–

en nombre de Reprobel CV, por la Sra. A. Lambert y el Sr. J.‑F. Puyraimond, advocaten;

–

en nombre de Copaco Belgium NV, por el Sr. T. van Innis, advocaat;

–

en nombre del Gobierno belga, por el Sr. P. Cottin y la Sra. C. Pochet, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. S. Depré y G. Ryelandt y por la Sra. J. Van Vyve, avocats;

–

en nombre del Gobierno francés, por la Sra. E. Timmermans, en calidad de agente;

–

en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. F. Ronkes Agerbeek, la Sra. J. Samnadda y el Sr. P. J. O. Van Nuffel, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Reprobel CV, entidad de gestión colectiva de derechos de autor y de editor, a la que el Estado belga ha encomendado la percepción y el reparto de los derechos de remuneración por compensación equitativa que corresponden a los autores y a los editores por las actividades de reprografía, y Copaco Belgium NV (en lo sucesivo, «Copaco»), una sociedad anónima, en relación con la negativa de esta a pagar a Reprobel determinados importes supuestamente adeudados en concepto de esas remuneraciones.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3

Los considerandos 31, 35 y 38 de la Directiva 2001/29 exponen:

4

El artículo 2 de esta Directiva, titulado «Derecho de reproducción», dispone:

5

El artículo 5 de dicha Directiva, cuyo título es «Excepciones y limitaciones», establece en su apartado 2:

Derecho belga

6

El artículo 59 de la wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (Ley relativa a los Derechos de Autor y Derechos Afines a los Derechos de Autor), de 30 de junio de 1994 (Belgisch Staatsblad de 27 de julio de 1994, p. 19297), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «LDA»), disponía:

7

El artículo 60 de la LDA establecía:

8

El artículo 60 bis de la LDA está redactado en los siguientes términos:

–

de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales en aplicación del artículo 320 de la Ley General de Aduanas e Impuestos Especiales, de 18 de julio de 1977, sustituido por la Ley de 27 de diciembre de 1993;

–

de la Administración del [Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)] en aplicación del artículo 93 bis del Código del IVA, de 3 de julio de 1969;

–

y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de conformidad con la Ley, de 15 de enero de 1990, relativa a la Creación y Organización de un Banco de Datos de la Seguridad Social.

–

del Servicio de Control y Mediación y del [Servicio Público Federal (SPF) de Economía];

–

de las entidades de gestión de los derechos que ejerzan una actividad similar en el extranjero, siempre que exista reciprocidad.»

9

A tenor del artículo 61 de la LDA:

10

Los importes de la remuneración a tanto alzado y de la remuneración proporcional, contemplados respectivamente en los artículos 59 y 60 de la LDA, fueron fijados por el Koninklijk besluit betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé‑gebruik of didatisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wizje zijn vastgelegd (Real Decreto relativo a la remuneración de los autores y de los editores por la copia con finalidad privada o didáctica de obras recogidas en un soporte gráfico o análogo), de 30 de octubre de 1997 (Belgisch Staatsblad de 7 de noviembre de 1997, p. 29874).

11

El artículo 7 de ese Real Decreto establece:

12

El artículo 1 del Koninklijk besluit tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren van werken die op grafische of soortgelijke wijze zijn vastgelegd (Real Decreto por el que se encomienda a una entidad la percepción y el reparto de los derechos de remuneración por la copia de obras recogidas en un soporte gráfico o análogo), de 15 de octubre de 1997 (Belgisch Staatsblad de 7 de noviembre de 1997, p. 29873), dispone:

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

13

Como distribuidor de productos informáticos destinados a las empresas y a los consumidores, Copaco distribuye también aparatos de reproducción, como fotocopiadoras y escáneres. Hasta finales de 2016, adeudaba por este concepto a Reprobel remuneraciones a tanto alzado por la reproducción de obras protegidas por derechos de autor o derechos afines (en lo sucesivo, «remuneraciones por compensación equitativa»).

14

Al considerar que, mediante su sentencia de 12 de noviembre de 2015, Hewlett‑Packard Belgium (C‑572/13, EU:C:2015:750), el Tribunal de Justicia había declarado que el artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2001/29 se opone a la parte «a tanto alzado» del sistema de remuneración previsto por la normativa belga en materia de remuneración por compensación equitativa, Copaco suspendió el pago de las facturas emitidas por Reprobel relativas a dicha remuneración correspondientes al período comprendido entre noviembre de 2015 y enero de 2017, invocando el efecto directo de dicha disposición e indicando que la suspensión de dicho pago se prolongaría hasta que las disposiciones de dicha normativa se alinearan con las de la Directiva 2001/29.

15

En marzo de 2017 entró en vigor un nuevo régimen de remuneraciones por compensación equitativa.

16

El 16 de diciembre de 2020, Reprobel demandó a Copaco ante el ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde (Tribunal de Empresas de Gante, Sección de Dendermonde, Bélgica), el cual, mediante resolución interlocutoria de 4 de marzo de 2022, se inhibió en favor del ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent (Tribunal de Empresas de Gante, Sección de Gante, Bélgica), que es el órgano jurisdiccional remitente, por razones de competencia territorial.

17

Este último señala que de la sentencia de 12 de noviembre de 2015, Hewlett-Packard Belgium (C‑572/13, EU:C:2015:750), se desprende que las modalidades previstas por el régimen belga de remuneraciones por compensación equitativa, controvertido en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, eran, al menos en parte, contrarias a la Directiva 2001/29, en la medida en que la compensación equitativa prevista en el artículo 5, apartado 2, letra b), de esa Directiva no se había reflejado en ese régimen, que preveía, hasta el 29 de diciembre de 2016, la aplicación de remuneraciones a tanto alzado sin correlación cuantitativa objetiva con la utilización efectiva de los aparatos de reproducción, de modo que tales remuneraciones podían exceder de su carácter meramente indemnizatorio.

18

El órgano jurisdiccional remitente indica que, en la sentencia de 12 de noviembre de 2015, Hewlett-Packard Belgium (C‑572/13, EU:C:2015:750), el Tribunal de Justicia interpretó las excepciones o limitaciones que un Estado miembro puede establecer en su legislación nacional en virtud del artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2001/29, que no habían sido incorporadas al régimen belga de remuneraciones por compensación equitativa en vigor hasta el 29 de diciembre de 2016. El órgano jurisdiccional remitente apunta que el Tribunal de Justicia consideró, en particular, que dicho régimen no era conforme con esta disposición. A este respecto, dicho órgano jurisdiccional indica que el Tribunal de Justicia señaló que dicho régimen hacía depender el importe de la remuneración a tanto alzado únicamente del número de copias por minuto que podían realizarse con las fotocopiadoras de que se trata, que preveía la liquidación, al menos en parte, de dichas remuneraciones en función del perjuicio que las reproducciones ilícitas podían causar a los autores afectados, que atribuía las remuneraciones, en parte o no, a personas distintas de los autores, que el pago de remuneraciones se exigía a personas que ponían fotocopiadoras a disposición de usuarios identificables y que establecía un sistema que podía dar lugar a una sobrecompensación de los beneficiarios de las remuneraciones al imponer al mismo tiempo una remuneración a tanto alzado y una remuneración proporcional, sin mecanismos de reembolso.

19

El órgano jurisdiccional remitente señala, asimismo, que, en una situación en la que el Derecho nacional no puede interpretarse de manera conforme con una directiva de la Unión, las disposiciones nacionales deben ceder ante las de la directiva en cuestión. Sin embargo, observa que las partes del litigio del que conoce no están de acuerdo en los requisitos que han de concurrir a tal efecto.

20

Según Copaco, el artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2001/29 tiene efecto directo y puede invocarse frente a Reprobel, que debe considerarse una entidad estatal debido a la misión que le ha encomendado el Estado de percibir y distribuir remuneraciones por compensación equitativa.

21

En cambio, Reprobel niega el carácter incondicional, claro y preciso del artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2001/29, dado que los Estados miembros pueden establecer las excepciones y limitaciones contempladas en esta disposición como estimen oportuno y que corresponde a dichos Estados definir el carácter equitativo de la compensación prevista en el artículo 5, apartado 2, de esa Directiva.

22

Reprobel considera, además, que no puede oponérsele la Directiva 2001/29 porque es una asociación de Derecho privado.

23

En estas circunstancias, el ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent (Tribunal de Empresas de Gante, Sección de Gante) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

–

la obligación de la entidad de enviar siempre una copia de su solicitud, dirigida a los sujetos deudores del pago de la compensación, de la información necesaria tanto para la percepción como para el reparto de la compensación por reprografía, al ministro competente, de modo que este pueda estar informado de la forma en que la entidad ejerce el derecho de supervisión y decidir si es conveniente determinar, mediante decreto ministerial, el contenido, el número y la frecuencia de las solicitudes de información, de manera que no interfieran más de lo necesario en las actividades de las personas a las que se solicita la información;

–

la obligación de la entidad de recurrir al representante del ministro para que expida una solicitud de la información necesaria para la percepción de la compensación proporcional por reprografía a los sujetos deudores, a los distribuidores, ya sean mayoristas o minoristas, a las empresas de leasing o a las empresas de mantenimiento de aparatos, si el sujeto deudor de la compensación no ha cooperado en la recaudación, quedando la entidad obligada asimismo a enviar una copia de esta solicitud al ministro competente, de forma que este pueda determinar el contenido, el número y la frecuencia de las solicitudes de forma que no interfieran más de lo necesario en las actividades de las personas a las que se solicita la información;

–

la obligación de la entidad de someter a la aprobación del ministro competente las normas de reparto de la compensación por reprografía, así como cualquier modificación que introduzca en las mismas;

–

la obligación de la entidad de someter a la aprobación del ministro competente el formulario de declaración que haya elaborado, que no podrá expedirse a falta de dicha aprobación?

–

la facultad de solicitar toda la información necesaria para la percepción de la compensación por reprografía a todos los sujetos deudores de la compensación, deudores de la cuota, distribuidores, ya sean mayoristas o minoristas, empresas de leasing y empresas de mantenimiento de aparatos. Cada solicitud debe mencionar las sanciones penales aplicables en caso de incumplimiento del plazo establecido o de respuesta con información incompleta o incorrecta;

–

la facultad de solicitar a todos los sujetos deudores de la compensación que faciliten la totalidad de la información relativa a las obras copiadas que sea necesaria para el reparto de la compensación por reprografía;

–

la facultad de obtener toda la información necesaria para el cumplimiento de su misión de la Administratie der Douane en Accijnzen, la Administratie van de btw y el Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Administración de Aduanas e Impuestos Especiales, Administración del IVA e Instituto Nacional de la Seguridad Social)?

Sobre las cuestiones prejudiciales

Cuestiones prejudiciales primera, segunda y tercera

24

Mediante sus cuestiones prejudiciales primera, segunda y tercera, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que un particular puede invocar en su defensa, ante un órgano jurisdiccional nacional, frente a una entidad a la que el Estado miembro ha encomendado la percepción y el reparto de las compensaciones equitativas establecidas en aplicación de esta disposición, que la normativa nacional que establece esas compensaciones es contraria al Derecho de la Unión, cuando tal entidad cumple una misión de interés público, está sometida a la supervisión de ese Estado y dispone, para cumplir esa misión, de facultades exorbitantes en comparación con las normas aplicables en las relaciones entre particulares.

25

Con carácter preliminar, ha de señalarse que del marco jurídico nacional aplicable al litigio principal, expuesto en la resolución de remisión, se desprende que Reprobel tiene la forma jurídica de sociedad cooperativa de Derecho privado, en cuyos órganos no está representado el Estado belga.

26

No obstante, según reiterada jurisprudencia, los particulares pueden invocar directamente disposiciones incondicionales y suficientemente precisas de una directiva no solo frente a los Estados miembros y sus órganos en sentido estricto, sino también, en particular, frente a organismos que están sometidos a la autoridad o al control de una autoridad pública, cumplen una misión de interés público y disponen de facultades exorbitantes en comparación con las normas aplicables en las relaciones entre particulares. Tales organismos o entidades se distinguen de los particulares y deben asimilarse al Estado, bien porque se trata de personas jurídicas de Derecho público que forman parte del Estado en sentido amplio, bien porque están sometidos a la autoridad o al control de una autoridad pública, bien porque esta autoridad les ha encomendado ejercer una misión de interés público y a tal fin se les ha dotado de las mencionadas facultades exorbitantes (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de julio de 1990, Foster y otros, C‑188/89, EU:C:1990:313, apartado 20, y de 10 de octubre de 2017, Farrell, C‑413/15, EU:C:2017:745, apartados 33 y 34).

27

A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que los requisitos con arreglo a los cuales el organismo de que se trata debe estar sometido a la autoridad o control del Estado y disponer de facultades exorbitantes en relación con las que se deriven de las normas aplicables en las relaciones entre particulares, respectivamente, no tienen carácter acumulativo (sentencia de 10 de octubre de 2017, Farrell, C‑413/15, EU:C:2017:745, apartado 28).

28

En el presente asunto, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que Reprobel no es un organismo de Derecho público ni está controlada por el Estado belga. Por este motivo, debe ponderarse si Reprobel cumple una misión de interés público y dispone para ello de facultades exorbitantes en comparación con las normas aplicables en las relaciones entre particulares.

29

En primer lugar, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 26 de la presente sentencia, por lo que respecta al requisito relativo al ejercicio de una misión de interés público, el Real Decreto por el que se encomienda a una entidad la percepción y el reparto de los derechos de remuneración por la copia de obras recogidas en un soporte gráfico o análogo, de 15 de octubre de 1997, encargó a Reprobel la percepción y el reparto de los derechos a remuneraciones por compensación equitativa, previstos en los artículos 59 a 61 de la LDA.

30

A este respecto, procede recordar que los Estados miembros están facultados, a tenor del artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2001/29, para establecer en sus ordenamientos jurídicos excepciones al derecho de reproducción que establece esta disposición y que también están obligados a establecer, a este respecto, una compensación equitativa y un sistema de financiación de esta (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de noviembre de 2023, Seven.One Entertainment Group, C‑260/22, EU:C:2023:900, apartado 23).

31

Por otra parte, por lo que respecta a la forma, las modalidades y la cuantía de la compensación equitativa, el Tribunal de Justicia ha declarado que dicha compensación y, por tanto, su régimen y cuantía deben estar vinculados al perjuicio causado a los titulares de derechos por la realización de copias privadas (sentencias de 22 de septiembre de 2016, Microsoft Mobile Sales International y otros, C‑110/15, EU:C:2016:717, apartado 28, y de 24 de marzo de 2022, Austro‑Mechana, C‑433/20, EU:C:2022:217, apartado 49).

32

Además, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado sobre las modalidades de percepción y de reparto de las remuneraciones por compensación equitativa previstas por la normativa belga. Por un lado, ha declarado que la compensación equitativa prevista en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 comprende las reproducciones en cualquier soporte y mediante cualquier técnica, esto es, que la compensación la soportan todos los usuarios de aparatos, soportes o servicios que permitan efectuar o contengan tales reproducciones, ya que estos usuarios están autorizados a disfrutar de las excepciones establecidas en dicha disposición (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de noviembre de 2015, Hewlett‑Packard Belgium, C‑572/13, EU:C:2015:750, apartados 30 a 34).

33

Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha declarado que la compensación equitativa, en principio, está destinada a compensar el perjuicio sufrido por las reproducciones efectivamente realizadas y que, en principio, incumbe a las personas que hayan realizado las reproducciones reparar el perjuicio derivado de estas, financiando la compensación que se abonará al titular de derechos. Habida cuenta de las dificultades prácticas para identificar a los usuarios, los Estados miembros pueden establecer un sistema en el que esta compensación recaiga sobre las personas que disponen de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y que ponen esos equipos, aparatos o soportes a disposición de los usuarios o les prestan servicios de reproducción y que repercuten la carga financiera de los mismos a los usuarios finales (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de noviembre de 2015, Hewlett‑Packard Belgium, C‑572/13, EU:C:2015:750, apartados 69 y 70).

34

En este contexto, como señaló, en esencia, el Abogado General en el punto 40 de sus conclusiones en el presente asunto, sería muy difícil para el titular del derecho de reproducción reclamar este derecho en relación con acciones que realizan los usuarios en la esfera privada. La introducción de las excepciones a este derecho previstas en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2001/29 garantiza, por tanto, a los titulares de derechos la percepción de unos ingresos que sería muy difícil obtener directamente de los usuarios.

35

La normativa belga establece que los titulares de los derechos de autor y de los derechos afines a los derechos de autor reciben, en virtud de estas excepciones, una compensación por el perjuicio sufrido, integrada por una parte, calculada a tanto alzado y fijada con anterioridad, y por una remuneración proporcional, fijada con posterioridad, que se financian mediante las remuneraciones pagadas por todos los adquirentes de aparatos y soportes de copia o los destinatarios de servicios de reproducción autorizados a disfrutar de dichas excepciones. Consiguientemente, la percepción de esta remuneración y el pago a los titulares de dichos derechos de la compensación equitativa constituyen misiones de interés público.

36

A este respecto, debe rechazarse la tesis del Gobierno francés según la cual Reprobel no cumple una misión de interés público, sino que actúa únicamente en el interés privado de los titulares de los derechos de autor y de los derechos afines. En efecto, mediante la misión encomendada a una entidad encargada de la percepción y el reparto de los derechos a remuneración por compensación equitativa, un Estado miembro aplica la obligación de resultado que le impone el artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2001/29, a saber, la de garantizar, en beneficio de los titulares de esos derechos, la percepción efectiva de una compensación equitativa dirigida a preservar un justo equilibrio entre los intereses en juego, lo que forma parte plenamente del interés público (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, apartado 69).

37

En segundo lugar, por lo que respecta a la apreciación de las facultades de un organismo como Reprobel, procede recordar, para comenzar, que esta es la única entidad encargada de la percepción y el reparto de los derechos de remuneración por compensación equitativa, previstos en los artículos 59 a 61 de la LDA.

38

En este contexto, como subrayó, en esencia, el Abogado General en el punto 45 de sus conclusiones, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que se han atribuido a Reprobel facultades exorbitantes en comparación con las normas aplicables en las relaciones entre particulares, en concreto la de poder exigir a los fabricantes y a los distribuidores de aparatos y soportes de copia las remuneraciones por compensación equitativa.

39

En efecto, un organismo que, como Reprobel, está facultado para percibir la remuneración por compensación equitativa puede, de pleno derecho, reclamar el pago de dicha remuneración a cualquier persona que forme parte del círculo de deudores, definido de manera abstracta por la normativa nacional.

40

A este respecto, es irrelevante la circunstancia, alegada por Reprobel y el Gobierno belga, de que no es esta sociedad, sino las autoridades públicas, quienes fijan el importe de dicha remuneración. En efecto, el cumplimiento de misiones de interés público no implica que el propio organismo que lleva a cabo dichas misiones determine todos los aspectos de estas o que las facultades de que dispone a tal efecto deban ser discrecionales. Por lo demás, la delimitación por una autoridad pública de la acción de un organismo encargado de una misión de interés público corrobora aún más que dicho organismo actúa en nombre del Estado y constituye una emanación de este.

41

A mayor abundamiento, como se desprende de la resolución de remisión, Reprobel dispone de una serie de facultades específicas, concretamente en materia de requerimiento de información, al objeto de permitirle cumplir la misión de interés público que se le ha encomendado.

42

En primer término, tiene derecho a requerir, tanto a los obligados al pago de la remuneración por compensación equitativa como a otros participantes en el mercado de los aparatos de copia, como las empresas que se dedican al mantenimiento de esos aparatos, para que le proporcionen toda la información necesaria para determinar los deudores y liquidar los importes que adeudan, bajo apercibimiento de sanciones penales. Esta facultad debe considerarse exorbitante en comparación con las normas aplicables en las relaciones entre particulares.

43

En este contexto, es irrelevante que, como alegan Reprobel y el Gobierno belga, Reprobel carezca de facultades para imponer sanciones a quienes incumplan la obligación de facilitarle información. En efecto, incumplir esta obligación puede dar lugar, conforme a la información contenida en la resolución de remisión, a la imposición de sanciones penales, para lo cual son competentes, por su naturaleza, únicamente los órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, la existencia misma de estas sanciones atestigua la especial naturaleza de las facultades conferidas a Reprobel.

44

En segundo término, de los autos en poder del Tribunal de Justicia se desprende que Reprobel está autorizada para recabar de las autoridades aduaneras, tributarias y de la seguridad social la información necesaria para el cumplimiento de sus misiones. Tal habilitación constituye, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, una facultad exorbitante en comparación con las normas aplicables en las relaciones entre particulares. En efecto, datos como el volumen de las importaciones de equipos o soportes de copia o el volumen de negocio de los fabricantes o de los distribuidores de tales aparatos y soportes no pueden, en principio, comunicarse a personas que no disponen de tal facultad.

45

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera, segunda y tercera que el artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que un particular puede invocar en su defensa, ante un órgano jurisdiccional nacional, frente a una entidad a la que el Estado miembro ha encomendado la percepción y el reparto de las compensaciones equitativas establecidas en aplicación de esta disposición, que la normativa nacional que establece esas compensaciones es contraria a disposiciones del Derecho de la Unión con efecto directo cuando dicha entidad dispone, para cumplir esa misión de interés público, de facultades exorbitantes en comparación con las normas aplicables en las relaciones entre particulares.

Cuestiones prejudiciales cuarta y quinta

46

Mediante sus cuestiones prejudiciales cuarta y quinta, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que tiene efecto directo, de modo que, a falta de transposición correcta de esta disposición, un particular puede invocarla para que se excluya la aplicación de normas nacionales que le obligan a pagar una remuneración por compensación equitativa impuesta en violación de dicha disposición.

47

Con carácter preliminar, procede recordar que, a tenor de jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, en todos aquellos casos en que las disposiciones de una directiva, desde el punto de vista de su contenido, no estén sujetas a condición alguna y sean suficientemente precisas, los particulares están legitimados para invocarlas ante los órganos jurisdiccionales nacionales contra el Estado, bien cuando este no haya transpuesto la directiva al Derecho nacional dentro de los plazos señalados, bien cuando haya hecho una transposición incorrecta (sentencia de 6 de noviembre de 2018, Max‑Planck‑Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16, EU:C:2018:874, apartado 63 y jurisprudencia citada).

48

A este respecto, el Tribunal de Justicia ha especificado que una disposición del Derecho de la Unión es, por un lado, incondicional cuando establece una obligación que no está sujeta a ningún requisito ni supeditada, en su ejecución o en sus efectos, a que se adopte un acto de las instituciones de la Unión o de los Estados miembros y, por otro lado, suficientemente precisa para ser invocada por un justiciable y aplicada por el juez cuando establece una obligación en términos inequívocos [sentencia de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg‑Fürstenfeld (Efecto directo), C‑205/20, EU:C:2022:168, apartado 18].

49

En el presente asunto, Reprobel, así como los gobiernos belga y francés, argumentan que, habida cuenta del amplio margen de apreciación del que disponen los Estados miembros para organizar el sistema de compensación equitativa contemplado en el artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2001/29 y su financiación, esta disposición no es lo suficientemente incondicional y precisa como para otorgarle efecto directo con arreglo a la jurisprudencia anteriormente citada del Tribunal de Justicia.

50

Sin embargo, el Tribunal de Justicia ya ha precisado que, aun cuando una directiva deje a los Estados miembros un cierto margen de apreciación a la hora de adoptar las normas de aplicación, puede considerarse que una disposición de dicha directiva tiene carácter preciso e incondicional cuando impone a los Estados miembros, en términos inequívocos, una obligación de resultado precisa y que no está sometida a condición alguna en cuanto a la aplicación de la regla que recoge [sentencia de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Efecto directo), C‑205/20, EU:C:2022:168, apartado 19].

51

A este respecto, ha de recordarse que el principio de primacía obliga al juez nacional encargado de aplicar, en el ámbito de su competencia, las disposiciones del Derecho de la Unión, cuando no resulte posible interpretar la normativa nacional conforme a las exigencias del Derecho de la Unión, a garantizar la plena eficacia de las exigencias de este Derecho en el litigio de que conozca, dejando inaplicada si fuera necesario, por su propia iniciativa, cualquier normativa o práctica nacional, aun posterior, contraria a una disposición del Derecho de la Unión que tenga efecto directo, sin que deba solicitar o esperar a su previa eliminación por vía legislativa o mediante cualquier otro procedimiento constitucional [sentencia de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg‑Fürstenfeld (Efecto directo), C‑205/20, EU:C:2022:168, apartado 37].

52

Por lo que respecta a la cuestión de si el artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2001/29 es incondicional y suficientemente preciso, el examen que procede realizar a tal efecto abarca, en particular, tres aspectos: la determinación de los beneficiarios de la protección establecida en esta disposición, el contenido de esa protección y el obligado a proporcionarla (véase, por analogía, la sentencia de 6 de septiembre de 2018, Hampshire, C‑17/17, EU:C:2018:674, apartado 56).

53

A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2001/29 impone a los Estados miembros que opten por aplicar excepciones o limitaciones al derecho de reproducción obligaciones concretas para garantizar una compensación equitativa a los titulares de derechos (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de octubre de 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, apartado 36, y de 22 de septiembre de 2016, Microsoft Mobile Sales International y otros, C‑110/15, EU:C:2016:717, apartado 25).

54

Es cierto que los Estados miembros no están obligados a introducir en su legislación nacional las excepciones previstas en el artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2001/29 (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de abril de 2016, Austro-Mechana, C‑572/14, EU:C:2016:286, apartado 18, y de 22 de septiembre de 2016, Microsoft Mobile Sales International y otros, C‑110/15, EU:C:2016:717, apartado 27 y jurisprudencia citada). No obstante, si lo hacen, deben prever también el pago de una compensación equitativa a los autores perjudicados como consecuencia de la aplicación de estas excepciones (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de octubre de 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, apartado 36) y tener en cuenta los requisitos relativos a la estructura y a la cuantía de dicha compensación, tal como resultan de la interpretación de esa disposición.

55

Entre estos requisitos figuran los establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 12 de noviembre de 2015, Hewlett‑Packard Belgium (C‑572/13, EU:C:2015:750), en lo que atañe al modo de calcular la remuneración por compensación equitativa. En dicha sentencia, a la que remite el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia declaró que, si bien el artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2001/29 deja a los Estados miembros la facultad de determinar las modalidades de financiación y de percepción de la compensación equitativa y el nivel de esta compensación, un sistema que combina una remuneración a tanto alzado fijada con anterioridad y una remuneración proporcional fijada con posterioridad debe permitir, en su conjunto, la percepción de un canon en concepto de compensación equitativa cuyo importe corresponda, en esencia, al perjuicio efectivo sufrido por los titulares de derechos. Para poder cumplir este requisito, tal sistema debe incluir mecanismos, en particular mecanismos de devolución, destinados a corregir cualquier situación de sobrecompensación que sea contraria a la exigencia, expuesta en el considerando 31 de la Directiva 2001/29, en virtud de la cual se ha de mantener un justo equilibrio entre los titulares de derechos y los usuarios de prestaciones protegidas, y, por consiguiente, al artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2001/29 (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de noviembre de 2015, Hewlett‑Packard Belgium, C‑572/13, EU:C:2015:750, apartados 83 a 86).

56

Por lo que se refiere, en particular, al contenido de los derechos resultantes de las disposiciones de la Directiva 2001/29 que pueden tener efecto directo, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que los particulares tienen derecho a no soportar la carga económica de una remuneración por compensación equitativa si esta se percibe vulnerando los principios derivados, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, del artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de dicha Directiva (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de noviembre de 2015, Hewlett‑Packard Belgium, C‑572/13, EU:C:2015:750, apartados 85 a 87, y de 22 de septiembre de 2016, Microsoft Mobile Sales International y otros, C‑110/15, EU:C:2016:717, apartados 37, 54 y 55). Así, el Tribunal de Justicia ha subrayado expresamente la necesidad de establecer, en el sistema de compensación equitativa, el derecho al reembolso de una remuneración indebidamente percibida para financiar tal compensación.

57

En el presente asunto, dado que la normativa nacional controvertida en el litigio principal es incompatible con el artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2001/29, como resulta, en esencia, de la sentencia de 12 de noviembre de 2015, Hewlett‑Packard Belgium (C‑572/13, EU:C:2015:750), el órgano jurisdiccional remitente, que conoce de un litigio relativo a la suspensión, por un particular, del pago de la remuneración por compensación equitativa exigida por dicha normativa, está obligado a garantizar la plena eficacia de esa disposición dejando inaplicada dicha normativa nacional para la resolución del litigio del que conoce.

58

Habida cuenta de lo anterior, procede responder a las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta que el artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que tiene efecto directo, de modo que, a falta de transposición correcta de esta disposición, un particular puede invocarla para que se excluya la aplicación de normas nacionales que le obligan a pagar una remuneración por compensación equitativa impuesta en violación de dicha disposición.

Costas

59

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

1)

El artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información,

2)

El artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2001/29