C-364/98 P(R)61998O03640028.000188171884024CJAUTO DE 17.12.1998 — ASUNTO C-364/98 P(R)EMESA SUGAR / COMISIÓN<TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Presidente del Tribunal de Justicia</HT></P><P>de <DATE ISO="19981217">17 de diciembre de 1998</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: neerlandés.</P></NOTE></P></TI>

En el asunto C-364/98 P(R),

Emesa Sugar (Free Zone) NV, sociedad de Aruba, con domicilio en Oranjestad (Aruba), representada por el Sr. G. van der Wal, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de M e Aloyse May, 31, Grand-Rue,

parte recurrente,

apoyada por

Gobierno de Aruba, representado por los Sres. P. V. F. Bos y M. M. Slotboom, Abogados de Rotterdam, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de M e M. Loesch, 11, me Goethe,

parte coadyuvante en primera instancia,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra el auto dictado por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas el 14 de agosto de 1998, Emesa Sugar/Comisión (T-44/98 R, Rec. p. II-3079), en el que se solicita que se anule dicho auto, que se estime la demanda presentada en primera instancia o, con carácter subsidiario, que se devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que resuelva de nuevo, y la condena en costas de la Comisión,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. T. van Rijn, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada en primera instancia,

apoyada por

Consejo de la Unión Europea, representado por los Sres. J. Huber y G. Houttuin, Consejeros Jurídicos, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. A. Morbilli, Director General de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Banco Europeo de Inversiones, 100, boulevard Konrad Adenauer,

por

Reino de España, representado por la Sra. M. López-Monís Gallego, Abogado del Estado, del Servicio Jurídico del Estado, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de España, 4-6, boulevard E. Servais,

y por

República Francesa,

partes coadyuvantes en primera instancia,

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

oído el Abogado General, Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

dicta el siguiente

<TI><P>Auto</P></TI>1Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de octubre de 1998, Emesa Sugar (Free Zone) NV interpuso, con arreglo al párrafo segundo del artículo 50 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, un recurso de casación contra el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 14 de agosto de 1998, Emesa Sugar/Comisión (T-44/98 R, Rec. p. II-3079; en lo sucesivo, auto impugnado), por el que se desestimó su demanda de medidas provisionales.2La recurrente solicita la anulación del auto impugnado y, con carácter principal, que se estime su demanda tal como se formuló en primera instancia o, con carácter subsidiario, la devolución del asunto al Presidente del Tribunal de Primera Instancia para que resuelva de nuevo, así como la imposición a la Comisión de las costas de ambos procedimientos.3Mediante escritos presentados en la Secretaría los días 30 de octubre y 10 de noviembre de 1998, el Consejo y el Reino de España presentaron sus observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia. La Comisión y el Gobierno de Aruba hicieron lo mismo mediante escritos presentados el 17 de noviembre de 1998. La República Francesa no ha presentado observaciones dentro del plazo señalado.<TI><P>Marco jurídico, hechos y procedimiento</P></TI>4El marco jurídico y los hechos que originaron el litigio se exponen en el auto impugnado de la siguiente manera:

1.La isla de Aruba forma parte de los países y territorios de Ultramar (en lo sucesivo, PTU) asociados a la Comunidad. La asociación de los PTU a la Comunidad se rige por la Cuarta Parte del Tratado CE y por la Decisión 91/482/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1991, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Económica Europea (DO L 263, p. 1; en lo sucesivo, Decisión PTU), adoptada conforme al párrafo segundo del artículo 136 del Tratado.2.El apartado 1 del artículo 133 del Tratado establece que las importaciones de mercancías originarias de los PTU se beneficiarán, a su entrada en los Estados miembros, de la supresión total de los derechos de aduana llevada a cabo entre los Estado miembros de acuerdo con las disposiciones del Tratado.3.En su versión inicial, el apartado 1 del artículo 101 de la Decisión PTU disponía lo siguiente:

Los productos que sean originarios de los PTU serán admitidos a su importación en la Comunidad con exención de derechos de aduana y de exacciones de efecto equivalente.

4.El artículo 102 de la misma Decisión establecía:

La Comunidad no aplicará a la importación de los productos originarios de los PTU restricciones cuantitativas ni medidas de efecto equivalente.

5.El primer guión del apartado 1 del artículo 108 de la Decisión PTU remite al Anexo II de ésta (en lo sucesivo, Anexo II) en lo que respecta a la noción de productos originarios y a los métodos de cooperación administrativa relacionados con ellos.6.Según el artículo 1 del Anexo II se considerarán productos originarios de los PTU, de la Comunidad o de los Estados de Africa, del Caribe y del Pacífico (en lo sucesivo, Estados ACP), los productos que se hayan obtenido totalmente o que se hayan transformado suficientemente en los mismos.7.El apartado 2 del artículo 6 del mismo Anexo precisa que cuando un producto totalmente obtenido en la Comunidad o en los Estados ACP sea objeto de elaboración o transformación en los PTU, se considerará que ha sido obtenido en los PTU. Conforme a esta regla, denominada de acumulación del origen ACP/PTU, el azúcar originaria de los Estados ACP que había sido sometido a elaboración o transformación en los PTU podía importarse libremente a la Comunidad con exención de derechos de aduana.8.Según el apartado 1 del artículo 240 de la Decisión PTU, ésta es aplicable por un período de diez años a partir del 1 de marzo de 1990. No obstante, las letras a) y b) del apartado 3 de dicho artículo establecen que antes de la expiración del primer período de cinco años, el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, adoptará, además de las ayudas financieras de la Comunidad para un período de cinco años, las posibles modificaciones de la Decisión PTU que consideren necesarias las autoridades competentes de los PTU o, en su caso, las modificaciones que pueda proponer la Comisión sobre la base de su propia experiencia o del vínculo con modificaciones en curso de negociación entre la Comunidad y los Estados ACP.9.En una comunicación al Consejo sobre la revisión intermedia de la asociación de los PTU a la Comunidad [documento COM(94) 538 final, de 21 de diciembre de 1994], la Comisión recomendó diversos ajustes de dicha asociación.10.El 16 de febrero de 1996, presentò al Consejo una Propuesta de Decisión por la que se efectúa una revisión intermedia de la Decisión PTU (DO C 139, p. 1). En los considerandos sexto y séptimo de dicha propuesta se hacía constar que el libre acceso para todos los productos originarios de los PTU y el mantenimiento de la acumulación del origen ACP/PTU habían planteado el riesgo de conflicto entre los objetivos de dos políticas comunitarias: el desarrollo de los PTU y la Política Agrícola Común.11.Para resolver dicho conflicto el Consejo adoptó la Decisión 97/803/CE, de 24 de noviembre de 1997, por la que se efectúa una revisión intermedia de la Decisión 91/482/CEE relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Económica Europea (DO L 329, p. 50; en lo sucesivo, Decisión 97/803).12.El séptimo considerando de dicha Decisión establecía lo siguiente:

[...] conviene evitar nuevas perturbaciones adoptando medidas que contribuyan a definir un marco favorable a la regularidad de los intercambios y compatible al mismo tiempo con la Política Agraria Común.

13.Para ello, la Decisión 97/803 introdujo en la Decisión PTU los artículos 108 bis y 108 ter, que admiten la acumulación del origen ACP/PTU para el azúcar y el arroz, respectivamente, dentro de una determinada cantidad anual.14.Así, los apartados 1 y 2 del artículo 108 ter de la Decisión PTU disponen:

1.[...] la acumulación del origen ACP/PTU contemplada en el artículo 6 del Anexo II se admitirá para una cantidad anual de 3.000 toneladas de azúcar.2.Para la aplicación de las normas de acumulación ACP/PTU contemplada en el apartado 1, se considerará que son suficientes para conferir el carácter de productos originarios de los PTU la elaboración de azúcar en terrones o la coloración.

15.La Decisión 97/803 modificó asimismo el apartado 1 del artículo 101 y el artículo 102 de la Decisión PTU, que quedaron redactados así:

Artículo 1011.Los productos originarios de los PTU serán admitidos para su importación en la Comunidad con exención de derechos de importación.

[...]

Artículo 102Sin perjuicio de los artículos 108 bis y 108 ter, la Comunidad no aplicará restricciones cuantitativas ni medidas de efecto equivalente a la importación de productos originarios de los PTU.

16.El 17 de diciembre de 1997, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) n° 2553/97 de la Comisión, de 17 de diciembre de 1997 relativo a las disposiciones de expedición de los certificados de importación de determinados productos de los códigos NC 1701, 1702, 1703 y 1704 con acumulación del origen ACP/PTU (DO L 349, p. 26; en lo sucesivo, Reglamento de aplicación). Este Reglamento, que entró en vigor el 19 de diciembre de 1997, no fue aplicable hasta el 1 de enero de 1998.17.El párrafo tercero del artículo 8 de dicho Reglamento estableció un régimen transitorio en los siguientes términos:

[...] los certificados de importación, cuyas solicitudes hayan sido presentadas entre el 10 y el 31 de diciembre de 1997, serán expedidos por las autoridades de los Estados miembros previa autorización de los servicios de la Comisión, según su orden de presentación y dentro del límite de la cantidad máxima de 3.000 toneladas para la Comunidad.

<TI><P>Hechos y procedimiento</P></TI>18.Desde el mes de abril de 1997, la demandante explota una fábrica de azúcar situada en la isla de Aruba, y exporta azúcar a la Comunidad.19.Al no producirse azúcar en Aruba, la demandante compra azúcar blanco de las refinerías de azúcar de caña situadas en los Estados ACP. El azúcar es transportado a Aruba, donde se le somete a operaciones de elaboración y de transformación, al término de las cuales el producto se considera terminado. Tales operaciones consisten en refinar el azúcar, molerlo (operación denominada milling: se reduce el azúcar al calibre deseado según las características señaladas por el cliente) y envasarlo. Según la demandante su fábrica tiene una capacidad mínima de tratamiento de 34.000 toneladas anuales de azúcar.20.El 19 de diciembre de 1997, la demandante presentó ante la autoridad nacional competente, con arreglo al párrafo tercero del artículo 8 del Reglamento de aplicación, una solicitud de expedición de certificados de importación para 3.010 toneladas de azúcar. Dicha solicitud fue transmitida a la Comisión el 22 de diciembre de 1997.21.Mediante Decisión de 23 de diciembre de 1997 (VI/51329; en lo sucesivo Decisión impugnada), dirigida a la autoridad nacional competente, la Comisión desestimó la solicitud, basándose en que ésta tema por objeto una cantidad superior a la cantidad máxima prevista por el párrafo tercero del artículo 8 del Reglamento de aplicación.

5Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de marzo de 1998, la demandante solicitó la anulación parcial de la Decisión impugnada.6Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de abril de 1998, formuló asimismo, al amparo del artículo 185 del Tratado CE, una demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada hasta que el Tribunal de Primera Instancia se pronunciara sobre el fondo y, al amparo del artículo 186 del Tratado CE, una demanda de medidas provisionales solicitando que se prohibiera a la Comisión aplicar, durante dicho período, las disposiciones del Reglamento de aplicación y/o del artículo 108 ter de la Decisión PTU, en la medida en que en que dichas disposiciones limitaran la importación a la Comunidad de azúcar originario de los PTU.<TI><P>El auto impugnado</P></TI>7Mediante el auto impugnado, tras examinar el requisito relativo a la urgencia, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de medidas provisionales.8Con carácter preliminar, [p]ara determinar las exigencias de prueba en el caso de autos (apartado 63 del auto impugnado), el Presidente del Tribunal de Primera Instancia recordó el objeto de la Decisión 97/803 y el marco general en el que se inscribía. A continuación, en el apartado 66, señaló que el Consejo, al adoptar la Decisión 97/803, hizo uso de su facultad discrecional eligiendo la medida más apropiada para evitar perturbaciones en el mercado comunitario del azúcar.9Según el apartado 67 del auto impugnado, [p]ara evitar que el Juez de medidas provisionales, al acordar la suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada que aplica lo dispuesto en el artículo 108 ter de la Decisión PTU, no menoscabe dicha facultad discrecional, únicamente se puede estimar la demanda de la parte demandante si la urgencia de las medidas solicitadas resulta incuestionable.10Partiendo de esta premisa, el Juez de medidas provisionales procedió, acto seguido, al examen del perjuicio supuestamente sufrido por la recurrente. Señaló que dicho perjuicio era de orden puramente económico. El Juez de medidas provisionales, por lo tanto, declaró que, en principio, el perjuicio alegado podía expresarse en cifras y, en su caso, ser objeto de reparación posterior, de manera que no podía, salvo en circunstancias excepcionales, considerarse irreparable.11Del auto impugnado resulta que, para apreciar si se daban tales circunstancias excepcionales en el caso de autos, acto seguido examinó si el interesado se veía expuesto a una situación que pudiera poner en peligro su propia existencia o modificar de modo irremediable su cuota de mercado.12En relación con la supervivencia económica de la empresa, en el apartado 78 del auto impugnado el Juez de medidas provisionales consideró que la recurrente no había informado suficientemente acerca de su situación patrimonial y su rentabilidad, ni mediante los documentos obrantes en autos ni mediante los numerosos documentos aportados tan sólo una semana antes de que se celebrara la vista, cuya admisión, por lo demás, fue rechazada por no haberse motivado su presentación fuera de plazo. En el apartado 80, el Juez de medidas provisionales llegó a la conclusión de que la recurrente no había aportado la prueba, cuya carga pesaba sobre ella, de que estuviera amenazada de quiebra.13En los apartados 81 a 83, el Juez de medidas provisionales añadió que, en cualquier caso, la disolución forzosa de la sociedad y la realización forzosa de sus activos sólo supondrían un perjuicio adicional meramente económico, ya que la aplicación de la Decisión impugnada ya había provocado la paralización temporal de sus actividades y el cierre de la empresa, con el consiguiente paro técnico de los trabajadores, de modo que, ni siquiera la amenaza de quiebra, suponiendo que se hubiera probado, podría justificar la suspensión de la ejecución solicitada.14En cuanto al riesgo de modificación irremediable de su cuota de mercado, según el apartado 84 del auto impugnado, la recurrente no aportó dato alguno que permitiera suponer que, en caso de una eventual sentencia anulatória de la Decisión impugnada, no pudiera reanudar las exportaciones a la Comunidad y recuperar en ella su cuota de mercado.15Al considerar que en el caso de autos no se cumplía el requisito de la urgencia, en el apartado 87, el Juez de medidas provisionales desestimó la demanda sin examinar los demás motivos invocados formulados por la recurrente para justificar que se acordaran las medidas solicitadas.<TI><P>Alegaciones de la recurrente y del Gobierno de Aruba</P></TI>16Además de algunas observaciones preliminares relativas a los diferentes procedimientos sobre el fondo actualmente pendientes ante los Jueces comunitarios y nacionales, así como una exposición sobre el perjuicio que afirma haber sufrido a causa de la adopción de la Decisión impugnada, la recurrente invoca once motivos distintos en apoyo de su recurso de casación, agrupados, por un lado, en cuatro motivos de procedimiento y, por otro, en siete motivos de fondo. El Gobierno de Aruba apoya las alegaciones formuladas por la recurrente, en particular, en lo que atañe al segundo motivo.<TI><P>Los motivos de procedimiento</P></TI>17Según la recurrente, el procedimiento seguido en primera instancia adolece de vicios graves que vulneran el principio de buena administración de la justicia, el principio del proceso justo y el principio de contradicción. Afirma además que tales vicios constituyen una violación de lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y su gravedad es de tal magnitud que, por sí solos, justifican la anulación del auto impugnado.18En el primer motivo, la recurrente alega que no se brindó a las partes autorizadas para intervenir en el procedimiento la posibilidad de exponer por escrito los motivos sobre los que basaban sus pretensiones, siendo así que en los autos estimatorios de las demandas de intervención del Consejo, del Reino de España y de la República Francesa, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia había indicado que se les concedería un plazo para que expusieran sus motivos por escrito. A juicio de la recurrente, esta omisión es incompatible con sus intereses, ya que podía dar lugar a que, en la vista, se viera en la imposibilidad de defenderse frente a las alegaciones de las partes coadyuvantes.19A tenor del segundo motivo, la recurrente alega que, contrariamente a lo sucedido con las demandas de intervención presentadas en apoyo de las pretensiones de la Comisión, no se resolvió sobre la demanda de intervención del Gobierno de Aruba antes de la fase oral, ni el Presidente acordó que se fijara un plazo para la presentación de sus observaciones escritas. A juicio de la recurrente se trata de una desigualdad de trato inaceptable que mantuvo al Gobierno de Aruba al margen del procedimiento no sólo jurídicamente, sino también en la práctica, ya que no pudo presentar ningún escrito ni explicar su postura en la vista, en la que no se le formuló ninguna pregunta.20El tercer motivo se basa en el tratamiento supuestamente ilegal que el Presidente del Tribunal de Primera Instancia dio a las pruebas escritas presentadas o propuestas por la recurrente. En efecto, los documentos que la recurrente dirigió al Secretario del Tribunal de Primera Instancia con sus escritos de 15 y 16 de junio de 1998 le fueron devueltos sin haberse practicado su inscripción en el registro. A raíz de sus protestas, el Secretario señaló a continuación que dichos documentos podrían presentarse en la vista y que en ese momento se decidiría si, en su caso, aún podían ser aportados. Por último, en el auto impugnado el Presidente del Tribunal de Primera Instancia mencionó, por primera vez, que los documentos habían sido inadmitidos por no haberse motivado su presentación fuera de plazo (apartado 78). A juicio de la recurrente, esta forma de actuar no se basa en norma (imperativa) alguna ni está justificada por motivos inherentes al buen desarrollo del procedimiento. En consecuencia, considera que se vulneró la protección jurídica en que la recurrente podía confiar.21Mediante el último motivo de procedimiento, la recurrente alega que la fase oral se desarrolló de manera inaceptable desde el punto de vista de la protección jurídica en que puede confiar, puesto que se violaron los principios de contradicción y del proceso justo. En efecto, la fase oral se limitó a preguntas y respuestas, sin que, en principio, se autorizara a las partes a argüir sobre sus respectivas respuestas o tuvieran la posibilidad de hacerlo. Concretamente, no se formuló ninguna pregunta a dos coadyuvantes, las demás partes no pudieron apartarse del marco de las preguntas formuladas, no se resolvió inmediatamente acerca de la presentación de los documentos evocados por la recurrente, y las partes no pudieron presentar observaciones finales. En consecuencia, la recurrente no tuvo la posibilidad de argüir oralmente sobre las observaciones escritas de la Comisión.<TI><P>Los motivos de fondo</P></TI>22El quinto motivo del recurso de casación se refiere a los apartados 63 a 66 del auto impugnado, en los que, para determinar las exigencias de prueba en el caso de autos (apartado 63), el Juez de medidas provisionales examinó los objetivos de la Decisión 97/803 y la facultad que ostentaba el Consejo al respecto. En primer lugar, la recurrente alega que las exigencias que procede imponer en cuanto a la prueba de la urgencia no pueden variar en función de los objetivos del acto impugnado ni en función de las consecuencias de la concesión de una medida provisional. Por lo tanto, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia cometió un error al calibrar, a la luz del interés y de los objetivos de la Comunidad, las exigencias a que está sujeta la prueba de la urgencia por lo que respecta a la recurrente.23La recurrente niega asimismo la exactitud de las consideraciones contenidas en los apartados 64 y 65 del auto impugnado relativas al mercado del azúcar y a las importaciones de azúcar PTU en la Comunidad. Para ello, expone pormenorizadamente los motivos por los que considera que es incorrecto afirmar que las exportaciones de azúcar PTU provocan un aumento de los gastos correspondientes a restituciones a la exportación, tienen consecuencias sobre las obligaciones que impone a la Comunidad el Anexo CXL del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) o de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y dan lugar a perturbaciones en el mercado comunitario del azúcar.24En cuanto a la facultad discrecional del Consejo, a la que se alude en el apartado 66 del auto impugnado, la recurrente considera que esta facultad, por una parte, es independiente de las exigencias de prueba que debe cumplir para demostrar el riesgo de perjuicio irreparable y, por otra, no es ilimitada y, en particular, debe ajustarse al principio de proporcionalidad. En este último aspecto, el Consejo no está facultado para adoptar restricciones estructurales a las importaciones de azúcar PTU sin violar el principio de proporcionalidad.25Según el sexto motivo, en el apartado 67 del auto impugnado, el Juez de medidas provisionales afirmó equivocadamente que, debido al carácter discrecional de la facultad del Consejo, la urgencia de las medidas solicitadas debe resultar incuestionable. Según la recurrente, la referencia hecha en este punto al auto del Tribunal de Primera Instancia de 21 de marzo de 1997, Antonissen/Consejo y Comisión (T-179/96 R, Rec. p. II-425), carece de fundamento, por cuanto en dicho asunto se había exigido una urgencia incuestionable únicamente porque se trataba de obtener la concesión de una entrega a cuenta sobre la indemnización de un perjuicio. Según la recurrente, al someterla a exigencias demasiado rigurosas, la protección jurídica que garantiza el procedimiento de medidas provisionales puede verse privada de contenido.26Mediante su séptimo motivo, la recurrente sostiene que el Juez de medidas provisionales, de modo erròneo y jurídicamente incomprensible, calificó el perjuicio alegado de perjuicio económico cuyo valor, en principio, puede expresarse en cifras y que, en su caso, puede resarcirse posteriormente, y declaró de modo igualmente erróneo y jurídicamente incomprensible que un perjuicio meramente económico no puede considerarse irreparable. Según la recurrente se trata de una calificación jurídica incorrecta de los hechos. Además, la jurisprudencia que se basa en la posibilidad de una indemnización del perjuicio en virtud del artículo 215 del Tratado CE pasa indebidamente por alto la diferencia que existe entre, por una parte, los criterios de la responsabilidad económica de la Comunidad y, por otra, los criterios de anulación del acto comunitario impugnado. En efecto, una violación del Derecho comunitario que implica la anulación de un acto o la declaración de su ilegalidad no siempre constituye una violación calificada del Derecho comunitario que da derecho a la reparación que permite el apartado 2 del artículo 215 del Tratado.27Según el octavo motivo, el apartado 76 del auto impugnado indica equivocadamente que la recurrente se limitó a afirmar que la aplicación de la Decisión impugnada, de la Decisión 97/803 y del Reglamento de aplicación habían ocasionado la paralización inmediata de sus actividades y el cierre total de su empresa.28A continuación, la recurrente considera mediante su noveno motivo que, sobre la base de una apreciación de elementos de prueba cuya aportación no fue admitida, en los apartados 78 y 80 del auto impugnado se declara equivocadamente que la recurrente no había demostrado que estuviera amenazada de quiebra. Remitiéndose a los motivos de procedimiento anteriormente invocados, la recurrente expone que la apreciación de los elementos de prueba se realizó de una forma jurídicamente incorrecta. Señala además que en un caso como el suyo puede parecer absolutamente superfluo aportar datos económicos o contables, por cuanto se trata de una empresa a la que los actos controvertidos han obligado a interrumpir totalmente sus actividades, extremo en el que, a su juicio, las partes están de acuerdo.29Según el décimo motivo, el apartado 79 del auto impugnado es incorrecto por cuanto en él se imputa a la recurrente el hecho de no haber aportado datos sobre la rentabilidad de su empresa que permitieran determinar la cantidad anual de exportación de azúcar necesaria para su supervivencia. La recurrente considera que su pretension de que se le concedieran 34.000 toneladas también fue indebidamente rechazada debido a que dicha cantidad no pasaba de ser una mera afirmación cuya realidad no se había probado. A este respecto, la recurrente formula asimismo algunas consideraciones accesorias para oponerse al deseo expresado en primera instancia por el Consejo y la Comisión de que la medida provisional que, en su caso, se acordara, estuviera supeditada a la obligación de que la recurrente constituyera una garantía igual al 50 % de los derechos de aduana y de la exacción reguladora.30Por último, mediante su undécimo y último motivo, la recurrente expone que en los apartados 81 a 83 del auto impugnado se declaró erróneamente, en sustancia, que la quiebra de una empresa que, a la espera de un auto de medidas provisionales, haya tenido que interrumpir sus actividades industriales, sus ventas y sus exportaciones a raíz de un acto comunitario, es tan sólo un perjuicio meramente económico, susceptible de posterior reparación. La recurrente se remite, en particular, al planteamiento distinto que se adoptó en el auto del Tribunal de Justicia de 10 de junio de 1988, Sofrimport/Comisión (152/88 R, Rec. p. 2931).<TI><P>Alegaciones de las demás partes del procedimiento</P></TI><TI><P>Sobre los motivos de procedimiento</P></TI>31Con carácter preliminar, sin oponerse a la referencia al artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el Consejo afirma que si bien toda persona tiene derecho a un proceso justo, ello no significa que dicho artículo prive a los órganos jurisdiccionales comunitarios de la autonomía de que disponen en materia procesal.32En relación con el primer motivo, el Consejo alega que existen múltiples precedentes de procedimientos sobre medidas provisionales en los que las demás partes no han podido presentar observaciones escritas, lo cual se explica por la urgencia que caracteriza a este procedimiento. La Comisión recuerda que las partes fueron citadas a la vista y que, por lo tanto, pudieron formular observaciones orales. A su juicio, el hecho de que no se fijase un plazo para presentar los escritos de formalización de las intervenciones pese a que los autos que las admitían anunciaban la fijación de dicho plazo no constituye, habida cuenta de las circunstancias, una irregularidad procesal. El Reino de España añade que su intervención tenía por objeto defender la validez de la Decisión 97/803 y que, por lo tanto, tenía poca importancia para el examen de la urgencia.33En lo que atañe a la demanda de intervención del Gobierno de Aruba, sobre la que versa el segundo motivo, el Consejo y el Reino de España alegan que el trato distinto que se dio a dicho Gobierno se deriva del hecho de que no se trata de un coadyuvante contemplado en el párrafo primero del artículo 37 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia. Recuerdan asimismo que esta parte asistió a la vista, durante la cual recibió el mismo trato que las demás partes. Por último, la Comisión señala que el apartado 1 del artículo 116 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia no impone al Presidente ningún plazo para resolver una demanda de intervención.34En cuanto al tercer motivo, relativo a lo acordado en relación con las pruebas escritas presentadas por la recurrente, el Consejo alega que corresponde al Presidente valorar las pruebas que le son presentadas y que es a él a quien incumbe determinar aquellas sobre las que se basa su resolución. Una limitación demasiado estricta de dicha facultad discrecional podría menoscabar la autonomía procesal del Juez de medidas provisionales. Según la Comisión, efectivamente, la presentación de los documentos fuera de plazo no había sido motivada, por lo que la inadmisión de las pruebas documentales estaba comprendida en el ámbito de la facultad discrecional del Presidente. El Reino de España destaca el apartado 78 del auto impugnado que demuestra que, en realidad, los documentos controvertidos fueron tomados en consideración.35El último motivo de procedimiento se refiere al desarrollo de la vista. El Consejo señala que la fase oral no es obligatoria en un procedimiento de medidas provisionales y que, por lo tanto, el Presidente pudo considerar que, sobre la base de los documentos presentados y de las respuestas dadas a las preguntas formuladas durante la vista, disponía de todos los elementos necesarios para resolver. Según la Comisión, en este asunto la vista no puede calificarse de fase oral en el sentido del artículo 18 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, sino que debe considerarse diligencia de prueba respecto a la cual el Presidente dispone de una facultad discrecional.<TI><P>Sobre los motivos de fondo</P></TI>36En relación con los motivos de fondo del recurso de casación, el Reino de España concentra esencialmente sus observaciones en el problema de la validez de la Decisión 97/803.37Por su parte, el Consejo y la Comisión abordan en primer lugar, conjuntamente, los motivos quinto y sexto del recurso de casación. Según el Consejo, reiterada jurisprudencia consagra la exigencia de una urgencia incuestionable cuando el acto controvertido se adopta en ejercicio de una facultad discrecional. Se refiere, sobre el particular, al auto del Tribunal de Primera Instancia de 2 de marzo de 1998, Antillas Neerlandesas/Consejo (T-310/97 R, Rec. p. II-455), apartado 65, así como al auto del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1997, Países Bajos/Consejo (C-110/97 R, Rec. p. I-1795), apartados 32 y 33, igualmente citado por la Comisión. Esta alega que la relación establecida entre la existencia de una facultad discrecional y el grado de urgencia no puede considerarse jurídicamente errónea. A su juicio, tal vez sería más correcto considerar que dicho razonamiento constituye una ponderación de intereses, pero en definitiva viene a ser lo mismo y significa que, respecto a los actos basados en una facultad discrecional, el Juez debe mantener cierta reserva.38Según el Consejo, procede declarar la inadmisibilidad manifiesta del séptimo motivo, relativo al carácter meramente económico de los perjuicios, ya que se refiere a la apreciación de los hechos por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia.39En relación con el octavo motivo, el Consejo y la Comisión coinciden en señalar que la afirmación contenida en el apartado 76 del auto impugnado reproduce exactamente la esencia de la situación de la recurrente.40En cuanto al noveno motivo que, según la Comisión, constituye el punto principal del procedimiento, procede su inadmisión, así como la de los motivos décimo y undécimo, porque se dirigen contra fundamentos jurídicos innecesarios del auto impugnado o se refieren a apreciaciones de hecho.41En la medida en que las observaciones escritas de las partes contienen toda la información necesaria para resolver el recurso de casación, no procede oír sus exposiciones orales.<TI><P>Apreciación</P></TI>42Deben examinarse conjuntamente los motivos quinto, sexto, noveno y undécimo, que rebaten, todos ellos, los criterios aplicados en el auto impugnado para apreciar el requisito de la urgencia.43Con carácter preliminar, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, el Juez de medidas provisionales podrá ordenar la suspensión de la ejecución y las medidas provisionales si se demuestra que su concesión está justificada a primera vista de hecho y de Derecho (fumus boni iuris) y que son urgentes, en el sentido de que para evitar que los intereses de la parte demandante sufran un perjuicio grave e irreparable es necesario que tales medidas sean acordadas y surtan efectos desde antes de que se resuelva sobre el procedimiento principal. Deben, además, ser provisionales, en el sentido de que no prejuzguen las cuestiones de hecho y de Derecho del litigio ni neutralicen de antemano las consecuencias de la resolución que posteriormente se dicte en el procedimiento principal [auto de 19 de julio de 1995, Comisión/Atlantic Container Line y otros, C-149/95 P(R), Rec. p. I-2165, apartado 22].44En el marco de este examen de conjunto, el Juez de medidas provisionales dispone de una amplia facultad de apreciación y puede determinar libremente, a la vista de las particularidades del asunto, de qué manera debe verificarse la existencia de los diferentes requisitos y el orden que debe seguirse en este examen, puesto que ninguna norma de Derecho comunitario le impone un esquema de análisis preestablecido para apreciar si es necesario pronunciarse con carácter provisional (auto Comisión/Atlantic Container Line y otros, antes citado, apartado 23).45En el caso de autos, únicamente se examinó el requisito relativo a la urgencia y, por lo demás, no se mencionan en el auto las alegaciones de las partes referentes al fumus boni iuris de la demanda. Tras haber señalado en el apartado 85 del auto impugnado que la recurrente no había probado que pudiera sufrir un perjuicio grave e irreparable y, en el apartado 86, que, por consiguiente, no se cumplía el requisito de la urgencia, en el apartado 87 el Juez de medidas provisionales desestimó la demanda de medidas provisionales sin examinar los demás motivos y alegaciones formulados por la recurrente para justificar que se acordara la suspensión de la ejecución solicitada.46Para determinar, en el caso de autos, las exigencias de prueba relativas a la urgencia, el Juez de medidas provisionales, tras examinar en los apartados 64 y 65 los objetivos de la Decisión 97/803, señaló en el apartado 66 que el Consejo, al adoptar la Decisión 97/803, hizo uso de su facultad discrecional eligiendo la medida más apropiada para evitar perturbaciones en el mercado comunitario del azúcar. Según el apartado 67 del auto impugnado, de ello se sigue que únicamente se puede estimar la demanda de la parte demandante si la urgencia de las medidas solicitadas resulta incuestionable.47A este respecto, ha quedado acreditado que, al tener carácter acumulativo los requisitos para que se conceda la suspensión de la ejecución u otra medida provisional, la demanda podía lícitamente desestimarse por el mero hecho de no cumplirse el requisito de la urgencia.48No obstante, en la medida en que, al examinar la urgencia de las medidas solicitadas, establece una relación entre la existencia de la facultad discrecional del Consejo y el grado de urgencia que debe probarse como requisito para la concesión de una medida provisional, el auto impugnado adolece de un error de Derecho.49Ciertamente, la existencia de una facultad discrecional del Consejo puede constituir un elemento pertinente para el análisis de la urgencia en el marco de la ponderación de intereses contrapuestos. Del mismo modo, la exigencia de una urgencia manifiesta —añadida a un fumus boni iuris particularmente sólido— puede justificarse por la naturaleza de la medida provisional solicitada o por los efectos que puede producir [véase, en este sentido, el auto de 29 de enero de 1997, Antonissen/Consejo y Comisión, C-393/96 P(R), Rec. p. I-441, apartado 41, que se refiere a un tipo de medida que, con mayor probabilidad que otras, puede producir, de hecho, efectos irreversibles, y el auto Países Bajos/Consejo, antes citado, apartados 28 y 33, que examina la situación en la que una resolución del Juez de medidas provisionales adoptada en caso de urgencia surte en la práctica efectos cuasidefinitivos].50Sin embargo, la mera existencia de una facultad discrecional del autor del acto controvertido, a falta de toda consideración sobre el fumus boni iuris y de ponderación de los intereses contrapuestos, no puede determinar la calificación de las exigencias relativas al requisito de la urgencia.51El planteamiento seguido en el auto impugnado equivaldría a excluir o, en cualquier caso, reducir considerablemente la eficacia de la protección judicial provisional cuando se trate de cuestionar un acto adoptado en el ejercicio de una amplia facultad discrecional. En particular, podría dar lugar a que se denegaran medidas provisionales que pudieran resultar necesarias para preservar la eficacia de la sentencia sobre el fondo en los supuestos en que el fumus boni iuris fuera especialmente evidente o en que la ponderación de intereses se inclinara a favor de la parte que solicita la medida, y ello por el mero hecho de que la urgencia no fuera incuestionable.52Las objeciones del Consejo y de la Comisión a la admisibilidad de los motivos noveno y undécimo del recurso de casación deben examinarse a la luz de las consideraciones anteriores.53A este respecto, como han recordado el Consejo y la Comisión, es cierto que un recurso de casación debe limitarse a las cuestiones de Derecho, excluyendo toda revisión de la apreciación de los hechos efectuada por el Juez de medidas provisionales (auto Comisión/Atlantic Container Line y otros, antes citado, apartado 18). Además, el Tribunal de Justicia no es, en principio, competente para examinar las pruebas que el Tribunal de Primera Instancia ha admitido en apoyo de su comprobación o de su apreciación de los hechos [auto de 25 de junio de 1998, Antillas Neerlandesas/Consejo, C-159/98 P(R), Rec. p. I-4147, apartado 68].54No obstante, en el caso de autos el error de Derecho de que adolece el auto impugnado, en la medida en que supone la exigencia de una urgencia incuestionable, puede afectar a la conclusión a la que llegó el Juez de medidas provisionales al apreciar el carácter grave e irreparable del perjuicio alegado por la recurrente.55A este respecto, los fundamentos de Derecho del auto impugnado confirman que dicha apreciación estuvo determinada por la exigencia de la prueba de una urgencia incuestionable.56Así, del apartado 78 del auto impugnado (véase el apartado 12 del presente auto), se desprende que la comprobación de la falta de urgencia se basa, en parte, en conclusiones extraídas de diversos documentos presentados por la recurrente, siendo así que tales documentos no fueron admitidos como elementos de prueba y, por lo tanto, sólo pudieron ser objeto de un examen necesariamente muy superficial.57Por último, también parece desprenderse del auto impugnado que, debido al criterio de la urgencia incuestionable se hizo una aplicación particularmente rigurosa de la jurisprudencia en lo que atañe al carácter grave e irreparable del daño que puede sufrir una empresa en un caso como el de autos. Así se deduce, en particular, del razonamiento contenido en los apartados 81 a 83 del auto impugnado, de los que se deriva, en esencia, que la recurrente no podía obtener la suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada debido únicamente a que ésta había provocado ya la paralización temporal de sus actividades y el cierre de su empresa, con el consiguiente paro técnico de los trabajadores.58En consecuencia, procede estimar el recurso de casación y anular el auto impugnado.59En virtud del párrafo primero del artículo 54 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, si se estimare el recurso de casación, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal de Primera Instancia. En tal caso, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado se lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que este último resuelva.60El estado del presente asunto no permite su resolución. Por lo tanto, debe devolverse al Tribunal de Primera Instancia para que éste resuelva.

En virtud de todo lo expuesto,

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

resuelve:

1)Anular el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 14 de agosto de 1998, Emesa Sugar/Comisión (T-44/98 R).2)Devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia.3)Reservar la decisión sobre las costas.

Dictado en Luxemburgo, a 17 de diciembre de 1998.

El Secretario

R. Grass

El Presidente

G. C. Rodríguez Iglesias