<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRCJ1997ESA.1000563501.case.xml"><NO.CASE>C-140/96 P</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61996O0140</NO.CELEX><NO.SEQ>0019.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>5637</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>5658</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>22</PAGE.TOTAL><AUTHOR>CJ</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>AUTO DE <DATE ISO="19971016">16.10.1997</DATE> — ASUNTO C-140/96 P</LEFT><RIGHT>DIMITRIADIS / TRIBUNAL DE CUENTAS</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Justicia</HT> (Sala Segunda)</P><P>de <DATE ISO="19971016">16 de octubre de 1997</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: griego.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>En el asunto C-140/96 P,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Konstantinos Dimitriadis,</HT> antiguo funcionario del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, con domicilio en Luxemburgo, representado por el Sr. Markos Papazissis, Abogado de Tesalónica, que designa como domicilio en Luxemburgo ei del demandante, 4 A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,</P><PARTY.STATUS>parte recurrente,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><P>que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Tercera), de <DATE ISO="19960228">28 de febrero de 1996</DATE>, Dimitriadis/Tribunal de Cuentas (<REF.DOC.ECR EDITION="CST" NO.CASE="T-294/94" YEAR="1996" PAGE.ECR="I-A-51">T-294/94, RecFP p. I-A-51 y p. II-151</REF.DOC.ECR>), por el que se solicita que se anule dicha sentencia,</P><AGAINST>y en el que la otra parte en el procedimiento es:</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas,</HT> representado por el Sr. Jean-Marie Stenier, administrador principal del Servicio Jurídico, y los Sres. Christos Komninos y Paolo Giusta, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede del Tribunal de Cuentas, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg,</P></DEFENDANTS></PARTIES><?PAGE NO="I-5638"?><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),</P><P>integrado por los Sres.: R. Schintgen, Presidente de Sala; G.F. Mancini (Ponente) y G. Hirsch, Jueces;</P><P>Abogado General: Sr. C.O. Lenz;</P><P>Secretario: Sr. R. Grass;</P><P>oído el Abogado General;</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>dicta el siguiente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Auto</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el <DATE ISO="19960429">29 de abril de 1996</DATE>, el Sr. Dimitriadis interpuso un recurso de casación, con arreglo al artículo 49 del Estatuto (CE) y a las disposiciones concordantes de los Estatutos (CECA) y (CEEA) del Tribunal de Justicia, contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19960228">28 de febrero de 1996</DATE>, Dimitriadis/Tribunal de Cuentas (<REF.DOC.ECR EDITION="CST" NO.CASE="T-294/94" YEAR="1996" PAGE.ECR="I-A-51">T-294/94, RecFP p. I-A-51 y p. II-151</REF.DOC.ECR>; en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>sentencia recurrida<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), por la que se desestimó su recurso dirigido a obtener la anulación de la decisión n<HT TYPE="SUP">o</HT> 8543 de <DATE ISO="19940308">8 de marzo de 1994</DATE> de la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>AFPN<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>), por la que se desestimó su solicitud de asistencia de <DATE ISO="19931126">26 de noviembre de 1993</DATE>, así como una indemnización por el perjuicio moral supuestamente sufrido.</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Por lo que respecta a los hechos que dieron lugar a la controversia entre el Sr. Dimitriadis y el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Primera Instancia expone lo siguiente:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>En el momento en que sucedieron los hechos, el demandante era funcionario del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, adscrito al Servicio lingüístico en calidad de traductor de lengua griega.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19931124">24 de noviembre de 1993</DATE>, el Sr. K., Jefe de la Sección lingüística griega y superior jerárquico del demandante, depositó, en el despacho del demandante y a<?PAGE NO="I-5639"?> la atención de este último, un texto que debía traducirse para el 9 de diciembre siguiente. El <DATE ISO="19931125">25 de noviembre de 1993</DATE>, el Sr. K. y el demandante mantuvieron una entrevista, en el mencionado despacho, en relación con la traducción de dicho texto. El demandante alegó que no tendría tiempo para traducirlo dentro del plazo indicado, ya que debía tomar tres días de vacaciones en el intervalo, tenía que ocuparse de ciertas tareas domésticas y sufría problemas de salud (vértigos). Propuso que el trabajo se encomendara a otra persona del Servicio.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>La conversación degeneró. En ese momento, el Sr. K. profirió, dirigiéndose al demandante, los términos <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="201C"/>vlakas<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="201D"/> (término griego) y <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="201C"/>assichtir<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="201D"/> (término turco), que el demandante consideró injuriosos (en su opinión, tales términos significan, respectivamente, <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="201C"/>idiota<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="201D"/> y <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="201C"/>vete a tomar por [...]<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="201D"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19931126">26 de noviembre de 1993</DATE>, el demandante presentó, por una parte, una denuncia ante el parquet general de Luxembourg y, por otra, una solicitud de asistencia con arreglo al párrafo primero del artículo 24 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="201C"/>Estatuto<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="201D"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>Dado que no había respetado determinados requisitos formales para la presentación de su solicitud, la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="201C"/>AFPN<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="201D"/>) instó al demandante, mediante nota de <DATE ISO="19931208">8 de diciembre de 1993</DATE>, para que presentara otra.</TXT></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19931209">9 de diciembre de 1993</DATE>, el demandante formuló una petición, conforme al apartado 1 del artículo 90 del Estatuto, a fin de que se iniciara una investigación administrativa y se impusieran sanciones disciplinarias al Sr. K.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19940114">14 de enero de 1994</DATE>, la AFPN dio instrucciones al Sr. F., Jefe del Servicio lingüístico, para que, conforme al párrafo primero del artículo 24 del Estatuto, llevara a cabo una investigación, con objeto de comprobar los hechos relatados por el demandante en su solicitud de asistencia.</TXT></NP><?PAGE NO="I-5640"?><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>Durante dicha investigación, fueron oídos sucesivamente, el <DATE ISO="19940119">19 de enero de 1994</DATE>, el demandante, el Sr. K. y cuatro miembros del Servicio lingüístico que el demandante había citado como testigos. El <DATE ISO="19940127">27 de enero de 1994</DATE> se oyó a un último testigo.</TXT></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Por considerar que existían indicios de responsabilidad compartida del demandante y del Sr. K., la AFPN decidió oír sucesivamente a estos dos funcionarios en el marco del párrafo primero de artículo 87 del Estatuto, relativo al régimen disciplinario. Este procedimiento se refería, por lo que respecta al demandante, a tres supuestos casos de negativa a realizar el trabajo, entre ellos el que fue objeto del incidente de <DATE ISO="19931125">25 de noviembre de 1993</DATE>, y, por lo que respecta al Sr. K., al incidente de <DATE ISO="19931125">25 de noviembre de 1993</DATE>. Las audiencias se celebraron el <DATE ISO="19940128">28 de enero de 1994</DATE>. Otros dos miembros de la Sección lingüística griega fueron oídos en calidad de testigos el <DATE ISO="19940131">31 de enero de 1994</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19940131">31 de enero de 1994</DATE>, el demandante cesó en sus funciones de traductor en el Tribunal de Cuentas y pasó a desempeñar las de jurista lingüista en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.</TXT></NP><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>Al finalizar la investigación, la AFPN de la parte demandada decidió, mediante escrito n<HT TYPE="SUP">o</HT> 8543 de <DATE ISO="19940308">8 de marzo de 1994</DATE> dirigido al demandante, desestimar la solicitud de asistencia de este último. Para ello se basó en la existencia de <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="201C"/>indicios de responsabilidad compartida<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="201D"/> y en el contexto general del asunto. En particular, tuvo en cuenta las siguientes circunstancias: el Sr. K. nunca negó haber proferido los términos de que se trata, éstos se pronunciaron durante un altercado y el Sr. K. se había ofrecido, durante su audiencia de <DATE ISO="19940119">19 de enero de 1994</DATE>, a presentar sus excusas. Así las cosas, la AFPN consideró que, en interés del servicio, no debía adoptar medidas más severas contra el Sr. K.</TXT></NP><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>La AFPN decidió también, mediante escrito n<HT TYPE="SUP">o</HT> 8544 de <DATE ISO="19940308">8 de marzo de 1994</DATE> dirigido al demandante, concluir el procedimiento disciplinario iniciado en su contra, sin imponerle medidas disciplinarias. En efecto, consideraba que dos de los tres casos de negativa a realizar el trabajo no habían sido probados y que el tercero<?PAGE NO="I-5641"?> (que dio lugar al incidente de <DATE ISO="19931125">25 de noviembre de 1993</DATE>) no bastaba para justificar la adopción de una sanción disciplinaria, a pesar de que las razones invocadas por el demandante no parecieran convincentes.</TXT></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>Por último, mediante escrito de <DATE ISO="19940309">9 de marzo de 1994</DATE> dirigido al Sr. K., la AFPN decidió poner fin al procedimiento disciplinario iniciado en su contra, sin imponerle sanciones disciplinarias.</TXT></NP><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19940411">11 de abril de 1994</DATE>, el demandante presentó una reclamación, con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, contra la decisión n<HT TYPE="SUP">o</HT> 8543 de la AFPN de <DATE ISO="19940308">8 de marzo de 1994</DATE>. En dicha reclamación solicitaba que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar su protección conforme al artículo 24 del Estatuto y que se le pagaran <FT TYPE="NUMBER">25.000</FT> ECU en concepto de indemnización por el perjuicio moral supuestamente sufrido como consecuencia de la actitud de la AFPN.</TXT></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>Esta reclamación fue objeto de desestimación expresa por parte de la AFPN mediante escrito de <DATE ISO="19940701">1 de julio de 1994</DATE>.<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/></TXT></NP></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>En estas circunstancias, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el <DATE ISO="19940927">27 de septiembre de 1994</DATE>, el recurrente interpuso su recurso de anulación, en el que solicitaba al Tribunal de Primera Instancia que:</TXT><P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Anulara la decisión n<HT TYPE="SUP">o</HT> 8543 de <DATE ISO="19940308">8 de marzo de 1994</DATE>, así como la decisión n<HT TYPE="SUP">o</HT> 8912 de <DATE ISO="19940701">1 de julio de 1994</DATE>, por la que se desestimó la reclamación.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Condenara a la parte demandada a pagarle una indemnización por importe de <FT TYPE="NUMBER">25.000</FT> ECU, en concepto de reparación del perjuicio moral sufrido como consecuencia de las decisiones y de la actitud de la AFPN.</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="I-5642"?><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Condenara a la parte demandada, en calidad de responsable solidario, a pagarle <FT TYPE="NUMBER">100.000</FT> BFR, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 24 del Estatuto, en concepto de indemnización del perjuicio moral supuestamente sufrido como consecuencia de las palabras contra él proferidas por el Sr. K.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>4)</NO.P><TXT>Condenara en costas a la parte demandada.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>La sentencia recurrida</P></TI></TITLE><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>El Tribunal de Primera Instancia consideró que el recurso era inadmisible o infundado.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Por lo que respecta a la primera pretensión del recurrente, el Tribunal de Primera Instancia recordó, en el apartado 39 de la sentencia recurrida, que la Institución, ante un incidente incompatible con el orden y la serenidad del servicio, debe intervenir con toda la energía necesaria y responder con la rapidez y la solicitud exigidas por las circunstancias del caso, con el fin de esclarecer los hechos y, por consiguiente, poder sacar las consecuencias apropiadas, con pleno conocimiento de causa (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19930421">21 de abril de 1993</DATE>, Tallarico/Parlamento, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-5/92" YEAR="1993" PAGE.ECR="II-477">T-5/92, Rec. p. II-477, apartado 31</REF.DOC.ECR>). Por otra parte, la Institución sólo puede imponer sanciones disciplinarias al funcionario de que se trate si la investigación practicada acredita, sin lugar a dudas, que el funcionario afectado ha observado una conducta que obstaculiza el buen funcionamiento del servicio o atenta contra la dignidad y la reputación de otro funcionario (sentencia del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19891109">9 de noviembre de 1989</DATE>, Katsoufros/Tribunal de Justicia, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="55/88" YEAR="1989" PAGE.ECR="3579">55/88, Rec. p. 3579, apartado 16</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>A continuación, en los apartados 40 y 41, señaló, analizando si el Tribunal de Cuentas había incumplido el deber de asistencia previsto en el artículo 24 del Estatuto, que, en el caso de autos, dicha Institución había:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>instado la realización de una investigación unos días después de que se presentara la solicitud de asistencia del recurrente;</P></ITEM><?PAGE NO="I-5643"?><ITEM><P>oído a las partes;</P></ITEM><ITEM><P>oído a los testigos cuya audiencia había sido solicitada por el recurrente;</P></ITEM><ITEM><P>iniciado un procedimiento disciplinario contra cada una de las partes;</P></ITEM><ITEM><P>oído de nuevo a las partes en el marco de estos procedimientos;</P></ITEM><ITEM><P>oído a nuevos testigos en el marco de estos mismos procedimientos.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>Además, en el apartado 42 de la sentencia recurrida, precisó que la AFPN había oído a los cuatro testigos directos del altercado y que, en la medida en que una investigación realizada en el marco del párrafo primero del artículo 24 del Estatuto tiene por objeto, en particular, esclarecer los hechos, no puede reprocharse a la AFPN el no haber oído a personas que no habían asistido total ni parcialmente al incidente entre los dos funcionarios, cuando nada hacía pensar que su testimonio hubiera podido ser de utilidad para el esclarecimiento de los hechos.</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>En cuanto al argumento relativo a las <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>presiones y amenazas<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/> que supuestamente sufrió el recurrente, el Tribunal de Primera Instancia afirmó, en el apartado 43 de la sentencia recurrida, que el contenido de las intervenciones, que no se discutían, era objeto de versiones contradictorias entre las partes. Además, ningún elemento permitía considerar que la práctica de una investigación al respecto hubiera podido esclarecer este extremo. En tales circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia desestimó esta alegación.</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>Por lo que respecta a los plazos en los que intervino la AFPN, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en el apartado 46 de la sentencia recurrida, que entre el altercado y las decisiones finales adoptadas por la AFPN transcurrieron, en total, tres<?PAGE NO="I-5644"?> meses y medio. En el intervalo, la AFPN había decidido iniciar una investigación con objeto de esclarecer los hechos, llevado a cabo dicha investigación y tramitado dos procedimientos disciplinarios contra cada uno de los participantes en el altercado.</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia consideró que no podía reprocharse a la AFPN el haber intervenido extemporáneamente, infringiendo el párrafo primero del artículo 24 del Estatuto.</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Respecto a la cuestión de si, al finalizar su investigación, la AFPN sacó de ella, con conocimiento de causa, las consecuencias adecuadas, teniendo en cuenta el margen de apreciación que se le reconoce (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19931026">26 de octubre de 1993</DATE>, Caronna/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-59/92" YEAR="1993" PAGE.ECR="II-1129">T-59/92, Rec. p. II-1129, apartado 64</REF.DOC.ECR>), el Tribunal de Primera Instancia consideró, en los apartados 48 y 49 de la sentencia recurrida, que, a pesar de que no se discutía que el Sr. K. hubiera pronunciado los términos objeto del litigio, de los autos resultaba, no obstante, que la investigación no había permitido a la AFPN determinar las responsabilidades respectivas de cada una de las partes, tal como atestiguaban las actas de examen de testigos. Por consiguiente, la AFPN había podido, acertadamente y sin extralimitarse en su facultad de apreciación, desestimar la solicitud de asistencia presentada por el recurrente y dar por terminado, sin imponer sanciones, el procedimiento disciplinario que se había iniciado contra el Sr. K. precisamente como consecuencia de este altercado.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Por lo demás, en los apartados 50 a 53 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia consideró que los argumentos formulados por el recurrente no podían afectar a esta conclusión. En primer lugar, la AFPN, en el marco de una investigación cuyo objeto mismo era esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades, había podido examinar acertadamente motivos de impugnación anteriores formulados por una de las partes en apoyo de sus observaciones sobre el incidente de que se trataba. En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia estimó que no era necesario pronunciarse sobre las acusaciones de falsedad de los documentos, en la medida en que de las decisiones impugnadas no resultaba de modo alguno que la AFPN hubiera tenido en cuenta los escritos de que se trata. En tercer lugar, el Tribunal de Primera Instancia consideró que la AFPN había tomado la decisión impugnada debido a la imposibilidad en que se encontraba, al finalizar su investigación, para esclarecer con certeza los hechos y determinar las responsabilidades. Por consiguiente, había señalado la actitud poco conciliadora del recurrente únicamente como elemento adicional.</TXT></NP><?PAGE NO="I-5645"?><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Por último, por lo que respecta a la supuesta negativa a realizar el trabajo que, según la AFPN, había dado lugar al incidente, el Tribunal de Primera Instancia recordó, en el apartado 54 de la sentencia recurrida, que sólo se le había presentado una petición de anulación de la decisión n<HT TYPE="SUP">o</HT> 8543, relativa a la desestimación de la solicitud de asistencia presentada por el recurrente, y no del escrito n<HT TYPE="SUP">o</HT> 8544, atinente al examen de las supuestas negativas a realizar el trabajo. En consecuencia, el análisis del Tribunal de Primera Instancia sólo hacía referencia a este último punto en la medida en que, en la respuesta de la AFPN de <DATE ISO="19940701">1 de julio de 1994</DATE> por la que se desestimó la reclamación del recurrente, se indicaba que <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>el hecho [...] de que el incidente de <DATE ISO="19931125">25 de noviembre de 1993</DATE> se iniciara cuando usted se negó, por razones muy poco convincentes, a realizar una traducción a petición del Sr. K., traducción que después efectuó, sin protesta alguna, a petición del Sr. F., puede añadirse aquí como elemento de apreciación<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia hizo constar, en primer lugar, que de los autos se deducía que el recurrente no había aceptado realizar un trabajo que su superior jerárquico le pedía. En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia estimó que, como había señalado la AFPN, las explicaciones que dio el recurrente no parecían legítimas ni capaces de justificar dicha negativa. Por lo tanto, no podía considerarse legítima la explicación relativa a las tareas domésticas del recurrente (lavar y planchar, según sus propias palabras durante la audiencia). El Tribunal de Primera Instancia consideró que había que desestimar también la excusa relativa a los días de vacaciones, puesto que el recurrente no los había solicitado ni disfrutado hasta aquel momento y, además, acababa de tomarse tres días de vacaciones la semana anterior al altercado. Respecto a la explicación relativa a supuestos vértigos, el Tribunal de Primera Instancia comprobó que el recurrente no había presentado ningún certificado médico. Finalmente, en cuanto a la propuesta de este último de que la traducción se encomendara a otra persona del Servicio, mientras que a él habría de confiársele una traducción menos urgente, el Tribunal de Primera Instancia estimó que una carga de trabajo desigual en un Servicio, aunque pudiera justificar una petición de explicaciones al superior jerárquico, no podía legitimar una negativa a realizar el trabajo. Además, el Tribunal de Primera Instancia señaló que el recurrente había afirmado durante su audiencia que, en los días que precedieron al altercado, no había <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>tenido nada que hacer<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en los apartados 57 y 58 de la sentencia recurrida, que no podía reprocharse a la AFPN el haber infringido el párrafo primero del artículo 24 del Estatuto y que debían desestimarse las pretensiones de anulación.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Por lo que respecta a la segunda pretensión del recurrente, el Tribunal de Primera Instancia afirmó, en el apartado 61 de la sentencia recurrida, que, dado que el análisis de la primera pretensión no había revelado ningún incumplimiento del deber de asistencia que incumbía al Tribunal de Cuentas en virtud del artículo 24 del Estatuto, la petición de reparación del perjuicio moral supuestamente sufrido por el recurrente como consecuencia de la decisión por la que se desestimó su solicitud de asistencia debía ser desestimada por infundada.</TXT></NP><?PAGE NO="I-5646"?><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Por lo que respecta a la tercera pretensión del recurrente, el Tribunal de Primera Instancia precisò, en el apartado 67 de la sentencia recurrida, que, de conformidad con el artículo 113 de su Reglamento de Procedimiento, <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>el Tribunal de Primera Instancia podrá examinar de oficio en cualquier momento las causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/>. En consecuencia, y sin que sea necesario preguntarse sobre el carácter novedoso de la excepción de inadmisibilidad propuesta por el Tribunal de Cuentas en su dúplica, el Tribunal de Primera Instancia consideró que podía analizar la admisibilidad de la petición del recurrente.</TXT></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>A continuación, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en el apartado 69, que el recurrente no había demostrado que se hubieran agotado los recursos internos. Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia consideró que el recurrente tampoco había aportado indicios que pudieran suscitar serias dudas en cuanto a la eficacia de la protección garantizada por los recursos luxemburgueses. El hecho de que la persona contra la que se dirigía la denuncia hubiera cambiado de domicilio sin declarar su nueva dirección a las autoridades competentes no constituía un indicio suficiente para suscitar tales dudas, aunque podía dificultar el inicio del procedimiento. Por consiguiente, en el apartado 70 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad de la petición de indemnización del perjuicio moral supuestamente sufrido como consecuencia de la palabras proferidas en su contra por el Sr. K., basada en el párrafo segundo del artículo 24 del Estatuto.</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>Finalmente, por lo que respecta a las costas, el Tribunal de Primera Instancia recordó, en el apartado 73 de la sentencia recurrida, que, a tenor del apartado 2 del artículo 87 de su Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Conforme al artículo 88 de dicho Reglamento, en los litigios entre las Comunidades y sus agentes, las Instituciones han de soportar los gastos en que hubieren incurrido. No obstante, a tenor del párrafo segundo del apartado 3 del artículo 87 de ese mismo Reglamento, el Tribunal de Primera Instancia puede condenar a una parte, incluso a la vencedora, a reembolsar a la otra los gastos que le hubiere causado y que se consideren abusivos o temerarios.</TXT></NP><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>Habida cuenta de las circunstancias del caso de autos y, en particular, del alcance del incidente que dio lugar a este asunto, del desarrollo del procedimiento y de la actitud del recurrente, teniendo presente que la AFPN no había podido esclarecer con certeza los hechos ni determinar las responsabilidades, el Tribunal de Primera Instancia consideró que procedía aplicar el apartado 3 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento y condenar al recurrente a cargar con la totalidad de las costas.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="I-5647"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Pretensiones y motivos de las partes</P></TI></TITLE><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>El Sr. Dimitriadis solicita, por una parte, que se ordene al Secretano del Tribunal de Primera Instancia que una a los autos del recurso de casación las actas de la vista de <DATE ISO="19960208">8 de febrero de 1996</DATE>, los informes orales de los Abogados de las partes y la transcripción de la declaración del Sr. F. en calidad de testigo en el asunto T-326/94, Dimitriadis/Tribunal de Cuentas (sentencia de <DATE ISO="19960515">15 de mayo de 1996</DATE>, RecFP p. I-A-217 y p. II-613), y, por otra parte, que se anule total o parcialmente la sentencia recurrida. Además, solicita que el propio Tribunal de Justicia se pronuncie sobre el fondo del asunto y que se condene al Tribunal de Cuentas a cargar con las costas ocasionadas tanto por el recurso de casación como por el procedimiento en primera instancia.</TXT></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>En apoyo de su recurso de casación, el recurrente alega ocho motivos, basados respectivamente en:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>Irregularidades del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.</P></ITEM><ITEM><P>Infracción del artículo 24 del Estatuto.</P></ITEM><ITEM><P>Error de Derecho en la comprobación de los hechos.</P></ITEM><ITEM><P>Violación de los derechos de defensa.</P></ITEM><ITEM><P>Error en la determinación de las responsabilidades.</P></ITEM><ITEM><P>Violaciones del Derecho comunitario e incompetencia del Tribunal de Primera Instancia.</P></ITEM><?PAGE NO="I-5648"?><ITEM><P>Error de Derecho en la desestimación de la petición de indemnización de un perjuicio moral.</P></ITEM><ITEM><P>Vicio sustancial de forma.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>El Tribunal de Cuentas solicita que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación o, en su caso, que se desestime por infundado.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Apreciación del recurso de casación por el Tribunal de Justicia</P></TI></TITLE><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>Con carácter preliminar, el Tribunal de Justicia considera que no procede acordar la práctica de las diligencias de prueba propuestas por el Sr. Dimitriadis. Tal como precisó el Tribunal de Justicia en el auto de <DATE ISO="19970612">12 de junio de 1997</DATE>, New Holland Ford/Comisión (C-8/95 P, no publicado en la Recopilación), apartado 10, ninguna de las disposiciones que regulan la organización del Tribunal de Primera Instancia prevé la redacción de un informe íntegro de las audiencias. Por lo que se refiere a las actas de la vista de <DATE ISO="19960208">8 de febrero de 1996</DATE>, el Tribunal de Justicia considera que no serían de utilidad para el examen que ha de efectuar en el marco del presente recurso de casación.</TXT></NP><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>Respecto al fundamento del recurso de casación, procede recordar, en primer lugar, que, conforme al artículo 119 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando el recurso de casación sea manifiestamente inadmisible o manifiestamente infundado, el Tribunal de Justicia podrá, en todo momento, desestimarlo mediante auto motivado.</TXT></NP><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>Además, a tenor del párrafo primero del artículo 51 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho y debe fundarse en motivos derivados de la incompetencia del Tribunal de Primera Instancia, de irregularidades del procedimiento ante dicho Tribunal que lesionen los intereses de la parte recurrente o de la violación del Derecho comunitario por parte del mismo Tribunal.</TXT></NP><?PAGE NO="I-5649"?><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>Mediante el primer motivo, el recurrente afirma, en primer lugar, que la apreciación del Tribunal de Primera Instancia habría sido completamente distinta si hubiera tenido en cuenta el argumento de hecho relativo a la ineficacia de la protección ofrecida por los recursos luxemburgueses. Por otra parte, en su opinión, el Tribunal de Primera Instancia no tomó en consideración el testimonio del Sr. F. ante dicho Tribunal en el asunto T-326/94, antes citado, en el que reconoció haber dicho al recurrente que, si no retiraba su solicitud de asistencia, sería trasladado al Tribunal de Justicia con un mal informe de calificación. Según el recurrente, de este testimonio resulta que la declaración que la demandada adjuntó como anexo a su duplica es falsa. A continuación, el recurrente sostiene que la demandada incorporó al expediente una declaración de la Sra. S., esposa del Sr. K., según la cual ésta no llamó por teléfono a la mujer del recurrente para pedirle disculpas, y que el Tribunal de Primera Instancia aceptó una declaración de la esposa del recurrente que desmentía la de la Sra. S. No obstante, la sentencia recurrida no hace referencia alguna a tales hechos. Según el recurrente, el Tribunal de Primera Instancia pasó totalmente por alto los hechos que podían poner de manifiesto la falsedad de las declaraciones incorporadas al expediente por la demandada, lo que le hace dudar de la imparcialidad y objetividad de dicho Tribunal. Finalmente, afirma que no se tomó en consideración la petición del representante del recurrente de que se oyera al antiguo miembro del Tribunal de Cuentas, Sr. A. Dado que, en su opinión, tomar en consideración estas alegaciones habría llevado ciertamente a que el Tribunal de Primera Instancia adoptara una decisión diferente, el recurrente afirma que la sentencia recurrida debe ser total o parcialmente anulada.</TXT></NP><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>A este respecto, debe recordarse que el recurso de casación sólo puede fundarse en motivos referentes a la infracción de normas jurídicas, excluyendo cualquier apreciación de hecho. El Tribunal de Primera Instancia es el único competente, por una parte, para determinar los hechos, salvo en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones se desprendiera de los documentos que obran en autos, y, por otra parte, para apreciar estos hechos. Cuando el Tribunal de Primera Instancia ha comprobado o apreciado los hechos, el Tribunal de Justicia es competente para ejercer, con arreglo al artículo 168 A del Tratado, un control sobre su calificación jurídica y las consecuencias en Derecho que de ella ha deducido el Tribunal de Primera Instancia (véase el auto de <DATE ISO="19960917">17 de septiembre de 1996</DATE>, San Marco/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-19/95P" YEAR="1996" PAGE.ECR="I-4435">C-19/95 P, Rec. p. I-4435, apartado 39</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>En este contexto, corresponde al Tribunal de Justicia comprobar si las pruebas admitidas por el Tribunal de Primera Instancia se han obtenido de modo regular y si se han observado los principios generales del Derecho y las normas procesales aplicables en materia de carga y valoración de la prueba (véase el auto San Marco/<?PAGE NO="I-5650"?>Comisión, antes citado, apartado 40). Por el contrario, del propio tenor literal del apartado 1 del artículo 66 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, conforme al cual éste determina las diligencias de prueba que considere convenientes, resulta que el órgano jurisdiccional de primera instancia mantiene, en principio, su competencia para valorar la pertinencia de las proposiciones de prueba que se le presentan.</TXT></NP><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>En el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia pudo estimar acertadamente, en los apartados 42 y 43 de la sentencia recurrida, que el testimonio de personas que no asistieron al incidente entre los dos funcionarios no podía ser de utilidad para el esclarecimiento de los hechos y que la práctica de una investigación no permitía esclarecer los hechos relativos a las presiones y amenazas de que supuestamente fue objeto el Sr. Dimitriadis. Por lo demás, el motivo se refiere a cuestiones de hecho.</TXT></NP><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>Por consiguiente, el primer motivo debe ser desestimado, dado que es, en parte, manifiestamente inadmisible y, en parte, manifiestamente infundado.</TXT></NP><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>Por lo que respecta al segundo motivo, el recurrente alega que la motivación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia contradice directamente la sentencia Katsoufros/Tribunal de Justicia, antes citada. En su opinión, los requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia en dicha sentencia —existencia de una conducta que atente contra la dignidad y la reputación de otro funcionario, así como prueba cierta de dicha conducta— se cumplieron en el presente asunto. En consecuencia, el recurrente considera que la demandada estaba legalmente obligada a adoptar las medidas adecuadas contra el Sr. K., para proteger al recurrente frente a nuevas injurias. Además, afirma que la determinación de las responsabilidades respectivas de cada uno de los participantes en el altercado y la existencia de dudas al respecto carecen de relación con el objeto de su reclamación y, por lo tanto, no podía considerarse que justificaran la negativa de la AFPN a adoptar las medidas adecuadas respecto a las injurias proferidas en su contra por su superior jerárquico. Según el recurrente, el Tribunal de Primera Instancia sobrepasó el objeto del litigio, que consistía en adoptar medidas de asistencia y no en determinar las responsabilidades respectivas de cada una de las partes.</TXT></NP><?PAGE NO="I-5651"?><NP><NO.P>31</NO.P><TXT>A este respecto, ha de recordarse que, en el apartado 16 de la sentencia Katsoufros, antes citada, el Tribunal de Justicia precisó que si bien, con arreglo a su jurisprudencia, la administración, ante un incidente incompatible con el orden y la seguridad del servicio, debe intervenir con toda la energía necesaria con el fin de esclarecer los hechos y sacar las consecuencias apropiadas con pleno conocimiento de causa, sólo puede, no obstante, imponer sanciones disciplinarias al funcionario de que se trate si la investigación practicada acredita, sin lugar a dudas, que dicho funcionario ha observado una conducta que obstaculiza el buen funcionamiento del servicio o atenta contra la dignidad y la reputación de otro funcionario.</TXT></NP><NP><NO.P>32</NO.P><TXT>Pues bien, aunque debe hacerse constar que la utilización de los términos de que se trata era de todo punto inaceptable, no es menos cierto que, según las afirmaciones realizadas por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 11 de la sentencia recurrida, el Sr. K. había propuesto presentar sus excusas al recurrente. Además, dado que la investigación no había permitido a la AFPN determinar las responsabilidades respectivas de cada una de las partes, la AFPN pudo, como precisó el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 49 de la sentencia recurrida, acertadamente y sin extralimitarse en su facultad de apreciación, desestimar la solicitud de asistencia presentada por el recurrente y concluir, sin imponer sanciones, el procedimiento disciplinario que se había iniciado contra el Sr. K. precisamente como consecuencia de dicho altercado.</TXT></NP><NP><NO.P>33</NO.P><TXT>En consecuencia, procede desestimar el segundo motivo de casación por ser éste manifiestamente infundado.</TXT></NP><NP><NO.P>34</NO.P><TXT>Por lo que se refiere al tercer motivo, el recurrente considera que, en el apartado 43 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia cometió errores de Derecho, en la medida en que habría debido decidir si las intervenciones dirigidas al recurrente por el Sr. F. y por el Secretario General de la demandada constituían realmente amenazas y no limitarse a hacer constar que tales intervenciones no se ponían en duda, pero que los interesados daban de ellas versiones contradictorias. Estima que, tras la declaración del Sr. F. en el asunto T-326/94, antes citado, no cabía duda alguna respecto a la realidad de las amenazas proferidas y el Tribunal de Primera Instancia no podía pasar por alto un aspecto tan importante, ya que el recurrente afirmaba que habían existido amenazas, que constituían en sí una violación del deber de asistencia por parte de la AFPN e imponían a esta última una obligación de indemnización.</TXT></NP><?PAGE NO="I-5652"?><NP><NO.P>35</NO.P><TXT>A este respecto, procede recordar que, según jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la apreciación llevada a cabo por el Tribunal de Primera Instancia de los elementos de prueba que se le presentan no constituye, sin perjuicio del caso de desnaturalización de dichos elementos, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia (véase la sentencia de <DATE ISO="19940302">2 de marzo de 1994</DATE>, Hilti/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-53/92 P" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-667">C-53/92 P, Rec. p. I-667, apartado 42</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>36</NO.P><TXT>Dado que el recurrente discute la apreciación efectuada por el Tribunal de Primera Instancia acerca de algunos de los elementos de prueba que se le presentaron en relación con las intervenciones supuestamente llevadas a cabo sobre el recurrente por el Sr. F. y por el Secretario General del Tribunal de Cuentas, su tercer motivo es manifiestamente inadmisible y, por lo tanto, debe ser desestimado.</TXT></NP><NP><NO.P>37</NO.P><TXT>En consecuencia, procede examinar el cuarto motivo, mediante el cual el recurrente alega que la apreciación por el Tribunal de Primera Instancia de la decisión de la AFPN de no oír a dos testigos por él citados durante el informe oral constituye una violación del Derecho comunitario, puesto que permite a la AFPN elegir los testigos que estime conveniente y excluir sin justificación alguna a los citados por el interesado. En su opinión, posibilitó que la AFPN excluyera de forma arbitraria a los testigos que no estaban presentes en el incidente objeto de litigio y deformara así los elementos de prueba o prescindiera de algunas partes de estos últimos, en función de sus objetivos lícitos o ilícitos. Además, considera que quien solicitaba la asistencia de la AFPN se vio privado de toda posibilidad de demostrar la veracidad de sus alegaciones, violándose de manera clara y manifiesta los derechos de defensa.</TXT></NP><NP><NO.P>38</NO.P><TXT>A este respecto, ha de indicarse que, conforme a las comprobaciones efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia, los dos testigos citados por el recurrente no asistieron total ni parcialmente al incidente de que se trata, de forma que el Tribunal de Primera Instancia podía afirmar acertadamente, como hace en el apartado 42, que su testimonio no podía ser de utilidad para el esclarecimiento de los hechos.</TXT></NP><NP><NO.P>39</NO.P><TXT>Mediante el quinto motivo, el recurrente afirma que la determinación de las responsabilidades en el incidente objeto de litigio debe llevarse a cabo en el marco del procedimiento de solicitud de asistencia y ha de limitarse al incidente al que se<?PAGE NO="I-5653"?> refiere dicha solicitud, sin que pueda extenderse a acusaciones formuladas por la AFPN por hechos muy anteriores, absolutamente ajenos al objeto de la solicitud de asistencia. Según el recurrente, la apreciación que realiza el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 51 de la sentencia recurrida en cuanto al examen de las imputaciones anteriores relativas a una negativa a realizar el trabajo por parte del recurrente entra en contradicción directa con el artículo 24 del Estatuto, conforme al cual las Comunidades deben asistir al funcionario. En su opinión, aun suponiendo que fueran ciertas las acusaciones referentes a la negativa a realizar el trabajo, tales acusaciones no pueden en ningún caso justificar las injurias dirigidas a quien se negó a efectuar dicho trabajo.</TXT></NP><NP><NO.P>40</NO.P><TXT>A este respecto, basta señalar que el Tribunal de Primera Instancia pudo estimar acertadamente que no era posible considerar de forma aislada el incidente que constituía el objeto de la solicitud de asistencia.</TXT></NP><NP><NO.P>41</NO.P><TXT>Así, las responsabilidades respectivas de las personas que estaban implicadas en dicho incidente debían apreciarse a la luz de su comportamiento anterior y posterior a los acontecimientos de que se trata.</TXT></NP><NP><NO.P>42</NO.P><TXT>Por consiguiente, debe desestimarse este motivo por ser manifiestamente infundado.</TXT></NP><NP><NO.P>43</NO.P><TXT>Por lo que se refiere al sexto motivo, el recurrente alega que la apreciación del Tribunal de Primera Instancia, según la cual durante el incidente objeto de litigio, ocurrido el <DATE ISO="19931125">25 de noviembre de 1993</DATE>, no aceptó realizar un trabajo, ha de anularse por varias razones.</TXT></NP><NP><NO.P>44</NO.P><TXT>En primer lugar, si se hubiera producido una negativa a realizar el trabajo por parte del recurrente, su superior jerárquico debería haber seguido, conforme al principio de legalidad, el cauce legal que le obligaba a dar cuenta de ello al Jefe del Servicio de traducción y no a tomarse la justicia por su mano, insultando a su subordinado. Según el recurrente, el Tribunal de Primera Instancia parece admitir, indirecta pero claramente, que la negativa a realizar el trabajo justifica la injuria proferida y que,<?PAGE NO="I-5654"?> en este supuesto, la AFPN puede no adoptar ninguna medida de protección y de asistencia respecto a la persona injuriada, sin infringir por ello el párrafo primero del artículo 24 del Estatuto. Considera que, al actuar de esta forma, el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho, puesto que pasó por alto el principio de legalidad.</TXT></NP><NP><NO.P>45</NO.P><TXT>En segundo lugar, siempre según el recurrente, el Tribunal de Primera Instancia se extralimitó en su competencia y en su derecho de control jurisdiccional en la medida en que, en los apartados 54, 55 y 56 de la sentencia recurrida, examinó —sin haber ordenado previamente que se practicara una investigación al respecto— el fundamento de la motivación de la decisión de la AFPN de <DATE ISO="19940701">1 de julio de 1994</DATE>, según la cual el incidente objeto de litigio se originó como consecuencia de la negativa a trabajar del recurrente. Este último alega que, según jurisprudencia reiterada, el Tribunal de Primera Instancia no puede sustituir la apreciación de la AFPN por la suya propia, sino que simplemente ha de controlar si existe incompetencia, vicio sustancial de forma, infracción de una norma jurídica, error manifiesto o desviación de poder. Según el recurrente, el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al examinar el contenido de la motivación de la decisión de la demandada de <DATE ISO="19940701">1 de julio de 1994</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>46</NO.P><TXT>En tercer lugar, el recurrente considera que el Tribunal de Primera Instancia violó sus derechos de defensa al no practicar una investigación al respecto y al no darle la posibilidad de demostrar la veracidad de sus alegaciones. Además, en su opinión, el Tribunal de Primera Instancia resolvió <HT TYPE="ITALIC">ultra petita.</HT> Dado que, en los apartados 49 y siguientes de la sentencia recurrida, había considerado ya legítima la negativa de la AFPN a adoptar medidas contra el Sr. K., la afirmación en los apartados 54 a 56 de la existencia de la negativa a realizar el trabajo era, siempre según el recurrente, superflua y no se había solicitado. Además, el recurrente afirma que, al resolver por decisión propia mediante la sentencia recurrida determinadas cuestiones de fondo, respecto a las cuales no era necesaria ni se había solicitado su apreciación, el Tribunal de Primera Instancia prejuzgó también la resolución que debía adoptarse en el asunto T-326/94, antes citado, creando así un riesgo de conflicto entre dos resoluciones contradictorias sobre los mismos hechos.</TXT></NP><NP><NO.P>47</NO.P><TXT>En cuarto lugar, el recurrente afirma que el Tribunal de Primera Instancia violó el principio de imparcialidad, ecuanimidad y objetividad de los órganos jurisdiccionales. En el apartado 56 de la sentencia recurrida, hizo referencia a las tareas domésticas del recurrente —lavar y planchar. El Tribunal de Primera Instancia pasó por alto, según el recurrente, que éste había declarado que, debido a la ausencia de<?PAGE NO="I-5655"?> su esposa, que se encontraba en Grecia, donde trabajaba, estaba al cargo de sus dos hijas, menores de edad, y, en consecuencia, se veía obligado a ocuparse también de las tareas domésticas. Considera que, aun cuando el Tribunal de Primera Instancia gozara de total libertad para apreciar las circunstancias de hecho, no podía deformar o alterar las alegaciones del recurrente, atacándolo de forma tan brutal. Por otra parte, al estimar que la justificación presentada por el recurrente no era legítima, el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho, dada la naturaleza de la obligación legal en materia de alimentos del recurrente respecto de sus hijos.</TXT></NP><NP><NO.P>48</NO.P><TXT>Por último, el recurrente afirma que el apartado 56 de la sentencia recurrida, relativo a la afirmación del recurrente según la cual no había tenido nada que hacer durante los días anteriores al incidente objeto de litigio, deforma sus alegaciones. En efecto, sostiene que, durante su audiencia, dijo que no había tenido nada que hacer no porque no quisiera trabajar, sino porque había terminado su trabajo antes que sus compañeros. Según el recurrente, el Tribunal de Primera Instancia infringió también la prohibición relativa a la <HT TYPE="ITALIC">reformatio in peius,</HT> que debe actuar en favor de quien solicita la protección de los órganos jurisdiccionales y que constituye un principio fundamental tanto del proceso contencioso administrativo comunitario como del nacional. El recurrente concluye afirmando que procede anular los apartados 54 a 57 de la sentencia recurrida.</TXT></NP><NP><NO.P>49</NO.P><TXT>En primer lugar, por lo que respecta a la apreciación del Tribunal de Primera Instancia relativa a la negativa a realizar el trabajo, a las tareas domésticas del recurrente, así como a la afirmación de este último según la cual no había tenido nada que hacer durante los días anteriores al incidente objeto de litigio, basta hacer constar que, por las razones señaladas en el apartado 26 del presente auto, esta parte del sexto motivo es manifiestamente inadmisible, ya que constituye una apreciación de hecho que escapa al examen del Tribunal de Justicia. Esta conclusión no puede quedar desvirtuada por la circunstancia de que el recurrente trate de presentar una cuestión de hecho como una cuestión jurídica, invocando a este respecto una supuesta violación del principio de imparcialidad de los órganos jurisdiccionales.</TXT></NP><NP><NO.P>50</NO.P><TXT>En segundo lugar, por lo que se refiere al motivo según el cual el Tribunal de Primera Instancia resolvió <HT TYPE="ITALIC">ultra petita,</HT> ha de recordarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en la medida en que uno de los motivos acogidos por el Tribunal de Primera Instancia sea suficiente para justificar el fallo de su sentencia, los vicios que pudieran afectar a otro motivo que también figura en la sentencia carecen en todo caso de influencia sobre dicho fallo y el motivo en que se invocan es inoperante y debe ser desestimado (véase la sentencia de <DATE ISO="19940602">2 de junio de 1994</DATE>, De Compte/Parlamento, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-326/91 P" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-2091">C-326/91 P, Rec. p. I-2091, apartado 123</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><?PAGE NO="I-5656"?><NP><NO.P>51</NO.P><TXT>Por ùltimo, en cuanto a las alegaciones del recurrente según las cuales el Tribunal de Primera Instancia se extralimitó en su competencia y en su derecho de control jurisdiccional en la medida en que, en los apartados 54, 55 y 56 de la sentencia recurrida, apreció la motivación de la decisión de la AFPN de <DATE ISO="19940701">1 de julio de 1994</DATE>, procede señalar que esta parte del motivo debe desestimarse por infundada. En efecto, de una jurisprudencia reiterada se desprende claramente que, si bien es verdad que el Tribunal de Primera Instancia no puede sustituir a la AFPN controlando las apreciaciones de esta última, salvo para declarar la existencia de un error manifiesto de apreciación (véase la sentencia de <DATE ISO="19901213">13 de diciembre de 1990</DATE>, Kalavros/Tribunal de Justicia, asuntos acumulados <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-160/89+T-161/89" YEAR="1990" PAGE.ECR="II-871">T-160/89 y T-161/89, Rec. p. II-871</REF.DOC.ECR>), no es menos cierto que dicho Tribunal puede examinar motivos que han podido determinar la apreciación efectuada por la AFPN (véase la sentencia de <DATE ISO="19661215">15 de diciembre de 1966</DATE>, Serio/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="62/65" YEAR="1966" PAGE.ECR="813">62/65, Rec. p. 813</REF.DOC.ECR>). Por consiguiente, esta parte del sexto motivo debe desestimarse por ser manifiestamente infundada y el sexto motivo ha de ser desestimado en su totalidad.</TXT></NP><NP><NO.P>52</NO.P><TXT>Por lo que se refiere al séptimo motivo, el recurrente considera que, en la medida en que se acojan las demás razones expuestas en el recurso de casación, procede anular también los apartados 59 a 61 de la sentencia recurrida, puesto que el Tribunal de Primera Instancia desestimó su petición dirigida a que se le concediera una indemnización por el perjuicio moral que sufrió. Según el recurrente, el Tribunal de Primera Instancia se basó en el hecho de que la actuación de la AFPN era legítima y no constituía una infracción del párrafo primero del artículo 24 del Estatuto; no tuvo en cuenta las injurias y amenazas del Sr. F., ni las del Sr. E., que era en aquel momento Secretario General del Tribunal de Cuentas, y, en el apartado 43 de la sentencia recurrida, subestimó el alcance de dichas injurias y amenazas.</TXT></NP><NP><NO.P>53</NO.P><TXT>Dado que los motivos alegados por el recurrente al objeto de demostrar que el Tribunal de Primera Instancia estimó equivocadamente que la demandada no había incumplido su deber de asistencia han sido ya desestimados mediante el presente auto por ser manifiestamente inadmisibles o infundados, de ello resulta que el motivo relativo a la existencia o al alcance del perjuicio moral sufrido en consecuencia ha de ser también desestimado.</TXT></NP><NP><NO.P>54</NO.P><TXT>Finalmente, mediante el octavo motivo, el recurrente indica que, como las disposiciones del apartado 3 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia prevén una excepción al principio establecido en el artículo 88, según el cual en los litigios entre las Comunidades y sus agentes, las<?PAGE NO="I-5657"?> Instituciones soportarán los gastos en que hubieren incurrido, tales disposiciones deben ser interpretadas restrictivamente. Considera que, en el apartado 74 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia se refería en términos generales y vagos a las circunstancias del asunto, sin distinguir, como en su opinión exige el apartado 3 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, si los gastos tenían un carácter abusivo o temerario. Por otra parte, siempre según el recurrente, dicho Tribunal no explica suficientemente las circunstancias de hecho sobre las que se basa su apreciación.</TXT></NP><NP><NO.P>55</NO.P><TXT>Según el recurrente, el Tribunal de Primera Instancia debería haber determinado, en primer lugar, si había hecho que la demandada incurriera en gastos de carácter abusivo o temerario, lo que no es fácil habida cuenta de la falta de claridad del apartado 74 de la sentencia recurrida. En su opinión, esta circunstancia crea dudas ofensivas para el recurrente y, por otra parte, para fundamentar la <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>sanción<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/> no se invoca ningún hecho concreto. Afirma que la referencia al <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>alcance del incidente<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/> y a la <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>actitud del recurrente, teniendo presente que la AFPN no había podido esclarecer con certeza los hechos ni determinar las responsabilidades<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/> es incomprensible. Aun cuando el Tribunal de Primera Instancia considerase que este incidente tenía poca importancia, el recurrente lo considera muy importante, puesto que fue injuriado, amenazado e insultado. En cuanto a la insinuación del Tribunal de Primera Instancia según la cual el recurrente nunca mostró una voluntad conciliadora, este último afirma que, hasta el día de hoy, el autor de las injurias nunca le ha presentado excusas y que la AFPN le pidió que perdonara a quien le había injuriado y, al mismo tiempo, que retirase su solicitud, aun antes de que el autor de las injurias se disculpara ante él.</TXT></NP><NP><NO.P>56</NO.P><TXT>A este respecto, procede destacar que, a tenor del párrafo segundo del artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia, la imposición y la cuantía de las costas no pueden constituir por sí mismas un motivo de interposición del recurso de casación. Por consiguiente, de conformidad con el citado artículo, en el supuesto de que hayan sido desestimados todos los demás motivos de un recurso de casación, debe declararse la inadmisibilidad del motivo relativo a la ilegalidad de la decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre las costas (véase la sentencia de <DATE ISO="19950914">14 de septiembre de 1995</DATE>, Henrichs/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-396/93 P" YEAR="1995" PAGE.ECR="I-2611">C-396/93 P, Rec. p. I-2611</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>57</NO.P><TXT>En consecuencia, de conformidad con el artículo 119 del Reglamento de Procedimiento, procede desestimar el recurso de casación en su totalidad.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="I-5658"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Costas</P></TI></TITLE><NP><NO.P>58</NO.P><TXT>A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Según el artículo 70 de dicho Reglamento, en los litigios entre las Comunidades y sus agentes, las Instituciones soportarán los gastos en que hubieren incurrido. No obstante, conforme al artículo 122 del citado Reglamento, el artículo 70 no se aplicará a los recursos de casación interpuestos por los funcionarios y demás agentes de las Instituciones. En consecuencia, por no haber prosperado el recurso de casación interpuesto por el Sr. Dimitriadis, procede condenarlo al pago de las costas del presente recurso.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>En virtud de todo lo expuesto,</P><P>EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)</P><P>resuelve:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Desestimar el recurso de casación.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Condenar en costas al recurrente.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Dictado en Luxemburgo, a <DATE ISO="19971016">16 de octubre de 1997</DATE>.</P><SIGNATORY><P>El Secretario</P><P>R. Grass</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>El Presidente de la Sala Segunda</P><P>R. Schintgen</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>