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24.9.2021 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 340/132 |
RESOLUCIÓN (UE) 2021/1551 DEL PARLAMENTO EUROPEO
de 29 de abril de 2021
que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019, sección V – Tribunal de Cuentas
EL PARLAMENTO EUROPEO,
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Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019, sección V – Tribunal de Cuentas, |
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Vistos el artículo 100 y el anexo V de su Reglamento interno, |
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Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0059/2021), |
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A. |
Considerando que, en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión, la autoridad de aprobación de la gestión desea hacer hincapié en que es particularmente importante reforzar aún más la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión mejorando la transparencia y la rendición de cuentas y aplicando el concepto de presupuestación basada en el rendimiento y una buena gobernanza de los recursos humanos, |
1.
Observa que las cuentas anuales del Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») son fiscalizadas por un auditor externo independiente, de manera que estén sometidas a los mismos principios de transparencia y rendición de cuentas que el Tribunal aplica a los organismos que él fiscaliza; toma nota con satisfacción de la opinión del auditor de que los estados financieros del Tribunal dan una imagen fidedigna de su posición financiera;
2.
Observa que, en 2019, el presupuesto del Tribunal ascendió a un total de 146 890 000 EUR (frente a 146 469 000 EUR en 2018 y 141 240 000 EUR en 2017) y que el 98 % de los créditos se habían comprometido a finales de 2019 (frente al 96,21 % en 2018 y el 97,73 % en 2017);
3.
Recuerda que el presupuesto del Tribunal tiene carácter principalmente administrativo y que en gran parte se destina a cubrir el gasto correspondiente a las personas vinculadas a la institución (título 1) y a inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento (título 2);
4.
Recuerda que los índices de ejecución del título 2 no mejoran suficientemente con un índice de ejecución de los créditos de compromiso que asciende al 64,17 % (frente al 59,13 % en 2018 y al 57,13 % en 2017) y un índice de ejecución de los pagos que asciende al 62,21 % (frente al 55,11 % en 2018 y al 55,75 % en 2017); subraya la confirmación del Tribunal en su documento de seguimiento de la resolución de aprobación de la gestión de 2018 de que continuará sus esfuerzos por mejorar los índices de ejecución y considerar detenidamente sus estimaciones presupuestarias;
5.
Toma nota del comentario del Tribunal de que resulta más apropiado supervisar la ejecución presupuestaria del título 2 desde una perspectiva bienal; reconoce que, a lo largo del bienio 2018-2019 se efectuaron el 91,38 % de los pagos de créditos y el 98,04 % de los pagos de compromisos;
6.
Señala la continuación de las prórrogas, por ejemplo, de 3 057 772 EUR en 2019 con arreglo al capítulo 21 (Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento) frente a los 4 310 280 EUR de 2018 debido a los proyectos de TI en curso; indica que la prórroga total del título 2 de 2018 a 2019 ascendió a 6 068 597 EUR y considera positivo que ello haya dado lugar a pagos de 5 777 454 EUR con cargo a prórrogas;
7.
Observa que la prórroga de los créditos de los títulos 1 y 2 del ejercicio financiero de 2018 al de 2019 ascendió a 7 406 944 EUR y dio lugar a pagos por importe de 6 553 576 EUR, un índice de utilización del 88,48 %, equivalente al registrado en 2018;
8.
Valora que el Tribunal esté examinando la sugerencia contenida en la Resolución de aprobación de la gestión de 2018 relativa a la presentación de un informe anual independiente sobre las instituciones de la Unión como parte de las reflexiones sobre la estrategia del Tribunal para el período 2021-2025, que debía adoptarse para finales de 2020; reitera, a este respecto, la necesidad de que el Tribunal lleve a cabo un examen más profundo de todas y cada una de las instituciones de modo que el Parlamento pueda cumplir sus obligaciones como autoridad de aprobación de la gestión;
9.
Acoge con satisfacción la dedicación del Tribunal a la elaboración del primer informe sobre el rendimiento en el marco del presupuesto de la Unión, a petición del Parlamento, cuyo objetivo es evaluar los resultados obtenidos del gasto con cargo al presupuesto de la Unión y, en particular, proporcionar una evaluación de los resultados de cada política de la Unión; considera que la auditoría de gestión es esencial para evaluar el impacto real de las inversiones de la Unión;
10.
Lamenta que el seguimiento por el Tribunal de la decisión de aprobación de la gestión de 2018 solo ofreciera respuestas limitadas a las observaciones del Parlamento; destaca que el seguimiento es esencial para que la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento determine si el Tribunal ha aplicado las recomendaciones del Parlamento; pide al Tribunal que incluya todas las respuestas necesarias y explicaciones más detalladas sobre la aplicación de las recomendaciones del Parlamento en su próximo informe de seguimiento, haciendo referencia explícita a cada apartado de la Resolución sobre la aprobación de la gestión y facilitando toda la documentación necesaria;
11.
Se hace eco de la recomendación del Tribunal de que la Comisión publique a principios de cada año el informe anual de gestión y rendimiento con el fin de examinar e informar sobre la regularidad de la información presentada; reconoce las limitaciones derivadas de la pandemia de COVID-19 que obligaron al Tribunal a publicar su informe anual de 2019 en noviembre de 2020;
Recursos humanos
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12. |
Observa que, a finales de 2019, había 853 puestos permanentes y temporales, frente a 891 puestos en 2013, lo que representa una disminución del 4,26 %; observa, en particular, que los puestos permanentes disminuyeron 6,91 puntos porcentuales, mientras que los temporales aumentaron 10,07 puntos porcentuales; pide al Tribunal que evalúe si la tendencia creciente a utilizar puestos temporales responde a las necesidades específicas del Tribunal o si se debe más bien a restricciones presupuestarias; señala que el nivel de personal se revisa continuamente y que el cuadro de efectivos del Tribunal sigue siendo el mismo que en 2017 y en 2018, con 853 puestos; toma nota de que, tras la retirada del Reino Unido de la Unión, y de acuerdo con el resultado de las negociaciones, el cuadro de efectivos se adaptó en 2019; |
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13. |
Valora el hecho de que el Tribunal, de conformidad con su estrategia de 2018 a 2020, haya ampliado sus contactos con investigadores, instituciones académicas y grupos de reflexión, y que, a 1 de junio de 2020, hubiera enviado a 15 miembros de la plantilla a otros órganos internacionales en comisión de servicio; señala que el Tribunal acoge regularmente a personal en comisión de servicio de otros órganos internacionales, y que también impartió 55 prácticas (frente a las 60 de 2018) a titulados universitarios durante períodos de tres a cinco meses; observa que, en 2019, seis períodos de prácticas no fueron remunerados; pide al Tribunal que ofrezca a los becarios una asignación que cubra al menos su coste de vida, inclusive en el caso de períodos de prácticas de corta duración; se congratula de que el Tribunal haya establecido varias asociaciones con universidades y organizaciones profesionales con vistas a una futura cooperación; |
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14. |
Observa que la política de contratación del Tribunal, basada en la reforma de 2016 y en los principios generales y las condiciones de empleo de las instituciones de la Unión, convierte al Tribunal en una organización basada en tareas; señala que a los miembros del personal se les asigna a una reserva de todo el Tribunal a partir de la cual se asignan recursos a las salas de fiscalización y a diversas tareas; toma nota de que, en el proceso de asignación de los miembros del personal de la reserva a las distintas tareas, el Tribunal presta especial atención a garantizar que los recursos técnicos especializados y humanos necesarios se faciliten a su debido tiempo, y que se lleve a cabo una rotación adecuada del personal entre los equipos mediante un ejercicio periódico de movilidad; |
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15. |
Aprecia el hecho de que el Tribunal diera seguimiento a la encuesta de satisfacción del personal de 2018 y llevara a cabo actividades relacionadas con el bienestar del personal, como su red de personas de contacto confidenciales en toda la organización encargada de proporcionar apoyo profesional y, si así se solicita, anónimo a los miembros de la plantilla; observa que el Tribunal también ofrece cinco sesiones gratuitas con psicólogos y organiza presentaciones sobre cómo afrontar el agotamiento y, para los directivos, sobre cómo detectar y tratar el acoso; |
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16. |
Expresa su preocupación por el descenso del número de directoras del 30 % en 2018 al 20 % en 2019, y del número de jefas de unidad del 39 % en 2018, al 35 % en 2019; señala, no obstante, el ligero aumento de mujeres miembros del Tribunal, del 21 % en 2018 (seis de veintiocho miembros) al 25 % en 2019 (siete de veintiocho miembros); subraya el compromiso de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento de apoyar una revisión del proceso de designación de miembros del Tribunal con el fin de alcanzar un equilibrio de género (en 2019 eran miembros siete mujeres y veintiún hombres); recuerda la invitación a los Estados miembros a que se muestren más activos a la hora de animar a las mujeres a presentarse a este tipo de puestos; reitera que el Consejo debe presentar siempre al menos dos candidatos, una mujer y un hombre, durante el procedimiento de nombramiento; |
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17. |
Acoge con satisfacción los continuos esfuerzos del Tribunal en el ámbito administrativo por promover la igualdad de oportunidades profesionales para el personal y, en particular, por alcanzar el equilibrio de género en los puestos directivos; señala que el Tribunal puso en marcha un programa de desarrollo del liderazgo en 2019, encaminado a desarrollar las competencias de los posibles directivos con una participación equitativa de hombres y mujeres; |
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18. |
Valora positivamente la participación del Tribunal en el Comité Mixto para la Igualdad de Oportunidades y en el plan de acción en materia de igualdad de oportunidades para el período 2018-2020, que también aborda las cuestiones de la edad y la discapacidad; pide al Tribunal que informe a la autoridad de aprobación de la gestión sobre la aplicación del plan de acción; |
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19. |
Insta al Tribunal a que se esfuerce por seguir mejorando en el contexto del equilibrio geográfico del personal (concretamente por lo que respecta a los grupos de funciones AST 1-4 y 5-9, en los que existe una sobrerrepresentación significativa de determinadas nacionalidades); pide al Tribunal que elabore un plan de acción para la contratación de nuevos miembros del personal prestando atención al equilibrio geográfico, tal como se establece en el artículo 7 del Estatuto de los funcionarios; |
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20. |
Toma nota de que todos los miembros del personal disponen de fórmulas de trabajo flexible, excepto determinadas categorías en las que esto no es posible por razones prácticas; observa, no obstante, que una gran mayoría de los miembros del personal que se beneficiaron de estos acuerdos de trabajo en 2019 eran mujeres (el 87 % del personal que trabajaba a tiempo parcial y el 68 % del personal que disfrutó de un permiso parental); pide al Tribunal que reflexione sobre esta situación en el marco de sus políticas por lo que respecta a las oportunidades profesionales y la diversidad; anima, asimismo, al Tribunal a que complete el régimen de trabajo flexible actual con la protección del derecho de desconexión de los miembros del personal; |
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21. |
Se hace eco de las observaciones del Tribunal sobre el elevado coste de la vida en Luxemburgo como uno de los principales factores que causan dificultades a la hora de contratar y mantener al personal; reitera su preocupación por el creciente problema de la disparidad de poder adquisitivo que sufren los funcionarios de la Unión destinados en Luxemburgo; |
Edificios, seguridad
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22. |
Acoge con satisfacción la modernización del edificio K2 con el fin de mejorar sus instalaciones técnicas, teniendo en cuenta las nuevas preocupaciones medioambientales y la transformación de los actuales espacios de archivo, que ya no son necesarios debido a la digitalización, en un conjunto de espacios comunes de colaboración y bienestar, como salas de reuniones y videoconferencia, y para tomar café; |
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23. |
Valora que el Tribunal realizara un estudio preliminar en 2017 y que los resultados del mismo se tuvieran en cuenta en el proyecto de modernización en curso; señala que el Tribunal continúa con el uso de oficinas individuales y solo cuenta con unos pocos espacios colaborativos; acoge con satisfacción que se hayan organizado sesiones específicas para compartir el proyecto con el personal y que los comentarios recibidos, en general, sean positivos; |
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24. |
Acoge con satisfacción las mejoras en el perímetro de seguridad, en particular la construcción de vallas adicionales, nuevas barreras de estacionamiento y una cerradura de acceso para el aparcamiento de vehículos en el edificio K3, un proyecto que debía completarse en 2020; señala que, en 2019, además de los gastos regulares, como los correspondientes a los controles periódicos de las instalaciones, el Tribunal invirtió 123 000 EUR en seguridad física; |
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25. |
Toma nota de las medidas adoptadas con respecto a la seguridad del personal, a saber, un plan de contingencia para hacer frente a incidentes a gran escala, un procedimiento interno en caso de posible accidente nuclear y un acuerdo de nivel de servicio con el Servicio Europeo de Acción Exterior para beneficiarse de su asesoramiento en relación con las misiones a países con un nivel de amenaza elevado y crítico; |
Medio ambiente
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26. |
Señala que a finales de 2019 se llevó a cabo una auditoría externa del sistema de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) y que, como resultado, el Tribunal ha renovado con éxito su certificación EMAS para el período 2020-2022 y ha adoptado un nuevo plan de acción para hacer frente a la emergencia climática; señala que el balance de CO2 del Tribunal se publica cada año en su sitio web con el fin de llevar a cabo un seguimiento de los esfuerzos que dedica a reducir su huella de carbono como parte del proyecto más amplio del EMAS, y a alcanzar el objetivo de la estrategia de crecimiento de Europa 2020 en materia de desarrollo sostenible, que aprobó en 2010 el Consejo Europeo; |
Digitalización, ciberseguridad
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27. |
Acoge favorablemente que el Tribunal adoptara un plan de acción en materia de ciberseguridad a mediados de 2018 con un plazo de tres años; señala que, en 2019,se alcanzaron los siguientes objetivos: una corrección más eficaz y periódica de las vulnerabilidades del software, la prevención del acceso no autorizado a los servicios en la nube, la revisión de la gobernanza de la seguridad de la información, y la mejora de las capacidades de control de la seguridad; acoge con satisfacción la sesión de sensibilización sobre ciberseguridad dirigida al personal del Tribunal; señala que el Tribunal se beneficia asimismo de los servicios e infraestructuras de ciberseguridad proporcionados por el equipo de respuesta a emergencias informáticas a las instituciones, órganos y agencias de la UE; |
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28. |
Acoge con satisfacción la creación del comité director digital con el objetivo de avanzar en la transformación digital de la auditoría en el marco de una iniciativa denominada «ECA audit goes digital» (La auditoría del TCE se digitaliza); observa que, en 2019, el servicio «ECA Lab», el laboratorio de innovación interdisciplinario del Tribunal centrado en la transformación digital de la auditoría utilizando datos y tecnología, apoyó diez tareas de auditoría, incluido un proyecto piloto sobre el uso de macrodatos para la auditoría de resultados; pide al Tribunal que informe al Parlamento de cualquier obstáculo encontrado al solicitar datos en un formato legible por máquina a las instituciones de la Unión; |
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29. |
Acoge con satisfacción que la Decisión n.o 6-2019 del Tribunal sobre la política de datos abiertos y la reutilización de documentos se publicara en abril de 2019 y que los sistemas informáticos del Tribunal se basen en sólidos principios de arquitectura que tienen en cuenta un enfoque de costes y beneficios respecto a las tecnologías convencionales adquiridas interinstitucionalmente; celebra que en el Tribunal se utilicen tecnologías de código abierto de conformidad con tales principios; anima al Tribunal a dar prioridad a las tecnologías de código abierto con el fin de evitar la dependencia de proveedores, mantener el control sobre sus propios sistemas técnicos, ofrecer mejores salvaguardias para la privacidad y la protección de datos de los usuarios, y aumentar la seguridad y la transparencia para el público; |
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30. |
Toma nota con satisfacción de que el Tribunal estableció un plan de acción en 2016 para estar preparado para el Reglamento (UE) 2016/679 (1) y cumplir con dicho Reglamento en cuanto fuera aplicable a las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión; observa que las responsabilidades en materia de protección de datos y seguridad de la información se reestructuraron en 2019 con el fin de asignar recursos y reforzar los recursos asignados; |
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31. |
Anima al Tribunal a que siga las recomendaciones del Supervisor Europeo de Protección de Datos de volver a negociar el acuerdo de licencias interinstitucional y el contrato de ejecución firmados entre las instituciones de la Unión y Microsoft en 2018, con el objetivo de lograr la soberanía digital, evitar la dependencia de proveedores y la falta de control, y garantizar la protección de los datos personales; |
Cooperación interinstitucional
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32. |
Anima al Tribunal a fomentar nuevas sinergias y la racionalización con otros órganos de la Unión mediante la cooperación interinstitucional; señala que el Tribunal utiliza herramientas y servicios proporcionados por otras instituciones o conjuntamente con estas, como un acuerdo de nivel de servicio con la Oficina Pagadora de la Comisión que cubre la gestión de pensiones, derechos financieros y nóminas; señala que el Tribunal utiliza las herramientas informáticas de la Comisión en ámbitos como las misiones, los recursos humanos, la formación y la traducción; acoge con satisfacción la participación en procedimientos conjuntos de contratación pública con otras instituciones para informática, traducción, etc.; |
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33. |
Reconoce que, con arreglo a la metodología convenida entre instituciones, el coste de la externalización de las traducciones en 2019 ascendió a 2 740 366 EUR, y que, si las traducciones correspondientes las hubieran realizado servicios internos, el coste total de las mismas páginas habría sido de 4 647 880 EUR; |
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34. |
Solicita al Tribunal que facilite información sobre las mejoras realizadas respecto a la eficiencia de los procesos administrativos que son esenciales a la luz de una carga de trabajo cada vez mayor; recuerda además la necesidad de las reformas en curso para garantizar que el Tribunal esté bien equipado para responder a los retos futuros; |
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35. |
Pide al Tribunal que considere la posibilidad de incorporarse al Registro de transparencia sobre la base de un acuerdo de nivel de servicio; reconoce la cooperación interinstitucional entre el Tribunal y otras instituciones y órganos de la Unión a través de acuerdos de nivel de servicio; pide que se le informe de si se llevan a cabo análisis de costes y beneficios antes de celebrar un contrato o acuerdo; |
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36. |
Acoge con satisfacción el acuerdo administrativo firmado en 2019 que proporciona un marco estructurado de cooperación entre el Tribunal y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y facilita un intercambio oportuno de información con arreglo al Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 (2) y a las decisiones del Tribunal relativas a las investigaciones internas; acoge con satisfacción el hecho de que el acuerdo ya haya dado lugar a una cooperación más eficiente entre el Tribunal y la OLAF, al establecimiento de puntos de contacto permanentes que permitan intercambios frecuentes y a una información más rápida y más regular sobre los casos transmitidos por el Tribunal a la OLAF; señala que dicho acuerdo también contiene disposiciones sobre cuestiones no operativas, como la organización de sesiones de formación, seminarios e intercambios de personal; toma nota de que, en 2019, el Tribunal denunció diez casos de presunto fraude a la OLAF, frente a nueve casos en 2018 (ocho identificados en el curso de los trabajos de auditoría y dos denuncias formuladas por terceros); |
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37. |
Toma nota de que la Fiscalía Europea y el Tribunal acordaron debatir el futuro acuerdo administrativo con el fin de crear un marco para su cooperación; pide al Tribunal que informe en consecuencia a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento; acoge con satisfacción que el Tribunal haya contribuido a la creación del servicio de auditoría interna de la Fiscalía Europea; |
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38. |
Se congratula de que, en octubre de 2019, se firmara con el Banco Central Europeo (BCE) un memorando de entendimiento, en el que se establecen las disposiciones prácticas para compartir información acerca de las actividades de supervisión del BCE; |
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39. |
Valora la cooperación del Tribunal con los organismos de control superiores de los Estados miembros, que permite al Tribunal promover la labor de auditoría externa independiente en la Unión y sus Estados miembros; toma nota de la participación del Tribunal en los trabajos de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), la Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa (EUROSAI) y el Grupo Regional Europeo de la INTOSAI, en particular en sus grupos de trabajo sobre auditoría medioambiental, tecnologías de la información y auditoría de los fondos asignados a catástrofes, y su grupo de trabajo sobre auditoría y ética; |
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40. |
Observa que el Defensor del Pueblo Europeo invitó al Tribunal (en el contexto de una consulta emprendida con todas las instituciones de la Unión) a comentar el proyecto de recomendaciones prácticas del Defensor del Pueblo para la administración de la UE relativas a «El uso de las lenguas oficiales de la UE en la comunicación con el público» (asunto SI/98/2018/DDJ), a lo que el Tribunal respondió con la indicación de que su política actual ya es conforme con tales recomendaciones; pide que se incluyan también en este proceso las lenguas de signos nacionales; |
Comunicación
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41. |
Subraya los esfuerzos del Tribunal por seguir mejorando la forma en que se comunica con sus partes interesadas, los medios de comunicación y el público en general; es consciente de que, tras las elecciones europeas de 2019, el Tribunal creó un portal de publicaciones que facilita a todos los diputados al Parlamento datos y cifras pertinentes; acoge con satisfacción que este portal de publicaciones se encuentre ahora disponible públicamente también en el sitio web del Tribunal y permita una búsqueda rápida y sencilla de informes y publicaciones; se congratula de la renovación actual del sitio web del Tribunal para lograr que sus actividades y productos resulten aún más accesibles y fáciles de seguir; |
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42. |
Acoge con satisfacción el hecho de que el Tribunal observe un fuerte aumento del interés por parte de los medios de comunicación con una cobertura particularmente alta en sus informes especiales; |
Gestión interna, control interno, rendimiento
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43. |
Reconoce que el Tribunal aplica un conjunto de indicadores clave de rendimiento para supervisar los progresos realizados; observa con satisfacción que el análisis del Tribunal puso de relieve que el 96 % de las recomendaciones formuladas en el informe anual de 2015, y el 94 % de las formuladas en los informes especiales de ese mismo año, se han ejecutado plenamente, en su mayor parte o en algunos aspectos; toma nota de que el Tribunal publicó seis informes anuales, 36 informes especiales, tres dictámenes, 18 resúmenes preliminares de auditoría y otras cuatro publicaciones, que forman parte del total de 67 publicaciones que presentó en 2019; observa que, en 2019, aproximadamente el 52 % de los recursos de auditoría del Tribunal se utilizaron para su labor de declaración de fiabilidad y para las auditorías financieras de las agencias y otros órganos de la Unión; pide al Tribunal que informe sobre el impacto y la satisfacción de sus informes especiales y otros productos, así como sobre los temas de auditoría seleccionados; |
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44. |
Pide al Tribunal que explore vías para facilitar más información sobre los gastos administrativos de otras instituciones de la Unión en el contexto de la aprobación de la gestión; reitera que el enfoque general de auditoría del Tribunal requiere un mayor trabajo de auditoría y una evaluación más específica; reitera su llamamiento en favor de una revisión más específica de los gastos administrativos y las actividades de apoyo de otras instituciones de la Unión, en particular sobre temas que cada vez son más relevantes o incluso críticos; |
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45. |
Acoge con satisfacción los esfuerzos del Tribunal, en consonancia con el Reglamento Financiero, por elaborar sus informes especiales generalmente en un plazo de 13 meses, al tiempo que señala que el plazo medio para la elaboración de los informes especiales sigue excediendo ese límite de tiempo; |
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46. |
Acoge con satisfacción la auditoría interna realizada respecto a los gastos de misión de los miembros y funcionarios de alto nivel, los gastos de representación de los miembros y el uso de la flota de vehículos del Tribunal, con el objetivo de comprobar la fiabilidad de los sistemas de gestión y control del Tribunal aplicables a los miembros y funcionarios de alto nivel; señala que la gran mayoría de las operaciones seleccionadas aleatoriamente y examinadas por el Servicio de Auditoría Interna (SAI) cumplieron las normas y los procedimientos aplicables en el Tribunal; |
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47. |
Toma nota de que, en sus conclusiones de 17 de diciembre de 2020 (3), el abogado general del Tribunal de Justicia constató que un miembro en particular había infringido el Código de conducta de los miembros del Tribunal al abusar de los derechos y privilegios inherentes a su cargo en el contexto de actividades no relacionadas con sus funciones, al ausentarse del trabajo sin presentar ninguna justificación y no declarar actividades externas, al transmitir información confidencial sin autorización y al encontrarse en situación de conflicto de intereses; celebra el hecho de que el Tribunal haya pedido a la OLAF que lleve a cabo una investigación, que haya llevado el caso ante el Tribunal de Justicia y que se haya comprometido a cumplir las sanciones recomendadas para recuperar todas las pérdidas para el presupuesto de la Unión; |
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48. |
Señala que la auditoría puso de relieve que el asunto del miembro en particular investigado por la OLAF constituyó un caso aislado; toma nota de que el informe concluyó que los sistemas de gestión y control del Tribunal se vieron afectados por ciertas deficiencias que, sin embargo, se han subsanado eficazmente desde entonces y que, en general, los procedimientos de gestión y control existentes son fiables; tiene en cuenta que el SAI formuló recomendaciones encaminadas a seguir mejorando el sistema de gestión y control, que el informe de auditoría era estrictamente confidencial, y que todos los miembros así como el secretario general del Tribunal recibieron el informe; |
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49. |
Toma nota de que, en sus conclusiones de 17 de diciembre de 2020, en las que afirma claramente que se ha producido un incumplimiento de las obligaciones derivadas de la condición de miembro del Tribunal, el abogado general recomienda una sanción correspondiente a la privación de dos tercios de los derechos de pensión del miembro en particular y a la prestación conexa a partir de la fecha de la sentencia en el presente asunto; |
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50. |
Observa que todas las tareas de auditoría del programa de trabajo anual de 2019 del SAI se han cerrado, con la excepción de tres que continuarán en 2020: «contrato de servicio de la PMO», «auditoría del modelo de gestión de contratos de edificios/instalaciones» y «formación no lingüística»; señala que, en 2019, el SAI cerró otras dos tareas seleccionadas restantes del programa de trabajo anual de 2018; toma nota de que el SAI confirmó la importancia estratégica del comité horizontal responsable de las revisiones de aseguramiento de la calidad del Tribunal en relación con las políticas, normas y metodologías de auditoría; acoge con satisfacción que se esté aplicando la recomendación del SAI de desarrollar los acuerdos de control de calidad; |
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51. |
Reconoce que el SAI revisó el proyecto de decisión sobre el marco de control interno del Tribunal en 2019; señala que el SAI sugirió la inclusión en el proyecto de Decisión de una disposición adicional para ordenar claramente a los ordenadores delegados que apliquen los principios y las características de control interno en 2019, y que realicen una evaluación global de la ejecución y el funcionamiento de todo el marco de control interno al menos una vez al año, y que estas tareas se lleven a cabo por primera vez en el contexto del informe anual de actividades de 2020, a más tardar; |
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52. |
Acoge con satisfacción que el SAI considere que, en general, se han llevado a cabo controles ex post fiables respecto a la mayoría de las áreas de alto riesgo de la actividad de las direcciones de la Secretaría General, sobre la base del registro de riesgos y los objetivos operativos; valora que se le informe, en particular en el contexto de los problemas identificados en el pasado por una investigación de la OLAF sobre un miembro del Tribunal en particular, de que el SAI no ha observado deficiencias de tal importancia que pongan en tela de juicio gravemente la fiabilidad global de los sistemas de control interno establecidos por el ordenador delegado en cuanto a la legalidad y regularidad de las operaciones financieras en 2019; agradecería también recibir estas actualizaciones en el futuro; |
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53. |
Conviene con la estrategia actual del Tribunal de elevar el valor añadido de la declaración sobre la fiabilidad, centrarse más en los aspectos de rendimiento de la acción de la Unión, y asegurarse de transmitir mensajes claros a aquellos a los que van dirigidos; señala que, en 2019, un grupo de cuatro entidades fiscalizadoras superiores, las de Estonia, los Países Bajos, Dinamarca y los Estados Unidos de América, llevó a cabo una revisión por pares de la estrategia del Tribunal; señala que el informe se publicó en marzo de 2020 y proporciona una información de enorme valor para la próxima estrategia; |
Transparencia
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54. |
Señala que los miembros están autorizados a utilizar vehículos oficiales en el desempeño de sus funciones oficiales; toma nota de que el uso de vehículos oficiales para otros desplazamientos no está incluido en el desempeño de tales funciones y que, desde el 1 de enero de 2017, los costes y los kilómetros relacionados con el uso de tales vehículos han disminuido significativamente; hace hincapié en las nuevas normas sobre el uso de vehículos y conductores oficiales, con el fin de garantizar que los viajes de los diputados estén relacionados únicamente con el desempeño de sus funciones; reitera su opinión de que los vehículos oficiales no deben utilizarse para uso privado bajo ninguna circunstancia, dado que esta práctica puede perjudicar la reputación del Tribunal y, en general, de las instituciones de la Unión; señala que las nuevas normas entraron en vigor el 1 de enero de 2020 e introdujeron una aportación mensual de 100 EUR para el uso no oficial de los vehículos, así como una responsabilidad por parte de los miembros y del secretario general respecto a determinados costes y cargos; |
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55. |
Lamenta que el Tribunal solo haya realizado un seguimiento muy limitado con respecto al apartado 18 de la Resolución sobre la aprobación de la gestión de 2018 relativo la necesidad de un registro de vacaciones para los miembros del Tribunal; toma nota de que el Tribunal estudiará la posibilidad de llevar a cabo un análisis comparativo de las normas y mejores prácticas existentes en otras instituciones de la Unión en lo que respecta a la presencia y ausencia de titulares de cargos públicos de alto nivel de la Unión, tal como se definen en el Reglamento (UE) 2016/300 (4); recuerda que el Parlamento ha pedido claramente al Tribunal que establezca procedimientos que permitan llevar un registro de las vacaciones anuales de los miembros, las bajas por enfermedad y las ausencias del trabajo por otros motivos, a fin de garantizar que todos los permisos disfrutados queden correctamente consignados; destaca que la práctica actual podría hacer que disminuya la confianza de los ciudadanos y las instituciones de la Unión en el Tribunal; |
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56. |
Toma nota de que, a la luz de las obligaciones de los miembros de asistir a todas las reuniones del Tribunal, de las salas y del comité administrativo al que pertenecen, la secretaría del Tribunal mantiene un registro de asistencia; señala que este refleja la presencia y la ausencia de miembros y muestra además qué ausencias se consideran excusadas por el presidente del Tribunal; toma nota de que el registro de asistencia forma parte de las normas de ejecución del Reglamento interno del Tribunal; |
Conflicto de intereses, acoso, denuncia de irregularidades
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57. |
Solicita al Tribunal que facilite información sobre los resultados de tres denuncias por acoso, formuladas e investigadas en 2019; toma nota de que se trataron de acuerdo con los procedimientos establecidos en la política para mantener un entorno de trabajo satisfactorio y combatir el acoso psicológico y sexual; reconoce que, en lo que se refiere al gasto, las investigaciones de cada caso se llevaron a cabo internamente y, por tanto, no conllevaron costes adicionales; celebra la intención de evaluar la política del Tribunal en materia de protección del personal contra el acoso cada tres años, y que este ejercicio se llevaría a cabo en 2020; |
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58. |
Destaca el hecho de que las entidades fiscalizadoras superiores de Polonia y Croacia llevaron a cabo una revisión por pares significativa del marco ético del Tribunal; señala que, en opinión de sus homólogos, el sistema de control ético del Tribunal debe perfeccionarse mediante una evaluación más exhaustiva de los riesgos éticos, una mayor coherencia y claridad en sus normas sobre ética, y la mejora de las actividades de información y comunicación; |
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59. |
Apoya las conclusiones de la revisión por pares con respecto a la necesidad de introducir actualizaciones periódicas de las declaraciones de intereses, lo que elevaría su fiabilidad; expresa una vez más su preocupación por el hecho de que las declaraciones de intereses dependan necesariamente de la voluntad del propio interesado y que, dado el marco jurídico actual, ni el Tribunal ni su comité de ética tengan competencias para investigar y garantizar la veracidad y la exhaustividad de los datos declarados; pide al Tribunal que se asegure de que sus miembros presenten declaraciones de intereses en lugar de declaraciones de ausencia de conflictos de intereses; subraya que deben reforzarse los procedimientos actuales, incluidos los del comité de ética, para garantizar la ausencia de conflictos de intereses; conviene en que el comité de ética desempeña un papel crucial en la medida en que el presidente y los miembros del Tribunal pueden procurar su asesoramiento sobre cualquier cuestión relacionada con la ética y la interpretación del código de conducta; señala, además, que el comité tiene encomendada la aprobación de toda actividad externa realizada por los miembros, incluidos los antiguos miembros que pretendan realizar una actividad en los dos años posteriores a su salida del Tribunal, pero que esto no puede considerarse por sí mismo una herramienta eficaz para garantiza la ausencia de conflictos de intereses, como ya se subrayó en la Resolución de aprobación de la gestión del año pasado; celebra la adopción del Código de conducta revisado aplicable a los miembros y antiguos miembros del Tribunal de Cuentas (5) y, en particular, que se haya ampliado la información requerida en las declaraciones de intereses y se haya reforzado el papel del comité de ética; toma nota de que el Tribunal publicará un informe anual sobre la aplicación de su Código de conducta; observa, además, que el Tribunal está revisando actualmente el marco ético relativo a su personal. |
(1) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
(2) Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
(3) Conclusiones del abogado general Hogan presentadas el 17 de diciembre de 2020, Tribunal de Cuentas Europeo/Karel Pinxten, C-130/19, ECLI:EU:C:2020:1052.
(4) Reglamento (UE) 2016/300 del Consejo, de 29 de febrero de 2016, por el que se establece el régimen pecuniario de los titulares de cargos públicos de alto nivel de la UE (DO L 58 de 4.3.2016, p. 1).