Edición provisional

CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL

SRA. JULIANE KOKOTT

presentadas el 2 de julio de 2026 (1)

Asunto C‑383/25

Keritaly

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Lombardía, Italia)]

« Procedimiento prejudicial — Directiva 2010/75/UE — Emisiones industriales — Prevención y control integrados de la contaminación — Modificación sustancial de una instalación — Exigencia de permiso — Comunicación de la intención de realizar una modificación no sustancial en una instalación — Falta de respuesta de la autoridad competente dentro del plazo previsto — Consecuencias jurídicas — Autorización por acto presunto — Inadmisibilidad »






I.      Introducción

1.        La Unión Europea pretende utilizar cada vez más, también en el ámbito del Derecho medioambiental, la autorización por acto presunto —que se considera concedida cuando una autoridad no responde a una solicitud en un plazo determinado— como instrumento para agilizar los procedimientos. (2) Ahora bien, ¿pueden los Estados miembros prever la autorización por acto presunto de medidas respecto de las cuales el Derecho de la Unión —más concretamente, la Directiva sobre las emisiones industriales— (3) exige expresamente una autorización escrita? Esta es la cuestión que se plantea en el presente asunto, que cobra una creciente relevancia a la vista de la evolución del Derecho de la Unión antes expuesta.

II.    Marco jurídico

A.      Derecho de la Unión

2.        El artículo 3, puntos 7 y 9, de la Directiva sobre las emisiones industriales definen los conceptos de «permiso» y de «modificación sustancial» de una instalación en los términos siguientes:

«A los efectos de la presente Directiva se aplicarán las siguientes definiciones:

[…]

7.      “permiso” una autorización escrita para explotar la totalidad o parte de una instalación o una instalación de combustión, una instalación de incineración de residuos o una instalación de coincineración de residuos;

[…]

9.      “modificación sustancial”: una modificación de las características o el funcionamiento, o una ampliación, de una instalación o una instalación de combustión, una instalación de incineración de residuos o una instalación de coincineración de residuos que pueda tener repercusiones perjudiciales importantes en las personas o el medio ambiente».

3.        El artículo 4 («Obligación de obtener un permiso»), apartado 1, de la Directiva sobre las emisiones industriales dispone:

«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que no puedan explotarse instalaciones o instalaciones de combustión, instalaciones de incineración de residuos o instalaciones de coincineración de residuos sin permiso.

[…]»

4.        El artículo 20 de la Directiva sobre las emisiones industriales regula los cambios efectuados en las instalaciones:

«1.      Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que el titular comunique a la autoridad competente cualquier cambio previsto en el carácter o el funcionamiento de la instalación, o derivado de su ampliación, que pueda tener consecuencias en el medio ambiente. Cuando resulte necesario, la autoridad competente procederá a la actualización del permiso.

2.      Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que no se lleve a cabo, sin contar con un permiso concedido con arreglo a la presente Directiva, ningún cambio sustancial que el titular se proponga introducir.

La solicitud del permiso y la resolución de la autoridad competente se referirán a las partes de las instalaciones y a los aspectos del artículo 12 a los que ese cambio sustancial pueda afectar.

3.      Cualquier modificación de las características o del funcionamiento, o cualquier ampliación de una instalación se considerará sustancial si la modificación o la ampliación alcanza, por sí sola, los umbrales de capacidad establecidos en el anexo I.»

B.      Derecho italiano

5.        El artículo 29 nonies del Decreto Legislativo 152/2006 (Decreto Legislativo n.º 152/2006), relativo a las «Normas en materia de medio ambiente», regula la notificación de modificaciones en una instalación:

«1.      El titular comunicará a la autoridad competente las modificaciones previstas en la instalación, tal como se definen en el artículo 5, apartado 1, letra l). La autoridad competente, cuando lo considere necesario, actualizará la autorización medioambiental integrada o las condiciones correspondientes o, si estima que las modificaciones previstas son sustanciales en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra l) bis, lo notificará al titular en los sesenta días siguientes a la recepción de la comunicación a efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo. Transcurrido este plazo, el titular podrá efectuar las modificaciones comunicadas.

2.      En caso de que las modificaciones previstas, en opinión del titular o a raíz de la comunicación contemplada en el apartado 1, sean sustanciales, el titular presentará ante la autoridad competente una nueva solicitud de autorización acompañada de un informe que contenga una actualización de la información a que se refiere el artículo 29 ter, apartados 1 y 2. […]»

III. Hechos y petición de decisión prejudicial

6.        Keritaly SpA reactivó una fábrica de producción de azulejos de cerámica ubicada en Gonzaga, en la Provincia di Mantova (Provincia de Mantua. Esta actividad está sujeta, con arreglo al punto 3.5 del anexo VIII del Decreto legislativo n.º 152/2006, a la transposición al Derecho italiano de la Directiva sobre las emisiones industriales.

7.        En 2018, la Provincia de Mantua ordenó que se realizara una evaluación de impacto ambiental del proyecto debido a sus posibles efectos en la calidad del aire y, por ende, en la salud humana. A raíz de dicha evaluación, Keritaly propuso una reducción de las emisiones máximas y solicitó que se revisara dicha orden.

8.        El 6 de febrero de 2019, la Provincia descartó la realización de una evaluación de impacto ambiental, siempre y cuando se cumplieran determinadas condiciones y, en particular, un valor límite de emisión de 20 mg/Nm³ para los compuestos orgánicos volátiles. Mediante resolución de 12 de junio de 2019, la Provincia concedió la autorización medioambiental integrada para el ejercicio de la actividad. En dicha autorización incluyó el límite de emisión de 20 mg/Nm³ para los compuestos orgánicos volátiles.

9.        El 27 de febrero de 2023, la autoridad regional competente en materia de protección del medio ambiente llevó a cabo una inspección para comprobar el cumplimiento de los requisitos de la autorización medioambiental integrada en relación con la matriz medioambiental del aire y, el 12 de junio de 2023, detectó una emisión de 65,12 mg/Nm³ de compuestos orgánicos volátiles, lo que supone una superación del valor límite establecido.

10.      La Provincia señaló esta infracción mediante requerimiento de 1 de agosto de 2023, que fue notificado el 3 de agosto de 2023. En dicho escrito instó a Keritaly a explicar las causas de dicha superación y a indicar los procedimientos adoptados para garantizar el cumplimiento de dicho límite. Al mismo tiempo, recordó a Keritaly que las eventuales modificaciones en las características de la emisión o en los sistemas de control de emisiones instalados requerirían la presentación de una comunicación de modificación de la autorización.

11.      El 4 de agosto de 2023, Keritaly presentó una comunicación de modificación no sustancial, de conformidad con el artículo  29 nonies del Decreto legislativo n.º 152/2006, que tenía por objeto el incremento del valor límite de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles de 20 a 50 mg/Nm³. Poco después de que expirara el plazo de sesenta días dentro del cual, con arreglo al artículo citado, la Provincia debería haber comprobado si dicho aumento constituía una modificación sustancial, Keritaly comunicó a la Provincia, el 4 de octubre de 2023, que, ante la falta de respuesta por parte de esta, consideraba concedida la autorización para introducir la modificación comunicada.

12.      Solo entonces, mediante escrito de 12 de octubre de 2023, la Provincia comunicó que el aumento del valor límite de emisión de compuestos orgánicos volátiles era inaplicable. Señaló, en particular, que el aumento del valor límite de emisión entrañaría un incremento potencial del flujo de masa de los compuestos orgánicos volátiles de 9 119 toneladas al año y que, por esta razón, puede tener repercusiones perjudiciales significativas en el medio ambiente, por lo que dicho aumento no puede autorizarse sin un procedimiento previo de comprobación de la necesidad de realizar una evaluación de impacto ambiental.

13.      El 2 de noviembre de 2023, Keritaly solicitó a la Provincia la revisión de tal decisión y alegó, en particular, que, al haber transcurrido sesenta días desde la remisión por Keritaly de la comunicación de la modificación no sustancial, la autorización se había concedido de forma tácita. La Provincia, mediante escrito de 23 de noviembre de 2023, negó que se hubiera concedido tal autorización por acto presunto.

14.      Keritaly impugnó los escritos de 12 de octubre de 2023 y de 23 de noviembre de 2023 mediante recurso interpuesto ante el Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Lombardía, Italia), el órgano jurisdiccional remitente.

15.      El procedimiento de revisión prosiguió y, mediante escrito de 12 de diciembre de 2023, la Agenzia di Tutela della Salute Val Padana (Agencia de Protección de la Salud de valle del Po, Italia) señaló, en primer lugar, que en la Provincia de Mantua se había producido un exceso de abortos espontáneos y un incremento de la incidencia de leucemia, que podrían deberse a factores de riesgo medioambiental; en segundo lugar, que los compuestos orgánicos volátiles emitidos por Keritaly podían contener sustancias cancerígenas y, en tercer lugar, que el modelo de dispersión de contaminantes que presentó Keritaly en 2018 no permitía una comparación con los valores de referencia que figuran en la bibliografía para la población en general. A juicio de la autoridad de protección de la salud antes mencionada, resulta necesario, por tanto, realizar un nuevo estudio.

16.      En la misma fecha, la autoridad regional competente en materia de protección del medio ambiente (Italia) señaló que el incremento de las emisiones probablemente ocasionaría un aumento de la deposición de contaminantes; que en la zona de que se trata existen al menos dos instalaciones del mismo tipo que se verían afectadas por el incremento de los valores límite de las emisiones, y que, desde 2018, se han introducido nuevas líneas de producción en las instalaciones de Keritaly. En este contexto, según la citada autoridad, Keritaly redujo voluntariamente las emisiones con el fin de excluir de la evaluación de impacto ambiental los procedimientos de modificación de la autorización correspondientes.

17.      A la luz de estas observaciones, el 14 de febrero de 2024 la Provincia ratificó la anterior resolución de 12 de octubre de 2023. Keritaly amplió su recurso en consecuencia.

18.      Por cuanto se indica en la petición de decisión prejudicial, la jurisprudencia contencioso-administrativa italiana desarrollada hasta ahora sobre la última frase del artículo 29 nonies, apartado 1, del Decreto legislativo n.º 152/2006 ha partido de que el silencio de la autoridad competente, mantenido durante el plazo de sesenta días, no equivale a una autorización de la modificación. Si bien el artículo 29 nonies permite al titular realizar las modificaciones una vez transcurrido el plazo, tal posibilidad se da únicamente hasta que la Administración adopte una decisión en sentido contrario. Esta puede establecer, en particular, la necesidad de tramitar un procedimiento de autorización.

19.      El órgano jurisdiccional remitente, por el contrario, interpreta la frase en cuestión en el sentido de que «se autoriza» al titular a introducir las modificaciones. Si una actividad está sujeta a autorización, la autorización existe o no existe. No hay una tercera posibilidad y, en particular, no se da situación alguna en la que la actividad pueda realizarse provisionalmente, pero pueda prohibirse posteriormente.

20.      Además, la interpretación recogida en la jurisprudencia italiana antes citada expone a un considerable riesgo al titular que, una vez transcurridos sesenta días desde la comunicación sin haber obtenido respuesta al respecto, lleve a cabo las modificaciones propuestas, soportando los costes correspondientes. En efecto, la Administración podría calificar dichas modificaciones como sustanciales incluso tras un largo período de tiempo, prácticamente indefinido.

21.      Por el contrario, señala el órgano jurisdiccional remitente que, si se interpreta el artículo 29 nonies, apartado 1, en el sentido de que el silencio equivale a una autorización, se considerará que, transcurridos sesenta días sin respuesta por parte de la Administración, se ha concedido al titular una autorización por acto presunto para la introducción de las modificaciones. Si la Administración considera extemporáneamente que se trata de modificaciones sustanciales, podrá en todo caso prohibirlas anulando la autorización por acto presunto mediante un procedimiento de revisión de oficio, si bien solo dentro de un plazo razonable no superior en ningún caso a un año, de conformidad con el artículo 21 nonies de la Ley n.º 241/1990. Para proceder a dicha revocación —observa el órgano jurisdiccional remitente—, la Administración debe, además, valorar el interés general concreto y actual, la confianza legítima del titular y los intereses de otras posibles partes interesadas. En el caso de que la comunicación del titular contenga declaraciones falsas de hechos, la autoridad competente podrá proceder a la anulación incluso después de la expiración del plazo de un año (artículo 21 nonies, apartado 2 bis, de la Ley n.º 241/1990).

22.      Por lo tanto, el órgano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

¿Debe interpretarse el artículo 20, apartado 2, de la Directiva sobre las emisiones industriales en el sentido de que se opone a una normativa interna [como la vigente en Italia en virtud del artículo 29 nonies, apartado 1, del Decreto Legislativo 152/2006 (Decreto Legislativo n.º 152 de 2006)] que dispone que, tras la comunicación por la que el titular informa a la autoridad competente de su intención de introducir una modificación en su instalación, que califica de no sustancial, una vez transcurrido un plazo de sesenta días de silencio de la autoridad competente, la modificación se considerará autorizada por acto presunto, aun cuando posteriormente resulte que se trata de una modificación sustancial?

23.      La organización de protección del medio ambiente Legambiente Lombardia Onlus, la Provincia de Mantua y la República Italiana, así como la Comisión Europea, han presentado observaciones escritas. En la vista oral celebrada el 24 de abril de 2026, además de las partes mencionadas, participó Keritaly SpA.

IV.    Fundamentos de Derecho

24.      En el asunto principal, Keritaly notificó a la Provincia de Mantua el incremento de los valores límite de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, de 20 mg/Nm³ a 50 mg/Nm³, como una modificación no sustancial de su instalación de producción de azulejos de cerámica. La Provincia no desestimó esta solicitud hasta después de que hubiera expirado el plazo de sesenta días previsto en la legislación italiana. Se trata, a juicio de la Provincia, de una modificación sustancial que no puede autorizarse sin más. Keritaly alega, por el contrario, que, al no haberse atenido al plazo, la Provincia ya ha autorizado la modificación mediante acto presunto.

25.      En consecuencia, mediante la petición de decisión prejudicial se pretende elucidar si el artículo 20, apartado 2, de la Directiva sobre las emisiones industriales se opone a una normativa nacional que prevé la autorización por acto presunto de la modificación de una instalación que el titular haya notificado como no sustancial, en caso de que resulte posteriormente que la modificación sí es sustancial.

26.      Por ello, expondré en primer lugar, basándome en el tenor de las disposiciones pertinentes de la Directiva sobre las emisiones industriales, su contexto sistemático y los objetivos de la normativa, que se excluye la autorización por acto presunto de una modificación sustancial. A continuación, analizaré el contexto más amplio de la cuestión mediante una comparación con las decisiones tácitas reguladas en el Derecho de la Unión y, por último, abordaré los intereses de los titulares de instalaciones y, en particular, los de Keritaly.

A.      Tenor

27.      De conformidad con el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva sobre las emisiones industriales, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar, en particular, que no puedan explotarse instalaciones en el sentido del artículo 3, punto 3, y del anexo I. Por consiguiente, la Provincia había autorizado en 2019 la fábrica controvertida como instalación destinada a la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en el sentido del punto 3.5 del anexo I.

28.      Además, con arreglo al artículo 20, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva sobre las emisiones industriales, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que no se lleve a cabo, sin contar con un permiso concedido con arreglo a dicha Directiva, ningún cambio sustancial (de dichas instalaciones) que el titular se proponga introducir. En cambio, según el artículo 20, por lo que respecta a los demás cambios, bastará con una comunicación del titular a la autoridad competente. (4)

29.      Según la definición del artículo 3, punto 7, de la Directiva sobre las emisiones industriales, la autorización se concede por escrito. Dado que, por su propia naturaleza, una autorización por acto presunto no se concede por escrito, el propio tenor del artículo 20, apartado 2, párrafo primero, y del artículo 3, punto 7, de la Directiva sobre las emisiones industriales ya se opone a ella en el caso de una modificación sustancial.

30.      Si bien el artículo 4, apartado 1, párrafos segundo y tercero, de la Directiva sobre las emisiones industriales establece una excepción a la exigencia de permiso, tal y como expone la Comisión, esta no es aplicable en el presente asunto.

31.      Esta excepción se aplica a las instalaciones que quedan comprendidas exclusivamente en el capítulo V de la Directiva sobre las emisiones industriales. Se trata de determinadas instalaciones y actividades que utilizan disolventes orgánicos, o en las que se emplean estos últimos. Estas se enumeran en la parte 1 del anexo VII. Para dichas instalaciones, los Estados miembros pueden establecer un procedimiento de registro. Para ello, basta con que el titular informe a la autoridad competente de su intención de explotar una instalación. Las modificaciones sustanciales de dichas instalaciones están sujetas, con arreglo al artículo 63, a normas específicas y no requieren necesariamente una autorización.

32.      Si bien es cierto que el valor límite en cuestión se refiere a los compuestos orgánicos volátiles, lo que incluye también a los disolventes, la instalación de que se trata —una fábrica de producción de azulejos de cerámica— no queda comprendida exclusivamente en el ámbito de aplicación del capítulo V de la Directiva sobre las emisiones industriales y, por lo tanto, tampoco figura en la parte 1 del anexo VII.

B.      Relación sistemática con la participación del público y la tutela judicial efectiva de los miembros del público interesado

33.      El requisito de una autorización por escrito también está estrechamente relacionado con la participación del público y la tutela jurídica efectiva de terceros, contempladas en la Directiva sobre las emisiones industriales.

34.      El artículo 24, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre las emisiones industriales establece que, al conceder un permiso relativo a cualquier cambio sustancial, debe respetarse el procedimiento de participación del público previsto en el anexo IV. Con arreglo a dicho anexo, se pondrá a disposición del público determinada información y se le brindará la oportunidad de manifestar su opinión antes de la adopción de la decisión.

35.      Las decisiones, acciones u omisiones sujetas al artículo 24 de la Directiva sobre las emisiones industriales están sometidas, además, con arreglo al artículo 25, al control judicial a iniciativa de los miembros del público interesado. En particular, las asociaciones de protección del medio ambiente pueden interponer recurso al amparo de dicha disposición. (5)

36.      Por el contrario, dar por cierta la existencia de una autorización por acto presunto excluiría toda participación del público y, cuanto menos, dificultaría considerablemente el control judicial. En efecto, en tal caso, la información del público sería, por su propia naturaleza, dudosa.

37.      Es precisamente la tutela judicial efectiva de los miembros del público lo que, por lo demás, podría suponer graves riesgos para el titular de la instalación. Sin notificación, una autorización por acto presunto no puede dar lugar al comienzo de un plazo de recurso, (6) de modo que cabría interponer recursos incluso tras un largo período de tiempo. Además, las autorizaciones tácitas carecen de motivación. Por lo tanto, un posible recurso tendría buenas perspectivas de prosperar ya solo por esta razón.

38.      En consecuencia, dar por cierta la existencia de una autorización por acto presunto de modificaciones sustanciales no sería compatible con la participación del público y la tutela judicial efectiva de los miembros del público interesado, contempladas en la Directiva sobre las emisiones industriales.

C.      Objetivos de la normativa

39.      La exclusión de una autorización por acto presunto de modificaciones sustanciales se ajusta asimismo a los objetivos de la Directiva sobre las emisiones industriales y a la política medioambiental de la Unión.

40.      De conformidad con su artículo 1, párrafo primero, la Directiva sobre las emisiones industriales tiene por objeto la prevención y el control integrados de la contaminación procedente de las actividades industriales. Con arreglo al artículo 1, párrafo segundo, interpretado a la luz del considerando 12 de la citada Directiva, esta tiene también por objeto evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones a la atmósfera, el agua y el suelo, y evitar la generación de residuos con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente considerado «en su conjunto». (7) El considerando 18 establece que no podrá realizarse ningún cambio sustancial en las instalaciones que pueda tener efectos negativos significativos en las personas o el medio ambiente sin el correspondiente permiso concedido con arreglo a dicha Directiva.

41.      Estos objetivos concretan los objetivos generales de la Unión Europea.

42.      La Unión ha adoptado la Directiva sobre las emisiones industriales con base en el artículo 192 TFUE, apartado 1, relativo a las acciones que esta debe emprender en el ámbito del medio ambiente para la realización de los objetivos fijados en el artículo 191 TFUE. De conformidad con el artículo 191 TFUE, apartado 1, guiones primero y segundo, la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar los objetivos de conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente, así como de protección de la salud de las personas. El artículo 191 TFUE, apartado 2, establece que la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado. (8)

43.      Además, de conformidad con el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 9 TFUE, al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión, se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana. Al mismo tiempo, con arreglo al artículo 37 de la Carta y el artículo 3 TUE, en las políticas de la Unión se integrarán y garantizarán, conforme al principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad. (9)

44.      La exigencia de una autorización escrita para la explotación y la modificación sustancial de las instalaciones contribuye de manera significativa a la consecución de estos objetivos. Obliga al titular de la instalación y a la autoridad competente a comprobar si se cumplen los requisitos previstos en la Directiva sobre las emisiones industriales para la explotación de la instalación, y además a demostrarlo.

45.      El examen expreso del cumplimiento de las disposiciones aplicables de la Directiva sobre las emisiones industriales resulta especialmente apropiado en el caso de una modificación sustancial de una instalación. De conformidad con el artículo 3, punto 9, se trata de una modificación de las características o del funcionamiento, o de una ampliación, de una instalación que pueda tener repercusiones perjudiciales importantes en las personas o el medio ambiente. La aplicación de la Directiva tiene precisamente por objeto evitar, o al menos reducir, tales efectos.

46.      Es evidente que la modificación objeto del litigio —el incremento en un 150 % del valor límite de compuestos orgánicos volátiles— puede tener repercusiones perjudiciales importantes en las personas o el medio ambiente. Estos compuestos, definidos en el artículo 3, punto 45, de la Directiva sobre las emisiones industriales, son objeto de disposiciones específicas del capítulo V y, con arreglo al anexo II, constituyen contaminantes atmosféricos para los que, de conformidad con el artículo 14, apartado 1, letra a), deben fijarse valores límite.

47.      Si la instalación de Keritaly fuera una instalación a la que resultara aplicable el capítulo V de la Directiva sobre las emisiones industriales, un incremento de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles de tan solo un 10 % ya constituiría una modificación sustancial, de conformidad con el artículo 63, apartado 1, letra b).

48.      Dado que el artículo 14, apartado 1, letra a), de la Directiva sobre las emisiones industriales exige valores límite de emisión para los compuestos orgánicos volátiles, la modificación del correspondiente valor límite debe considerarse, por lo demás, también como una modificación del funcionamiento de una instalación. (10)

49.      Por lo tanto, la notificación de Keritaly controvertida se refiere a una modificación sustancial de la instalación que explota dicha sociedad, la cual, de conformidad con el espíritu y la finalidad de la Directiva sobre las emisiones industriales, también exige una autorización escrita.

D.      Contexto ampliado: decisiones tácitas en otros ámbitos del Derecho de la Unión

50.      Si bien el concepto de una decisión tácita tras la expiración de un plazo no es ajeno al Derecho de la Unión, la práctica normativa de la Unión demuestra que la exclusión de la autorización por acto presunto de modificaciones sustanciales, en el marco de la interpretación del artículo 20, apartado 2, de la Directiva sobre las emisiones industriales, constituye un imperativo de seguridad jurídica. Por lo tanto, en la medida en que se prevean decisiones tácitas, estas y sus respectivas consecuencias jurídicas se regulan más bien de forma precisa.

51.      Es cierto que, en materia de ayudas de Estado, el Tribunal de Justicia había fijado a la Comisión —en virtud de los intereses legítimos de los Estados miembros y por analogía con los plazos de los recursos interpuestos ante los tribunales de la Unión— un plazo de dos meses a partir de la notificación de una ayuda para pronunciarse sobre su compatibilidad con el Derecho de la Unión. Si la Comisión no observaba este plazo no escrito, quedaba sin efecto la prohibición de ejecutar la ayuda, actualmente recogida en el artículo 108 TFUE, apartado 3, tercera frase. Sin embargo, esta consecuencia jurídica no era definitiva, ya que la Comisión podía seguir formulando eventuales objeciones contra la medida en el procedimiento de examen de las ayudas existentes. (11)

52.      La interpretación de la Directiva sobre las emisiones industriales que pretende recabar el órgano jurisdiccional remitente tendría, en este sentido, un carácter similar, puesto que la autorización por acto presunto de una modificación sustancial no está prevista en la Directiva. No obstante, dado que se pretende que dé lugar a una autorización, tendría un efecto de mayor alcance que la sentencia del Tribunal de Justicia mencionada, que se limitó a suprimir la prohibición de ejecución.

53.      Actualmente, el plazo desarrollado por analogía por el Tribunal de Justicia en la normativa sobre ayudas de Estado se prevé expresamente en el artículo 4, apartado 6, del Reglamento sobre ayudas de Estado. (12) Mediante esta disposición, el legislador fue un paso más allá y estableció una autorización tácita de la ayuda. De manera similar, el artículo 10, apartado 6, del Reglamento sobre el control de las concentraciones (13) establece que la concentración notificada se considerará autorizada si la Comisión no ha adoptado una decisión en un plazo relativamente breve. Ambas autorizaciones tácitas se basan en los intereses de los operadores económicos interesados en cada caso.

54.      El artículo 13, apartado 4, de la Directiva sobre servicios, (14) invocado por la Comisión, prevé la autorización tácita para el acceso a una actividad de servicios y a su ejercicio. Esta disposición tiene por objeto hacer efectivas los derechos que ya se derivan de las libertades fundamentales y no hace más que concretar los límites de las restricciones que los Estados miembros pueden imponer a dichas libertades.

55.      En cambio, en la normativa de la Unión en materia de función pública (15) y en lo relativo al acceso a los documentos de la Unión (16) se establece expresamente que una solicitud se considerará denegada si la autoridad competente no se pronuncia en determinados plazos. Una denegación tácita no da lugar a ningún derecho, sino que ofrece al solicitante la posibilidad de obtener tutela judicial mediante la interposición de un recurso. (17)

56.      En la normativa medioambiental se añade un aspecto adicional: se trata, en principio, de proteger el medio ambiente y/o la salud frente a los efectos perjudiciales de determinadas actividades. Por lo tanto, en la medida en que el Derecho medioambiental de la Unión contempla decisiones tácitas, suelen existir mecanismos de protección destinados a garantizar el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

57.      En este sentido, el artículo 9, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento relativo a los traslados de residuos (18) prevé, en el caso de los traslados de residuos dentro de la Unión, la autorización tácita de la autoridad competente de tránsito, mientras que otras disposiciones permiten dar por cierta la existencia de una autorización tácita por parte de las autoridades de tránsito de terceros países. Por el contrario, las autoridades competentes de destino y de expedición deben adoptar una decisión motivada por escrito, una vez examinada la normativa respectivamente aplicable.

58.      Recientemente, con el fin de fomentar el uso de energías renovables, la Unión ha introducido, en el artículo 16 bis, apartado 6, de la Directiva 2018/2001, (19) una aprobación tácita para las etapas administrativas intermedias en los procedimientos de autorización. Con la propuesta de Reglamento sobre la agilización de las evaluaciones ambientales, la Comisión pretende ampliar este modelo regulatorio a otros proyectos estratégicos. (20) No obstante, en este modelo regulatorio, las decisiones definitivas sobre el resultado del procedimiento de autorización deben seguir adoptándose de forma expresa. Con ello se persigue garantizar asimismo que se respetan las normas de protección pertinentes.

59.      La interpretación del Derecho italiano que sopesa el órgano jurisdiccional remitente supondría la ausencia de dichos mecanismos de protección. También por este motivo, la Directiva sobre las emisiones industriales no debe interpretarse en el sentido de que permita una autorización por acto presunto de modificaciones sustanciales de las instalaciones.

60.      Ha de observarse además que el Tribunal de Justicia también aborda, en otro asunto pendiente, la cuestión de si las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión permiten una autorización tácita, aunque no la prevean expresamente. Se trata del control de mercancías procedentes de terceros países por razones de protección de la salud. (21)

61.      En resumen, procede constatar, por tanto, que un plazo para la adopción de una decisión sobre una modificación sustancial, cuya inobservancia dé lugar a una autorización por acto presunto, requiere una disposición expresa en la Directiva sobre las emisiones industriales que, idealmente, también prevea un mecanismo para garantizar el cumplimiento de las normas de protección de la Directiva, y, en particular, regule adecuadamente su articulación con una participación efectiva del público, así como con la tutela judicial efectiva.

E.      Intereses legítimos del titular de la instalación

62.      El interés del titular de la instalación, subrayado por el órgano jurisdiccional remitente, en obtener una decisión sobre su solicitud dentro de los plazos previstos no justifica, por lo tanto, la interpretación de la Directiva sobre las emisiones industriales que pretende recabar dicho órgano jurisdiccional. Si se tiene en cuenta el riesgo mencionado de que se interponga un recurso, (22) es incluso de temer que dicha interpretación socave precisamente ese interés. En caso de que el Derecho nacional prevea los correspondientes recursos, como una acción por omisión o reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios, el titular de la instalación debe, antes bien, hacer uso de ellos.

63.      En el presente asunto, sin embargo, parece dudoso que tales recursos prosperen, ya que la notificación de Keritaly controvertida —sin perjuicio de una evaluación más detallada por parte del órgano jurisdiccional remitente— parece constituir un abuso de derecho.

64.      Si bien en la petición de decisión prejudicial no califica expresamente de abusivo el comportamiento de Keritaly, el órgano jurisdiccional remitente sí expone que, en su opinión, incluso la comunicación de mala fe de una modificación sustancial como si no fuera tal podría dar lugar a una autorización por acto presunto.

65.      De hecho, Keritaly debía saber que el incremento del valor límite controvertido no era posible sin más y que tampoco podía aceptarse como una modificación no sustancial. Según la petición de decisión prejudicial, la propia empresa había propuesto, en el procedimiento de autorización inicial, la reducción del valor límite al valor establecido, con el fin de eludir una evaluación de impacto ambiental. Por consiguiente, sabía que, a juicio de la Provincia, el valor límite más alto conllevaba el riesgo de repercusiones perjudiciales importantes en el medio ambiente.

66.      En esta situación, ya resulta abusivo presentar una solicitud de incremento del valor límite en forma de notificación de una modificación no sustancial (venire contra factum proprium).

67.      Esto es tanto más cierto si se tiene en cuenta que, según los resultados de las mediciones de 27 de febrero de 2023 y la solicitud de incremento del valor límite, la instalación no parece estar diseñada para poder funcionar respetando el valor límite establecido. En esta situación, Keritaly se habría visto obligada, con arreglo al artículo 8, apartado 2, letra b), de la Directiva sobre las emisiones industriales y a su transposición en el artículo 29 decies del Decreto legislativo n.º 152/2006, a garantizar el cumplimiento del valor límite lo antes posible. (23) En caso de que la superación del valor límite supusiera un peligro directo para la salud humana o pudiera producir un efecto perjudicial inmediato sobre el medio ambiente, se habría tenido que suspender incluso el funcionamiento de la instalación. (24)

V.      Conclusión

68.      Por lo tanto, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la petición de decisión prejudicial del modo siguiente:

El artículo 20, apartado 2, de la Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) debe interpretarse en el sentido de que se opone a la autorización por acto presunto de una modificación sustancial de una instalación que, con arreglo a la Directiva, está sujeta a autorización.


1      Lengua original: alemán.


2      Artículo 16 bis, apartado 6, de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO 2018, L 328, p. 82 y corrección de errores en DO L 2024/90026), en su versión modificada por la Directiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de octubre de 2023 (DO L, 2023/2413), así como la sección II del anexo de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la agilización de las evaluaciones ambientales [COM(2025) 984 final].


3      Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO 2010, L 334, p. 17).


4      Véase la sentencia de 2 de junio de 2022, FCC Česká republika (C‑43/21, EU:C:2022:425), apartado 44.


5      En cuanto al artículo 10 bis, redactado de forma similar, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO 1985, L 175, p. 40; EE 15/06, p. 9), en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003 (DO 2003, L 156, p. 17), véase la sentencia de 12 de mayo de 2011, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289), apartado 42.


6      Véanse la sentencia de 7 de noviembre de 2019, Flausch y otros (C‑280/18, EU:C:2019:928, apartados 54 a 59, y de 16 de abril de 2026, Drumakilla (C‑58/24, EU:C:2026:300), apartados 45 y 46, así como las Conclusiones y Recomendaciones del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus de 22 de septiembre de 2021, Breakell/Reino Unido (Nelson Hospital site) (ACCC/C/2015/131 (n.º 129).


7      Sentencia de 25 de junio de 2024, Ilva y otros (C‑626/22, EU:C:2024:542), apartado 69.


8      Sentencia de 25 de junio de 2024, Ilva y otros (C‑626/22, EU:C:2024:542), apartado 67.


9      Sentencia de 25 de junio de 2024, Ilva y otros (C‑626/22, EU:C:2024:542), apartado 71.


10      En este sentido, sentencia de 2 de junio de 2022, FCC Česká republika (C‑43/21, EU:C:2022:425), apartados 40 y 41.


11      Sentencia de 11 de diciembre de 1973, Lorenz (120/73, EU:C:1973:152), apartados 4 y 5.


12      Reglamento (UE) n.º 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO 2015, L 248, p. 9).


13      Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO 2004, L 24, p. 1).


14      Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO 2006, L 376, p. 36).


15      Artículo 90 del Reglamento n.º 31 (CEE) 11 (CEEA) por el que se establece el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO 1962, P 45, p. 1385; EE 01/01, p. 19), modificado en último lugar mediante la Actualización del porcentaje de la contribución al régimen de pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea, con efecto a partir del 1 de julio de 2025 (DO 2025, C/2025/6569).


16      Artículo 7, apartado 4, y artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43).


17      Véanse mis conclusiones en el asunto Housieaux (C‑186/04, EU:C:2005:70), puntos 31 a 37.


18      Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos (DO 2006, L 190, p. 1).


19      Citado en la nota a pie de página 2.


20      Citado en la nota a pie de página 2.


21      Asunto C‑596/25, Sonifer.


22      Véase el punto 37 de las presentes conclusiones.


23      Sentencia de 25 de junio de 2024, Ilva y otros (C‑626/22, EU:C:2024:542), apartado 127.


24      Sentencia de 25 de junio de 2024, Ilva y otros (C‑626/22, EU:C:2024:542), apartado 128.