–

en nombre de FT, AL y ON, por la Sra. S. Capiau, avocate;

–

en nombre de la Orchestre national de Belgique (ONB), por el Sr. C. Bernard, la Sra. M. Buydens y el Sr. D. Lagasse, avocats;

–

en nombre del Gobierno belga, por los Sres. S. Baeyens y P. Cottin y por la Sra. C. Pochet, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. R. Fonteyn y la Sra. A. Joachimowicz, avocats;

–

en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. C. Auvret y J. Samnadda, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 18 a 23 y 26, apartado 2, de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (DO 2019, L 130, p. 92).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por una parte, FT, AL y ON, músicos contratados como personal estatutario por la Orchestre national de Belgique (Orquesta Nacional de Bélgica; ONB), y, por otra, el État belge (Estado belga), en relación con la legalidad del arrêté royal du 1er juin 2021 relatif aux droits voisins du personnel artistique de l’Orchestre national de Belgique (Real Decreto, de 1 de junio de 2021, relativo a los derechos afines del personal artístico de la Orquesta Nacional de Bélgica; Moniteur belge de 4 de junio de 2021, p. 56936) (en lo sucesivo, «Real Decreto de 1 de junio de 2021»).

Marco jurídico

Derecho internacional

Convención de Roma

3

La Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión se firmó en Roma el 26 de octubre de 1961 (en lo sucesivo, «Convención de Roma»).

4

La Unión Europea no es parte en esta Convención. Sí lo son, en cambio, todos sus Estados miembros, con la excepción de la República de Malta.

5

El artículo 7 de dicha Convención, que versa sobre la protección mínima de los artistas intérpretes o ejecutantes, dispone en su apartado 1:

6

El artículo 8 de la Convención de Roma, relativo a las ejecuciones colectivas, establece lo siguiente:

7

El artículo 12 de dicha Convención, que se refiere a las utilizaciones secundarias de fonogramas, tiene el siguiente tenor:

8

El artículo 15 de la misma Convención contiene las excepciones a la protección que esta última garantiza.

9

El artículo 19 de la citada Convención, que trata de la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes en las fijaciones visuales o audiovisuales, tiene la siguiente redacción:

WPPT

10

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) adoptó el 20 de diciembre de 1996, por un lado, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y, por otro, el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT). Estos tratados fueron aprobados en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2000/278/CE del Consejo, de 16 de marzo de 2000, relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor y del Tratado de la OMPI sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas (DO 2000, L 89, p. 6), y entraron en vigor, por lo que respecta a la Unión, el 14 de marzo de 2010.

11

El artículo 2 del WPPT, cuyo epígrafe es «Definiciones», establece:

12

Los artículos 6 a 10 de dicho Tratado se refieren, respectivamente, a las normas que regulan los derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes por sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, al derecho de reproducción, al derecho de distribución, al derecho de alquiler y al derecho de poner a disposición interpretaciones o ejecuciones fijadas.

Derecho de la Unión

Directiva 2001/29/CE

13

Los considerandos 9, 10, 15 y 30 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10; corrección de errores en DO 2008, L 314, p. 16), exponen:

14

El artículo 2 de dicha Directiva establece:

15

El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2001/29 dispone lo siguiente:

16

El artículo 5 de la citada Directiva enumera los casos en los que los Estados miembros tienen la facultad de establecer excepciones y limitaciones a los derechos exclusivos previstos en sus artículos 2 a 4.

17

El artículo 10, apartado 2, de la misma Directiva preceptúa lo siguiente:

Directiva 2006/115/CE

18

Los considerandos 4, 5 y 7 de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO 2006, L 376, p. 28), tienen la siguiente redacción:

19

El artículo 3, apartado 1, de esta Directiva dispone:

20

El artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva establece lo siguiente:

21

El artículo 8, apartados 1 y 2, de la Directiva 2006/115 tiene el siguiente tenor:

22

El artículo 9, apartado 1, de esta Directiva dispone:

23

En su apartado 2, el artículo 10 de dicha Directiva, que enuncia las limitaciones de los derechos afines que los Estados miembros podrán establecer, dispone lo siguiente:

Directiva 2019/790

24

Los considerandos 4 y 72 de la Directiva 2019/790 están redactados en los siguientes términos:

25

A tenor del artículo 1 de la Directiva 2019/790, titulado «Objeto y ámbito de aplicación»:

26

El título IV de la Directiva 2019/790, relativo a las medidas para garantizar el correcto funcionamiento del mercado de derechos de autor, incluye un capítulo 3, titulado «Remuneración equitativa de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes en los contratos de explotación», en el que figuran los artículos 18 a 23 de dicha Directiva.

27

El artículo 18 de la Directiva 2019/790, titulado «Principio de remuneración adecuada y proporcionada», dispone:

28

El artículo 19 de esta Directiva, titulado «Obligación de transparencia», señala en su apartado 1:

29

El artículo 20 de la citada Directiva, titulado «Mecanismo de adaptación de contratos», establece lo siguiente en su apartado 1:

30

El artículo 21 de la misma Directiva, que se titula «Procedimiento alternativo de resolución de litigios», dispone:

31

El artículo 22 de la Directiva 2019/790, titulado «Derecho de revocación», tiene el siguiente tenor:

32

El artículo 23 de esta Directiva, titulado «Disposiciones comunes», está redactado en los siguientes términos:

33

Con arreglo al artículo 26 de dicha Directiva, titulado «Ámbito de aplicación temporal»:

34

El artículo 29, de dicha Directiva, titulado «Transposición», dispone lo siguiente en su apartado 1:

Derecho belga

35

Los derechos afines a los derechos de autor de los artistas intérpretes o ejecutantes fueron reconocidos en la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins (Ley de 30 de junio de 1994, relativa a los derechos de autor y derechos afines; Moniteur belge de 27 de julio de 1994, p. 19297), cuyas disposiciones fueron incorporadas al code de droit économique (Código de Derecho Económico) mediante la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI «Propriété intellectuelle» dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code (Ley de 19 de abril de 2014, por la que se inserta el libro XI «Propiedad intelectual» en el Código de Derecho Económico y por la que se incorporan las disposiciones específicas del libro XI en los libros I, XV y XVII del mismo Código; Moniteur belge de 12 de junio de 2014, p. 44352).

36

El artículo XI.205, apartado 4, del Código de Derecho Económico, que figura en el libro XI de este, dispone que, cuando las prestaciones sean realizadas por artistas intérpretes o ejecutantes en virtud de un contrato de trabajo o de una relación estatutaria, los derechos patrimoniales correspondientes a esos derechos afines pueden cederse al empleador en la medida en que esa cesión esté expresamente prevista y siempre que la prestación esté comprendida en el ámbito del contrato o de la relación estatutaria.

37

La exposición de motivos del Real Decreto de 1 de junio de 2021 contiene el siguiente pasaje:

38

El artículo 1 de este Real Decreto está redactado en los siguientes términos:

39

El artículo 2 de dicho Real Decreto dispone:

40

El artículo 3, apartados 1 y 2, del mismo Real Decreto establece:

–

El derecho de comunicar al público las prestaciones de los artistas intérpretes o ejecutantes realizadas en el desempeño de sus funciones al servicio de la [ONB], con vistas a su difusión y retransmisión sonora por radio, cable, satélite, plataformas de Internet, streaming en línea o mediante cualquier otra técnica, conocida o desconocida en la actualidad;

–

El derecho de comunicar al público las prestaciones de los artistas intérpretes o ejecutantes realizadas en el desempeño de sus funciones al servicio de la [ONB], con vistas a su difusión y retransmisión sonora por radio, cable, satélite, plataformas de Internet, streaming en línea o mediante cualquier otra técnica, conocida o desconocida en la actualidad;

–

El derecho de reproducir las prestaciones de los artistas intérpretes o ejecutantes realizadas en el desempeño de sus funciones al servicio de la [ONB], total o parcialmente, en un número ilimitado de ejemplares, en cualquier soporte fonográfico, videográfico o multimedia, incluidos los soportes digitales, conocidos o desconocidos en la actualidad;

–

El derecho de distribuir los soportes que reproducen las prestaciones de artistas intérpretes o ejecutantes, así como el derecho a ofrecerlos para su descarga con fines privados en un servicio accesible a través de una red digital de transmisión de datos, en particular Internet, y de manera general el derecho de explotar, directa o indirectamente, los soportes, incluso mediante venta y alquiler.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

41

Antes de la adopción del Real Decreto de 1 de junio de 2021, la explotación de los derechos afines de los músicos de la ONB se negociaba caso por caso en el seno de un comité de empresa.

42

Entre 2016 y 2021, la ONB y los representantes sindicales de los músicos de esta orquesta mantuvieron negociaciones con el fin de llegar a un acuerdo sobre la remuneración equitativa de las prestaciones de dichos músicos por parte de la ONB.

43

Estas negociaciones no prosperaron y, en mayo de 2021, se redactó y firmó un «protocolo de desacuerdo», por lo que el Estado belga adoptó el Real Decreto de 1 de junio de 2021.

44

Según la exposición de motivos de dicho Real Decreto, el buen funcionamiento de la ONB exige que se cedan a esta todos los derechos vinculados a la ejecución y a la explotación de las prestaciones de los artistas intérpretes o ejecutantes de dicha orquesta.

45

A tal efecto, el artículo 2 de dicho Real Decreto establece que el artista intérprete o ejecutante cede a la ONB los derechos afines sobre sus prestaciones realizadas en el desempeño de sus funciones al servicio de dicha orquesta. Según el artículo 3 del mismo Real Decreto, se ceden de este modo, a cambio de las contraprestaciones indicadas en los artículos 4 y 6 de dicho Real Decreto, el derecho de comunicación al público y el derecho de reproducción y de distribución, por toda la duración de los derechos afines y para todo el mundo.

46

Mediante recurso interpuesto el 26 de julio de 2021 ante el Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bélgica), que es el órgano jurisdiccional remitente, FT, AL y ON solicitaron la anulación del Real Decreto de 1 de junio de 2021, alegando, en particular, que las disposiciones de dicho Real Decreto infringen el Derecho de la Unión.

47

A este respecto, dicho órgano jurisdiccional señala, en esencia, que, en el marco del examen de dicho recurso, se plantean las cuestiones de si la cesión de derechos afines nacidos en el marco de una relación estatutaria está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2019/790, en particular de sus artículos 18 a 23, y, en caso afirmativo, si el Estado belga estaba obligado a respetar estas disposiciones cuando adoptó el Real Decreto de 1 de junio de 2021, es decir, en una fecha en la que aún no había expirado el plazo de transposición de dicha Directiva.

48

Según dicho órgano jurisdiccional, estas cuestiones se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión y, por tanto, deben someterse a la apreciación del Tribunal de Justicia.

49

En estas circunstancias, el Conseil d’État (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la admisibilidad

50

El Gobierno belga, sin invocar expresamente la inadmisibilidad de la primera cuestión prejudicial, afirma, por una parte, que esta cuestión tiene por objeto obtener del Tribunal de Justicia una opinión consultiva sobre una cuestión general y, por otra parte, que el órgano jurisdiccional remitente no expone, en su petición de decisión prejudicial, ni las razones que le han llevado a preguntarse sobre la interpretación de los artículos 18 a 23 de la Directiva 2019/790 ni la relación que establece entre estas disposiciones y el Real Decreto de 1 de junio de 2021.

51

A este respecto, en primer lugar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, las cuestiones relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede negarse a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación de una norma de la Unión que se ha solicitado carece de relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o, también, cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (sentencia de 15 de junio de 2021, Facebook Ireland y otros, C‑645/19, EU:C:2021:483, apartado 115 y jurisprudencia citada).

52

Además, conforme a jurisprudencia también reiterada, la justificación de la remisión prejudicial no es la formulación de opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino su necesidad para la resolución efectiva de un litigio (sentencia de 15 de junio de 2021, Facebook Ireland y otros, C‑645/19, EU:C:2021:483, apartado 116 y jurisprudencia citada).

53

En segundo lugar, según se desprende del artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, una petición de decisión prejudicial debe contener, so pena de inadmisibilidad, la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como de la relación que, a su juicio, existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal.

54

En el caso de autos, como se ha señalado en el apartado 47 de la presente sentencia, de la resolución de remisión se desprende inequívocamente que, en el marco del recurso de anulación del Real Decreto de 1 de junio de 2021 del que conoce, el órgano jurisdiccional remitente debe determinar si los recurrentes en el litigio principal alegan fundadamente que los artículos 18 a 23 de la Directiva 2019/790 se oponen a la cesión, por vía reglamentaria, de los derechos afines de los músicos de la ONB contratados como personal estatutario, por las prestaciones realizadas en el desempeño de sus funciones al servicio de dicha orquesta, sin su consentimiento previo.

55

De ello se deduce que dicho órgano jurisdiccional expuso la relación que, a su juicio, existe entre estas disposiciones y el Real Decreto de 1 de junio de 2021 y que, para que pueda pronunciarse sobre el litigio principal, es necesaria una respuesta a la primera cuestión prejudicial.

56

En estas circunstancias, la primera cuestión prejudicial es admisible.

Sobre el fondo

Consideraciones preliminares

57

Según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular en su caso las cuestiones prejudiciales que se le han planteado. Además, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a tomar en consideración normas de Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de su cuestión prejudicial [sentencia de 22 de junio de 2023, K. B. y F. S. (Apreciación de oficio en el ámbito penal), C‑660/21, EU:C:2023:498, apartado 26 y jurisprudencia citada].

58

En efecto, el hecho de que un órgano jurisdiccional nacional, en el plano formal, haya formulado una cuestión prejudicial refiriéndose a determinadas disposiciones del Derecho de la Unión no impide que el Tribunal de Justicia proporcione a ese órgano jurisdiccional todos los elementos de interpretación que puedan permitirle resolver el asunto del que conoce, aun cuando no haya hecho referencia a ellos al formular sus cuestiones. A este respecto, corresponde al Tribunal de Justicia deducir del conjunto de elementos aportados por el órgano jurisdiccional nacional y, especialmente, de la motivación de la resolución de remisión los elementos del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, teniendo en cuenta el objeto del litigio [sentencia de 22 de junio de 2023, K. B. y F. S. (Apreciación de oficio en el ámbito penal), C‑660/21, EU:C:2023:498, apartado 27 y jurisprudencia citada].

59

En el caso de autos, las cuestiones prejudiciales se refieren únicamente a la interpretación de los artículos 18 a 23 y 26, apartado 2, de la Directiva 2019/790 y tienen por objeto, en particular, determinar, en esencia, si dichos artículos 18 a 23 se oponen a la cesión, por vía reglamentaria, a favor del empleador, de los derechos afines de los músicos de una orquesta contratados como personal estatutario, por las prestaciones realizadas en el desempeño de sus funciones al servicio de dicho empleador, sin su consentimiento previo.

60

No obstante, es preciso señalar que las disposiciones a que se refiere el órgano jurisdiccional remitente en sus cuestiones prejudiciales se refieren, respectivamente, a la remuneración equitativa de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes en los contratos de explotación y al ámbito de aplicación temporal de la Directiva 2019/790.

61

No es menos cierto, como enuncia el considerando 4 de la Directiva 2019/790, que esta Directiva está basada en las normas establecidas, en particular, en las Directivas 2001/29 y 2006/115, que regulan tal cesión, normas a las que complementa. A este respecto, el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2019/790 establece que, salvo en los casos mencionados en su artículo 24, esta Directiva no afecta en modo alguno a las disposiciones vigentes establecidas, en particular, en las Directivas 2001/29 y 2006/115.

62

Pues bien, entre estas normas figuran, por lo que respecta a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, por una parte, las enunciadas en los artículos 2, letra b), y 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29, que establecen, en beneficio de esos titulares, y sin perjuicio de las excepciones y limitaciones previstas en dicha Directiva, el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción y la puesta a disposición del público de las fijaciones de sus actuaciones.

63

Figuran también entre ellas, por otra parte, las normas mencionadas en los artículos 3, apartado 1, letra b), 7, apartado 1, 8, apartado 1, y 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/115, que confieren a los artistas intérpretes o ejecutantes, también con sujeción a las limitaciones previstas en dicha Directiva, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler o el préstamo de las fijaciones de sus actuaciones, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la fijación de sus actuaciones, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la emisión y la comunicación al público de sus actuaciones y el derecho exclusivo de distribución de las fijaciones de dichas actuaciones.

64

Por tanto, tales normas son pertinentes para determinar si el Derecho de la Unión se opone a la cesión, por vía reglamentaria, a favor del empleador, de los derechos afines de los artistas intérpretes o ejecutantes contratados como personal estatutario, por las prestaciones realizadas en el desempeño de sus funciones al servicio de dicho empleador, sin su consentimiento previo.

65

Por lo demás, de la resolución de remisión parece desprenderse que las actuaciones de los artistas intérpretes o ejecutantes, cuya cesión de derechos a la ONB se produce en virtud del Real Decreto de 1 de junio de 2021, están destinadas a ser objeto de explotación por parte de dicha orquesta, de modo que la ONB no actúa como usuario final de tales interpretaciones o ejecuciones, en el sentido del considerando 72 de la Directiva 2019/790. En efecto, esta cesión afecta tanto a los derechos de comunicación al público de las prestaciones de los artistas intérpretes o ejecutantes para su difusión y retransmisión sonora o audiovisual, por cualquier técnica, como a los derechos de reproducción de dichas prestaciones, total o parcialmente, en un número ilimitado de ejemplares y en todos los soportes, y a los derechos de distribución de las prestaciones así fijadas. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar si ese es efectivamente el caso.

66

En estas circunstancias, procede considerar que, mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 2, letra b), y 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29 y los artículos 3, apartado 1, letra b), 7, apartado 1, 8, apartado 1, y 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/115, por una parte, y los artículos 18 a 23 de la Directiva 2019/790, por otra, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece la cesión, por vía reglamentaria, para su explotación por el empleador, de los derechos afines de los artistas intérpretes o ejecutantes contratados como personal estatutario, por las prestaciones realizadas en el desempeño de sus funciones al servicio de dicho empleador, sin su consentimiento previo.

Sobre la aplicabilidad de las Directivas 2001/29, 2006/115 y 2019/790

–

Sobre la aplicabilidad ratione temporis de la Directiva 2019/790

67

En sus observaciones escritas, el Gobierno belga alega que el Real Decreto de 1 de junio de 2021 está excluido del ámbito de aplicación ratione temporis de la Directiva 2019/790 por tratarse de un «acto celebrado» antes de la expiración del plazo de transposición de dicha Directiva, el 7 de junio de 2021, y que, antes de esa fecha, generó «derechos adquiridos» en beneficio de la ONB, en el sentido del artículo 26, apartado 2, de dicha Directiva.

68

Procede señalar que, de conformidad con el artículo 29, apartado 1, de la Directiva 2019/790, el plazo de transposición de esta Directiva expiró el 7 de junio de 2021. El artículo 26 de la Directiva 2019/790 dispone, en su apartado 1, que esta Directiva se aplica con respecto a todas las obras y otras prestaciones que estén protegidas por el Derecho nacional en materia de derechos de autor a 7 de junio de 2021 o con posterioridad y, en su apartado 2, que se aplica «sin perjuicio de los actos celebrados y de los derechos adquiridos antes del 7 de junio de 2021».

69

De la lectura conjunta de estas disposiciones resulta, por una parte, que la Directiva 2019/790 se aplica a todas las obras y otras prestaciones protegidas por el Derecho nacional en materia de derechos de autor a partir del 7 de junio de 2021.

70

Por otra parte, la aplicación de esta Directiva se produce, según el tenor de su artículo 26, apartado 2, «sin perjuicio de los actos celebrados y de los derechos adquiridos antes del 7 de junio de 2021». Según ha declarado el Tribunal de Justicia en relación con el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2001/29, redactado en términos esencialmente idénticos a los del artículo 26, apartado 2, de la Directiva 2019/790, la salvaguardia de los actos aludidos resulta de un principio general con arreglo al cual una Directiva no tiene efecto retroactivo y no se aplica a actos de explotación de obras y otras prestaciones protegidas que hayan tenido lugar antes de la fecha de transposición de dicha Directiva por los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de junio de 2013, VG Wort y otros, C‑457/11 a C‑460/11, EU:C:2013:426, apartado 28). De ello se deduce que la Directiva 2019/790 no es aplicable a los actos de explotación realizados antes del 7 de junio de 2021 y respecto de los cuales se hayan adquirido válidamente derechos antes de esa fecha.

71

Procede determinar a la luz de estas disposiciones si, como sostiene el Gobierno belga, el Real Decreto de 1 de junio de 2021 constituye un «acto celebrado» antes del 7 de junio de 2021, en el sentido del artículo 26, apartado 2, de la Directiva 2019/790, que generó, antes de esa fecha, «derechos adquiridos» en beneficio de la ONB en relación con los derechos afines de los músicos de dicha orquesta, ya se refieran estos derechos a actuaciones realizadas antes de la entrada en vigor de dicha Directiva o con posterioridad.

72

A este respecto, constituye jurisprudencia reiterada que, en principio, una norma jurídica nueva se aplica a partir de la entrada en vigor del acto que la establece. Si bien esta norma no se aplica a las situaciones jurídicas nacidas y consolidadas definitivamente bajo la vigencia de la norma anterior, sí se aplica a los efectos futuros de una situación nacida bajo la vigencia de la norma anterior, así como a las situaciones jurídicas nuevas. Únicamente no sucede así, y sin perjuicio del principio de irretroactividad de los actos jurídicos, cuando la nueva norma lleva aparejadas disposiciones concretas que determinan específicamente su ámbito de aplicación temporal [sentencia de 21 de diciembre de 2021, Skarb Państwa (Cobertura del seguro de vehículos automóviles), C‑428/20, EU:C:2021:1043, apartado 31 y jurisprudencia citada].

73

Así, los actos adoptados para la transposición de una directiva deben aplicarse a los efectos futuros de las situaciones nacidas bajo la vigencia de la ley anterior, a partir de la fecha de expiración del plazo de transposición, salvo que la directiva disponga otra cosa [sentencia de 21 de diciembre de 2021, Skarb Państwa (Cobertura del seguro de vehículos automóviles), C‑428/20, EU:C:2021:1043, apartado 32 y jurisprudencia citada].

74

Para comprobar la aplicabilidad temporal de una nueva norma de la Unión a una situación nacida bajo la vigencia de la norma anterior, a la que sustituye, es preciso determinar si esta situación agotó sus efectos antes de la entrada en vigor de la nueva norma, en cuyo caso procedería calificarla de situación consolidada con anterioridad a esa entrada en vigor, o si dicha situación sigue produciendo sus efectos después de esta [sentencia de 21 de diciembre de 2021, Skarb Państwa (Cobertura del seguro de vehículos automóviles), C‑428/20, EU:C:2021:1043, apartado 34 y jurisprudencia citada].

75

En el caso de autos, de la resolución de remisión se desprende, en primer lugar, que el Real Decreto de 1 de junio de 2021 entró en vigor el 4 de junio de 2021, de modo que debe considerarse «celebrado» antes de la fecha de expiración, el 7 de junio de 2021, del plazo de transposición de dicha Directiva.

76

De ello se deduce que, en la medida en que haya sido válidamente adoptado, dicho Real Decreto puede haber generado, entre el 4 de junio y el 7 de junio de 2021, en beneficio de la ONB, derechos que no están comprendidos en el ámbito de aplicación ratione temporis de la Directiva 2019/790.

77

En segundo lugar, no es menos cierto que, como también se desprende de la resolución de remisión, el Real Decreto de 1 de junio de 2021 no agotó sus efectos jurídicos en la fecha de su entrada en vigor, el 4 de junio de 2021, y, por lo tanto, no puede considerarse referido exclusivamente a situaciones existentes con anterioridad a dicha entrada en vigor, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 74 de la presente sentencia, sino que está destinado a producir sus efectos de manera continua respecto de las actuaciones de los artistas intérpretes o ejecutantes de que se trate durante todo su período de vigencia, incluso después de la expiración, el 7 de junio de 2021, del plazo de transposición de dicha Directiva.

78

Pues bien, como señaló el Abogado General, en esencia, en el punto 57 de sus conclusiones, la adquisición válida, por parte de la ONB, de derechos sobre las actuaciones de los músicos de dicha orquesta solo puede afectar, a efectos de la aplicación del artículo 26, apartado 2, de la Directiva 2019/790, a aquellas actuaciones que se hayan realizado, y que hayan podido originar tales derechos, antes de la fecha de expiración del plazo de transposición de dicha Directiva.

79

Además, una interpretación según la cual todas las actuaciones de los artistas intérpretes o ejecutantes contempladas en el Real Decreto de 1 de junio de 2021 y posteriores a la fecha de expiración del plazo de transposición de la Directiva 2019/790 están excluidas del ámbito de aplicación de esta última en virtud de su artículo 26, apartado 2, podría menoscabar el efecto útil de las disposiciones de dicha Directiva, que tienen por objeto, como se desprende, en particular, de su considerando 72, proteger a los artistas intérpretes o ejecutantes en caso de cesión de sus derechos.

80

De las consideraciones anteriores se desprende que la Directiva 2019/790 es aplicable ratione temporis a la cesión, producida en virtud del Real Decreto de 1 de junio de 2021, de los derechos afines de los músicos de la ONB correspondientes a las prestaciones realizadas después del 7 de junio de 2021.

–

Sobre la aplicabilidad ratione personae de las Directivas 2001/29, 2006/115 y 2019/790

81

Del tenor de la primera cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que este se pregunta sobre la aplicabilidad de los artículos 18 a 23 de la Directiva 2019/790 a la cesión, por vía reglamentaria, a efectos de la explotación por parte del empleador, de los derechos afines de los músicos de una orquesta contratados como personal estatutario, por las prestaciones realizadas en el marco de su misión al servicio de dicho empleador.

82

No obstante, como se ha señalado en el apartado 64 de la presente sentencia, los artículos 2, letra b), y 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29 y los artículos 3, apartado 1, letra b), 7, apartado 1, 8, apartado 1, y 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/115 también son pertinentes para responder a las dudas planteadas a este respecto por el órgano jurisdiccional remitente, de modo que procede determinar, con carácter preliminar, si el concepto de «artista intérprete o ejecutante», a que se refieren esas disposiciones y los artículos 18 a 23 de la Directiva 2019/790, incluye a los músicos de una orquesta contratados como personal estatutario.

83

Antes de nada, procede señalar que, según reiterada jurisprudencia, habida cuenta de las exigencias de unidad y de coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión, los conceptos empleados por las Directivas vigentes en materia de propiedad intelectual deben tener el mismo significado, salvo que el legislador de la Unión haya expresado una voluntad diferente en un contexto legislativo preciso (véanse, por analogía, las sentencias de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros, C‑403/08 y C‑429/08, EU:C:2011:631, apartado 188, y de 20 de abril de 2023, Blue Air Aviation, C‑775/21 y C‑826/21, EU:C:2023:307, apartado 65 y jurisprudencia citada).

84

Pues bien, en el presente asunto, nada permite afirmar que el legislador de la Unión haya querido conferir al concepto de «artista intérprete o ejecutante» un significado diferente en los respectivos contextos de las Directivas 2001/29, 2006/115 y 2019/790 (véase, por analogía, la sentencia de 31 de mayo de 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, apartado 31).

85

Por lo que respecta, en particular, a los conceptos contenidos en la Directiva 2019/790, procede subrayar que, según su artículo 1, apartado 1, dicha Directiva establece normas «destinadas a armonizar» el Derecho de la Unión aplicable a los derechos de autor y derechos afines en el marco del mercado interior. Además, como se ha recordado en el apartado 61 de la presente sentencia, del artículo 1, apartado 2, y del considerando 4 de dicha Directiva se desprende específicamente que esta está basada en las normas establecidas, en particular, en las Directivas 2001/29 y 2006/115, normas a las que complementa.

86

De ello se deduce que debe reconocerse al concepto de «artista intérprete o ejecutante» el mismo significado en los respectivos contextos de las Directivas 2001/29, 2006/115 y 2019/790.

87

A este respecto, es de reiterada jurisprudencia que el tenor de una disposición del Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Unión, que ha de buscarse teniendo en cuenta el tenor de esa disposición, su contexto, en particular su génesis y el Derecho internacional, y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencia de 18 de noviembre de 2020, Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, C‑147/19, EU:C:2020:935, apartado 33 y jurisprudencia citada).

88

En primer lugar, por lo que respecta al tenor de las disposiciones de las Directivas 2001/29, 2006/115 y 2019/790, citadas en el apartado 82 de la presente sentencia, procede señalar que ninguna de ellas excluye formalmente de su ámbito de aplicación a los artistas intérpretes o ejecutantes contratados como personal estatutario.

89

Es cierto que los artículos 18 a 23 de la Directiva 2019/790, que figuran en el capítulo 3 del título IV de dicha Directiva, titulado «Remuneración equitativa de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes en los contratos de explotación», se refieren, en diversos aspectos, a una cesión de derechos por vía contractual. Así, en esos artículos, el legislador de la Unión utiliza expresiones como el «principio de libertad contractual», la «parte contratante», la «adaptación de contratos», la «exclusividad del contrato» o incluso las «disposiciones contractuales».

90

Sin embargo, de la utilización de estas expresiones no puede deducirse que dichos artículos excluyan de su ámbito de aplicación a los artistas intérpretes o ejecutantes contratados como personal estatutario.

91

En efecto, como señaló el Abogado General en el punto 62 de sus conclusiones, el concepto de «contrato» utilizado en esos mismos artículos debe entenderse en sentido amplio, referido a toda concesión de licencia de explotación o cesión de derechos exclusivos, ya que los artículos 18, 19 y 22 de la Directiva 2019/790 tratan expresamente de las licencias o de la cesión de derechos.

92

Asimismo, carece de pertinencia a este respecto la circunstancia, subrayada por la ONB y el Gobierno belga, de que, por lo que atañe a los artistas intérpretes o ejecutantes contratados como personal estatutario, de los principios de atribución de competencias y de subsidiariedad, contemplados en los artículos 4 TUE y 5 TUE, se desprende que la Unión no dispone de competencia alguna para fijar la remuneración de los funcionarios de los Estados miembros. En efecto, en el ejercicio de su competencia en los ámbitos no incluidos en la de la Unión, como la determinación del nivel de los distintos elementos constitutivos de la remuneración de un trabajador, los Estados miembros deben respetar el Derecho de la Unión [véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de junio de 2010, Bruno y otros, C‑395/08 y C‑396/08, EU:C:2010:329, apartado 39, y de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces), C‑204/21, EU:C:2023:442, apartado 125 y jurisprudencia citada].

93

En segundo lugar, por lo que respecta al contexto en el que se inscriben las disposiciones de las Directivas 2001/29, 2006/115 y 2019/790, citadas en el apartado 82 de la presente sentencia, de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que las disposiciones de las directivas vigentes en materia de propiedad intelectual deben interpretarse a la luz del Derecho internacional y, en especial, de los tratados que dichos instrumentos jurídicos tienen justamente por objeto aplicar, tal y como se recuerda explícitamente en el considerando 15 de la Directiva 2001/29 y en el considerando 7 de la Directiva 2006/115 (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de diciembre de 2019, Nederlands Uitgeversverbond y Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, apartados 38 y 39, y de 18 de noviembre de 2020, Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, C‑147/19, EU:C:2020:935, apartado 34 y jurisprudencia citada).

94

En particular, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de declarar que procede interpretar los conceptos empleados por las Directivas 2001/29 y 2006/115 respetando los conceptos equivalentes del WPPT, dado que las disposiciones de dicho tratado forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión y, por tanto, son aplicables en ella (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de diciembre de 2019, Nederlands Uitgeversverbond y Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, apartado 39, y de 18 de noviembre de 2020, Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, C‑147/19, EU:C:2020:935, apartado 38 y jurisprudencia citada).

95

Pues bien, conforme al tenor del artículo 2, letra a), del WPPT, el concepto de «artistas intérpretes o ejecutantes» se refiere a todas las personas «que representen un papel, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del folclore».

96

Así, esta disposición, que hace referencia, sin más precisiones, a los «artistas intérpretes o ejecutantes», no establece ninguna condición que tenga por efecto excluir de su ámbito de aplicación a los artistas intérpretes o ejecutantes contratados como personal estatutario (véase, por analogía, la sentencia de 8 de septiembre de 2020, Recorded Artists Actors Performers, C‑265/19, EU:C:2020:677, apartado 61).

97

En tercer lugar, tal interpretación se ve corroborada por los objetivos perseguidos por las Directivas 2001/29, 2006/115 y 2019/790, según se exponen en las exposiciones de motivos de dichos instrumentos.

98

Así, en primer lugar, como enuncian, en esencia, los considerandos 9 y 10 de la Directiva 2001/29, toda armonización de los derechos afines a los derechos de autor debe basarse en un elevado nivel de protección, dado que tales derechos son primordiales para la creación intelectual y que, para que los autores y los intérpretes puedan continuar su labor creativa y artística, deben recibir una compensación adecuada por el uso de sus prestaciones protegidas.

99

En segundo lugar, los considerandos 4 y 5 de la Directiva 2006/115 recuerdan la necesidad no solo de adaptar la protección mediante derechos afines a las realidades económicas nuevas, como las nuevas formas de explotación, sino también de garantizar unos ingresos suficientes a los artistas intérpretes o ejecutantes, con el fin de garantizar la continuidad del esfuerzo creativo y artístico de estos.

100

En tercer lugar, del considerando 72 de la Directiva 2019/790 se desprende expresamente que los artistas intérpretes o ejecutantes suelen estar en la posición contractual más débil cuando conceden licencias o ceden sus derechos, para fines de explotación a cambio de una remuneración, y que esas personas físicas necesitan la protección que ofrece dicha Directiva para poder gozar plenamente de los derechos armonizados por el Derecho de la Unión. A este respecto, la referencia que dicho considerando hace al concepto de «posición contractual» no puede interpretarse en el sentido de que excluye una posición que resulte de un contrato de trabajo celebrado en régimen estatutario.

101

Es cierto que dicho considerando añade que esta necesidad de protección no se plantea cuando la parte contratante actúa como usuario final y no explota por sí misma la interpretación o ejecución. Sin embargo, no sucede así en el caso de autos, como se ha señalado en el apartado 65 de la presente sentencia.

102

De las consideraciones anteriores se desprende que están comprendidos en el concepto de «artista intérprete o ejecutante», a que se refieren los artículos 2, letra b), y 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29, y los artículos 3, apartado 1, letra b), 7, apartado 1, 8, apartado 1, y 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/115, así como los artículos 18 a 23 de la Directiva 2019/790, los artistas intérpretes o ejecutantes contratados como personal estatutario.

Sobre la cesión, por vía reglamentaria, de los derechos afines de artistas intérpretes o ejecutantes sin su consentimiento previo

103

Como se ha señalado en los apartados 60 a 64 de la presente sentencia, la cesión de los derechos afines de los artistas intérpretes o ejecutantes se rige específicamente por las disposiciones de las Directivas 2001/29 y 2006/115, que, por tanto, procede examinar en primer término.

104

En primer lugar, por lo que respecta al tenor de estas disposiciones, por una parte, los artículos 2, letra b), y 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29 establecen que los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción y la puesta a disposición del público de las fijaciones de sus actuaciones. Por otra parte, los artículos 3, apartado 1, letra b), 7, apartado 1, 8, apartado 1, y 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/115 confieren a los artistas intérpretes o ejecutantes el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler o el préstamo de las fijaciones de sus actuaciones, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la fijación de sus actuaciones, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la emisión y la comunicación al público de sus actuaciones y el derecho exclusivo de distribución de las fijaciones de sus actuaciones.

105

El alcance de la protección conferida a los artistas intérpretes o ejecutantes por estas disposiciones debe entenderse en sentido amplio. Por consiguiente, ha de considerarse que dicha protección no se limita al goce de los derechos garantizados por las disposiciones mencionadas, sino que se extiende también al ejercicio de tales derechos [véase, en lo que se refiere a los artículos 2, letra b), y 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29, la sentencia de 14 de noviembre de 2019, Spedidam, C‑484/18, EU:C:2019:970, apartados 36 y 37 y jurisprudencia citada].

106

Además, los derechos garantizados a los artistas intérpretes o ejecutantes tienen carácter preventivo, en el sentido de que la utilización de sus actuaciones exige su consentimiento previo. De ello se desprende que, sin perjuicio de las excepciones y limitaciones previstas en el artículo 5 de la Directiva 2001/29 y, en particular, en el artículo 10 de la Directiva 2006/115, debe considerarse que toda utilización de tales prestaciones protegidas por parte de un tercero sin tal consentimiento previo vulnera los derechos del titular [véase, en lo que se refiere a los artículos 2, letra b), y 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29, la sentencia de 14 de noviembre de 2019, Spedidam, C‑484/18, EU:C:2019:970, apartado 38 y jurisprudencia citada].

107

Por consiguiente, procede considerar, a la vista del tenor de las disposiciones de las Directivas 2001/29 y 2006/115, mencionadas en el apartado 104 de la presente sentencia, que estas disposiciones se oponen a que, sin el consentimiento previo de los titulares de derechos, se cedan, por vía reglamentaria, los derechos exclusivos a los que se refieren, a menos que tal cesión esté comprendida en alguna de las excepciones o limitaciones previstas por dichas Directivas, que tienen carácter exhaustivo (véase, en lo que se refiere al artículo 5 de la Directiva 2001/29, la sentencia de 24 de octubre de 2024, Kwantum Nederland y Kwantum België, C‑227/23, EU:C:2024:914, apartado 76 y jurisprudencia citada).

108

Pues bien, ni la Directiva 2001/29 ni la Directiva 2006/115 contienen ninguna excepción que permita la cesión, sin el consentimiento previo de los titulares, de todos los derechos vinculados a la interpretación y ejecución y a la explotación de las prestaciones de los artistas intérpretes o ejecutantes de una orquesta, como la cesión producida en virtud del Real Decreto de 1 de junio de 2021 y mencionada en los apartados 44 y 45 de la presente sentencia.

109

Es cierto que, en su apartado 1, el artículo 8 de la Directiva 2006/115 establece una excepción al derecho exclusivo de los artistas intérpretes o ejecutantes de autorizar o prohibir la emisión inalámbrica y la comunicación al público de sus actuaciones, cuando dicha actuación constituya en sí una actuación transmitida por radiodifusión o se haga a partir de una fijación. Además, ese mismo artículo 8 establece, en su apartado 2, una obligación del usuario de un fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducción de dicho fonograma, que se utilice para la radiodifusión inalámbrica o para cualquier tipo de comunicación al público de pagar una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes.

110

No obstante, como señaló el Abogado General en el punto 37 de sus conclusiones, las excepciones y limitaciones, establecidas de manera circunscrita a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, como las previstas en las Directivas 2001/29 y 2006/115, no permiten la cesión obligatoria de carácter general de todos los derechos afines de una categoría de artistas intérpretes o ejecutantes.

111

Esta interpretación se ve corroborada, en segundo lugar, por el contexto, en particular internacional, en el que se inscribe la protección de los derechos afines de los artistas intérpretes o ejecutantes, y que procede tener en cuenta, de conformidad con la jurisprudencia mencionada en el apartado 93 de la presente sentencia.

112

En primer término, como se desprende asimismo del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2006/115, en lo que respecta a la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, solo pueden establecerse licencias obligatorias en la medida en que sean compatibles con la Convención de Roma.

113

A este respecto, si bien las disposiciones de esta Convención no forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión, puesto que la Unión no es parte de ella, el Tribunal de Justicia ya ha tenido oportunidad de señalar que dicha Convención produce efectos indirectos en el seno de la Unión. En particular, de la génesis de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO 1992, L 346, p. 61), se desprende que, a efectos de dicha Directiva —y, por tanto, de la Directiva 2006/115, que entretanto la sustituyó—, procede remitirse a los conceptos que figuran, en especial, en dicha Convención (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de noviembre de 2020, Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, C‑147/19, EU:C:2020:935, apartados 35 y 36 y jurisprudencia citada).

114

Pues bien, el artículo 7, apartado 1, de la Convención de Roma establece que la protección que esta prevé en favor de los artistas intérpretes o ejecutantes debe, en principio, comprender la facultad de impedir, en particular, la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones para las que no hayan dado su consentimiento, la fijación sobre una base material, sin su consentimiento, de sus ejecuciones no fijadas y la reproducción, sin su consentimiento, de la fijación de su ejecución.

115

Es cierto que esta Convención contiene, en sus artículos 12, 15 y 19, limitaciones a los derechos exclusivos de los titulares de derechos afines, en particular en los casos de utilizaciones secundarias de fonogramas, de utilizaciones para uso privado, de utilizaciones de breves fragmentos con motivo de informaciones sobre sucesos de actualidad o de utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica, o cuando el artista intérprete o ejecutante haya consentido en que se incorpore su actuación en una fijación visual o audiovisual.

116

No obstante, como señaló el Abogado General en el punto 40 de sus conclusiones, ninguna de estas disposiciones permite una cesión obligatoria de carácter general de todos los derechos afines de una categoría de artistas intérpretes o ejecutantes.

117

En segundo término, como se ha recordado en el apartado 94 de la presente sentencia, la Directiva 2001/29 también debe interpretarse respetando las disposiciones del WPPT.

118

A este respecto, procede señalar que, ciertamente, los artículos 6 a 10 de dicho tratado consagran en favor de los artistas intérpretes o ejecutantes el derecho exclusivo de autorizar, respectivamente, la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, salvo cuando la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida, así como la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas (artículo 6), la reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas (artículo 7), la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas mediante venta u otra transferencia de propiedad (artículo 8), el alquiler comercial al público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas (artículo 9) y la puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas (artículo 10). Dicho esto, ni estas disposiciones ni ninguna otra disposición de dicho tratado autorizan una cesión obligatoria de carácter general de todos los derechos afines de una categoría de artistas intérpretes o ejecutantes.

119

En tercer término, en virtud del artículo 18, apartado 2, de la Directiva 2019/790, al aplicar el principio de remuneración adecuada y proporcionada contemplado en el apartado 1 de dicho artículo 18, los Estados miembros deben tener en cuenta el principio de libertad contractual y el justo equilibrio entre derechos e intereses. Pues bien, esta exigencia no se cumple en caso de cesión de los derechos afines de una categoría de artistas intérpretes o ejecutantes sin el consentimiento previo de sus titulares.

120

En tercer lugar, respaldan tal interpretación los objetivos perseguidos por la Directiva 2001/29 y por la Directiva 2006/115, que, como se ha recordado en los apartados 98 y 99 de la presente sentencia, tienen por objeto garantizar un elevado nivel de protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y garantizar unos ingresos suficientes a estos últimos.

121

De ello se deduce que las disposiciones mencionadas en el apartado 104 de la presente sentencia deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, sin el consentimiento previo de los titulares de derechos, se cedan, por vía reglamentaria, los derechos exclusivos a los que hacen referencia.

122

En cuanto a la forma que debe adoptar el consentimiento previo de los artistas intérpretes o ejecutantes, el Tribunal de Justicia ya ha señalado que las Directivas 2001/29 y 2006/115 no detallan en qué manera debe manifestarse (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de noviembre de 2019, Spedidam, C‑484/18, EU:C:2019:970, apartado 40).

123

De ello se deduce que los Estados miembros son competentes, por una parte, como se desprende igualmente del considerando 30 de la Directiva 2001/29, para definir las modalidades de dicho consentimiento, el cual, como señaló, en esencia, el Abogado General en el punto 48 de sus conclusiones, debe obtenerse en el marco de negociaciones individuales o colectivas o formalizarse, en el caso de los artistas intérpretes o ejecutantes contratados como personal estatutario, en un acto reglamentario. Por otra parte, estos Estados también tienen libertad para determinar las modalidades de representación de los artistas intérpretes o ejecutantes a los efectos del ejercicio de sus derechos cuando participen en una misma ejecución, de conformidad con el artículo 8 de la Convención de Roma.

124

No es menos cierto que tales modalidades deben definirse de forma estricta para no privar de eficacia al principio mismo del consentimiento previo (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de noviembre de 2019, Spedidam, C‑484/18, EU:C:2019:970, apartado 40 y jurisprudencia citada).

125

En el caso de autos, consta que los demandantes en el litigio principal no dieron su consentimiento previo para la explotación de los derechos exclusivos de los que son titulares, cuya cesión a la ONB se produjo en virtud del Real Decreto de 1 de junio de 2021 con posterioridad a su contratación al servicio de dicha orquesta, infringiendo las disposiciones mencionadas en el apartado 104 de la presente sentencia. En particular, como se ha señalado en el apartado 43 de esta misma sentencia, la falta de acuerdo entre la ONB y sus músicos fue específicamente objeto de un «protocolo de desacuerdo», redactado y firmado antes de la adopción de dicho Real Decreto.

126

De ello se deduce que las Directivas 2001/29 y 2006/115, a falta de consentimiento de los artistas intérpretes o ejecutantes afectados, se oponen a una cesión de los derechos afines a los derechos de autor de dichos artistas como la producida en virtud del Real Decreto de 1 de junio de 2021.

127

En estas circunstancias, ya no ha lugar a examinar si también deben interpretarse en el sentido de que se oponen a tal cesión los artículos 18 a 23 de la Directiva 2019/790, que se refieren a la remuneración equitativa que debe abonarse a los artistas intérpretes o ejecutantes por la explotación de las ejecuciones protegidas por los derechos afines de los que son titulares.

128

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que los artículos 2, letra b), y 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29 y los artículos 3, apartado 1, letra b), 7, apartado 1, 8, apartado 1, y 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/115 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece la cesión, por vía reglamentaria, para su explotación por el empleador, de los derechos afines de los artistas intérpretes o ejecutantes contratados como personal estatutario, por las prestaciones realizadas en el desempeño de sus funciones al servicio de dicho empleador, sin el consentimiento previo de estos últimos.

Costas

129

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, hayan presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.