I.

Introducción

1.

En el espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, una persona condenada a una pena privativa de libertad en un Estado miembro puede cumplir esa pena en otro Estado miembro, especialmente si ello contribuye a su reinserción social.  ( 2 )

2.

El presente asunto versa sobre una persona que ha sido condenada por un delito en Portugal, pero actualmente reside en España. Sobre la base de la Decisión Marco 2008/909/JAI,  ( 3 ) las autoridades españolas decidieron reconocer y ejecutar la pena privativa de libertad impuesta por el Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia (Tribunal de Primera Instancia de Oporto — Juzgado Local de lo Penal de Vila Nova de Gaia, Portugal; en lo sucesivo, «tribunal portugués»).

3.

No obstante, el Juzgado Central de lo Penal n.o 1 (Madrid) (en lo sucesivo, «tribunal español») modificó la condena impuesta suspendiendo la ejecución de la pena de seis meses de prisión durante un período de dos años.

4.

El tribunal portugués, que es el órgano jurisdiccional remitente, se pregunta si tal modificación es lícita con arreglo a la Decisión Marco 2008/909.

5.

El desacuerdo entre las partes gira en torno a si una decisión de suspender una pena puede considerarse parte de la ejecución de la sentencia, como entiende el Gobierno español, o si modifica la naturaleza de dicha sentencia, postura que defienden el Gobierno portugués y la Comisión Europea.

II.

Hechos del asunto principal, cuestiones prejudiciales planteadas y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

6.

El 9 de octubre de 2018, YX fue condenado a una pena de seis meses de prisión por un delito de fraude fiscal, tipificado y castigado en el Decreto-Lei n.o 20‑A/90 (Decreto-ley n.o 20‑A/90), de 15 de enero de 1990. Dicha pena se sustituyó por una pena de 180 días de multa.  ( 4 )

7.

Sin embargo, YX no pagó la multa ni aportó prueba de que el impago no le era imputable. Por este motivo, de conformidad con el Código Penal portugués,  ( 5 ) el órgano jurisdiccional remitente revocó la pena sustitutiva y ordenó la ejecución de la pena de prisión original.  ( 6 )

8.

Sin embargo, dicha pena privativa de libertad no pudo ejecutarse en Portugal, dado que no fue posible localizar a YX para notificarle la orden de detención en dicho Estado miembro. En consecuencia, se le declaró en situación de incumplimiento intencionado a efectos de la pena impuesta.

9.

Años después, YX fue localizado en España. Entonces, el 22 de febrero de 2022, las autoridades competentes portuguesas emitieron, sobre la base de la Decisión Marco 2002/584/JAI,  ( 7 ) una orden de detención europea (en lo sucesivo, «ODE») en que solicitaban la entrega de YX a efectos del cumplimiento de la pena de seis meses de prisión.

10.

El artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584 establece un motivo facultativo de denegación de la ODE cuando la persona cuya entrega se solicita reside legalmente en el Estado de ejecución y desea cumplir la pena en dicho Estado. Invocando este motivo, las autoridades españolas denegaron la ejecución de la ODE y se comprometieron a reconocer la pena impuesta por el tribunal portugués y a ejecutarla en España.

11.

El 11 de octubre de 2023, el tribunal español, sobre la base del artículo 80 del Código Penal español,  ( 8 ) suspendió por un período de dos años la pena de prisión de seis meses impuesta a YX e informó de su decisión a las autoridades portuguesas.

12.

El Ministério Público (Ministerio Fiscal, Portugal) no compartió la decisión de suspensión adoptada por el tribunal español, de modo que planteó el asunto al Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia (Tribunal de Primera Instancia de Oporto — Juzgado Local de lo Penal de Vila Nova de Gaia), que es el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto. En este procedimiento, el referido Ministerio Fiscal solicitó al órgano jurisdiccional remitente que plantease al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial.

13.

El órgano jurisdiccional remitente considera que el tribunal del Estado de ejecución no puede modificar la decisión del tribunal del Estado de emisión sustituyendo la decisión del tribunal que impuso la pena por la suya propia. Asimismo, el órgano jurisdiccional remitente afirma que admitir tal modificación de la pena sería contrario a los principios de reconocimiento mutuo y confianza mutua. Dicho órgano jurisdiccional entiende que, al denegar la ejecución de la ODE, las autoridades judiciales españolas declararon su voluntad de hacerse cargo de la ejecución íntegra de la pena, sin posibilidad de transformar la pena de prisión en una medida sustitutiva.

14.

Asimismo, el órgano jurisdiccional remitente entiende que, en cualquier caso, las autoridades judiciales españolas deberían haber informado previamente al Estado de emisión acerca de la posibilidad de que se suspendiese la pena de prisión, de manera que el Estado de emisión pudiese reaccionar.

15.

En tales circunstancias, el Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia (Tribunal de Primera Instancia de Oporto — Juzgado Local de lo Penal de Vila Nova de Gaia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

16.

Han presentado observaciones escritas los Gobiernos español y portugués y la Comisión.

17.

El 19 de marzo de 2025, se celebró una vista en la que las mismas partes presentaron observaciones orales.

III.

Apreciación

A.

Observaciones preliminares

18.

Un Estado miembro solo puede denegar la ejecución de una ODE emitida a efectos de la ejecución de una pena privativa de libertad si se compromete a ejecutar dicha pena tal como fue impuesta por el tribunal del Estado de emisión.

19.

Si, por alguna razón, el Estado de ejecución no puede ejecutar la pena privativa de libertad tal como la impuso el tribunal del Estado de emisión, debe ejecutar la ODE.  ( 9 )

20.

Las únicas excepciones que permiten al Estado de ejecución apartarse de la condena impuesta por el tribunal del Estado de emisión se establecen en el artículo 8, apartados 2 y 3, de la Decisión Marco 2008/909. Se trata de excepciones aplicables en caso de que la condena impuesta en el Estado de emisión sea incompatible con la legislación del Estado de ejecución, bien por su duración, bien por su naturaleza. En tal caso, la condena adaptada debe corresponder —siempre que sea posible— a la condena original, dentro de lo permitido por la legislación del Estado de ejecución.  ( 10 )

21.

Por lo tanto, la apreciación sobre la culpabilidad y el examen de la proporcionalidad de la pena incumben al Estado de emisión y no pueden ser reconsiderados por el Estado de ejecución.  ( 11 )

22.

Por este motivo, en el asunto en que recayó la sentencia Ognyanov, el Tribunal de Justicia consideró que el artículo 8 de la Decisión Marco 2008/909 se debe interpretar en sentido estricto y que este artículo solo concede al Estado de ejecución opciones limitadas de modificar la naturaleza o la duración de la condena impuesta por el tribunal del Estado de emisión.  ( 12 )

23.

Mientras que corresponde al Estado de emisión dictar sentencia (es decir, determinar la culpabilidad y decidir una pena proporcionada), la ejecución de la pena incumbe al Estado de ejecución, como se dispone en el artículo 17, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/909.

24.

Así pues, el principio de reconocimiento mutuo consagrado en la Decisión Marco 2008/909 se aplica por una doble vía: en principio, el Estado de ejecución debe reconocer el enjuiciamiento realizado por los tribunales del Estado de emisión, mientras que este último, en principio, debe reconocer las normas de ejecución de la pena existentes en el Estado de ejecución.

25.

El meollo de la problemática en el presente asunto estriba en que el Reino de España entiende que la decisión sobre la suspensión de una pena privativa de libertad se enmarca en la ejecución de la pena, mientras que la República Portuguesa, respaldada por la Comisión, considera que la decisión sobre la suspensión se encuadra en el enjuiciamiento.

26.

La respuesta a si la suspensión de una pena privativa de libertad constituye una modificación o una ejecución de la pena, que es en esencia a lo que se refieren las tres primeras cuestiones prejudiciales planteadas, depende de la interpretación de la Decisión Marco 2008/909, en especial de sus artículos 8 y 17. Por lo tanto, analizaré esas tres cuestiones conjuntamente en la sección C de las presentes conclusiones.

27.

Si la suspensión de una pena privativa de libertad constituye una modificación de la naturaleza de la pena de prisión original, será de aplicación el artículo 8 de la Decisión Marco 2008/909, que prohíbe a las autoridades de ejecución españolas adaptar la pena de prisión transformándola en una pena de prisión suspendida. En cambio, si suspender la pena privativa de libertad es una forma de ejecutar esa pena, no procederá aplicar el artículo 8 de esta Decisión Marco; en tal caso, el Estado de ejecución estará facultado para decidir suspender la pena privativa de libertad en cuanto elemento de su ejecución con arreglo al artículo 17 de dicha Decisión Marco.

28.

Antes de acometer este análisis, me ocuparé brevemente de la excepción de inadmisibilidad formulada por el Reino de España (sección B).

29.

La cuarta cuestión prejudicial está condicionada por la respuesta afirmativa a las tres primeras. Dado que propongo que el Tribunal de Justicia responda negativamente a dichas cuestiones, no habrá necesidad de responder a la cuarta.

B.

Admisibilidad

30.

El Gobierno español ha alegado la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial. A su parecer, no se conocen ni el tipo de procedimiento que se está siguiendo ante el órgano jurisdiccional remitente ni la relevancia que pueden tener las respuestas del Tribunal de Justicia en el procedimiento principal.

31.

Es jurisprudencia asentada que el Tribunal de Justicia solo puede responder a las cuestiones que se le planteen en un procedimiento prejudicial si la respuesta puede ser útil para que el órgano jurisdiccional nacional resuelva el asunto de que conoce.  ( 13 )

32.

También es jurisprudencia reiterada que las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por los órganos jurisdiccionales nacionales disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre la cuestión cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión carece de relación con el objeto del asunto pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente.  ( 14 )

33.

En el procedimiento que regula la Decisión Marco 2008/909, las autoridades del Estado de emisión deben emitir un certificado en que expresen su conformidad con que la pena privativa de libertad se ejecute en el Estado de ejecución.  ( 15 ) Dicho certificado puede ser retirado mientras no haya comenzado la ejecución de la condena en el Estado de ejecución.  ( 16 )

34.

En consecuencia, aunque, lamentablemente, en el presente asunto el órgano jurisdiccional remitente no ha explicado en la resolución de remisión cuál es exactamente el objeto del procedimiento entablado ante él por el Ministerio Fiscal portugués, no ha quedado desvirtuada la presunción de pertinencia. La respuesta del Tribunal de Justicia podría ayudar al órgano jurisdiccional remitente a decidir si procede emitir o retirar el certificado (en caso de que ya lo haya emitido).  ( 17 )

35.

Por lo tanto, no resulta evidente que las respuestas a las cuestiones prejudiciales sean innecesarias para que el órgano jurisdiccional remitente resuelva el asunto de que conoce. En consecuencia, propongo que el Tribunal de Justicia responda a las cuestiones planteadas.

C.

Suspensión de la pena privativa de libertad como modificación de la pena

36.

Soy del parecer de que la decisión de suspender la pena privativa de libertad modifica su naturaleza.

37.

Por lo tanto, me adhiero al respecto a los argumentos del Gobierno portugués y de la Comisión en el sentido de que la pena de prisión y la pena de prisión suspendida son dos tipos de pena.

38.

Así pues, la decisión de suspender una pena de prisión no se enmarca en su ejecución, sino que constituye una modificación de dicha pena, por lo que no está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 17 de la Decisión Marco 2008/909. Antes bien, el artículo 8 de esta prohíbe al Reino de España suspender la ejecución de la pena de prisión impuesta por el tribunal portugués.

39.

Fundamentaré mi postura examinando el tenor de las disposiciones pertinentes de la Decisión Marco 2008/909, así como su contexto y su finalidad, y respondiendo al tiempo a los argumentos de las partes en el procedimiento.

1.

Argumentos basados en el artículo 8 de la Decisión Marco 2008/909

40.

El debate sobre la «naturaleza» de la condena se deriva del artículo 8 de la Decisión Marco 2008/909. Con arreglo a su apartado 1, en principio el Estado de ejecución debe reconocer y ejecutar la condena tal como haya sido pronunciada por el tribunal del Estado de emisión. Solamente si su ordenamiento jurídico no admite las condenas privativas de libertad de una determinada duración (apartado 2 del mismo artículo) o de una determinada naturaleza (apartado 3 del citado artículo) puede el Estado de ejecución «adaptar» la condena (véase el punto 20 de las presentes conclusiones).

41.

En principio, el Derecho penal español admite las penas privativas de libertad de seis meses, de modo que la suspensión, que altera la naturaleza de tal pena, no se puede justificar invocando el artículo 8, apartado 3, de la Decisión Marco 2008/909.

42.

Por otro lado, si el Estado de ejecución considera necesario adaptar la condena con arreglo al artículo 8 de la Decisión Marco 2008/909, sobre la base del artículo 12, apartado 1, de esta Decisión Marco, debe comunicar su decisión con la mayor brevedad al Estado de emisión. Esta comunicación permite que el Estado de emisión decida retirar el certificado si no está conforme con la adaptación.

43.

En el presente asunto, las autoridades españolas no facilitaron a las autoridades portuguesas tal información sobre la base del artículo 12 de la Decisión Marco 2008/909 porque no consideraron que hubiesen alterado la naturaleza de la condena reconocida a los efectos del artículo 8 de la Decisión Marco 2008/909. Sin embargo, informaron a las autoridades portuguesas de que, en ejecución, habían suspendido el cumplimiento de la pena privativa de libertad.

44.

La distinción entre una medida que constituye enjuiciamiento y una medida relativa a la ejecución o cumplimiento de la pena no siempre es nítida.  ( 18 )

45.

Así, en el presente asunto, el Gobierno español alega que la suspensión no alteró la «naturaleza» de la pena. Sigue tratándose de una pena de prisión de seis meses de duración, aunque su ejecución se haya suspendido durante un período de libertad condicional de dos años.

46.

A mi parecer, analizando si se ha modificado el aspecto de la pena que priva a una persona de su libertad se puede obtener cierta orientación acerca de si se ha alterado la «naturaleza» de la pena. A este respecto, lo que a mi parecer marca la diferencia es si la privación de libertad es ineludible, como sucede con una pena de prisión, o condicional, como es el caso de una pena de prisión suspendida. Este argumento respalda la postura del Gobierno portugués y la Comisión según la cual la pena de prisión y la pena de prisión suspendida son dos condenas de distinta naturaleza.

47.

En el contexto del presente asunto, parece que el tribunal portugués, tras hallar culpable a YX, consideró que procedía que cumpliese la pena de prisión. Si hubiese considerado que debía suspenderse la pena privativa de libertad, habría impuesto una pena con suspensión de la ejecución.  ( 19 ) El reconocimiento mutuo, en que se basa la cooperación en materia penal, requiere que las autoridades del Estado de ejecución acepten la apreciación de culpabilidad y la decisión sobre la pena pertinente tal y como las fijó el tribunal del Estado de emisión.

48.

En consecuencia, la suspensión de la pena de prisión por el tribunal español modificó la naturaleza de la pena de prisión determinada por el tribunal portugués, que no contempló la suspensión. Dado que el ordenamiento jurídico español admite las penas de prisión de seis meses, el Reino de España, como Estado de ejecución, no puede invocar ni el apartado 2 ni el apartado 3 del artículo 8 de la Decisión Marco 2008/909 para suspender la ejecución de dicha pena.

2.

Argumentos extraídos del artículo 17 de la Decisión Marco 2008/909

49.

El artículo 17 de la Decisión Marco 2008/909 se refiere a la ejecución de las condenas, que, en principio, se rige por la legislación del Estado de ejecución. Los apartados 3 y 4 de dicho artículo abordan la cuestión de la libertad condicional.

50.

A este respecto, el Gobierno español ha alegado que la pena de prisión suspendida es similar a la libertad anticipada o condicional. En su opinión, en ambos casos, la pena de prisión no se cumple o solo se cumple en parte. También en los dos casos, la decisión de suspender la pena de prisión o de ponerle fin anticipadamente está estrechamente vinculada a la situación personal y al comportamiento del condenado, pudiéndose contemplar como medida que favorece su reinserción.

51.

El artículo 17 de la Decisión Marco 2008/909 considera la libertad anticipada o condicional como una forma de ejecución de las penas privativas de libertad y, en opinión del Gobierno español, lo mismo cabe decir de la suspensión de tales penas, dadas las similitudes.

52.

Aunque el argumento del Gobierno español tiene algo de peso, también resulta palmario que, mientras que la Decisión Marco 2008/909 aborda, en el artículo 17, la libertad anticipada, no menciona las penas privativas de libertad suspendidas.

53.

La razón por la cual dicha Decisión regula la cuestión de la libertad anticipada probablemente resida en que el legislador apreció notables diferencias entre los regímenes de libertad anticipada existentes en los distintos Estados miembros. Al mismo tiempo, la libertad anticipada tiene necesariamente lugar una vez que ha comenzado a cumplirse la pena de prisión, por lo que difícilmente puede entenderse como algo distinto de una forma de ejecución de la pena. En respuesta a los posibles problemas que de ello pueden derivarse, el artículo 17, apartado 3, impone al Estado de ejecución la obligación de informar al Estado de emisión de sus normas de libertad anticipada o condicional y faculta al Estado de emisión para retirar el certificado si no está de acuerdo con la política de libertad anticipada del Estado de ejecución.  ( 20 ) De conformidad con el artículo 13 de la Decisión Marco 2008/909, dicha retirada no es posible una vez que la ejecución ya ha comenzado en el Estado de ejecución. Por lo tanto, es necesario contemplar una solución legislativa que permita al Estado de emisión rechazar la política de libertad anticipada del Estado miembro de ejecución antes de que la ejecución comience en este último.

54.

El legislador de la Unión no ha contemplado tal opción en el caso de la suspensión de la pena privativa de libertad.

55.

A mi parecer, en contra de lo argumentado por el Gobierno español, la decisión legislativa de abordar, en el artículo 17, los problemas derivados de los diferentes regímenes de libertad anticipada, pero no así los de las penas de prisión suspendidas, ofrece un argumento (literal) para rechazar la postura según la cual la suspensión de una pena de prisión es una forma de ejecutar tal pena. Antes bien, dicha decisión legislativa da sustento a la conclusión de que el legislador de la Unión no considera que la suspensión de una pena de prisión sea una forma de ejecutar esta, sino una pena diferente.

56.

La conclusión expuesta se ve reforzada por el contexto más amplio en que se inserta la Decisión Marco 2008/909.

3.

Argumentos contextuales

57.

El mismo año en que promulgó la Decisión Marco 2008/909, el legislador de la Unión también adoptó la Decisión Marco 2008/947/JAI,  ( 21 ) aplicable a las sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas.

58.

Tal como alega la Comisión, las dos Decisiones Marco citadas presentan ámbitos de aplicación diferentes y se excluyen mutuamente. Si la cooperación judicial implica el reconocimiento y ejecución de una pena privativa de libertad, las normas pertinentes se recogen en la Decisión Marco 2008/909. En cambio, si se trata del reconocimiento y ejecución de una pena privativa de libertad suspendida, las normas aplicables son las de la Decisión Marco 2008/947.

59.

Esta solución legislativa sugiere que el legislador de la Unión considera que las penas privativas de libertad suspendidas y las penas privativas de libertad no suspendidas son dos tipos de pena distintos.

60.

En el presente asunto, tanto las autoridades del Estado de ejecución como las del Estado de emisión actuaron sobre la base de la Decisión Marco 2008/909.

4.

Argumentos basados en la finalidad de la Decisión Marco 2008/909

61.

La conclusión según la cual el Estado de ejecución no debe transformar una pena privativa de libertad en una pena privativa de libertad suspendida es coherente con la finalidad de la Decisión Marco 2008/909.

62.

Uno de los objetivos de dicho instrumento consiste en permitir el reconocimiento mutuo de condenas penales. Cuando, en virtud del reconocimiento mutuo, un Estado miembro acepta ejecutar una sentencia dictada en otro Estado miembro y no invoca ninguno de los motivos de denegación de la ejecución, tal como observa la Comisión, la ejecución debe entenderse como la mera continuación del asunto iniciado en el Estado de emisión.  ( 22 )

63.

Comparto esa opinión. El hecho de que la ejecución de una pena privativa de libertad tenga lugar en un Estado miembro distinto de aquel en que fue impuesta no debe alterar su ejecución, de la misma manera que una sentencia no se alteraría si hubiese de ejecutarse en otra región del mismo Estado y en la jurisdicción de un tribunal distinto del que la dictó. Aunque algunas de las normas que rigen la ejecución puedan ser diferentes, la ejecución constituye una mera prosecución del enjuiciamiento.

64.

Por lo tanto, el principio de reconocimiento mutuo, según se consagra en la Decisión Marco 2008/909, en la práctica debería conducir a una cooperación automática en la aplicación del Derecho entre los Estados miembros. Habría de implicar la obligación de que el Estado de ejecución ejecute la sentencia extranjera sin examinar si esta se habría dictado en caso de que el proceso se hubiese desarrollado con arreglo a la legislación nacional del Estado de ejecución.  ( 23 )

65.

En consecuencia, se ha de considerar contrario a los objetivos y al espíritu de la Decisión Marco 2008/909 que el Estado de ejecución valore si la pena impuesta en el Estado de emisión corresponde a la que se habría impuesto por el mismo delito en el Estado de ejecución.  ( 24 )

66.

Aunque, como expone el Gobierno español, en España la suspensión de una pena privativa de libertad puede producirse en dos etapas —i) la imposición de la pena privativa de libertad y ii) su suspensión—, la segunda etapa interfiere en la apreciación de la culpabilidad y el enjuiciamiento pertinente por el tribunal del Estado de emisión.

67.

Por consiguiente, el Estado de ejecución no ha de poder decidir sobre la suspensión de la pena de prisión si el tribunal del Estado de emisión no ha impuesto tal pena.

5.

Argumentos extraídos de la jurisprudencia

68.

Por último, debo reflexionar sobre las alegaciones del Gobierno español, formuladas en sus observaciones escritas y reiteradas en la vista, según las cuales las sentencias Ardic  ( 25 ) y Minister for Justice and Equality (Revocación de la suspensión)  ( 26 ) respaldan su argumento según el cual la decisión de suspender una pena privativa de libertad es una forma de ejecutar la pena, y no una modificación de esta.

69.

En las referidas sentencias, el Tribunal de Justicia declaró que una resolución por la que se revoca la suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad impuesta con anterioridad no afecta ni a la naturaleza ni a la gravedad de las penas privativas de libertad impuestas por las sentencias anteriores por las que se condenó con carácter firme al interesado.  ( 27 )

70.

El Gobierno portugués y la Comisión consideran que los asuntos citados no son pertinentes para el caso de autos porque se refieren a una cuestión diferente. No estoy de acuerdo con este punto de vista. Aunque en ambos asuntos se requería que el Tribunal de Justicia interpretase el concepto de «juicio del que derive [una] resolución», a efectos del artículo 4 bis de la Decisión Marco 2002/584, el dilema planteado era similar: se trataba de determinar si la revocación de la suspensión se integra en el enjuiciamiento o, en cambio, constituye la mera ejecución de la pena ya determinada. Por lo tanto, entiendo que los asuntos citados sí son pertinentes para el caso de autos.

71.

No obstante, al igual que la Comisión, soy del parecer de que la decisión de suspender la pena privativa de libertad, de lo que aquí se trata, y la revocación de la suspensión, de que se trataba en aquellos asuntos, tienen distinta naturaleza. Mientras que la decisión de suspender una pena privativa de libertad forma parte del enjuiciamiento, que conlleva la apreciación sobre la culpabilidad y la elección de la sanción adecuada, la revocación de la suspensión supone la ejecución de la pena privativa de libertad suspendida conforme a unos términos que ya se fijaron en la fase de enjuiciamiento.

72.

Por este motivo, el hecho de que el Tribunal de Justicia haya considerado la revocación de la suspensión de una pena privativa de libertad como una forma de ejecutar la pena no es impedimento para que se concluya que, por el contrario, la decisión de suspender la pena privativa de libertad forma parte del enjuiciamiento.

6.

Conclusión provisional

73.

En conclusión, entiendo que, con arreglo al Derecho de la Unión, la pena privativa de libertad suspendida y la pena privativa de libertad sin suspensión son dos tipos de pena. Por consiguiente, el Estado de ejecución no puede suspender el cumplimiento de una pena privativa de libertad en cuanto forma de ejecución de la pena a cuyo reconocimiento se ha comprometido. Tal suspensión no es una cuestión de ejecución regida por el artículo 17 de la Decisión Marco 2008/909. Antes bien, altera la naturaleza de la pena y, en principio, está proscrita por el artículo 8 de la Decisión Marco 2008/909.

74.

En este caso particular, si el Estado de ejecución no desea ejecutar la pena privativa de libertad, tiene la posibilidad de ejecutar la ODE y entregar al condenado al Estado de emisión para que la cumpla allí.

75.

Sin embargo, tras haber denegado la ejecución de la ODE en virtud del artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584 en razón de la residencia del condenado y tras haber reconocido la sentencia condenatoria, el Estado de ejecución no puede invocar su Derecho interno para suspender la pena privativa de libertad efectivamente impuesta por el Estado de emisión.

76.

Al resolver la suspensión de la pena privativa de libertad que el tribunal portugués consideró proporcionada al delito fiscal cometido por YX, el tribunal español no inició la ejecución de la pena, sino que la modificó, en violación de lo dispuesto en el artículo 8 de la Decisión Marco 2008/909. Dado que la ejecución de la pena aún no ha comenzado, las autoridades portuguesas todavía pueden optar por retirar el certificado.

IV.

Conclusión

77.

A la luz de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia (Tribunal de Primera Instancia de Oporto — Juzgado Local de lo Penal de Vila Nova de Gaia, Portugal):

–

tras haber denegado la ejecución de una orden de detención europea en virtud del artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en razón de la residencia del condenado y tras haber reconocido la sentencia condenatoria, el Estado de ejecución no puede invocar la aplicación de su Derecho interno para suspender la pena privativa de libertad efectivamente impuesta por el Estado de emisión;

–

el tribunal del Estado de ejecución solamente puede modificar una resolución firme del tribunal del Estado de emisión en los supuestos previstos en el artículo 8, apartados 2 y 3, de la Decisión Marco 2008/909. A este respecto, el Estado de ejecución solo puede sustituir una condena por otra de diferente naturaleza si su ordenamiento jurídico no admite condenas de la naturaleza de la originalmente impuesta por el tribunal del Estado de emisión.