1

Mediante su recurso interpuesto con arreglo al artículo 270 TFUE, el demandante, AH, solicita, en primer lugar, la anulación de la decisión de la Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales (PMO) de la Comisión Europea de 9 de febrero de 2023 por la que se le deniega la indemnización por expatriación (en lo sucesivo, «decisión impugnada»); en segundo lugar, el «reconocimiento» de su derecho a la indemnización por expatriación a contar desde el 1 de febrero de 2023, y, en tercer lugar, la reparación del perjuicio moral que alega haber sufrido como consecuencia de la decisión impugnada.

Antecedentes del litigio

2

El demandante es un nacional italiano que reside en Bruselas (Bélgica) desde el 16 de mayo de 2017.

3

El 1 de octubre de 2022, el demandante fue contratado como agente contractual GF 1 en el Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023. Al determinar sus derechos económicos con ocasión de su entrada al servicio del Comité de las Regiones, este le concedió la indemnización por expatriación prevista en el artículo 69 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»), calculada de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII de dicho Estatuto.

4

Tras ser contratado para el puesto de agente contractual GF 1 en la Secretaría General del Consejo (SGC), el demandante puso fin a sus funciones en el Comité de las Regiones el 31 de enero de 2023. Un día más tarde, entró al servicio de la SGC.

5

El 9 de febrero de 2023, la PMO le comunicó la decisión impugnada, por la que se fijaron sus derechos económicos con ocasión de su entrada al servicio de la SGC.

6

Tras recibir la decisión impugnada, el demandante envió un correo electrónico al agente de la PMO en el que solicitaba que se le explicase por qué razón su contrato en la SGC no contemplaba el derecho a una indemnización por expatriación, que sí percibió mientras estuvo contratado por el Comité de las Regiones, con anterioridad a su entrada al servicio de la SGC.

7

Mediante correos electrónicos de 6 y 7 de marzo de 2023, el agente de la PMO respondió al demandante que, por un lado, su contrato con la SGC suponía una nueva entrada en servicio, a pesar de que dicho contrato había sucedido ininterrumpidamente al contrato con el Comité de las Regiones. Por otro lado, dado que había trabajado y residido en Bélgica durante todo el período de referencia previsto en el artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto, es decir, entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de julio de 2022, no tenía derecho a la indemnización por expatriación.

8

El 28 de abril de 2023, el demandante presentó una reclamación contra la decisión impugnada, con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto.

9

El 11 de agosto de 2023, la Comisión, en su condición de autoridad facultada para celebrar los contratos (en lo sucesivo, «AFCC»), adoptó una decisión desestimatoria de la reclamación, que fue notificada al demandante ese mismo día.

Pretensiones de las partes

10

El demandante solicita al Tribunal General que:

–

Anule la decisión impugnada.

–

Reconozca su derecho a la indemnización por expatriación a contar desde el 1 de febrero de 2023.

–

Condene a la Comisión a pagarle la cantidad de 5 000 euros en concepto de indemnización del perjuicio moral.

–

Condene en costas a la Comisión.

11

La Comisión solicita al Tribunal General que:

–

Desestime el recurso.

–

Condene en costas al demandante.

Fundamentos de Derecho

Sobre las pretensiones de anulación

12

En apoyo de sus pretensiones de anulación, el demandante invoca dos motivos. El primero se basa en un error manifiesto de apreciación y en un error de Derecho por lo que respecta a la interpretación del artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto. El segundo se basa en la vulneración del principio de buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

13

En su primer motivo, el demandante alega que, habida cuenta de la continuidad funcional de su relación laboral con la Unión Europea y del objetivo de la indemnización por expatriación, la AFCC cometió un error manifiesto de apreciación y un error de Derecho por lo que respecta a la interpretación del artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto, al volver a fijar el período de referencia a partir de su entrada al servicio de la SGC.

14

A este respecto, en primer lugar, el demandante sostiene que la inexistencia de interrupción temporal entre sus dos contratos de trabajo, celebrados respectivamente con el Comité de las Regiones y con la SGC, demuestra la «continuidad funcional» de su relación laboral con la administración de la Unión, que permite llevar a la prórroga automática del derecho a la indemnización por expatriación concedida con ocasión de su entrada al servicio del Comité de las Regiones.

15

Según el demandante, por un lado, de la sentencia de 15 de diciembre de 2022, Picard/Comisión (C‑366/21 P, EU:C:2022:984), se desprende que la relación laboral de un agente con la «administración de la Unión» debe apreciarse en su conjunto, sin tener en cuenta las instituciones u organismos empleadores. Por otro lado, considera que, tanto de dicha sentencia como de la sentencia de 14 de diciembre de 2018, Torné/Comisión (T‑128/17, EU:T:2018:969), se desprende que las disposiciones del Estatuto relativas a la relación laboral entre un agente y la administración de la Unión deben interpretarse de manera que se preserve su «continuidad funcional».

16

En segundo lugar, el demandante afirma que, según reiterada jurisprudencia, la indemnización por expatriación establecida en el artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto tiene por objeto compensar las cargas y desventajas particulares resultantes de la entrada al servicio de la Unión para los agentes que se ven por ello obligados a cambiar su residencia del Estado de su domicilio al Estado de destino y a integrarse en un entorno nuevo (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de julio de 2021, KO/Comisión, T‑389/20, no publicada, EU:T:2021:436, apartado 17 y jurisprudencia citada), sin diferenciar en función de si las funciones se asumen en una institución u organismo particular. De ello deduce que, en el supuesto de que un agente que haya trasladado inicialmente su residencia al Estado de destino cambie de empleo dentro de la Unión, sin cambiar su Estado de destino y sin que exista ninguna interrupción entre los dos contratos de trabajo, debe mantenerse la continuidad funcional de su relación laboral con la Unión. A su juicio, tal cambio es de carácter puramente formal y no tiene ningún efecto sobre la naturaleza y el alcance de los beneficios y las cargas que conlleva para un agente la entrada al servicio de la Unión.

17

El demandante añade que la interpretación contraria, que supone que el cálculo del derecho a la indemnización por expatriación se efectúe con ocasión de cada entrada en servicio en caso de puestos de trabajo sucesivos en las instituciones y organismos de la Unión situados en el territorio del mismo Estado miembro, llevaría a deparar un trato discriminatorio a los agentes, que no disponen de ningún mecanismo de movilidad, en relación, en particular, con los funcionarios y otros agentes mencionados en el artículo 2, letra f), del Régimen aplicable a los otros agentes (en lo sucesivo, «ROA»), para los que sí se establecen mecanismos de movilidad entre agencias.

18

En tercer lugar, el demandante alega que la AFCC incurrió en un error manifiesto de apreciación al denegarle la indemnización por expatriación con fundamento en la sentencia de 5 de diciembre de 2012, Grazyte/Comisión (F‑76/11, EU:F:2012:173). El demandante señala que, en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, la situación de la parte demandante difería de la suya, puesto que ella fue contratada sucesivamente por agencias de la Unión establecidas en distintos Estados miembros.

19

La Comisión rebate las alegaciones del demandante.

20

En primer lugar, la Comisión sostiene, por un lado, que la interpretación del concepto de «entrada en servicio» que se recoge en las sentencias de 15 de diciembre de 2022, Picard/Comisión (C‑366/21 P, EU:C:2022:984), y de 14 de diciembre de 2018, Torné/Comisión (T‑128/17, EU:T:2018:969), es específica de la situación particular de las contribuciones al régimen de pensiones de la Unión. Observa que, dado que solo existe un régimen de pensiones al que contribuyen todos los funcionarios y agentes a lo largo de sus servicios en las distintas instituciones y organismos de la Unión, el Tribunal de Justicia y el Tribunal General han interpretado dicho concepto a la luz de la continuidad funcional de la relación laboral de los agentes.

21

Por otro lado, la Comisión alega que no es necesario remitirse a las sentencias de 15 de diciembre de 2022, Picard/Comisión (C‑366/21 P, EU:C:2022:984), y de 14 de diciembre de 2018, Torné/Comisión (T‑128/17, EU:T:2018:969), puesto que existe una jurisprudencia específica relativa al concepto de «entrada en servicio» que figura en el artículo 4, apartado 1, letras a) y b), del anexo VII del Estatuto, relativo a la indemnización por expatriación.

22

En segundo lugar, la Comisión aduce que de la jurisprudencia citada en el apartado 16 anterior se desprende que el derecho a la indemnización por expatriación debe determinarse con ocasión de cada entrada al servicio de un nuevo empleador. De este modo, afirma que, si bien es cierto que no hubo interrupción entre los contratos del demandante, estos se celebraron con dos empleadores diferentes, cada uno dotado de su propia personalidad jurídica.

23

La Comisión considera, asimismo, que los funcionarios y los agentes no se encuentran en una situación comparable. En su opinión, de la jurisprudencia se deduce que los agentes contractuales o temporales no tienen derecho a la movilidad, en la medida en que el ROA no prevé el cambio de destino, a diferencia de las normas aplicables a los funcionarios.

24

En tercer lugar, por lo que atañe a la sentencia de 5 de diciembre de 2012, Grazyte/Comisión (F‑76/11, EU:F:2012:173), la Comisión señala que el hecho de que el cambio de empleo no tenga como consecuencia el cambio de Estado de destino no impide la aplicación de dicha sentencia. Añade que el Tribunal General, sobre la base de esta última sentencia, declaró en la sentencia de 13 de julio de 2018, Quadri di Cardano/Comisión (T‑273/17, EU:T:2018:480), que no existía continuidad entre los distintos contratos entre la parte demandante y las distintas instituciones y organismos de la Unión establecidos en el mismo Estado miembro.

25

A este respecto, debe recordarse que el artículo 92 del ROA, al que está sujeto el demandante como agente contractual, prevé, mediante remisiones sucesivas a los artículos 20 y 21 del ROA, que los agentes contractuales tendrán derecho a la indemnización por expatriación prevista en el artículo 69 del Estatuto, cuyas condiciones de concesión se detallan en el artículo 4 del anexo VII del Estatuto.

26

A tenor del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto, se concederá una indemnización por expatriación en cuantía igual al 16 % del sueldo base, así como de la asignación familiar y de la asignación por hijo a su cargo abonadas al funcionario, a los funcionarios que cumplan dos requisitos acumulativos, a saber:

–

que no tengan ni hayan tenido nunca la nacionalidad del Estado en cuyo territorio se encuentre su lugar de destino, y

–

que, en un período de cinco años cuyo término sea anterior en seis meses a su entrada al servicio de la Unión, no hubieren residido ni ejercido su actividad profesional principal, de forma habitual, en el territorio europeo de tal Estado. Para la aplicación de esta disposición no se tendrán en consideración las situaciones derivadas de servicios prestados a otro Estado o a una organización internacional.

27

De la decisión desestimatoria de la reclamación se desprende que el período de referencia de cinco años previsto en el artículo 4, apartado 1, letra a), segundo guion, del anexo VII del Estatuto se fijó del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2022, esto es, un período de cinco años que expiró seis meses antes del 1 de febrero de 2023, fecha en que la SGC contrató al demandante.

28

De este modo, la AFCC consideró que la contratación del demandante en la SGC constituía una nueva «entrada en servicio», habida cuenta de la sentencia de 5 de diciembre de 2012, Grazyte/Comisión (F‑76/11, EU:F:2012:173). En efecto, en el punto 20 de la decisión desestimatoria de la reclamación, la AFCC se refirió a dicha sentencia y explicó que un «funcionario o agente que ha sido empleado sucesivamente por instituciones u organismos de la Unión diferentes, cada uno dotado de su propia personalidad jurídica, no puede invocar la continuidad entre los diferentes contratos» y que un «nuevo contrato celebrado con otro empleador supone la discontinuidad de la relación laboral».

29

Dado que el demandante indicó en el formulario de entrada en servicio que había llegado a Bélgica el 16 de mayo de 2017, la AFCC señaló, en los apartados 26 y 27 de la decisión desestimatoria de la reclamación, que había tenido su residencia habitual en Bruselas durante todo el período de referencia y que, por consiguiente, no tenía derecho a la indemnización por expatriación.

30

El demandante rechaza tal apreciación, pues considera que el período de referencia para determinar el derecho a la indemnización por expatriación debe calcularse desde su primera entrada al servicio de la Unión, que tuvo lugar el 1 de octubre de 2022, en el Comité de las Regiones. Alega que, dado que llegó a Bélgica el 16 de mayo de 2017, no tuvo allí su residencia habitual durante todo el período establecido de esa forma (a saber, entre el 1 de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2022) y, correlativamente, el derecho a la indemnización por expatriación que se le concedió cuando entró al servicio del Comité de las Regiones debería haberse prorrogado automáticamente.

31

En opinión del demandante, habida cuenta del objetivo de la indemnización por expatriación, dado que no hubo interrupción entre sus dos contratos de trabajo, el cambio de empleador dentro de la Unión, que no tuvo como consecuencia un cambio de Estado de destino, es de carácter puramente formal y no tiene ningún efecto sobre la naturaleza y el alcance de las cargas y desventajas que conlleva para él la entrada al servicio de la Unión.

32

A este respecto, como sostiene acertadamente el demandante, la indemnización por expatriación tiene por objeto compensar las cargas y desventajas particulares resultantes de la entrada al servicio de la Unión para los funcionarios y agentes que se ven por ello obligados a cambiar su residencia del Estado de su domicilio al Estado de destino y a integrarse en un entorno nuevo (véase la sentencia de 14 de julio de 2021, KO/Comisión, T‑389/20, no publicada, EU:T:2021:436, apartado 17 y jurisprudencia citada).

33

Ciertamente, teniendo en cuenta este objetivo, el Tribunal de la Función Pública ha declarado que las disposiciones del artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto deben interpretarse en el sentido de que, cuando una persona que solicita la indemnización por expatriación ha trabajado para varias agencias distintas, la fecha en la que expira el período de referencia es la de la entrada en funciones de dicha persona en la agencia de que se trata, como establece el contrato de agente temporal sobre cuya base se solicitó la concesión de la indemnización de expatriación (sentencia de 5 de diciembre de 2012, Grazyte/Comisión, F‑76/11, EU:F:2012:173, apartado 46).

34

No obstante, procede señalar que la situación de la parte demandante en el asunto que dio lugar a la sentencia de 5 de diciembre de 2012, Grazyte/Comisión (F‑76/11, EU:F:2012:173), era distinta de la del demandante en el presente asunto. Como sostiene el demandante, en dicho asunto, la toma en consideración de la nueva entrada en servicio estaba justificada por circunstancias específicas, concretamente por el hecho de que el nuevo contrato supuso un cambio de Estado de destino de la parte demandante. En efecto, el Tribunal de la Función Pública declaró que es pacífico que una persona contratada por una agencia, tras haber trabajado para otra agencia en el territorio de otro Estado miembro, debe considerarse «expatriada», puesto que debe integrarse en un entorno nuevo (sentencia de 5 de diciembre de 2012, Grazyte/Comisión, F‑76/11, EU:F:2012:173, apartado 46).

35

La Comisión aduce que la interpretación del artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto adoptada en la sentencia de 5 de diciembre de 2012, Grazyte/Comisión (F‑76/11, EU:F:2012:173), fue seguida por el Tribunal General en su jurisprudencia posterior, de la que se desprende que la determinación de los derechos económicos, incluida la indemnización por expatriación, debe realizarse cada vez que se produzca una nueva entrada al servicio de un nuevo empleador.

36

A este respecto, procede observar que, en las sentencias de 14 de julio de 2021, KO/Comisión (T‑389/20, no publicada, EU:T:2021:436), apartado 45; de 15 de septiembre de 2021, LF/Comisión (T‑466/20, EU:T:2021:574), apartado 113, y de 13 de julio de 2018, Quadri di Cardano/Comisión (T‑273/17, EU:T:2018:480), apartado 112, el Tribunal General declaró, en esencia, que, a falta de continuidad entre los diferentes contratos entre un agente y las instituciones y organismos de la Unión que lo emplean sucesivamente, la determinación de los derechos económicos, incluida la indemnización por expatriación, debe realizarse cada vez que se produzca una nueva entrada al servicio de un nuevo empleador. El Tribunal General precisó que, por consiguiente, el período de referencia y los hechos pertinentes para examinar los requisitos previstos en el artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto eran diferentes para cada contrato y que, en esas circunstancias, en el momento de su entrada al servicio de una institución, el interesado no podía invocar decisiones anteriores relativas a la indemnización por expatriación.

37

Como alega la Comisión, el Tribunal General no ha reconocido en ninguno de los asuntos citados en el apartado 36 anterior la existencia de una continuidad entre los distintos contratos celebrados entre el agente y las instituciones y organismos de la Unión que justifique que la nueva institución o agencia no vuelva a determinar el derecho de la indemnización por expatriación, habida cuenta de la celebración de un nuevo contrato con el nuevo empleador.

38

Sin embargo, es preciso señalar que las situaciones de los demandantes en dichos asuntos eran diferentes de la situación del demandante en el caso de autos.

39

En cuanto al asunto que dio lugar a la sentencia de 14 de julio de 2021, KO/Comisión (T‑389/20, no publicada, EU:T:2021:436), hubo una interrupción de más de un año entre dos contratos celebrados con la Comisión (sentencia de 14 de julio de 2021, KO/Comisión, T‑389/20, no publicada, EU:T:2021:436, apartado 5). Además, la denegación de la indemnización por expatriación estaba justificada por el hecho de que, en ese asunto, la parte demandante había establecido el centro habitual de sus intereses en su Estado de destino, a saber, Bélgica, mucho antes del inicio del período de referencia (sentencia de 14 de julio de 2021, KO/Comisión, T‑389/20, no publicada, EU:T:2021:436, apartados 30 a 32).

40

Por lo que respecta al asunto del que trae causa la sentencia de 15 de septiembre de 2021, LF/Comisión (T‑466/20, EU:T:2021:574), aunque los contratos de la parte demandante en dicho asunto no implicaron un cambio del Estado de destino, se celebraron con dos empleadores diferentes, con un intervalo de cuatro meses entre uno y otro, período durante el cual durante la parte demandante estuvo inscrita como solicitante de empleo (sentencia de 15 de septiembre de 2021, LF/Comisión, T‑466/20, EU:T:2021:574, apartado 113).

41

En lo que atañe al asunto que dio lugar a la sentencia de 13 de julio de 2018, Quadri di Cardano/Comisión (T‑273/17, EU:T:2018:480), aunque la parte demandante celebró varios contratos con agencias e instituciones establecidas en el mismo Estado miembro, se produjo una interrupción entre algunos de ellos (sentencia de 13 de julio de 2018, Quadri di Cardano/Comisión, T‑273/17, EU:T:2018:480, apartado 112). No obstante, de dicha sentencia se desprende que no hubo interrupción temporal alguna entre los dos últimos contratos celebrados entre la parte demandante y las agencias en cuestión y que, además, la parte demandante había disfrutado indebidamente de la indemnización por expatriación durante el primero de esos dos contratos (sentencia de 13 de julio de 2018, Quadri di Cardano/Comisión, T‑273/17, EU:T:2018:480, apartados 24 a 26 y 29).

42

En este sentido, en los asuntos examinados anteriormente, se produjo una interrupción temporal entre los contratos celebrados entre los agentes y las instituciones y agencias de la Unión. Pues bien, esta circunstancia no concurre en el presente asunto, ya que el demandante empezó a trabajar para la SGC el día siguiente a la expiración de su contrato con el Comité de las Regiones.

43

Además, procede señalar que de la respuesta de la Comisión a la diligencia de ordenación del procedimiento de 25 de julio de 2024 resulta que el enfoque adoptado por la PMO en el presente asunto no era seguido necesariamente por otras instituciones y agencias de la Unión. A este respecto, de lo anterior se desprende que, en determinadas instituciones de la Unión, siempre que no haya interrupción temporal entre los contratos y que el Estado de destino no cambie, el cambio de empleador dentro de la Unión no afecta al derecho a la indemnización por expatriación. En tal caso, no cabe proceder a una nueva determinación del derecho a la indemnización por expatriación, sino que debe prorrogarse el derecho fijado por el empleador anterior, a menos que este haya cometido un error manifiesto en la determinación de dicho derecho.

44

En el presente asunto, las partes están de acuerdo en que el demandante puso fin a sus funciones en el Comité de las Regiones después de haber sido contratado por la SGC (véase el apartado 4 anterior) y que, por tanto, no hubo una interrupción temporal entre el contrato celebrado con el Comité de las Regiones y el contrato celebrado con la SGC. Además, dado que el Comité de las Regiones y la SGC se encuentran en Bélgica, el cambio de empleo no supuso un cambio de Estado de destino.

45

Habida cuenta del objetivo de la indemnización por expatriación, recordado en el apartado 32 anterior, debe señalarse que la situación en que se hallaba el demandante en el momento de su entrada al servicio del Comité de las Regiones no cambió en el momento de su entrada al servicio de la SGC. Lo mismo sucede con las cargas y desventajas que la indemnización por expatriación pretende compensar.

46

A la luz de lo anterior, procede declarar que, en el presente asunto, la inexistencia de interrupción temporal entre los contratos celebrados sucesivamente por el demandante con el Comité de las Regiones y la SGC, así como el hecho de que no cambiara de Estado de destino, permiten concluir que, a pesar del cambio de empleador, existía en este caso una continuidad entre dichos contratos que justificaba la prórroga de su derecho a la indemnización por expatriación determinado con ocasión de su entrada al servicio del Comité de las Regiones.

47

En consecuencia, la PMO incurrió en un error manifiesto de apreciación y en un error de Derecho por lo que respecta a la interpretación del artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto al denegar al demandante el derecho a la indemnización por expatriación cuando fue contratado por la SGC.

48

De ello se sigue que procede estimar el primer motivo y anular la decisión impugnada, sin que sea necesario examinar las demás alegaciones y el segundo motivo invocados por el demandante.

Sobre la pretensión de que se reconozca el derecho del demandante a percibir la indemnización por expatriación

49

El demandante solicita al Tribunal General que ejerza su competencia jurisdiccional plena para reconocer la existencia de su derecho a percibir la indemnización por expatriación a partir del 1 de febrero de 2023.

50

Cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia, en el marco de un recurso de anulación, el juez de la Unión, sin invadir las prerrogativas de la autoridad administrativa, no puede ordenar a una institución de la Unión que adopte las medidas exigidas por el cumplimiento de una sentencia que anula una decisión (véase la sentencia de 14 de septiembre de 2011, Marcuccio/Comisión, T‑236/02, EU:T:2011:465, apartado 163 y jurisprudencia citada).

51

No obstante, en los litigios de carácter pecuniario, el Tribunal General dispone de competencia jurisdiccional plena, de conformidad con el artículo 91, apartado 1, segunda frase, del Estatuto, que le encomienda la misión de ofrecer una solución completa a los litigios que se le han sometido, es decir, de pronunciarse sobre la totalidad de los derechos y obligaciones del agente, sin perjuicio de atribuir a la institución de que se trate la ejecución, bajo su control, de ciertas partes de la sentencia en las condiciones específicas que él establezca (sentencia de 18 de diciembre de 2007, Weißenfels/Parlamento, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, apartado 67).

52

A efectos del artículo 91, apartado 1, segunda frase, del Estatuto, constituyen «litigios de carácter pecuniario» no solo las acciones de responsabilidad ejercitadas contra una institución por miembros de su personal, sino también todas aquellas que intenten obtener el abono por una institución a un miembro de su personal de una cantidad a la que este considera tener derecho en virtud del Estatuto o de otro acto que regule sus relaciones laborales. Corresponde, pues, al juez de la Unión condenar, en su caso, a la institución al pago de la suma a la que el recurrente tiene derecho en virtud del Estatuto o de otro acto jurídico (sentencia de 18 de diciembre de 2007, Weißenfels/Parlamento, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, apartados 65 y 68), o reconocer la existencia del derecho a percibir la indemnización por expatriación (véase la sentencia de 19 de junio de 2007, Asturias Cuerno/Comisión, T‑473/04, EU:T:2007:184, apartado 23 y jurisprudencia citada).

53

En el presente asunto, del apartado 47 anterior se desprende que la PMO denegó erróneamente al demandante el derecho a la indemnización por expatriación con ocasión de su contratación en la SGC y que, por tanto, el demandante tiene derecho a percibir dicha indemnización desde el 1 de febrero de 2023 (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de junio de 2007, Asturias Cuerno/Comisión, T‑473/04, EU:T:2007:184, apartado 77).

Sobre las pretensiones indemnizatorias

54

El demandante sostiene que la decisión impugnada le causó un perjuicio moral que evalúa en un importe de 5 000 euros.

55

La Comisión solicita que se desestimen las pretensiones indemnizatorias.

56

En el marco de una reclamación de indemnización presentada por un funcionario o un agente, la generación de la responsabilidad de la Unión exige que concurran tres requisitos acumulativos, a saber, la ilicitud de la actuación imputada a las instituciones, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre esa actuación y el perjuicio invocado [véase la sentencia de 22 de noviembre de 2023, QN/eu-LISA, T‑484/22, EU:T:2023:741, apartado 198 (no publicado) y jurisprudencia citada].

57

Sin embargo, la anulación de un acto que adolece de ilegalidad puede constituir una reparación adecuada y, en principio, suficiente de todo perjuicio moral que el acto pueda haber causado, a menos que la parte demandante demuestre haber sufrido un perjuicio moral que no puede ser íntegramente reparado por dicha anulación [véase la sentencia de 22 de noviembre de 2023, QN/eu-LISA, T‑484/22, EU:T:2023:741, apartado 199 (no publicado) y jurisprudencia citada].

58

En el presente asunto, el demandante atribuye el perjuicio que alega haber sufrido a la decepción y pérdida de motivación que experimentó debido al comportamiento ilícito de la PMO, así como a la pérdida de tiempo resultante de las gestiones que tuvo que realizar para hacer valer sus derechos.

59

A este respecto, de la jurisprudencia se deduce que el sentimiento de injusticia y los padecimientos que ocasiona a una persona el hecho de tener que iniciar un procedimiento administrativo y, posteriormente, un procedimiento judicial, para que se le reconozcan sus derechos constituye un daño que puede deducirse del mero hecho de que la administración haya cometido ilegalidades. Estos daños pueden ser objeto de reparación cuando no quedan compensados por la satisfacción resultante de la anulación del acto en cuestión (sentencia de 28 de mayo de 2020, Cerafogli/BCE, T‑483/16 RENV, no publicada, EU:T:2020:225, apartado 448).

60

En las circunstancias del presente asunto, dado que el demandante ha invocado, en virtud de las ilegalidades de que adolece la decisión impugnada, un error manifiesto de apreciación y un error de Derecho por lo que respecta a la interpretación del artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto, tomados en consideración por el Tribunal General para anular dicha decisión, cabe considerar que el perjuicio moral invocado queda reparado de manera adecuada y suficiente con la anulación de la decisión impugnada.

61

Por consiguiente, procede desestimar las pretensiones indemnizatorias del demandante.

Costas

62

A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

63

Al haber sido desestimadas, en lo esencial, las pretensiones de la Comisión, procede condenarla a pagar, además de con sus propias costas, con las del demandante, conforme a lo solicitado por este.

1)

Anular la decisión de la Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales (PMO) de la Comisión Europea de 9 de febrero de 2023 por la que se deniega a AH la indemnización por expatriación.

2)

Declarar que AH tiene derecho a percibir la indemnización por expatriación, prevista en el artículo 4 del anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, a partir del 1 de febrero de 2023.

3)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

4)

Condenar en costas a la Comisión.