62023CJ0687

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 11 de septiembre de 2025 ( *1 )

«Procedimiento prejudicial — Directiva 2014/59/UE — Resolución de entidades de crédito y de empresas de servicios de inversión — Principios generales — Artículo 34, apartado 1, letras a) y b) — Recapitalización interna — Amortización de los instrumentos de capital — Efectos — Artículo 53, apartados 1 y 3 — Artículo 60, apartado 2, párrafo primero, letras b) y c) — Protección de los derechos de accionistas y acreedores — Adquisición de instrumentos de capital — Información defectuosa y errónea facilitada en el folleto que debe publicarse en particular en caso de oferta pública de valores — Acción para obtener la nulidad del contrato de adquisición de instrumentos de capital — Acción de responsabilidad — Acciones ejercitadas antes de la adopción de las medidas de resolución»

En el asunto C‑687/23,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Supremo, mediante auto de 2 de noviembre de 2023, recibido en el Tribunal de Justicia el 15 de noviembre de 2023, en el procedimiento entre

D. E.

Banco Santander, S. A.,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. F. Biltgen, Presidente de Sala, el Sr. T. von Danwitz (Ponente), Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Primera, y el Sr. A. Kumin, la Sra. I. Ziemele y el Sr. S. Gervasoni, Jueces;

Abogada General: Sra. T. Ćapeta;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

–	en nombre de Banco Santander, S. A., por la Sra. C. García Vega, el Sr. J. M. Rodríguez Cárcamo y la Sra. A. M. Rodríguez Conde, abogados;

–	en nombre del Gobierno español, por el Sr. L. Aguilera Ruiz y la Sra. A. Gavela Llopis, en calidad de agentes;

–	en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. P. Gentili, avvocato dello Stato;

–	en nombre del Gobierno portugués, por las Sras. P. Barros da Costa, J. Margarido y A. Rodrigues, en calidad de agentes;

–	en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. C. Auvret y P. Němečková y por el Sr. D. Triantafyllou, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 13 de febrero de 2025;

dicta la siguiente

Sentencia

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 34, apartado 1, letra a), 53, apartados 1 y 3, y 60, apartado 2, párrafo primero, letras b) y c), de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190; corrección de errores en DO 2020, L 378, p. 27).

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre D. E. y Banco Santander, S. A., como entidad sucesora de Banco Popular Español, S. A. (en lo sucesivo, «Banco Popular»), relativo a las acciones de nulidad y de responsabilidad que ejercitó D. E. fundándose en la información defectuosa y errónea que supuestamente se le facilitó en el folleto que debe publicarse, en particular, en caso de oferta pública de valores con ocasión de la adquisición de instrumentos de capital posteriormente convertidos en acciones de Banco Popular.

Marco jurídico

Directiva 2004/39/CE

Los considerandos 31, 44 y 46 de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO 2004, L 145, p. 1), tenían el siguiente tenor:

«(31)

Uno de los objetivos de la presente Directiva es la protección de los inversores. Las medidas a tal efecto deben ajustarse a las particularidades de cada categoría de inversores (particulares, profesionales y contrapartes).

[…]

(44)

Con el doble objetivo de proteger a los inversores y de asegurar el funcionamiento armónico de los mercados de valores, es preciso garantizar la transparencia de las operaciones y velar por que las normas establecidas a tal fin se apliquen a las empresas de inversión cuando estas operen en los mercados. Para que los inversores o los participantes del mercado puedan evaluar en todo momento las condiciones de una operación sobre acciones que están sopesando y puedan comprobar a posteriori las condiciones en las que se llevó a cabo, deben establecerse normas comunes para la publicación de los datos de las operaciones sobre acciones ya concluidas y la difusión de los datos de las operaciones sobre acciones que son posibles en aquel momento. Estas normas son necesarias para garantizar la integración real de los mercados de valores de los Estados miembros, para reforzar la eficiencia del proceso global de formación de precios de los instrumentos de renta variable y para contribuir a la observancia efectiva de las obligaciones de “ejecución óptima”. Para ello es preciso disponer de un régimen global de transparencia aplicable a todas las operaciones sobre acciones […]. La obligación impuesta a las empresas de inversión en el marco de la presente Directiva de indicar los precios de compra/venta y de ejecutar una orden al precio indicado no exime a una empresa de inversión de la obligación de encaminar una orden a otro lugar de ejecución cuando esta internalización sea susceptible de impedir que la empresa cumpla las obligaciones de “ejecución óptima”.

[…]

(46)	Un Estado miembro puede decidir aplicar los requisitos de transparencia pre-negociación y post-negociación establecidos en la presente Directiva a otros instrumentos financieros distintos de las acciones […]».

El artículo 19 de la Directiva 2004/39, titulado «Normas de conducta para la prestación de servicios de inversión a clientes», disponía en sus apartados 2 y 3:

«2. Toda la información, incluidas las comunicaciones publicitarias, dirigidas por la empresa de inversión a los clientes o posibles clientes serán imparciales, claras y no engañosas. Las comunicaciones publicitarias serán claramente identificables como tales.

3. Se proporcionará a los clientes o posibles clientes de manera comprensible información adecuada sobre:

–	la empresa de inversión y sus servicios,

–	los instrumentos financieros y las estrategias de inversión propuestas; esta información debería incluir orientaciones y advertencias apropiadas acerca de los riesgos asociados a las inversiones en esos instrumentos o en relación con estrategias de inversión particulares,

–	centros de ejecución de órdenes, y

–	gastos y costes asociados,

de modo que les permita, en lo posible, comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece y, por consiguiente, puedan tomar decisiones sobre la inversión con conocimiento de causa. Esta información podrá facilitarse en un formato normalizado.»

Directiva 2014/59

Los considerados 45, 49 y 120 de la Directiva 2014/59 tienen el siguiente tenor:

«(45)

A fin de evitar riesgos morales, una entidad inviable debe poder salir del mercado sin perturbar el sistema, independientemente de su tamaño y su interconexión. En principio, una entidad inviable debe ser liquidada conforme a los procedimientos de insolvencia ordinarios. Sin embargo, una liquidación realizada conforme a estos procedimientos puede poner en peligro la estabilidad financiera, interrumpir la prestación de funciones esenciales y afectar a la protección de los depositantes. En este caso, es muy probable que exista un interés público [en] poner una entidad en procedimiento de resolución y [en] aplicar instrumentos de resolución en lugar de recurrir a un procedimiento ordinario de insolvencia. […]

[…]

(49)

Las limitaciones de los derechos de los accionistas y acreedores deben ser coherentes con el artículo 52 de la Carta [de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, “Carta”)]. Por lo tanto, los instrumentos de resolución deben aplicarse únicamente a las entidades inviables o [respecto de las cuales] exista la probabilidad de que lo vayan a ser, y solo cuando sea necesario para perseguir el objetivo de la estabilidad financiera en aras del interés general. En particular, deben aplicarse cuando no sea posible liquidar la entidad en el marco de un procedimiento concursal ordinario sin desestabilizar el sistema financiero, las medidas sean necesarias para garantizar la transmisión rápida y la continuidad de las funciones de importancia sistémica y no existan perspectivas razonables de otras soluciones alternativas de origen privado, por ejemplo una ampliación de capital efectuada por los accionistas existentes o por terceros que permita restablecer totalmente la viabilidad de la entidad. […]

[…]

(120)

Las directivas de la Unión [Europea] sobre Derecho de sociedades contienen normas obligatorias para la protección de los accionistas y acreedores de las entidades que entran en su ámbito de aplicación. En una situación en la que las autoridades de resolución tengan que actuar con rapidez, estas normas pueden suponer un obstáculo para una actuación eficaz, por lo que se debe incluir en la presente Directiva la utilización, por parte de las autoridades de resolución, de competencias e instrumentos de resolución y de excepciones adecuadas. A fin de garantizar la máxima seguridad jurídica para los interesados, las excepciones deben definirse de manera clara y precisa, y solo se deben aplicar en aras del interés público y cuando se den las condiciones para poner en marcha un proceso de resolución. […]»

A tenor del artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva:

«La presente Directiva establece normas y procedimientos para la recuperación y la resolución de las siguientes entidades:

[…]

b)	las entidades financieras que estén establecidas en la Unión y que sean filiales de una entidad de crédito o una empresa de servicios de inversión, o de una empresa contemplada en las letras c) o d) […]

c)	las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera y las sociedades mixtas de cartera que estén establecidas en la Unión;

d)	las sociedades financieras de cartera matrices de un Estado miembro, las sociedades financieras de cartera matrices de la Unión, las sociedades financieras mixtas de cartera matrices de un Estado miembro y las sociedades financieras mixtas de cartera matrices de la Unión;

[…]».

A tenor del artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva:

«A los efectos de la presente Directiva se entenderá por:

[…]

57) “instrumento de recapitalización interna (bail-in)”: el mecanismo mediante el cual una autoridad de resolución ejerce las competencias de amortización y conversión de los pasivos de una entidad objeto de resolución de conformidad con el artículo 43».

El artículo 34 de la misma Directiva, titulado «Principios generales que rigen la resolución», dispone en su apartado 1:

«Los Estados miembros se asegurarán de que, al aplicar los instrumentos y ejercer las competencias de resolución, las autoridades de resolución tomen todas las medidas oportunas para garantizar que la medida de resolución se ajuste a los principios siguientes:

a)	que los accionistas de la entidad objeto de resolución asuman las primeras pérdidas;

b)	que los acreedores de la entidad objeto de resolución asuman pérdidas después de los accionistas de acuerdo con el orden de prelación de sus créditos en virtud de los procedimientos de insolvencia ordinarios, salvo que la presente Directiva establezca expresamente otra cosa;

[…]

f)	excepto cuando la presente Directiva ordene otra cosa, que los acreedores de la misma categoría sean tratados de una forma equitativa;

que los acreedores no incurran en más pérdidas que aquellas que habrían sufrido si la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios de conformidad con las salvaguardas previstas en los artículos 73 a 75;

[…]».

El artículo 36 de la Directiva 2014/59, titulado «Valoración a efectos de resolución», establece lo siguiente:

«1. Antes de emprender una medida de resolución o ejercer la competencia para amortizar o convertir instrumentos de capital, las autoridades de resolución se asegurarán de que una persona independiente tanto de las autoridades públicas, incluida la autoridad de resolución, como de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), efectúe una valoración ecuánime, prudente y realista del activo y el pasivo de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d). Con sujeción a lo dispuesto en el apartado13 del presente artículo y en el artículo 85, cuando se cumplan todos los requisitos establecidos en el presente artículo, la valoración se considerará definitiva.

2. Cuando no sea posible efectuar una valoración independiente con arreglo al apartado 1, las autoridades de resolución podrán llevar a cabo una valoración provisional del activo y el pasivo de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), de conformidad con el apartado 9 del presente artículo.

3. El objetivo de la evaluación será evaluar el valor del activo y el pasivo de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), que cumple las condiciones para la resolución establecidas en los artículos 32 y 33.

[…]

6. La valoración se completará con la siguiente información según figura en la contabilidad y los registros contables de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d):

a)	un balance actualizado y un informe de la situación financiera de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d);

b)	un análisis y una estimación del valor contable de los activos;

la lista de pasivos pendientes en el balance y fuera de balance que figura en la contabilidad y los registros de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), indicando los créditos correspondientes y los niveles de prioridad con arreglo a la normativa vigente en materia de insolvencia.

[…]

9. Cuando, por la urgencia de las circunstancias del caso, bien no sea posible cumplir los requisitos establecidos en los apartados 6 y 8, bien se aplique el apartado 2, se efectuará una valoración provisional. La valoración provisional cumplirá los requisitos del apartado 3 y, en la medida en que lo permitan las circunstancias, los requisitos de los apartados 1, 6 y 8.

La valoración provisional a que hace referencia el apartado 5 incluirá un colchón para pérdidas adicionales, con la justificación adecuada.»

El artículo 48 de esta Directiva, titulado «Secuencia de amortización y conversión», dispone:

«1. Los Estados miembros velarán por que, al aplicar el instrumento de recapitalización interna o la amortización o conversión de un instrumento de capital, las autoridades de resolución ejerzan las competencias de amortización y de conversión, con sujeción a las exclusiones que procedan de conformidad con el artículo 44, apartados 2 y 3, de acuerdo con las disposiciones siguientes:

a)	los elementos del capital ordinario de nivel 1 se reducirán de acuerdo con el artículo 60, apartado 1, letra a);

únicamente en el caso de que la reducción total efectuada de conformidad con la letra a) sea inferior a la suma de los importes a que se refiere el artículo 47, apartado 3, letras b) y c), las autoridades reducirán el importe principal de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 en la medida necesaria y hasta el límite de su capacidad;

únicamente en el caso de que la reducción total efectuada de conformidad con las letras a) y b) sea inferior a la suma de los importes a que se refiere el artículo [47], apartado 3, letras b) y c), las autoridades reducirán el importe principal de los instrumentos de capital de nivel 2 en la medida necesaria y hasta el límite de su capacidad;

[…]».

El artículo 53 de dicha Directiva, titulado «Efecto de la recapitalización interna», establece:

«1. Los Estados miembros velarán por que, cuando una autoridad de resolución ejerza una competencia contemplada en el artículo 59, apartado 2, letras e) a i), y en el artículo 63, apartado 1, la reducción del importe principal o pendiente adeudado, la conversión o la cancelación, surta efecto y sea vinculante de forma inmediata para la entidad objeto de resolución y para los acreedores y accionistas afectados.

[…]

3. Cuando una autoridad de resolución reduzca a cero, en virtud de las competencias mencionadas en el artículo 63, apartado 1, letra e), el importe principal o el importe pendiente de un pasivo, este o cualesquiera obligaciones o reclamaciones derivadas del mismo que no hayan vencido en el momento en que se ejercen dichas competencias se considerarán liberados a todos los efectos, y no podrán computarse en posibles procedimientos ulteriores de la entidad objeto de resolución o de otra sociedad que la suceda en una eventual liquidación posterior.

4. Cuando una autoridad de resolución reduzca en parte, pero no totalmente, el importe principal o el importe pendiente de un pasivo, en virtud de las competencias mencionadas en el artículo 63, apartado 1, letra e):

a)	el pasivo se liberará en la misma medida en que se reduce el importe;

el instrumento o acuerdo que haya creado el pasivo inicial seguirá vigente respecto a la parte residual del importe principal o del importe pendiente del pasivo, sin perjuicio de cualquier modificación de los intereses pagaderos al objeto de reflejar la reducción del principal, o de cualquier modificación de las condiciones que pudiera adoptar la autoridad de resolución en virtud de las competencias mencionadas en el artículo 63, apartado 1, letra j).»

El artículo 60 de la misma Directiva, titulado «Disposiciones para la amortización o conversión de los instrumentos de capital», tiene el siguiente tenor:

«1. Al cumplir los requisitos recogidos en el artículo 59, las autoridades de resolución ejercerán la competencia de amortización o de conversión, de acuerdo con la prioridad de los créditos con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios, de forma que se produzcan los resultados siguientes:

los elementos del capital ordinario de nivel 1 se reducen en primer lugar de forma proporcional a las pérdidas y hasta el límite de su capacidad y la autoridad de resolución adoptará una o ambas de las medidas previstas en el artículo 47, apartado 1, respecto de los titulares de los instrumentos de capital ordinario de nivel 1;

el importe principal de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 se amortiza o convierte en instrumentos de capital ordinario de nivel 1 o ambas cosas, en la medida en que sea necesario para alcanzar los objetivos de resolución establecidos en el artículo 31 o hasta el límite de la capacidad de los instrumentos de capital pertinentes, si el importe es inferior;

el importe principal de los instrumentos de capital de nivel 2 se […] amortiza o convierte en instrumentos de capital ordinario de nivel 1 o ambas cosas, en la medida en que sea necesario para alcanzar los objetivos de resolución establecidos en el artículo 31 o hasta el límite de la capacidad de los instrumentos de capital pertinentes, si el importe es inferior.

2. En caso de que el importe principal de un instrumento de capital pertinente se amortice:

[…]

por lo que se refiere al titular del instrumento de capital pertinente, no subsistirá responsabilidad alguna en relación con el importe del instrumento que haya sido amortizado, excepto cuando se trate de pasivos ya devengados o de pasivos resultantes de daños y perjuicios surgidos con motivo del recurso presentado contra la legalidad del ejercicio de la competencia de amortización;

c)	[…] no se pag[ará] indemnización alguna al titular de los instrumentos de capital pertinentes, excepto si se ajusta a lo dispuesto en el apartado 3.

[…]

3. A fin de efectuar la conversión de los instrumentos de capital pertinentes con arreglo al apartado 1, letra b), del presente artículo, las autoridades de resolución podrán exigir a las entidades y sociedades contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) y d), que emitan instrumentos de capital ordinario de nivel 1 para los titulares de los instrumentos de capital pertinentes. […]

[…]»

Decisión de la Junta Única de Resolución

13	En su Decisión SRB/EES/2017/08, la Junta Única de Resolución adoptó el dispositivo de resolución de Banco Popular, aprobado por la Comisión Europea mediante su Decisión (UE) 2017/1246, de 7 de junio de 2017 (DO 2017, L 178, p. 15).

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

14	El 3 de octubre de 2009, D. E., como administrador único de fLera Blava, S. L. U., suscribió bonos subordinados canjeables por obligaciones subordinadas emitidos por Banco Popular.

15	En mayo de 2012, D. E., en nombre de Lera Blava, canjeó esos bonos por otros bonos subordinados obligatoriamente convertibles.

16	El 14 de enero de 2013, en pago de salarios pendientes, Lera Blava adjudicó a D. E. la titularidad de los referidos bonos. Banco Popular consintió esta subrogación en la titularidad el 22 de febrero de 2013.

17	El 25 de noviembre de 2015, dichos bonos fueron objeto de canje obligatorio por acciones de Banco Popular.

En octubre de 2016, D. E. interpuso una demanda ante un Juzgado de Primera Instancia contra Banco Popular en la que solicitaba que se declarara la nulidad de la adquisición de los bonos subordinados convertibles por error vicio del consentimiento y que se ordenara la restitución de la cantidad inicialmente invertida para la adquisición de los citados bonos, más los intereses legales devengados desde dicha adquisición. Con carácter subsidiario, solicitaba una indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento por Banco Popular de las obligaciones de información derivadas de la normativa de la Unión relativa a los mercados de instrumentos financieros en el momento de la comercialización de los referidos bonos en 2009 y de su posterior canje en 2012.

19	El Juzgado de Primera Instancia que conoció del asunto estimó la demanda y declaró la nulidad de la suscripción de los bonos subordinados obligatoriamente convertibles.

20	Banco Popular interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia ante la Audiencia Provincial competente, que lo estimó al entender que D. E. carecía de legitimación activa.

D. E. interpuso, contra la sentencia dictada en apelación, recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que es el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto. Ante dicho órgano jurisdiccional, sostiene que la Audiencia Provincial le denegó erróneamente la legitimación activa, mientras que, a su modo de ver, la cesión de la titularidad de los bonos de Lera Blava a su administrador y socio único fue válida.

22	El 7 de junio de 2017, la JUR adoptó el dispositivo de resolución respecto de Banco Popular, que fue aprobado el mismo día por la Comisión.

Dicho dispositivo de resolución fue ejecutado mediante una resolución, adoptada también el 7 de junio de 2017, del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (en lo sucesivo, «FROB»). En esta resolución, el FROB acordó, entre otros extremos, reducir el capital social de Banco Popular a cero euros mediante la amortización de la totalidad de las acciones de este en circulación. La citada resolución tuvo por efecto que D. E. dejara de ser titular de las acciones de Banco Popular que había obtenido tras el canje de los bonos suscritos, sin recibir contraprestación alguna.

24	Asimismo, el FROB acordó la conversión de los instrumentos de capital de nivel 2 de Banco Popular y la transmisión a Banco Santander de las nuevas acciones emitidas como consecuencia de esa conversión, sin el consentimiento de los antiguos titulares de esos instrumentos.

25	En 2018, Banco Santander se convirtió en sucesor universal de Banco Popular, a través de una fusión por absorción de este último banco, cuya personalidad jurídica se extinguió.

El órgano jurisdiccional remitente señala que existe en España un número considerable de litigios en los que los adquirentes de diversos instrumentos de capital de Banco Popular ejercitaron acciones para obtener la nulidad de los contratos de adquisición de dichos instrumentos y la restitución del precio pagado por esa adquisición, y acciones para reclamar la responsabilidad por la información contenida en el folleto que debe publicarse, en particular, en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores.

En la sentencia de 5 de mayo de 2022, Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular) [C‑410/20, en lo sucesivo, «sentencia Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular), EU:C:2022:351], el Tribunal de Justicia declaró que los artículos 34, apartado 1, letra a), 53, apartados 1 y 3, y 60, apartado 2, párrafo primero, letras b) y c), de la Directiva 2014/59 se oponen a que, con posterioridad a la amortización total de las acciones decidida en el marco de la resolución de una entidad bancaria, puedan ejercitarse contra esta entidad o contra su sucesor legal acciones de responsabilidad por la información contenida en el folleto que debe publicarse, en particular, en caso de oferta pública de valores y acciones de nulidad del contrato de suscripción de acciones.

Tras el pronunciamiento de esta sentencia, el órgano jurisdiccional remitente aún alberga dudas sobre el alcance de la prohibición de ejercitar acciones de responsabilidad o de nulidad que se deriva, según las disposiciones mencionadas en el apartado anterior de la presente sentencia, tal como las interpreta el Tribunal de Justicia, de una medida de resolución. A este respecto, señala que, en el asunto que dio lugar a la sentencia Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular), las acciones de responsabilidad y las acciones de nulidad se referían a los contratos de suscripción de acciones de Banco Popular. En cambio, en los asuntos que dieron lugar a la sentencia de 5 de septiembre de 2024, Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular II) [C‑775/22, C‑779/22 y C‑794/22, en lo sucesivo, «sentencia Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular II)], EU:C:2024:679, se trataba de contratos de suscripción de obligaciones subordinadas convertidas en acciones de Banco Popular antes de la resolución de este banco.

Dado que los bonos convertibles de que se trata en el litigio que se le ha sometido también fueron convertidos en acciones de Banco Popular antes de la adopción de las medidas de resolución respecto de este banco, el órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide, en esencia, si D. E. puede invocar un crédito «vencido» o «devengado» en el sentido de los artículos 53, apartado 3, y 60, apartado 2, párrafo primero, letra b), de la Directiva 2014/59, en el marco de dicho litigio.

A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala, por un lado, que, en Derecho español, por «devengo» se entiende el momento en que nace el derecho a reclamar el cumplimiento de una obligación, mientras que por «vencimiento» se entiende la conclusión del plazo fijado para el cumplimiento de una obligación, a partir del cual esta es exigible. Pues bien, dicho órgano jurisdiccional indica que los bonos convertibles objeto del litigio que se le ha sometido vencieron el mismo día de su conversión en acciones, por tanto, antes del inicio del procedimiento de resolución de Banco Popular. Añade que la resolución judicial que reconociera la responsabilidad de esta última entidad por eventuales daños causados en la suscripción de los referidos bonos no tendría carácter constitutivo, sino que declararía la existencia de esta responsabilidad y precisaría la cuantía de la correspondiente indemnización. Aunque la obligación de resarcir se calificara de «crédito contingente» hasta su definitiva declaración judicial, ello no impediría que esa obligación constituyera, incluso antes de esa declaración, un crédito vencido.

Por otro lado, el órgano jurisdiccional remitente recalca que el asunto que se le ha sometido se distingue de los que dieron lugar a las sentencias mencionadas en los apartados 27 y 28 de la presente sentencia por la circunstancia de que D. E. ejercitó la acción de nulidad del contrato de suscripción de bonos convertibles y la acción de responsabilidad antes de la resolución de Banco Popular.

En tales circunstancias, el Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)

Las disposiciones del artículo 34, apartado 1, letras a) y b), en relación con las del artículo 53, apartados 1 y 3, [y] con las del artículo 60, apartado 2, párrafo primero, letras b) y c), de la Directiva [2014/59], ¿deben interpretarse en el sentido de que el eventual crédito o derecho que surgiría de la condena a indemnizar impuesta a la entidad que ha sucedido a Banco Popular como consecuencia de una acción de responsabilidad derivada por la comercialización de un producto financiero (bonos subordinados necesariamente convertibles en acciones del mismo banco), no incluido entre los instrumentos de capital adicional a que se refieren las medidas de resolución del Banco Popular, que acabaron convirtiéndose en acciones del banco antes de que se hubieran adoptado las medidas de resolución del banco (7 de junio de 2017), podría considerarse un pasivo afectado por la previsión de amortización o extinción del art. 53.3 de la Directiva [2014/59], en tanto que obligación o reclamación “no vencida”, de forma que quedaría liberado y no sería oponible a Banco Santander como sucesora de Banco Popular, cuando la demanda de la que derivaría esa condena indemnizatoria se hubiese interpuesto antes de haber concluido el procedimiento de resolución del banco?

¿O por el contrario, dichas disposiciones deben interpretarse en el sentido de que el citado crédito o derecho constituiría una obligación o reclamación “vencida” —art. 53.3, de la Directiva [2014/59]— o “pasivo ya devengado” en el momento de la resolución del banco —art. 60.2.b—, y como tal excluido de los efectos de la liberación o cancelación de esas obligaciones o reclamaciones y, en consecuencia, sería exigible a Banco Santander como sucesor de Banco Popular, cuando la demanda de la que derivaría esa condena indemnizatoria se hubiese interpuesto antes de haber concluido el procedimiento de resolución del banco?»

Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial

Banco Santander sostiene que la petición de decisión prejudicial es inadmisible, al haber sido planteada por el Tribunal Supremo sin que este hubiera aclarado antes la cuestión de Derecho nacional relativa a la legitimación activa de D. E. Si este último no tuviera legitimación para entablar, en su propio nombre, una demanda contra Banco Popular, la interpretación solicitada de las disposiciones de la Directiva 2014/59 carecería de pertinencia para la solución del litigio principal.

A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, las cuestiones relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación de una norma de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 6 de marzo de 2025, ONB y otros, C‑575/23, EU:C:2025:141, apartado 51 y jurisprudencia citada).

Además, conforme a jurisprudencia también reiterada, la justificación de la remisión prejudicial no es la formulación de opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino su necesidad para la resolución efectiva de un litigio (sentencia de 6 de marzo de 2025, ONB y otros, C‑575/23, EU:C:2025:141, apartado 52 y jurisprudencia citada).

En el presente asunto, basta con señalar que, según las indicaciones del Gobierno español, el órgano jurisdiccional remitente debería desestimar el recurso del asunto principal, sin que sea necesario examinar la legitimación de D. E. para entablar, en su propio nombre, una demanda contra Banco Popular, si el Tribunal de Justicia respondiera a las cuestiones planteadas que los derechos derivados de una acción de nulidad del contrato de adquisición de bonos subordinados convertidos en acciones y de una acción de responsabilidad basadas en el incumplimiento de los requisitos de información que impone la Directiva 2004/39, ejercitadas antes de la resolución de la entidad de crédito afectada, no constituyen «obligaciones vencidas» o «pasivos ya devengados» en el sentido de los artículos 53, apartado 3, y 60, apartado 2, párrafo primero, letra b), de la Directiva 2014/59.

37	Por consiguiente, no resulta evidente que la interpretación de las disposiciones de la Directiva 2014/59 solicitada por dicho órgano jurisdiccional no guarde relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal o que el problema sea de naturaleza hipotética.

38	De ello se sigue que la petición de decisión prejudicial es admisible.

Sobre las cuestiones prejudiciales

Mediante sus cuestiones prejudiciales, que deben ser examinadas conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si las disposiciones de los artículos 34, apartado 1, letras a) y b), 53, apartados 1 y 3, y 60, apartado 2, párrafo primero, letras b) y c), de la Directiva 2014/59 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que los derechos derivados de una acción de nulidad de un contrato de suscripción de bonos subordinados convertidos en acciones y de una acción de responsabilidad, basadas en el incumplimiento de los requisitos de información que impone la Directiva 2004/39, se consideren incluidos en la categoría de obligaciones o reclamaciones «vencidas» o pasivos «ya devengados» en el momento de la resolución de la entidad de crédito de que se trate, en el sentido de los artículos 53, apartado 3, y 60, apartado 2, párrafo primero, letra b), de la Directiva 2014/59, cuando esas acciones se hayan ejercitado antes de la amortización total de las acciones del capital social de la referida entidad de crédito en el marco de un procedimiento de resolución.

A este respecto, debe recordarse que el artículo 34, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2014/59 establece el principio de que son los accionistas, seguidos por los acreedores, de una entidad de crédito o de una empresa de servicios de inversión objeto de resolución quienes deben soportar prioritariamente las pérdidas sufridas como consecuencia de la aplicación de dicho procedimiento.

Según el artículo 53, apartado 3, de esta Directiva, cuando una autoridad de resolución reduzca a cero el importe principal o el importe pendiente de un pasivo, este o cualesquiera obligaciones o reclamaciones derivadas del mismo que no hayan vencido en el momento de la resolución se considerarán liberados a todos los efectos y no podrán computarse en posibles procedimientos ulteriores de la entidad de crédito o la empresa de servicios de inversión objeto de resolución o de otra sociedad que las suceda en una eventual liquidación posterior.

El artículo 60 de dicha Directiva, relativo a la amortización o conversión de instrumentos de capital, precisa, en su apartado 2, párrafo primero, letra b), que, por lo que se refiere al titular del instrumento de capital amortizado en virtud de la decisión de resolución, no subsistirá responsabilidad alguna en relación con el importe de dicho instrumento, excepto cuando se trate de pasivos ya devengados o de pasivos resultantes de daños y perjuicios surgidos con motivo del recurso presentado contra la legalidad del ejercicio de la competencia de amortización.

De aquí se sigue que, en caso de amortización total de las acciones del capital social de una entidad de crédito objeto de resolución con arreglo a la Directiva 2014/59, los accionistas de dicha entidad de crédito solo pueden oponer a esta o a la entidad que la haya sucedido las obligaciones, reclamaciones o pasivos derivados de los instrumentos de capital amortizados que ya hubieran vencido o que ya se hubieran devengado en el momento de la resolución, en el sentido de los artículos 53, apartado 3, y 60, apartado 2, párrafo primero, letra b), de la citada Directiva.

Pues bien, en lo atinente a los derechos derivados de las acciones de responsabilidad ejercitadas por el carácter defectuoso y erróneo de la información presentada, en particular, en el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores, previstas en el artículo 6 de la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO 2003, L 345, p. 64), así como de una acción de nulidad del contrato de suscripción de acciones o de bonos subordinados convertidos en acciones, ejercitadas tras haberse adoptado una decisión de resolución sobre la base de las disposiciones mencionadas en el apartado anterior de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, tales derechos no pueden considerarse incluidos en la categoría de obligaciones o reclamaciones «vencidas» o pasivos «devengados» en el sentido de estas últimas disposiciones [véanse, en este sentido, las sentencias Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular), apartados 41, 42 y 51, y Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular II), apartados 62 y 85].

En este caso, no obstante, las acciones de nulidad y de responsabilidad de que se trata en el asunto principal se ejercitaron antes de la resolución de Banco Popular. A este respecto, la Comisión sostiene, en esencia, que el ejercicio de tales acciones antes de la resolución basta para que los derechos que se deriven de ellas puedan considerarse «vencidos» o «devengados» en el momento de la resolución, en el sentido de los artículos 53, apartado 3, y 60, apartado 2, párrafo primero, letra b), de la Directiva 2014/59. En cambio, según Banco Santander y los Gobiernos español, italiano y portugués, los derechos derivados de tales acciones deben además haber sido objeto de una sentencia firme antes de ese momento.

Según una jurisprudencia reiterada, tanto de las exigencias de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición del Derecho de la Unión que no incluya una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme que tenga en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forme parte [sentencias de 30 de abril de 2024, M. N. (EncroChat), C‑670/22, EU:C:2024:372, apartado 109 y jurisprudencia citada, así como Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular II), apartado 48].

Por lo que se refiere, en primer lugar, al tenor de los artículos 53, apartado 3, y 60, apartado 2, párrafo primero, letra b), de la Directiva 2014/59, procede señalar que el empleo de las expresiones «obligaciones vencidas» y «pasivos ya devengados» o la referencia a reclamaciones vencidas no aportan, por sí solos, ninguna indicación en cuanto a si basta con que las acciones de nulidad y de responsabilidad se hayan ejercitado en el momento de la resolución o si deben además haber sido ya objeto de una sentencia firme.

Paralelamente, el artículo 53, apartado 3, de esta Directiva precisa que las obligaciones o reclamaciones derivadas de un pasivo amortizado, que no hayan vencido en el momento de la resolución, se considerarán liberadas a todos los efectos, y no podrán computarse «en posibles procedimientos ulteriores» de la entidad de crédito objeto de resolución o de otra sociedad que la suceda. Como recalca la Comisión acertadamente en sus observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia, esta precisión constituye un indicio de que tales obligaciones o reclamaciones serán siempre oponibles a tal entidad de crédito o entidad sucesora si son objeto de un proceso judicial entablado antes de la resolución. En efecto, al poner el acento en los procedimientos ulteriores, esta disposición no excluye en absoluto la oponibilidad de las referidas obligaciones o reclamaciones en el marco de procedimientos que estén pendientes en el momento de la resolución.

Por lo que se refiere, en segundo lugar, al contexto en el que se insertan los artículos 53, apartado 3, y 60, apartado 2, párrafo primero, letra b), de la Directiva 2014/59, por un lado, es cierto que, según el artículo 34, apartado 1, letras a) y b), de dicha Directiva, los accionistas, seguidos de los acreedores, de una entidad de crédito objeto de resolución deben soportar prioritariamente las pérdidas sufridas a raíz de la aplicación de este procedimiento.

No obstante, el principio de la responsabilidad prioritaria de accionistas y acreedores para soportar las referidas pérdidas resulta atenuado por las disposiciones de los artículos 53, apartado 3, y 60, apartado 2, párrafo primero, letra b), de la Directiva 2014/59, cuyo ámbito de aplicación personal es necesariamente el mismo que el del artículo 34, apartado 1, letras a) y b), de esta Directiva. En efecto, en la medida en que las dos primeras disposiciones se refieren, expresamente, a las obligaciones y reclamaciones derivadas de un «pasivo» amortizado o existente frente al titular de los instrumentos de capital amortizados, se aplicarán en particular a las obligaciones y reclamaciones de las personas que tengan la condición de accionista o acreedor de una entidad de crédito objeto de resolución. Pues bien, siempre que esas obligaciones o reclamaciones estén «vencidas» o esos pasivos se hayan «devengado» en el momento de la resolución, de los artículos 53, apartado 3, y 60, apartado 2, párrafo primero, letra b), de dicha Directiva resulta que serán siempre oponibles a la entidad de crédito objeto de resolución o a la entidad que la suceda.

En consecuencia, no cabe deducir del artículo 34, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2014/59 que solo las personas que hayan perdido la condición de accionista o de acreedor de tal entidad a raíz de una sentencia firme que confirme la anulación del contrato de suscripción de los instrumentos de capital en cuestión pueden acogerse a la oponibilidad de las obligaciones o reclamaciones «vencidas» o de los pasivos «devengados», en el sentido de los artículos 53, apartado 3, y 60, apartado 2, párrafo primero, letra b), de la citada Directiva, en el momento de la resolución.

Por otro lado, cuando el procedimiento de resolución implica la aplicación de un «instrumento de recapitalización interna (bail-in)», en el sentido del artículo 2, apartado 1, punto 57, de la Directiva 2014/59, el artículo 48, apartado 1, de esta prevé que, en ejercicio de las competencias de amortización y conversión, las autoridades de resolución reducirán, en primer lugar, las diferentes categorías de instrumentos de capital. El artículo 53, apartado 1, de esta Directiva dispone que las medidas de reducción de capital social o de conversión o cancelación permitidas por esa recapitalización interna sean vinculantes de forma inmediata para los acreedores y accionistas afectados. Así pues, en el marco de una recapitalización interna, la amortización y la conversión de los instrumentos de capital contribuyen directamente a la consecución de los objetivos del procedimiento de resolución [sentencia Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular II), apartado 52].

Desde esta perspectiva, el artículo 60, apartados 2, párrafo primero, letra c), y 3, de la Directiva 2014/59 prevé que no se pagará indemnización alguna a los titulares de los instrumentos de capital pertinentes, con excepción de los casos de conversión de esos instrumentos previstos en dicho apartado 3, y que, en tales casos, la indemnización consistirá en una emisión de instrumentos de capital para esos titulares. En efecto, al limitar la indemnización a tal emisión de instrumentos de capital, esas disposiciones permiten evitar que esa indemnización pueda reducir retroactivamente el importe del capital utilizado para la resolución [sentencia Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular II), apartado 54].

Así, en el caso de las acciones de nulidad o de responsabilidad ejercitadas después de la resolución, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que tales acciones conllevan el riesgo de que el importe de los instrumentos de capital objeto de una recapitalización interna en el marco del procedimiento de resolución quede reducido retroactivamente, habida cuenta de que persiguen obtener una indemnización o una restitución por una cuantía equivalente a lo pagado por la adquisición de esos instrumentos de capital antes de la resolución. Tales acciones pueden, por tanto, comprometer la consecución de los objetivos perseguidos por la medida de resolución [sentencia Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular II), apartado 53].

Además, el Tribunal de Justicia ha indicado que el ejercicio de tales acciones después de la resolución equivale a exigir que la entidad de crédito o la empresa de servicios de inversión objeto de resolución, o el sucesor de estas, indemnice a los accionistas por las pérdidas sufridas como consecuencia del ejercicio, por parte de una autoridad de resolución, de las competencias de amortización y de conversión de los pasivos de dicha entidad o de dicha empresa, o a exigir que estas últimas procedan al reembolso total de las cantidades invertidas en el momento de la suscripción de acciones que se han amortizado debido a ese procedimiento de resolución. Habida cuenta de sus efectos retroactivos, esas acciones cuestionarían toda la valoración en la que se basa la decisión de resolución, puesto que la composición del capital forma parte de los datos objetivos de dicha valoración, y, por tanto, podrían frustrar tanto el propio procedimiento de resolución como los objetivos perseguidos por la Directiva 2014/59 [véase, en este sentido, la sentencia Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular II), apartados 59 y 62].

No obstante, a diferencia de las acciones de nulidad o de responsabilidad ejercitadas después de la resolución, no puede considerarse que las acciones de nulidad o de responsabilidad ejercitadas antes de la resolución tengan efectos retroactivos, en el sentido de la jurisprudencia mencionada en el apartado anterior de la presente sentencia, ni que puedan cuestionar la valoración prevista en el artículo 36, apartado 1, de la Directiva 2014/59 y la decisión de resolución basada en esta última. En efecto, como ha señalado la Abogada General en el punto 73 de sus conclusiones, los riesgos financieros derivados de los litigios pendientes se reflejan obligatoriamente en la contabilidad de los bancos que cotizan en bolsa.

En cuanto a la circunstancia de que pueda darse el caso de que la valoración no tenga en cuenta la totalidad de las demandas interpuestas, la Abogada General ha señalado acertadamente, en el punto 72 de sus conclusiones, que tal grado de incertidumbre se da en cualquier actividad de «elaboración de inventarios» y cabe afirmar que forma parte del riesgo general que debe aceptar en el marco de la resolución con arreglo a la Directiva 2014/59, en particular, la entidad adquirente de la entidad de crédito objeto de resolución.

En efecto, el artículo 36, apartado 1, de esta Directiva prescribe una valoración «ecuánime, prudente y realista» del activo y el pasivo de tal entidad de crédito, sin exigir que se evalúen ese activo y ese pasivo de manera completa y minuciosa. En particular, cuando no sea posible elaborar la lista de pasivos pendientes en el balance y fuera de balance por la urgencia de las circunstancias del caso, la autoridad de resolución podrá, según el apartado 9 del citado artículo 36, en relación con los apartados 2, 3 y 6 de este, limitarse a una valoración provisional llevando a cabo una estimación del valor del activo y el pasivo.

A la vista de lo anterior, procede considerar que, cuando se han ejercitado acciones de nulidad o de responsabilidad antes de la resolución, tales acciones no pueden cuestionar la valoración prevista en el artículo 36, apartado 1, de la Directiva 2014/59 ni la decisión de resolución basada en esta última.

Por lo que se refiere, en tercer lugar, a los objetivos perseguidos por la Directiva 2014/59, del considerando 49 de esta se desprende que los instrumentos de resolución deben aplicarse únicamente a las entidades de crédito o a las empresas de servicios de inversión que sean inviables o respecto de las cuales exista la probabilidad de que lo vayan a ser, y solo cuando sea necesario para lograr el objetivo de la estabilidad financiera en aras del interés general. Así pues, la aplicación de esos instrumentos debe limitarse a las situaciones de extrema urgencia, cuando no sea posible liquidar la entidad de crédito o la empresa de servicios de inversión de que se trate según un procedimiento de insolvencia ordinario sin desestabilizar el sistema financiero.

Asimismo, como se indica en el considerando 45 de dicha Directiva, el procedimiento de resolución tiene por objeto reducir el riesgo moral en el sector financiero, haciendo que los accionistas soporten prioritariamente las pérdidas sufridas como consecuencia de la liquidación de una entidad de crédito o de una empresa de servicios de inversión, de modo que se evite que dicha liquidación merme los fondos públicos y afecte a la protección de los depositantes [sentencia Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular II), apartado 55 y jurisprudencia citada].

Por lo tanto, la Directiva 2014/59 establece el recurso, en un contexto económico excepcional, a un procedimiento que puede afectar, en particular, a los derechos de los accionistas y de los acreedores de una entidad de crédito o de una empresa de servicios de inversión con el fin de preservar la estabilidad financiera de los Estados miembros, al crear un régimen de insolvencia que constituye una excepción al régimen general de los procedimientos de insolvencia, cuya aplicación únicamente se autoriza en circunstancias excepcionales y debe estar justificada por un interés general superior. El carácter excepcional de este régimen implica que cabe descartar la aplicación de otras disposiciones del Derecho de la Unión cuando estas puedan privar de eficacia u obstaculizar la aplicación del procedimiento de resolución [sentencia Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular II), apartado 56 y jurisprudencia citada].

Además, en el considerando 120 de la Directiva 2014/59, se puntualiza que las excepciones incluidas en esta Directiva a las normas obligatorias para la protección de los accionistas y acreedores de las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de las directivas de la Unión sobre Derecho de sociedades, que pueden suponer un obstáculo para la actuación eficaz y la utilización de competencias e instrumentos de resolución por parte de las autoridades competentes, no solo deben ser adecuadas, sino también estar definidas de manera clara y precisa, a fin de garantizar la máxima seguridad jurídica para los interesados [sentencia Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular II), apartado 57 y jurisprudencia citada].

La Directiva 2004/39, que tenía como objetivo la protección de los posibles inversores en el momento en que toman decisiones sobre una inversión, figura entre las «directivas de la Unión sobre Derecho de sociedades», en el sentido del considerando 120 de la Directiva 2014/59. Por lo tanto, esta última Directiva permite establecer excepciones a las disposiciones de la Directiva 2004/39, siempre que la aplicación de esas disposiciones pueda privar de eficacia u obstaculizar la ejecución de un procedimiento de resolución [véase, por analogía, la sentencia Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular II), apartado 58 y jurisprudencia citada].

Pues bien, a la vista de las consideraciones que figuran en los apartados 56 a 59 de la presente sentencia, una acción de nulidad y una acción de responsabilidad basadas en el incumplimiento de los requisitos de información establecidos por la Directiva 2004/39 no pueden privar de eficacia u obstaculizar la ejecución de un procedimiento de resolución, si tales acciones se han ejercitado antes de la resolución.

66	Por otra parte, las disposiciones de la Directiva 2014/59 deben interpretarse a la luz de los derechos fundamentales garantizados por la Carta y, en particular, del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 47 de esta.

A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 47 de la Carta no constituye una prerrogativa absoluta y su ejercicio puede ser objeto de restricciones justificadas por objetivos de interés general perseguidos por la Unión. Por consiguiente, tal como se desprende del artículo 52, apartado 1, de la Carta, pueden imponerse restricciones a ese derecho fundamental, siempre y cuando estas restricciones respondan efectivamente a la consecución de objetivos de interés general y no constituyan, habida cuenta de la finalidad perseguida, una intervención desmesurada e intolerable que afecte al propio contenido esencial del derecho garantizado [sentencia Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular II), apartado 80 y jurisprudencia citada].

Además, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, si bien existe un claro interés general en garantizar en toda la Unión una protección fuerte y coherente de los inversores, no puede considerarse que ese interés prevalezca en todo caso sobre el interés general consistente en garantizar la estabilidad del sistema financiero [sentencia Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular II), apartado 81 y jurisprudencia citada].

En lo atinente a las acciones de nulidad y las acciones de responsabilidad ejercitadas tras haberse adoptado la decisión de resolución, para obtener la restitución de las cantidades abonadas en el momento de la adquisición de los instrumentos de capital de que se trate, de la jurisprudencia derivada de las sentencias Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular) (apartados 48 a 50) y Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular II) (apartados 82 a 84) se desprende, en esencia, que el artículo 47 de la Carta, en relación con el artículo 52, apartado 1, de esta, no se opone a una interpretación según la cual las disposiciones de la Directiva 2014/59 impiden a los accionistas de una entidad de crédito objeto de resolución ejercitar tales acciones posteriores a la resolución.

70	Ahora bien, la situación de las personas que ejercitaron tales acciones antes de la resolución se distingue sustancialmente de la de las personas a las que se ha hecho referencia en el apartado anterior de la presente sentencia.

En primer lugar, como ha señalado la Abogada General, en esencia, en el punto 86 de sus conclusiones, la interpretación según la cual los derechos derivados de las acciones de nulidad o de responsabilidad ejercitadas antes de la resolución no constituyen obligaciones o reclamaciones «vencidas» o pasivos «devengados» en el sentido de los artículos 53, apartado 3, y 60, apartado 2, párrafo primero, letra b), de la Directiva 2014/59, oponibles a la entidad de crédito objeto de resolución y a la entidad que la suceda, tendría como consecuencia que la decisión de resolución privaría de objeto a los procedimientos judiciales pendientes, de suerte que procedería decretar la terminación de estos.

Pues bien, la gravedad de la injerencia en el derecho garantizado por el artículo 47 de la Carta a que daría lugar esta interpretación no resultaría atenuada por la posibilidad de interponer un recurso contra la decisión de resolución. En efecto, según dicha interpretación, la decisión de resolución modificaría con efectos retroactivos el marco jurídico pertinente para dirimir un litigio que se entabló antes de que esa decisión fuera adoptada o incluso modificaría directamente la situación jurídica subyacente a ese litigio. Así, la posibilidad de un recurso contra la decisión de resolución no influiría en los efectos que esta produciría, en tal supuesto, desde su adopción, en los litigios pendientes (véase, por analogía, la sentencia de 29 de abril de 2021, Banco de Portugal y otros, C‑504/19, EU:C:2021:335, apartados 63, 65 y 66).

A continuación, la interpretación según la cual los derechos derivados de las acciones de nulidad o de responsabilidad deben haber sido objeto de una sentencia firme antes de la resolución para ser oponibles a la entidad de crédito objeto de resolución o a la entidad que la suceda haría que la oponibilidad de tales derechos, con arreglo a los artículos 53, apartado 3, y 60, apartado 2, párrafo primero, letra b), de la Directiva 2014/59, dependiera de circunstancias sobre las que básicamente la persona que ejercitó tales acciones no puede influir. En efecto, la duración de un procedimiento judicial depende, en particular, de la carga de trabajo del juez que conoce del asunto y de la conducta procesal de la parte contraria.

Además, al ejercitar tales acciones ante los órganos jurisdiccionales nacionales, dicha persona ha obrado en principio con la diligencia debida para poder cobrar los créditos que resulten de las referidas acciones antes de la resolución, a diferencia de las personas que han ejercitado tales acciones después de la resolución. De este modo, a la vista de la máxima iura vigilantibus non dormientibus prosunt, el resultado de las acciones ejercitadas antes de la resolución no puede depender de la circunstancia de que hayan sido objeto o no de una sentencia firme en el momento de la resolución.

Por último, de las consideraciones que figuran en los apartados 56 a 59 de la presente sentencia se infiere que los derechos derivados de las acciones de nulidad o de responsabilidad ejercitadas antes de la resolución, a diferencia de los derechos que nacieran de acciones posteriores a la resolución, pueden ser tenidos en cuenta al efectuar la valoración prevista en el artículo 36, apartado 1, de la Directiva 2014/59 y no pueden, por tanto, cuestionar dicha valoración ni la decisión de resolución basada en esta. Una interpretación de los artículos 53, apartado 3, y 60, apartado 2, párrafo primero, letra b), de dicha Directiva que permita a los accionistas y acreedores la prosecución de las acciones de nulidad o de responsabilidad ya entabladas en el momento de la resolución no compromete la estabilidad financiera de la Unión.

Por añadidura, tal interpretación no interfiere de manera desproporcionada en los derechos de los eventuales adquirentes de una entidad de crédito objeto de resolución ni en los derechos de la entidad que suceda a esta al término de la resolución. En efecto, habida cuenta de las consideraciones que figuran en los apartados 56 a 59 de la presente sentencia, esas personas también tienen la posibilidad de conocer los pasivos de esa entidad constituidos por los derechos derivados de las acciones de nulidad o de responsabilidad ejercitadas antes de la resolución, antes de presentar su oferta de adquisición de la referida entidad.

A la vista de cuantas consideraciones anteceden, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que las disposiciones de los artículos 34, apartado 1, letras a) y b), 53, apartados 1 y 3, y 60, apartado 2, párrafo primero, letras b) y c), de la Directiva 2014/59 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que los derechos derivados de una acción de nulidad de un contrato de suscripción de bonos subordinados convertidos en acciones y de una acción de responsabilidad, basadas en el incumplimiento de los requisitos de información que impone la Directiva 2004/39, se consideren incluidos en la categoría de obligaciones o reclamaciones «vencidas» o pasivos «ya devengados» en el momento de la resolución de la entidad de crédito de que se trate, en el sentido de los artículos 53, apartado 3, y 60, apartado 2, párrafo primero, letra b), de la Directiva 2014/59, cuando esas acciones se hayan ejercitado antes de la amortización total de las acciones del capital social de la referida entidad de crédito en el marco de un procedimiento de resolución.

Costas

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

Las disposiciones de los artículos 34, apartado 1, letras a) y b), 53, apartados 1 y 3, y 60, apartado 2, párrafo primero, letras b) y c), de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo,

deben interpretarse en el sentido de que

no se oponen a que los derechos derivados de una acción de nulidad de un contrato de suscripción de bonos subordinados convertidos en acciones y de una acción de responsabilidad, basadas en el incumplimiento de los requisitos de información que impone la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo, se consideren incluidos en la categoría de obligaciones o reclamaciones «vencidas » o pasivos «ya devengados » en el momento de la resolución de la entidad de crédito de que se trate, en el sentido de los artículos 53, apartado 3, y 60, apartado 2, párrafo primero, letra b), de la Directiva 2014/59, cuando esas acciones se hayan ejercitado antes de la amortización total de las acciones del capital social de la referida entidad de crédito en el marco de un procedimiento de resolución.

Biltgen

von Danwitz

Kumin

Ziemele

Gervasoni

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de septiembre de 2025.

El Secretario

A. Calot Escobar

El Presidente de Sala

F. Biltgen

( *1 ) Lengua de procedimiento: español.