–

en nombre de KP, por la Sra. D. L. Kamenova, advokat;

–

en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. M. Bulterman y C. Schillemans, en calidad de agentes;

–

en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. M. Wasmeier e I. Zaloguin, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 6, apartado 1, de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio (DO 2016, L 65, p. 1), y del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un proceso penal seguido contra KP, al que se acusa de posesión y tráfico de estupefacientes.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3

Los considerandos 22 y 23 de la Directiva 2016/343 enuncian lo siguiente:

4

El artículo 3 de dicha Directiva, titulado «Presunción de inocencia», tiene el siguiente tenor:

5

El artículo 6 de la referida Directiva, que lleva como epígrafe «Carga de la prueba», dispone lo siguiente:

Derecho búlgaro

6

A tenor del artículo 14, apartado 1, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (Código de Enjuiciamiento Criminal), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «NPK»):

7

El artículo 27, apartado 1, del NPK establece:

8

El artículo 46 del NPK dispone:

9

El artículo 246 del NPK establece lo siguiente:

10

El artículo 293 del NPK está redactado como sigue:

11

A tenor del artículo 301, apartado 1, del NPK:

Litigio principal y cuestión prejudicial

12

La Sofiyska gradska prokuratura (Fiscalía de la Ciudad de Sofía, Bulgaria) acusó a KP de haber vendido, el 21 de mayo de 2022, a un tercero una bolsa que contenía 0,67 gramos de marihuana y de haber tenido en su poder en dos lugares diferentes otras dos bolsas con 1,61 gramos y 0,5 gramos de marihuana, al objeto de traficar con ellas.

13

En el escrito de acusación, la fiscalía calificó estos tres hechos, sobre la base del artículo 354a, apartado 1, del Nakazatelen kodeks (Código Penal), de tráfico de estupefacientes, en lo que respecta al primer hecho, y de posesión de estupefacientes para traficar con ellos, en lo que atañe a los otros dos hechos. Estas tres infracciones se combinaron en un único delito calificado de «continuado», previsto en el artículo 26, apartado 1, del Código Penal, que se castiga con una pena privativa de libertad de dos a ocho años y multa de entre 5 000 y 20 000 levas búlgaras (BGN) (aproximadamente entre 2 500 y 10 000 euros).

14

El Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía, Bulgaria), ante el que se planteó el asunto y que es el órgano jurisdiccional remitente, instruyó el caso y oyó a las partes en la vista respetando, según indica, el principio de contradicción y el derecho de defensa. En este contexto, KP declaró que había tenido en su poder las tres bolsas de estupefacientes para consumo propio y que no había vendido tales productos.

15

En la vista, tras la fase de obtención de pruebas, el fiscal consideró que KP había tenido en su poder las tres bolsas de marihuana para consumo propio. En consecuencia, el fiscal renunció a determinados elementos de la acusación, a saber, la venta de la primera bolsa a un tercero y la intención de traficar en lo que atañe a las otras dos bolsas. En consecuencia, solicitó la absolución del acusado en lo que respecta a estos elementos y la condena de este por la infracción prevista en el artículo 354a, apartado 3, del Código Penal, a saber, la posesión de estupefacientes, castigada con una pena privativa de libertad de uno a seis años y multa de 2 000 a 10 000 BGN (aproximadamente entre 1 000 a 5 000 euros). Por su parte, el abogado de KP solicitó la absolución de este debido a los vicios sustanciales de forma en los que supuestamente se había incurrido al recabar las pruebas durante la fase de instrucción del proceso penal.

16

El órgano jurisdiccional remitente comparte la posición del fiscal en lo que respecta al comportamiento del acusado en relación con las bolsas segunda y tercera de marihuana, pero considera, sobre la base de su propio análisis de las pruebas recabadas, que el comportamiento de KP en relación con la primera bolsa corresponde al delito previsto en el artículo 354a, apartado 1, del Código Penal, a saber, el tráfico de estupefacientes, puesto que KP entregó esta bolsa a un tercero, tras haberla comprado de común acuerdo con ese tercero y compartiendo los gastos con él. Por lo tanto, dicho órgano jurisdiccional considera que procede imponer una condena por el delito indicado.

17

El referido órgano jurisdiccional indica que la normativa búlgara, y más concretamente el artículo 293 del NPK, permite tal condena, incluso en contra de la opinión del fiscal, expresada en la vista. En efecto, el fiscal expone, en el escrito de acusación dirigido al juez de lo penal y que ya no puede retirar, el marco fáctico y jurídico de esa acusación sobre cuya base debe pronunciarse el referido juez, sin poder apartarse del mismo resolviendo, en particular, sobre hechos que no consten en él. Así pues, el juez de lo penal debe pronunciarse sobre la fundamentación del escrito de acusación según su propia convicción, sin estar vinculado por las alegaciones de las partes, adoptando en su caso de oficio todas las medidas necesarias para determinar los hechos mencionados en ese escrito.

18

En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el artículo 6, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2016/343, a tenor del cual «la carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos y acusados [recaerá] en la acusación», obliga al fiscal no solo a presentar las pruebas para fundamentar la acusación, sino también a indicar ante el juez que se ha probado dicha culpabilidad. En efecto, en su opinión, es dudoso que el fiscal pueda satisfacer la carga de la prueba que le incumbe cuando ya no alega, en la vista, que el acusado es culpable.

19

Dicho órgano jurisdiccional considera que, en tales circunstancias, la prueba de la culpabilidad de esa persona emana necesariamente del juez. Por lo tanto, se pregunta si este puede considerar por iniciativa propia, en el marco del examen de oficio de las pruebas al que se refieren el artículo 6, apartado 1, segunda frase, y los considerandos 22 y 23 de la Directiva 2016/343, que se ha demostrado esa culpabilidad.

20

Por otra parte, el mismo órgano jurisdiccional considera que, además de esta Directiva, es aplicable a la situación del litigio principal la Decisión Marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas (DO 2004, L 335, p. 8), por lo que el asunto queda comprendido en el ámbito de aplicación de la Carta definido en su artículo 51, apartado 1.

21

Por consiguiente, dado que deben cumplirse las exigencias de un «juez imparcial» en el sentido del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si puede considerarse imparcial un juez que, apartándose de la posición común del fiscal y de la defensa, probaría por sí solo la culpabilidad del acusado, sustituyendo así al fiscal en lo que respecta a determinados elementos de la acusación.

22

A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente estima que la situación controvertida en el litigio principal es diferente de la analizada en la sentencia de 9 de noviembre de 2023, BK (Nueva calificación del delito) (C‑175/22, EU:C:2023:844), apartados 55 a 57, en la que el Tribunal de Justicia consideró que se estaba en presencia de un tribunal imparcial. Recuerda que, en el litigio principal, el fiscal indicó claramente que no mantenía determinados elementos de la acusación, incluidos determinados elementos de hecho, mientras que, en el asunto que dio lugar a la referida sentencia, solo se cuestionaba la nueva calificación de los hechos de que se trataba, en relación con la cual el fiscal no había hecho declaración alguna.

23

Por último, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), debe tenerse en cuenta en virtud tanto del «Derecho internacional» mencionado en el considerando 23 de la Directiva 2016/343 como del artículo 52, apartado 3, de la Carta.

24

Pues bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró, en sus sentencias de 20 de septiembre de 2016, Karelin c. Rusia (CE:ECHR:2016:0920JUD000092608), y de 8 de octubre de 2019, Korneyeva c. Rusia (CE:ECHR:2019:1008JUD007205117), que un tribunal no es imparcial cuando el fiscal no ha estado presente en los debates en los que se han examinado pruebas nuevas. En esa primera sentencia y en la de 6 de marzo de 2018, Mikhaylova c. Ucrania (CE:ECHR:2018:0306JUD001064408), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también declaró que un tribunal no es imparcial cuando dicta una sentencia condenatoria en ausencia del fiscal, soportando así la carga de la prueba de la culpabilidad del acusado. De ello se desprende que, a fortiori, un tribunal asume la función de apoyo de la acusación al condenar a esa persona si el fiscal, presente en la vista, ha renunciado a determinados elementos de la acusación.

25

En estas circunstancias, el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

Sobre la cuestión prejudicial

26

Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2016/343 y el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual un órgano jurisdiccional penal está obligado a pronunciarse sobre el escrito de acusación según su propia convicción, aunque el fiscal, tras haber presentado en la vista las pruebas que, según dicho órgano jurisdiccional, permiten condenar al acusado por los delitos indicados en ese escrito, solicite, por lo que respecta a algunos de los hechos mencionados en el referido escrito, la absolución de esa persona o su condena por un delito menos grave.

27

En primer lugar, procede recordar que la Directiva 2016/343 tiene como único objeto establecer normas mínimas comunes y, por tanto, no lleva a cabo una armonización exhaustiva del proceso penal [sentencia de 8 de junio de 2023, VB (Información del condenado en rebeldía), C‑430/22 y C‑468/22, EU:C:2023:458, apartado 29 y jurisprudencia citada]. En vista del alcance limitado de la armonización llevada a cabo por la citada Directiva, las cuestiones a las que no se refiere pertenecen al ámbito del Derecho nacional [véase, en este sentido, la sentencia de 4 de julio de 2024, FP y otros (Juicio por videoconferencia), C‑760/22, EU:C:2024:574, apartado 28 y jurisprudencia citada].

28

El artículo 6 de la referida Directiva tiene por objeto regular el reparto de la carga de la prueba en lo que se refiere a la adopción de resoluciones judiciales que se pronuncien sobre la culpabilidad (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de noviembre de 2019, Spetsializirana prokuratura, C‑653/19 PPU, EU:C:2019:1024, apartado 33).

29

En virtud del artículo 6, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2016/343, la carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos y acusados recae en la acusación. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que, como se desprende del considerando 22 de esa Directiva, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva se opone a que dicha carga se traslade de la acusación a la defensa [véase, en este sentido, la sentencia de 8 de diciembre de 2022, HYA y otros (Imposibilidad de interrogar a los testigos de cargo), C‑348/21, EU:C:2022:965, apartado 32].

30

De ello se deduce que, en virtud del citado artículo 6, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2016/343, la parte acusadora debe recabar pruebas que fundamenten la acusación y presentarlas al juez competente.

31

Como se desprende de la segunda frase del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2016/343, la obligación derivada de la primera frase de dicho apartado se entiende sin perjuicio de cualquier obligación del juez o tribunal competente de buscar pruebas tanto de cargo como de descargo.

32

Además, como se desprende del considerando 22 de la Directiva 2016/343, la declaración de que se vulneraría la presunción de inocencia si la carga de la prueba se trasladase de la acusación a la defensa se entiende sin perjuicio de las posibles potestades de proposición de prueba de oficio del órgano jurisdiccional, ni de la independencia judicial a la hora de apreciar la culpabilidad del sospechoso o acusado, ni tampoco de la utilización de presunciones de facto o de iure relativas a la responsabilidad penal de un sospechoso o acusado.

33

De ello se deduce que la obligación que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2016/343 impone a la acusación de aportar la prueba de la culpabilidad del acusado no impide que una normativa nacional pueda establecer que corresponde al juez o al órgano jurisdiccional competente apreciar de manera independiente la culpabilidad del acusado tras haber recabado ellos mismos, en su caso, pruebas tanto de cargo como de descargo.

34

Esto es aún más cierto cuando, como en el presente asunto, el juez o el órgano jurisdiccional competente aprecian la culpabilidad del acusado, con independencia de la apreciación realizada al respecto por el fiscal, basándose únicamente en las pruebas presentadas por este y por la defensa.

35

De lo anterior resulta que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2016/343 no se opone a esa normativa nacional, aun cuando el fiscal, tras haber presentado tales pruebas en la vista, solicite, por lo que respecta a algunos de los hechos mencionados en el escrito de acusación, la absolución del acusado o su condena por un delito menos grave.

36

En segundo lugar, es preciso recordar que, con arreglo al artículo 51, apartado 1, de la Carta, cuando los Estados miembros apliquen el Derecho de la Unión, deben respetar los derechos garantizados por esta.

37

A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la presunción de inocencia, a la que se refieren el considerando 22 y el artículo 6 de la Directiva 2016/343, presupone que el juez esté exento de toda parcialidad y de cualquier idea preconcebida al examinar la responsabilidad penal del acusado. La independencia y la imparcialidad de los jueces son por tanto condiciones esenciales para que se garantice la presunción de inocencia (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de noviembre de 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim y otros, C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, apartado 88).

38

Entre las exigencias inherentes al derecho fundamental a un proceso equitativo, garantizado por el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, figura el derecho de toda persona a que su causa sea oída por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de julio de 2024, Breian, C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, apartado 80).

39

Por lo tanto, es preciso determinar si las exigencias de independencia e imparcialidad establecidas en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta se oponen a una normativa nacional que permite a un órgano jurisdiccional penal, al término del proceso penal, condenar a un acusado por un delito mencionado en el escrito de acusación, aun cuando el fiscal, tras haber presentado las pruebas recabadas, solicite la absolución de esa persona o su condena por un delito menos grave.

40

Según reiterada jurisprudencia, esta exigencia de independencia comprende dos aspectos. El primero de ellos, de orden externo, supone que el órgano en cuestión ejerza sus funciones con plena autonomía, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia, de tal modo que quede protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia de sus miembros a la hora de juzgar e influir en sus decisiones (sentencia de 19 de diciembre de 2024, Vivacom Bulgaria, C‑369/23, EU:C:2024:1043, apartado 30 y jurisprudencia citada).

41

El segundo aspecto, de orden interno, se asocia al concepto de «imparcialidad» y se refiere a la equidistancia que debe guardar el órgano de que se trate con respecto a las partes del litigio y a sus intereses respectivos en relación con el objeto de dicho litigio. Este aspecto exige el respeto de la objetividad y la inexistencia de cualquier interés en la solución del litigio que no sea el de la aplicación estricta de la norma jurídica (sentencia de 19 de diciembre de 2024, Vivacom Bulgaria, C‑369/23, EU:C:2024:1043, apartado 31 y jurisprudencia citada).

42

Por lo tanto, las garantías de independencia e imparcialidad exigidas por el Derecho de la Unión postulan la existencia de normas que permitan excluir toda duda legítima en los justiciables en lo que respecta, en particular, a la neutralidad del órgano en cuestión ante los intereses en litigio (sentencia de 19 de diciembre de 2024, Vivacom Bulgaria, C‑369/23, EU:C:2024:1043, apartado 32 y jurisprudencia citada).

43

Pues bien, no cabe considerar que una normativa nacional que obliga a un órgano jurisdiccional penal a pronunciarse sobre el escrito de acusación según su propia convicción, sin estar vinculado por las apreciaciones relativas a la culpabilidad del acusado formuladas por el fiscal en la vista, sea contraria a estas exigencias. En efecto, tal normativa, que pretende garantizar que la ley penal se aplique plenamente y que los autores de infracciones sean castigados, no puede poner en entredicho la equidistancia de dicho órgano jurisdiccional con respecto a las partes en el proceso y a sus intereses respectivos en relación con el objeto de este ni crear una duda legítima en el ánimo de los justiciables a este respecto.

44

Ha de señalarse que, en la medida en que la Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el CEDH, el artículo 52, apartado 3, de la Carta tiene por objeto asegurar la coherencia necesaria entre los derechos que esta contiene y los correspondientes derechos garantizados por el CEDH, sin que ello afecte a la autonomía del Derecho de la Unión. Según las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales (DO 2007, C 303, p. 17), el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta se corresponde con el artículo 6, apartado 1, del CEDH. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia debe velar por que la interpretación que realice en el presente asunto garantice un nivel de protección que respete el garantizado por el artículo 6, apartado 1, del CEDH, según lo interpreta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sentencia de 19 de diciembre de 2024, Vivacom Bulgaria, C‑369/23, EU:C:2024:1043, apartado 28 y jurisprudencia citada).

45

La petición de decisión prejudicial se refiere a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en virtud de la cual la exigencia de imparcialidad derivada del artículo 6, apartado 1, del CEDH se opone a que un órgano jurisdiccional penal soporte la carga de fundamentar la acusación pronunciando, en su caso tras haber recabado nuevas pruebas por iniciativa propia, una sentencia condenatoria cuando el fiscal no ha estado presente en las vistas (TEDH, sentencias de 20 de septiembre de 2016, Karelin c. Rusia, CE:ECHR:2016:0920JUD000092608, §§ 73 y 76, y de 6 de marzo de 2018, Mikhaylova c. Ucrania, CE:ECHR:2018:0306JUD001064408, § 64).

46

Sin embargo, esta jurisprudencia no es pertinente en el presente asunto. En efecto, la cuestión prejudicial no versa sobre la obtención, en la vista, de nuevas pruebas a iniciativa del órgano jurisdiccional que conoce del asunto en ausencia del fiscal o sobre la celebración de una vista también en ausencia de este último, circunstancias a las que se refiere dicha jurisprudencia, sino sobre la obligación de dicho órgano jurisdiccional de pronunciarse sobre el escrito de acusación según su propia convicción en una situación en la que el fiscal participó en la vista, situación cuya única particularidad reside en el hecho de que, pese a haberse recabado todas las pruebas, el fiscal solicitó, en relación con algunos de los hechos mencionados en dicho escrito de acusación, la absolución del acusado o su condena por un delito menos grave.

47

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2016/343 y el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual un órgano jurisdiccional penal está obligado a pronunciarse sobre el escrito de acusación según su propia convicción, aunque el fiscal, tras haber presentado en la vista las pruebas que, según dicho órgano jurisdiccional, permiten condenar al acusado por los delitos indicados en ese escrito, solicite, por lo que respecta a algunos de los hechos mencionados en el referido escrito, la absolución de esa persona o su condena por un delito menos grave.

Costas

48

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.