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Diario Oficial |
ES Serie C |
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C/2025/3474 |
16.7.2025 |
Resolución del Comité Europeo de las Regiones sobre la revisión intermedia de la política de cohesión 2021-2027
(C/2025/3474)
Vistos:
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el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular sus artículos 164, 174, 175, 177, 178 y 307; |
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la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Una política de cohesión modernizada: revisión intermedia» — COM(2025) 163 final; |
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la Propuesta de la Comisión Europea de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2021/1058 y (UE) 2021/1056 en lo que respecta a medidas específicas para hacer frente a retos estratégicos en el contexto de la revisión intermedia — COM(2025) 123 final; |
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la Propuesta de la Comisión Europea de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/1057 por el que se establece el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en lo que respecta a medidas específicas para hacer frente a retos estratégicos — COM(2025) 164 final; |
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la posición actual del Comité Europeo de las Regiones expresada, en particular, en el Dictamen sobre el «Examen y propuesta de revisión del MFP 2021-2027», la Resolución sobre el «Apoyo regional urgente para la reconstrucción (RESTORE) y las medidas con cargo al Feader para proporcionar ayuda a los Estados miembros afectados por catástrofes naturales» y el Dictamen sobre «Una política de cohesión después de 2027 renovada que no deje a nadie atrás». |
Considerando lo siguiente:
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el marco legislativo de la política de cohesión establece que la revisión intermedia debe llevarse a cabo sobre la base de las evaluaciones y propuestas para la asignación del importe de flexibilidad que debían presentarse a más tardar el 31 de marzo de 2025, y las autoridades de gestión ya han presentado dichas evaluaciones y propuestas sobre esta base; |
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la principal misión de la política de cohesión de la UE es reforzar su cohesión económica, social y territorial, de conformidad con el artículo 174 del TFUE. Cualquier medida de reasignación de los recursos de la política de cohesión debe tener presente este objetivo y no mermar la capacidad de la política para alcanzar sus objetivos a largo plazo; |
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los principios de gestión compartida, gobernanza multinivel, asociación y enfoque de base local son las piedras angulares de la política de cohesión. Por lo tanto, debe rechazarse firmemente cualquier medida directa o indirecta que centralice esa política; |
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los colegisladores han solicitado al CDR que presente su posición en plazos muy breves que no le permiten elaborar un dictamen, sino únicamente responder con esta Resolución urgente. |
EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR):
1.
coincide con la Comisión Europea en que es necesario un apoyo a las prioridades de la UE actuales o emergentes, como son la competitividad y la descarbonización, la defensa, la vivienda asequible, la transición energética, la resiliencia hídrica y los retos específicos que afrontan las regiones fronterizas orientales; celebra la ambición de aumentar la inversión en estas prioridades urgentes y aprecia el carácter voluntario de la propuesta;
2.
señala que la cohesión es un objetivo fundamental establecido en los Tratados y que los programas de la política de cohesión para el período 2021-2027 ya apoyan inversiones incluidas en muchos de estos ámbitos, así como otras prioridades de la Unión, que se están preparando inversiones adicionales en el marco de la política de cohesión y que ya ha vencido el plazo para la presentación de las evaluaciones y propuestas para la asignación definitiva del importe de flexibilidad en el marco de la revisión intermedia de estos programas;
3.
acoge con satisfacción la nueva posibilidad de apoyar con el FEDER los proyectos de descarbonización de las grandes empresas y la flexibilización de las condiciones para conceder apoyo del Fondo de Transición Justa (FTJ) a proyectos ejecutados por grandes empresas, dado su efecto indirecto en la innovación regional y la creación de empleo, pero también el impacto que esos proyectos pueden tener en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los territorios. Acoge con satisfacción, igualmente, la ampliación de las posibilidades de intervención del FSE+ a la adaptación de los trabajadores y las empresas a nuevos procesos industriales vinculados a la descarbonización de las capacidades de producción, así como al desarrollo de capacidades en el ámbito de la seguridad y la defensa;
4.
pide, por tanto, a la Comisión Europea que proceda sin demora a la revisión intermedia de los programas para los que ya se han presentado evaluaciones y propuestas, con el fin de evitar retrasos en su aplicación. Esto debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que las autoridades de gestión presenten modificaciones adicionales a los programas sobre la base de una revisión de la legislación, si así lo deciden;
5.
observa que las propuestas de la Comisión Europea no aportan financiación nueva o adicional para las prioridades indicadas, sino que promueven la reasignación de los importes ya asignados a las regiones en el marco del Fondo de Cohesión, el FEDER, el FTJ y el FSE+, ya sea en el marco de los programas de la política de cohesión sobre la base de un conjunto de normas diferentes o preferenciales, o a instrumentos gestionados de forma centralizada;
6.
pide, por tanto, a la Comisión Europea que proponga con carácter de urgencia verdaderos recursos adicionales para estas prioridades de la Unión, nuevas y actuales, mediante una revisión de los planes nacionales de recuperación y resiliencia o complementos a la financiación en el marco de los programas de gestión compartida, como fue el caso de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE). Es necesario revisar los planes nacionales de recuperación y resiliencia, en particular sus hitos, sobre todo en los países en los que son demasiado ambiciosos. El Tribunal de Cuentas Europeo, entre otros, señala en su informe la inconsistencia de los hitos en algunos Estados miembros;
7.
reitera su posición de que el futuro marco financiero plurianual debe configurarse para garantizar la flexibilidad y agilidad de respuesta en todos los pilares y modelos de gestión en caso de nuevas prioridades y emergencias, por ejemplo integrando desde el principio en el MFP un fondo de emergencia más amplio y una reserva flexible para crisis de carácter general;
8.
advierte de que los cambios propuestos por la Comisión Europea, entre ellos la reasignación ilimitada de fondos y un tratamiento más favorable para los proyectos relativos a nuevas prioridades en comparación con los porcentajes de cofinanciación existentes, podrían dar lugar a una situación en la que exista un fuerte desequilibrio en la disponibilidad de recursos entre las prioridades nuevas y las actuales. Esto puede privar a las autoridades de gestión y a los beneficiarios de los fondos necesarios para cumplir sus compromisos y expectativas;
9.
observa que la propuesta puede afectar a la inversión global en la Unión debido a la posibilidad de aplicar un porcentaje de cofinanciación de la Unión del 100 % en lugar de porcentajes que oscilan entre el 40 % y el 85 %; reconoce, no obstante, que una tasa más elevada de cofinanciación de la UE tiene mayor importancia para regiones sometidas a presiones presupuestarias, ya que elevaría el nivel de financiación procedente de la UE;
10.
aunque entiende el deseo de incentivar la inversión, subraya que el aumento de la cofinanciación al 100 % para todas las regiones ayudará en mayor medida a las regiones más desarrolladas y retirará financiación de las menos desarrolladas;
11.
pide a los Estados miembros que garanticen la continuidad de la cofinanciación nacional y que mantengan el nivel de inversión total en las regiones y municipios según lo previsto inicialmente. Cualquier modificación de los programas que afecte a sus asignaciones solo debe realizarse con el consentimiento de los socios territoriales, en consonancia con los principios de asociación y gobernanza multinivel;
12.
observa que la propuesta introduce una flexibilización importante en las normas solo para los ejes prioritarios y los programas específicos que acuerden transferir al menos el 15 % de sus asignaciones a las prioridades indicadas, lo que podría dar lugar a una mayor complejidad con ejes prioritarios de un mismo programa ejecutados según normas diferentes y a una ralentización de la ejecución; destaca también el riesgo de que esto lleve a modificaciones motivadas no solo por la capacidad de los entes locales y regionales de contribuir a las prioridades de la UE, sino también por las normas más sencillas; visto que el período de programación se encuentra en una fase avanzada y que está comprometida una elevada cuantía de recursos, pide a la Comisión Europea que considere reducir el porcentaje del 15 % permitido para la transferencia de asignaciones de los programas y propone que los límites de este tipo tengan también en cuenta los ajustes propuestos en las revisiones intermedias ya presentadas, siempre que estén en consonancia con las nuevas prioridades de la UE;
13.
pide, por tanto, al Consejo y al Parlamento Europeo, en su calidad de colegisladores, que introduzcan salvaguardias claras para mitigar estos riesgos, eliminando falsos incentivos y aprovechando la oportunidad que ofrece esta propuesta legislativa para introducir una auténtica simplificación y flexibilidad para todas las regiones de la Unión, así como para garantizar que la simplificación de las normas no fomente el desvío de fondos de los objetivos de desarrollo sostenible a largo plazo ni socave la integridad medioambiental y social de los proyectos;
14.
está de acuerdo en que las inversiones en grandes empresas son importantes para reforzar la competitividad, la defensa y la descarbonización, ya que dirigen la investigación, la innovación, el conocimiento y la transferencia de tecnología hacia otras empresas de su cadena de valor, entre ellas industrias de gran consumo de energía que se enfrentan a importantes retos relacionados con la transición;
15.
en consonancia con su Resolución sobre las prioridades del Comité de las Regiones para 2025-2030, subraya el importante papel de las pequeñas y medianas empresas, las empresas familiares y los autónomos como pilares de las comunidades locales y del empleo sostenible; hace hincapié igualmente en su papel dentro de las cadenas de suministro y de valor de las empresas más grandes del ecosistema; manifiesta su preocupación, a partir de la experiencia reciente en algunas regiones y ciudades, acerca de ciertas inversiones que pueden efectuarse en el ámbito de la tecnología u otras áreas y que pueden tener repercusiones negativas para la autonomía estratégica de la UE;
16.
lamenta que no se haya llevado a cabo ninguna evaluación de impacto ni del posible impacto territorial;
17.
insiste en que, ahora y en el futuro, la política de cohesión debe seguir aplicándose sobre la base de una subsidiariedad activa, respetando los principios de descentralización, gobernanza multinivel y asociación.
Bruselas, 15 de mayo de 2025.
La Presidenta
del Comité Europeo de las Regiones
Kata TÜTTŐ
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3474/oj
ISSN 1977-0928 (electronic edition)