE, que establece, en su párrafo segundo, que el Tribunal de Justicia será competente, en virtud de dicho artículo, para pronunciarse sobre los recursos interpuestos, en particular, «por incompetencia».

69      Por lo que respecta, en tercer término, al contexto fáctico en el que se inscribe la decisión controvertida, si bien el Tribunal General examinó las alegaciones contextuales de la recurrente relativas a la «conducta efectiva» de la DG «Movilidad y Transportes», de Eurocontrol y de la República Federal de Alemania en los apartados 50 a 52 del auto recurrido, apreciando, más concretamente, los correos electrónicos de 28 de marzo y de 25 de abril de 2023, enviados por el agente de la citada DG, a través de la dirección de correo funcional, adjuntos, respectivamente, en los anexos A.2 y A.4 a la demanda en primera instancia, consideró, en el apartado 49 de ese auto, que esas alegaciones no desvirtuaban la conclusión a la que había llegado en el apartado 48 de dicho auto, según la cual la decisión controvertida no producía efectos jurídicos obligatorios que afectaran a la situación jurídica de la recurrente.

70      Pues bien, contrariamente a lo que se desprende del apartado 50 del auto recurrido, los correos electrónicos enviados por el agente de la DG «Movilidad y Transportes», a través de la dirección de correo funcional, aluden a «decisiones» procedentes, en particular, de la Comisión y respaldan la tesis de que las explicaciones dadas por dicho agente de la Comisión en cuanto a las razones que justificaban la inclusión y el mantenimiento de las dos aeronaves de la recurrente en la lista controvertida se derivaban de una posición uniforme y coordinada adoptada a escala de la Unión, relativa a la inclusión de esas dos aeronaves en la lista controvertida, que podía imputarse a la Comisión.

71      En efecto, de los correos electrónicos del agente de la DG «Movilidad y Transportes» de 28 de marzo y 25 de abril de 2023, adjuntos, respectivamente, en los anexos A.2 y A.4 a la demanda en primera instancia, mencionados en los apartados 50 y 51 del auto recurrido, se desprende que dicho agente de la Comisión se encargó de responder, a través de la dirección de correo funcional, a las solicitudes de información y de reexamen presentadas por la recurrente en relación con las dos aeronaves, indicándole los motivos de la inclusión de esas dos aeronaves en la lista controvertida y comunicándole la denegación de sus solicitudes de información y de reexamen.

72      A este respecto, debe precisarse, por una parte, que, en su correo electrónico de 28 de marzo de 2023, la DG «Movilidad y Transportes» utiliza expresiones como «we have examined» (hemos examinado), «the following has been established» (se ha acreditado lo siguiente), «we see no other option but to continue with grounding of the aircraft» (no vemos otra solución que seguir inmovilizando las dos aeronaves). Por otra parte, el correo electrónico de la DG «Movilidad y Transportes» de 25 de abril de 2023 incluye expresiones como «we (and the relevant [M]ember States) normally base our decisions» [nosotros (y los Estados miembros afectados) solemos basar nuestras decisiones] y «we see no reason to lift the ban on these two aircrafts» (no vemos razón alguna para levantar la prohibición que se aplica a estas dos aeronaves).

73      Así pues, estos correos electrónicos dan a entender que la Comisión asumía, sola o conjuntamente con los Estados miembros, la responsabilidad de la adopción de las medidas restrictivas contra la recurrente, por lo que respecta tanto a la inclusión de las dos aeronaves en la lista controvertida como a su mantenimiento en esa misma lista.

74      Este análisis se ve corroborado, por una parte, por el correo electrónico de 20 de marzo de 2023, adjunto como anexo A.1 a la demanda en primera instancia, mencionado en los apartados 14 y 52 del auto recurrido, mediante el cual Eurocontrol, como gestor de la red, en respuesta a una solicitud de aclaraciones de la recurrente relativa al rechazo del plan de vuelo para la aeronave matriculada EX‑88012, mencionó la existencia de una lista de aeronaves comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 3 quinquies del Reglamento n.º 833/2014 que la Comisión le había facilitado e instó a la recurrente a dirigirse a la Comisión a través de la dirección de correo funcional, gestionada por la DG «Movilidad y Transportes», en caso de que deseara solicitar la retirada de la aeronave en cuestión de dicha lista.

75      Tal análisis se sustenta, por otra parte, en el correo electrónico del Ministerio de Digitalización y Transportes (Alemania) de 31 de julio de 2023, adjunto como anexo C.2 a las observaciones de la recurrente sobre la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión en primera instancia, mencionado en los apartados 31 y 52 del auto recurrido, en respuesta a un correo electrónico de la recurrente relativo a la posibilidad de acceder físicamente a las dos aeronaves para efectuar operaciones de mantenimiento. En efecto, el representante de dicho Ministerio precisó en ese correo electrónico de 31 de julio de 2023 que ya se había puesto en contacto con la Comisión para obtener aclaraciones complementarias sobre la propiedad de esas dos aeronaves y su inclusión en la lista controvertida.

76      Así pues, estos correos electrónicos de Eurocontrol y de las autoridades alemanas corroboran el análisis según el cual la Comisión desempeñaba una función preponderante en la inclusión de las dos aeronaves entre las aeronaves a las que se había impuesto una prohibición de vuelo en virtud del artículo 3 quinquies del Reglamento n.º 833/2014.

77      A este respecto, la Comisión reconoció en la vista, en respuesta a una pregunta del Tribunal de Justicia, que Eurocontrol no disponía de ninguna facultad discrecional para apartarse de las instrucciones de los Estados miembros en lo que respecta al tratamiento de los planes de vuelo de las aeronaves sujetas a una prohibición de vuelo en virtud del artículo 3 quinquies del Reglamento n.º 833/2014. Por el contrario, esta organización está obligada, sin perjuicio de las excepciones previstas en el artículo 3 quinquies, apartado 3, del Reglamento n.º 833/2014, a rechazar todos los planes de vuelo presentados por operadores de aeronaves individuales para el ejercicio de actividades en el territorio de la Unión que constituyan una infracción de esta prohibición, de conformidad con el artículo 3 sexies, apartado 1, segunda frase, de dicho Reglamento.

78      De ello se deduce que la inclusión de las dos aeronaves en la lista controvertida, que fija definitivamente la postura de la Comisión, a la que es imputable, vincula necesariamente a Eurocontrol en el marco del tratamiento de los planes de vuelo presentados por la recurrente y produce, por tanto, efectos jurídicos obligatorios al menos respecto a dicha organización.

79      En consecuencia, como ha subrayado en esencia el Abogado General en el punto 73 de sus conclusiones, la identificación, en la lista controvertida, de los operadores de aeronaves a los que se aplica la prohibición y cuyos planes de vuelo podrán ser rechazados posteriormente es un acto que posee sustantividad propia y del que emanan directamente efectos jurídicos obligatorios frente a terceros.

80      En estas circunstancias, del análisis del contexto fáctico en el que se inscribe la decisión controvertida se desprende que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General en los apartados 49 a 52 del auto recurrido, los documentos aportados a los autos de primera instancia y examinados por el Tribunal General corroboran la conclusión de que la decisión controvertida puede constituir un acto imputable a la Comisión mediante el cual esta se pronunció definitivamente sobre la inclusión de las dos aeronaves en la lista controvertida.

81      Por lo tanto, en los apartados 40 a 52 del auto recurrido, dedicados al análisis del contexto jurídico de la adopción de la decisión controvertida y de las facultades de la institución de la Unión que es su autora, así como al examen de las alegaciones de la recurrente en relación con el contexto fáctico en el que se inscribe dicha decisión, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al hacer prevalecer la circunstancia de que la Comisión no disponía de las facultades necesarias para adoptar un acto, relativo específicamente a la prohibición de vuelos de aeronaves enumeradas en la lista controvertida, sobre el conjunto de elementos aportados por la recurrente para demostrar que la Comisión había adoptado una decisión, que tenía efectos obligatorios frente a terceros, acerca de la inclusión de las dos aeronaves en esa lista.

82      Procede añadir que, contrariamente a lo que resulta, en particular, de los apartados 35, 39, 48 y 53 del auto recurrido, la conclusión que figura en el apartado 78 de la presente sentencia no queda desvirtuada por el hecho, suponiendo que esté acreditado, de que la decisión controvertida no produjera efectos jurídicos obligatorios «que afectaran a la situación jurídica de la recurrente».

83      En efecto, para determinar si un acto del que la parte recurrente no es destinataria, como la decisión controvertida, produce efectos jurídicos obligatorios y, por tanto, puede ser objeto de un recurso de anulación en virtud del artículo 263 TFUE no es necesario comprobar si estos pueden afectar a la situación jurídica de la parte recurrente, ya que tal comprobación solo es pertinente en el marco del examen del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, con arreglo a los cuales cualquier persona directa e individualmente afectada por un acto puede interponer un recurso de anulación cuando la citada disposición resulte aplicable. Por tanto, el carácter impugnable de un acto debe apreciarse objetivamente, en función de la esencia de este, y no en función de la parte recurrente (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de julio de 2022, Nord Stream 2/Parlamento y Consejo, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, apartado 63; de 13 de febrero de 2025, Swissgrid/Comisión, C‑121/23 P, EU:C:2025:83, apartado 46, y de 10 de febrero de 2026, WhatsApp Ireland/Comité Europeo de Protección de Datos, C‑97/23 P, EU:C:2026:81, apartado 68).

84      Por lo tanto, en los apartados 35, 39, 48 y 53 del auto recurrido, el Tribunal General expuso y aplicó un criterio jurídico erróneo, a saber, el de si el acto de que se trata producía efectos jurídicos obligatorios que pudieran afectar a los intereses de la recurrente, modificando sustancialmente su situación jurídica. De este modo, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al confundir las exigencias derivadas, respectivamente, del párrafo primero y del párrafo cuarto del artículo 263 TFUE.

85      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede estimar los motivos segundo y tercero del recurso de casación y anular el auto recurrido.

 Sobre el recurso ante el Tribunal General

86      De conformidad con el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En tal caso, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.

87      En el caso de autos, por lo que respecta a los motivos de inadmisibilidad primero a tercero invocados por la Comisión durante el procedimiento ante el Tribunal General, mediante los cuales la Comisión había alegado que la decisión controvertida no existía, no constituía un acto recurrible en anulación y no le era imputable, en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, el estado del litigio permite resolverlo.

88      En lo que atañe, más concretamente, al segundo motivo de inadmisibilidad invocado por la Comisión durante el procedimiento en primera instancia, basado en que la decisión controvertida no constituía un acto recurrible en anulación en virtud del artículo 263 TFUE, del apartado 50 de la presente sentencia se desprende que el examen de ese motivo requiere apreciar los efectos de esa decisión a la luz, en particular, del contenido concreto de esta. Pues bien, consta que dicha decisión no fue incorporada a los autos de primera instancia y que el Tribunal General no solicitó su presentación a las partes.

89      En estas circunstancias, mediante una diligencia de ordenación del procedimiento adoptada el 10 de septiembre de 2025, con arreglo al artículo 62, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, se instó a la Comisión a responder a preguntas para su respuesta escrita relativas, en particular, a la presentación de un extracto de la decisión controvertida, en la medida en que dicha decisión se refería a las dos aeronaves, o, en el supuesto de que tal decisión no existiera, a la de la lista controvertida, que la Comisión facilitó a Eurocontrol, mencionada en el correo electrónico de Eurocontrol de 20 de marzo de 2023.

90      El 7 de octubre de 2025, la Comisión respondió a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia afirmando que no existía ninguna «decisión» y presentando un extracto de la lista controvertida, que, sin embargo, a su juicio, carecía de carácter «decisorio».

91      A raíz de esta diligencia de ordenación del procedimiento y de la vista celebrada el 17 de diciembre de 2025, en la que las partes pudieron debatir de forma contradictoria los elementos de hecho y de Derecho pertinentes para el análisis del carácter de acto impugnable de la decisión controvertida, el Tribunal de Justicia dispone, por tanto, de los elementos necesarios para pronunciarse definitivamente sobre el segundo motivo de inadmisibilidad invocado por la Comisión durante el procedimiento en primera instancia.

92      En su respuesta a dicha diligencia de ordenación del procedimiento, la Comisión presentó un extracto no confidencial de la lista controvertida, que contiene la inclusión de las dos aeronaves, redactada, para cada una de esas dos aeronaves, en los siguientes términos:

«22.02.2023: Decisión de la Comisión de incluir la aeronave en la lista confirmada, basándose en las pruebas recopiladas por las autoridades alemanas durante la inspección y en otros recursos; Global 8 Airlines […] presta servicios a los pasajeros, de vuelos organizados desde Rusia a través de Minsk hacia la Unión Europea; dentro de Rusia, dentro de la Unión. Esta operación tampoco se ajusta a las normas de la “lista de seguridad” […].»

93      Este extracto se refiere expresamente a una «decisión», de la que «la Comisión» es autora, de fecha de «22 de febrero de 2023», relativa a la inclusión de las dos aeronaves en esa lista, que expone los motivos de inclusión de esas dos aeronaves en dicha lista, identificando las razones específicas y concretas por las que esas dos aeronaves debían ser objeto de medidas restrictivas.

94      Por consiguiente, tanto del citado extracto, que menciona la decisión controvertida, como de los motivos expuestos en los apartados 59 a 80 de la presente sentencia se desprende que esa decisión constituye un acto que produce efectos jurídicos obligatorios frente a terceros, con independencia de si dicha decisión tuvo como consecuencia modificar sustancialmente la situación jurídica de la recurrente.

95      En la medida en que la Comisión sostuvo en la vista ante el Tribunal de Justicia que su Colegio no había adoptado ninguna «decisión» que impusiera específicamente a las dos aeronaves una prohibición de vuelo enunciada en el artículo 3 quinquies del Reglamento n.º 833/2014, basta recordar que, según reiterada jurisprudencia, el hecho de que un acto no revista la forma de decisión formal de la Comisión no es determinante para su calificación como «acto impugnable», en el sentido del artículo 263 TFUE (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de noviembre de 1981, IBM/Comisión, 60/81, EU:C:1981:264, apartado 9, y de 17 de julio de 2008, Athinaïki Techniki/Comisión, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, apartados 44 y 59).

96      Por consiguiente, procede desestimar el segundo motivo de inadmisibilidad invocado por la Comisión y basado en que la decisión controvertida no constituía un acto recurrible en anulación en virtud del artículo 263 TFUE y, en consecuencia, el primer motivo de inadmisibilidad invocado por dicha institución, basado en que esa decisión no existía ni en modo alguno podía identificarse, al igual que el tercer motivo de inadmisibilidad invocado por la citada institución, basado en que los supuestos efectos de esa decisión no eran imputables a la Comisión, sino a los Estados miembros.

97      En cambio, el estado del litigio no permite resolverlo en lo que respecta a los motivos de inadmisibilidad cuarto, quinto y, en parte, sexto invocados por la Comisión, a los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, y a la cuestión de la competencia de la Comisión para adoptar la decisión controvertida, dado que estos aspectos del litigio implican apreciaciones jurídicas y fácticas que no han sido realizadas por el Tribunal General y que esos aspectos no han sido debatidos en el marco del procedimiento de casación.

98      Por lo que respecta, más concretamente, al sexto motivo de inadmisibilidad invocado por la Comisión, el Tribunal General se limitó a examinar la alegación de la Comisión según la cual el recurso carecía de objeto, habida cuenta de la prohibición general de explotación en la Unión, por motivos de seguridad, que afectaba a las compañías aéreas inscritas en el Registro de la República Kirguisa, en virtud del Reglamento (CE) n.º 1543/2006 de la Comisión, de 12 de octubre de 2006, que modifica el Reglamento (CE) n.º 474/2006, por el que se establece la lista comunitaria de las compañías aéreas objeto de una prohibición de explotación en la Comunidad, prevista en el capítulo II del Reglamento (CE) n.º 2111/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, y modificado por el Reglamento (CE) n.º 910/2006 (DO 2006, L 283, p. 27), alegación que desestimó en el apartado 34 del auto recurrido, pero que no agota este motivo de inadmisibilidad.

99      Además, en lo que atañe a los motivos de inadmisibilidad cuarto y quinto invocados por la Comisión, el Tribunal General no examinó las alegaciones formuladas por la Comisión, según las cuales, por una parte, el recurso en primera instancia se había interpuesto contra un acto erróneo y ante un órgano jurisdiccional incompetente para conocer del mismo y, por otra parte, y, en cualquier caso, suponiendo que se hubiera dirigido contra el acto pertinente, dicho recurso debería desestimarse por extemporáneo.

100    El Tribunal General tampoco examinó, por una parte, los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, que constituyen una causa de inadmisión de orden público que en todo momento incumbe examinar a los órganos jurisdiccionales de la Unión, incluso de oficio (sentencia de 27 de febrero de 2014, Stichting Woonpunt y otros/Comisión, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, apartado 45 y jurisprudencia citada), ni, por otra parte, el fondo del recurso interpuesto ante él y, en particular, la competencia del autor del acto, que constituye, en sí misma, un motivo de orden público (sentencia de 14 de diciembre de 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, apartado 32 y jurisprudencia citada).

101    Por lo tanto, procede desestimar la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión en la medida en que se refiere a sus motivos primero a tercero y devolver el asunto, en todo lo demás, al Tribunal General.

 Costas

102    Al haberse devuelto el asunto al Tribunal General, debe reservarse la decisión sobre las costas correspondientes al procedimiento de casación.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:

1)      Anular el auto del Tribunal General de 29 de abril de 2024, Global 8 Airlines/Comisión (T‑277/23, EU:T:2024:285).

2)      Desestimar la excepción de inadmisibilidad planteada por la Comisión Europea en la medida en que se refiere a sus motivos primero a tercero.

3)      Devolver el asunto, en todo lo demás, al Tribunal General.

4)      Reservar la decisión sobre las costas.

Firmas


*      Lengua de procedimiento: inglés.