Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 8 de octubre de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2003/88/CE — Artículo 2, punto 1 — Concepto de “tiempo de trabajo” — Artículo 6, letra b) — Duración máxima del tiempo de trabajo semanal — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Tiempo de trabajo de los bomberos — Tiempo de guardia en el lugar de trabajo que no se computa como tiempo de trabajo — Derecho a indemnización de un daño moral invocado contra un Estado miembro por incumplimiento del Derecho de la Unión — Requisitos — Método de cálculo de la indemnización del perjuicio sufrido por la infracción del artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88 — Principio de equivalencia — Principio de efectividad »
En el asunto C‑808/24 [Zálečta], (i)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Okresný súd Lučenec (Tribunal Comarcal de Lučenec, Eslovaquia), mediante resolución de 13 de noviembre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de noviembre de 2024, en el procedimiento entre
M. R.
y
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. F. Biltgen, Presidente de Sala, y los Sres. S. Gervasoni, y A. Kumin, la Sra. I. Ziemele (Ponente) y el Sr. M. Bošnjak, Jueces;
Abogado General: Sr. J. Richard de la Tour;
Secretario: Sr. V. Di Bucci;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre del Gobierno eslovaco por la Sra. E. V. Larišová y el Sr. A. Lukáčik, en calidad de agentes;
– en nombre de Irlanda, por la Sra. M. Browne, Chief State Solicitor, y la Sra. A. Burke y el Sr. A. Joyce, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. D. Ryan, BL;
– en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. D. Recchia, el Sr. A. Tokár y la Sra. F. van Schaik, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 19 de marzo de 2026;
dicta la siguiente
Sentencia
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, punto 1, y 6, letra b), de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9).
2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre M. R., bombero y socorrista, y el Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerio del Interior de la República Eslovaca) en relación con la indemnización del daño moral supuestamente sufrido por M. R. debido a la transposición incorrecta por la República Eslovaca de la Directiva 2003/88 al ordenamiento jurídico de dicho Estado miembro.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3 El artículo 2 de la Directiva 2003/88, que lleva por título «Definiciones», establece cuanto sigue en sus puntos 1 y 2:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1) tiempo de trabajo: todo período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales;
2) período de descanso: todo período que no sea tiempo de trabajo».
4 El artículo 6 de esta Directiva, que lleva por título «Duración máxima del tiempo de trabajo semanal», tiene el siguiente tenor:
«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, en función de las necesidades de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores:
a) se limite la duración del tiempo de trabajo semanal por medio de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas o de convenios colectivos o acuerdos celebrados entre interlocutores sociales;
b) la duración media del trabajo no exceda de 48 horas, incluidas las horas extraordinarias, por cada período de siete días.»
Derecho eslovaco
5 A tenor del artículo 85, apartado 1, de la zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore (Ley n.º 315/2001 relativa al cuerpo de extinción de incendios y salvamento), de 2 de julio de 2001:
«El tiempo de trabajo de un miembro [del cuerpo de extinción de incendios y salvamento] es el período durante el cual realiza actividades de servicio público y está a disposición de la autoridad de servicio público.»
6 El artículo 86, apartado 2, de esta Ley dispone cuanto sigue:
«En caso de distribución desigual del tiempo de trabajo, la duración del tiempo de servicio no podrá exceder de 18 horas por día de servicio. La duración total de la ejecución de la actividad de servicio público y del tiempo de guardia obligatorio inmediatamente posterior en el lugar de ejecución de la actividad de servicio público no podrá superar las 24 horas por día de servicio.»
7 El artículo 92, apartado 1, de dicha Ley establece lo siguiente:
«La autoridad de servicio público asignará al miembro [del cuerpo de extinción de incendios y salvamento] el tiempo de guardia en el marco de la actividad de servicio público en el lugar de ejecución de dicha actividad, inmediatamente después de la ejecución de tal actividad con arreglo al artículo 86, apartado 2, en el contexto de la distribución del tiempo de servicio.»
8 Según el artículo 122, apartado 3, de la citada Ley:
«La remuneración del tiempo de guardia […] no se abonará por los períodos en los que se haya realizado una actividad de servicio público; la actividad de servicio público efectuada en estas circunstancias dará lugar a horas extraordinarias.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
9 M. R., miembro del cuerpo de extinción de incendios y salvamento del municipio de Lučenec (Eslovaquia), considera que el tiempo de guardia que efectuó en su lugar de trabajo no se asimila a tiempo de trabajo, lo que infringe los artículos 2, punto 1, y 6, letra b), de la Directiva 2003/88. Por lo tanto, alega haber sufrido un perjuicio moral debido a la transposición incorrecta de dicho artículo 2, punto 1, al ordenamiento jurídico eslovaco, que tuvo como consecuencia que se incumpliera en su caso la duración máxima del tiempo de trabajo semanal tal como se determina en el citado artículo 6, letra b). Tales infracciones vulneraron, en particular, su derecho al respeto de su vida privada y familiar.
10 M. R. interpuso un recurso ante el Okresný súd Lučenec (Tribunal Comarcal de Lučenec, Eslovaquia), con el fin de obtener una indemnización por el perjuicio moral sufrido debido a la vulneración de su derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su derecho a un descanso adecuado después del trabajo y a la protección de la seguridad y la salud en el trabajo. En cambio, no solicitó indemnización por las horas de guardia no computadas en su tiempo de trabajo, que en su caso dieron lugar a que superara el límite de 48 horas establecido en el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88 por lo que respecta a la duración máxima del tiempo de trabajo semanal.
11 Mediante sentencia de 20 de diciembre de 2023, dicho tribunal declaró que la normativa eslovaca recogía la posibilidad de no computar, como tiempo de trabajo, el tiempo de guardia efectuado por un bombero tanto en su lugar de trabajo como en su domicilio, lo que infringía el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88, tal como lo interpretó el Tribunal de Justicia en la sentencia de 21 de febrero de 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82). A este respecto, el Okresný súd Lučenec (Tribunal Comarcal de Lučenec) señaló que, para obtener una indemnización, no bastaba con que el tiempo de guardia no se hubiera computado como tiempo de trabajo, en el sentido del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88. Además, era necesario que el tiempo de trabajo, incluido el tiempo de guardia, superara la duración máxima del tiempo de trabajo semanal establecida en el artículo 6, letra b), de dicha Directiva.
12 Sobre este particular, el Okresný súd Lučenec (Tribunal Comarcal de Lučenec) declaró que, durante el período de referencia de que se trata, de seis meses, la duración del tiempo de trabajo de M. R., incluido el tiempo de guardia efectuado por este, superaba en 28 días el número de días de trabajo que podía efectuarse durante ese período, infringiendo así el artículo 6, letra b), de la citada Directiva, y que ese exceso había debido repercutir objetivamente en la vida privada y familiar de M. R.
13 En consecuencia, dicho tribunal ordenó a la República Eslovaca que abonara a M. R. una indemnización como reparación de su daño moral, calculada teniendo en cuenta, por un lado, la magnitud de dicho exceso y, por otro, la pérdida de la esperanza de que se modificara la normativa nacional, dado que no se había producido tal modificación a pesar de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia derivada, en particular, de la sentencia de 21 de febrero de 2018, Matzak (C‑518/15, EU:C:2018:82).
14 El Ministerio del Interior de la República Eslovaca recurrió en apelación esta sentencia ante el Krajský súd v Banskej Bystrici (Tribunal Regional de Banská Bystrica, Eslovaquia), el cual, mediante auto de 30 de mayo de 2024, anuló dicha sentencia debido a que el Okresný súd Lučenec (Tribunal Comarcal de Lučenec) se había pronunciado ultra petita, ya que M. R. no había invocado ante ese tribunal ni un derecho basado en la pérdida de la esperanza de que se modificara la normativa nacional ni un derecho a la reparación del daño moral derivado del número de horas trabajadas por encima del límite establecido en el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88. Considero que M. R. únicamente había alegado haber sufrido un perjuicio moral, en particular debido a que no se computó como tiempo de trabajo el tiempo de guardia que había efectuado durante el período en cuestión. Además, el Krajský súd v Banskej Bystrici (Tribunal Regional de Banská Bystrica) estimó que el daño moral causado por la incompatibilidad del Derecho nacional con el artículo 2, punto 1, de dicha Directiva debía dar lugar a indemnización sin necesidad de constatar una infracción del artículo 6, letra b), de la citada Directiva.
15 El Krajský súd v Banskej Bystrici (Tribunal Regional de Banská Bystrica) devolvió el asunto al Okresný súd Lučenec (Tribunal Comarcal de Lučenec), que es el tribunal remitente, el cual alberga dudas sobre la interpretación de los artículos 2, punto 1, y 6, letra b), de la Directiva 2003/88. Este tribunal se pregunta, en esencia, si, como parece haber admitido el Krajský súd v Banskej Bystrici (Tribunal Regional de Banská Bystrica), para que M. R. obtenga reparación de su daño moral basta con que su tiempo de guardia no haya sido computado como tiempo de trabajo, infringiendo el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88, o si es necesario que también se haya incumplido el límite de 48 horas en un período de siete días establecido en el artículo 6, letra b), de dicha Directiva.
16 Según el tribunal remitente, el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88 solo contiene una definición del concepto de «tiempo de trabajo», mientras que el artículo 6, letra b), de esa Directiva establece expresamente la prohibición de sobrepasar los límites establecidos en cuanto a la duración máxima del tiempo de trabajo semanal, en el sentido en el que se define este concepto. Así pues, dicho tribunal considera que únicamente existe un derecho a indemnización de los interesados en caso de infracción del artículo 6, letra b), en relación con el artículo 2, punto 1, y no en caso de infracción de esta última disposición considerada de forma aislada.
17 En estas circunstancias, el Okresný súd Lučenec (Tribunal Comarcal de Lučenec) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) El hecho de que, con arreglo a la legislación nacional, el tiempo de guardia de un empleado no se compute como tiempo de trabajo, en contra de lo dispuesto en el artículo 2, punto 1, de la Directiva [2003/88], ¿sirve de base para una reclamación de daños y perjuicios contra un Estado miembro por infracción del Derecho de la Unión sin que sea necesario demostrar que, en relación con el empleado, se ha infringido simultáneamente el artículo 6, letra b), de dicha Directiva?
2) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿debe el órgano jurisdiccional nacional, al determinar la cuantía de la indemnización adecuada, tener en cuenta el número de horas de guardia que, como consecuencia de la legislación nacional, no se incluyeron en el tiempo de trabajo del trabajador, o debe determinarse la cuantía de la indemnización a cargo del Estado miembro con respecto a la duración de la situación ilegal resultante de la legislación nacional que permite no computar el tiempo de guardia como tiempo de trabajo del trabajador, en contra de lo dispuesto en la Directiva mencionada?
3) En caso de respuesta negativa a la [primera cuestión], ¿debe el órgano jurisdiccional nacional, para determinar la cuantía de la indemnización adecuada, tener en cuenta el número de horas durante el cual se ha infringido el artículo 6, letra b), de la Directiva, o debe determinarse la cuantía de la indemnización a cargo del Estado miembro en función de la duración de la situación ilícita resultante de una normativa nacional que permite que el servicio de guardia no se compute como parte del tiempo de trabajo del trabajador, en contra de lo dispuesto en la Directiva 2003/88?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Observaciones preliminares
18 Con carácter preliminar, es preciso recordar que el principio de responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por infracciones del Derecho de la Unión que le son imputables es inherente al sistema de los Tratados en los que esta se funda (sentencia de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros, C‑6/90 y C‑9/90, EU:C:1991:428, apartado 35, y de 8 de septiembre de 2026, Ferreira da Silva e Brito y otros, C‑293/24, EU:C:2026:723, apartado 42).
19 Este principio es válido para cualquier supuesto de infracción del Derecho de la Unión por parte de un Estado miembro, independientemente de cuál sea el órgano del Estado miembro a cuya acción u omisión se deba la infracción, incluido el legislador nacional, y de cuál sea la autoridad pública que deba, en principio, asumir la carga de la reparación de tales daños con arreglo al Derecho del Estado miembro de que se trate [véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, C‑46/93 y C‑48/93, EU:C:1996:79, apartados 32 y 63, y de 28 de junio de 2022, Comisión/España (Infracción del Derecho de la Unión por el legislador), C‑278/20, EU:C:2022:503, apartado 30 y jurisprudencia citada].
20 En cuanto a los requisitos para que el Estado incurra en responsabilidad por los daños causados a los particulares como consecuencia de las infracciones del Derecho de la Unión que le sean imputables, el Tribunal de Justicia ha declarado de manera reiterada que los particulares perjudicados tienen derecho a indemnización cuando se cumplen tres requisitos: que la norma infringida del Derecho de la Unión tenga por objeto conferirles derechos, que la infracción de esta norma esté suficientemente caracterizada y que exista una relación de causalidad directa entre tal infracción y el perjuicio sufrido por esos particulares (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, C‑46/93 y C‑48/93, EU:C:1996:79, apartado 51, y de 8 de septiembre de 2026, Ferreira da Silva e Brito y otros, C‑293/24, EU:C:2026:723, apartado 44).
21 Estos tres requisitos son necesarios y suficientes para generar, en favor de los particulares, un derecho a obtener reparación, sin excluir, no obstante, que, con arreglo al Derecho nacional, el Estado pueda incurrir en responsabilidad en virtud de requisitos menos restrictivos [sentencia de 28 de junio de 2022, Comisión/España (Infracción del Derecho de la Unión por el legislador), C‑278/20, EU:C:2022:503, apartado 32 y jurisprudencia citada].
22 Sin perjuicio del derecho a indemnización que está basado directamente en el Derecho de la Unión desde el momento en que se reúnen los tres requisitos mencionados en el apartado 20 de la presente sentencia, incumbe al Estado, en el marco del Derecho nacional en materia de responsabilidad, reparar las consecuencias del perjuicio causado, entendiéndose que los requisitos establecidos por las legislaciones nacionales en materia de indemnización de daños no pueden ser menos favorables que los que se aplican a reclamaciones semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia) y no pueden articularse de manera que hagan en la práctica imposible o excesivamente difícil obtener la indemnización (principio de efectividad) [sentencia 28 de junio de 2022, Comisión/España (Infracción del Derecho de la Unión por el legislador), C‑278/20, EU:C:2022:503, apartado 33 y jurisprudencia citada].
23 Las cuestiones prejudiciales planteadas por el tribunal remitente deben responderse a la luz de los principios recordados en los apartados 18 a 22 de la presente sentencia.
Primera cuestión prejudicial
24 Mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que tiene por objeto conferir derechos a los particulares, de modo que su infracción por un Estado miembro puede otorgarles un derecho a indemnización sobre la base del Derecho de la Unión, sin que se les exija que demuestren la infracción concomitante del artículo 6, letra b), de dicha Directiva.
25 En primer lugar, el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88 define el concepto de «tiempo de trabajo» como «todo período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones». Según el artículo 2, punto 2, de esta Directiva, el concepto de «período de descanso» se define como «todo período que no sea tiempo de trabajo».
26 En segundo lugar, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que los conceptos de «tiempo de trabajo» y de «período de descanso», en el sentido de la Directiva 2003/88, constituyen conceptos del Derecho de la Unión que es preciso definir según características objetivas, refiriéndose al sistema y a la finalidad de dicha Directiva, que es establecer unas disposiciones mínimas destinadas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. En efecto, solo una interpretación autónoma semejante puede garantizar la plena eficacia de dicha Directiva y una aplicación uniforme de los mencionados conceptos en la totalidad de los Estados miembros (sentencia de 9 de octubre de 2025, STAS‑IV, C‑110/24, EU:C:2025:768, apartado 22 y jurisprudencia citada).
27 En tercer lugar, el Tribunal de Justicia ha subrayado que el artículo 2 de la Directiva 2003/88 no figura entre las disposiciones de esta en relación con las cuales puede establecerse una excepción (sentencia de 9 de octubre de 2025, STAS‑IV, C‑110/24, EU:C:2025:768, apartado 23 y jurisprudencia citada).
28 De lo anterior se deduce que el concepto de «tiempo de trabajo» constituye uno de los conceptos fundamentales en los que se basa el conjunto de disposiciones de la Directiva 2003/88 y que la conformidad del Derecho nacional con la definición de dicho concepto es indispensable para la correcta aplicación de ese conjunto de disposiciones.
29 Sin embargo, del tenor del artículo 2, punto 1, de dicha Directiva no cabe deducir que esta disposición, per se, tenga por objeto conferir derechos a los particulares, de modo que su infracción por un Estado miembro pueda otorgar a los particulares un derecho a indemnización por parte de dicho Estado miembro por tal infracción. En efecto, el artículo 2 de la citada Directiva, como indica su título, se limita a definir, en su punto 1, el concepto de «tiempo de trabajo» a efectos de esa misma Directiva como «todo período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales», sin implicar una atribución de derechos a favor de los particulares ni obligaciones positivas o negativas a cargo de los particulares, los Estados miembros o las instituciones de la Unión, en el sentido de la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia, derivada en particular de la sentencia de 5 de marzo de 2024, Kočner/Europol (C‑755/21 P, EU:C:2024:202), apartado 119 y jurisprudencia citada.
30 Por consiguiente, resulta que, en caso de infracción únicamente del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88, no se cumple el primer requisito para que se genere la responsabilidad del Estado miembro, mencionado en el apartado 20 de la presente sentencia.
31 No obstante, es preciso recordar, a todos los efectos pertinentes, que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Derecho de la Unión no excluye en absoluto la posibilidad de que el Estado pueda incurrir en responsabilidad por infringir este Derecho en virtud de requisitos menos restrictivos establecidos con arreglo al Derecho nacional (sentencia de 25 de noviembre de 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, apartado 66), extremo que corresponderá al tribunal remitente comprobar en el caso de autos.
32 En consecuencia, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que no tiene por objeto conferir derechos a los particulares, de modo que su infracción por un Estado miembro no puede otorgarles un derecho a indemnización sobre la base del Derecho de la Unión.
Segunda cuestión prejudicial
33 Dado que el tribunal remitente ha planteado la segunda cuestión prejudicial en caso de respuesta afirmativa a la primera, no procede responderla.
Tercera cuestión prejudicial
34 Mediante su tercera cuestión prejudicial, que se plantea en caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que la reparación, a cargo de los Estados miembros, de los daños morales que hayan causado a los particulares por la infracción de esta disposición debe determinarse conforme al Derecho nacional, teniendo en cuenta el número de horas efectuado por encima del límite establecido en dicha disposición o la duración del incumplimiento del Derecho de la Unión resultante del hecho de que la normativa nacional de que se trate no prevea el cómputo del tiempo de guardia como «tiempo de trabajo», en el sentido del artículo 2, punto 1, de dicha Directiva.
35 Para responder a esta cuestión prejudicial, corresponde al tribunal remitente comprobar si concurren, en el caso de autos, los requisitos para que se genere la responsabilidad del Estado, recordados en el apartado 20 de la presente sentencia.
36 A este respecto, por lo que se refiere al primer requisito para que se genere la responsabilidad del Estado —a saber, que la norma infringida del Derecho de la Unión tenga por objeto conferir derechos a los particulares—, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88 constituye una regla de Derecho social de la Unión que confiere a los particulares derechos que pueden invocar directamente ante los tribunales nacionales, debido a que impone a los Estados miembros un límite máximo a la duración media del tiempo de trabajo semanal del que debe disfrutar todo trabajador como disposición mínima (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y otros, C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, apartado 100, y de 25 de noviembre de 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, apartados 49 y 50).
37 Así pues, siempre que M. R. haya basado su recurso no solo en la infracción del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88, sino también en la infracción de su artículo 6, letra b), extremo que corresponde comprobar al tribunal remitente, resulta cumplido el primer requisito para que se genere la responsabilidad de la República Eslovaca.
38 Por lo que respecta al segundo requisito para que se genere la responsabilidad del Estado, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el criterio decisivo para considerar que una infracción del Derecho de la Unión está suficientemente caracterizada es la inobservancia manifiesta y grave de los límites de la facultad de apreciación que establece la norma infringida. Cuando la autoridad de que se trate solo dispone de un margen de apreciación muy reducido, o incluso inexistente, la mera infracción del Derecho de la Unión puede bastar para demostrar la existencia de una infracción suficientemente caracterizada de ese Derecho. La apreciación que ha de efectuarse requiere tomar en consideración el ámbito, las circunstancias y el contexto en los que la obligación de que se trate se impone a la autoridad sujeta a ella. Además, procede tener en cuenta, entre otros factores, el grado de claridad y de precisión de la norma infringida y la amplitud del margen de apreciación que dicha norma deja a la autoridad de que se trate, la complejidad de la situación que debe ser regulada y las dificultades de aplicación o de interpretación de los textos (sentencia de 5 de marzo de 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, apartados 126 a 128 y jurisprudencia citada).
39 En cualquier caso, una violación del Derecho de la Unión debe considerarse suficientemente caracterizada cuando se ha producido con inobservancia manifiesta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia (sentencia de 25 de noviembre de 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, apartado 52, y, en este sentido, sentencia de 1 de agosto de 2025, Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth y otros, C‑97/24, EU:C:2025:594, apartado 30 y jurisprudencia citada).
40 De las indicaciones contenidas en la resolución de remisión se desprende que el tiempo de guardia efectuado por M. R. durante el período en cuestión, comprendido entre el 1 de agosto de 2020 y el 30 de junio de 2023, no se consideraba «tiempo de servicio», en el sentido del Derecho eslovaco. De dicha resolución se desprende asimismo que, durante el período de referencia de seis meses de que se trata, la duración del tiempo de trabajo de M. R. había superado el límite máximo de 48 horas por cada período de siete días, establecido en el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88, infringiendo dicha disposición.
41 A este respecto, procede recordar que, durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2020 y el 30 de junio de 2023, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al concepto de «tiempo de trabajo», en particular por lo que se refiere a los bomberos, ya estaba consolidada. En particular, el Tribunal de Justicia ha declarado que «las actividades desarrolladas por las fuerzas de intervención de un servicio público de bomberos […] están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/88, de modo que, en principio, el artículo 6, letra b), de esta se opone a que se supere el tope de 48 horas previsto para la duración máxima de trabajo semanal, incluyendo los servicios de guardia» (sentencia de 25 de noviembre de 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, apartado 57).
42 Por otra parte, el Tribunal de Justicia también ha precisado, como se ha mencionado en el apartado 27 de la presente sentencia, que el artículo 2 de la Directiva 2003/88, en el que se definen los conceptos de «tiempo de trabajo» y de «período de descanso», no figura entre las disposiciones de esta en relación con las cuales puede establecerse una excepción (sentencias de 10 de septiembre de 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones Obreras, C‑266/14, EU:C:2015:578, apartado 28 y jurisprudencia citada, y de 9 de octubre de 2025, STAS‑IV, C‑110/24, EU:C:2025:768, apartado 23 y jurisprudencia citada).
43 Si resultara, a la luz de la jurisprudencia recordada en los apartados 41 y 42 de la presente sentencia, que el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88 durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2020 y el 30 de junio de 2023 se produjo en clara contravención de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, extremo que corresponde comprobar al tribunal remitente, quedaría acreditada la existencia de una infracción suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión.
44 En consecuencia, se cumpliría el segundo requisito para que se genere la responsabilidad del Estado, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 20 de la presente sentencia.
45 Por lo que se refiere al tercer requisito para que se genere la responsabilidad del Estado por infracción del Derecho de la Unión, corresponde al tribunal remitente comprobar si, como parece resultar de la resolución de remisión, existe una relación de causalidad entre la superación del tiempo de trabajo establecido en el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88 y el daño moral cuya reparación solicita M. R.
46 Por lo que respecta a las modalidades de indemnización del daño moral sufrido por el incumplimiento del Derecho de la Unión, procede señalar, en primer término, que la Directiva 2003/88 no establece ninguna regla específica relativa a la reparación del daño que puedan sufrir los trabajadores como consecuencia de una infracción de las disposiciones mínimas que contiene, concretamente en cuanto a la duración del tiempo de trabajo. En consecuencia, no puede deducirse de las disposiciones de dicha Directiva que esta dé preferencia a una forma de indemnización con respecto a otras (véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de noviembre de 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, apartados 44, 96 y 98, y de 20 de junio de 2024, Artemis security, C‑367/23, EU:C:2024:529, apartados 26 y 27).
47 En segundo término, a falta de disposiciones del Derecho de la Unión en este ámbito, incumbe al Estado, con arreglo al Derecho nacional en materia de responsabilidad, reparar las consecuencias del perjuicio causado, entendiéndose que los requisitos establecidos por las legislaciones nacionales en materia de indemnización de daños ni pueden ser menos favorables que los que se aplican a reclamaciones semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia) ni pueden articularse de manera que hagan en la práctica imposible o excesivamente difícil obtener la indemnización (principio de efectividad) [sentencias de 25 de noviembre de 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, apartado 62, y de 28 de junio de 2022, Comisión/España (Infracción del Derecho de la Unión por el legislador), C‑278/20, EU:C:2022:503, apartados 176 a 184].
48 En tercer término, el Tribunal de Justicia ha declarado que la reparación de los daños causados a los particulares por infracciones del Derecho de la Unión debe ser adecuada en relación con el perjuicio sufrido, de forma que permita garantizar una tutela efectiva de sus derechos (sentencia de 25 de noviembre de 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, apartado 92).
49 En estas circunstancias, corresponde a los Estados miembros, de conformidad con dichos principios, por un lado, determinar si la reparación del daño causado a un particular por la infracción de lo dispuesto en la Directiva 2003/88 debe adoptar la forma de una indemnización económica y, por otro lado, definir las reglas relativas al procedimiento de cálculo de dicha reparación (véase, por analogía, la sentencia de 25 de noviembre de 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, apartado 94).
50 Por lo que respecta, más concretamente, a las modalidades de la reparación, a cargo de los Estados miembros, de los daños que estos han causado a los particulares por la infracción del artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88, deben determinarse, conforme al Derecho nacional, no en función de la duración del incumplimiento del Derecho de la Unión resultante del hecho de que la normativa nacional de que se trate no prevea el cómputo del tiempo de guardia como «tiempo de trabajo», en el sentido del artículo 2, punto 1, de esa Directiva, sino en función del perjuicio efectivo y concreto sufrido por los particulares afectados que guarde una relación de causalidad directa con la infracción del artículo 6, letra b), de dicha Directiva y respetando los principios de equivalencia y de efectividad.
51 En el caso de autos, podría tenerse en cuenta, en particular, el número de horas efectuadas por encima del límite establecido en el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88, que puede repercutir en la vida privada y familiar de M. R., como se desprende de la resolución de remisión.
52 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que la reparación, a cargo de los Estados miembros, de los daños morales que hayan causado a los particulares por la infracción de esta disposición debe determinarse conforme al Derecho nacional no en función de la duración del incumplimiento del Derecho de la Unión resultante del hecho de que la normativa nacional de que se trate no prevea el cómputo del tiempo de guardia como «tiempo de trabajo», en el sentido del artículo 2, punto 1, de esa Directiva, sino en función del perjuicio efectivo y concreto sufrido por los particulares afectados que guarde una relación de causalidad directa con la infracción del artículo 6, letra b), de dicha Directiva y respetando los principios de equivalencia y de efectividad.
Costas
53 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el tribunal remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
1) El artículo 2, punto 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo,
debe interpretarse en el sentido de que
no tiene por objeto conferir derechos a los particulares, de modo que su infracción por un Estado miembro no puede otorgarles un derecho a indemnización sobre la base del Derecho de la Unión.
2) El artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88
debe interpretarse en el sentido de que
la reparación, a cargo de los Estados miembros, de los daños morales que hayan causado a los particulares por la infracción de esta disposición debe determinarse conforme al Derecho nacional no en función de la duración del incumplimiento del Derecho de la Unión resultante del hecho de que la normativa nacional de que se trate no prevea el cómputo del tiempo de guardia como «tiempo de trabajo», en el sentido del artículo 2, punto 1, de esa Directiva, sino en función del perjuicio efectivo y concreto sufrido por los particulares afectados que guarde una relación de causalidad directa con la infracción del artículo 6, letra b), de dicha Directiva y respetando los principios de equivalencia y de efectividad.
Firmas
* Lengua de procedimiento: eslovaco.
i La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.