–

en nombre de P. C., en calidad de administrador concursal de R. S. y M. S., por el Sr. M. Kiejna, radca prawny;

–

en nombre de M. K., en calidad de administrador concursal de G. S.A., por las Sras. P. Cieślak y M. Pyzik-Waląg y los Sres. J. Szewczak y Ł. Żak, adwokaci, y el Sr. M. Pugowski, aplikant radcowski;

–

en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna y las Sras. M. Kozak, K. Rudzińska y S. Żyrek, en calidad de agentes;

–

en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. M. Brauhoff y O. Glinicka y por los Sres. P. Kienapfel y P. Ondrůšek, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un procedimiento concursal relativo a R. S., un consumidor en concurso personal, en relación con la determinación de un plan de pago a los acreedores de este, entre ellos un banco, G. S.A. (en lo sucesivo, «banco G.»).

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3

A tenor del vigesimocuarto considerando de la Directiva 93/13:

4

El artículo 6, apartado 1, de esa Directiva dispone:

5

El artículo 7, apartado 1, de la mencionada Directiva está redactado como sigue:

Derecho polaco

Ley Concursal

6

El procedimiento concursal se rige por la ustawa — Prawo upadłościowe (Ley Concursal), de 28 de febrero de 2003 (Dz. U. n.o 60, posición 535), en su versión aplicable al litigio principal (Dz. U. de 2019, posición 498), en su versión modificada (en lo sucesivo, «Ley Concursal»).

7

A tenor del artículo 2, apartado 2, de la Ley Concursal, el procedimiento establecido por esta con respecto a las personas físicas que no ejercen una actividad económica se desarrollará de modo que permita la exoneración de las deudas del concursado no ejecutadas en el procedimiento concursal y, en la medida de lo posible, satisfacer al máximo los créditos de los acreedores de este.

8

El artículo 61 de esta Ley dispone que, a partir de la fecha de la declaración del concurso, el patrimonio del concursado pasa a formar la masa activa del concurso, destinada a satisfacer a sus acreedores.

9

Con arreglo al artículo 62 de dicha Ley, la masa activa del concurso comprende el patrimonio perteneciente al concursado en la fecha de declaración del concurso y el que adquiera durante el procedimiento concursal, sin perjuicio de las excepciones previstas en los artículos 63 a 67a de la misma Ley.

10

Del artículo 63, apartado 1, punto 2, de la Ley Concursal se desprende que la parte inembargable de la remuneración del concursado no está comprendida en la masa activa del concurso.

11

En virtud del artículo 151, apartado 1, de esta Ley, a partir de la declaración del concurso, los actos del procedimiento concursal serán realizados por el juez comisario, con excepción de los actos para los que sea competente el tribunal del concurso.

12

Según el artículo 152, apartado 1, de la referida Ley, corresponde al juez comisario dirigir el procedimiento concursal, controlar los actos del administrador concursal, identificar los actos del administrador concursal que requieren el consentimiento del juez comisario o del comité de acreedores y señalar los incumplimientos que cometa el administrador concursal. Además, de conformidad con el apartado 2 de dicho artículo 152, el juez comisario llevará a cabo los demás actos definidos en la misma Ley.

13

El artículo 154 de la Ley Concursal dispone que el juez comisario, en el ámbito de su actuación, tendrá los derechos y las obligaciones del tribunal del concurso y del presidente de ese tribunal.

14

El artículo 236 de esa Ley establece:

15

El artículo 243 de la citada Ley precisa en su apartado 1 que el administrador concursal comprobará si el crédito comunicado está respaldado por la contabilidad u otros documentos del concursado o por inscripciones en el registro de la propiedad o en otros registros e invitará al concursado a aportar, en un plazo determinado, una declaración en la que indique si reconoce el crédito.

16

El artículo 244 de la misma Ley dispone que, tras la expiración del plazo para la comunicación de créditos y la comprobación de los créditos comunicados, el administrador concursal elaborará sin demora la lista de créditos a más tardar dos meses después del final del plazo para comunicar los créditos.

17

Conforme al artículo 260, apartado 2, de la Ley Concursal, cuando no se formule oposición, el juez comisario aprobará la lista de créditos tras la expiración del plazo de oposición.

18

El artículo 261 de esta Ley prevé que el juez comisario podrá modificar de oficio la lista de créditos si constata que se han incluido en ella créditos total o parcialmente inexistentes o que no han sido incluidos créditos que deberían figurar en dicha lista, que la resolución de modificación de la lista será publicada de oficio y que dicha resolución podrá ser recurrida.

19

El artículo 49114 de la referida Ley establece:

20

El artículo 49115, apartados 1 y 4, de la misma Ley dispone:

Ley relativa al Código de Trabajo

21

El artículo 87 de la ustawa — Kodeks pracy (Ley relativa al Código de Trabajo), de 26 de junio de 1974 (Dz. U. n.o 24, posición 141), en su versión aplicable al litigio principal (Dz. U. de 2022, posición 1510), en su versión modificada, dispone, en particular, que, en caso de ejecución de otras deudas o de compensación por los importes anticipados por el empresario para cubrir gastos profesionales, podrán practicarse retenciones hasta la mitad del salario.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

22

El 30 de marzo de 2007, R. S. celebró junto con su cónyuge y otras dos personas físicas un contrato de préstamo hipotecario indexado al franco suizo (CHF) con el banco G., por un importe de 489 821,63 eslotis polacos (PLN) (aproximadamente 116 587,34 euros) y por un plazo de 360 meses.

23

Mediante resolución de 15 de octubre de 2019, se declaró el concurso personal de R. S. y, a continuación, se designó a un administrador concursal.

24

Mediante resolución de 26 de abril de 2021 el juez comisario aprobó una lista de créditos elaborada por ese administrador concursal. La mayoría de los créditos incluidos en esa lista eran créditos del banco G. en virtud del contrato de préstamo hipotecario de que se trata en el litigio principal. No se formuló ninguna objeción y R. S. reconoció la totalidad de esos créditos.

25

El 20 de julio de 2023, se declaró el concurso del banco G. y se continuó la tramitación del procedimiento concursal con el administrador concursal de este.

26

De la resolución de remisión se desprende que, en un procedimiento concursal, corresponde al tribunal del concurso determinar, sobre la base de la lista de créditos ya elaborada por el administrador concursal y aprobada por el juez comisario, un plan de pago de los créditos del concursado o declarar que los activos ya acumulados en la masa activa del concurso bastan para satisfacer todas sus deudas y que no es necesario un plan de pago. La resolución de dicho tribunal a este respecto pone fin al procedimiento concursal.

27

En el presente asunto, dicho tribunal es el Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunal de Distrito de Lodz — Centro, Polonia), que es el órgano jurisdiccional remitente. Este considera que el contrato de préstamo hipotecario de que se trata en el litigio principal contiene cláusulas abusivas que pueden dar lugar a su nulidad y señala que este aspecto no ha sido examinado anteriormente. Según dicho órgano jurisdiccional, los créditos del banco G. son inferiores a los comunicados o incluso no existen en absoluto.

28

A este respecto, dicho órgano jurisdiccional observa, en primer lugar, que, si bien R. S. ya ha reconocido todos los créditos, de los autos del procedimiento concursal no se desprende que esa parte haya sido informada del carácter potencialmente abusivo de las cláusulas del contrato de préstamo hipotecario de que se trata en el litigio principal, ni que hubiera declarado con pleno conocimiento de causa que no solicitaba la protección que le confería la Directiva 93/13. No obstante, el representante profesional de R. S., que le representa desde el 3 de noviembre de 2022, alegó ante el mismo órgano jurisdiccional que ese contrato de préstamo hipotecario contenía cláusulas abusivas. Además, R. S. no tuvo la posibilidad de interponer por sí mismo un recurso para solicitar la protección de sus derechos en virtud de dicha Directiva, ya que sus bienes eran y son administrados por el administrador concursal.

29

Pues bien, según el órgano jurisdiccional remitente, las disposiciones aplicables del Derecho nacional no permiten al tribunal del concurso, cuando establece un plan de pago a los acreedores, examinar por sí mismo el carácter abusivo de las cláusulas contractuales. Ese tribunal solo puede suspender el procedimiento y plantear la cuestión al juez comisario con vistas a una posible modificación de oficio de la lista de créditos, lo que supondría un retraso en la tramitación del asunto.

30

En segundo lugar, dicho órgano jurisdiccional señala que, en un procedimiento concursal, es difícil determinar a qué órgano corresponde examinar, en su caso, el eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales de que se trate. En efecto, el juez comisario solo examina las comunicaciones de créditos desde el punto de vista formal y las transmite al administrador concursal, que las examina en cuanto al fondo y elabora la lista de créditos. Por lo tanto, el juez comisario no tiene la posibilidad legal de modificar dicha lista antes de su aprobación, salvo en caso de oposición de una persona facultada a tal efecto.

31

En el presente asunto, dado que no se formuló oposición y que R. S. no invocó ante el juez comisario el carácter abusivo de las cláusulas del contrato de préstamo hipotecario de que se trata en el litigio principal, dicho juez comisario no estaba obligado, de conformidad con el Derecho nacional, a comprobar el fundamento del crédito del banco G. incluido en la lista de créditos. La alegación relativa al eventual carácter abusivo de las cláusulas de dicho contrato de préstamo hipotecario fue formulada por el representante de R. S. únicamente ante el órgano jurisdiccional remitente.

32

En tercer lugar, dicho órgano jurisdiccional precisa que, según las afirmaciones de R. S., tras la retención de las cantidades destinadas a incorporarse a la masa activa del concurso, le queda un importe insuficiente para cubrir sus necesidades y las de su familia. No obstante, las disposiciones aplicables al procedimiento concursal objeto del litigio principal no permiten, a su entender, ni al tribunal del concurso ni al juez comisario intervenir de ninguna manera en el importe de dicha retención.

33

En cuarto y último lugar, el referido órgano jurisdiccional recuerda que los fondos reunidos durante el procedimiento concursal sirven para satisfacer a todos los acreedores y no solo al banco G. Pues bien, habida cuenta del importe de los fondos incorporados a la masa activa del concurso y del de las demás deudas, podría resultar que esos fondos basten para satisfacer los créditos, con excepción del crédito del banco G. Con arreglo al artículo 87 de la Ley relativa al Código de Trabajo, la mitad del salario del concursado sigue incorporándose a la masa y solo al final del procedimiento concursal se le transfiere el eventual excedente.

34

En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente considera que el concursado podría verse disuadido de solicitar la protección derivada de la Directiva 93/13, ya que, si no la solicitara, el tribunal del concurso podría elaborar con mayor rapidez un plan de pago que tuviera en cuenta sus necesidades y las de su familia cercana, lo que probablemente vendría asociado al pago de cantidades inferiores a las cantidades retenidas sobre los salarios. Sin embargo, ello supondría aceptar que la lista de créditos incluye el del banco G.

35

En estas circunstancias, el Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunal de Distrito de Lodz — Centro) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

Sobre las cuestiones prejudiciales

Primera cuestión prejudicial

36

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece que, en un procedimiento concursal relativo a personas físicas, una vez aprobada la lista de créditos por un órgano jurisdiccional y abierto el procedimiento ante el tribunal del concurso, este último está vinculado por esa lista, de modo que no puede apreciar el carácter abusivo de las cláusulas que figuran en un contrato de préstamo en el que se fundamenta un crédito incluido en dicha lista ni modificarlo, sino que debe suspender el procedimiento y plantear la cuestión del carácter eventualmente abusivo de esas cláusulas a ese órgano jurisdiccional.

37

A este respecto, procede recordar, en primer lugar, que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 es una disposición imperativa y que debe considerarse una norma equivalente a las normas nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen la naturaleza de normas de orden público (sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980, apartados 54 y 55 y jurisprudencia citada).

38

Así pues, el juez nacional deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello (sentencia de 17 de mayo de 2022, Ibercaja Banco, C‑600/19, EU:C:2022:394, apartado 37 y jurisprudencia citada).

39

Asimismo, dada la naturaleza y la importancia del interés público que constituye la protección de los consumidores, y tal como se desprende del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con su vigesimocuarto considerando, esta Directiva impone a los Estados miembros la obligación de prever medios adecuados y eficaces «para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores» [sentencia de 9 de abril de 2024, Profi Credit Polska (Reapertura del procedimiento finalizado mediante una resolución firme), C‑582/21, EU:C:2024:282, apartado 73 y jurisprudencia citada].

40

En segundo lugar, dado que la cuestión planteada en el presente asunto se refiere al procedimiento concursal de una persona física que no ejerce una actividad económica, procede recordar que el Derecho de la Unión no armoniza los procedimientos aplicables al examen del carácter eventualmente abusivo de una cláusula contractual, de modo que estos se rigen por el ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros, en virtud del principio de autonomía procesal de estos últimos, a condición, no obstante, de que no sean menos favorables que los que rigen situaciones similares sometidas al Derecho interno (principio de equivalencia) y de que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere el Derecho de la Unión (principio de efectividad) [sentencias de 4 de mayo de 2023, BRD Groupe Societé Générale y Next Capital Solutions, C‑200/21, EU:C:2023:380, apartado 28, y de 9 de abril de 2024, Profi Credit Polska (Reapertura del procedimiento finalizado mediante una resolución firme), C‑582/21, EU:C:2024:282, apartado 74 y jurisprudencia citada].

41

Por lo que se refiere al principio de equivalencia, es preciso señalar que el Tribunal de Justicia no dispone de ningún dato que permita dudar de la conformidad de la normativa nacional controvertida en el litigio principal con dicho principio.

42

Por lo que respecta al principio de efectividad, la cuestión de si una normativa nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse teniendo en cuenta el conjunto del procedimiento, así como el desarrollo y las peculiaridades de este, y, en su caso, los principios en los que se basa el sistema jurisdiccional nacional, tales como la protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento. No obstante, las características específicas de los procedimientos no pueden constituir un factor que afecte a la protección jurídica de la que deben disfrutar los consumidores en virtud de las disposiciones de la Directiva 93/13 (sentencia de 17 de mayo de 2022, Impuls Leasing România, C‑725/19, EU:C:2022:396, apartado 45 y jurisprudencia citada).

43

Dicho esto, el Tribunal de Justicia también ha declarado que el respeto del principio de efectividad no puede llegar al extremo de suplir íntegramente la total pasividad del consumidor afectado (sentencias de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, apartado 47, y de 24 de junio de 2025, GR REAL, C‑351/23, EU:C:2025:474, apartado 58 y jurisprudencia citada).

44

Además, la obligación de los Estados miembros de garantizar la efectividad de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables implica, en particular, en relación con los derechos derivados de la Directiva 93/13, una exigencia de tutela judicial efectiva, reafirmada en el artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva y consagrada también en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea [sentencia de 9 de abril de 2024, Profi Credit Polska (Reapertura del procedimiento finalizado mediante una resolución firme), C‑582/21, EU:C:2024:282, apartado 76 y jurisprudencia citada].

45

En el presente asunto, de la resolución de remisión se desprende que una lista de créditos aprobada por el juez comisario es vinculante para el tribunal del concurso, de modo que este no puede realizar por sí mismo apreciaciones de hecho sobre la existencia de los créditos para elaborar el plan de pago a los acreedores. Según el órgano jurisdiccional remitente, el único medio de que dispone para instar el control del eventual carácter abusivo de las cláusulas que figuran en un contrato del que trae causa un crédito incluido en la lista de créditos elaborada por el administrador concursal y aprobada por el juez comisario es acudir a este juez para que examine tanto esas cláusulas contractuales como la necesidad de modificar de oficio esa lista.

46

De ello se desprende, asimismo, que la obligación del tribunal del concurso de acudir al juez comisario retrasa la conclusión del procedimiento concursal y prolonga la situación económica precaria del concursado debido a la alimentación continua de la masa activa del concurso con retenciones sobre el salario de este durante todo el procedimiento. De este modo, la prolongación del procedimiento puede disuadir al concursado de hacer valer su derecho a solicitar la protección derivada de la Directiva 93/13.

47

Como explicó el órgano jurisdiccional remitente en su respuesta a una solicitud de aclaraciones dirigida por el Tribunal de Justicia a dicho órgano jurisdiccional con arreglo al artículo 101 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, un concursado depende generalmente de la conclusión más rápida posible del procedimiento concursal. En efecto, al elaborar el plan de pago, que pone fin a dicho procedimiento, el tribunal del concurso puede tener en cuenta la situación personal de dicho concursado, sus gastos, la necesidad de subvenir a las necesidades de las personas más próximas a este y, en la mayoría de los casos, el importe mensual que el referido concursado debe destinar al pago de sus deudas al término del procedimiento se fija en un importe inferior al de la retención sobre el salario practicada durante dicho procedimiento. Así pues, para evitar la prolongación del procedimiento concursal, el mismo concursado puede verse obligado a no solicitar la protección derivada de la Directiva 93/13 y a aceptar un plan de pago que incluye un crédito que trae causa de un contrato que contiene cláusulas eventualmente abusivas.

48

Por lo demás, procede añadir que, según la información que figura en los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia, parece que el riesgo de que el concursado se abstenga de invocar el carácter abusivo de una cláusula contractual en el procedimiento concursal existe no solo en la fase de dicho procedimiento que se desarrolla ante el tribunal del concurso, sino también en cada una de las fases del referido procedimiento. En efecto, la invocación del carácter abusivo de una cláusula que figura en un contrato del que trae causa un crédito tiene como consecuencia, en cualquier caso, el retraso en la conclusión del mismo procedimiento.

49

Pues bien, debe subrayarse que la protección que la Directiva 93/13 confiere a los consumidores se extiende a aquellos supuestos en los que el consumidor que haya celebrado con un profesional un contrato en el que figure una cláusula abusiva no invoque, por un lado, el hecho de que ese contrato entra en el ámbito de aplicación de esta Directiva y, por otro lado, el carácter abusivo de la cláusula en cuestión, bien porque ignore sus derechos, bien porque los gastos que acarrea el ejercicio de una acción ante los tribunales o la carga económica que debería asumir le disuadan de defenderlos (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de junio de 2020, Kancelaria Medius, C‑495/19, EU:C:2020:431, apartado 31 y jurisprudencia citada).

50

Por lo tanto, habida cuenta de los elementos mencionados en los apartados 45 a 47 de la presente sentencia, procede considerar que una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que puede disuadir al concursado de hacer valer su derecho a solicitar la protección derivada de la Directiva 93/13, puede hacer excesivamente difícil la aplicación de dicha Directiva en el marco del mismo procedimiento.

51

A todos los efectos pertinentes, debe precisarse además que el derecho a una protección efectiva del consumidor comprende la facultad de renunciar a hacer valer sus derechos, de forma que el juez nacional debe tener en cuenta, en su caso, la voluntad manifestada por el consumidor cuando, consciente del carácter no vinculante de una cláusula abusiva, manifiesta, sin embargo, que es contrario a que se excluya, otorgando así un consentimiento libre e informado a dicha cláusula (sentencia de 9 de julio de 2020, Ibercaja Banco, C‑452/18, EU:C:2020:536, apartados 25 a 28 y jurisprudencia citada).

52

Ahora bien, nada en los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia permite considerar que, en el presente asunto, el concursado haya renunciado, de manera libre e informada, a invocar la protección que le otorga la Directiva 93/13. Como señaló el Abogado General en el punto 88 de sus conclusiones, el hecho de que el concursado, sin estar representado por un abogado en esta fase del procedimiento, reconociera las comunicaciones de créditos ante el administrador concursal y no formulara oposición ante el juez comisario no puede considerarse indicativo de una renuncia libre e informada a esa protección.

53

Por otra parte, en una situación como la del litigio principal, la actitud del concursado no puede calificarse de totalmente pasiva en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 43 de la presente sentencia. En efecto, como se ha expuesto en el apartado 28 de la presente sentencia, este alegó ante el tribunal del concurso, en el presente asunto el órgano jurisdiccional remitente, que el contrato de préstamo hipotecario de que se trata en el litigio principal contenía cláusulas abusivas.

54

Habida cuenta de las alegaciones formuladas por M. K. en la vista, según las cuales la lista de créditos aprobada por el juez comisario adquirió fuerza de cosa juzgada, procede también subrayar que esta circunstancia no impide necesariamente que el tribunal del concurso examine de oficio el carácter eventualmente abusivo de las cláusulas que figuran en un contrato del que trae causa un crédito incluido en esa lista.

55

Como ha declarado el Tribunal de Justicia, la obligación de tal examen de oficio está justificada por la naturaleza y la importancia del interés público en que se basa la protección que la Directiva 93/13 otorga a los consumidores, de modo que no podría garantizarse un control eficaz del eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales, tal como se exige en esta Directiva, si la fuerza de cosa juzgada se extendiera también a las resoluciones judiciales que no mencionan tal control (sentencia de 17 de mayo de 2022, Ibercaja Banco, C‑600/19, EU:C:2022:394, apartado 50).

56

Por lo tanto, en la medida en que, en el presente asunto, no ha tenido lugar el examen del carácter abusivo de cláusulas que figuran en un contrato del que trae causa un crédito incluido en la lista de créditos aprobada por el juez comisario, extremo que corresponderá comprobar en definitiva al órgano jurisdiccional remitente, la Directiva 93/13 obliga al tribunal del concurso a apreciar el carácter eventualmente abusivo de esas cláusulas y a extraer de ello las consecuencias necesarias.

57

Solo podría ser de otro modo si el juez comisario hubiera indicado expresamente haber examinado el carácter abusivo de las cláusulas contractuales de que se trata en el litigio principal y que ese examen, motivado al menos sucintamente, no había puesto de manifiesto la existencia de ninguna cláusula abusiva, precisando, además, en su caso, que la apreciación efectuada por el juez comisario al término de dicho examen no podía ya cuestionarse, al no haberse interpuesto recurso en el plazo señalado al efecto (véase, por analogía, la sentencia de 17 de mayo de 2022, Ibercaja Banco, C‑600/19, EU:C:2022:394, apartado 51).

58

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, a la luz del principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece que, en un procedimiento concursal relativo a personas físicas, una vez aprobada la lista de créditos por un órgano jurisdiccional sin que se haya realizado un examen del carácter eventualmente abusivo de las cláusulas del contrato de que se trata y una vez abierto el procedimiento ante el tribunal del concurso, este último está vinculado por esa lista, de modo que no puede apreciar el carácter abusivo de las cláusulas que figuran en un contrato de préstamo en el que se fundamenta un crédito incluido en dicha lista ni modificarlo, sino que debe suspender el procedimiento y plantear la cuestión del carácter eventualmente abusivo de esas cláusulas a ese órgano jurisdiccional.

Segunda cuestión prejudicial

59

Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que, en un procedimiento concursal relativo a personas físicas, no prevé la posibilidad de que el tribunal del concurso adopte medidas cautelares al objeto de adaptar la situación del concursado a la espera del resultado del examen del carácter abusivo de las cláusulas que figuran en un contrato de préstamo del que trae causa un crédito incluido en la lista de créditos aprobada por otro órgano jurisdiccional sin haber examinado el carácter eventualmente abusivo de las cláusulas del contrato de que se trata.

60

Con carácter preliminar, procede recordar, por un lado, que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 obliga a los Estados miembros a garantizar que las cláusulas contractuales abusivas no vinculen al consumidor, sin que este deba interponer una demanda u obtener una sentencia que confirme el carácter abusivo de dichas cláusulas. De ello se deriva que los órganos jurisdiccionales nacionales deben abstenerse de aplicar dichas cláusulas, con el fin de que estas no produzcan efectos vinculantes para el consumidor, salvo si el consumidor se opone a ello [sentencia de 15 de junio de 2023, Getin Noble Bank (Suspensión de la ejecución de un contrato de crédito), C‑287/22, EU:C:2023:491, apartado 37 y jurisprudencia citada].

61

Además, como se ha indicado en el apartado 39 de la presente sentencia, corresponde, en definitiva, a los Estados miembros velar, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.

62

Por otro lado, como se desprende del apartado 40 de la presente sentencia, las condiciones en las que se dispense la protección de los consumidores prevista por la Directiva 93/13 se rigen por el ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros en virtud del principio de autonomía procesal de estos últimos, siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad.

63

Por lo que respecta al principio de equivalencia, el Tribunal de Justicia no dispone de ningún elemento que pueda suscitar dudas en cuanto a la conformidad con dicho principio de la normativa nacional controvertida en el litigio principal en la medida en que esta no prevé la posibilidad de que el tribunal del concurso ordene medidas cautelares para proteger al concursado en el procedimiento concursal.

64

En lo que concierne al principio de efectividad, como se ha señalado, en esencia, en el apartado 42 de la presente sentencia, la cuestión de si una normativa nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse teniendo en cuenta el conjunto del procedimiento, su desarrollo y sus peculiaridades.

65

Una vez recordado lo anterior, por lo que respecta, más concretamente, a la cuestión de en qué circunstancias puede resultar necesario que el juez nacional conceda medidas cautelares para garantizar la efectividad de la aplicación de la Directiva 93/13, debe subrayarse que la necesidad de tales medidas debe evaluarse a la luz de la finalidad de la Directiva 93/13, que es garantizar un elevado nivel de protección del consumidor (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de noviembre de 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, apartado 37).

66

Así pues, el juez nacional debe poder aplicar medidas cautelares para permitir la plena eficacia de los derechos que la Directiva 93/13 confiere al consumidor.

67

Es, en efecto, desde esta perspectiva que el Tribunal de Justicia ha declarado, en particular, que la protección garantizada a los consumidores por esta Directiva, concretamente por los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de esta, requiere que el órgano jurisdiccional nacional competente para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual pueda adoptar una medida cautelar apropiada si ello es necesario para garantizar la plena eficacia de la resolución que se dicte en cuanto al carácter abusivo de las cláusulas contractuales [sentencia de 15 de junio de 2023, Getin Noble Bank (Suspensión de la ejecución de un contrato de crédito), C‑287/22, EU:C:2023:491, apartado 43 y jurisprudencia citada].

68

Del mismo modo, puede ser necesario adoptar tales medidas cuando existe un riesgo de que el consumidor abone a lo largo del proceso judicial, cuya duración puede ser considerable, cuotas mensuales de un importe superior al que efectivamente debería abonar si se excluyera la aplicación de esa cláusula, cuando ello resulte necesario para garantizar la plena eficacia de la decisión que debe adoptarse en lo que respecta al carácter abusivo de las cláusulas contractuales [sentencia de 15 de junio de 2023, Getin Noble Bank (Suspensión de la ejecución de un contrato de crédito), C‑287/22, EU:C:2023:491, apartados 42 y 43 y jurisprudencia citada].

69

A este respecto, de las indicaciones que figuran en la resolución de remisión se desprende, en primer término, que, en virtud de la normativa nacional controvertida en el litigio principal, el tribunal del concurso no tiene la posibilidad de conceder medidas cautelares para aliviar la situación económica del concursado a la espera del resultado del examen del eventual carácter abusivo de una cláusula contractual. Si bien es cierto que el concursado no paga, antes de la conclusión del procedimiento concursal, los créditos incluidos en la lista de créditos aprobada por el juez comisario, no es menos cierto que ese concursado está obligado a seguir alimentando, durante ese examen, la masa activa del concurso sobre la base de una lista de créditos que incluye potencialmente un crédito que trae causa de tal cláusula. Como se ha señalado en el apartado 46 de la presente sentencia, dado que la invocación del carácter abusivo de una cláusula contractual implica la prolongación del procedimiento concursal, dicho concursado puede verse disuadido de hacer valer su derecho a solicitar la protección derivada de la Directiva 93/13. En segundo término, de las explicaciones del órgano jurisdiccional remitente se desprende que, en el presente asunto, habida cuenta del importe de los fondos transferidos hasta la fecha a la masa activa del concurso y del importe de las deudas del propio concursado, esos fondos pueden resultar suficientes para satisfacer los créditos incluidos en esa lista, con excepción del crédito del banco G.

70

Procede considerar que, en tales circunstancias, como ha explicado, en esencia, el órgano jurisdiccional remitente en la respuesta a la solicitud de aclaraciones mencionada en el apartado 47 de la presente sentencia, una medida cautelar dirigida a reducir las retenciones practicadas sobre el salario del concursado a la espera de una resolución que ponga fin al examen del carácter abusivo de una cláusula contractual podría ser necesaria para garantizar la protección garantizada por la Directiva 93/13 y la tutela judicial efectiva que de ella se deriva, extremo que, no obstante, corresponderá determinar al órgano jurisdiccional remitente.

71

A efectos de esta determinación, dicho órgano jurisdiccional debe apreciar, en particular, si la adopción de medidas cautelares consistentes en una reducción de las retenciones sobre el salario del concursado es necesaria para garantizar al concursado la protección que le confiere la Directiva 93/13. A tal efecto, como señaló el Abogado General en el punto 104 de sus conclusiones, el referido órgano jurisdiccional deberá tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes del asunto, entre ellas, en particular, la existencia de indicios suficientes de que las cláusulas contractuales de que se trata son abusivas, la posibilidad concreta de que la masa activa del concurso cuente ya con recursos suficientes para satisfacer a los acreedores, con excepción, en su caso, del crédito litigioso, así como la situación económica de dicho concursado y el riesgo de que tenga que soportar una prolongación del procedimiento concursal que podría dar lugar a un deterioro injustificado de su situación económica a la espera de la conclusión de ese procedimiento.

72

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, a la luz del principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que, en un procedimiento concursal relativo a personas físicas, no prevé la posibilidad de que el tribunal del concurso adopte medidas cautelares al objeto de adaptar la situación del concursado a la espera del resultado del examen del carácter abusivo de las cláusulas que figuran en un contrato de préstamo del que trae causa un crédito incluido en la lista de créditos aprobada por otro órgano jurisdiccional sin haber examinado el carácter eventualmente abusivo de las cláusulas del contrato de que se trata.

Costas

73

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

1)

Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, a la luz del principio de efectividad,

2)

Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, a la luz del principio de efectividad,