1

Mediante su recurso de casación, Westfälische Drahtindustrie GmbH (en lo sucesivo, «WDI»), Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (en lo sucesivo, «WDV») y Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «Pampus») solicitan, por un lado, la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de julio de 2015, Westfälische Drahtindustrie y otros/Comisión (T‑393/10, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2015:515), por la que dicho Tribunal desestimó el recurso interpuesto por aquéllas que tenía por objeto la anulación y la reforma de la Decisión C(2010) 4387 final de la Comisión, de 30 de junio de 2010, relativa a un procedimiento conforme al artículo 101 TFUE y al artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/38.344 — Acero para pretensado), modificada por la Decisión C(2010) 6676 final de la Comisión, de 30 de septiembre de 2010, y por la Decisión C(2011) 2269 final de la Comisión, de 4 de abril de 2011 (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), y, por otro lado, la anulación del escrito del Director General de la Dirección General de Competencia de la Comisión de 14 de febrero de 2011 (en lo sucesivo, «escrito de 14 de febrero de 2011»).

2

El artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1), establece:

«Mediante decisión, la Comisión podrá imponer multas a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada o por negligencia:

[...]»

3

El artículo 31 de ese mismo Reglamento prescribe lo siguiente:

«El Tribunal de Justicia gozará de competencia jurisdiccional plena para resolver los recursos interpuestos contra las Decisiones por las cuales la Comisión haya fijado una multa sancionadora o una multa coercitiva. Podrá suprimir, reducir o aumentar la multa sancionadora o la multa coercitiva impuesta».

4

El punto 35 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2; en lo sucesivo, «Directrices de 2006»), bajo el título «Capacidad contributiva», dispone lo siguiente:

«En circunstancias excepcionales, la Comisión podrá, previa solicitud, tener en cuenta la incapacidad contributiva de una empresa en un contexto económico y social particular. La Comisión no concederá por este concepto ninguna reducción de la multa por la mera constatación de una situación financiera desfavorable o deficitaria. La reducción sólo podrá concederse sobre la base de pruebas objetivas de que la imposición de una multa, en las condiciones fijadas por las presentes Directrices, pondría irremediablemente en peligro la viabilidad económica de la empresa en cuestión y conduciría a privar a sus activos de todo valor.»

5

El presente asunto concierne al sector del acero para pretensado (en lo sucesivo, «AP»). Este término designa los alambres y cordones metálicos fabricados a partir de alambrón y, en particular, por una parte, el acero para hormigón pretensado, el cual sirve para construir elementos de voladizo, pilotes de cimentación o tuberías y, por otra parte, el acero para hormigón postensado, el cual se emplea en los ámbitos de la ingeniería estructural y la ingeniería subterránea y en la construcción de puentes.

6

WDI, anteriormente denominada Klöckner Draht GmbH, es una empresa alemana del sector siderúrgico que fabrica AP, entre otros productos. El 98 % de su capital pertenece, desde el 3 de septiembre de 1987, a WDV. Desde el 1 de julio de 1997, dos tercios del capital de WDV pertenecen, a su vez, a Pampus.

7

Los días 19 y 20 de septiembre de 2002, tras recibir información procedente del Bundeskartellamt (Autoridad Federal de la Competencia, Alemania) y de un fabricante de AP relativa a una infracción del artículo 101 TFUE, la Comisión procedió a realizar inspecciones en los locales de varias empresas.

8

Al término de su investigación, y tras rechazar la solicitud de clemencia presentada por WDI, la Comisión adoptó, el 30 de septiembre de 2008, un pliego de cargos contra varias sociedades, entre las que figuraban las recurrentes. Todos los destinatarios del antedicho pliego de cargos presentaron observaciones escritas en respuesta a éste. Los días 11 y 12 de febrero de 2009 se celebró una audiencia en la que comparecieron las recurrentes.

9

Catorce empresas, entre ellas las recurrentes, alegaron asimismo incapacidad para pagar en el sentido del punto 35 de las Directrices de 2006, y aportaron justificantes en apoyo de esta pretensión.

10

En la Decisión controvertida, la Comisión consideró que una serie de proveedores de AP habían infringido el artículo 101 TFUE, apartado 1, así como, a partir del 1 de enero de 1994, el artículo 53, apartado 1, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3), al participar en un cártel que tenía una dimensión europea, pero también nacional y regional, a lo largo del período comprendido entre el 1 de enero de 1984 y el 19 de septiembre de 2002. La Comisión estimó que Klöckner Draht, convertida en WDI, había tenido una participación directa en dicha infracción durante todo ese período. La Comisión reprochó asimismo al Sr. Pampus, como administrador de Pampus y de WDI, haber participado directamente en varias reuniones del cártel y haber dado instrucciones directas a sus empleados, de tal modo que se consideró que WDV y Pampus ejercieron una influencia decisiva sobre WDI durante todo el tiempo en el que poseyeron el control de esta última. En consecuencia, se impuso a WDI una multa de 46,55 millones de euros, y WDV y Pampus fueron declarados responsables solidarios de la mencionada infracción hasta los importes de 38,855 millones de euros y 15,485 millones de euros, respectivamente.

11

Mediante la Decisión controvertida, la Comisión denegó además la solicitud que habían formulado las recurrentes en el sentido de que, teniendo en cuenta su capacidad contributiva, se les concediera una reducción de la multa con arreglo al punto 35 de las Directrices de 2006.

12

La solicitud presentada por las recurrentes interesando una nueva apreciación de la referida capacidad contributiva fue rechazada mediante el escrito de 14 de febrero de 2011.

13

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 14 de septiembre de 2010, las recurrentes interpusieron un recurso de anulación y de reforma de la Decisión controvertida.

14

Mediante escrito separado, registrado en la Secretaría del Tribunal General el 3 de diciembre de 2010, las recurrentes formularon una solicitud de suspensión de la ejecución de la antedicha Decisión.

15

Por auto de 13 de abril de 2011, Westfälische Drahtindustrie y otros/Comisión (T‑393/10 R, en lo sucesivo, «resolución del juez de medidas provisionales», EU:T:2011:178), el Presidente del Tribunal General estimó en parte la demanda de medidas provisionales presentada por las recurrentes, ordenando la suspensión de la obligación que les había sido impuesta de constituir un aval bancario en favor de la Comisión para evitar el cobro inmediato de las multas que se les había impuesto mediante la Decisión controvertida, con la condición de que, por un lado, abonaran a dicha institución el importe de 2 millones de euros antes del 30 de junio de 2011, y, por otro, procedieran a ingresar, el día 15 de cada mes, mensualidades de 300000 euros, comenzando el 15 de julio de 2011 y hasta nueva orden, pero, como muy tarde, hasta que se dictara sentencia en el asunto principal.

16

En apoyo de su recurso, las recurrentes habían invocado nueve motivos, de los que sólo el sexto y el noveno revisten interés a efectos del presente recurso de casación. El sexto motivo se basaba, en particular, en la violación del principio de proporcionalidad, como consecuencia de que la Comisión, en la Decisión controvertida, no había tenido en cuenta la falta de capacidad contributiva de las recurrentes. El noveno motivo se refería a la apreciación que se hizo de la capacidad contributiva de éstas en el escrito de 14 de febrero de 2011, cuya anulación solicitaron al Tribunal General el 19 de abril de 2011.

17

Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó los dos motivos antes citados y anuló la Decisión controvertida en tanto en cuanto imponía una multa a las recurrentes; asimismo, anuló el escrito de 14 de febrero de 2011, por cuanto se ponía de manifiesto que la Comisión había cometido en él errores al apreciar la capacidad contributiva de las recurrentes. No obstante, ejerciendo su competencia jurisdiccional plena, el propio Tribunal General se acogió a las Directrices de 2006 y consideró infundada la pretensión de las recurrentes de que se les redujera la multa por falta de capacidad contributiva y, en consecuencia, fijó la multa en el mismo importe que se les había impuesto en la Decisión impugnada.

18

Mediante su recurso de casación, las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:

19

La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a las recurrentes.

20

En apoyo de su recurso de casación, las recurrentes invocan tres motivos: el primero denuncia la infracción del artículo 261 TFUE y del artículo 31 del Reglamento n.o 1/2003, así como la vulneración del sistema de reparto de competencias y del equilibrio institucional; el segundo denuncia la violación de los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato, y el tercero, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

21

En virtud del artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando el recurso de casación sea, en todo o en parte, manifiestamente inadmisible o manifiestamente infundado, el Tribunal podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, desestimar total o parcialmente el recurso de casación mediante auto motivado.

22

En el caso de autos procede aplicar la citada disposición.

23

En la primera parte de su primer motivo de casación, las recurrentes reprochan al Tribunal General haber ignorado los límites de la competencia jurisdiccional plena que tiene atribuida, por no haberse limitado al control de la Decisión controvertida, para suprimir, reducir o aumentar, en su caso, el importe de la multa, y haber adoptado, en cambio, una decisión independiente por la que impuso una multa, basándose en hechos nuevos, en lo que respecta a la capacidad contributiva de las recurrentes, posteriores a la Decisión controvertida y al escrito de 14 de febrero de 2011.

24

Así, las recurrentes aducen que, a tenor del fallo de la sentencia recurrida, el Tribunal General las «condenó» al pago de una multa, y que, en el apartado 302 de la sentencia recurrida, el Tribunal General indicó que el importe de la multa resultaba de su propia resolución en la fecha en que ésta se pronunció.

25

Con ello, el Tribunal General, a juicio de las recurrentes, vulneró el sistema de reparto de competencias y el equilibrio institucional, así como el derecho a la tutela judicial efectiva, por haber sustituido a la Comisión. Para las recurrentes, el Tribunal General, al reformar la Decisión controvertida anulándola en la medida en que imponía una multa, debió hacer constar que no procedía modificar el importe de la multa.

26

En la segunda parte de su primer motivo, las recurrentes reprochan al Tribunal General haber declarado, en los apartados 109, 302 y 335 de la sentencia recurrida, que, para apreciar, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, la capacidad contributiva de una empresa, procede tener en cuenta, en principio, la situación existente en la fecha en que dicta su resolución. Las recurrentes entienden que, al sentar tal principio, el Tribunal General se pronunció en contra de su propia jurisprudencia, tal como fue formulada, en particular, en la sentencia de 14 de mayo de 2014, Donau Chemie/Comisión (T‑406/09, EU:T:2014:254).

27

Según las recurrentes, atribuir al Tribunal General el derecho a tener en cuenta los aumentos de la capacidad contributiva verificados tras la anulación de la multa inicial tendría efectos disuasorios sobre los justiciables, incompatibles con el principio del Estado de Derecho, e implicaría una violación del principio de reserva jurisdiccional en perjuicio de las autoridades administrativas, que están mejor situadas para apreciar los hechos. En cualquier caso, no puede admitirse, a juicio de las recurrentes, la toma en consideración de circunstancias posteriores a la adopción de la decisión por la que se impone una multa cuando, como en el presente caso, dicha decisión ha sido anulada precisamente en tanto en cuanto impone una multa. Si la Decisión controvertida se hubiera adoptado con arreglo a Derecho, el Tribunal General no habría tenido que proceder a su control en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena.

28

La Comisión sostiene que el primer motivo carece de fundamento tanto en la primera como en la segunda parte.

29

Mediante las dos partes del primer motivo de casación, que deben ser examinadas conjuntamente, las recurrentes alegan, en esencia, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho, por cuanto él mismo impuso una nueva multa teniendo en cuenta circunstancias posteriores a la adopción de la Decisión controvertida.

30

Procede recordar que el sistema de control judicial de las decisiones de la Comisión relativas a los procedimientos de aplicación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE consiste en el control de legalidad de los actos de las instituciones establecido en el artículo 263 TFUE, que puede completarse, en virtud del artículo 261 TFUE y del artículo 31 del Reglamento n.o 1/2003, a petición de los demandantes, con una competencia jurisdiccional plena ejercida por el Tribunal respecto de las sanciones impuestas por la Comisión en este ámbito (véanse, en particular, las sentencias de 10 de julio de 2014, Telefónica y Telefónica de España/Comisión, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, apartado 42, y de 21 de enero de 2016, Galp Energía España y otros/Comisión, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, apartado 71).

31

Cuando ejerce su competencia jurisdiccional plena, más allá del mero control de la legalidad de la sanción, el juez de la Unión está facultado, al objeto de determinar el importe de dicha sanción, para sustituir la apreciación de la Comisión —autora del acto en el que se fijó inicialmente ese importe— por la suya propia (véase, en particular, la sentencia de 21 de enero de 2016, Galp Energía y otros/Comisión, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, apartado 75).

32

En consecuencia, el juez de la Unión puede reformar el acto impugnado, incluso sin anulación (sentencia de 3 de septiembre de 2009, Prym y Prym Consumer/Comisión, C‑534/07 P, EU:C:2009:505, apartado 86), suprimiendo, reduciendo o aumentando la multa impuesta (véanse, en particular, las sentencias de 26 de septiembre de 2013, Alliance One International/Comisión, C‑679/11 P, EU:C:2013:606, no publicada, apartado 104, y de 22 de octubre de 2015, AC‑Treuhand/Comisión, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, apartado 74).

33

Esta competencia es ejercida teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho (sentencias de 3 de septiembre de 2009, Prym y Prym Consumer/Comisión, C‑534/07 P, EU:C:2009:505, apartado 86, y de 26 de septiembre de 2013, Alliance One International/Comisión, C‑679/11 P, no publicada, EU:C:2013:606, apartado 104).

34

Resulta de lo anterior que el juez de la Unión está facultado para ejercer su competencia jurisdiccional plena cuando se somete a su apreciación la cuestión del importe de la multa (sentencias de 8 de febrero de 2007, Grupo Danone/Comisión, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, apartado 62, y de 26 de septiembre de 2013, Alliance One International/Comisión, C‑679/11 P, no publicada, EU:C:2013:606, apartado 105), y el ejercicio de esta competencia implica la atribución definitiva a dicho juez de la facultad de imponer sanciones (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, EU:C:2002:582, apartado 693).

35

En el presente asunto, el Tribunal General, tras rechazar, en el ejercicio de su control de la legalidad de la Decisión controvertida, los motivos invocados por las recurrentes primero a cuarto, séptimo y octavo, consideró, en los apartados 285 a 332 de la sentencia recurrida, que la Comisión había incurrido en errores en su apreciación de la capacidad contributiva de las recurrentes en el sentido del punto 35 de las Directrices de 2006, y que tales errores eran de tal entidad que conllevaban la anulación, por un lado, de la Decisión controvertida en cuanto impuso una multa a las recurrentes, y por otro, del escrito de 14 de febrero de 2011.

36

Al término del antedicho control de legalidad, el Tribunal General consideró justificado ejercer en el caso de autos su competencia jurisdiccional plena. Acogiéndose, en los apartados 333 a 358 de la sentencia recurrida, a las Directrices de 2006, y basándose en los datos facilitados por las partes relativos a la evolución de la situación financiera de las recurrentes tras la adopción de la Decisión controvertida, consideró que éstas no podían pretender fundadamente que se les redujera la multa por falta de capacidad contributiva, por motivos análogos a los contemplados en el punto 35 de las mencionadas Directrices, y que, por consiguiente, procedía condenar a las recurrentes al pago de una multa del mismo importe que el impuesto en la Decisión controvertida.

37

Al hacerlo, el Tribunal General no rebasó en absoluto los límites de su competencia jurisdiccional plena.

38

Si bien es cierto que, en el presente asunto, el control de la legalidad de la Decisión controvertida por parte del Tribunal General desembocó en la anulación de dicha Decisión en tanto en cuanto la Comisión había impuesto en virtud de ella una multa a las recurrentes, ello no implica en modo alguno, contrariamente a lo que aducen éstas, que el Tribunal General, por tal razón, estuviera privado de la facultad de ejercer su competencia jurisdiccional plena. En efecto, el Tribunal General seguía siendo plenamente competente a efectos de la apreciación del importe de la multa, toda vez que las recurrentes habían solicitado, en su recurso, la reducción de tal importe, invocando, en particular, la falta de capacidad contributiva en el sentido del punto 35 de las Directrices de 2006.

39

En el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, por tanto, el Tribunal General, en lo que concierne a las recurrentes, estaba investido de un poder sancionador que le permitía modificar, por sí solo, basándose en los datos facilitados por las partes y acatando el principio de contradicción, el importe de la multa que se había impuesto a las recurrentes en la Decisión controvertida.

40

El hecho de que el Tribunal General, que sustituyó con arreglo a Derecho la apreciación de la Comisión por la suya propia en el ejercicio del poder sancionador, estimara oportuno, finalmente, imponer una multa del mismo importe que el fijado en la Decisión controvertida no menoscaba la legalidad de su proceder (véase, por analogía, la sentencia de 3 de septiembre de 2009, Prym y Prym Consumer/Comisión, C‑534/07 P, EU:C:2009:505, apartado 88).

41

La misma consideración cabe respecto del término «condenar» empleado en el apartado 358 y en el fallo de la sentencia recurrida. En efecto, el razonamiento seguido en esa sentencia pone de manifiesto de modo suficiente en Derecho que el Tribunal General ejerció su competencia jurisdiccional plena con el fin de modificar el importe de la multa impuesta por la Comisión en la Decisión controvertida.

42

En cuanto a la toma en consideración por el Tribunal General de circunstancias posteriores a la fecha de la adopción de la Decisión controvertida y del escrito de 14 de febrero de 2011, ha de recordarse que, en el presente asunto, la modificación del importe de la multa es una consecuencia del ejercicio por el Tribunal General de su competencia jurisdiccional plena.

43

Pues bien, en el ejercicio de esta competencia, el juez de la Unión está facultado para tener en cuenta todas las circunstancias de hecho que considere pertinentes para lograr que su control de legalidad sea completo, tanto si son anteriores como posteriores a la decisión impugnada (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de marzo de 1974, Istituto Chemioterapico Italiano y Commercial Solvents/Comisión,6/73 y 7/73, EU:C:1974:18, apartados 51 y 52; de 22 de enero de 2013, Comisión/Tomkins, C‑286/11 P, EU:C:2013:29, apartado 49; de 26 de septiembre de 2013, Alliance One International/Comisión, C‑679/11 P, no publicada, EU:C:2013:606, apartado 107, y de 17 de septiembre de 2015, Total/Comisión, C‑597/13 P, EU:C:2015:613, apartado 41).

44

En efecto, el respeto al principio de la tutela judicial efectiva, principio general del Derecho de la Unión que ya aparece enunciado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), exige que el juez de la Unión pueda examinar, al ejercer su competencia jurisdiccional plena, todas las cuestiones de hecho y de Derecho pertinentes para la resolución del litigio que se le ha planteado (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de julio de 2013, Schindler Holding y otros/Comisión, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, apartados 35 y 36).

45

Tales consideraciones son aún más válidas cuando la competencia jurisdiccional plena se ejerce para examinar la capacidad contributiva de la empresa afectada. En efecto, si el juez de la Unión no pudiera apreciar dicha capacidad basándose en la situación de hecho existente en el momento en que debe dictar su resolución, podría verse obligado a denegar la supresión de una multa, o la reducción de su importe, o bien a conceder tal supresión o reducción, debida o indebidamente, a riesgo de ocasionar a la referida empresa una desventaja competitiva, o de proporcionarle una ventaja competitiva, de forma injustificada en cualquier caso.

46

Ahora bien, según reiterada jurisprudencia, la capacidad contributiva de una empresa sólo es importante en un contexto social específico, constituido por las consecuencias que el pago de la multa podría tener, en particular, en lo relativo a un aumento del desempleo o un deterioro de los sectores económicos a los que la empresa afectada vende o de los que se abastece (véase, en particular, la sentencia de 29 de junio de 2006, SGL Carbon/Comisión, C‑308/04 P, EU:C:2006:433, apartado 106).

47

Como declaró el Tribunal General con acierto en el apartado 302 de la sentencia recurrida, tal postulado se impone a fortiori cuando, como ocurre en el caso de autos, el juez de medidas provisionales ha concedido a las recurrentes la suspensión de la ejecución de la multa impuesta por la Comisión hasta que se dicte la sentencia recurrida.

48

Por consiguiente, procede desestimar el primer motivo por manifiestamente infundado.

49

Mediante la primera parte del segundo motivo de casación, las recurrentes reprochan al Tribunal General no haber tenido en cuenta, contrariamente a lo que había indicado en el apartado 333 de la sentencia recurrida, todos los requisitos pertinentes para el cálculo de la multa tal como se contemplan en el punto 35 de las Directrices de 2006, violando así los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad. En particular, según las recurrentes, el Tribunal General ignoró la nota informativa de la Comisión de 12 de junio de 2010, titulada «Falta de capacidad contributiva en el sentido del apartado 35 de las Directrices de 1 de septiembre de 2006 para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del Reglamento n.o 1/2003» [SEC(2010) 737/2], según la cual la falta de capacidad contributiva de una empresa puede ser tomada en consideración bien reduciendo la multa a una cuantía que aquella pueda asumir, bien fraccionando el pago de la multa a lo largo de un período de entre tres y cinco años. Ahora bien, en el caso de autos, si se tienen en cuenta el plan de pagos objeto actualmente de negociación con la Comisión y los pagos ya realizados con arreglo a la resolución del juez de medidas provisionales, resulta que el pago de la multa impuesta por el Tribunal General va a demorarse de quince a veinte años, a juicio de las recurrentes.

50

Según las recurrentes, la práctica administrativa en vigor impone así que, cuando se cumplan las condiciones previstas en el punto 35 de las Directrices de 2006, la Comisión, en principio, procederá a reducir la multa a una cuantía que, en el momento de la adopción de su decisión, pueda ser asumida por la empresa afectada.

51

En cualquier caso, las recurrentes alegan que, aun suponiendo que el Tribunal General hubiera juzgado oportuno adoptar una solución híbrida, combinando una reducción de la multa impuesta con un fraccionamiento de su pago, habría sido necesario, para que la multa pudiera reputarse adecuada, reducir su importe a un máximo de 20 millones de euros, resultante de sumar el importe de 2 millones de euros ya pagado con arreglo a la resolución del juez de medidas provisionales y la cantidad correspondiente al ingreso de 60 mensualidades de 300000 euros pagaderos a lo largo de un período máximo de cinco años.

52

La Comisión sostiene que esta primera parte del segundo motivo de casación es inoperante.

53

Procede declarar, antes que nada, que la alegación de las recurrentes en el sentido de que el fraccionamiento del pago de la multa que les impuso el Tribunal General se extendía a lo largo de un período excesivamente largo se apoya en una interpretación errónea de la sentencia recurrida, toda vez que el Tribunal General no previó, ni aún menos impuso, un pago fraccionado de la multa.

54

A este respecto, debe recordarse que, según la resolución del juez de medidas provisionales, el pago fraccionado de la multa que dicho juez impuso como condición para conceder la suspensión de la obligación de constituir un aval bancario finalizaría cuando se dictara la sentencia recurrida. En realidad, se ha puesto de manifiesto que el plazo para el pago de la multa al que se ha hecho referencia es el resultado de un plan de pagos que las propias recurrentes negociaron con la Comisión después del pronunciamiento de esa sentencia.

55

Por lo demás, en cuanto a las razones formuladas por las recurrentes para reprochar al Tribunal General no haberles concedido una reducción de la multa, es necesario hacer constar que lo que están postulando es una nueva apreciación de los hechos, por parte del Tribunal de Justicia, respecto de su capacidad contributiva, para lo que este Tribunal no es competente en el marco de un recurso de casación, salvo en caso de desnaturalización de los hechos, la cual no ha sido alegada en el caso de autos (sentencia de 20 de enero de 2016, Toshiba Corporation/Comisión, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, apartado 40).

56

Con respecto a la práctica decisoria anterior de la Comisión, debe recordarse que no puede servir de marco jurídico a las multas en materia de competencia y que las decisiones relativas a otros asuntos tienen únicamente carácter indicativo en lo referente a la posible existencia de discriminaciones (sentencia de 10 de julio de 2014, Telefónica y Telefónica de España/Comisión, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, apartado 189).

57

En consecuencia, procede desestimar la primera parte del segundo motivo de casación por ser en parte manifiestamente inadmisible y, en parte, manifiestamente infundada.

58

Mediante la segunda parte del segundo motivo de casación, las recurrentes reprochan al Tribunal General haberles dispensado un trato discriminatorio al ejercer su competencia jurisdiccional plena, en relación con las otras empresas que consiguieron una reducción de la multa al amparo del punto 35 de las Directrices de 2006, toda vez que ninguna de tales empresas fue condenada a unos pagos fraccionados a lo largo de un espacio de tiempo tan largo.

59

Las recurrentes añaden que el Tribunal vulneró asimismo el principio de igualdad de trato al apreciar su capacidad contributiva, pues efectuó dicha apreciación por referencia a la fecha de la sentencia recurrida, mientras que la capacidad contributiva de las otras empresas fue apreciada por referencia a la fecha de la adopción de la Decisión controvertida.

60

Ahora bien, por un lado, todos los destinatarios se hallaban en una situación comparable cuando presentaron sus solicitudes de reducción de la multa por el concepto expresado, según las recurrentes. Para éstas, si la Comisión hubiera apreciado correctamente su capacidad contributiva, habría reducido la multa que les impuso y ellas no se habrían visto obligadas a interponer un recurso ni el Tribunal General habría pronunciado una nueva condena en una fecha diferente. A juicio de las recurrentes, el trato discriminatorio alegado resulta tanto más evidente cuanto que, en esta última fecha, el Tribunal General no efectuó ninguna comprobación acerca de si la situación económica de las empresas que consiguieron una reducción de la multa había mejorado.

61

Las recurrentes alegan, por otro lado, que la denegación de las solicitudes de reducción de multa que formularon constituye un trato discriminatorio que la sentencia recurrida no hizo sino confirmar, toda vez que aquéllas han tenido que rebatir la argumentación de la Comisión según la cual los intereses devengados sobre la multa impuesta por el Tribunal General se cuentan a partir del día fijado en la Decisión controvertida, a pesar de no haberse constatado si en tal fecha se cumplían los requisitos enunciados en el punto 35 de las Directrices de 2006.

62

La Comisión alega que esta segunda parte del segundo motivo carece de fundamento.

63

Procede recordar que el principio de igualdad de trato constituye un principio general del Derecho de la Unión, consagrado por los artículos 20 y 21 de la Carta. Según reiterada jurisprudencia, dicho principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son comparables y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, salvo que este trato esté justificado objetivamente (véase, en particular, la sentencia de 12 de noviembre de 2014, Guardian Industries y Guardian Europe/Comisión, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, apartado 51).

64

El Tribunal General debe respetar el citado principio, no solamente cuando efectúa su control de la legalidad de la decisión de la Comisión por la que se imponen multas, sino también al ejercer su competencia jurisdiccional plena. En efecto, el ejercicio de esta última competencia no debe dar lugar, en el momento de determinar la cuantía de las multas impuestas a las empresas que han participado en un acuerdo o una práctica concertada contrarios al artículo 101 TFUE, apartado 1, a una discriminación entre ellas (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de diciembre de 2014, Comisión/Parker Hannifin Manufacturing y Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, apartado 77).

65

En el presente asunto, sin embargo, las alegaciones que las recurrentes esgrimen para reprochar al Tribunal General haberles impuesto unos plazos de pago discriminatorios no pueden ser acogidas, por ser absolutamente infundadas, y ello por los mismos motivos que los expuestos en los apartados 53 y 54 anterior.

66

Además, debe advertirse que el Tribunal General declaró con acierto, en el apartado 356 de la sentencia recurrida, que la toma en consideración, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, de circunstancias posteriores a la Decisión controvertida a efectos de la apreciación de la capacidad contributiva de las recurrentes no implica una discriminación con respecto a las empresas que no interpusieron recurso para combatir la apreciación de su capacidad contributiva efectuada por la Comisión. Las recurrentes, en efecto, interpusieron un recurso en primera instancia, luego no se encuentran en una situación comparable a la de las referidas empresas (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros, C‑310/97 P, EU:C:1999:407, apartados 49 a 63).

67

Por consiguiente, debe desestimarse por manifiestamente infundada la segunda parte del segundo motivo de casación.

68

De ello se infiere que debe desestimarse el segundo motivo.

69

Mediante su tercer motivo de casación, las recurrentes reprochan al Tribunal General no haber ejercido su facultad de apreciación completa para efectuar un control independiente, al haber considerado, en el apartado 334 de la sentencia recurrida, que la apreciación de la capacidad contributiva de las recurrentes debía basarse en el importe de la multa tal como fue impuesta en la Decisión controvertida, vulnerando así el derecho a una tutela judicial efectiva enunciado tanto en el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, como en el artículo 47 de la Carta.

70

Para las recurrentes, controlar de forma independiente el carácter adecuado de la multa exigía del Tribunal General un examen minucioso de los criterios que son fundamentales para el cálculo de ésta, como la duración y la gravedad de la infracción. Un control que se limite a los errores de apreciación no puede ser calificado de suficiente, tanto más cuanto que el ejercicio de la competencia jurisdiccional plena conlleva un procedimiento unilateral en el que el Tribunal General ha de sustituir la apreciación de la Comisión por la suya propia.

71

La Comisión considera que el tercer motivo de casación, al defender un control de la apreciación de los hechos, es de dudosa admisibilidad, y que, en cualquier caso, carece de fundamento.

72

Es necesario despejar inmediatamente las dudas manifestadas por la Comisión sobre la admisibilidad de este tercer motivo, toda vez que, al amparo de éste, lo que las recurrentes reprochan al Tribunal General es haber incurrido en error de Derecho al llevar a cabo el control de la Decisión controvertida.

73

En lo concerniente al fundamento del referido motivo, consta que el Tribunal General, en los apartados 121 a 265 de la sentencia recurrida, desestimó los motivos invocados primero a cuarto en su totalidad, al amparo de los cuales, las recurrentes, en esencia, pretendían cuestionar la infracción considerada probada por la Decisión controvertida y el importe de la multa que se les impuso en dicha Decisión. En el presente recurso de casación, las recurrentes no han esgrimido argumentación alguna para impugnar los razonamientos de esa parte de la sentencia recurrida.

74

En tales circunstancias, no cabe reprochar al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho por haber declarado, en el apartado 334 de la sentencia recurrida, que, a falta de error que pudiera viciar de ilegalidad la Decisión controvertida, procedía apreciar la nueva capacidad contributiva de las recurrentes sobre la base del importe de la multa impuesta en tal Decisión.

75

Por consiguiente, debe desestimarse por manifiestamente infundado el tercer motivo de casación.

76

En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, éste decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. A tenor del artículo 138, apartado 1, del mismo Reglamento, que resulta aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de éste, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

77

Al haber solicitado la Comisión la condena en costas de Westfälische Drahtindustrie GmbH, de Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG y de Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG y haber sido desestimados los motivos formulados por éstas, procede condenarlas en costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) resuelve: