Directiva 88/361/CEE del Consejo, de
Puesto que la Directiva fue adoptada
En lo sucesivo,
En la versión vigente con anterioridad a 1997, es decir, en la época en que se produjeron los hechos objeto del procedimiento principal.
El subrayado es mío.
Staatsblad 621.
Documentos Parlamentarios II, 1980-1981, 16539, p. 10, párrafo primero. De los trabajos parlamentarios se desprende, en particular, que la Tweede Kamer der Staten-Generaal tuvo en cuenta el hecho de que
A este respecto, el staatssecretaris van Financiën de los Países Bajos tuvo la posibilidad de precisar que
La solución neerlandesa al problema de los efectos económicos de la doble imposición, consistente en establecer una exención parcial del Impuesto sobre la Renta, es tan sólo uno de los métodos utilizados en la práctica en los diferentes sistemas fiscales en relación con este mismo problema. Tales métodos pueden agruparse en dos grandes categorías, en función del impuesto (o, más bien, del
Equivalentes a aproximadamente
Un el caso de las personas casadas, como el Sr. Verkooijen, la exención de que se trata se aplica a un importe de la renta imponible equivalente a
Secretario de Estado de Hacienda (en lo sucesivo,
Sentencia de
DO C 253, p. 2 (en lo sucesivo,
Véase la Comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo, documento SEC(90) 601 final de
Concretamente, una concepción centralizada de la armonización fiscal y de la Unión Económica y Monetaria, en lugar de un planteamiento que favorezca la coordinación y la aproximación de las políticas nacionales, teniendo asimismo en cuenta el principio de subsidiariedad (véase la Comunicación, p. 10).
La Propuesta de 1975, que no había vuelto a ser debatida ni en el Consejo ni en el Parlamento Europeo, ya no respondía a las exigencias de la Comunidad de los años noventa (ibidem).
Actualmente, estas Propuestas se han convertido en las Directivas 90/434/CEE del Consejo, de
En este sentido, véase D. Servais: Un espacio financiero europeo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1995, 3
Véase la sentencia de
Sentencia de
Apartado 34 de la sentencia (el subrayado es mío).
Véase la sentencia de
Operación que constituye la premisa de la percepción de los dividendos objeto tie litigio por parte del Sr. Verkooijen (sobre este particular, véase el punto 13 infra).
Sentencia de
Véase la sentencia de
No creo que de esta omisión puedan derivarse las conclusiones que pretenden los Gobiernos que presentaron observaciones. En efecto, la Nomenclatura tiene un carácter meramente indicativo y no exhaustivo: véase la sentencia de
La Nomenclatura contempla los supuestos de la
Véase la sentencia Trummer y Mayer, apartado 24.
Véase el asunto Trummer y Mayer, punto 9 de mis conclusiones. Mientras que el objeto del asunto Trummer y Mayer era una norma nacional relativa al supuesto (la constitución de una hipoteca) de un movimiento de capitales (la liquidación de una inversión inmobiliaria), en el presente caso el artículo 47b afecta al producto de ese movimiento. Sea como fuere, en ambos casos la medida nacional de oue se trata se refiere a una operación (la constitución de la hipoteca) o a un pago (los dividendos) indisolublemente vinculados a un movimiento de capitales.
Ya en la sentencia de
En la sentencia de
En el texto, he expuesto los motivos, extraídos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, por los cuales, a mi entender, la disposición impugnada produce un efecto suficientemente directo sobre los movimientos de capitales. Obsérvese que —recurriendo a las analogías entre las libertades fundamentales a que se refiere el punto 17 infra, que ciertamente no son las únicas que pueden señalarse (véase, por ejemplo, la nota 84 infra, final)— la aplicación a los movimientos de capitales de los principios enunciados en la sentencia de
Véase la Comunicación, p. 10.
Según Servais, op. cit.,
El Tribunal de Justicia ya ha conocido anteriormente de una restricción que tenía efectos restrictivos a dos niveles: véase la sentencia de
Sentencia Bordessa y otros, apartado 17. Subrayo que, desde un punto de vista temporal, los liedlos de autos, que tienen por objeto una declaración de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal de 1991, son posteriores a la techa de la liberalizáción completa, a saber, el
Véanse, por ejemplo, las sentencias Trümmer y Mayer, apartado 26; Ambry, apartados 28 y 29; Safir, apartado 30; de
El Gobierno británico puso de relieve los siguientes aspectos: i) en ocasiones, una inversión en acciones extranjeras simplemente no constituirá ningún movimiento de capitales, en el supuesto de que las acciones hayan sido efectivamente objeto de compraventa entre dos residentes neerlandeses; ii) parece difícil que la imposibilidad de beneficiarse de la exención de que se trata incluya una decisión de invertir en títulos extranjeros, habida cuenta de su reducido importe, considerando el hecho de que a menudo un inversor ya poseerá títulos que le reporten al menos
Véase la declaración del staatssecretaris van Financiën a la que me he referido en la nota 8 supra.
Sentencia Brugnoni y Ruffinengo, apartado 22.
Este paralelismo resulta cuando menos apropiado —no consigo imaginar un buen motivo para apreciar las restricciones a una libertad fundamental de un modo diferente que las restricciones a otra (véase la sentencia Gebhard, apartado 37)— atendiendo al hecho de que tanto el artículo 30 del Tratado (véase la sentencia Dassonville, antes citada, apartado 5), como el artículo 1, apartado 1, de la Directiva (y, actualmente, el artículo 56 CE) establecen la prohibición de toda restricción, y no sólo la eliminación de las medidas nacionales que tengan carácter discriminatorio.
Sentencia de
Sentencia de
Véase, por ejemplo, la sentencia Kraus, apartado 32; véase asimismo, en materia de libertad de establecimiento, la sentencia de
Sentencia de
Véase la sentencia Avoir fiscal, apartado 21.
Entre quienes se han manifestado en el sentido de considerar intrínsecamente ilegal una
Véase la nota 30 supra.
Véase, como más reciente, la sentencia Royal Bank of Scotland, apartado 32; véanse, por otra parte, las sentencias Svensson y Gustavsson, apartado 15; Schindler (Sobre la sexta cuestión prejudicial); de
Estos principios, formulados inicialmente en relación con la libre circulación de mercancías, son aplicados actualmente por el Tribunal de Justicia a todas fas libertades de circulación (véase, por ejemplo, la sentencia Gebhard, apartado 37).
Entre ellas, se encuentra la que prevé el caso de las medidas de salvaguardia que, previa autorización de la Comisión, un Estado miembro puede adoptar en caso de movimientos de capitales a corto plazo excepcionalmente amplios que provoquen fuertes tensiones en los mercados de cambio y graves perturbaciones en la dirección de la política monetaria y de cambio de un Estado miembro interesado (véase el artículo 3, apartado 1), así como el supuesto de las medidas indispensables que los Estados miembros pueden adoptar para impedir las infracciones a sus leyes y reglamentos nacionales, en particular, en materia fiscal o de control prudencial de las entidades financieras (véase el artículo 4, apartado 1).
Véanse, por ejemplo, las sentencias de
Véase el punto 28 de las conclusiones.
Véanse todas las normativas mediante las que se incentiva a la población a adquirir productos fabricados en el Estado miembro interesado; véase, por ejemplo, la sentencia de
Piénsese, además, en las disposiciones fiscales que, por favorecer los productos nacionales en detrimento de los importados, han sido consideradas incompatibles con el artículo 95 del Tratado CE (actualmente artículo 90 CE, tras su modificación), por tener efectos proteccionistas (véanse, por ejemplo, las sentencias de
Véanse las sentencias Bachmann, y de
Citada en la nota 30 supra.
Citada en la nota 12 supra.
Con respecto a las afirmaciones expresas del Tribunal de Justicia, véanse, en la sentencia Svensson y Gustavsson, el apartado 12, referido al aspecto
En relación con los hechos objeto de la sentencia Svensson y Gustavsson, me remito a la nota 30 y el punto 25 supra. En la sentencia ICI, el criterio del domicilio social de las filiales controladas era utilizado por el legislador británico para aplicar un trato fiscal diferenciado a las sociedades pertenecientes a un consorcio establecidas en el Estado miembro interesado; en particular, dicha medida reservaba la concesión de la ventaja fiscal constituida por la desgravación de consorcio únicamente a las sociedades que controlaban única o principalmente filiales que tuvieran su domicilio social en el territorio nacional (véase el apartado 23 de la sentencia).
Las únicas excepciones previstas por lo que respecta a la libertad de establecimiento (sentencia ICI) figuran en el artículo 56, apartado 1 del Tratado, mientras que las relativas a la libre circulación de servicios (sentencia Svensson y Gustavsson) se limitan a los supuestos a que se refiere el artículo 66 del Tratado, que se remite al artículo 56 CE.
Véanse las sentencias Svensson y Gustavsson, apartado 15, c ICI, apartado 28.
Véanse las sentencias Svensson y Gustavsson, apartado 18, e ICI, apartado 29. Observo, por otro lado, que, en la sentencia ICI, el Tribunal de Justicia, mientras que por un lado reiteraba el principio general de la inadmisibilidad de razones imperiosas de interés general como justificación de medidas nacionales distintamente aplicables, por el otro, al examinar sobre el fondo el fundamento de la exigencia de garantizar la coherencia del régimen tributario, aplicó coherentemente, en cambio, dicho principio, declarando la inadmisibilidad de otra razón —alegada por el Estado miembro interesado— consistente en la necesidad de evitar la disminución de los ingresos fiscales (véase el apartado 28 de la sentencia).
En el mismo sentido, véanse también las sentencias Asscher (libertad de establecimiento) y Schumacker (libre circulación de trabajadores), en las que el Tribunal de Justicia, tras haber declarado que la medida nacional de que se trataba era discriminatoria (apartados 48 y 49, y 27 a 38, respectivamente), examinó detenidamente, remitiéndose siempre a la sentencia Bachmann, el fundamento de la justificación basada en la exigencia de garantizar la coherencia del régimen tributario (apartados 58 a 60 y 39 a 42, respectivamente).
Como no dejaron de observar la Comisión y cl Sr. Verkooijen, con anterioridad a 1981, año en el que se adoptó el artículo 47b, el sistema tributario neerlandés se caracterizaba ya por una cierta coherencia, en la medida en que no se establecía ninguna excepción (ni atenuación) de los efectos económicos producidos por la doble imposición de los dividendos pagados a contribuyentes neerlandeses por sociedades establecidas en los Países Bajos.
Véanse las sentencias ICI, apartado 29; Asscher, apartados 58 a 60; Svensson y Gustavsson, apartado 18; Bachmann, apartados 22 y 23, y Comisión/Bélgica, apartados 14 a 16.
Véanse las sentencias Bachmann y Comisión/Bélgica.
Véase la sentencia Svensson y Gustavsson, apartado 18.
Véase el punto 31 de las conclusiones del Abogado General Sr. Elmer en el asunto Svensson y Gustavsson.
Véase el punto 4 supra.
Véase el punto 30 de las conclusiones del Abogado General Sr. Elmer.
Fundamentalmente en el mismo sentido, véase, más recientemente, el asunto ICI, apartado 29 de la sentencia y puntos 26 a 28 de las conclusiones del Abogado General Sr. Tesauro.
Siempre en relación con la coherencia de su régimen tributario y, en particular, con la exigencia de no producir resultados no deseados por el legislador nacional, los Países Bajos observaron, asimismo, que una aplicación generalizada de la exención tendría el efecto de otorgar una ventaja, en relación con los accionistas de sociedades neerlandesas, a los accionistas de sociedades establecidas en aquellos Estados miembros en los cuales las disposiciones adoptadas para atenuar los efectos de la doble imposición sobre los dividendos se aplican en la fuente, es decir, en el Impuesto sobre los Dividendos. De este modo, según el Gobierno neerlandés, los accionistas que hubieran invertido en acciones de sociedades extranjeras gozarían de una atenuación de la doble imposición mayor que la permitida en el caso de los dividendos de sociedades neerlandesas, lo que a su juicio excedería del objetivo de la exención establecida, e implicaria, además, si he entendido bien, obstaculizar la consecución del otro objetivo subyacente en las medidas tributarias de que se trata, consistente en fomentar la economía nacional. No me convence este razonamiento del Gobierno neerlandés. En primer lugar, el Derecho comunitario no prohibe a los Estados miembros tratar situaciones puramente internas de un modo menos favorable que las previstas en el Tratado. En segundo lugar, recuerdo que el Tribunal ya tuvo ocasión de desestimar la alegación según la cual determinadas desventajas (en nuestro caso, el hecho de no poder gozar de la exención) pueden estar justificadas en la medida en que se vean compensadas por las ventajas de que gocen los interesados en otro Estado miembro (en el supuesto planteado por el Gobierno neerlandés, una
Véanse, entre otras muchas, las sentencias Gebhard, apartado 37, y Kraus, apartado 32.
Sentencia de
Sobre este tema, véanse los puntos 46 a 56
El artículo 73 D del Tratado establece lo siguiente:
El artículo 73 B, apartado 1 del Tratado dispone que:
En relación con las vicisitudes que han conocido las disposiciones del Tratado relativas a los movimientos de capitales, véase la nota 1 supra; en particular, el artículo 73 D, apartado 1, letra a), establece una excepción (en lo sucesivo,
Los Gobiernos que presentaron observaciones subrayan, en particular, que el artículo 73 D, apartado 3, menciona exclusivamente las
Con la excepción de algunas voces aisladas, la doctrina coincide fundamentalmente en considerar que, en realidad, el artículo 73 D, apartado 1, letra a), no constituye un paso atrás, en aparente contradicción con el tenor del artículo 67, apartado 1 (que prohibe las discriminaciones por razón del lugar de colocación de los capitales), sino que debe entenderse en armonía con el sistema anteriormente vigente, tal como ha sido interpretado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia [véanse, entre otros muchos, Dourado, op. cit., pp. 180, 181 y 184: P. Farmer y R. Lyal: EC Tax Law, Garendem Press, Oxford, 1994, p. 334; J.-M. Hauptmann:
Sobre la importancia que el Tribunal atribuye al
Véanse las sentencias Bachmann y Comisión/Bélgica.
Incluidas, por tanto, aquellas basadas en el lugar de colocación del capital.
Véase la sentencia Schumacker, apartado 37.
En este sentido se han manifestado todos los autores que consideran que la excepción no es
Véanse las sentencias Bachmann, apartado 27, y Comisión/Bélgica, apartado 20.
Véanse, entre otras muchas, las sentencias de
Y que, ahora, el artículo 73 D, apartado 2, se expresa de manera análoga en relación con los movimientos de capitales:
Véase el punto 17 de las conclusiones presentadas en el asunto Safir.
Sentencia Avoir fiscal, apartado 21.
Vénse el punto 16
El artículo 52 del Tratado no garantiza únicamente la libertad de establecerse con carácter principal: a efectos del artículo 52, párrafo primero, y del artículo 58, apartado 1, del Tratado, el derecho de establecimiento comprende, para las sociedades constituidas con arreglo al Derecho de un Estado miembro y que tengan su domicilio social, su administración central o su centro de actividad principal en el territorio comunitario, el derecho de ejercer su actividad en otro Estado miembro mediante un establecimiento secundario. Sobre el fondo, véanse las sentencias de El derecho de establecimiento comprende la Véase el punto 15 de mis conclusiones en el asunto Centros. Véanse los apartados 20 a 22 de la sentencia, con referencias a la jurisprudencia en el mismo sentido. Entre éstas, destaco el asunto Avoir fiscal, en el cual el Tribunal afirmó que Véase, Este tipo de operaciones implican el
Por otro lado, del Informe Ruding se desprende que, para el 48 % de las empresas comunitarias, los aspectos tributarios son casi siempre un aspecto fundamental que tienen en cuenta a la hora de decidir la localización de una planta de producción (véase el Capítulo 10, Sección II, en la parte relativa al impacto de las diferencias fiscales entre Estados miembros); el porcentaje es, en cambio, del 38 % en el caso de la apertura de un punto de venta, del 41 % en el caso de la localización de centros de investigación y desarrollo, del 57 % en el caso de un centro de coordinación y del 78 % en el de un centro financiero.
Convenio firmado en Bruselas el
No obstante, véase el apartado 14 de las observaciones del Gobierno neerlandés, en las que se hace mención a
Punto 54 de las conclusiones.
Véanse las sentencias Wielockx, fallo y apartados 24 a 27, y Bachmann, apartado 26, precisamente en un caso en el que ni en las alegaciones formuladas por las partes que presentaron observaciones ante el Tribunal ni en las conclusiones del Abogado General Sr. Mischo se aludía a los Convenios internacionales (para una descripción de los hechos, véase el punto 25 supra).
Según V. Petrella (II principio di non discriminazione nell'imposizione del reddito transnazionale. Analisi del principio nel contesto giuridico comunitario, tesis doctoral, Università degli Studi
Posteriormente, en la sentencia Wielockx, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia experimentó una importante evolución por lo que respecta a la importancia que debe atribuirse a los Convenios fiscales bilaterales a efectos de una correcta solución de los problemas sometidos a su consideración:
Véase asimismo la sentencia Royal Bank of Scotland (apartado 31), en la cual, pese a haber sido invocado por el Gobierno francés, el Convenio para evitar la doble imposición celebrado entre la República Helénica y el Reino Unido (los dos Estados miembros interesados en relación con los hechos del procedimiento principal) no había sido objeto ni de la cuestión prejudicial sometida al Tribunal de Justicia, ya que el Juez remitente albergaba dudas sobre la compatibilidad con el Derecho comunitario exclusivamente en relación con el Derecho nacional interno (véase el apartado 17), ni de la descripción del marco jurídico efectuada en el informe para la vista elaborado por el Juez Ponente Sr. Wathelet.
Al objeto, esta vez, no tanto de comprobar el fundamento de una justificación (la coherencia del régimen tributario) de una medida distintamente aplicable (véanse las sentencias Bachmann y Wielockx, en las cuales, como he señalado en el texto, el Tribunal de Justicia no siguió el mismo planteamiento) sino más bien de determinar, como veremos con mayor detalle más adelante (véanse los puntos 52 a 56 infra), si una norma nacional es o no distintamente aplicable, es decir, sí constituye un obstáculo a una libertad fundamental.
Véase el asunto Wielockx, apartados 24 y 25 de la sentencia y punto 54 y nota 41 de las conclusiones del Abogado General Sr. Léger.
Véase la sentencia Avoir fiscal, apartado 26, en la que el Tribunal desestimó la alegación del Gobierno francés —el cual había invocado, para justificar la medida nacional de que se trataba, los Convenios para evitar la doble imposición—, motivando su decisión en el hecho de que dichos Convenios no contemplaban los supuestos examinados en aquel procedimiento.
Sentencia de
El fallo de la sentencia Naranjo Arjona y otros refleja, en lo fundamental, mis conclusiones, en las que había indicado cuáles eran, a mi entender, las dos respuestas
Véase la sentencia de
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.
Todavia en 1992, el Informe Ruding, op. cit., identificó una serie de casos en que los Estados miembros no habían celebrado entre sí Convenios bilaterales para evitar la doble imposición (véanse Capítulos 3 y 10, Sección 111, en la parte correspondiente a los Convenios fiscales).
Con arreglo al artículo 10, apartado 1, del Convenio (cuyo contenido, al igual que sucede con el apartado 2, refleja el del artículo 10 del Convenio tipo de la OCDE):
Con arreglo al articulólo, apartado 2, del Convenio:
Aunque el Convenio establece la obligación recíproca para los Estados contratantes de aplicar —en el caso de los dividendos que reciba un sujeto residente en el otro Estado contratante— un impuesto sobre los dividendos que no exceda del 15 %, el Sr. Verkooijen afirma que los dividendos que percibió ya habían sido objeto en Bélgica de una retención en la fuente del 25 %.
Que se corresponde con el artículo 23 del Convenio tipo de la OCDE.
Con arreglo al artículo 24, apartado 1, del Convenio:
En los autos del presente procedimiento no existen elementos que permitan determinar si la Administración tributaria neerlandesa aplicó —con arreglo al artículo 24, apartado 1, del Convenio— a los dividendos pagados por Petrofina al Sr. Verkooijen el crédito fiscal correspondiente al Impuesto sobre los Dividendos ya percibido en Bélgica en forma de retención en la fuente o si el Sr. Verkooijen solicitó en algún momento disfrutar de dicho beneficio, destinado a evitar la doble imposición.
Véase la nota
Sentencia Wielockx, apartado 24. El mismo carácter de reciprocidad de las obligaciones fue considerado indispensable en el Informe Ruding para poder imponer a los Estados miembros de la Comunidad la extensión a los dividendos
Véase, por ejemplo, la sentencia de
Corroboran las conclusiones a las que llego acerca de la calificación de la disposición impugnada las del Informe Ruding de 1992, citado en la nota 32 supra. En aquel Informe, se recomienda que los Estados miembros cuyo ordenamiento jurídico contempla alguna forma de beneficio riscal por los dividendos distribuidos por sociedades establecidas en el Estado miembro interesado a contribuyentes que tengan su domicilio fiscal en él reconozcan, con carácter reciproco, un beneficio equivalente por los dividendos distribuidos por sociedades establecidas en otro Estado miembro (véase el Capítulo 10, Sección III, en la parte correspondiente a los regímenes fiscales de las sociedades). Según el Informe Ruding, a falta de una armonización comunitaria semejante solución tendría la ventaja de reducir al máximo cualquier posible distorsión. Ahora bien, en el marco de sus relaciones bilaterales con Bélgica, los Países Bajos reconocen a los dividendos
Véanse las sentencias Bordessa, apartado 17, y Brugnoni y Ruffinengo, apartado 22 (si bien dichas sentencias se dictaron en unos momentos en que sólo se habían liberalizado algunos movimientos de capitales, las consideraciones del Tribunal de Justicia acerca de los mismos tienen ahora una validez general, desde el momento en que mediante la Directiva se ha alcanzado una plena liberalización).
Véase la jurisprudencia citada en el punto 17 supra, especialmente en nota 43 supra.
No obstante, cuando el Estado miembro interesado haya celebrado un Convenio fiscal para evitar la doble imposición que contenga estipulaciones como las de los artículos 10 y 24 del Convenio celebrado el