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Diario Oficial |
ES Serie C |
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C/2024/6819 |
29.11.2024 |
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
de 21 de octubre de 2024
relativa a las políticas económicas, presupuestarias, de empleo y estructurales de Italia
(C/2024/6819)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
Visto el Reglamento (UE) 2024/1263 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2024, relativo a la coordinación eficaz de las políticas económicas y a la supervisión presupuestaria multilateral y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo (1), y en particular su artículo 3, apartado 3,
Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
Considerando lo siguiente:
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El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, «Mecanismo»), entró en vigor el 19 de febrero de 2021. El Mecanismo proporciona ayuda financiera a los Estados miembros para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un estímulo fiscal financiado por la Unión. En consonancia con las prioridades del Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas, el Mecanismo contribuye a la recuperación económica y social y a la realización de reformas e inversiones sostenibles, en particular dirigidas a promover las transiciones ecológica y digital y aumentar la resiliencia de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo, a mejorar la cohesión territorial dentro de la Unión y a que prosiga la ejecución del pilar europeo de derechos sociales. |
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El Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) (en lo sucesivo, «Reglamento REPowerEU»), adoptado el 27 de febrero de 2023, tiene por objeto eliminar la dependencia de la Unión de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. Esto ayudaría a alcanzar la seguridad energética y a diversificar el suministro energético de la Unión, aumentando al mismo tiempo la implantación de las energías renovables, la capacidad de almacenamiento de energía y la eficiencia energética. Italia incluyó un nuevo capítulo de REPowerEU en su plan nacional de recuperación y resiliencia con el fin de financiar reformas e inversiones clave que contribuyan a alcanzar los objetivos de REPowerEU. |
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El 16 de marzo de 2023, la Comisión publicó la Comunicación titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030» con el fin de fundamentar las decisiones políticas y crear las condiciones marco necesarias para impulsar el crecimiento. La Comunicación define la competitividad en términos de nueve factores que se refuerzan mutuamente. Entre estos factores, el acceso al capital privado, la investigación y la innovación, la educación y las capacidades y un mercado único que funcione destacan como prioridades de actuación fundamentales en lo que respecta a las reformas y a la inversión con el fin de abordar los retos actuales en materia de productividad y reforzar la competitividad a largo plazo de la Unión y sus Estados miembros. El 14 de febrero de 2024, la Comisión emitió una Comunicación titulada «Informe anual de 2024 sobre el mercado único y la competitividad». En dicha Comunicación se detallan las fortalezas y los retos en materia de competencia del mercado único europeo, haciendo el seguimiento del progreso anual con respecto a los nueve factores de competitividad identificados. |
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El 21 de noviembre de 2023, la Comisión adoptó el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2024, lo que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2024 para la coordinación de las políticas económicas. El 22 de marzo de 2024, el Consejo Europeo refrendó las prioridades del Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2024, que se centran en torno a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva. El 21 de noviembre de 2023, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, adoptó asimismo el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2024, en el que señalaba a Italia como uno de los Estados miembros que pueden presentar desequilibrios o pueden estar expuestos al riesgo de padecerlos, y para los que sería necesario un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó un dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Italia para 2024. La Comisión adoptó asimismo una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo de 2024, en el que se analiza la ejecución de las orientaciones para las políticas de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 12 de abril de 2024, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (5) (en lo sucesivo, «Recomendación sobre la zona del euro de 2024») y el 11 de marzo de 2024, el Informe conjunto sobre el empleo. |
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(5) |
El 30 de abril de 2024 entró en vigor el nuevo marco de gobernanza económica de la Unión. Dicho marco comprende el nuevo Reglamento (UE) 2024/1263 relativo a la coordinación eficaz de las políticas económicas y a la supervisión presupuestaria multilateral, el Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (6) relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo, modificado, y la Directiva 2011/85/UE del Consejo (7) sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, modificada. Los objetivos del nuevo marco de gobernanza económica son promover unas finanzas públicas saneadas y sostenibles, un crecimiento sostenible e integrador y resiliencia a través de reformas e inversiones, y evitar déficits públicos excesivos. El nuevo marco de gobernanza económica promueve asimismo la apropiación nacional y tiene una mayor orientación a medio plazo, junto con una aplicación más sólida y coherente. Cada Estado miembro tiene que presentar al Consejo y a la Comisión un plan fiscal-estructural nacional a medio plazo. El plan fiscal-estructural nacional a medio plazo contiene los compromisos fiscales, de reformas y de inversiones de un Estado miembro y abarca un período de planificación de cuatro o cinco años, en función de la duración habitual de la legislatura a nivel nacional. La senda de gasto neto (8) de los planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo tiene que cumplir los requisitos del Reglamento (UE) 2024/1263, incluidos los requisitos de situar o mantener la deuda de las administraciones públicas en una senda descendente verosímil a más tardar al final del período de ajuste, o de mantenerla en niveles prudentes por debajo del 60 % del producto interior bruto (PIB), y de situar o mantener a medio plazo el déficit de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. Si un Estado miembro se compromete a llevar a cabo un conjunto pertinente de reformas e inversiones de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento (UE) 2024/1263, el período de ajuste puede ampliarse hasta tres años. Con el fin de apoyar la preparación de dichos planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo, el 21 de junio de 2024 la Comisión publicó orientaciones sobre la información que los Estados miembros deben facilitar en sus planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo y en sus informes anuales de situación. De conformidad con los artículos 5 y 36 del Reglamento (UE) 2024/1263, la Comisión transmitió a los Estados miembros trayectorias de referencia e información técnica, en su caso. Los Estados miembros tienen que presentar sus planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo a más tardar el 20 de septiembre de 2024, a menos que el Estado miembro y la Comisión convengan la ampliación del plazo por un período razonable. De conformidad con su marco jurídico nacional, cada Estado miembro podrá debatir su proyecto de plan a medio plazo en su Parlamento nacional, solicitar a la institución fiscal independiente que emita un dictamen y llevar a cabo una consulta con los interlocutores sociales y otras partes interesadas nacionales. |
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En 2024, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la aplicación del Mecanismo. La ejecución plena de los planes de recuperación y resiliencia sigue siendo esencial para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes ayudan a abordar de forma efectiva la totalidad o una parte significativa de los retos señalados en las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos años. Las recomendaciones específicas por país de 2019, 2020, 2022 y 2023 siguen siendo pertinentes para los planes de recuperación y resiliencia que fueron revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241. |
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El 30 de abril de 2021, Italia presentó su plan nacional de recuperación y resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del plan de recuperación y resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación establecidas en el anexo V de dicho Reglamento. El 13 de julio de 2021, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de Italia (9), que se modificó el 8 de diciembre de 2023 con arreglo al artículo 18, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241 para actualizar la contribución financiera máxima en concepto de ayuda financiera no reembolsable, así como para incluir el capítulo de REPowerEU (10). El desembolso de tramos está supeditado a la adopción de una Decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que Italia ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes establecidos en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores. |
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(8) |
El 30 de abril de 2024, Italia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2024 y su Programa de Estabilidad de 2024, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo (11). De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241, el Programa Nacional de Reformas de 2024 refleja también el informe semestral de Italia sobre los avances realizados en la ejecución de su plan de recuperación y resiliencia. |
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(9) |
El 19 de junio de 2024, la Comisión publicó el informe específico de 2024 sobre Italia. En él se evalúan los avances realizados por Italia para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo entre 2019 y 2023 y se hace balance de la ejecución del plan de recuperación y resiliencia de Italia. Sobre la base de dicho análisis, en el informe específico se señalan las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el plan de recuperación y resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes. Asimismo, se evalúan los avances de Italia en la ejecución del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. |
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(10) |
La Comisión llevó a cabo un examen exhaustivo sobre Italia con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011. En abril de 2024 se publicaron las principales conclusiones de la evaluación que los servicios de la Comisión han llevado a cabo de las vulnerabilidades macroeconómicas de Italia a efectos de dicho Reglamento. El 19 de junio de 2024, la Comisión concluyó que Italia está experimentando desequilibrios macroeconómicos, después de que en 2023 se indicara que experimentaba desequilibrios excesivos. En particular, persisten las vulnerabilidades relacionadas con la elevada deuda pública y el débil crecimiento de la productividad en un contexto de fragilidad del mercado de trabajo y de ciertas debilidades del sector financiero, que tienen relevancia transfronteriza. La ratio de deuda pública con respecto al PIB de Italia ha disminuido notablemente desde su máximo durante la crisis de la COVID-19, debido principalmente al fuerte crecimiento del PIB nominal. No obstante, la ratio de deuda pública sigue siendo elevada, superior al 137 % del PIB en 2023, y se prevé que la tendencia a la baja se invierta este año y el próximo. Esta inversión se atribuye a un importante ajuste stock-flujo que aumenta la deuda, a unos déficits públicos que siguen siendo considerables, aunque decrecientes, y a un menor crecimiento del PIB nominal. El crecimiento de la productividad ha sido, globalmente y en promedio, positivo, pero limitado, lo cual confirma la necesidad de reformas e inversiones para superar las deficiencias estructurales y fomentar unas condiciones favorables para el crecimiento de la productividad. Las condiciones del mercado de trabajo han mejorado en los últimos años y no se han traducido en presiones salariales. Las tasas de actividad han aumentado hasta niveles récord, aunque siguen siendo comparativamente bajas. El sector financiero ha seguido fortaleciéndose con mejoras en la calidad y la rentabilidad de los activos bancarios, y los bancos italianos presentan en sus balances una exposición cada vez menor, aunque aún considerable, a la deuda soberana y a los préstamos garantizados por el Estado. La actuación política ha sido favorable para afrontar las vulnerabilidades, en particular a través de la ejecución del plan de recuperación y resiliencia, que, entre otras cosas, fomenta la productividad y el crecimiento potencial del PIB con el fin de ayudar a reducir la ratio de deuda pública a más largo plazo. Sigue siendo esencial mantener el ritmo de ejecución del plan de recuperación y resiliencia y sería beneficioso realizar esfuerzos adicionales en materia de políticas. Resulta evidente que son necesarias más medidas para reducir la elevada ratio de deuda pública. La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluida la aplicación del procedimiento de déficit excesivo, ofrece un mecanismo de vigilancia adecuado y sólido para abordar los riesgos relacionados con la sostenibilidad fiscal y para complementar la supervisión en el marco del procedimiento de desequilibrio macroeconómico. |
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(11) |
Según los datos validados por Eurostat, el déficit de las administraciones públicas de Italia disminuyó del 8,6 % del PIB en 2022 al 7,4 % en 2023, mientras que la deuda de las administraciones públicas se redujo del 140,5 % del PIB a finales de 2022 al 137,3 % a finales de 2023. Según lo anunciado en la Comunicación de la Comisión de 8 de marzo de 2023 titulada «Orientaciones de la política presupuestaria para 2024», la Comisión está dando el primer paso para la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit sobre la base de los datos de ejecución presupuestaria de 2023, con arreglo a las disposiciones legales vigentes. El 19 de junio de 2024, la Comisión emitió un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del Tratado. En dicho informe se evalúa la situación presupuestaria de Italia, dado que en 2023 el déficit de sus administraciones públicas sobrepasó el valor de referencia para el déficit, del 3 % del PIB, establecido en el Tratado. El informe concluyó que, a la luz de dicha evaluación, y tras examinar el dictamen emitido por el Comité Económico y Financiero en virtud del artículo 126, apartado 4, del Tratado, la Comisión tiene la intención de proponer en julio de 2024 la apertura de un procedimiento de déficit excesivo para Italia, proponiendo al Consejo la adopción de una decisión con arreglo al artículo 126, apartado 6, del Tratado por la que se establezca la existencia de una situación de déficit excesivo en Italia. |
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(12) |
El 12 de julio de 2022, el Consejo recomendó (12) a Italia que en 2023 garantizara una política fiscal prudente, en particular limitando el incremento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional por debajo del crecimiento de la producción potencial a medio plazo (13), teniendo en cuenta el mantenimiento de la ayuda temporal y específica en favor de los hogares y las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía y de las personas que huyen de Ucrania. Al mismo tiempo, se recomendó a Italia que estuviera preparada para ajustar el gasto corriente en función de la evolución de la situación. También se recomendó a Italia que aumentara la inversión pública en los ámbitos de las transiciones ecológica y digital y de la seguridad energética teniendo en cuenta la iniciativa REPowerEU, utilizando entre otros el Mecanismo y otros fondos de la Unión. Según las estimaciones de la Comisión, la orientación fiscal en 2023 (14) fue ligeramente expansiva (0,3 % del PIB), en un contexto de elevada inflación. En 2023, el crecimiento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos) tuvo un efecto contractivo en la orientación fiscal del 1,0 % del PIB y se ajustó a la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. El efecto contractivo del gasto corriente primario financiado a nivel nacional se debió a la reducción en 1,4 puntos porcentuales del PIB del coste de las medidas de urgencia (específicas y no específicas) destinadas a los hogares y las empresas en respuesta a las subidas de los precios de la energía. Las pensiones y los recortes de la cuña fiscal sobre el trabajo fueron algunos de los principales motores del crecimiento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (neto de las medidas discrecionales relativas a los ingresos). Los gastos financiados con subvenciones procedentes del Mecanismo y de otros fondos de la Unión ascendieron al 1,2 % del PIB en 2023. Las inversiones financiadas a nivel nacional ascendieron al 2,9 % del PIB en 2023, lo que representa un incremento de 0,3 puntos porcentuales con respecto a 2022. Italia financió inversiones adicionales mediante el Mecanismo y otros fondos de la Unión. Financió inversiones públicas para las transiciones ecológica y digital y para la seguridad energética, como el refuerzo de las redes inteligentes, la construcción del «enlace tirreno», el desarrollo de sistemas de transporte colectivo rápido, la producción de hidrógeno en antiguas zonas industriales, las conexiones rápidas a internet y la digitalización de la administración pública. Dichas inversiones públicas se financian en parte con el Mecanismo y otros fondos de la Unión. |
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(13) |
Según el Programa de Estabilidad de 2024, en el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias el PIB real crecería un 1,0 % en 2024 y un 1,2 % en 2025, mientras que la inflación con arreglo al índice armonizado de precios de consumo se situaría en el 1,2 % en 2024 y en el 1,8 % en 2025. Se prevé que el déficit de las administraciones públicas, en un escenario sin cambios en la legislación, disminuya al 4,3 % del PIB en 2024 y al 3,7 % del PIB en 2025, mientras que la ratio de deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB aumentaría en 0,5 puntos porcentuales, al 137,8 % a finales de 2024 y posteriormente al 138,9 % a finales de 2025. Con posterioridad a 2025, se prevé que el déficit de las administraciones públicas disminuya hasta el 3,0 % del PIB en 2026 y al 2,2 % en 2027. Por consiguiente, se prevé que, a partir de 2026, el déficit de las administraciones públicas no supere el valor de referencia para el déficit, del 3 % del PIB, establecido en el Tratado. A su vez, con posterioridad a 2025, se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB siga aumentando hasta el 139,8 % en 2026, y disminuya ligeramente hasta el 139,6 % en 2027. |
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(14) |
Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, el PIB real crecería un 0,9 % en 2024 y un 1,1 % en 2025, y la inflación medida con el índice de precios de consumo armonizado (IPCA) se situaría en el 1,6 % en 2024 y en el 1,9 % en 2025. |
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(15) |
Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, en 2024 se registraría un déficit público del 4,4 % del PIB, mientras que la ratio de deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB aumentaría al 138,6 % a finales de 2024. La reducción prevista del déficit en 2024 refleja principalmente la eliminación completa de las medidas de apoyo en materia energética y el coste presupuestario mucho menor de las bonificaciones fiscales para la renovación de viviendas (0,25 % del PIB frente al 31,5 % en 2023), debido a cambios en la legislación que también dieron lugar a la clasificación estadística de nuevas bonificaciones fiscales como «no pagaderas» (mientras que las bonificaciones fiscales anteriores se clasificaron como «pagaderas»). El aumento de la ratio de deuda con respecto al PIB en 2024 refleja el fuerte aumento del ajuste stock-flujo debido al efecto retardado de las bonificaciones fiscales del período 2021-2023 para la renovación de viviendas, que ya se habían contabilizado según el principio de devengo a efectos del déficit, en el flujo de caja. Según las estimaciones de la Comisión, se prevé que la orientación fiscal sea contractiva (3,1 % del PIB) en 2024. |
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(16) |
Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, se espera que en 2024 se financien mediante ayudas no reembolsables («subvenciones») procedentes del Mecanismo gastos equivalentes al 0,6 % del PIB, mientras que en 2023 dichos gastos representaban el 0,8 % del PIB. Los gastos financiados mediante las subvenciones procedentes del Mecanismo permitirán inversiones de gran calidad y reformas que mejoren la productividad sin una repercusión directa en el saldo o la deuda de las administraciones públicas de Italia. Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, en 2024 estarían respaldados por préstamos del Mecanismo gastos equivalentes al 1,3 % del PIB, mientras que en 2023 dichos gastos representaban el 0,3 % del PIB. |
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(17) |
El 14 de julio de 2023, el Consejo recomendó (15) a Italia que garantizara una política fiscal prudente, en particular limitando el aumento nominal del gasto primario neto financiado a nivel nacional (16) en 2024 a un máximo del 1,3 %. Se invitó a los Estados miembros a que, al ejecutar sus presupuestos de 2023 y preparar sus proyectos de planes presupuestarios para 2024, tuviesen en cuenta que la Comisión propondría al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023. Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, el gasto primario neto financiado a nivel nacional de Italia disminuiría un 2,8 % en 2024 (17), cifra que se situaría por debajo de la tasa de crecimiento máxima recomendada. Este gasto inferior a la tasa de crecimiento máxima recomendada del gasto primario neto financiado a nivel nacional equivale al 2,0 % del PIB en 2024. Sin embargo, el gasto neto en 2023 fue superior al previsto en el momento de formular la recomendación (en un 2,9 % del PIB). Si el gasto neto en 2023 hubiera sido el previsto en el momento de formular la recomendación, la tasa de crecimiento del gasto neto resultante en 2024 habría estado por encima de la tasa de crecimiento recomendada en un 0,9 % del PIB. Por lo tanto, según la Comisión, habida cuenta del efecto de base resultante de un gasto neto superior a lo previsto en 2023, se considera que el gasto primario neto financiado a nivel nacional corre el riesgo de no ajustarse plenamente a la recomendación. |
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(18) |
Además, el Consejo recomendó que Italia tomara medidas con el fin de eliminar gradualmente las medidas de apoyo de emergencia en materia energética en vigor aprovechando los ahorros correspondientes para reducir el déficit público, tan pronto como fuera posible en 2023 y 2024. El Consejo recomendó además que, en caso de que fueran necesarias nuevas medidas de apoyo o el mantenimiento de las ya vigentes debido a nuevos aumentos de los precios de la energía, Italia garantizara que dichas medidas de apoyo se dirigieran a proteger a los hogares y las empresas vulnerables, fueran viables desde el punto de vista fiscal y siguieran incentivando el ahorro energético. Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, el coste presupuestario neto (18) de las medidas de apoyo en materia energética se situaría en el 1,0 % del PIB en 2023 y en el 0,0 % en 2024. Si los ahorros correspondientes se aprovecharan para reducir el déficit público, según lo recomendado por el Consejo, estas previsiones implicarían un ajuste fiscal del 1,0 % del PIB en 2024, frente a un efecto contractivo del gasto primario neto financiado a nivel nacional (19) en la orientación fiscal del 2,7 % del PIB ese mismo año. Sin embargo, esto último está impulsado por el efecto contractivo de otros gastos de capital, del 3,2 % del PIB, relacionado principalmente con la drástica reducción de las ayudas relativas a las bonificaciones fiscales para la renovación de viviendas en 2024, a la cual se hace referencia en el considerando 15. Al mismo tiempo, se prevé que la contribución del gasto corriente primario neto financiado a nivel nacional en la orientación de la política fiscal, que se ve afectada por la eliminación de las actuales medidas de apoyo en materia energética, sea expansiva en un 0,4 % del PIB, lo que apunta a la plena utilización del ahorro del 0,8 % del PIB derivado de esas medidas actuales de apoyo en materia energética para políticas expansivas que aumenten el gasto corriente neto en 2024, incluidos los recortes de la cuña fiscal sobre el trabajo. Las medidas de apoyo de emergencia en materia energética se han ido eliminando paulatinamente en 2023 y 2024. Esto se ajusta a lo recomendado por el Consejo. No obstante, no se prevé que los ahorros correspondientes se aprovechen plenamente para reducir el déficit público. Esto podría no ajustarse a lo recomendado por el Consejo. |
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(19) |
Además, el Consejo también recomendó a Italia mantener la inversión pública financiada a nivel nacional y garantizar la absorción efectiva de las subvenciones procedentes del Mecanismo y de otros fondos de la Unión, en particular para fomentar las transiciones ecológica y digital. Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, la inversión pública financiada a nivel nacional disminuirá del 2,9 % del PIB en 2023 al 2,8 % del PIB en 2024 (20). Esto se ajusta a la recomendación del Consejo. A su vez, se espera que el gasto público financiado por los ingresos procedentes de los fondos de la Unión, incluidas las subvenciones del Mecanismo, disminuya hasta el 0,8 % del PIB en 2024 (frente al 1,2 % del PIB en 2023), principalmente en relación con la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE). |
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(20) |
Sobre la base de las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones y con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión contemplan para 2025 un déficit público del 4,7 % del PIB. El aumento del déficit en 2025 refleja principalmente la prolongación prevista de los recortes de la cuña fiscal sobre el trabajo (partiendo de la hipótesis de mantenimiento de la política económica) y un nuevo aumento de los gastos por intereses. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB siga aumentando hasta situarse en el 141,7 % al final de 2025. El aumento previsto de la ratio de deuda con respecto al PIB en 2025 refleja sobre todo un diferencial menos favorable entre los tipos de interés y el crecimiento y un ajuste stock-flujo que aumenta la deuda, relacionado con la incidencia retardada en la tesorería de la renovación de viviendas apoyada por el Gobierno. |
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(21) |
Los ingresos tributarios de Italia en relación con el PIB son relativamente elevados respecto de los Estados miembros comparables, y la principal contribución procede de la fiscalidad del trabajo. Tras la aprobación parlamentaria de una ley de habilitación que prevé un mandato amplio para reformar el sistema tributario, el Gobierno adoptó varios decretos de aplicación. Sin embargo, las medidas adoptadas hasta la fecha no abordan los principales retos del sistema impositivo, y los recortes de la cuña fiscal sobre el trabajo, que se legislaron solo hasta 2024 y se financiaron mediante disposiciones temporales, tienen un alcance bastante limitado. Además, la extensión de los regímenes de imposición a tanto alzado, también para los trabajadores por cuenta propia, agravan la equidad horizontal y la eficiencia del sistema tributario al reducir la redistribución, favorecer a categorías específicas de contribuyentes y desincentivar el crecimiento empresarial. Además, aunque se están aplicando varias medidas importantes relativas a la administración y simplificación tributaria en el marco del plan de recuperación y resiliencia, como las declaraciones del IVA precumplimentadas, otras medidas recientes corren el riesgo de tener efectos adversos en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre ellas figuran el plazo de cinco años para la recaudación de los impuestos, la reducción de las sanciones relacionadas con la evasión de impuestos y cotizaciones a la seguridad social y la prórroga de medidas similares a las amnistías fiscales. El efecto en el cumplimiento de las obligaciones fiscales del sistema de acuerdo previo entre el contribuyente y la Administración sobre las obligaciones tributarias de las pequeñas empresas también requiere un estrecho seguimiento. En general, una reforma del sistema tributario más estructural y favorable al crecimiento requeriría un desplazamiento neutro desde el punto de vista presupuestario de la carga fiscal desde los factores productivos hasta otras fuentes menos perjudiciales para el crecimiento. A este respecto, aún no se conocen detalles sobre la simplificación prevista del impuesto sobre el valor añadido, mientras que la actualización de los valores catastrales, que en gran medida están desfasados y difieren de los valores de mercado, no se incluyó en la ley de habilitación para la reforma fiscal. Además, se observan importantes pérdidas de ingresos en relación con las concesiones públicas, incluidas las playas. Asimismo, a pesar de los ingresos relativamente elevados procedentes de los impuestos medioambientales, el sistema tributario italiano podría apoyar mejor la transición ecológica, en particular ajustando la fiscalidad al nivel de las emisiones de CO2 de las fuentes de energía y los vehículos, incluidos los vehículos de empresa. |
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(22) |
De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y el anexo V, criterio 2.2, de dicho Reglamento, el plan de recuperación y resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse para 2026. Se espera que dichas reformas e inversiones ayuden a abordar de forma efectiva la totalidad o una parte significativa de los retos señalados en las recomendaciones específicas por país pertinentes. Dado el calendario ajustado, es esencial avanzar rápidamente en la ejecución efectiva del plan de recuperación y resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, para impulsar la competitividad a largo plazo de Italia mediante las transiciones ecológica y digital, garantizando al mismo tiempo la equidad social. A fin de cumplir los compromisos del plan de recuperación y resiliencia a más tardar en agosto de 2026, es esencial que Italia continúe aplicando las reformas y acelere las inversiones abordando los retos pertinentes, al tiempo que garantiza una sólida capacidad administrativa. En particular, las inversiones están muy concentradas hacia el final de la ejecución del plan de recuperación y resiliencia y merecen especial atención. La participación sistemática de las administraciones locales y regionales, los interlocutores sociales, la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo esencial para garantizar una amplia implicación en la ejecución satisfactoria del plan de recuperación y resiliencia. |
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Como parte de la revisión intermedia de los programas de la política de cohesión, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo (21), Italia debe revisar cada programa financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Fondo de Cohesión y el Fondo de Transición Justa (FTJ) a más tardar en marzo de 2025, teniendo en cuenta, en particular, los retos señalados en las recomendaciones específicas por país de 2024, así como su plan nacional de energía y clima. Dicha revisión constituye la base para la asignación definitiva de la financiación de la Unión incluida en cada programa. Aunque Italia ha avanzado en la aplicación de los programas de la política de cohesión y del pilar europeo de derechos sociales, sigue habiendo retos y persisten grandes disparidades entre el centro-norte y el sur. Es crucial acelerar la ejecución de los programas de la política de cohesión, así como reforzar la capacidad administrativa, a nivel nacional y, en particular, a nivel subnacional. Las prioridades establecidas en los programas siguen siendo pertinentes. Más allá de las medidas relativas a la capacidad administrativa, es especialmente importante que se realicen rápidamente las inversiones en investigación, innovación y competitividad, en particular en las regiones menos desarrolladas, junto con los planes de desarrollo de infraestructuras y las estrategias regionales de especialización inteligente. Italia debe seguir mejorando la calidad de los servicios públicos esenciales en el sur, en particular los servicios relacionados con el agua y los residuos, también mediante la promoción de operadores únicos a nivel regional. Sigue siendo importante promover el reciclaje y el perfeccionamiento profesional, también para la transición ecológica, aumentando el número de titulados en educación terciaria y el porcentaje de adultos matriculados en cursos de formación. Sigue siendo prioritario reducir el número de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación mediante la mejora del sistema educativo y una mejor orientación de las políticas activas del mercado de trabajo, especialmente en el sur. Además, es necesario seguir apoyando el empleo de las mujeres aumentando la oferta de servicios de guardería asequibles y de calidad. Italia también podría utilizar la iniciativa de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa, creada en virtud del Reglamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo y del Consejo (22), con el fin de apoyar la transformación de los ecosistemas industriales, en particular en el sur. Una intervención eficaz podría implicar políticas industriales integradas que apoyen el desarrollo y la aplicación de tecnologías estratégicas, especialmente en los ámbitos de la innovación digital, las energías limpias y eficientes en cuanto al uso de los recursos, en particular en los sectores que ya tienen una fuerte presencia en el sur, como las industrias automovilística y aeronáutica. El plan estratégico para la nueva zona económica especial única para el sur podría convertirse en un marco coherente para impulsar la innovación y la productividad empresarial centrándose en proyectos críticos y reforzando la integración en todas las cadenas de valor. |
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Además de los retos económicos y sociales de los que se ocupan el plan de recuperación y resiliencia y otros fondos de la UE, Italia se enfrenta a varios retos adicionales relacionados con la fiscalidad, la demografía, incluidas sus implicaciones para la sostenibilidad fiscal, la estrategia industrial y la política de competencia. |
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Italia es uno de los Estados miembros con la población más envejecida, la tasa de natalidad más baja y una edad superior a la media de las mujeres que dan a luz a su primer hijo. El saldo migratorio sigue siendo positivo, pero ya no compensa la baja tasa de natalidad. Como consecuencia de ello, la población en edad de trabajar sigue disminuyendo, lo que limita el crecimiento potencial. La evolución demográfica desfavorable aumentará el gasto en pensiones como porcentaje del PIB hasta 2040, agravado aún más por los regímenes de jubilación anticipada introducidos en los últimos años. A más largo plazo, se espera que el gasto en pensiones disminuya progresivamente, también gracias a la reforma de las pensiones de 2011, siempre que se aplique en su totalidad, entre otras cosas limitando los regímenes de jubilación anticipada. Un mercado de trabajo más fuerte e inclusivo, especialmente para las mujeres y los jóvenes, junto con una mayor calidad del empleo, también en términos de un menor nivel de pobreza de los ocupados y un mejor acceso a la protección social para los trabajadores no convencionales, pueden ayudar a mitigar el reto demográfico. A tal efecto, las políticas relacionadas con la familia, incluidas las medidas para promover la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, la igualdad de oportunidades y unos servicios asistenciales accesibles y de alta calidad, también podrían desempeñar un papel importante. Además, la migración también podría servir para contrarrestar el declive demográfico, especialmente a corto y medio plazo. Aunque las medidas adoptadas en 2024 aumentan el número de nacionales de terceros países admitidos en Italia y simplifican el reconocimiento de los títulos educativos extranjeros, una estrategia global para atraer y retener a trabajadores y estudiantes altamente cualificados sigue siendo clave para luchar contra la fuga de cerebros y contrarrestar las tendencias demográficas. En este contexto, todas estas medidas también contribuirían a apoyar la convergencia social al alza, en consonancia con la segunda fase del análisis de los servicios de la Comisión que se basa en las características del marco de convergencia social, que se puso a prueba en 2024. De conformidad con el artículo 3, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2024/1263, el Semestre Europeo incluirá la supervisión de la aplicación de las orientaciones en materia de empleo por parte de la Comisión, entre otras cosas a través de un marco para detectar los riesgos para la convergencia social. |
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La economía del sur de Italia contribuyó a la recuperación posterior a la COVID-19. No obstante, las regiones meridionales se siguen caracterizando por actividades económicas de menor valor añadido que en las regiones del centro-norte. Además, se espera que las exportaciones de las regiones meridionales se vean afectadas en particular por los esfuerzos de descarbonización. Varias medidas estratégicas apoyan las actividades económicas en el sur, sobre todo, los incentivos fiscales. En 2023, Italia creó una zona económica especial única para el sur y transfirió la responsabilidad de las zonas anteriores a un único órgano dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros, con fecha de efectos a partir del 1 de marzo de 2024. Se prevé que el plan estratégico para esta zona se apruebe a más tardar el 31 de julio de 2024. El Mecanismo y otros fondos de la Unión contribuyen a las inversiones y las reformas en las regiones meridionales. Se necesita una estrategia industrial y de desarrollo para el sur que permita orientar mejor las medidas de actuación existentes y mejorar el valor añadido de las inversiones nacionales y de la UE. A este respecto, el sur tiene un potencial considerable en una serie de sectores, como la logística en el Mediterráneo y las cadenas de valor de las energías renovables. Además, el refuerzo de los vínculos entre la ciencia y la empresa para convertir los conocimientos científicos en soluciones prácticas es clave para la revitalización industrial y para posicionar al sur en las cadenas de valor mundiales. Para ello, será fundamental seguir institucionalizando el papel de las oficinas de transferencia de tecnología, especialmente en el sur, por ejemplo reforzando la capacidad administrativa. La determinación y selección de esos sectores estratégicos en una estrategia de desarrollo es un factor importante para aumentar la competitividad de las regiones meridionales y tendría efectos positivos a nivel nacional. Orientar las medidas de actuación existentes y centrar la inversión prevista en esos sectores puede aumentar aún más su incidencia económica. |
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La mejora del entorno empresarial facilitaría el emprendimiento, y la mejora de las condiciones marco para la competencia favorecería una asignación más eficiente de los recursos y traería consigo un aumento de la competitividad y la productividad. Una mayor competencia y una mejor regulación sectorial también beneficiarían a los consumidores y mejorarían las finanzas públicas, contribuyendo a abordar las vulnerabilidades de Italia como consecuencia de la elevada deuda pública y del débil crecimiento de la productividad, como se menciona en el considerando 10. Se ha comenzado a llevar a efecto las leyes anuales en materia de competencia de 2021 y 2022, y será necesario proseguir con dicha labor. De conformidad con la legislación italiana, el plan de recuperación y resiliencia de Italia prevé la adopción anual de una ley de competencia. Sin embargo, no especifica todos los sectores que pueden estar cubiertos por las leyes anuales de competencia. Está especialmente justificada una iniciativa legislativa para el comercio minorista, basada en una adecuada evaluación del impacto normativo, en particular por lo que se refiere a la regulación de la apertura de tiendas y la organización de promociones de ventas, para las profesiones reguladas, en particular para facilitar las condiciones de acceso a las mismas, así como para los ferrocarriles, donde la adjudicación de contratos para el transporte regional y los servicios interurbanos debe ser competitiva. Además, según la autoridad italiana de competencia, persisten importantes obstáculos a la competencia en otros sectores, como los servicios postales, los productos farmacéuticos, las cámaras de comercio y los servicios de alquiler de vehículos con conductor. |
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Habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y su contribución colectiva al funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo recomendó en 2024 a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas, también a través de sus planes de recuperación y resiliencia, para aplicar la Recomendación sobre la zona del euro de 2024. En el caso de Italia, las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 contribuyen a la aplicación de las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 para la zona del euro establecidas en la Recomendación sobre la zona del euro de 2024. |
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A la luz del examen exhaustivo de la Comisión y de sus conclusiones sobre la existencia de desequilibrios, las recomendaciones formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 1, 2, 3 y 4. Las políticas a que se refiere la recomendación 1 contribuyen, entre otras cosas, a abordar las vulnerabilidades asociadas a la elevada deuda pública. Las políticas a que se refieren las recomendaciones 2, 3 y 4 ayudan a abordar las vulnerabilidades relacionadas con el débil crecimiento de la productividad, lo cual, por extensión, impulsa el crecimiento potencial del PIB, y en consecuencia, también contribuyen a dar respuesta a la recomendación 1. Las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 contribuyen tanto a corregir los desequilibrios como a aplicar la Recomendación para la zona del euro, en consonancia con el considerando 28. |
RECOMIENDA a Italia que tome medidas en 2024 y 2025 con el fin de:
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1. |
Presentar el plan fiscal-estructural a medio plazo de manera oportuna. En consonancia con los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento reformado, limitar el incremento del gasto neto en 2025 a una tasa compatible con, entre otras cosas, situar la deuda de las administraciones públicas en una tendencia decreciente verosímil a medio plazo y con reducir el déficit de las administraciones públicas para acercarse al valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. Lograr que el sistema tributario apoye más el crecimiento, con especial atención al recorte de la cuña fiscal sobre el trabajo y en consonancia con los objetivos de sostenibilidad fiscal, en particular reduciendo los gastos tributarios y actualizando los valores catastrales, garantizando al mismo tiempo la equidad y la progresividad y apoyando la transición ecológica. |
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2. |
Reforzar la capacidad administrativa para gestionar los fondos de la Unión, acelerar las inversiones y mantener el impulso en la aplicación de las reformas. Hacer frente a los retos pertinentes, para posibilitar la ejecución continuada, rápida y efectiva del plan de recuperación y resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, asegurando la culminación de las reformas y las inversiones a más tardar en agosto de 2026. Acelerar la ejecución de los programas de la política de cohesión. En la revisión intermedia de dichos programas, seguir centrándose en las prioridades acordadas, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora de la competitividad que ofrece la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa. |
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3. |
Con el fin de mitigar los efectos en el crecimiento potencial, hacer frente a las tendencias demográficas negativas, en particular atrayendo y reteniendo a trabajadores con capacidades adecuadas y abordando los retos del mercado de trabajo, en particular en lo que respecta a las mujeres, los jóvenes y la pobreza de los ocupados, sobre todo respecto de los trabajadores con contratos no convencionales. |
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4. |
Definir una estrategia industrial y de desarrollo para reducir la brecha territorial racionalizando las medidas estratégicas actuales y teniendo en cuenta los proyectos de infraestructura clave y las cadenas de valor estratégicas. Abordar las restricciones a la competencia subsistentes, en particular en el sector minorista, las profesiones reguladas y los ferrocarriles. |
Hecho en Luxemburgo, el 21 de octubre de 2024.
Por el Consejo
El Presidente
NAGY I.
(1) DO L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj.
(2) DO L 306 de 23.11.2011, p. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1176/oj.
(3) Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).
(4) Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de febrero de 2023, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/241 en lo relativo a los capítulos de REPowerEU en los planes de recuperación y resiliencia y se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1303/2013, (UE) 2021/1060 y (UE) 2021/1755, y la Directiva 2003/87/CE (DO L 63 de 28.2.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/435/oj).
(5) Recomendación (UE) del Consejo, de 12 de abril de 2024, sobre la política económica de la zona del euro (DO C, C/2024/2807, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2807/oj).
(6) Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/oj).
(7) Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros (DO L 306 de 23.11.2011, p. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/85/oj).
(8) Gasto neto tal como se define en el artículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) 2024/1263: por «gasto neto» se entiende el gasto público, neto de i) los gastos en concepto de intereses; ii) las medidas discrecionales relativas a los ingresos; iii) los gastos en programas de la Unión compensados íntegramente con los ingresos procedentes de los fondos de la Unión; iv) el gasto nacional en cofinanciación de programas financiados por la Unión; v) los elementos cíclicos del gasto en prestaciones de desempleo y vi) las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal.
(9) ST 10160/21 INIT; ST 10160/21 ADD 1; ST 10160/21 ADD 1 REV 1; ST 10160/21 ADD 1 REV 2.
(10) Decisión de Ejecución del Consejo, de 8 de diciembre de 2023, por la que se modifica la Decisión de Ejecución de 13 de julio de 2021 relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de Italia (ST 16051/23 INIT y ST 16051/23 ADD 1).
(11) Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (DO L 209 de 2.8.1997, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1466/oj).
(12) Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2022, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2022 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2022 de Italia (DO C 334 de 1.9.2022, p. 96).
(13) Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, el crecimiento de la producción potencial a medio plazo de Italia en 2023 se estima en el 5,9 % en términos nominales, sobre la base de la tasa media de crecimiento potencial real a diez años y del deflactor del PIB de 2023.
(14) La orientación fiscal se define como una medida de la variación anual de la situación presupuestaria subyacente de las administraciones públicas. Su objetivo es evaluar el impulso económico derivado de las políticas fiscales, tanto las financiadas a nivel nacional como las financiadas por el presupuesto de la Unión. La orientación fiscal se mide como la diferencia entre: i) el crecimiento potencial a medio plazo, y ii) la variación del gasto primario, excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos (y las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19), e incluidos los gastos financiados mediante ayudas no reembolsables (subvenciones) procedentes del Mecanismo y otros fondos de la Unión.
(15) Recomendación del Consejo, de 14 de julio de 2023, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2023 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2023 de Italia (DO C 312 de 1.9.2023, p. 105).
(16) El gasto primario neto se define como el gasto financiado a nivel nacional, neto de: i) las medidas discrecionales relativas a los ingresos, ii) los gastos por intereses, iii) el gasto en desempleo cíclico, y iv) las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal.
(17) Esto tiene en cuenta el 0,04 % del PIB que suponen las medidas puntuales adoptadas en 2024 en relación con diversas retenciones en origen e ingresos relacionados con contribuyentes que regularizan voluntariamente su situación fiscal pasada (la denominada «tregua fiscale») con sanciones y multas reducidas compensadas por intervenciones relacionadas con las inundaciones que afectaron a Italia en mayo de 2023 [así como el 0,3 % del PIB en 2023, en relación con diversas retenciones en origen e ingresos relacionados con contribuyentes que regularizaron voluntariamente su situación fiscal pasada (la denominada «tregua fiscale») con sanciones y multas reducidas que solo se compensaron parcialmente con intervenciones relacionadas con las inundaciones que afectaron a Italia en mayo de 2023]. El 14 de julio de 2023, el Consejo también hizo referencia a las inundaciones devastadoras que sufrió Italia en mayo de 2023 y acordó que el coste del apoyo de emergencia directo en relación con dichas inundaciones se tendría en cuenta en las evaluaciones posteriores del cumplimiento y en principio se consideraría como un conjunto de medidas puntuales y temporales.
(18) Esta cifra representa el coste presupuestario anual de las medidas, incluidos los ingresos y gastos y, en su caso, excluidos los ingresos procedentes de los impuestos sobre los beneficios inesperados de los proveedores de energía.
(19) Esta contribución se mide como la variación del gasto primario de las administraciones públicas, neto de: i) los efectos presupuestarios adicionales de las medidas discrecionales relativas a los ingresos, ii) las medidas puntuales, iii) el gasto en desempleo cíclico, y iv) el gasto financiado mediante ayudas no reembolsables (subvenciones) procedentes del Mecanismo y otros fondos de la Unión, en relación con la tasa media de crecimiento potencial del PIB nominal a medio plazo (diez años), expresada en porcentaje del PIB nominal.
(20) Al redondear al primer decimal, la diferencia de inversión pública financiada a nivel nacional entre 2024 y 2023 es de 0,0.
(21) Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (DO L 231 de 30.6.2021, p. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).
(22) Reglamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de febrero de 2024, por el que se crea la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP) y se modifican la Directiva 2003/87/CE y los Reglamentos (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 y (UE) 2021/241 (DO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6819/oj
ISSN 1977-0928 (electronic edition)