Edición provisional

CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL

SRA. LAILA MEDINA

presentadas el 9 de julio de 2026 (1)

Asunto C‑323/25 [Vinkers] (i)

KBC Verzekeringen NV

contra

HC,

Baloise Belgium NV

[Petición de decisión prejudicial planteada por el hof van beroep te Antwerpen (Tribunal de Apelación de Amberes, Bélgica)]

« Petición de decisión prejudicial — Protección de los consumidores — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores — Directiva 93/13/CEE — Artículo 1, apartado 2 — Cláusula que refleja una disposición legal imperativa — Modelo de contrato establecido por ley — Exigencias de inteligibilidad y de transparencia — Seguro obligatorio de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles — Incendio en una autocaravana ocurrido en un camping — Cobertura de seguro mínima — Obligación de informar al consumidor »






I.      Introducción

1.        El presente asunto brinda al Tribunal de Justicia la ocasión de examinar las exigencias de transparencia impuestas en la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, (2) en relación con un contrato de seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles. La particularidad del asunto radica en que el vehículo asegurado es una autocaravana que puede utilizarse de dos modos: como medio de transporte y como alojamiento. La cláusula contractual controvertida establecía una cobertura de seguro correspondiente al seguro mínimo obligatorio exigido por la legislación nacional. La cuestión que se plantea es si un consumidor, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, podría entender que el alcance de la cobertura del seguro se limita a los accidentes de tráfico derivados del uso de la autocaravana como medio de transporte, excluyendo los accidentes derivados de su uso como alojamiento.

II.    Marco jurídico

A.      Derecho de la Unión

1.      Directiva 2009/103/CE

2.        El artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, (3) en su redacción aplicable al litigio principal, tiene el siguiente tenor:

«Cada Estado miembro adoptará todas las medidas apropiadas, sin perjuicio de la aplicación del artículo 5, para que la responsabilidad civil relativa a la circulación de vehículos que tengan su estacionamiento habitual en su territorio, sea cubierta mediante un seguro.»

2.      Directiva 93/13

3.        El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 establece:

«Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, donde los Estados miembros o la Comunidad son parte, no estarán sometidos a las disposiciones de la presente Directiva.»

4.        El artículo 5 de dicha Directiva está redactado en los siguientes términos:

«En los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán estar redactadas siempre de forma clara y comprensible. En caso de duda sobre el sentido de una cláusula, prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor. […]»

B.      Derecho belga

1.      Ley de 21 de noviembre de 1989

5.        Según el artículo 2, apartado 1, de la Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (Ley de 21 de noviembre de 1989 relativa al seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de vehículos de motor; en lo sucesivo, «Ley de 21 de noviembre de 1989»), (4) ningún vehículo de motor estará autorizado a circular mientras no esté cubierta la responsabilidad civil a la que pueda dar lugar.

2.      Real Decreto de 1992 y Real Decreto de 2018

6.        El Koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (Real Decreto de 14 de diciembre de 1992 relativo al modelo de contrato de seguro obligatorio de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles; en lo sucesivo, «Real Decreto de 1992»), (5) en su redacción aplicable en el momento de la celebración del contrato, establecía un modelo de contrato de seguro obligatorio de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles.

7.        El artículo 1 del Real Decreto de 1992 precisaba que los contratos relativos al seguro obligatorio de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles debían ajustarse a las disposiciones del modelo de contrato anexo al Real Decreto (en lo sucesivo, «modelo de contrato»). Además, preveía que, no obstante, estaba permitido establecer excepciones a dichas disposiciones en favor del tomador del seguro, del asegurado o de cualquier tercero que intervenga en la ejecución del contrato.

8.        El modelo de contrato definía «siniestro» como cualquier incidente que haya causado daños y pueda dar lugar a la aplicación del contrato.

9.        El capítulo 1 del modelo de contrato se titulaba «Objeto y ámbito de aplicación del seguro». Su artículo 1 establecía lo siguiente:

«Mediante este contrato, la compañía cubre, de conformidad con la Ley de 21 de noviembre de 1989 y en las condiciones establecidas a continuación, la responsabilidad civil de los asegurados derivada de un siniestro causado en Bélgica por el vehículo descrito […]

[…]

El seguro se proporcionará en relación con los daños producidos en la vía pública o en locales públicos o privados.»

10.      El Real Decreto de 1992 fue sustituido por el Koninklijk besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (Real Decreto de 16 de abril de 2018 por el que se establecen las condiciones de los contratos de seguro que cubren la responsabilidad civil obligatoria que resulta de la circulación de vehículos automóviles; en lo sucesivo, «Real Decreto de 2018»). (6)

III. Litigio principal y cuestiones prejudiciales

11.      El 14 de septiembre de 2011, HC, consumidor, celebró un contrato con Baloise Belgium NV (en lo sucesivo, «Baloise»), parte demandada en el litigio principal, para proporcionar un seguro frente a la responsabilidad civil de su autocaravana (en lo sucesivo, «contrato de seguro de 2011»).

12.      El 2 de julio de 2021, HC aparcó la autocaravana en un camping de Bélgica. Durante la noche del 1 al 2 de julio de 2021, se produjo un incendio en la autocaravana. La causa del incendio fue la carga del escúter de movilidad eléctrica de HC en una toma de corriente eléctrica de 230 voltios en la autocaravana. (7) El incendio se propagó a otras autocaravanas y también causó daños a la infraestructura del camping.

13.      Baloise se negó a proporcionar cobertura de seguro a HC por el accidente, alegando que, en el momento del accidente, la autocaravana se estaba utilizando como alojamiento y no como medio de transporte. Por lo tanto, el riesgo concretado no guardaba una relación de causalidad con el uso del vehículo, por lo que no estaba cubierto por la póliza de seguro.

14.      HC presentó una demanda contra Baloise ante el rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Tribunal de Primera Instancia de Amberes, División de Amberes, Bélgica).

15.      KBC Verzekeringen NV (en lo sucesivo, «KBC»), aseguradora del camping y de otros perjudicados, ejercitó una acción de repetición contra HC y Baloise, solicitando el reembolso de la indemnización que ya había abonado a los asegurados.

16.      El rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Tribunal de Primera Instancia de Amberes, División de Amberes) desestimó tanto la demanda de HC como la de KBC. A este respecto, se basó en el artículo 3 de la Directiva 2009/103. Dio por hecho, al menos implícitamente, que el alcance de la cobertura mínima del seguro de responsabilidad civil, tal como se determina, en particular, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al concepto de «circulación de vehículos» (sentencia de 28 de noviembre de 2017, Rodrigues de Andrade, C‑514/16, en lo sucesivo, «sentencia Rodrigues de Andrade», EU:C:2017:908), era un hecho notorio, incluso por parte de los consumidores.

17.      Según el órgano jurisdiccional remitente, al referirse a una jurisprudencia posterior a la celebración del contrato de seguro, el órgano jurisdiccional de primera instancia modificó retroactivamente el alcance del seguro.

18.      KBC interpuso recurso de apelación ante el hof van beroep te Antwerpen (Tribunal de Apelación de Amberes, Bélgica), que es el órgano jurisdiccional remitente.

19.      Baloise sostiene ante el órgano jurisdiccional remitente que el contrato de seguro de 2011 reproduce literalmente el modelo de contrato. Según el artículo 1 del modelo de contrato, la póliza de seguro cubre la responsabilidad civil contraída con arreglo a la Ley de 21 de noviembre de 1989. La referencia a la ley es suficientemente clara. Debe presumirse que los términos de la póliza de seguro son, ipso facto, claros y comprensibles.

20.      HC replica que, sobre la base del tenor de la póliza, podía dar por sentado que estaba plenamente asegurado frente a la responsabilidad civil con respecto a la autocaravana. En ningún lugar de la póliza se indica que solo estén cubiertos los riesgos relacionados con el uso de vehículos (como medio de transporte).

21.      KBC arguye que la póliza de seguro emitida por Baloise no es clara en lo que respecta al alcance de la cobertura del seguro.

22.      El órgano jurisdiccional remitente indica que de la jurisprudencia del Hof van Cassatie (Tribunal de Casación, Bélgica) se desprende que los artículos 2 y 3 de la Ley de 21 de noviembre de 1989 regulan no solo la obligación legal de asegurar un vehículo automóvil, sino también el alcance de la cobertura del seguro. Según esa jurisprudencia, el seguro obligatorio de responsabilidad civil solo cubre los riesgos relacionados con la circulación de vehículos. Así pues, en Derecho belga, el alcance de la cobertura del seguro es equivalente a la obligación de seguro, pero este principio no se refleja en la ley ni en el modelo de póliza de seguro.

23.      En esas circunstancias, el hof van beroep te Antwerpen (Tribunal de Apelación de Amberes) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      El requisito del carácter claro y comprensible que debe permitir al consumidor prever las consecuencias económicas y jurídicas de la celebración del contrato, ¿exige que la empresa informe al consumidor de que la cobertura ofrecida no va más allá de la cobertura mínima necesaria para circular, con la consecuencia de que los considerables riesgos asociados a una autocaravana que puedan concretarse en un camping no estarán cubiertos y el consumidor, si hubiera tenido conocimiento de ello, posiblemente habría contratado de otro modo suscribiendo una póliza adicional o contratando con una aseguradora que ofreciera una cobertura más amplia?

2)      El hecho de que un contrato de seguro corresponda a un modelo establecido por las autoridades públicas, ¿significa que se cumplen ipso facto las exigencias relativas al carácter claro y comprensible en el sentido de la Directiva [93/13], de modo que debe considerarse que el consumidor puede apreciar las consecuencias económicas y jurídicas de las cláusulas contractuales relativas al objeto y al alcance de la cobertura?

3)      ¿Tiene relevancia a este respecto el hecho de que el modelo de póliza sea de derecho imperativo y que una aseguradora pueda ofrecer una cobertura más amplia?

4)      ¿Resulta relevante la cuestión de si, teniendo en cuenta el objeto que debía asegurarse, el consumidor tenía necesidades específicas (seguro contra incendios, seguro de responsabilidad civil, etc.) y la aseguradora tenía conocimiento de ello antes de suscribir la póliza?

5)      ¿Tiene relevancia el hecho de que ni la [Ley de 21 de noviembre de 1989] ni el modelo de póliza indiquen claramente la naturaleza del riesgo/el alcance de la cobertura, en concreto la circunstancia de que solo están cubiertos los riesgos relacionados con la circulación, de modo que ni siquiera una lectura cuidadosa desde el punto de vista lingüístico de la [Ley de 21 de noviembre de 1989] y del modelo de póliza permite determinar en qué circunstancias está cubierto por la póliza el incendio de la autocaravana en el camping?

6)      ¿Tiene relevancia el hecho de que el contrato de seguro se adapte por ministerio de la ley en función de los cambios legislativos, como consecuencia de los cuales el alcance de la cobertura mínima legal de la que inicialmente creía disfrutar el consumidor puede reducirse posteriormente, con el resultado de que determinados riesgos contra los que el consumidor creía estar cubierto en el momento de la celebración del contrato pueden no estar cubiertos?»

24.      Han presentado observaciones escritas HC, Baloise, los Gobiernos belga y polaco y la Comisión Europea. El Gobierno belga y la Comisión presentaron sus alegaciones y respondieron a las preguntas escritas y orales formuladas por el Tribunal de Justicia en la vista celebrada el 15 de abril de 2026.

IV.    Apreciación

A.      Cuestión preliminar: calificación del accidente como vinculado con la «circulación de vehículos»

25.      Con carácter preliminar, procede recordar que, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, incumbe al Tribunal de Justicia reformular en su caso las cuestiones que se le han planteado. (8)

26.      Por otra parte, la circunstancia de que un órgano jurisdiccional nacional, en el plano formal, haya formulado su petición de decisión prejudicial refiriéndose a determinadas disposiciones del Derecho de la Unión no impide que el Tribunal de Justicia le proporcione todos los elementos de interpretación que puedan permitirle resolver el asunto del que conoce, aun cuando no haya hecho referencia a ellos al redactar sus cuestiones prejudiciales. A este respecto, corresponde al Tribunal de Justicia deducir del conjunto de elementos aportados por el órgano jurisdiccional nacional y, especialmente, de la motivación de la resolución de remisión, los elementos del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, teniendo en cuenta el objeto del litigio. (9)

27.      En el presente asunto, todas las cuestiones prejudiciales planteadas se refieren a la Directiva 93/13 y, más concretamente, a la transparencia de una cláusula que figura en el contrato de seguro de 2011. Esta cláusula delimita el alcance de la cobertura del seguro, remitiéndose a la Ley de 21 de noviembre de 1989, que transpone parcialmente el artículo 3 de la Directiva 2009/103.

28.      En virtud del artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103, cada Estado miembro adoptará todas las medidas apropiadas, sin perjuicio de la aplicación del artículo 5 de dicha Directiva, para que la responsabilidad civil relativa a la circulación de vehículos que tengan su estacionamiento habitual en su territorio sea cubierta mediante un seguro.

29.      Aunque el órgano jurisdiccional remitente no ha preguntado formalmente al Tribunal de Justicia si el accidente de que se trata en el litigio principal, a saber, el incendio de la autocaravana, estaba o no relacionado con la «circulación de vehículos», en el sentido del artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103, los Gobiernos belga y polaco y la Comisión consideraron que se trataba de una cuestión previa que debía abordarse.

30.      Estoy de acuerdo con estas partes interesadas en que se trata de una cuestión central que debe examinarse para que el órgano jurisdiccional nacional pueda resolver el asunto del que conoce.

31.      En efecto, si el accidente objeto del litigio principal está vinculado con la «circulación de vehículos» en el sentido de la Directiva 2009/103, la responsabilidad que se derive de él tendría que estar cubierta y no tendría sentido examinar la cláusula contractual pertinente de la cobertura del seguro con arreglo a la Directiva 93/13. La cláusula pertinente del contrato de seguro de 2011 solo debe examinarse a la luz de la Directiva 93/13 si el accidente no está vinculado con la «circulación de vehículos».

32.      A este respecto, procede recordar que el concepto de «circulación de vehículos» no puede dejarse a la apreciación de cada Estado miembro, sino que constituye un concepto autónomo del Derecho de la Unión, (10) cuya interpretación corresponde al Tribunal de Justicia.

33.      Habida cuenta de las dudas que pueden inferirse de la resolución de remisión en cuanto a la consideración de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia cuando esta es posterior a la celebración de un contrato, es importante aclarar que tener en cuenta dicha jurisprudencia no da lugar a una modificación «retroactiva» del alcance de la póliza de seguro acordada entre las partes del litigio principal. (11)

34.      A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la interpretación de una norma del Derecho de la Unión efectuada por el Tribunal de Justicia, en el ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 267 TFUE, aclara y precisa el significado y el alcance de dicha norma, tal como debe o habría debido ser entendida y aplicada desde el momento de su entrada en vigor. De ello resulta que la norma que ha sido interpretada puede y debe ser aplicada por el juez a las relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de que se haya pronunciado la sentencia que resuelva sobre la petición de interpretación si, además, se cumplen los requisitos que permiten someter a los órganos jurisdiccionales competentes un litigio relativo a la aplicación de dicha norma. (12)

35.      Una vez aclarado este punto, y para dar una respuesta útil a las cuestiones prejudiciales planteadas, procede examinar la cuestión previa de si la situación del litigio principal puede calificarse de accidente vinculado con la «circulación de vehículos», en el sentido del artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103.

36.      Cabe destacar, por una parte, que una autocaravana, como la referida en el litigio principal, está comprendida en el concepto de «vehículo», contemplado en el artículo 1, punto 1, de la Directiva 2009/103, que se define como un «vehículo […] destinado a circular por el suelo, accionado mediante una fuerza mecánica y que no utiliza una vía férrea, así como los remolques, incluso no enganchados».

37.      A este respecto, procede señalar que esta definición no depende del uso que se haga o pueda hacerse del vehículo. Por lo tanto, el hecho de que una autocaravana pueda utilizarse de dos modos, como medio de transporte y como alojamiento, es irrelevante a efectos de la constatación de que responde al concepto de «vehículo» que figura en el artículo 1, punto 1, de la Directiva 2009/103. (13)

38.      Por otro lado, de los autos remitidos al Tribunal de Justicia se desprende claramente que en este caso la autocaravana tiene su estacionamiento habitual en el territorio de un Estado miembro y que no le es aplicable ninguna excepción adoptada en aplicación del artículo 5 de dicha Directiva.

39.      En segundo lugar, debe precisarse que el concepto de «circulación de vehículos», a efectos del artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103, que, como se ha señalado anteriormente, es un concepto autónomo del Derecho de la Unión, debe interpretarse teniendo en cuenta, en particular, el contexto de esta disposición y los objetivos de la normativa de la que forma parte. (14)

40.      La evolución de la normativa de la Unión en materia de seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos, incluida la Directiva 2009/103, pone de manifiesto que el objetivo de protección de las víctimas de accidentes causados por estos vehículos ha sido constantemente perseguido y reforzado por el legislador de la Unión. (15)

41.      A la luz de estas consideraciones, el Tribunal de Justicia ha declarado en su jurisprudencia, que el artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «circulación de vehículos» que figura en la citada disposición no se limita a las situaciones de circulación vial, es decir, de circulación por la vía pública, y que incluye cualquier utilización de un vehículo que sea conforme con su función habitual. (16)

42.      El Tribunal de Justicia también ha precisado que, en la medida en que los vehículos automóviles a que se refiere el artículo 1, punto 1, de la Directiva 2009/103, independientemente de sus características, están destinados a un uso habitual como medios de transporte, está incluida en este concepto toda utilización de un vehículo como medio de transporte. (17)

43.      A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el hecho de que el vehículo que se haya visto involucrado en un accidente estuviera inmovilizado en el momento en que se produjo no excluye, por sí solo, que el uso del vehículo en ese momento pueda estar comprendido en su función de medio de transporte y, en consecuencia, en el concepto de «circulación de vehículos», a efectos del artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103. (18)

44.      Tampoco es determinante que el motor del vehículo en cuestión estuviera o no en marcha en el momento de producirse el accidente. (19)

45.      El concepto de «circulación de vehículos» tampoco depende de las características del terreno en el que se utilice el vehículo ni, en particular, de la circunstancia de que el vehículo esté inmovilizado en un aparcamiento en el momento de producirse el accidente. (20)

46.      Así pues, el Tribunal de Justicia declaró, en la sentencia Línea Directa Aseguradora, que una situación en la que un vehículo estacionado en un garaje privado de un inmueble y utilizado conforme a su función de medio de transporte comenzó a arder, provocando un incendio que se originó en el circuito eléctrico del vehículo y causando daños en el inmueble, está comprendida en el concepto de «circulación de vehículos» que figura en el artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103. (21)

47.      Sin embargo, en la sentencia Rodrigues de Andrade, el Tribunal de Justicia señaló que era diferente la situación de aquellos vehículos que también están destinados a utilizarse en determinadas circunstancias como maquinaria de trabajo. (22) Para este tipo de vehículos, debe determinarse si, cuando se ve envuelto en un accidente, el vehículo se utiliza principalmente como medio de transporte, en cuyo caso este uso puede quedar comprendido en el concepto de «circulación de vehículos», a efectos del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2009/103, o como maquinaria de trabajo, en cuyo caso el uso no se incluye en este mismo concepto. (23)

48.      En dicho asunto, se estaba utilizando un tractor como generador de la fuerza motriz necesaria para accionar la bomba de la pulverizadora de herbicida de la que disponía para esparcir el herbicida sobre las viñas en una explotación agrícola. Este uso parecía estar vinculado principalmente a la función del tractor de maquinaria de trabajo y no de medio de transporte. (24)

49.      Los Gobiernos belga y polaco alegan que el accidente controvertido en el litigio principal está vinculado con la «circulación de vehículos» y que dicha situación es similar a la que dio lugar a la sentencia Línea Directa Aseguradora.La Comisión expresó la opinión contraria en la vista y adujo que el precedente pertinente era más bien la sentencia Rodrigues de Andrade.

50.      A este respecto, como se ha expuesto anteriormente, (25) procede señalar que una autocaravana como la que es objeto del litigio principal puede utilizarse de dos modos: como medio de transporte y como alojamiento. A fin de determinar si un accidente está vinculado con la «circulación de vehículos», es preciso establecer si, en el momento del accidente, el uso de la autocaravana era conforme con su función de medio de transporte o más bien con la de alojamiento.

51.      Concuerdo con la Comisión en que la situación del litigio principal se asemeja a la de la sentencia Rodrigues de Andrade y en que, en el momento del accidente, la autocaravana no se estaba utilizando como medio de transporte.

52.      De la información facilitada en la resolución de remisión se desprende que el incendio fue provocado por un escúter de movilidad eléctrica enchufado a una toma de corriente eléctrica (defectuosa) situada en la autocaravana. Por lo tanto, parece que, en el momento del accidente, el vehículo se utilizaba como fuente de alimentación eléctrica para un dispositivo que no guardaba relación alguna con el uso del vehículo como medio de transporte. Por analogía con el asunto que dio lugar a la sentencia Rodrigues de Andrade, en el que el vehículo se utilizaba como maquinaria, el uso que se hace en el asunto principal no corresponde a la función del vehículo de medio de transporte. Más bien parece estar vinculado a la otra función de dicho vehículo, la de proporcionar alojamiento.

53.      Por lo tanto, esta situación debe distinguirse de la de la sentencia Línea Directa Aseguradora, en la que el incendio se originó en el circuito eléctrico del vehículo, que se estaba utilizando conforme a su función de medio de transporte.

54.      En esas circunstancias, parece que la situación del litigio principal, en la que una autocaravana se incendió después de que se enchufara un dispositivo en una toma de corriente de esta, no es conforme con la función de dicho vehículo de medio de transporte y, por lo tanto, no puede calificarse de accidente vinculado con la «circulación de vehículos», a efectos del artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103. Habida cuenta de esta constatación, procede examinar a continuación si la Directiva 93/13 es aplicable a las cláusulas contractuales que regulan el alcance de la póliza de seguro en cuestión.

B.      Segunda cuestión prejudicial (sobre el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13)

55.      De la resolución de remisión se desprende que el seguro de responsabilidad civil de los automóviles es obligatorio en virtud de la Ley de 21 de noviembre de 1989 y que el contrato de seguro de 2011 reproduce el modelo de contrato establecido por el Real Decreto de 1992. (26) Según dicho Decreto, los contratos de seguro de responsabilidad civil de los automóviles deben respetar las cláusulas del modelo de contrato, aun cuando puedan admitirse excepciones en favor del tomador del seguro, del asegurado o de cualquier otra parte afectada por la aplicación de dicho contrato.

56.      Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente expresa dudas acerca de si la cláusula controvertida del contrato de seguro de 2011 que regula el alcance del seguro suscrito cumple las exigencias de transparencia establecidas en la Directiva 93/13, en la medida en que reproduce una cláusula prevista en el modelo de contrato.

57.      Dado que esta cuestión se refiere al alcance del control jurisdiccional de un contrato de seguro que corresponde a un modelo de póliza de seguro establecido por ley, procede, con arreglo a la jurisprudencia recordada en el punto 25 de las presentes conclusiones, reformular la cuestión a fin de examinar si la cláusula controvertida está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, a la luz del artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva. Esta última disposición excluye de su ámbito de aplicación material cualquier cláusula contractual que refleje «disposiciones legales o reglamentarias imperativas».

58.      Por consiguiente, mediante su segunda cuestión prejudicial, que procede examinar en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que dicha Directiva se aplica a una cláusula que figura en un contrato de seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles relativa al alcance del seguro, en la medida en que tal contrato refleja un modelo de contrato de seguro obligatorio establecido por la legislación, a cuyas disposiciones una aseguradora puede establecer excepciones para ofrecer una cobertura más completa.

59.      De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la expresión «disposiciones legales o reglamentarias imperativas» que aparece en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, a la luz del decimotercer considerando de dicha Directiva, abarca no solo las disposiciones de Derecho nacional que se aplican entre las partes contratantes independientemente de su elección, sino también las que son de carácter supletorio, es decir, las que se aplican por defecto, cuando las partes no hayan pactado otra cosa. (27)

60.      La exclusión de las cláusulas que reflejen «disposiciones legales o reglamentarias imperativas» del ámbito de aplicación material del sistema de la Directiva 93/13 se justifica por el hecho de que, en principio, es legítimo presumir que el legislador nacional ha dispuesto un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes en determinados contratos, equilibrio que el legislador de la Unión ha querido expresamente preservar. (28)

61.      Por lo tanto, el hecho de que el legislador nacional haya establecido un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes en determinados contratos no constituye un requisito para la aplicación de la exclusión prevista en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, sino la justificación de tal exclusión. (29)

62.      Corresponde a los jueces nacionales que conocen del asunto comprobar si la cláusula de que se trata está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 a la luz de los criterios definidos por el Tribunal de Justicia, teniendo en cuenta que, en vista del objetivo de protección de los consumidores perseguido por dicha Directiva, la excepción establecida en su artículo 1, apartado 2, es de interpretación estricta. (30)

63.      En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente señala que, con arreglo al Real Decreto de 1992, los contratos de seguro deben reproducir las cláusulas del modelo de contrato anexo a dicho Real Decreto y que el modelo de póliza de seguro es obligatorio. Por lo tanto, el modelo de contrato se aplica con independencia de la elección de las partes, de modo que se califica de disposición «imperativa» en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13.

64.      No obstante, las dudas del órgano jurisdiccional remitente en cuanto a esta calificación parecen referirse a la posibilidad de establecer excepciones a las cláusulas del modelo de contrato con el fin de ofrecer una protección más amplia.

65.      La Comisión alega que la posibilidad de establecer excepciones a las cláusulas del modelo de contrato implica que las disposiciones controvertidas no son «imperativas» en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13. Según la Comisión, dado que el Real Decreto de 1992 no parece exigir que un contrato de seguro cubra únicamente los accidentes vinculados con la «circulación de un vehículo» y que una aseguradora puede establecer excepciones a dicho modelo con el fin de ofrecer una cobertura más amplia, la cláusula controvertida que prevé una cobertura de seguro no está comprendida en la excepción prevista en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13.

66.      No puedo estar de acuerdo con esta postura. La cobertura de seguro mínima prevista en el modelo de contrato es obligatoria. El hecho de que una aseguradora pueda ir más allá de este ámbito y ofrecer una cobertura más amplia no altera el carácter obligatorio de la cobertura de seguro mínima.

67.      El Tribunal de Justicia ha declarado que la circunstancia de que sea posible apartarse de una disposición de Derecho nacional supletoria carece de pertinencia a efectos de comprobar si una cláusula contractual que refleja tal disposición está excluida, en virtud del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, del ámbito de aplicación de la citada Directiva. (31)

68.      Del mismo modo, el hecho de que sea posible establecer excepciones, a favor del consumidor, a una disposición del Derecho nacional que se aplica a las partes de un contrato independientemente de su elección, como las cláusulas del modelo de contrato, no debería tener relevancia respecto a si una cláusula contractual que refleja esa disposición está excluida del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13.

69.      Por consiguiente, si la cláusula del contrato de seguro de que se trata solo prevé la cobertura mínima que corresponde exactamente a la cobertura obligatoria prevista en el modelo de póliza de seguro (tal y como se recoge en el modelo de contrato), no puede considerarse que dicha cláusula no refleje una disposición «legal o reglamentaria imperativa» por el mero hecho de que la compañía de seguros hubiera podido, hipotéticamente, ofrecer una mayor protección (cosa que no hizo en el presente asunto).

70.      No puede extraerse una conclusión diferente de la sentencia Všeobecná úverová banka. (32) Ese asunto versaba sobre la posibilidad de realizar un control jurisdiccional de una cláusula de vencimiento anticipado prevista en un contrato de préstamo, que permitía al acreedor reclamar la devolución del saldo deudor en virtud de dicho contrato, en caso de incumplimiento por parte de los deudores de sus obligaciones contractuales. Dicha cláusula reproducía disposiciones de la normativa nacional que permitía a los acreedores reclamar el pago de la totalidad de un crédito si las partes así lo habían acordado. El órgano jurisdiccional remitente había aclarado en ese asunto que las disposiciones nacionales pertinentes no se aplicaban por defecto, ya que precisaban un acuerdo de las partes. Además, aunque las partes así lo hubieran acordado, el acreedor no estaba obligado a ejercer el derecho en cuestión.

71.      La normativa nacional controvertida en el litigio principal es diferente de la examinada por el Tribunal de Justicia en el asunto mencionado en el punto anterior. A diferencia de un mecanismo de vencimiento anticipado, que debe ser acordado por las partes para poder aplicarse (e incluso si así lo acuerdan, no existe obligación de hacer uso de dicho mecanismo), las partes de un contrato de seguro de responsabilidad civil de automóviles con arreglo al Derecho belga no tienen otra opción que reflejar en dicho contrato las cláusulas de la cobertura de seguro mínima prevista en el modelo de contrato.

72.      El Gobierno belga ha expuesto otro razonamiento en apoyo de su postura según la cual la cláusula controvertida no está excluida del sistema de la Directiva 93/13. Su razonamiento se refiere al ámbito de aplicación del modelo de contrato como tal. Según dicho Gobierno, el modelo de contrato se diseñó únicamente para vehículos ordinarios y no para vehículos que presenten un carácter «complejo», o que tengan varios usos, como una autocaravana. Así pues, cuando un contrato de seguro de vehículos automóviles reproduce el modelo de contrato en relación con un vehículo para el que no se diseñó la aplicación de dicho modelo de contrato, las cláusulas contractuales en cuestión no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la exclusión prevista en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13. El Gobierno belga se remitió, a este respecto, a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto RWE Vertrieb. (33)

73.      En esa sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que la Directiva citada se aplica a las cláusulas de las condiciones generales incluidas en contratos, celebrados con los consumidores, que reproducen una disposición del Derecho nacional aplicable a otra categoría de contrato y que no están sujetas a la normativa nacional de que se trate. (34) Si se permitiera excluir la aplicación de la Directiva 93/13 a las cláusulas contractuales por el mero hecho de que estas reproducen disposiciones legales o reglamentarias nacionales que no son aplicables al contrato celebrado por las partes, o se refieren a tales disposiciones, se pondría en tela de juicio el régimen de protección de los consumidores instaurado por dicha Directiva. (35)

74.      Corresponde al órgano jurisdiccional remitente, único competente para interpretar las disposiciones de su Derecho nacional, comprobar la validez de la interpretación de la legislación nacional pertinente sugerida por el Gobierno belga.

75.      En el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente llegue a la conclusión de que el modelo de contrato no estaba destinado a aplicarse a vehículos que tengan varios usos, como una autocaravana, que puede utilizarse como medio de transporte y como alojamiento, la cláusula controvertida relativa al alcance del seguro de responsabilidad civil estará sujeta a las disposiciones de la Directiva 93/13.

76.      No obstante, en el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente llegue a la conclusión de que el modelo de contrato se aplica a todo tipo de vehículos, incluidas autocaravanas como la controvertida en el litigio principal, el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 deberá interpretarse en el sentido de que excluye del ámbito de aplicación de dicha Directiva una cláusula que refleja las cláusulas del modelo de contrato.

77.      Así pues, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que la referida Directiva no se aplica a una cláusula que figura en un contrato de seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles relativa al alcance del seguro, en la medida en que tal contrato refleja un modelo de contrato de seguro obligatorio establecido por ley, aun cuando una aseguradora pueda establecer excepciones a las cláusulas de dicho modelo de contrato para ofrecer una cobertura más completa. No obstante, esta Directiva es aplicable si el órgano jurisdiccional nacional considerara que la cláusula en cuestión reproduce una disposición del Derecho nacional que establece un modelo de contrato que no se diseñó para aplicarse a la categoría de vehículos a la que se refiere el contrato de seguro.

C.      Cuestiones prejudiciales primera, tercera, cuarta y quinta (sobre la exigencia de transparencia)

78.      La exigencia de transparencia por lo que respecta a las cláusulas abusivas tiene su expresión en la regla establecida en los artículos 4, apartado 2, y 5 de la Directiva 93/13, que exigen que las cláusulas contractuales se redacten de forma clara y comprensible.

79.      En virtud del artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva, la transparencia de las cláusulas contractuales es un requisito previo para excluir las cláusulas esenciales del contrato del control del carácter abusivo. En efecto, según esta disposición, la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no puede referirse a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.

80.      La exposición de motivos de la Directiva 93/13 proporciona algunas indicaciones sobre qué cláusulas pueden considerarse cláusulas esenciales de un contrato de seguro. El decimonoveno considerando precisa que, en los casos de contratos de seguros, las cláusulas que definen o delimitan claramente el riesgo asegurado y el compromiso del asegurador no deben ser objeto de una apreciación del carácter abusivo, ya que dichas limitaciones se tienen en cuenta en el cálculo de la prima abonada por el consumidor.

81.      Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una operación de seguro se caracteriza por el hecho de que el asegurador se obliga, a cambio de una prima que se paga previamente, a proporcionar al asegurado, en caso de que se produzca el siniestro correspondiente al riesgo cubierto, la prestación convenida al celebrar el contrato. (36)

82.      En el presente asunto, la cláusula contractual controvertida se refiere al alcance de la cobertura de seguro suscrita. En estas circunstancias, dicha cláusula delimita el riesgo asegurado y el compromiso del asegurador y fija la prestación esencial del contrato de seguro en cuestión, extremo este que, no obstante, corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente. (37)

83.      Si el órgano jurisdiccional remitente considera que esta cláusula forma parte del objeto principal del contrato de seguro, dicho órgano jurisdiccional deberá comprobar también si esta cláusula ha sido redactada por el vendedor o proveedor «de manera clara y comprensible».

84.      Una vez precisado lo anterior, la misma exigencia de transparencia que recoge el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 figura también en su artículo 5, que preceptúa que las cláusulas contractuales escritas deberán estar redactadas «siempre de forma clara y comprensible». El Tribunal de Justicia ya ha declarado que la exigencia de transparencia prevista en la primera de estas disposiciones tiene el mismo alcance que la formulada en la segunda de ellas. (38)

85.      Por consiguiente, habida cuenta de la jurisprudencia recordada en el punto 25 anterior, mediante sus cuestiones prejudiciales primera y tercera a quinta, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 4, apartado 2, y 5 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que, cuando aprecia si una cláusula que regula el alcance del seguro que figura en un contrato de seguro de responsabilidad civil para una autocaravana está redactada de forma clara y comprensible, el órgano jurisdiccional nacional debe examinar si la aseguradora ha informado al consumidor de que el seguro cubre el uso de dicho vehículo en su función de medio de transporte, excluyendo los riesgos derivados del uso de dicho vehículo como alojamiento, para lo cual se requeriría un seguro adicional. (39)

86.      En su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha adoptado una interpretación amplia de la exigencia de transparencia, teniendo en cuenta que el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional en lo referido, en particular, al nivel de información. (40)

87.      Por lo tanto, la exigencia de transparencia no solo incluye criterios formales, sino también materiales. (41) Se ha de entender en el sentido de que implica la obligación no solo de que la cláusula considerada sea comprensible para el consumidor en un plano gramatical, sino también de que posibilite que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto de dicha cláusula y de valorar así, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de tal cláusula sobre sus obligaciones financieras. (42)

88.      En efecto, reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa información. (43)

89.      Es asimismo jurisprudencia asentada que el carácter claro y comprensible de una cláusula determinada debe ser examinado a la vista de todos los aspectos de hecho pertinentes, entre los que se cuentan la publicidad y la información ofrecidas por el vendedor o profesional en el contexto de la negociación del contrato en cuestión, y teniendo en cuenta el nivel de atención que puede esperarse de un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. (44)

90.      En el presente asunto, de la resolución de remisión se desprende que la cláusula contractual controvertida, que reproduce el modelo de contrato, estipula que el contrato de seguro cubre la responsabilidad civil derivada de un «siniestro» causado por el vehículo «de conformidad con la Ley de 21 de noviembre de 1989» mientras que el término «siniestro» se define como «cualquier incidente que haya causado daños y pueda dar lugar a la aplicación del contrato».

91.      La cuestión que se plantea aquí es si, en relación con un contrato de seguro de autocaravana, la mera referencia a la Ley de 21 de noviembre de 1989 y al siniestro como «cualquier incidente» que cause daños es suficiente para que un consumidor medio comprenda la cobertura exacta de la póliza de seguro y, más concretamente, que solo están cubiertos los daños que se deriven del uso del vehículo como medio de transporte, excluyendo cualquier riesgo relacionado con el uso del vehículo como alojamiento (como el accidente ocurrido en el litigio principal, que fue consecuencia de que se enchufara un escúter de movilidad eléctrica a una toma de corriente eléctrica de la autocaravana).

92.      En su jurisprudencia, al examinar la transparencia de las cláusulas de los contratos hipotecarios que preveían un tipo de interés variable establecido sobre la base de un índice oficial (publicado en el diario oficial de un Estado miembro), el Tribunal de Justicia declaró que la exigencia de transparencia debe apreciarse a la luz de todos los hechos pertinentes, incluida la cuestión de si los principales elementos relativos al cálculo del índice resultan fácilmente asequibles debido a su publicación. (45)

93.      En el marco del litigio principal, como se ha mencionado anteriormente, la cláusula contractual en cuestión se refiere a la ley aplicable para determinar la cobertura del contrato de seguro, que, por supuesto, es de acceso público para los consumidores.

94.      No obstante, de la resolución de remisión y de la quinta cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente, que es el único competente para interpretar el Derecho nacional, (46) se desprende que, tras leer dicha Ley y la póliza de seguro, no es posible que un consumidor medio comprenda el alcance de la cobertura del seguro, en particular en lo que respecta a una autocaravana. El órgano jurisdiccional remitente también ha señalado que, aunque la jurisprudencia nacional ha establecido que el alcance del seguro de responsabilidad civil solo cubre los riesgos relacionados con la circulación de vehículos, dicha información no figura ni en la ley ni en la póliza de seguro. (47)

95.      Además, como se ha señalado anteriormente en el marco de la apreciación de la segunda cuestión prejudicial, el Gobierno belga ha explicado que el modelo de contrato, que determina el alcance de la cobertura de seguro mediante una referencia a la Ley de 21 de noviembre de 1989, fue concebido para ser incorporado a los contratos de seguro de vehículos ordinarios, sin necesidades específicas en cuanto al riesgo que debe asegurarse. Sin embargo, este no es el caso de las autocaravanas, que, por definición, funcionan como medio de transporte y como alojamiento, lo que conlleva riesgos ajenos a la función de medio de transporte.

96.      Como han alegado, en esencia, el Gobierno y la Comisión, para las autocaravanas, cuya función es doble —a saber, como medio de transporte y como alojamiento—, los factores de riesgo son de una naturaleza y magnitud diferentes a las de un vehículo ordinario. Por lo tanto, el consumidor debe recibir información específica sobre los factores de riesgo pertinentes en el momento de la celebración del contrato. En particular, debe informarse al consumidor de que la cobertura de seguro mínima prevista por la legislación nacional (que transpone la Directiva 2009/103) se refiere al uso de la autocaravana acorde con su función de medio de transporte y no de alojamiento.

97.      Esta información es esencial para que el consumidor esté en condiciones de valorar las consecuencias económicas, potencialmente significativas para él, de la limitación de la cobertura del seguro al mínimo exigido por ley. (48) Tras haber sido plenamente informado, el consumidor puede decidir si la cobertura mínima, que solo cubre el uso de la autocaravana como medio de transporte, es suficiente, o si es necesario contratar un seguro adicional para cubrir los riesgos adicionales relacionados con ese tipo de vehículo, en función de las características y riesgos asociados al tipo de vehículo que se va a asegurar.

98.      Tal información sobre el nivel de riesgo es necesaria para que un consumidor que no sea experto en el sector de los seguros pueda comprender la cláusula pertinente que determina el alcance de la responsabilidad. Por consiguiente, no cabe esperar que los consumidores demuestren un mayor nivel de vigilancia y conocimiento al celebrar un contrato de seguro para una autocaravana que el que demostrarían al celebrar un contrato de seguro para un vehículo ordinario. (49)

99.      Habida cuenta de la jurisprudencia recordada en el punto 89 de las presentes conclusiones, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si la cláusula controvertida en el litigio principal está redactada de forma clara y comprensible a la luz de los hechos pertinentes. Deberá examinar si el consumidor fue informado durante la negociación del contrato de seguro de lo que queda cubierto por el seguro obligatorio de responsabilidad civil y, en particular, si la aseguradora explicó que era posible contratar un seguro adicional para cubrir los riesgos relacionados con el uso de la autocaravana en su función de alojamiento.

100. A la luz de lo anterior, considero que los artículos 4, apartado 2, y 5 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que, cuando aprecia si una cláusula que regula el alcance del seguro que figura en un contrato de seguro de responsabilidad civil para una autocaravana está redactada de forma clara y comprensible, el órgano jurisdiccional nacional debe examinar si la aseguradora ha informado al consumidor de que la póliza de seguro cubre los riesgos relacionados con el uso de dicho vehículo como medio de transporte, excluyendo los riesgos derivados del uso de dicho vehículo como alojamiento, que pueden estar cubiertos por un seguro adicional. Esta interpretación solo se aplica si el órgano jurisdiccional remitente constata que la cláusula controvertida no debe quedar excluida del ámbito de aplicación de dicha Directiva en virtud de su artículo 1, apartado 2.

D.      Sexta cuestión prejudicial

101. Procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado. (50)

102. Mediante su sexta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia sobre la relevancia, para apreciar la exigencia de transparencia de la cláusula controvertida en el litigio principal, de la adaptación por ministerio de la ley del contrato de seguro en función de los cambios legislativos, como consecuencia de los cuales el alcance de la cobertura de seguro mínima legal puede reducirse posteriormente. El efecto de tal limitación podría ser, según el órgano jurisdiccional remitente, que determinados riesgos, que, según el consumidor, estaban cubiertos en el momento de la celebración del contrato, ya no estén asegurados.

103. Sin embargo, la resolución de remisión no contiene información sobre los «cambios legislativos» en cuestión y no explica cómo dichos cambios redujeron el alcance de la cobertura de seguro mínima legal.

104. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder de manera útil a esta cuestión prejudicial.

105. Por este motivo, propongo declarar la inadmisibilidad de la sexta cuestión prejudicial.

E.      Sobre la pretensión formulada por Baloise de que se limiten los efectos de la sentencia

106. En sus observaciones escritas, Baloise solicitó al Tribunal de Justicia que limite los efectos de la sentencia en el supuesto de que dicho órgano jurisdiccional, contrariamente a sus alegaciones, exigiera, en el marco de la obligación de redactar un contrato de seguro de forma clara y comprensible, que el contrato indicara expresamente el alcance mínimo legal y lo que va más allá de dicho alcance; qué daños concretos están cubiertos por el seguro y cuáles no están cubiertos, y qué está cubierto por la ley que determina el alcance de la cobertura de seguro y qué no.

107. Esta petición se basa en la premisa de que no basta con que las aseguradoras incorporen el modelo de contrato en las condiciones de sus pólizas y de que la futura sentencia del Tribunal de Justicia puede implicar la obligación de las aseguradoras de cubrir la totalidad de los daños derivados por el uso de un vehículo en una función distinta de su función normal de medio de transporte.

108. No obstante, si el Tribunal de Justicia sigue mi apreciación expuesta en las observaciones preliminares y en lo que respecta a las cuestiones prejudiciales, la petición formulada por Baloise carecerá de objeto.

109. Por lo tanto, no creo que sea necesario responder a la petición de Baloise.

V.      Conclusión

110. Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el hof van beroep te Antwerpen (Tribunal de Apelación de Amberes, Bélgica) del siguiente modo:

«1)      El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores

debe interpretarse en el sentido de que dicha Directiva no se aplica a una cláusula que figura en un contrato de seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles relativa al alcance del seguro, en la medida en que tal contrato refleja un modelo de contrato de seguro obligatorio establecido por ley, aun cuando una aseguradora pueda establecer excepciones a las cláusulas de dicho modelo de contrato para ofrecer una cobertura más completa. No obstante, esta Directiva es aplicable si el órgano jurisdiccional nacional considerara que la cláusula en cuestión reproduce una disposición del Derecho nacional que establece un modelo de contrato que no se diseñó para aplicarse a la categoría de vehículos a la que se refiere el contrato de seguro.

2)      Los artículos 4, apartado 2, y 5 de la Directiva 93/13

deben interpretarse en el sentido de que, cuando aprecia si una cláusula que regula el alcance del seguro que figura en un contrato de seguro de responsabilidad civil para una autocaravana está redactada de forma clara y comprensible, el órgano jurisdiccional nacional debe examinar si la aseguradora ha informado al consumidor de que la póliza de seguro cubre los riesgos relacionados con el uso de dicho vehículo como medio de transporte, excluyendo los riesgos derivados del uso de dicho vehículo como alojamiento, que pueden estar cubiertos por un seguro adicional. Esta interpretación solo se aplica si el órgano jurisdiccional remitente constata que la cláusula controvertida no debe quedar excluida del ámbito de aplicación de dicha Directiva en virtud de su artículo 1, apartado 2.

3)      La sexta cuestión prejudicial es inadmisible.»


1      Lengua original: inglés.


i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.


2      DO 1993, L 95, p. 29.


3      DO 2009, L 263, p. 11.


4      Belgisch Staatsblad de 8 de diciembre de 1989.


5      Belgisch Staatsblad de 3 de febrero de 1993.


6      Belgisch Staatsblad de 2 de mayo de 2018.


7      Más concretamente, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que la toma de corriente eléctrica de la autocaravana presentaba un defecto.


8      Véase, en este sentido, la sentencia de 4 de junio de 2026, Prokuratura na Republika Bulgaria (C‑312/24, EU:C:2026:449), apartado 64 y jurisprudencia citada.


9      Sentencia de 16 de abril de 2026, Nitrogénművek (C‑519/24, EU:C:2026:297), apartado 20 y jurisprudencia citada.


10      Véase, en este sentido, la sentencia Rodrigues de Andrade, apartado 31.


11      Véase el punto 17 de las presentes conclusiones.


12      Sentencia de 15 de enero de 2026, AVR-Afvalverwerking (C‑692/23, EU:C:2026:4), apartado 67 y jurisprudencia citada.


13      Véase, en este sentido, la sentencia Rodrigues de Andrade, apartado 29.


14      Véase, en este sentido, la sentencia Rodrigues de Andrade, apartado 31.


15      Sentencia Rodrigues de Andrade, apartado 33.


16      Sentencia de 20 de junio de 2019, Línea Directa Aseguradora (C‑100/18, en lo sucesivo, «sentencia Línea Directa Aseguradora», EU:C:2019:517), apartado 35 y jurisprudencia citada.


17      Sentencia Rodrigues de Andrade, apartado 38.


18      Sentencia Rodrigues de Andrade, apartado 39.


19      Sentencia Línea Directa Aseguradora, apartado 38.


20      Sentencia Línea Directa Aseguradora, apartado 40.


21      Sentencia Línea Directa Aseguradora, apartados 45 y 48.


22      Sentencia Rodrigues de Andrade, apartado 40.


23      Sentencia Rodrigues de Andrade, apartado 40.


24      Sentencia Rodrigues de Andrade, apartado 41.


25      Véase el punto 37 de las presentes conclusiones.


26      El órgano jurisdiccional remitente ha señalado que el Real Decreto de 1992, que era aplicable en el momento de la celebración del contrato, fue derogado entretanto por el Real Decreto de 2018, que también contiene un modelo de contrato. En sus observaciones escritas, tanto HC como Baloise se refieren al Real Decreto de 2018 y, más concretamente, a su artículo 38, que fija el objeto del seguro. En respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Justicia al Gobierno belga sobre la incidencia de la entrada en vigor del Real Decreto de 2018 en la relación contractual de las partes del litigio principal, este afirmó que, sobre la base de la disposición transitoria de dicho Real Decreto, las aseguradoras tuvieron que modificar sus contratos a más tardar el 1 de noviembre de 2019. Sin embargo, también confirmó que las consecuencias de esta modificación en relación con el asunto principal fueron mínimas, ya que el Real Decreto de 2018 no modificó ni el alcance ni el objeto de la cobertura del seguro.


27      Véase, en este sentido, la sentencia de 12 de febrero de 2026, PKO BP (Índice de referencia crucial) (C‑471/24, EU:C:2026:85), apartado 68 y jurisprudencia citada.


28      Sentencia de 5 de mayo de 2022, Zagrebačka banka (C‑567/20, EU:C:2022:352), apartado 57 y jurisprudencia citada.


29      Sentencia de 9 de julio de 2020, Banca Transilvania (C‑81/19, EU:C:2020:532), apartado 27.


30      Véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2021, Trapeza Peiraios (C‑243/20, EU:C:2021:1045), apartado 37.


31      Sentencia de 9 de julio de 2020, Banca Transilvania (C‑81/19, EU:C:2020:532), apartado 35.


32      Sentencia de 9 de noviembre de 2023 (C‑598/21, EU:C:2023:845).


33      Sentencia de 21 de marzo de 2013 (C‑92/11, EU:C:2013:180).


34      Ibidem, apartado 39.


35      Ibidem, apartado 30.


36      Sentencia de 23 de abril de 2015, Van Hove (C‑96/14, EU:C:2015:262), apartado 34 y jurisprudencia citada.


37      Véase, en este sentido, la sentencia de 23 de abril de 2015, Van Hove (C‑96/14, EU:C:2015:262), apartado 36.


38      Sentencia de 16 de marzo de 2023, Caixabank (Comisión de apertura de préstamo) (C‑565/21, EU:C:2023:212), apartado 28 y jurisprudencia citada.


39      La respuesta a estas cuestiones prejudiciales solo es pertinente si el órgano jurisdiccional remitente considera, sobre la base de los criterios desarrollados en el marco de mi análisis de la segunda cuestión prejudicial, que la cláusula contractual relativa al alcance del seguro suscrito no refleja una disposición legal o reglamentaria imperativa y, por lo tanto, no está amparada por la excepción prevista en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13.


40      Véase, en este sentido, la sentencia de 12 de febrero de 2026, PKO BP (Índice de referencia crucial) (C‑471/24, EU:C:2026:85), apartado 85 y jurisprudencia citada.


41      Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Caixabank y otros (Control de la transparencia en acciones colectivas) (C‑450/22, EU:C:2024:64), puntos 41 a 43.


42      Sentencia de 4 de julio de 2024, Caixabank y otros (Control de la transparencia en acciones colectivas) (C‑450/22, EU:C:2024:577), apartado 37.


43      Sentencia de 12 de febrero de 2026, PKO BP (Índice de referencia crucial) (C‑471/24, EU:C:2026:85), apartado 85 y jurisprudencia citada.


44      Véase, en este sentido, la sentencia de 16 de marzo de 2023, Caixabank (Comisión de apertura de préstamo) (C‑565/21, EU:C:2023:212), apartado 33 y jurisprudencia citada.


45      Sentencias de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch (C‑125/18, EU:C:2020:138), apartados 53 y 56, y de 13 de julio de 2023, Banco Santander (Referencia a un índice oficial) (C‑265/22, EU:C:2023:578), apartado 56.


46      Véase, en este sentido, la sentencia de 30 de abril de 2026, BNP Paribas Bank Polska (C‑246/25, EU:C:2026:362), apartado 23 y jurisprudencia citada.


47      Véase el punto 22 de las presentes conclusiones.


48      Véase, en este sentido, la sentencia de 23 de abril de 2015, Van Hove (C‑96/14, EU:C:2015:262), apartado 47.


49      Véase, en este sentido, la sentencia de 20 de abril de 2023, Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida (C‑263/22, EU:C:2023:311), apartado 28.


50      Sentencia de 18 de diciembre de 2025, Tenergie (Solicitud de condonación de derechos de importación) (C‑259/24, EU:C:2025:1013), apartado 26 y jurisprudencia citada.