T-115/94 (92)61994B01150006.000127411275010TAUTO DE 15.7.1998 — ASUNTO T-115/94 (92)OPEL AUSTRA / CONSEJO<TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Primera Instancia</HT> (Sala Cuarta)</P><P>de <DATE ISO="19980715">15 de julio de 1998</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: ingles.</P></NOTE></P></TI>

En el asunto T-115/94 (92),

Opel Austria GmbH, anteriormente General Motors Austria GmbH, sociedad austriaca, con domicilio social en Viena (Austria), representada por los Sres. Dirk Vandermeersch, Abogado de Bruselas, y Till Müller-Ibold, Abogado de Francfort del Meno, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Mes Arendt y Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

parte demandante,contra

Consejo de la Unión Europea, representado por el Sr. Bjarne Hoff-Nielsen, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, asistido por los Sres. Hans-Jürgen Rabe y Georg M. Berrisch, Abogados de Hamburgo y de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Alessandro Morbilli, Director General de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Banco Europeo de Inversiones, 100, boulevard Konrad Adenauer,

parte demandada,

que tiene por objeto una solicitud de tasación de costas presentada a resultas de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de enero de 1997, Opel Austria/Consejo (T-115/94, Rec. p. II-39),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Cuarta),

integrado por la Sra. P. Lindh, Presidenta; los Sres. K. Lenaerts y J. D. Cooke, Jueces;

Secretario: Sr. H. Jung;

dicta el siguiente

<TI><P>Auto</P></TI><TI><P>Procedimiento</P></TI>1Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de marzo de 1994, con el número T-115/94, Opel Austria GmbH (en lo sucesivo, Opel Austria) solicitó la anulación del Reglamento (CE) no 3697/93 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, por el que se retiran concesiones arancelarias con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 23 y en la letra a) del apartado 3 del artículo 27 del Acuerdo de Libre Comercio entre la Comunidad y Austria (General Motors Austria) (DO L 343, p. 1).2Mediante autos del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia, dictados respectivamente los días 7 y 20 de octubre de 1994, se admitió la intervención de la Comisión en apoyo de las pretensiones del Consejo y la de la República de Austria en apoyo de las pretensiones de la demandante.3Mediante sentencia de 22 de enero de 1997, Opel Austria/Consejo (T-115/94, Rec. p. II-39), el Tribunal de Primera Instancia estimó el recurso de Opel Austria y condenó al Consejo a cargar con sus propias costas, así como con las costas de la demandante.4Mediante escrito de 14 de julio de 1997, Opel Austria reclamó al Consejo el pago de una cantidad total de 9.939.563 BFR en concepto de costas.5Mediante escrito de 31 de julio de 1997, el Consejo se opuso a dicha reclamación.6A continuación se celebraron conversaciones con vistas a un eventual acuerdo, pero no tuvieron éxito. En consecuencia, Opel Austria formuló, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de enero de 1998, una solicitud de tasación de costas.<TI><P>Pretensiones de las partes</P></TI>7La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que condene al Consejo a pagarle la totalidad de sus gastos y honorarios de Abogados, que se elevan a la cantidad de 9.939.563 BFR.8La parte demandada solicita al Tribunal de Primera Instancia que fije la cuantía de las costas recuperables, con inclusión de las causadas en el presente procedimiento, en una cantidad razonable que no exceda, en total, de 2.500.000 BFR.<TI><P>Sobre el fondo</P></TI><TI><P>Alegaciones de las partes</P></TI>9La demandante mantiene que los gastos y honorarios de Abogados cuya recuperación solicita constituyen a la vez gastos necesarios y apropiados.10Según un principio consagrado del Derecho comunitario, la parte que gane el proceso en un asunto sometido a los Tribunales comunitarios normalmente tendrá derecho a recuperar la totalidad de los gastos en que haya incurrido.11Según la demandante, el objeto y la naturaleza del litigio motivaron los gastos y honorarios de los Abogados de la demandante, ya que el recurso iba dirigido contra un Reglamento que aplicaba por primera vez, a ayudas concedidas en países no miembros de la Unión Europea, normas en materia de ayudas de Estado contenidas en Acuerdos de Libre Comercio (en lo sucesivo, ALC) celebrados por la Comunidad. La demandante añade que se aplicaron mecanismos comunitarios de defensa comercial en circunstancias en que tales medidas no habían sido anteriormente aplicadas.12Según la demandante, el asunto suscitó gran número de cuestiones nuevas que revisten una particular importancia para el desarrollo del Derecho comunitario, especialmente la cuestión de si, en el marco del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, Acuerdo EEE), las ayudas concedidas en el pasado serían consideradas ayudas existentes y no estarían, por tanto, sujetas a examen retroactivo en la Comunidad y en el EEE; la cuestión de la incidencia del Derecho comunitario en los efectos de la sucesión repetida de acuerdos internacionales relativos a la materia de que se trata, a saber, el ALC entre la Comunidad y la República de Austria, el Acuerdo EEE, el Tratado CE y, durante todo este período, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), y la cuestión de los efectos jurídicos del Acuerdo EEE antes de su entrada en vigor pero con posterioridad a su ratificación.13Según la demandante, las cuestiones de hecho y de Derecho eran complejas, difíciles y controvertidas, de manera que sus Abogados hubieron de realizar un volumen considerable de trabajo. Estos Abogados tenían cierto conocimiento de los hechos pertinentes, pues se habían ocupado de la cuestión con anterioridad a la adopción del Reglamento impugnado. Pero este conocimiento quedó privado de utilidad como consecuencia de la negativa de la Comisión a comunicar íntegramente, antes de que se adoptara dicho Reglamento, su versión de los hechos pertinentes.14Para fundamentar su pretensión, la demandante presenta un cuadro en el que se especifica el tiempo dedicado a cada una de las fases del procedimiento. Según dicho cuadro, los Abogados de la demandante dedicaron un total de 272,75 horas a la preparación del escrito de demanda; 230,5 horas a la preparación del escrito de réplica; 154,5 horas a la preparación de las observaciones sobre las intervenciones, y 135,75 horas a la preparación de la vista. Además, a lo largo del procedimiento dedicaron 80,25 horas adicionales a tareas tales como los contactos con la demandante y el Gobierno austriaco, así como a los contactos con el Consejo y la demandante a propósito de cuestiones relacionadas con el recurso.15Por último, concluye la demandante, el asunto reviste una importancia económicamente crucial para ella. Tan sólo en lo que respecta al año 1994, hubo de proceder al pago provisional de una cantidad ligeramente superior a 120.000.000 de BFR en concepto de derechos establecidos por el Reglamento impugnado. La demandante afirma que, cuando interpuso su recurso contra dicho Reglamento, no sabía si las Instituciones consideraban que los derechos serían inaplicables después de la adhesión de la República de Austria a la Unión Europea ni si tal adhesión tendría lugar efectivamente. Así pues, la demandante afirma que hubo de partir de la hipótesis de que el Reglamento se aplicaría durante muchos años. Pues bien, la demandante afirma que, basándose en tal hipótesis, podía razonablemente estimar que el valor neto actual de los derechos de aduana que se hubiera visto obligada a pagar entre 1994 y 2001 sería del orden de 1.250.000.000 de BFR.16El Consejo afirma que de los documentos aportados por la demandante resulta que cabe desglosar la cuantía reclamada entre honorarios de Abogados (9.557.563 BFR), gastos de los Abogados de la demandante (309.000 BFR), gastos de desplazamiento de un representante de la sociedad matriz (28.000 BFR) y gastos de designación de domicilio (45.000 BFR).17El Consejo subraya que únicamente constituyen costas recuperables los gastos necesarios realizados.18En lo que atañe al objeto y a la naturaleza del litigio, el Consejo estima que la demandante exagera la importancia del asunto. El Consejo pone de relieve que el Tribunal de Primera Instancia no abordó en su sentencia las cuestiones relativas a la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales que figuran en el ALC.19Aunque el litigio haya versado sobre determinadas cuestiones nuevas e importantes de Derecho comunitario, su importancia no es, según el Consejo, tan grande como para justificar el importe de los honorarios de Abogados que se reclaman.20En cuanto a las dificultades surgidas y al volumen de trabajo, el Consejo afirma que el asunto no justificaba el tiempo que le dedicaron los Abogados de la demandante. Por consiguiente, la cuantía de los honorarios facturados es manifiestamente excesiva.21A este respecto, añade el Consejo, de los documentos aportados por la demandante resulta que sus Abogados dedicaron 873,75 horas al asunto; que trabajaron en el asunto catorce Abogados del bufete que defiende a la demandante, y que el socio principal de éste le dedicó unas 648,25 horas. A título de comparación, el Abogado del Consejo responsable directo de la defensa de la Institución, y que llevó el asunto casi en exclusiva, le dedicó, en total, 165 horas.22Además, según reconoce la demandante, sus Abogados se ocuparon del asunto ya antes de la adopción del Reglamento impugnado, de manera que debían de estar familiarizados con los hechos. También estuvieron muy bien informados de la posición de la Comisión, mediante los estrechos contactos existentes entre la demandante y el Gobierno austriaco.23Por último, en cuanto al interés económico que el asunto ha supuesto para la demandante, el Consejo estima que su cuantía exacta no es especialmente pertinente, puesto que, aun cuando fueran exactas las cifras presentadas por la demandante, seguiría resultando excesivo el tiempo que sus Abogados dedicaron al asunto.24El Consejo considera que también resulta excesivo el importe de 309.000 BFR reclamado en concepto de gastos.25Basando su valoración en el número de horas trabajadas por sus propios Abogados y en una tarifa horaria media de 10.000 BFR, el Consejo valora las costas recuperables en una cuantía total de 2.500.000 BFR. No obstante, al haberse efectuado esta valoración según criterios bastantes amplios, debe cubrir el conjunto de los gastos en que incurrió la demandante.<TI><P>Apreciación del Tribunal de Primera Instancia</P></TI>26A tenor del artículo 91 del Reglamento de Procedimiento, se considerarán como costas recuperables [...] los gastos necesarios efectuados por las partes con motivo del procedimiento, en especial los gastos de desplazamiento y estancia y la remuneración de los Agentes, Asesores o Abogados. De esta disposición se desprende que las costas recuperables se circunscriben, por un lado, a los gastos efectuados con motivo del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, y, por otro, a los gastos que hayan sido necesarios con tal motivo (véase el auto del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 1995, Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión, 89/85 DEP, no publicado en la Recopilación, apartado 14).27Según reiterada jurisprudencia, el Juez comunitario no es competente para tasar los honorarios que las partes deben a sus propios Abogados sino para determinar la cantidad por cuya cuantía se pueden reclamar tales retribuciones a la parte condenada en costas. Al resolver sobre la solicitud de tasación de costas, el Tribunal de Primera Instancia no está obligado a tener en cuenta normas nacionales que fijen los honorarios de los Abogados ni un posible acuerdo celebrado sobre este particular entre la parte interesada y sus Agentes o Asesores [véase el auto del Tribunal de Primera Instancia de 8 de noviembre de 1996, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Comisión, T-120/89 (92), Rec. p. II-1547, apartado 27].28Al no prever el Derecho comunitario disposiciones equiparables a un arancel profesional, el Tribunal de Primera Instancia debe apreciar libremente los datos del asunto, teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho comunitario, así como sus dificultades, el volumen de trabajo que el procedimiento contencioso haya podido producir a los Agentes o Asesores que intervinieron y los intereses económicos que el litigio haya representado para las partes [véase el auto del Tribunal de Primera Instancia de 24 de marzo de 1998, International Procurement Services/Comisión, T-175/94 (92), Rec. p. II-601, apartado 10].29Por lo que se refiere a las dificultades del asunto y a la importancia del litigio desde el punto de vista del Derecho comunitario, hay que señalar que el litigio suscitaba numerosas cuestiones que no habían sido examinadas explícitamente en la jurisprudencia anterior, a saber, entre otras, la de la aplicación de las disposiciones relativas a las ayudas estatales contenidas en los ALC celebrados entre la Comunidad y los diferentes países de la Asociación Europea de Libre Comercio; la del efecto jurídico de un Acuerdo internacional celebrado por la Comunidad antes de su entrada en vigor pero después de que la Comunidad, en tanto que última parte contratante, hubiera depositado su instrumento de aprobación; la de la aplicación e interpretación del Acuerdo EEE y de varios de sus artículos, en particular de su artículo 6, y la de las consecuencias jurídicas del hecho de que se hubiera antedatado el número del Diario Oficial de las Comunidades Europeas en el que se publicó un acto comunitario. Por consiguiente, la naturaleza del litigio justifica, por una parte, honorarios elevados y, por otra, la circunstancia de que la demandante fuera representada por varios Abogados [véase el auto Stahlwerke Peine-Salzgitter/Comisión, T-120/89 (92), antes citado, apartado 30].30No obstante, si bien es verdad que el litigio ha suscitado gran número de importantes cuestiones de Derecho, el trabajo que el asunto ha podido dar a los Abogados de la demandante, incluyendo investigaciones y análisis de la doctrina, de la normativa y de la jurisprudencia, no alcanza un volumen tan grande como para justificar un importe de costas recuperables tan elevado como el que se reclama. A este respecto, un total de casi 900 horas de trabajo resulta en sí mismo excesivo. Por otra parte, los Abogados de la demandante tenían ya cierto conocimiento del asunto, puesto que habían participado en el procedimiento que precedió a la adopción por el Consejo del Reglamento impugnado.31En cuanto al interés económico que el litigio ha supuesto para la demandante, el Consejo no niega que haya sido importante.32En consideración a cuanto antecede, procede fijar en 4.000.000 de BFR la cuantía de las costas recuperables.33Dado que dicha cuantía tiene en cuenta todas las circunstancias del caso hasta la fecha, no procede pronunciarse separadamente sobre los gastos efectuados por las partes con motivo del presente procedimiento subsidiario.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

resuelve:

Fijar en 4.000.000 de BFR la cuantía total de las costas que el Consejo deberá reembolsar a la parte demandante.

Dictado en Luxemburgo, a 15 de julio de 1998.

El Secretario

H.Jung

La Presidenta

P. Lindh